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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 409 | Abril 2016
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Guatemala

En los primeros 100 días del Presidente comediante

Toma fuerza la probabilidad de que el partido de los militares retirados, el que promovió la candidatura presidencial del comediante Jimmy Morales, intente convertir a Morales en un monigote, para gobernar sin él o por encima de él. Más fuerza está tomando la estrategia de hacer de Guatemala un “protectorado” de Estados Unidos para transformarla en un país más vivible y con menos emigrantes que salgan hacia el Norte.

Juan Hernández Pico, SJ

En la Guatemala del primer trimestre de 2016 se impone la realidad de un evidente desgaste político.

EL NUEVO CONGRESO


Para el Congreso, elegido en septiembre de 2015, el partido que más congresistas obtuvo fue LIDER (45 de los 158 curules). La UNE resultó el segundo partido más votado (32 curules). Entre esos dos partidos -el del candidato Manuel Baldizón y el de la candidata Sandra Torres, que competían por la Presidencia de la República- lograron casi la mitad de los congresistas. Baldizón, quien invirtió más dinero en la campaña, no pasó a segunda vuelta y hoy es una estrella perdida en el firmamento político.

La decisión más inteligente que tomó el electorado guatemalteco parece haber sido escoger a sólo 11 congresistas del partido FCN-N, el que lanzó la candidatura del que resultó Presidente electo, Jimmy Morales. Por Morales votó el 67% del electorado que participó en la segunda vuelta, mientras que sólo el 6.96% eligió a los congresistas de su partido. Una posible explicación es que la gente distinguió entre Morales, un personaje que le sugería el advenimiento de una nueva forma de hacer política, alejada del robo y la corrupción (“Ni corrupto ni ladrón” fue su lema en la campaña) y el partido que promovía su candidatura, fundado y dirigido por militares en retiro agrupados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA).

Entre septiembre de 2015 y enero de 2016, la gran capacidad negociadora de UNE logró, a través de alianzas con bancadas que se habían separado de UNE y con otras bancadas minoritarias, que uno de sus miembros, Mario Taracena, fuera electo Presidente del Congreso. Taracena comenzó su mandato publicando la lista de sueldos mensuales asignados a los empleados del Congreso. Las cifras (entre 70 mil y 5 mil quetzales, con no pocas secretarias ganando 15 mil quetzales, el equivalente a 2 mil dólares), causó una ola de indignación popular, que no se expresó en movilización callejera.

El reparto de las Comisiones del Congreso mostró que la gran mayoría de los 45 diputados de LIDER habían abandonado ese partido y que lo mismo hicieron 18 de los 22 diputados electos por el Partido Patriota, el partido del ex-Presidente Pérez Molina. No pocos de los que dejaron a LIDER y al PP se agruparon en el Movimiento Reformador, que llegó a tener 21 diputados. Otros emigraron al Pro-Progresistas, que alcanzó 20 diputados. Otros se integraron en Alianza Ciudadana, que contó con 10 diputados. Esos 51 transfuguismos se realizaron antes de que el nuevo Congreso fuera juramentado el 14 de enero de 2016.

CONTINÚA LA PLAGA
DEL TRANSFUGUISMO


El segundo paso de importancia que dio Taracena fue poner a discusión la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece controlar severamente el transfuguismo, prohibir la contratación de familiares, regular las interpelaciones a miembros del Ejecutivo, evitar la contratación excesiva de asesores, prohibir el uso de megáfonos y mantas dentro del hemiciclo y normar el retiro voluntario y la reclasificación de puestos.

La reforma fue aprobada en primera y segunda lectura en enero por 133 de los 158 diputados y, finalmente, en tercera lectura el 30 de marzo. El intervalo de dos meses en la aprobación de la reforma -una triquiñuela legal- facilitó un transfuguismo a lo grande, lo que anuncia que continuarán los efectos de la transfucracia durante el actual período presidencial. Eso redujo las expectativas de que el nuevo Congreso vaya a actuar con una honestidad de nuevo cuño. También degastó la imagen de Mario Taracena.

