Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 409 | Abril 2016
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Centroamérica

No es “época de cosecha” en el Triángulo Norte

Nadie puede aventurarse a responder si Honduras, Guatemala y El Salvador cumplirán con los requisitos que Estados Unidos exige para acceder a los recursos millonarios que Washington ha destinado a la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Cumplirlos requiere de una firme voluntad política para superar la corrupción, la impunidad, la violencia generalizada y la ineficiencia administrativa que esos tres países cargan históricamente como pesado lastre.

Roberto Cajina

El 15 de diciembre de 2015, después de casi un año de negociaciones el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAP-TN). En febrero, el Presidente Obama había solicitado 1 mil millones. En Honduras, el Presidente Juan Orlando Hernández reaccionó eufórico: “¡Es época de cosecha para el Triángulo Norte!” Quizás la emoción por la millonaria suma le jugó una mala pasada porque para cosechar primero hay que sembrar y antes, limpiar el terreno.

NO LA TIENEN FÁCIL


La aprobación de los fondos para el Triángulo Norte es apenas el inicio de una “época de sembrar” y en esa “siembra” ni el Departamento de Estado ni los gobiernos de los países centroamericanos del Triángulo Norte la tienen fácil. El Congreso de Estados Unidos no firmó un “cheque en blanco”. Para acceder a esos 750 millones de dólares el Secretario de Estado, el administrador de USAID y los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tendrán que abrir, paso a paso, un complejo sistema de cerrojos adecuadamente colocados por los legisladores estadounidenses hasta lograr el resultado esperado: frenar, o al menos reducir, el flujo de la migración ilegal de adultos y de menores no acompañados hacia Estados Unidos.

La corrupción, la impunidad, la violencia generalizada y la ineficiencia administrativa que estos tres países cargan como pesado lastre genera serias dudas sobre la capacidad que tendrán sus gobiernos para ejecutar eficientemente estos recursos promoviendo y logrando un giro radical en su tradicional cultura política hasta lograr imponer la transparencia, el imperio de la ley, la seguridad y la eficiencia administrativa.

UNA LARGA LISTA
DE ASUNTOS PREVIOS


La aprobación legislativa de esos 750 millones de dólares no significa su desembolso inmediato. Parte de esos fondos comprometidos estarán disponibles sólo hasta después que el Secretario de Estado John Kerry presente a los comités de apropiaciones del Congreso, antes del 30 de septiembre de 2016, un plan multianual de gastos.

El plan debe incluir cómo se utilizarán esos recursos en cada país, los objetivos e indicadores de medición de progreso (métrica), una cronología de la implementación de la Estrategia de Compromiso de Estados Unidos en Centroamérica, paraguas institucional bajo el que formalmente se guarece el PAP-TN, los montos previamente asignados por ley al Departamento de Estado para apoyar la Estrategia y una descripción de cómo los recursos aprobados complementan, apalancan y difieren de los fondos que cada uno de los países aportará -se ha dicho que los tres países estiman invertir unos 2,800 millones de dólares en 2016-, así como los aportes de otros donantes, incluyendo organizaciones financieras internacionales.

Hasta noviembre de 2015 lo único que se sabía era cómo el Departamento de Estado tenía pensado distribuir los 1 mil millones solicitados por Obama: 400 millones (40%) para promover el desarrollo económico, 300 millones (30%) para incrementar la seguridad y 300 millones (30%) para promover la democracia. Se desconocía el monto que correspondería a cada uno de los tres países. El hecho de que el Congreso haya aprobado el 75% de lo solicitado por la Casa Blanca no implicará necesariamente una drástica modificación de esa distribución porcentual, aunque el diferencial de 250 millones sí obligará a redefinir cómo serán distribuidos los fondos por país. En consecuencia, los equipos técnicos tendrán que revisar programas y proyectos, objetivos, costos y métricas.

