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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 413 | Agosto 2016
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Nicaragua

Armados con motivos políticos:una tragedia que se repite

La incapacidad, insensibilidad y falta de voluntad política de los gobiernos que ha tenido Nicaragua desde 1990 hasta hoy para reconocer y hacer frente a los efectos residuales de la guerra civil han provocado que el recurso a la violencia política armada se convierta en la única opción que le queda a los olvidados de siempre. La violencia armada es para muchos campesinos la única forma de rescatar la dignidad arrebatada y los derechos conculcados.

Roberto Cajina

Aunque autoridades militares y policiales afirman persistentemente que no existen grupos armados con motivaciones políticas en el Norte y el Caribe de Nicaragua, alzados contra el gobierno de Daniel Ortega, estos grupos sí existen y las tácticas para neutralizarlos son las mismas que las fuerzas de seguridad utilizaron al terminar la guerra civil de los años 80 contra quienes se rearmaban por diferentes razones.

COMENZARON RECLAMANDO CÍVICAMENTE


Las mismas tácticas empleaban también las fuerzas de seguridad contra comandos de la Resistencia Nicaragüense que, al abandonar las armas, se reintegraban a la vida civil: ejecuciones extrajudiciales, golpes de mano, operaciones de inteligencia, asesina¬tos selectivos…

A lo largo de estos años ha habido ejemplos emblemáticos del uso de estas tácticas -asesinatos enmascarados como accidentes de tránsito, crímenes pasionales, “pasadas de cuentas” por viejas rencillas personales-, “muertes misteriosas” como el asesinato en febrero de 1991 de Enrique Bermúdez, Comandante 3-80, en el estacionamiento de un hotel en Managua, crimen que nunca fue esclarecido; y uso de explosivos en transistores, como el empleado por el Ejército en 1996 en la operación “Caballo de Troya”, en la que Denis Ciriaco Palacios Cruz, “Charro”, integrante del Frente Unido Andrés Castro (FUAC), y sus acompañantes fueron destrozados por una bomba colocada en un radio comunicador de los que el Ejército utilizaba en aquella época. Casi 20 años después, en enero de 2015, otro radio comunicador más moderno, que iba dentro de una mochila, mató en el El Portal, Santa María de Pantasma, Jinotega, a dos miembros de los grupos rearmados, “Sereno” y Nacho”, mientras el campesino dueño de la finca en donde se produjo la explosión, Modesto Duarte Altamirano, fue torturado y ejecutado suma¬ria¬mente.

¿Quiénes son los rearmados? En vídeos subidos a las redes sociales vemos a campesinos muy humildes armados y a otros campesinos no directamente involucrados en este nuevo rearme que no ocultan su respeto y admiración por los que llevan las armas. También vemos a gente que expresa rechazo a los atropellos y atrocidades que cometen las tropas del Ejército y las fuerzas la Policía. Son campesinos que comenzaron reclamando cívicamente derechos arrebatados, democracia y libertad y, al no ser oídos, se han levantado en armas para encontrarse con la respuesta violenta del gobierno y de sus fuerzas de seguridad, en las que se cumple la milenaria profecía de Isaías: “De oído oirán y no entenderán y viendo verán y no percibirán”.

REARME: EL EFECTO RESIDUAL MÁS PELIGROSO DE TODA GUERRA


Independientemente de la forma en cómo se resuelva, sea por la vía militar o por la vía de la negociación política, toda guerra -interestatal o intraestatal, convencional o irregular-, genera, después de finalizada, diversos e inevitables efectos residuales o secundarios, previsibles unos y otros difíciles de prever.

El más común y previsible y, de hecho el más peligroso de esos efectos, es el rearme de los ex-combatientes de una o de las dos partes que estuvieron enfrentadas. Resulta el más peligroso porque prolonga en un tiempo difícil de determinar el derramamiento de sangre, la zozobra, la incertidumbre y la intranquilidad entre la población civil, y, en cierta forma, contribuye a la inestabilidad política y económica.

Por lo general, el rearme de ex-combatientes expresa el rechazo y la insatisfacción de los términos alcanzados al finalizar la guerra, sean éstos impuestos por el vencedor o acordados por ambas partes. En el incumplimiento de los acuerdos también hay que tener en cuenta la influencia de actores externos e internos que los alientan y brindan apoyo político a quienes se rearman.

La fuente originaria del más peligroso de los efectos residuales de la guerra civil en Nicaragua es el débil, imperfecto e inconcluso proceso de pacificación, concebido por las autoridades civiles y militares como un simple y mecánico ejercicio de desmovilización y desarme de combatientes. A la urgencia que hubo de ponerle fin a la guerra de los años 80 se sumó la falta de una visión estratégica del “día después” y la falta de los recursos necesarios para soportar financieramente la inserción económica y social de los ex-combatientes. El resultado fue devastador: miles de hombres y mujeres que lucharon en ambos bandos por la libertad y por sus derechos quedaron abandonados a su suerte, sintiéndose engañados y frustrados.