Durante esos dos meses de intervalo para la reforma de la ley, la bancada del FCN-N, el partido de Jimmy Morales, “adquirió” 23 diputados más, convirtiéndose en la más numerosa. Cuando era candidato presidencial, Morales había señalado al transfuguismo como una de las lacras del tradicional modo de hacer política y una de las más notables de la política corrupta. Él, “ni corrupto ni ladrón”, prometía que nunca habría transfuguismo en su bancada y que su bancada nunca aceptaría tránsfugas.

El crecimiento de su bancada, precisamente por transfuguismo, dejó a Morales sin palabras. Los medios, que ya habían tenido varios encontronazos con él, le exigieron una explicación. No pudo decir nada más que él respetaba la separación de poderes y su autonomía y no estaba dispuesto a interferir en las decisiones del Congreso. El diputado Javier Hernández, portavoz de la bancada del FCN-N, lo sacó del aprieto afirmando ante los medios que la promesa de no admitir tránsfugas la había hecho el candidato presidencial y no los pretendientes a formar parte de la bancada. No respetaron esa promesa -dijo- por el bien de la Patria, pues así quienes ganaron las elecciones podrían gobernar con mayor efectividad.

El Vicepresidente de la República Jafeth Cabrera dijo a los medios que el binomio presidencial no había sido consultado por los tránsfugas, pero por un error de procedimiento, no por mala fe. El resultado de este acontecimiento -es preciso denominarlo así- abona con fuerza la probabilidad de que el partido FCN-N intente gobernar sin el Presidente o por encima de él. En la opinión pública se extendió la percepción de que, o el Presidente no está siendo honesto en sus declaraciones, o está convirtiéndose en un monigote.

MANIOBRAS DEL CONGRESO


Otros dos hechos han aumentado el desgaste del Congreso. Uno es el retraso y los intentos de aguar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), una de las demandas de las movilizaciones populares de 2015.

La propuesta de reforma, proveniente del Tribunal Supremo Electoral, fue discutida y recortada en la legislatura previa y enviada a la Corte de Constitucionalidad para su dictamen. La Corte terminó su trabajo a fines de enero y devolvió el texto al Congreso, declarando que no es constitucional que el Estado apoye con fondos públicos a los Comités Cívicos independientes de los partidos políticos. En febrero y marzo, el nuevo Congreso, lejos de asumir el trabajo hecho por la legislatura anterior, pasó intentando modificar la propuesta para despojar a la nueva LEPP de cualquier valor reformador.

Detrás de esta maniobra está evidentemente el cortoplacismo de una mayoría de diputados, que harán todo lo posible para evitar que la nueva ley impida la perpetuación de los diputados en sus curules y la transformación del procedimiento de votación, para pasar de listas partidarias a listas de candidaturas personalizadas.

El otro hecho que ha desgastado al Congreso es el intento de reformar la Ley de Reformas a la Ley Judicial y del Ministerio Público. En este caso, lo más peligroso ha sido el plan de sustraerle a la Fiscal General la autoridad para el nombramiento de su Consejo Asesor y la transformación de ese Consejo Asesor en una autoridad capaz de destituir a quien ocupe el cargo de Fiscal General. A pesar de los intentos, estos planes se han encontrado con tanta denuncia y oposición pública del organismo Defensores de la Justicia que, finalmente, parece haberse diluido la posibilidad de que triunfen.

EL ESTRENO
DEL PRESIDENTE COMEDIANTE


Los primeros 100 días de la Presidencia de Jimmy Morales mostraron el error de visión del que fueron víctimas quienes lo eligieron.

El repudio que en una gran mayoría de la población produjo la corrupción manifiesta del gobierno de Pérez Molina y Baldetti provocó que gran parte del electorado, pensando en que el actual sistema puede todavía auto-reformarse, eligiera a una persona de apariencias totalmente nuevas, que prometía una forma nueva de hacer política. Casi dos tercios del electorado rechazaron a candidatos expertos en política y eligieron a un comediante que durante años ha distraído a la audiencia televisiva los domingos.