CON EL TÍO SAM NO SE JUEGA


Cumplir con el primer requerimiento -el plan multianual de gastos- tomará algo de tiempo, al menos hasta finales de septiembre, e implica una estrecha y franca relación de cooperación entre los actores involucrados. Por un lado, el Departamento de Estado, USAID, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Inter-American Foundation -el BID y la Fundación bridarán asistencia técnica en apoyo a la Estrategia-. Por otro lado, los gobiernos de los tres países. Los datos y las cifras que los gobiernos centroamericanos proporcionen deberán ser cristalinos, libres de toda sospecha de manipulación y de acomodamientos maliciosos porque con los dólares del Tío Sam no se juega.

Para comprometer el 25% de los fondos (187.5 millones), el Secretario de Estado deberá certificar e informar a los comités de apropiaciones del Congreso si los gobiernos de los países del Triángulo Norte informan o no a sus ciudadanos sobre los peligros de la travesía hacia Estados Unidos, si combaten el tráfico de personas y el contrabando, si mejoran la seguridad fronteriza y si cooperan con las agencias estadounidenses y de otros gobiernos de la región para facilitar el retorno, repatriación y reintegración de los migrantes ilegales que lleguen a Estados Unidos y que no califican como refugiados según la ley internacional.

UNA LARGA LISTA
DE CONDICIONES


Además, un 50% adicional de los fondos (375 millones) sólo podrá estar a disposición de los países después que el Secretario de Estado certifique e informe a los correspondientes comités del Congreso que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras están dando pasos efectivos para establecer una entidad autónoma públicamente responsable que supervise el Plan. Que combaten la corrupción, lo que incluye investigar y procesar a funcionarios sospechosos de ser corruptos. Que implementan reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo el incremento de la capacidad e independencia del sistema judicial y de las fiscalías. Que establecen e implementan un plan para la creación de una policía civil profesional, responsable y que limitan el rol de los militares en seguridad interior. Que protegen los derechos de los partidos políticos de oposición, de los periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil para operar sin interferencia. Que incrementan los ingresos gubernamentales, lo que incluye la implementación de reformas fiscales y el mejoramiento de las agencias de aduanas. Y que resuelven las disputas comerciales con Estados Unidos, incluyendo la confiscación de propiedades.

¿HABRÁ VOLUNTAD POLÍTICA?


En principio, estas condicionalidades son franqueables, pero para eso se requiere, del lado del Departamento de Estado firmeza en su relación con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y de parte de los gobiernos de estos tres países, seriedad, transparencia y, sobre todo, voluntad política para transformar drásticamente la ancestral cultura política de estas tres banana republics, caracterizada por el caudillismo, el clientelismo político, la corrupción generalizada, la falta de transparencia, la exclusión y la impunidad, aderezado todo con altos niveles de pobreza y criminalidad, de violencia e inseguridad.

EL PRIMER CANDADO
QUE TENDRÁ QUE ABRIRSE


En su ejecución, el PAP-TN estará sometido a un doble escrutinio: el del Secretario de Estado, quien deberá revisar periódicamente el progreso de los gobiernos en el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Congreso e informará a los correspondientes comités de apropiaciones antes de que finalice el año fiscal 2016 (30 de septiembre); y el de la entidad autónoma de cada país prescrita por la Ley.

Basados en la métrica establecida -indicadores de progreso-, el Secretario de Estado debe determinar si algún gobierno no ha progresado lo suficiente. En ese caso, deberá suspender, totalmente o en parte, la asistencia que se le brinda e informar por escrito a los comités del Congreso. Si el gobierno toma las correspondientes medidas correctivas, el Secretario puede ordenar que se continúe el financiamiento luego de haber informado a los comités.

La decisión del Congreso de Estados Unidos condiciona el acceso a 562.5 millones (75%) y deja libre 187.5 millones (25%) de los fondos aprobados. Está por verse cuándo el Secretario de Estado presentará a los comités de apropiaciones del Congreso el plan multianual de gastos, primer candado que deben abrir los gobiernos del Triángulo Norte para apenas iniciar la “época de siembra”… Para la “de cosecha” falta muchísimo más.

