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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 409 | Abril 2016
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Nicaragua

“La Ley 779 fue cercenada en tres rounds. Eso promueve impunidad y más violencia contra las mujeres”

Ruth Marina Matamoros, sicóloga feminista, integrante del Grupo Venancia de Matagalpa, hizo un recuento y un análisis del proceso llevado a cabo por el Estado para cercenar la Ley 779, que busca garantizar a las mujeres nicaragüenses su derecho a vivir una vida libre de violencia, en una charla con Envío que transcribimos.

Ruth Marina Matamoros

Las Comisarías de la Mujer, en donde iniciaba la ruta de acceso a la justicia que emprendían las mujeres denunciando la violencia que padecían, han sido debilitadas o desaparecidas en todo el país. La Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, ha sido desnaturalizada apenas entró en vigencia con un asalto en tres rounds: una reforma, un reglamento y un instructivo. No tengo información de que algo similar haya ocurrido en otros países de la región donde también hay Comisarías de la Mujer y leyes parecidas.

Para dimensionar lo que significa haber debilitado las Comisarías, símbolo de la voluntad del Estado de brindar una atención especializada a las mujeres que denuncian violencia, resulta útil recordar algo de la historia de las Comisarías.

Me baso en un estudio del año 2008 sobre las Comisarías de Nicaragua y las de otros países latinoamericanos elaborado por Almachiara D´Angelo, Yamileth Molina y Nadine Jubb.

En 1992 Aminta Granera, hoy Jefa de la Policía Nacional, estaba al frente de la secretaría ejecutiva de la Policía. Desde ese cargo realizó un estudio sobre la alta incidencia que los delitos sexuales tienen en nuestro país y como en ese tiempo era muy cercana al movimiento de mujeres se comprometió con nosotras a iniciar esfuerzos para erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres. El primer paso que dio fue viajar con mujeres del movimiento y con mujeres diputadas a Brasil y a Argentina. En esos países ya estaban funcionando Comisarías de la Mujer como dependencias especializadas de las instituciones policiales y le interesaba conocer de primera mano estas experiencias. Ese primer momento marcó a nuestras Comisarías: nacieron de un esfuerzo coordinado de nuestra Policía y del movimiento de mujeres.

Las Comisarías fueron concebidas como un espacio institucional especializado en la atención a las mujeres que interponían denuncias por delitos de violencia. Serían un espacio donde encontrarían atención oportuna, de calidad y con sensibilidad.

Después de un proceso de negociación tripartito, en el que participaron la Policía Nacional, el gobierno y el movimiento de mujeres, nació la primera Comisaría de la Mujer el 23 de noviembre de 1993 en el distrito policial número 5 de Managua como un proyecto piloto que duraría seis meses. No se financiaba desde el Presupuesto General de la República, sino que recibió financiamiento externo. Ésa y las primeras Comisarías las financió la embajada de los Países Bajos en Nicaragua.

Fue hasta 1996 que nacieron oficialmente las Comisarías, al ser incluidas en la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, como una dependencia de la institución. Ese mismo año el Ministerio de Salud dictó un acuerdo, reconociendo la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública. Esto significaba establecer normativas para la atención en salud de las mujeres que llegaran a las Comisarías, lo que después vimos que no tuvo muchas consecuencias.

Desde su nacimiento las Comisarías de la Mujer han experimentado tres etapas. En la primera, de 1993 a 2001, se instalaron cinco Comisarías con financiamiento para tres años. El INIM (Instituto Nicaragüense de la Mujer) representaba al Estado en el comité técnico tripartito que dirigía las Comisarías, integrado por la Policía, el INIM y la Red de Mujeres contra la Violencia. El INIM era contraparte del financiamiento con el que la cooperación internacional financiaba las Comisarías. Contrataba directamente los servicios de los centros del movimiento de mujeres y a las trabajadoras sociales y sicólogas que trabajaban en las Comisarías. También tenía la obligación de garantizar que el personal policial que atendía en las Comisarías se capacitara en temas de violencia. Y asumía la obligación de hacer trabajo de prevención y divulgación. Un logro de la gestión del INIM, en conjunto con los centros de mujeres, fue que varias médicas que trabajaban en los centros se especializaran como médicas forenses. Eso incrementó el acceso de las mujeres que denunciaban a exámenes médico-legales. Ya en 1998 se habían creado 10 Comisarías, siempre con fondos externos. Algunas surgieron por iniciativas locales. La de Matagalpa fue una de las primeras.