Los grandes medios de comunicación no recordaron a la población que no era la primera vez que Jimmy Morales incursionaba en política. Hacía cuatro años había sido candidato a alcalde de Mixco, la segunda o tercera población urbana del país. Tampoco informaron con seriedad que Morales era tan poco nuevo como el partido que lo lanzaba como candidato y del que era secretario general, fundado entre 2004 y 2008 por conspicuos militares en retiro.

¿QUÉ HILOS
MOVERÁN AL MONIGOTE?


Un ejemplo clarísimo del silencio de los grandes medios es la columna que tiene el político más significativo de la ultraderecha, Mario Sandoval Alarcón, en la página editorial de “Prensa Libre”. Sandoval, uno de los propietarios de este diario, se sumó en sus escritos, y cada vez con más fuerza a lo largo de 2015, a quienes denunciaban la corrupción de Pérez Molina y Baldetti y apoyó las movilizaciones que pedían su renuncia.

Después del triunfo de Jimmy Morales en la primera vuelta de las elecciones, Sandoval ya no utilizó su plataforma mediática para aclarar quiénes habían lanzado esa candidatura presidencial. No hizo una sola alusión a los veteranos militares que lo respaldaban y a su pasado cruento y violador de los derechos humanos. Tampoco comentó la probabilidad de que Morales, llegado a Casa Presidencial, pudiera llegar a convertirse en un monigote.

Tampoco escribió sobre lo improbable de que un comediante pudiera desempeñar con acierto el cargo de Presidente. Sin embargo, desde que Morales tomó posesión de su cargo, Sandoval no ha dejado de insistir en su columna en los continuos desaciertos del nuevo Presidente, en las continuas pruebas que da de su ineptitud para el cargo y en su probable eclipse tras las fuerzas que dominan el partido que lanzó su candidatura.

¿A qué fuerzas representaba Sandoval con su silencio sobre la inconsistente candidatura de Jimmy Morales? La respuesta conduce a su alineación con una empresa privada que pensaba y esperaba poder manejar a su gusto al Presidente comediante y que ahora se encuentra con que los militares retirados también aspiran a manejarlo y se pelean por lograr ser ellos quienes muevan los hilos.

EL “DINOSAURIO” ESTÁ AHÍ


En su discurso de toma de posesión Jimmy Morales evocó el famoso y brevísimo cuento de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí”.

Para el nuevo mandatario, los rostros de ese dinosaurio que está ahí son la corrupción, la forma tradicional de hacer política y también “los planes manufacturados o recalentados por quienes pretenden ganarse la vida viviendo de los guatemaltecos”. Aunque estos rostros que mencionó son reales, de la memoria de Morales desaparecieron otros rostros del dinosaurio: el genocidio, el racismo, la miseria de un 60% de la población guatemalteca, la migración, el conflicto militar que desgarró al país…

Mencionó una sola vez algunos otros rostros: el cambio climático, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social, encadenándolos a otros: “el crimen organizado transnacional, fundamentalmente el narcotráfico, el crecimiento poblacional desmedido y la inestabilidad política”.

Incluso se atrevió a relegar al pasado las huellas del conflicto armado al decir: “Por mucho tiempo se había escuchado únicamente sobre una Guatemala confrontada a través de un conflicto, con problemas y divisiones. Sin embargo, la Guatemala que el mundo ve ahora es una Guatemala que florece en el espíritu de unidad, gracias a Dios y al arduo trabajo de muchos actores nacionales e internacionales. Después de más de tres décadas de conflictos y enfrentamientos se firmó la paz en 1996”.

Así comienzan siempre los intentos por borrar la memoria y suprimirla, tratando de desviar la mirada a los males actuales sin profundizar en sus raíces.

UNA ESPIRAL DE ERRORES


No es extraño que empezando así, las cosas se hayan precipitado en una espiral de errores. El primero, el nombramiento de Sherry Lucrecia Ordóñez como Ministra de Comunicaciones y la negativa del Presidente a retirarle el nombramiento cuando fueron descubriéndose los vínculos de Ordóñez con compañías constructoras encargadas de obras estatales. El clamor público obligó a Ordóñez a renunciar definitivamente cuando su nombre apareció en la lista de morosos en el pago de tributaciones.