CUENTAS
QUE NO CUADRAN


Rocío Tábora, Viceministra de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas de Honduras, declaró en enero de 2016, sin indicar cómo y de quién obtuvo esos datos, que en el PAP-TN se le conceden a Honduras 93 millones de dólares, a El Salvador 95 millones, a Guatemala 102 millones y a Nicaragua 10 millones. Aseguró también que hay un fondo de soporte para iniciativas de oportunidades económicas, prosperidad y gobernabilidad de 183.5 millones, asignados de manera conjunta y no particular y otros 222 millones para iniciativas de seguridad regionales.

Días después, Roberto Lorenzana, Secretario Técnico de la Presidencia de El Salvador aseguró que durante una reunión en Guatemala de los Presidentes de los tres países con el Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se determinó la distribución de los fondos: 65 millones para El Salvador, 98 para Honduras y 112 para Guatemala, lo que totaliza 275 millones.

Las cuentas de una y de otro no cuadran y superan los 187.5 millones que el Congreso de Estados Unidos deja libres. La brecha aumenta más si se suman los 405.5 millones de dólares que, de acuerdo a la Viceministra, están destinados a iniciativas conjuntas de oportunidades económicas, prosperidad, gobernabilidad y seguridad.

A mediados de enero de 2016 un diario hondureño informó, sin indicar la fuente, que los 750 millones de dólares aprobados por el Congreso de Estados Unidos serían distribuidos así: 299.4 millones (40%) para programas de desarrollo, 183.5 millones (24% ciento) en asistencia económica y 222 millones (30%) para iniciativas de seguridad.

FACTORES DE EXPULSIÓN
Y DE ATRACCIÓN


Estas supuestas distribuciones de los fondos resultan dudosas pues dejan por fuera la “promoción de la democracia” y redundan en lo referente a “programas de desarrollo” y “asistencia económica”.

Es evidente que la asistencia aprobada por el Congreso de Estados Unidos está dirigida específicamente a enfrentar los “factores expulsores” de migrantes: pobreza, inequidad, falta de oportunidades, exclusión social, violencia, inseguridad.

Sin embargo, en la compleja ecuación de ese fenómeno multicausal que es la masiva migración de menores no acompañados y de indocumentados, hay un factor clave que está fuera de la visión del Capitolio, de la de la Casa Blanca y del mismo PAP-TN: cómo enfrentar la reunificación familiar, el más intenso de los “factores de atracción”, estimulado por los padres y madres de los menores, que ya viven en Estados Unidos y que están, en la mayoría de los casos, en situación de ilegalidad.

Es ese factor el que mantiene vivo el flujo de niños y de una cantidad no precisada de adultos hacia la frontera sur de Estados Unidos. Los menores no toman por sí mismos la decisión de emigrar. La reunión con sus padres los motiva, los atrae y los induce a hacerlo.

UNA OLEADA INCONTENIBLE


La tendencia incremental del flujo de menores hacia Estados Unidos inició entre los años fiscales 2012 y 2013, cuando se duplicó, pasando de 10,146 a 20,805, creciendo 52.24% hasta alcanzar su pico crítico en el año fiscal 2014 con 67,339 menores, el 76.78% procedentes de los países del Triángulo Norte. Las capturas de unidades familiares se incrementaron entre los años fiscales 2014 y 2015, pasando de 61,334 a 64,363, un aumento del 4.93%.

Desde junio de 2014 la cantidad de menores centroamericanos no acompañados llegando a la frontera de Estados Unidos disminuyó, aunque permaneció cercana a los altos niveles de siempre. En septiembre de 2015 se disparó de nuevo. Se demostró este aumento cuando la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturó a un 111% más de menores no acompañados procedentes del Triángulo Norte que los aprehendidos en septiembre de 2014.