LOS CUATRO DETONANTES DEL PRIMER REARME


El ciclo de arme-desarme-rearme de los ex-combatientes de la guerra civil vivida en Nicaragua entre 1979 y 1990 se ha dado en diferentes momentos y ha tenido distintas causas y expresiones. Han sido desarrollos recurrentes, no necesariamente conectados entre sí, atravesados por ejes transversales que prácticamente han tenido un carácter permanente que se prolonga hasta nuestros días: intolerancia e intransigencia, ardides y falsedades, falta de voluntad política…

Cuando en 1991 el ejército de la Contra se desarmó oficialmente en San Pedro de Lóvago, Chontales, los nicaragüenses pensaban, y sobre todo deseaban fervientemente, que la violencia política armada, que cíclicamente ha devastado el país, no fuera ya más que una pesadilla, que nunca más se tuviera que recurrir a las armas para resolver las diferencias políticas. Desgraciadamente, no fue así.

De acuerdo con la historiadora mexicana Verónica Rueda, autora del libro “Recontras, Recompas, Revueltos y Rearmados”, publicado en 2015, la mejor y más completa investigación que se ha realizado hasta ahora sobre el tema, los disparadores o detonantes de la primera fase del rearme (1990-1993) fueron cuatro. El primero, la inseguridad. Tanto los antiguos comandos de la Resistencia Nicaragüense como los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista temían por su seguridad.

En segundo lugar, la capacidad que conservaron todos de recuperar armas. Los comandos se desmovilizaron, pero buena parte de sus armas quedaron a buen resguardo. Igual sucedió con las de los militares sandinistas. Además, después de la derrota electoral de febrero de 1990, el gobierno saliente del FSLN entregó unos 100 mil fusiles AK a la población civil en campos y ciudades. Una considerable cantidad de esos fusiles se almacenaron en buzones clandestinos.

El tercer detonante fue el incumplimiento de los acuerdos de desmovilización y reinserción. Y el cuarto, el irresuelto problema agrario.

Se inició así una suerte de espiral de rearme-negociación-desarme de recontras, recompas, revueltos (ex-contras y ex-sandinistas) y rearmados, en los que, al decir de Rueda, se confundieron, en algunos casos, reivindicaciones económicas, sociales y políticas con formas de bandolerismo social: saqueos, pillaje, cortes de carreteras con fines extorsivos, todas ellas conductas antisociales sin justificación, pero alimentadas por la desesperanza y la frustración al ver incumplidos los acuerdos del desarme. De esos desengaños a buscar cómo satisfacer las carencias sólo hubo un paso.

ENGAÑOS Y DECEPCIONES EN LA NICARAGUA CAMPESINA


En buena medida han sido los gobiernos que no han honrado sus compromisos los últimos responsables de la degradación de las justas demandas de quienes lo ofrendaron todo y al finalizar la guerra quedaron en peores condiciones que las que tenían antes porque en la guerra perdieron lo poco que tenían y, en lugar de ser reconocidos, fueron estigmatizados y despreciados. “En la Nicaragua campesina se han ido acumulando engaños, decepciones y enojos”: así sintetizó acertadamente esta tragedia la socióloga María Angélica Fauné, en una charla con Envío de mayo de 2014.

Durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro se firmaron algo más de 50 acuerdos con los diferentes grupos de ex-combatientes que después se rearmaron. Ni uno solo de ellos fue cumplido a cabalidad. Del engaño a la desesperanza, de la desesperanza a la frustración y de la frustración a una inevitable desesperación. La urgencia conduce a la violencia.

Ése es el círculo perverso en el que Nicaragua y muchos nicaragüenses están atrapados. Ese círculo se ha ido cerrando más con las arbitrariedades del actual régimen, que en un pasado cercano levantaba la bandera de “Obreros y campesinos al poder” y que ahora pregona el eslogan “El pueblo presidente”. La violencia armada es para muchos campesinos la única forma de rescatar la dignidad arrebatada y los derechos conculcados.

La incapacidad, insensibilidad y falta de voluntad política de los gobiernos que ha tenido Nicaragua desde 1990 hasta hoy para reconocer y hacer frente al fenómeno de los efectos residuales de la guerra civil han provocado que el recurso a la violencia política armada se convierta en la única opción que le queda a los olvidados de siempre.

El gobierno sandinista de los años 80 desconoció o ignoró la naturaleza, idiosincrasia, historia, cultura y tradiciones de los campesinos del centro-norte de Nicaragua y de los diferentes grupos étnicos del Caribe… hasta que se alzaron en armas e inició una guerra civil. El gobierno de Daniel Ortega que inició en enero de 2007 parece no haber aprendido la lección: reedita los errores de entonces y comete nuevos errores.