Desde la sociedad civil, la Red de Mujeres contra la Violencia integró el comité técnico tripartito y se involucró de lleno en el funcionamiento de las Comisarías. Es importante señalar que, sin tener entonces la Red personería jurídica, el Estado le reconocía personería social y personería política.

Nuestra principal preocupación y nuestro principal objetivo -y digo nuestro porque pertenezco a la Red- era lograr que la atención que se diera a las mujeres tuviera en cuenta las particularidades y características que tiene la violencia de género. Por eso, siempre estuvimos preocupadas de que a las mujeres se les indujera o motivara a hacer arreglos extrajudiciales, mediaciones o conciliaciones, con su agresor. ¿Por qué? Porque en una mediación la mujer tiene que asumir responsabilidad por la violencia que recibe, tiene que “poner de su parte para solucionar el problema”. Aceptando un arreglo, abandona su derecho a un juicio donde se ventile y se sancione la violencia que ha sufrido. Eso favorece que el Estado se desentienda de su responsabilidad ante estos delitos.

Otro punto sobre el que siempre estuvo influyendo la Red fue el de lograr una relación realmente horizontal entre el proyecto de las Comisarías y las mujeres. Recuerdo que en una reunión del comité técnico, la directora del INIM dijo: “Yo lo que quiero es que dejen de maltratar a mis mujeres”. Y yo pensé: ¿Cómo es eso de “mis” mujeres”…? Y es que ha predominado siempre esa visión proteccionista, de ver a las mujeres como personas que no se pueden defender, personas que reciben dádivas y que no son ciudadanas con plenos derechos.

Las Comisarías funcionaban con una trabajadora social y a veces tenían sicólogas que hacían la primera intervención en crisis. De ahí las mujeres eran transferidas a los centros de atención del movimiento de mujeres, donde se realizaba la atención sicológica, el examen médico-legal y se les daba acompañamiento y asesoría legal. Si interponían una denuncia que reunía los requisitos, el caso se trasladaba a los juzgados. Hay que decir que ya desde esa primera etapa, y a menudo, muchos casos de violencia intrafamiliar terminaban en arreglos extrajudiciales. Eso siempre lo denunciamos.

La segunda etapa va de febrero de 2001 a enero de 2004. El modelo comienza a funcionar como una red de servicios. La puerta de entrada en la ruta de búsqueda de justicia para las mujeres podía ser la Comisaría de la Mujer o cualquiera de los 40 centros de mujeres que había en el país brindándoles atención y acompañamiento. En esta etapa se abrieron otras 21 Comisarías en los Distritos Policiales 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de Managua y en los municipios de Carazo, Granada, Masaya, Malpaisillo, León, Chinandega, Estelí, Jinotega, Nueva Segovia, Chontales, Boaco, Somoto-Madriz, Bluefields y Puerto Cabezas.

La dirección continuó en manos del comité técnico tripartito, integrado siempre por la Policía, el Estado (INIM) y la sociedad civil, representada por la Red de Mujeres contra la Violencia. En el comité se administraban los fondos y se debatían los avances y los problemas del proyecto. Para la atención de las mujeres había un sistema de referencia y contra-transferencia entre las Comisarías y los 40 centros de mujeres que estaban participando y recibían fondos para brindar atención.