SÓLO UN ESPEJISMO


Los datos de los dos meses del año fiscal 2016 (octubre y noviembre de 2015) permiten proyectar una reducción del arribo de menores a la frontera de Estados Unidos en todo el año fiscal 2016, que concluye el 30 de septiembre. En cambio, la llegada de unidades familiares tenderá a incrementarse. La tendencia proyectada indica que crecerá en aproximadamente un 8%. Sin embargo, la reducción de la cantidad de menores no acompañados que llegan al borde fronterizo entre México y Estados Unidos no evidencia una desaceleración del flujo de la migración ilegal de niños solos e indocumentados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras y lo sucedido hasta ahora no es más que un espejismo que el gobierno de Estados Unidos y el de Honduras procuran acreditarse como un “éxito”.

MÉXICO ACTÚA
COMO MURO DE CONTENCIÓN


¿Cuál es la causa de la reducción? Con la ejecución del Plan Frontera Sur, implementado por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que cuenta con una dadivosa asistencia de Estados Unidos, poco transparente en cuanto al monto en dólares, las unidades, los equipos y el entrenamiento que recibe, México se ha convertido en un verdadero “muro de contención” de la oleada migratoria procedente de los países del Triángulo Norte.

De acuerdo a datos oficiales, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 México deportó a 85,651 centroamericanos: 15,933 de El Salvador, 30,209 de Guatemala y 33,517 de Honduras, el 80.01% hombres y el 19.98% mujeres. En ese mismo período de 2013 fueron deportados menos: 67,432. El número de deportados en 2014 representó un incremento del 21.27% de “retorno asistido”, eufemismo que utiliza la Unidad de Política Migratoria del Centro de Estudios Migratorios adscrito a la Secretaría de Gobernación de México para evitar el término “deportación”.

DOS HALLAZGOS REVELADORES


Dos de los principales hallazgos de una investigación de WOLA (Washington Office on Latin America), publicada en noviembre de 2015, son reveladores del papel que Estados Unidos le ha trasladado a México: Uno: “Entre julio 2014 y junio 2015 las capturas del gobierno de México de migrantes centroamericanos se incrementaron 71% con relación al mismo período del año anterior, antes del lanzamiento del Programa Frontera Sur en julio de 2014”.

Y otro: “Mientras México capturaba un 67% más de menores no acompañados de El Salvador, Guatemala y Honduras de octubre 2014 a septiembre 2015, comparado con el mismo período del año 2013, las autoridades de Estados Unidos capturaban un 45% menos en el mismo período”.

CIENTOS DE REDADAS


Dos días antes de la Nochebuena de 2015 “The Washington Post” informó que el gobierno de Estados Unidos planeaba ejecutar una campaña de redadas de cientos de familias migrantes de países del Triángulo Norte, adultos y menores, que habían ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde inicios de 2014. Las redadas serían ejecutadas por agentes del US Immigration and Customs Enforcement (ICE).

El director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) habría presionado a la administración Obama para tomar esta decisión, en especial luego de que un tribunal ordenara al DHS poner en libertad a familias que guardaban prisión en los centros de detención de ese departamento. Pero la idea de esa campaña de redadas de migrantes ilegales se remonta al 20 de noviembre de 2014.

En esa fecha el director del DHS envió un memorándum al Director en funciones de ICE, al Comisionado de la Patrulla Fronteriza y al secretario asistente en funciones del DHS instruyéndoles sobre las “Políticas para la Aprehensión, Detención y Deportación de Inmigrantes Indocumentados”. En ellas se detallan las prioridades de aplicación de la ley para la inmigración civil: Prioridad 1: amenazas a la seguridad nacional, fronteriza y pública. Prioridad 2: perpetradores de delitos menores e infractores de las leyes de inmigración. Prioridad 3: otras infracciones migratorias.

El memorándum detalla y subraya también lo referente a las aprehensiones, detenciones y deportaciones de otros extranjeros que se encuentran ilegales en Estados Unidos, el ejercicio de discreción procesal (o discreción del fiscal) de inmigrantes ilegales y la implementación de estas medidas.