FEBRERO 2002 - JULIO 2010:77 MESES DE AUSENCIA DE GUERRA


El aniquilamiento del estado mayor y de los remanentes del Frente Unido Andrés Castro (FUAC) concluyó en febrero de 2002. Pareció marcar el fin de la violencia política armada en Nicaragua después de más de dos décadas de un sangriento ciclo de guerra-revolución-guerra. Pero no fue así: ocho años y cinco meses después, a mediados de julio de 2010, reaparecieron otra vez grupos armados con motivaciones políticas.

¿Hubo paz entre febrero de 2002 y julio de 2010? No, sólo hubo ausencia de guerra. Esos 77 meses, esos años, no fueron una etapa de paz y tranquilidad social, sino un período violento en el que florecieron todas las formas de delitos comunes, especialmente delitos contra la vida y contra la propiedad. Los anuarios estadísticos de la Policía Nacional muestran que los homicidios y asesinatos crecieron entre 2002 y 2009 de 554 a 802, para una tasa de crecimiento global de 44.76. Y en esos mismos años los delitos contra la propiedad se incrementaron de 47,057 a 71,473, lo que arroja una tasa de crecimiento global de 51.98. Es posible que en esas cifras estemos viendo, de alguna manera, efectos residuales no previstos de la guerra.

HOY: UN PROCESO DE INVOLUCIÓN AUTORITARIA


Después de tres derrotas electorales consecutivas (1990, 1996, 2001) Daniel Ortega se impuso en las elecciones generales de noviembre de 2006 con solo el 38% de los votos válidos, gracias al núcleo esencial del pacto Ortega-Alemán de 1999, las reformas a la Constitución Política y a la Ley Electoral, con las que el PLC y el FSLN se repartieron el poder en un esquema bipartidista de control político.

Durante la campaña electoral de 2006 Ortega ofreció un gobierno de “unidad y reconciliación nacional”, pero pronto comenzó a desmontar los andamios de la tierna democracia que comenzaba a construirse.

Los pasos del proceso de involución autoritaria del régimen encabezado por Daniel Ortega durante estos diez años son más que evidentes. Ha desmontado completamente la institucionalidad democrática. Tiene un control absoluto de los cuatro poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) y de todas las instituciones (Fiscalía, Contraloría General de la República, entes descentralizados y autónomos, alcaldías) y consiguió que el Ejército y la Policía dejaran de ser instituciones nacionales para convertirse en entidades armadas que respaldan y sirven a su proyecto continuista.

Además, el país ha asistido a sucesivos fraudes en las elecciones municipales (2008 y 2012), en las generales (2011) y en las regionales del Caribe (2009 y 2014), al dominio partidista en todos los subsistemas del sistema educativo nacional, incluida la educación superior pública, al sometimiento de los sindicatos de trabajadores y al compadrazgo con el gran capital y la empresa privada.

EL DETONANTE DEL ACTUAL REARME


La involución autoritaria del régimen de Ortega es el detonante del ciclo actual de rearme.

El surgimiento de grupos armados con fines políticos en esta etapa es un tanto confuso y la información relacionada, poca y dispersa. En un vídeo aparecido en Youtube el 8 de abril de 2015 se asegura que la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense (CGN) fue fundada el 17 de septiembre de 2007. Sin embargo, no hay registro de acciones armadas de esta agrupación hasta cinco años más tarde.

A finales de septiembre de 2012 un grupo al mando de Gerardo de Jesús Gutiérrez, “El Flaco”, asalta y toma el puesto policial de San Antonio de Kukarawala, en el Caribe Sur. Tres meses después, en diciembre de 2013, medios de prensa informan que Alberto Midence, conocido como “Emmanuel” y también como “El Flaco Midence”, miembro del Comando Patriótico Nicaragüense (COPAN), había sido asesinado a balazos en El Paraíso, Honduras.

El 10 de junio de 2014 “El Flaco” resulta herido en un confuso incidente ocurrido en Honduras, a 20 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Ambos hechos parecen mostrar los alcances del largo brazo de las operaciones de inteligencia del Ejército de Nicaragua, que comienza a actuar contra los jefes de estos grupos en acciones que recordaban los asesinatos de ex-comandantes de la Resistencia Nicaragüense, tan comunes en los años 90.

YAJOB: EL PRIMER ALZADO EN ARMAS


José Garmendia, originario de Estelí, fue miembro de la Contra en los años 80 y muchos años después funcionario de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en el gobierno de Arnoldo Alemán.

A mediados de julio de 2010 lo conocimos con el seudónimo de Yajob. A partir de esa fecha comenzó a comunicarse con diarios y radioemisoras para anunciar que se había alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega. En una entrevista radial afirmó estar al frente de un grupo de armados denominado Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), asegurando que ése no era el único grupo armado en el país. El Ejército y la Policía los etiquetó como una banda de delincuentes comunes con cuentas pendientes con la justicia, acusando a Yajob del asesinato de “Piraña”, un ex-comando de la Resistencia Nicaragüense, imputación que Yajob rechazó enfáticamente.