Eran dos los niveles de atención. El nivel de atención primaria, que se realizaba primero en las Comisarías y después en los centros. Y el nivel de atención secundaria, que era la atención especializada. Para este tiempo se habían formado también comisiones territoriales, en las que estaban presentes las instituciones del Estado y las organizaciones de mujeres, trabajando a la par y coordinadamente con la Policía. En las comisiones se discutían los principales problemas de violencia que había en el territorio y cómo responder a ellos. Algunas comisiones funcionaron bien, otras se cerraron y no continuaron.

Como en Nicaragua siempre ha habido debilidad estadística, en esta etapa se propuso crear un sistema de información centralizado y único para documentar y dejar constancia de todas las atenciones que se estaban brindando a nivel nacional. No fue posible. Cada organización registraba los expedientes en formatos diferentes y aunque se hizo el esfuerzo de crear un sistema computarizado, no todas las organizaciones tenían los equipos y el personal. Fue un proyecto muy complejo y ambicioso que no funcionó.

En esta etapa un problema que vimos con frecuencia y del cual protestábamos fue la alta rotación del personal de las Comisarías, a pesar del mucho dinero que se estaba invirtiendo en capacitarlo como personal especializado en violencia de género. Cuando ya estaban preparadas las trasladaban a otra especialidad de la Policía y traían a las Comisarías personal nuevo, sin experiencia. Era un desperdicio el esfuerzo que hacíamos desde las organizaciones y el que se hacía en las Comisarías. Hay que decir también que siempre tuvimos dificultades para contar con personal suficiente. Siempre ha sido mayor la demanda de las mujeres afectadas por la violencia que las posibilidades de brindarles una buena atención, la que se merecen.

En esta segunda etapa ya se presentaron algunas dificultades en el comité técnico tripartito. Había contradicciones relacionadas sobre todo con la participación conjunta en el modelo de atención, en cómo se atendía a las mujeres, en cómo se referían a los centros de mujeres, en cómo las trataban en las Comisarías. A la par, por el cambio que representó un estatuto interno de la Policía en esos años, la institución ya estaba en capacidad de acceder de manera directa a los fondos de la cooperación sin contar con la mediación institucional de otros. Y asumieron esa responsabilidad.

La tercera etapa de las Comisarías comienza en 2004 con un cambio sustantivo en el modelo, que ya no es producto de la coordinación entre la Policía, el INIM y la Red de Mujeres contra la Violencia. El modelo gerencial administrativo ya no prevé ni la comunicación ni la coordinación a nivel nacional entre los tres sectores del comité técnico. Las Comisarías quedan únicamente en manos de la Policía. Se abrieron nuevas Comisarías, llegando a contar 32. Muchas de las organizaciones se coordinaron en la llamada Alianza de Centros, que brindaban atención, pero que tenían ahora como prioridad el trabajo preventivo.

En 2006 la Policía Nacional le elevó el estatus a las Comisarías, convirtiéndolas en una especialidad de la institución al crear la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez -ese nombre se les dio-, dedicadas a atender la violencia intrafamiliar y la violencia sexual con la Disposición 023/06 del 20 de junio del 2006. La oficina central de las Comisarías fue fortalecida con la creación de tres nuevos departamentos: el departamento de investigación, el departamento de información y análisis criminológico y el departamento de prevención.

Más recientemente,la Comisionada Erlinda Castillo, jefa de la Dirección de las Comisarías, en una exposición que presentó en el Primer Congreso de Mujeres Abogadas, en septiembre de 2014, expresó que la función de las Comisarías es “brindar seguridad, protección y de esta forma favorecer el empoderamiento de las víctimas y sobrevivientes de violencia”. Señalo lo importante que fue que hablara de empoderamiento porque si ése es uno de los objetivos de las Comisarías, lo que hoy vemos nos dice lo contrario. También especificó que era tarea de las Comisarías investigar los hechos criminales, “y cuando se tratase de delitos flagrantes, existiera o no denuncia, actuar de oficio para interrumpir la comisión del delito, prestar auxilio a la víctima, además de realizar actos urgentes de investigación o aprehender en su caso”. El personal policial de la Comisaría podía actuar de inmediato, sin denuncia para detener la violencia, sacar al agresor de su casa, imponer las medidas pre-cautelares y brindarle protección a la mujer y a sus hijos.