Segundos errores se vieron en la ineptitud de Morales para tratar con los medios de comunicación. Su primera conferencia de prensa se convirtió en un desastre por la manera como rechazó profundizar en las respuestas que daba, atacando el derecho reclamado por los periodistas a “repreguntar” para así ahondar en los temas. La manifiesta incapacidad del Presidente para aguantar el bombardeo de los comunicadores evidenció su poca preparación para cambiar el estudio de la TV por el escenario periodístico, muy poco inclinado a ceder ante las autoridades o a callarse ante respuestas cuando éstas son poco precisas.

El tercero, y tal vez el más grueso de sus primeros errores presidenciales, fue la indefensión que mostró ante su bancada parlamentaria, teniendo que admitir que en ella había tránsfugas y que no había cumplido con su promesa de no admitir el transfuguismo. En lugar de defender los argumentos con que se comprometió a no admitirlo, aceptó justificar lo ocurrido apelando a la separación de poderes. Dio así una muestra de resignarse a que será el partido y no él quien marcará las líneas del gobierno.

En un cuarto error lo colocó la situación tragicómica en que lo dejaron sus amigos, los donantes de 100 millones de quetzales en medicamentos destinados a paliar la severa crisis de la salud pública, cuando se descubrió que aproximadamente la mitad del “regalo” -que expertos valoraron no en 100 sino en 43 millones- eran medicamentos ya vencidos o a punto de vencerse.

Su quinto error fue la falta de exactitud al entregar su declaración de probidad, valorando los bienes con que accede a la Presidencia de la República. Había afirmado que el valor de sus activos era de 5 millones de quetzales. Pero al presentar su declaración aparecían por un valor de 8 millones 464 mil 490 quetzales.

EL GABINETE DEL PRESIDENTE


El Presidente Jimmy Morales dio a conocer los 14 miembros de su gabinete hasta el día de la toma de posesión. Sólo a dos ministros del gabinete nombrado por Otto Pérez Molina los mantuvo en el cargo: el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, y el de Defensa, general Williams Alberto Mansilla. Como ministro de Gobernación nombró a Francisco Manuel Rivas Lara, quien fungió como Fiscal y recientemente era primer subsecretario general del Ministerio Público. Cuando estuvo en ese cargo parece haber gozado de la confianza de la Fiscal general Claudia Paz y Paz y después de su sucesora y actual Fiscal, Thelma Aldana.

El resto de los ministros nombrados en el área económica y en las áreas sociales conforman un gabinete gris.

CORRIENTES EN EL EJÉRCITO


Es destacable la continuidad en el Ministerio de Defensa del general Williams Mansilla, quien parece liderar una de las corrientes a lo interno del Ejército, la que acepta la necesidad de que se lleven a juicio los delitos de lesa humanidad que oficiales superiores e inferiores del Ejército cometieron durante la guerra.

Para la otra corriente del Ejército, la que no acepta eso, ha supuesto un importante golpe la captura del general en retiro Benedicto Lucas García, considerado el diseñador de la estrategia que llevó al Ejército de Guatemala a triunfar militarmente sobre la guerrilla de la URNG.

Muy probablemente, la acción llevada a cabo por el Jefe del Estado Mayor, general Alfredo Sosa Díaz, presentando a la Corte de Constitucionalidad una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Reconciliación, proviene de esa otra corriente, la que considera la detención y enjuiciamiento de 18 altos jefes en retiro, entre ellos Lucas García, como un golpe mortal al prestigio de quienes ganaron la guerra, sin detenerse nunca ante gravísimas y numerosas violaciones a los derechos humanos.

Fuentes creíbles afirman que estas corrientes se están enfrentando en el Ejército, donde probablemente está imponiéndose la que lidera el general Mansilla, quien sería el portavoz de una concepción del Ejército como fuerza tanto más eficaz cuanto mejor formada, cuanto más respetuosa de los derechos humanos y cuanto menos contagiada de la corrupción que prevalece en el Estado.

Esta concepción desanimará a los oficiales que pensaban su carrera militar como trampolín hacia el ascenso social y económico a cualquier costo. No extraño que algunos acaben pidiendo prematuramente la baja del Ejército para explorar otros caminos de ascenso socioeconómico.