El pensamiento político de Yajob era sencillo y claro y revelaba un buen conocimiento de la realidad nacional. Con año y medio de antelación denunció el fraude que Daniel Ortega fraguaba para las elecciones generales de noviembre de 2011, lo que después sucedió. Advirtió que el Ejército y la Policía estaban al servicio de los intereses Ortega cuando esto no era aún tan evidente y, al menos los militares, guardaban todavía las apariencias. Llamaba al pueblo a “luchar contra la dictadura y el pacto” entre Alemán y Ortega. Y reconoció que sin el financiamiento de Estados Unidos, como lo tuvo la Resistencia Nicaragüense en los años 80, el pueblo tenía que colaborar con los armados.

Yajob anunció que permanecería enmontañado en dependencia del apoyo que recibiera de la población, asegurando que era el brazo armado del pueblo. Desde las montañas lanzó una severa advertencia, que evoca un funesto fenómeno que ha sido constante en la historia política de Nicaragua: “Al tirano de Daniel Ortega no lo vamos a bajar a pañuelazos, ¡lo vamos a bajar a balazos!”.

SE INSTITUCIONALIZAN LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES


En la entrevista radial Yajob reveló que oficiales del Ejército le ofrecieron beneficios a cambio de su desmovilización y desarme: “Me ofrecieron dólares -dijo-, me mandaron a ofrecer una finca y me mandaron a decir que arregláramos el problema”. Yajob los rechazó. Y como no pudieron comprarlo planificaron su asesinato. El Ejército ejecutó un golpe de mano, una operación de inteligencia, y el 14 de febrero de 2011, ocho meses después de haberse alzado en armas, un grupo de militares vestidos de civil entró por el único camino que había hasta llegar a él, traspasó tres anillos de seguridad y acabó con su vida. Le dispararon por la espalda. Una bala le atravesó la vena femoral en la pierna y murió desangrado. Fue una típica ejecución extrajudicial.

El final, en Honduras, de Santos Guadalupe Joyas Borge, “Pablo Negro”, integrante de la denominada Coordinadora Guerrillera Nicaragüense (CGN), fue similar en su forma al de “El Flaco Midence”. “Pablo Negro” fue ejecutado el 6 de enero de enero de 2012 y su cadáver fue encontrado una semana después. Tenía un balazo en la frente, otro en el abdomen y señales de tortura. Todo eso consta en el informe que Roberto Petray, entonces director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), presentó el 25 de enero de ese mismo año a la Directora de la Policía Aminta Granera. “Fue ejecutado”, afirmó Petray con aplomo.

¿LOS “DELINCUENTES” SE TOMAN PUESTOS DE LA POLICÍA?


El Ejército de Nicaragua ha afirmado desde entonces, y reiteradamente, que todos estos grupos son “expresiones delincuenciales”. Lo que resultaba insólito es que grupos de “delincuentes” asalten puestos de la Policía.

En una de las primera acciones ofensivas de los grupos armados de las que se tiene registro, la noche del 27 de septiembre de 2012, fuerzas de la CGN al mando de Joaquín Torres Días, “Cascabel” -o, en versión del Ejército, una “expresión delincuencial”- atacaron y se tomaron la estación policial de San Antonio de Kukarawala, comarca La Hachita, municipio de El Tortuguero, en el Caribe Sur.

En el enfrentamiento murió un policía y los irregulares se apoderaron de dos fusiles AK, una pistola 9 milímetros y una escopeta. “Se andan armando para después hacer una lucha, eso es lo que se escucha”, declaró un habitante de la zona. Al referirse a la toma de la estación de policía, “Cascabel” declaró que no cometieron ningún crimen porque dejaron ir a un suboficial y a un policía voluntario, a pesar de que el suboficial extorsionaba a los padres de jóvenes que capturaba para dejarlos en libertad.

Dos años después, el 30 de noviembre de 2014, un grupo armado al mando del Comandante “Invisible” atacó la estación policial de San Pedro del Norte, jurisdicción de Ubú Norte, Paiwas, Caribe Sur. Un suboficial resultó herido y un policía secuestrado. Más recientemente, el 25 de febrero de 2016, una agrupación armada portando fusiles AK nuevos y escopetas de repetición atacaron y quemaron el puesto policial en la comunidad Las Golondrinas, Jinotega. “Andan contra el gobierno”, dijeron los pobladores, que indicaron que se identifican, como en la guerra de los años 80, como “comandos de la libertad”.