A lo largo de estas tres etapas, y antes de entrar a analizar la crisis actual, quiero señalar que en su funcionamiento, las Comisarías han transitado por diferentes momentos, algunos facilitadores y otros que han sido verdaderos retrocesos para los derechos de las mujeres. Tres logros importantes quiero señalar. El primero fue formar a muchas mujeres en la atención a una problemática que requiere de especialización y sensibilización. Desde la Red y desde las organizaciones de mujeres invertimos tiempo y recursos para capacitar al personal de las Comisarías en el tema de la violencia de género. Y aun cuando trasladaban a mucho de ese personal capacitado a otras dependencias policiales, siempre quedan frutos de los conocimientos que se comparten con las personas para que entiendan la gravedad de estos delitos.

Otro logro fue el Modelo de Atención Integral, el MAI, que elaboraron las instituciones estatales para ofrecer a las mujeres un efectivo acceso a la justicia. El modelo buscaba brindarles atención en salud y protección y evitaba re-victimizarlas multiplicando las entrevistas. Proponía una sola entrevista, que sólo tuvieran contacto con dos funcionarios para que no estuvieran yendo del timbo al tambo contando una y otra vez lo que les había pasado. Para eso se hizo un proyecto piloto y se echó a andar, pero no siempre se logró eliminar la duplicación de las entrevistas, ni reducir la victimización secundaria ni optimizar la calidad, inmediatez y celeridad de la atención en toda la ruta de acceso a la justicia. La coordinación de las instituciones en esa ruta no siempre funcionó: siempre hacía falta otro documento, otra entrevista con la sicóloga o de nuevo con la fiscal o había que ampliar la denuncia… Realmente, la articulación de las instituciones de la ruta de acceso a la justicia en el MAI no siempre pudo aplicarse.

El tercer logro es que desde el movimiento de mujeres pudimos aprovechar todos los espacios que había en los territorios para coordinarnos con las instituciones estatales y lograr las mejores respuestas para las mujeres en la ruta de acceso a la justicia. Siempre que había un espacio lo aprovechábamos para hacer coordinaciones. En algunos lugares podíamos, en otros no, porque no depende tanto de la institución como de la persona que está en la institución. Pero el esfuerzo siempre lo hacíamos.

Desde el principio, y en todas las etapas, no dejamos de señalar lo que nos parecía que no era una buena atención. A veces las instalaciones de las Comisarías no tenían espacios privados donde las mujeres no tuvieran que estar viendo a su agresor. ¿Con qué confianza vas a hablar, a contar lo que te pasó si lo que sentís es vergüenza? Porque en toda mujer que denuncia pesa el mito ése de “algo habrás hecho para que te pegaran”… También denunciamos que fueran enviadas una y otra vez a sus casas con la esperanza de que todo iba a solucionarse y después todo seguía peor. Porque si denunciás al hombre, regresas a la casa y ahí está y se dio cuenta de que lo denunciaste, ¿cómo te va a tratar…? En esas circunstancias el riesgo de muerte es alto y eso hay que tomarlo muy en serio. Muchas mujeres nos decían también que no les daban copia de la denuncia, que es un derecho que tienen. Y eso sigue pasando. A veces ni tienen oportunidad de leer la declaración que han hecho antes de firmarla. Todo eso influye en la sensación con que las mujeres se van, sintiendo que no se les ha hecho justicia…

Hoy estamos ya en otra etapa. ¿Cuándo inició? El debilitamiento del papel de las Comisarías ha sido un proceso. El punto de inflexión no es preciso, pero en el movimiento de mujeres fuimos sintiendo que pensábamos y actuábamos con muy diferentes pensamientos y desde muy diferentes convicciones. Por ejemplo, en la exposición que cité y que hizo la Comisionada Erlinda Castillo ella informó que en las instalaciones de las Comisarías se estaba atendiendo a hombres agresores aplicando con ellos dos métodos: el método Duluth y el método de Control de la Ira (rePULSE). En foros y reuniones y en cualquier ocasión que tuvimos denunciamos esto, insistiendo en que las Comisarías no nacieron para cumplir esa función, que en todo caso era una tarea del Sistema Penitenciario. Sin embargo, la Policía estaba feliz con lo que hacían con los hombres, pensando que así dejarían de agredir.