UN ENTRAMADO QUE ES CRUCIAL


Son importantes también los nombramientos de los Secretarios, los funcionarios más inmediatamente cercanos al Presidente. Lo son también quienes componen el entramado de viceministros que, junto con centenares de otros funcionarios, se ocupan del día a día del gobierno.

Es en ese entramado donde se juega la política cotidiana. Sin la reforma a fondo de ese entramado es imposible pensar en un gobierno honesto y menos aún en un gobierno eficiente. El Congreso se ha propuesto la tarea de elaborar una nueva Ley del Servicio Civil. Si en eso tiene éxito habrá tocado uno de los nervios cruciales para mejorar el sistema.

¿Quién ocupará la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), hondamente contaminada por la corrupción, en el caso de “La Línea”, por el que fueron apresados y enjuiciados Pérez Molina y Baldetti, además de su secretario privado Carlos Monzón, institución donde diseñaban planes y se repartían el botín de la corrupción? No parece haber en el nuevo gobierno un plan serio para rediseñar y reformar profundamente la SAT.

Con la experiencia que le dio su paso por el Ministerio de Finanzas (2008-2010) durante el gobierno de Álvaro Colom, Juan Alberto Fuentes Knight insiste frecuentemente en que la estructura de recaudación tributaria debe depender del Ministerio de Finanzas y estar dirigida por ese Ministerio y no por la Presidencia de la República, porque eso facilita la corrupción.

La inoperancia de la SAT y su corrupción han impedido que la carga tributaria del Estado -el porcentaje del PIB alcanzado por la recaudación anual de impuestos- nunca haya subido en Guatemala del 10%, incumpliendo así los Acuerdos de Paz, que programaban alcanzar al menos un 12% para el año 2000. Y ya han pasado dieciséis años…

AVANCES EN LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA


Es indudable que, en comparación con los otros cuatro países centroamericanos -dejando fuera a Costa Rica-, Guatemala es el país de la región que ha dado pasos iniciales más coherentes para conseguir algunas de las metas de una buena administración de justicia, especialmente si tomamos como baremo la decisión de enjuiciar los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.

En ese sentido, hay que destacar el juicio y la sentencia condenatoria de los responsables directos e inmediatos de la Masacre de Las Dos Erres en Petén y el juicio del general Efraín Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad contra miles de personas pertenecientes a las comunidades ixiles en Quiché. Ríos Montt fue condenado a 50 años por genocidio y a 30 más por crímenes de lesa humanidad. Aunque la Corte de Constitucionalidad, violando el debido proceso, declaró nula la sentencia, nada podrá sepultar ya el valor histórico y simbólico de aquel juicio y de su sentencia.

Además de estos logros, por primera vez un tribunal dictó sentencia cautelar contra la empresa que explota la mina de La Puya, en los umbrales de la región metropolitana de Guatemala, por falta de consulta a la población, aunque parece que el Estado no impondrá su fuerza para que se cumpla la sentencia.

POR PRIMERA VEZ UN JUICIO
POR ESCLAVITUD SEXUAL


Ha sido también notable el primer proceso contra los crímenes de lesa humanidad conectados con esclavitud sexual de mujeres indígenas. Es la primera vez que en el país mujeres indígenas se atreven a acusar judicialmente a sus violadores y es la primera vez que un tribunal juzga una acusación de este tipo.

El proceso se conoce con el nombre de Sepur Zarco, nombre del lugar donde estuvo el destacamento militar donde estas mujeres fueron forzadas a sufrir violaciones sexuales, también torturas y hasta asesinatos.

Después de tres meses de escuchar testimonios, el Tribunal de Alto Rango condenó al Coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón a 120 años de prisión por delitos contra deberes de humanidad y, en concreto, por esclavitud sexual de once mujeres mayas q´eqch´i, y por asesinato. El Comisionado Militar Heriberto Valdez Asij fue condenado a 30 años de prisión por delitos contra deberes de humanidad y a 240 años más por asesinato.