NOS HEMOS ARMADO “POR LA DERROTA DE LA DEMOCRACIA”


Nadie duda que los delincuentes comunes sean osados, pero su osadía no los lleva a asaltar precisamente puestos policiales porque otros son los objetivos de su actividad delictiva. ¿Por qué razón una “expresión delincuencial” se tomaría un puesto policial?

El Comandante “Cascabel” lo explicó así: “Nosotros no hemos querido asesinar a nadie, pero al que se nos opone tenemos que darle con nuestros rifles y estamos ya muy bien armados. Que ellos no piensen que nosotros nos vamos a correr. Yo quiero decirle al mundo entero que nosotros somos hombres muy humildes, somos hombres muy sencillos, muy campesinos, pero también estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por esta Patria”. En este video subido a Youtube, Torres Díaz también explicó que se había alzado en armas por la “derrota de la democracia”, por las violaciones a la Constitución hechas por Daniel Ortega, por el fraude electoral y por el irrespeto a los derechos constitucionales de los nicaragüenses, entre ellos el derecho a elegir.

El 15 de abril de 2013, una nota de prensa del Ejército informó que en el desarrollo de la operación especial “Reptil”, en la zona de San Rafael de Escalera, 27 kilómetros al noroeste de Wapí, Caribe Sur, sus tropas interceptaron una “expresión delincuencial compuesta por once elementos armados” que abrieron fuego y que en “el enfrentamiento resultó muerto el Jefe de esta expresión delincuencial, Joaquín Torres Díaz alias El Cascabel”.

¿Operación especial Reptil? Obviamente fue un golpe de mano concebido, organizado y ejecutado para eliminar selectivamente a “Cascabel”, como el nombre de la operación especial lo insinúa.

CARACTERÍSTICAS DE ESTE MOVIMIENTO CAMPESINO


Los grupos armados que han surgido en Nicaragua desde que José Garmendia se alzó a mediados de julio de 2010 en contra del gobierno de Daniel Ortega se caracterizan por su carácter atomizado, su número relativamente reducido, la ausencia de una coordinación central, la falta de una propuesta programática atractiva y viable, sus reducidos y casi inexistentes recursos económicos, sus limitados medios militares en armamento y equipos, la inexistencia de apoyo internacional, y su insuficiente capacidad de convocatoria y de reclutamiento entre la población campesina.

En la mayoría de los casos quienes se han alzado fueron en los años 80 comandos de la Resistencia Nicaragüense que han tomado decisiones individuales, algunos con militancia política declarada después de desmovilizarse en los años 90 y de reinsertarse a la vida civil, y que han reaccionado espontáneamente -según se desprende de las declaraciones de algunos de ellos a medios de comunicación y en intervenciones diseminadas en las redes sociales- a la concentración de poder y a la ambición dictatorial continuista de Daniel Ortega, a sus abusos, arbitrariedades y violaciones a la Constitución Política, al severo deterioro de la democracia, a la conculcación de sus derechos, en particular el derecho a elegir libremente a sus autoridades y a que éstas representen sus más sentidos intereses.

A pesar de todas sus limitaciones, lo que es evidente es que se trata de un movimiento campesino armado en ciernes, con posibilidades de desarrollo y de crecimiento extremadamente limitadas precisamente por sus propias características.

CAMPESINOS ALZADOS EN UN CAMPO QUE SE DES-CAMPESINIZA


Progresivamente, Nicaragua ha venido convirtiéndose en un país predominantemente urbano. Entre los factores que han catalizado este proceso de des-campesinización destaca la migración campo-ciudad a partir de la década de 1960 y la que provocó la guerra civil (1979-1990).

La población urbana de Nicaragua, que es ya casi un 60% de la población total del país según cifras del Banco Mundial, permaneció, y permanece, relativamente ajena a los levantamientos campesinos armados, un fenómeno recurrente en la historia política del país. De alguna forma, esta actitud se observa también entre el campesinado de algunas zonas rurales, en unas por temor y en otras por realismo. Es el caso de Edgard Montenegro, productor que en los años 80 fue jefe en la Contra de Gerardo Gutiérrez, “El Flaco” y hoy es su vecino en la misma comunidad. Relata que “El Flaco” pasó dos veces por su finca y en una ocasión le “instó a que lo acompañara”. Y yo “le dije que no, que no miraba las posibilidades en este momento”.

SACRIFICIO, TRAGEDIA Y DRAMA


Son notorias las debilidades y carencias de los campesinos armados en las montañas del Norte y en el Caribe ante un enemigo que dispone de todos los recursos para hacerles frente y neutralizarlos. En particular, los afectan la cantidad reducida de combatientes, la ausencia de una cantera de reposición, su limitado poder de fuego, la insuficiencia de recursos materiales, la inexistencia de apoyo político y económico nacional e internacional y, en consecuencia, la falta de una retaguardia estratégica.