“UNA MEDIDA INHUMANA”


Después que “TheWashington Post” develara el plan de redadas, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes e iglesias de Estados Unidos alzaron sus voces de protesta contra lo que calificaron como una “medida arbitraria e inhumana”. Los voceros de las instituciones involucradas ofrecieron declaraciones de prensa justificando la decisión sobre la base del memorándum del Director del DHS de noviembre de 2014. Fue el propio secretario del DHS quien trató de justificar las redadas con una declaración pública en la que fue tajante al afirmar que las fronteras de Estados Unidos “no están abiertas a la migración ilegal y si usted llega acá ilegalmente, será devuelto a su país de acuerdo con nuestras leyes y valores”.

En consecuencia, declaró el DHS, los socios nacionales e internacionales de Estados Unidos están tomando acciones: expulsión (deportación), incremento de la seguridad fronteriza, aplicación de medidas severas contra los tratantes de personas, expansión de la cooperación de Estados Unidos con México, ampliación de la campaña de mensajes alusivos a los riesgos de la migración ilegal, y establecimiento de alternativas seguras y vías legales, entre ellas la aprobación de los recursos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

“RECONOZCO
EL DOLOR QUE CAUSAN”


Al final de su declaración pública el secretario del DHS, Jeh C. Johnson, hizo un acto de compunción: “Sé que muchos condenan con fuerza nuestro esfuerzo por aplicar la ley como muy severo, mientras otros dirán que no es suficiente. También reconozco la realidad del dolor que estas deportaciones efectivamente causan, pero debemos aplicar la ley de conformidad con nuestras prioridades. Siempre nos esforzamos para hacerlo de acuerdo con nuestros valores y los principios esenciales de decencia, imparcialidad y compasión”.

Al parecer, fue la nueva oleada de septiembre-diciembre 2015 de migrantes menores no acompañados y de unidades familiares la razón principal por la que el DHS inició las redadas de migrantes centroamericanos en varios estados de la Unión Americana durante las fiestas de fin de año. En esos cuatro meses 17,370 menores no acompañados fueron capturados en la frontera sur de Estados Unidos, más del doble de los 7,987 aprehendidos en el mismo período de 2014. Las unidades familiares que llegaron se incrementaron en 187% en ese período en relación con los que llegaron en 2014.

Las batidas desataron pánico en la comunidad migrante y enfurecieron a importantes aliados demócratas de Obama. Lo paradójico es que esas redadas, realizadas al calor de la noche o al frescor de la madrugada, no son la solución a la crisis de migrantes, sean menores, sean familias enteras o sean adultos. Sólo parecen ser un mensaje de advertencia a quienes en Centroamérica sigan intentando la peligrosa travesía hacia Estados Unidos.

RESIGNADOS Y JUSTIFICANDO


En los países del Triángulo Norte las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los derechos de los migrantes condenaron las redadas, mientras entre los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras las reacciones fueron de resignación y hasta de justificación.

Sus cancillerías se apresuraron a negar que se tratara de “deportaciones masivas”, sino sólo “selectivas” contra migrantes ilegales que tienen pendientes cuentas con la justicia y contra quienes existe una orden judicial de deportación. Y mientras el Comisionado Nacional de los Derechos humanos de Honduras esbozaba una crítica ligera a redadas y deportaciones, asegurando que son “incompatibles” con el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, la Primera Dama Ana García apenas alcanzó a decir: “Atenderemos con dignidad a los migrantes deportados”.

El Canciller de El Salvador se atrevió a criticar la política migratoria de Estados Unidos asegurando que “incentiva la migración de originarios de un país y castiga la migración de originarios de otros país”, en clara alusión a la Ley de Ajuste Cubano y a la política “Pies secos, pies mojados”. “Es una ley discriminatoria, es un doble estándar para las migraciones y, por supuesto, que hemos señalado, en público y en privado, que estamos insatisfechos, que estamos inconformes con ese doble estándar. Lo que nosotros quisiéramos es que todos los migrantes de la región centroamericana tuvieran el mismo trato”, dijo el Canciller Hugo Martínez.