Existe también la acusación por desaparición forzada de hombres -esposos, padres, hermanos- en esos mismos asentamientos. Para este crimen los fiscales piden condenas aún mayores.

Desde distintos puntos de América Latina llegaron más de 37 mil mensajes de apoyo para las valientes abogadas acusadoras. El juicio fue presidido por Yassmin Barrios, la misma magistrada que presidió el juicio contra Ríos Montt. La acompañaron la magistrada Patricia Bustamante y el magistrado Gerbi Sical.

LA REVOLUCIÓN
DE LAS JUEZAS


Los juicios contra crímenes de guerra y de lesa humanidad indican el valor de quienes han dictado esas sentencias, algunas de ellas mujeres.

Además de Barrios y Bustamante, recientemente la jueza Claudette Domínguez ligó a proceso a 14 militares encabezados por Benedicto Lucas García, acusados de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz en la Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz. La jueza Judith Secaida ligó a proceso a 4 militares, encabezados por el general Callejas y Callejas, acusados del secuestro y desaparición forzada y asesinato del joven Molina Theissen.

Hay que recordar también la denuncia de soborno planteada por la magistrada Claudia Escobar contra el diputado Gudy Rivera, lo que le costó a Escobar su separación de la Corte de Apelaciones. También, la decisión de la magistrada María Cristina Fernández, quien se negó a autenticar la inscripción de una finca que pertenecía a una comunidad maya q´ueqch´i a favor de particulares. Por eso, Fernández no fue reelecta. Quienes las aplauden han llamado a este florecer de la justicia “la revolución de las juezas”. Y no olvidan también la valiente actuación del juez Miguel Angel Gálvez en todo el proceso de “La Línea”.

UNA NUEVA CORTE
DE CONSTITUCIONALIDAD


En estos primeros 100 días del gobierno de Morales un hecho importante fue la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad.

Las cinco instituciones con derecho a elección de los nuevos cinco magistrados titulares y los cinco suplentes, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, El Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos y la Presidencia de la República eligieron a candidatas y candidatos, acompañando su elección con una presentación pública de sus candidaturas. La magistrada Gloria Porras y su suplente María de los Ángeles Araujo, fueron reelectas por abrumadora mayoría.

Sólo el Presidente Morales no presentó públicamente sus candidatos. A pesar que desde los medios y desde muchas otras instancias, se le exigía al Presidente Morales una transparencia similar a la de los otros cuatro electores, Morales defendió el anonimato de sus candidaturas diciendo que el reglamento no exige esa publicidad. Un secretismo que dice no poco de la inseguridad del Presidente sobre sus decisiones y su temor a las críticas.

LA PERVIVENCIA
DE LA CONCIENCIA ELITISTA


La conciencia elitista de la clase dominante se expresó desde la misma Declaración de Independencia de 1821, que en su artículo primero dice que ”el señor jefe político la mande publicar, para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.

Esa conciencia que separa a “los notables” del pueblo, considerándolo un “peligro” que hay que mantener a raya, sigue hoy vivísima en Guatemala, aunque muchos de los antiguos terratenientes, ganaderos y añileros hayan diversificado sus intereses y sean hoy industriales del azúcar, comerciantes, desarrolladores de centros comerciales, banqueros y financieros exportadores de dinero, seco o lavado, a los paraísos fiscales del mundo.

La clase dominante considera al Estado como su guardaespaldas, a quien le encargan como única misión proteger su patrimonio y su incremento. Al Estado las élites no le deben más contribución que la necesaria para que garantice la defensa de sus intereses. El elitismo abomina de la evolución del Estado, en especial la del Ejército.

Los grupos predominantes en esta élite, de corazón terrateniente y cabeza industrial-financiera, se sienten hoy amenazados por las fuerzas criminales del imperio de las drogas y de todos los demás tráficos ilegales, cuya aspiración es apoderarse del Estado. La amenaza de unos y el temor de otros es clave para interpretar la actual coyuntura guatemalteca.

EL EMBAJADOR TODD ROBINSON


Hoy se habla en Guatemala del “protectorado” que está ejerciendo en el país Estados Unidos a través de su embajador Todd Robinson, respaldado evidentemente por el Departamento de Estado, y apoyado por el cinturón de marines destacados en la base de Palmerola en Honduras, por buques de la Marina estadounidense responsable de la seguridad en el Caribe, Centroamérica y Suramérica y por agentes de la DEA.