Sin el menor atisbo de duda puede asegurarse que no tienen capacidad para poner en situación de riesgo estratégico el régimen autoritario de Daniel Ortega. Sus capacidades limitadas se han reducido operativamente desde que esto comenzó a pequeñas acciones tácticas: ataques ocasionales a pequeños y alejados puestos policiales, emboscadas a pequeñas patrullas militares, limitados trabajos de propaganda política en los sectores de la población campesina por donde se desplazan. Ése es su drama. Y hasta ahora nada indica que esas debilidades y carencias puedan ser subsanadas ni siquiera en el mediano plazo.

“NADIE NOS RESPETA”


Es innegable que el Ejército y la Policía han sembrado terror en muchas comunidades rurales del Norte de Nicaragua, particularmente en las zonas por las que se desplazan los armados.

Reyna Hernández y su esposo son productores de Wamblán, en la frontera con Honduras. “Sentimos miedo -dice- porque vivimos en las comunidades muy adentro y hemos sido amenazados porque dicen que nosotros tenemos participación con esa gente”. Ella y su esposo coinciden en que el Ejército y la Policía los acosan por ser opositores al gobierno de Ortega. Para ellos, la guerra significa destrucción y consideran que sus hijos “no tienen que ir a morir porque ya teníamos una democracia aquí en Nicaragua, pero no tengo a quién más culpar que a Daniel Ortega”.

Julio Meza Zeledón, de la Comunidad de Anisales, afirma: “Nos sentimos atemorizados nosotros aquí, porque aquí no tenemos seguridad, porque aquí nadie nos respeta como campesinos que somos”.

UN DISCURSO CAMPESINO, OTRO URBANO


Hay una notable diferencia entre el contenido de las comunicaciones de algunos de los jefes armados y el de algunas instancias que supuestamente han sido organizadas entre agrupaciones de armados, en particular el discurso utilizado por la Alianza Fuerza Democrática Comandante 3-80 y la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense (FDC 3.80-CGN), en un vídeo subido a Internet el 25 de febrero de 2015.

En él se presenta una “Agenda Nacional de 7 puntos estratégicos” con un lenguaje que no parece estar dirigido al campesinado, sino a una audiencia urbana educada. Contrasta con el lenguaje que escuchamos de boca de los campesinos armados, “Yajob”, “El Flaco”, “Invisible”, “Pelón”, “Colocho” y “Cascabel”, que emplean un lenguaje llano, directo, sin rebuscamientos, capaz de llegar tanto a la población campesina como a quienes habitan en las ciudades.

Esto no resta importancia a la “Agenda”, un esfuerzo por elaborar una propuesta programática en la que se abordan, aunque sin mayores detalles, temas clave como el fin de la dictadura, temas internacionales, como la influencia de Rusia, China, Cuba y Venezuela en Nicaragua y otros temas como la abolición del Ejército, la recuperación de la democracia, la paz y el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos fundamentales y la concertación entre los actores económicos. También se refieren a otros temas más específicos del sector rural: la agro-industrialización del campo para ampliar la comercialización y abrir nuevos mercados, el seguro social campesino, la educación técnica y la asistencia financiera al sector rural.

LA LÓGICA CRIMINAL DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES


Desde la ejecución de José Garmendia, “Yajob”, el 14 de febrero de 2011, hasta la de Enrique Aguinaga, “Invisible”, al menos siete jefes de grupos armados han sido ejecutados de forma selectiva en operaciones de inteligencia realizadas por el Ejército, y un número no determinado de campesinos alzados han muerto en combate con tropas militares o fuerzas de la Policía, a los que hay que sumar los civiles inocentes muertos en esas operaciones. El número de capturados se desconoce y ni la Policía ni la Fiscalía dan cuenta de los procesos que se estarían llevando en su contra.

Las ejecuciones selectivas parecen haberse convertido en la forma preferida de los militares para enfrentar a los armados. “Yajob” fue el primero en caer en la guerra de eliminación selectiva dirigida contra los jefes de estos grupos armados pequeños y dispersos. La lógica de esta táctica operativa -las ejecuciones extrajudiciales- es criminal y es simple: eliminando al jefe la agrupación se desbanda, el peligro se neutraliza y la amenaza desaparece.

Es, además, una forma de silenciar definitivamente a los jefes de los armados. Porque si fuesen capturados y procesados, al menos tendrían la oportunidad de declarar en los juzgados que no son delincuentes, que se han alzado en armas para “defender la soberanía de Nicaragua que este gobierno ha entregado a los chinos”. O dirían: “Estamos aquí porque estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por esta patria”, como en su oportunidad lo dijeron “Cascabel” e “Invisible”.

Si hubieran ido ante los tribunales también tendrían la oportunidad de denunciar los atropellos que sufren los campesinos a manos del Ejército y la Policía. Ésa es la oportunidad que no les dan y por eso han decidido eliminarlos selectivamente mediante ejecuciones extrajudiciales.