La fase actual, la del debilitamiento de las Comisarías, la del cambio en la ruta de acceso a la justicia, nos entristece e indigna. Las informaciones sobre lo que ha pasado varían de un lugar a otro. Compañeras integrantes de la Red de Mujeres contra la Violencia nos han contado que la Comisaría del distrito 5 de Managua ya no existe, que ya no hay trabajadora social, psicóloga o abogada, que la jefa de la Comisaría pasó a ser segunda jefa de la Dirección de Auxilio Judicial y que fue desalojada la Fiscal. En los foros en los que hemos estado y en las reuniones de la Red hemos escuchado que se han cerrado las Comisarías en León, El Carmen y Masaya. En Matagalpa, ya desde hace tiempo, cuando las mujeres llegaban a la Comisaría no encontraban al personal, les decían que estaban en las comunidades dando charlas… Dejaban allí a una funcionaria del Ministerio de la Familia para que aconsejara a las mujeres. En muchos lugares no han cerrado las Comisarías, no han quitado el rótulo, está ahí el edificio. El problema es cómo se está atendiendo hoy a las mujeres que denuncian, a pesar de que un objetivo de la Ley 779 es “el fortalecimiento de las Comisarías de la Mujer”… Me gustaría creer que no se han cerrado todas las Comisarías, creer que siguen funcionando algunas, que siguen acompañando a las mujeres como se hacía… Pero en las reuniones que hemos celebrado con mujeres de Managua, Jinotega, Matagalpa, Masaya, León, Chinandega, El Carmen, Muy Muy, de lugares donde incluso no hubo nunca Comisarías, sino Oficinas de Atención a la Mujer, lo que más preocupa es cómo se está atendiendo a las mujeres y qué se les está ofreciendo como solución.

En León sabemos que solamente ha quedado funcionando el Ministerio Público, sin mayor diligencia, aun cuando ha habido asesinatos atroces. La atención a las mujeres que interponen denuncias se ha trasladado en muchos lugares a la DIRAC (Dirección Alterna de Resolución de Conflictos), una instancia de la Corte Suprema de Justicia, creada en 1999 para “la resolución de conflictos en materia de propiedad mediante mecanismos alternos de mediación y arbitraje”… Ahora, parece que le quieren dar otra función.

Las informaciones no son iguales en todos los lugares. Apenas inicia el proceso de los cambios que han hecho. Donde las instalaciones de las Comisarías siguen ahí, el personal ya no es el mismo en muchos lugares. Los equipos y el personal que tenían las Comisarías han sido destinados a otras instancias de la Policía. Las mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual o violencia intrafamiliar son atendidas en Auxilio Judicial de la Policía Nacional y muchas veces las atienden personal masculino que no está ni capacitado ni sensibilizado ante estos delitos, que era lo que sucedía hace ya muchos años, antes de que existieran las Comisarías.

El desmantelamiento y el debilitamiento de las Comisarías de la Mujer hay que situarlo en la decisión del Poder Ejecutivo de cercenar la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Fue una decisión en tres rounds. Veamos ese otro proceso, que explica todo lo que ha cambiado desde entonces y lo que hoy estamos viendo.