Es conocido que Robinson ha hablado con gran claridad a la clase dominante de Guatemala, intentándoles transmitir el mensaje de que no pueden continuar aumentando las enormes ganancias obtenidas en los últimos 60 años sin contribuir con su inversión y el pago de impuestos a un país sentado sobre volcanes naturales y sobre un volcán de miseria que empuja a la migración y reclama una vida más humana.

Robinson ha felicitado al Congreso recién electo por hacer un movimiento progresista hacia la transparencia. Es evidente que detrás de esa felicitación, dedicada indudablemente al Presidente del Congreso, Mario Taracena, hay también una amenaza al Congreso si no aumenta la eficacia legislativa y destierra la corrupción.

Robinson no oculta su trabajo para hacer que la próxima Corte de Constitucionalidad se aparte de la alianza con el elitismo tradicional y otorgue al país una seguridad jurídica de la que ha carecido. A varios de los nuevos magistrados electos para la Corte de Constitucionalidad tiene acceso el embajador Robinson y es probable que mantenga presión sobre ellos y sobre la Corte Suprema de Justicia para tratar de dar a Guatemala cierta sensación de estabilidad y honestidad en la aplicación de la justicia.

PARA GUARDAR UNA FRONTERA


Es imposible dejar de percibir que Guatemala está ante una alternativa singular, basada en la definición que ha hecho Estados Unidos de la frontera guatemalteco-mexicana como estratégica para resguardar su seguridad nacional.

Esa frontera debe dejar de ser un coladero de migrantes del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) hacia Estados Unidos. Para lograrlo es necesario que Guatemala mejore como país vivible para las mayorías populares. Eso requiere de una presión cada vez más eficaz para reducir la corrupción en todas las instituciones del Estado. Requiere también de una presión cada vez más intensa sobre el elitismo de la clase dominante para conseguir que acepten reducir sus ganancias y aporten mucho más, por la vía de los impuestos, al bienestar de las mayorías empobrecidas. Requiere de un combate mucho más eficaz contra el crimen organizado, muy infiltrado ya en las nuevas élites aspirantes a mamar del presupuesto del Estado.

¿HAY GRUPOS ARMADOS?


Empiezan a surgir en Guatemala grupos que no toleran la alianza del Estado con la clase dominante, que se traduce en proyectos de extracción minera e hidroeléctricos, expropiadores de territorios y llevados adelante sin consulta previa con las poblaciones que los habitan.

Algunos dicen que ya hay grupos armados, llamados Fuerzas Armadas Campesinas (FAC) dispuestos a no tolerar la expropiación capitalista de los territorios. Otros piensan que estas FAC son una creación de la alianza entre la clase dominante y parte del Ejército.

CON CATALEJO Y MICROSCOPIO


Siempre hemos detestado y denunciado en Guatemala y en Centroamérica la intervención de Estados Unidos. Hoy, sin embargo, el “protectorado” simbolizado en el embajador Robinson, en los marines y la DEA, presenta una cara libertadora y una voluntad de presión en favor de un país menos corrupto.

En estas aguas tormentosas hay que navegar con un catalejo de largo alcance y con un microscopio que revele las profundidades ocultas. Es una navegación con obstáculos monumentales: la clase dominante quiere mover algo para que nada cambie. Sólo aceptará transformaciones profundas bajo la amenaza del poderío militar del Norte. El estamento político, por su parte, solo se moverá si la presión estadounidense le pone la soga al cuello, una soga que han ido trenzando no pocos de los narcotraficantes ya extraditados a Estados Unidos.

La verdadera ruta hacia buen puerto es la resurrección de la movilización popular, la salida a las calles de aquellas multitudes que las llenaron hace unos meses y que hoy ya empiezan a sentirse indignadas ante el débil y camaleónico gobierno de Jimmy Morales y preocupadas ante el intento de los militares de recobrar poder en este nuevo y frágil gobierno.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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