SORDOS QUE NO QUIEREN OÍR,
CIEGOS QUE NO QUIEREN VER


El coro no es nutrido, pero ese coro, desde el Jefe del Ejército y la Directora de la Policía hasta los jefes de las regiones militares y los de las delegaciones departamentales de la Policía, repite siempre y en voz alta el mismo estribillo: “No hay armados en Nicaragua”.

El comandante en jefe del Ejército, general Julio César Avilés, se ha cansado de insistir: “No hay elementos armados, son elementos delincuenciales que muchas veces se agrupan para cometer un delito”. La primera Comisionada Aminta Granera, igual: “Reitero una vez más: en Nicaragua no tenemos grupos armados con fines políticos. Tenemos bandas criminales que azotan distintas zonas del país”.

La realidad los desmiente. Los vídeos, cuentas en Facebook, declaraciones y testimonios de familiares y vecinos ante organismos defensores de los Derechos Humanos, las comunicaciones en diarios y radioemisoras revelan lo que Avilés y Granera infructuosamente pretenden negar: sí, hay grupos armados con motivaciones políticas en el Norte de Nicaragua.

Lo afirman organismos defensores de los Derechos Humanos y también obispos de la iglesia católica, entre ellos el obispo de Estelí Abelardo Mata, el obispo de Jinotega Carlos Herrera y el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, que ha sido categórico: “Sí, definitivamente, hay presencia de estos grupos. No sabemos si hay articulación entre ellos. Si hay un organismo o alguna institución que los pueda unir no lo conocemos. Pero sí, la presencia existe”.

El obispo de Estelí insiste en que “hay rearmados inconformes con el gobierno y lo hemos venido advirtiendo sin que haya oído sensato que preste atención y ahí están los resultados. Y no lo afirmamos por estar en contra del gobierno o a favor de grupos armados porque la vía es cívica”. En su oportunidad, también el arzobispo de Managua y hoy Cardenal, Leopoldo Brenes, respaldó las declaraciones del obispo Mata.

La clara afirmación de la existencia de estos grupos armados con motivaciones políticas en el Norte de Nicaragua desmiente a jefes militares y policiales que se empecinan en negarla, calificándolos de delincuentes, criminales, extorsionadores, traficantes de drogas y ladrones.

¿VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO?


El obispo Herrera ofrece una hipótesis controversial al mencionar la posibilidad de que exista una relación entre los armados y el narcotráfico: “Hay unos -dijo en una ocasión- que son apoyados por el corredor de drogas. Otros expresan que lo hacen para concientizar a la gente para que no acepten todas las irregularidades del gobierno y eso es lo que dicen ellos”.

No es posible dejar fuera del cálculo de posibilidades que algunos de los grupos armados, considerando sus precarias condiciones materiales, puedan establecer relaciones con narcotraficantes que se mueven en las zonas donde ellos operan.

Ana Margarita Vijil, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) coincide con los tres obispos. En declaraciones a la agencia Prensa Asociada explica: “Es un engaño del Ejército y de la Policía decir que los grupos armados no existen o que no tienen motivación política… Los caminos cerrados a la institucionalidad por el gobierno de Ortega son los responsables de lo que sucede en el Norte del país… Son campesinos que sienten que se violan sus derechos y retoman las armas. Y entre los armados hay personas vinculadas a la Contra y antiguos sandinistas”.

Vijil también advirtió del riesgo de la emergencia de grupos armados en la frontera entre Nicaragua y Honduras: “Se abre ahí -dijo- una oportunidad para el narcotráfico. Si hay campesinos en las montañas que necesitan municiones, armas o víveres pueden abrirse espacios para corredores de la droga. Si se cierran los espacios democráticos se abren espacios para otros actores”.

Sin embargo, cuando se habla de “droga”, del “corredor de las drogas” o de “narcotráfico” en general, hay que aclarar que, específicamente en Jinotega, se hace referencia no a cocaína sino a marihuana, que se cultiva y produce en pequeñas parcelas en diferentes zonas de ese departamento.

En la campaña de desprestigio del Ejército y la Policía contra los grupos armados con motivaciones políticas se les presenta como “narcotraficantes”, connotación asociada usualmente a personas vinculadas a cárteles internacionales que trafican grandes volúmenes de estupefacientes y que están involucradas en actividades conexas, como el lavado de activos. Obviamente, los campesinos alzados en armas en zonas del Norte y del Caribe están lejos de ser “esos” narcotraficantes.

¿“DELINCUENTES” QUE CLAMAN POR ELECCIONES LIBRES, JUSTAS Y TRANSPARENTES?


Es obvio que al acusar a los armados de delincuentes y criminales lo que pretenden militares y policías es desprestigiar y deslegitimar a quienes se han levantado en armas por una causa justa que puede resumirse en cuatro palabras: lucha por la democracia.