CONSULADOS “EN ALERTA”


Los ministerios de Relaciones Exteriores de El Salvador, Guatemala y Honduras se apresuraron a “declarar en alerta” sus redes consulares en Estados Unidos e instruyeron a sus connacionales sobre qué debían hacer y cómo debían comportarse (deberes y derechos) si agentes de migración llegaban a sus casas, al tiempo que estampaban en comunicados oficiales de ocasión un listado telefónico de los consulados de los tres países en Estados Unidos.

La Asamblea Legislativa de El Salvador acordó aprobar un pronunciamiento sobre las redadas anunciadas por Washington y también reunirse con la embajadora de Estados Unidos para que les “explique” los detalles de las “nuevas disposiciones migratorias” de Washington, decidiendo incluso viajar a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de gobierno y legisladores de ese país. Hablaron de “actuar en bloque” los tres parlamentos contra las redadas ordenadas por la administración Obama. Pero todo fue retórica de ocasión, pues ni la embajadora de Estados Unidos fue citada al Parlamento salvadoreño ni los parlamentarios viajaron a Washington ni han actuado en bloque como prometieron.

EL INFLUJO
DE LA CARTA A OBAMA


Una cosa son los deseos y otra la realidad. El 4 de enero de 2016 los primeros deportados comenzaron a llegar vía aérea a sus países. Todo parecía indicar que nada ni nadie podría revertir esa situación, cuando las redadas se detuvieron sólo momentáneamente después de que 146 representantes demócratas enviaran el 12 de enero una dura carta al Presidente Obama condenando las operaciones del DHS contra madres y niños refugiados de El Salvador, Guatemala y Honduras.

“Las operaciones del DHS -decían en la carta- han generado miedo y pánico generalizado en las comunidades inmigrantes y tienen un severo impacto que va más allá de los alegados objetivos de deportación. Esas operaciones generan preocupaciones sobre el debido proceso, incluyendo el necesario acceso a una consejería legal para las madres y niños luego de sus capturas y se conoce que los agentes del DHS están utilizando tácticas tramposas para conseguir acceso a residencias privadas. Por éstas y otras razones creemos que esta operación debe ser suspendida inmediatamente hasta que podamos asegurar que ninguna madre o menor serán regresados a sus países de origen en donde enfrentarían persecución, tortura o la muerte”.

Por su parte, los gobiernos de El Salvador y Honduras lograron, a través de sus consulados en Estados Unidos, frenar temporalmente la deportación de núcleos familiares aún en proceso en los tribunales de inmigración.

La carta de los congresistas demócratas urge al Presidente Obama a “detener inmediatamente la aplicación de acciones hacia las madres y menores centroamericanos y a tomar medidas para comprometerse con un esfuerzo comprensivo con los socios del hemisferio para hacer frente a esta crisis regional de refugiados de forma humanitaria apropiada”. La Casa Blanca no respondió directamente a la carta de los congresistas ni el DHS ha dado indicios de poner fin a las deportaciones de centroamericanos, menores y adultos, emprendida a inicios de 2016.

POR PRIMERA VEZ
NO LOS LLAMAN “ILEGALES”


La carta de los legisladores demócratas sí tuvo algunos efectos inmediatos, aunque no definitivos. Al día siguiente, en una disertación en la National Defense University, el secretario de Estado John Kerry dijo, aunque sin ofrecer mayores detalles: “Me place anunciar los planes para ampliar el programa de admisión de refugiados de Estados Unidos para ayudar a familias e individuos vulnerables de El Salvador, Guatemala y Honduras”, con el fin de “ofrecerles una alternativa segura y legal al peligroso viaje que muchos están tentados a empezar y que los hace presa fácil de los traficantes de personas que no tienen otro interés que no sea su propio lucro”.