La Ley 779 entró en vigencia en junio de 2012, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Es una ley muy completa que incluye aspectos de prevención, de sanción, de resarcimiento y que, además, tiene su propia política. Es una legislación fruto de años de lucha y de esfuerzos de las mujeres de Nicaragua. Celebramos su aprobación confiando en que la ley abriría nuevas posibilidades para que las mujeres nicaragüenses pudieran vivir una vida sin violencia. La ley señala y sanciona todos los delitos que desde hacía mucho tiempo las mujeres estábamos demandando que se reconocieran. La ley creó tribunales especializados en violencia, con jueces y juezas capacitadas para conocer estos casos y para aplicar la ley teniendo en cuenta las particularidades de la violencia de género. Fue una gran conquista.

Primer round contra la ley. Casi inmediatamente después de su aprobación, la ley tuvo activos detractores que interpusieron contra ella recursos de inconstitucionalidad. Decían que la Ley 779 atentaba contra el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y que, por tanto, si había una ley especial contra la violencia hacia las mujeres debía haber una ley especial contra la violencia hacia los hombres. El obispo de Estelí, Abelardo Mata, llegó a afirmar que “la bestia” apocalíptica ya no tenía el número 666, sino el 779. Iglesias evangélicas consideraron que la ley destruía el matrimonio y la familia y reclamaron que se restituyera el derecho a la mediación en casos de violencia. En la ley la mediación quedaba excluida.

Ya sabemos que mantener buena relación con las Iglesias es muy importante para este gobierno. Y en ese contexto, a menos de un año de aprobada, la Ley 779 sufrió una primera reforma: la Ley 846. La reforma estableció la mediación como alternativa en los delitos de violencia menos graves. Lo hizo en base al principio de oportunidad: según los opositores a la ley, al denunciado se le consideraba culpable y se le negaba el derecho a la defensa. Con la mediación tendría la oportunidad de no pasar por un proceso penal.

Según la reforma, la mediación se haría únicamente ante el fiscal o ante el juez, dos únicos funcionarios autorizados, que debían antes comprobar que la mujer accedía a ese trámite por su libre y espontánea voluntad. El juez o el fiscal tenían que comprobar y garantizar que la mujer estaba libre de intimidación, presión o amenaza. Y si la mujer decía que no quería mediación, no se la debía obligar. El agresor que mediaba no podía ser reincidente.

Desde el movimiento de mujeres y por todo el país denunciamos la restauración de la mediación como un retroceso. Decíamos que volver a legalizar la mediación -una medida que siempre estuvo ahí presente- ponía en riesgo de muerte a las mujeres. En Masaya, las compañeras sacaron esta consigna: “La mediación no es obligación y no es la solución”.

Segundo round contra la ley. En julio de 2014, dos años después de aprobada, la Ley 779 sufrió el más duro de los golpes cuando se publicó en La Gaceta un decreto presidencial que reglamenta la ley, la que, por su contenido, no necesitaba de ninguna reglamentación, según opinión de la experta constitucionalista Azahálea Solís.

Con el fin de alterar la Ley 779, la Ley 846 mandató al Poder Ejecutivo a reglamentarla en un plazo no mayor de 60 días. El Ejecutivo no lo hizo. Entonces, le correspondía reglamentarla al Poder Legislativo, pero el Legislativo no lo hizo. Entonces, el Presidente de la República dictó por decreto el reglamento 42-12, que modificó el espíritu, el objeto y las disposiciones de la Ley 779, lo que constituye una violación a la jerarquía jurídica, principio indispensable de un Estado de Derecho, donde ningún reglamento puede modificar, reformar o contravenir la ley que lo origina. El reglamento de la Ley y el decreto que lo ordena son ilegales.

El decreto presidencial cambió el objeto de la Ley 779, que es actuar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, proteger sus derechos humanos y garantizarles una vida libre de violencia. El reglamento establece que el objeto de la ley es garantizar el fortalecimiento de la familia. Ya no somos las mujeres, ya son las familias el bien protegido, un cambio drástico.