Es posible que el discurso oficial que los descalifica, repetido hasta la saciedad, cale en algunos sectores de la población. Son los mismos campesinos armados los que se encargan de poner las cosas en claro. Enrique Aguinaga, Comandante “Invisible” es un campesino que se armó para luchar en contra el actual gobierno. En el vídeo “La verdad sobre los grupos armados contra Daniel Ortega, presidente inconstitucional de Nicaragua”, “Invisible” portaba un AK plegable, aparentemente nuevo, con magazín de tambor, pistola, celular y granadas al cinto. Le resguardaba otro armado con un fusil igual, pero de magazín normal y le acompañaban tres comandantes: “Pedro”, “Jinotega” y “Matagalpa”.

Explicaba en la filmación que se alzó en armas por “la violación de la Constitución de nuestra República”, por la falta de elecciones libres, “a pesar que el mismo Ortega se había comprometido en los acuerdos de Esquipulas 2 de 1987 ante los cinco gobiernos centroamericanos a que iba a dar elecciones libres, a que jamás volvería a haber guerra en Nicaragua. Y hoy estamos viendo que es una mentira y nos ha obligado a todos los nicaragüenses a recurrir a agarrar el fusil”.

“Invisible” subrayaba que las elecciones libres son “una necesidad de todos los nicaragüenses” y que él y los que le acompañan están “clamando desde las montañas de La Cruz de Río Grande (Caribe Sur) que se den elecciones libres, justas y transparentes, que nuestro voto sea respetado, que se verifique acta por acta, y que aquí en Nicaragua no haya más guerras porque a una hora que no hayan elecciones libres vamos a empezar a reaccionar en contra de esta dictadura”. Y terminaba afirmando: “Le pedimos a todos los nicaragüenses que nos sumemos a esta lucha y les decimos que Enrique Aguinaga, Comandante Invisible, jamás se va a rajar, que Enrique Aguinaga no se rinde ni se vende”.

En el vídeo se aprecia una treintena de hombres armados con fusiles AK-47, la mayoría plegables, vestidos de verde olivo, en traje de fatiga o de ropa civil, con mochilas, unos con sombreritos como los del Servicio Militar de los años 80 y otros con gorras, desplazándose entre la maleza desde una planicie hacia una zona boscosa tras la que se perfilan brumosas montañas azuladas.

El 30 de abril de 2016 “Invisible” fue capturado, golpeado, torturado y ejecutado por efectivos del Ejército en Palancito, comarca Wanawás, a 22 kilómetros al norte de Río Blanco, Matagalpa. El Ejército sostiene que murió en un enfrentamiento contra una patrulla militar que perseguía a tres o cuatro hombres que habían robado ganado y que habían sido denunciados por extorsiones. Los familiares de Aguinaga aseguraron que recibió varios disparos cuando salió de la casa donde se encontraba y que el cuerpo tenía señales de haber sido torturado.

UNA TRAGEDIA QUE SE REPITE


Después de poner fin a la guerra civil de los años 80 Nicaragua vivió un ciclo de rearme-negociación-desarme-aniquilación que concluyó a inicios de 2002. Los ocho años siguientes se caracterizaron por una tendencia creciente de la violencia criminal común y a mediados de 2010, al final del primer período del régimen de Daniel Ortega, aparecieron los primeros grupos armados en el Norte y el Caribe de Nicaragua, alzados en armas en respuesta a las arbitrariedades del régimen de Ortega: violaciones a la Constitución Política, derechos civiles y políticos conculcados y el fraude electoral, disparador inicial de esta nueva etapa de violencia política armada.

Sin escuchar sus demandas, el gobierno de Ortega ha decidido eliminar a quienes se han alzado en su contra empleando operaciones típicas de una política de terrorismo de Estado: eliminación selectiva de los jefes de los alzados en armas con asesinatos dirigidos y ejecuciones extra¬judiciales. El Ejército y la Policía han implantado un régimen de terror en las zonas rurales por donde se desplazan los armados con motivaciones políticas, tal como lo hicieron en la década revolucionaria de 1980 y en la siguiente década de 1990.

Son muy pocas las posibilidades de prosperar que tiene este incipiente movimiento de campesinos armados. El escenario internacional ha cambiado significativamente y la sociedad nicaragüense atraviesa una etapa de “desgano vital” con una oposición política fragmentada y débil y con una sociedad civil frágil y virtualmente desmovilizada. Si bien hay sectores del campo y la ciudad que pueden ver con simpatía el sacrificio de los campesinos alzados en armas, esa simpatía no pasa de reconocerles valor.

Mientras el régimen autoritario de Daniel Ortega controla todas las instituciones y poderes del Estado, se afianza en el poder y construye un imperio económico, tal como en el pasado lo construyó la dictadura dinástica de la familia Somoza, ésta es una de las tragedias que hoy vive Nicaragua.

CONSULTOR CIVIL EN SEGURIDAD, DEFENSA
Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA.

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