Poco después, el Departamento de Estado emitió una nota en la que asegura que el gobierno de Estados Unidos “colaborará con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y ONG para identificar personas en necesidad de refugio o protección”.

Aunque se desconoce cómo operará la relación Departamento de Estado-ACNUR ni se sabe cuáles son los países en los que se establecerán centros de procesamiento, la decisión del Departamento de Estado es toda una novedad, pues es la primera vez que Washington no se refiere a los migrantes centroamericanos como extranjeros ilegales (ilegal aliens) y es la primera vez que, implícitamente, reconoce que se trata de una crisis de refugiados y, en consecuencia, de una crisis humanitaria, ya no de migración ni de seguridad nacional, como siempre había sido tratada por las autoridades estadounidenses.

Antes que el secretario Kerry hiciera este anuncio y que el Departamento de Estado lo informara, altos funcionarios del Departamento de Estado aseguraron a “The New York Times” que la administración Obama busca que Naciones Unidas le ayude a identificar a los migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica antes de que inicien el viaje a Estados Unidos y espera que la ONU contribuya a establecer centros de procesamiento en diversos países de América Latina esperando frenar así la invasión de familias que cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos.

“Bajo el plan -aseguraron los funcionarios- la agencia para los refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) trabajará con el gobierno de Estados Unidos para establecer centros de procesamiento en países vecinos en los que los migrantes estarían temporalmente fuera de peligro”, añadiendo que “que cada año miles de migrantes -quizás hasta 9 mil- de El Salvador, Guatemala y Honduras podrían eventualmente establecerse en Estados Unidos y que algunos refugiados también podrían ser enviados a otros países.


Para “The New York Times” ésta fue la respuesta de la administración Obama “a la furiosa reacción de los legisladores demócratas y de los defensores de los derechos de los migrantes por los arrestos y deportaciones de mujeres y niños centroamericanos durante las fiestas de fin de año, después de haber fracasado en conseguir asilo en Estados Unidos”.

“NO ES LA SOLUCIÓN”


Después de esto se conoció que los 55 tribunales de inmigración de Estados Unidos han emitido 10,142 órdenes de deportación contra menores centroamericanos no acompañados que arribaron a Estados Unidos desde 2014 a través de la frontera con México, 88% emitidas en ausencia, lo que significa que unos 9 mil de esos menores deben estar con sus padres y no asistieron a las audiencias por temor a ser deportados o por carecer de recursos para cubrir el costo de un representante legal.

El plan anunciado por Kerry fue la “carta principal” que el Vicepresidente Joe Biden llevó a Guatemala, donde asistió el 14 de enero a la toma de posesión del nuevo mandatario Jimmy Morales. En esa ocasión se reunió con los Presidentes de los tres países del Triángulo Norte para analizar la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad. Los tres mandatarios le plantearon el tema de las redadas de migrantes de sus países las que, según el canciller de El Salvador, “no van a resolver la situación migratoria” porque “la única solución sostenible, duradera es la reforma migratoria integral para los que ya están en Estados Unidos y la ejecución de planes como el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte para los que están en los países de origen, de manera que podamos mejorar las condiciones en los países de origen y la gente se vea motivada a quedarse”.

La ampliación del programa de refugiados es un paso importante para enfrentar la crisis, pero no la soluciona porque los centros de procesamiento que establecerá ACNUR en el Triángulo Norte y en los países vecinos sólo considerarán los casos de quienes huyen de la violencia criminal. Pero, ¿qué sucederá con menores que huyen de la violencia criminal con padres y madres que están ilegales en Estados Unidos?

NI TED CRUZ NI DONALD TRUMP
NI HILLARY CLINTON


Si bien es cierto que muchos niños, jóvenes y adultos de El Salvador, Guatemala y Honduras viven bajo la amenaza de las maras y los narcotraficantes, y esa inseguridad es uno de los factores expulsores, la medida planeada por el gobierno de Estados Unidos no tendrá ningún efecto sobre quienes emigran por razones económicas y menos aún sobre quienes lo hacen impulsados por el más persuasivo de los factores de atracción: la urgencia de la reunificación familiar.

El tema migratorio se ha convertido en uno de los temas candentes de la campaña electoral en Estados Unidos. Entre los republicanos, tanto Ted Cruz como el xenófobo Donald Trump, buscan ganar el voto de los blancos y se declaran a favor de las deportaciones masivas. En el lado demócrata, la ex-Secretaria de Estado Hillary Clinton procura asegurarse el voto hispano. Sin embargo, ninguno plantea la necesidad de una verdadera reforma migratoria en Estados Unidos, como planteó Obama en su discurso a la nación del 20 de noviembre de 2014. Menos aún hablan los candidatos de las severas urgencias económicas, sociales y de seguridad que enfrentan los centroamericanos que viven en los países del Triángulo Norte.

EL FACTOR PRINCIPAL


Es incuestionable que los “factores expulsores” continúan firmemente arraigados en El Salvador, en Guatemala y en Honduras y que los 750 millones de dólares aprobados por el Congreso de Estados Unidos para el PAP-TN, más los recursos que inviertan esos tres países para reducir la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, la exclusión social, la violencia y la inseguridad, podrían contribuir a una mejora relativa de las condiciones económicas y sociales, así como proporcionar niveles razonables de seguridad mediante la reducción de los altos niveles de criminalidad.

Pero la multimillonaria asistencia no tendrá efecto sobre la urgencia de la reunificación familiar, que es el más intenso de los “factores de atracción”, el que prácticamente nunca podrá ser resuelto o eliminado. Esto plantea un serio desafío si se quiere reducir significativamente el flujo migratorio de menores no acompañados y de unidades familiares hacia Estados Unidos. La compleja ecuación migratoria no encontrará solución mientras no se despeje un tan intrincado factor. Y despejarlo no está en las manos ni de las autoridades de Estados Unidos ni de las de Centroamérica.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS


¿El PAP-TN hace prometedor el futuro de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños? Establecer una entidad responsable de supervisar el Plan no pareciera ser mayor problema, pero ¿serán capaces los gobiernos de El Salvador y Honduras -porque en Guatemala el Ministerio Público y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad) ya lo está haciendo- de combatir efectivamente la corrupción y procesar a los funcionarios sospechosos de corrupción?

¿Podrán los tres gobiernos del Triángulo Norte implementar reformas, políticas y programas que mejoren sus más que precarios niveles de transparencia, fortalecer las instituciones públicas, ampliar la capacidad e independencia de sus cuestionados sistemas judiciales y de sus fiscalías?

¿Estarán realmente dispuestos a crear policías civiles profesionales y responsables si los intentos hechos hasta ahora han sido fiascos monumentales? ¿Restringirán el rol de los ejércitos en funciones de seguridad pública?

¿Protegerán realmente los derechos de los partidos de oposición, de periodistas, sindicalistas y otros activistas de la sociedad civil para que puedan actuar libremente y sin obstáculos? Y con economías altamente informalizadas, ¿cómo harán para incrementar los ingresos gubernamentales mediante reformas fiscales y para fortalecer las entidades de aduanas?

Nadie puede aventurarse a responder positivamente a estas interrogantes porque los oscuros antecedentes de estos tres gobiernos provocan más dudas que certezas.

CONSULTOR CIVIL EN SEGURIDAD, DEFENSA Y GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA. MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE RESDAL(RED DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE AMÉRICA LATINA).

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
“Sin rumbo cierto”

Nicaragua
Noticias del mes

Nicaragua
“La Ley 779 fue cercenada en tres rounds. Eso promueve impunidad y más violencia contra las mujeres”

Honduras
Berta Cáceres: una indomable con talante de estadista

Centroamérica
No es “época de cosecha” en el Triángulo Norte

Guatemala
En los primeros 100 días del Presidente comediante

América Latina
Revolución Ciudadana… ¿sin ciudadanos?
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web