También cambió el reglamento el ámbito de aplicación de la ley. La ley 779 es aplicable a todos los delitos cometidos contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El reglamento reduce la aplicabilidad a los delitos cometidos al ámbito privado y a las personas con las que la mujer está vinculada personalmente. Por eso, ahora sólo se reconocen como femicidios los asesinatos cometidos por hombres con quienes las mujeres estaban relacionadas. Y por eso se han reducido tanto las cifras oficiales de femicidios. También parece haber desaparecido con el reglamento el principio de publicidad, pues muchos juicios se celebran en privado y sin tener en cuenta a la víctima. Como consecuencia, las mujeres se enfrentan al proceso sin el apoyo de las organizaciones de mujeres. De hecho, desde hace varios años, tanto en las Comisarías como en los juzgados, se nos ha prohibido entrar a las salas para acompañar y apoyar a las mujeres.

El reglamento presidencial cambió también la ruta de acceso a la justicia para las mujeres que denuncian violencia. Ahora, el primer paso ya no es la Comisaría de la Mujer, sino una nueva instancia, la Consejería Familiar, que tiene como propósito fortalecer los valores de respeto, amor y solidaridad en la familia y en la comunidad. El segundo paso en la ruta es la Policía o el Ministerio Público, desde donde remiten a las mujeres al Ministerio de la Familia, donde buscan arreglar “los conflictos que están detrás de la violencia”, según se lee en el reglamento.

Hagamos un paréntesis y escuchemos el testimonio de una compañera de Masaya, que nos cuenta cómo vivieron allí este proceso acelerado de retroceso: “Aún en la primera etapa del actual gobierno fuimos a inaugurar Comisarías en los municipios más pequeños del departamento, oficinas más pequeñas y con menos personal, pero que atendían a las mujeres. Esa primera etapa duró poco. En 2012 la Ley 779 le dio mucha consistencia al movimiento de mujeres. Creemos que este gobierno le tiene más miedo al movimiento de mujeres que a la oposición política. Además, con la Ley 779 la reacción de las Iglesias evangélicas y de la Conferencia Episcopal, que hizo presión de palabra y por escrito, pesó mucho para que nos impusieran la mediación. Sentimos que ahí comenzó el retroceso. En la etapa anterior a la ley ya se mediaba en las Comisarías y los delitos que quedaban más escondidos eran los de violencia psicológica. Después vino el reglamento. En Masaya, ya a fines de 2014 empezó a variar la ruta de acceso a la justicia. Lo vimos cuando el Ministerio de la Familia comenzó a meter a sus funcionarias en las Comisarías. Cuando llegaba una mujer a la Comisaría esa funcionaria era quien decía si lo que denunciaba era delito grave o menos grave. Después, amanecimos un día y ya no estaba la Comisaría. Otro día amanecimos y ya no había funcionarias del Ministerio de Familia… Ahora hay que ir a Auxilio Judicial, como en los años 90, cuando no había Comisaría y te tocaba ir a Auxilio Judicial como cualquier víctima de cualquier delito. Muchos años antes de la Ley 779 decíamos: Sólo que la mujer llegue ensangrentada la atienden. Ahora sucede de nuevo lo mismo. Las clínicas forenses han incrementado su personal con más psicólogas y más médicas y sólo si las consecuencias de la violencia son evidentes y llegas en estado deplorable te atienden. Por fuera queda todo lo demás, porque todo es delito menos grave y para esos delitos lo único que hay es mediación, mediación, mediación…”

Un objetivo de promover la mediación en todos los casos de violencia es el de invisibilizar los índices de violencia que existen en el país. El Estado no da cifras ni de la violencia contra las mujeres ni de la mortalidad materna. Se quiere dar la imagen de que somos el país más seguro de Centroamérica, de América Latina, pero nuestro país no es seguro para las mujeres ni lo es para las niñas. El abuso sexual es una epidemia en Nicaragua.

Hemos vuelto atrás, el retroceso es enorme. Lo que criticábamos desde el comienzo regresa: ahora la mujer, en vez de denunciar, tiene que asumir compromisos para mejorar su comportamiento… y el hombre también, porque se está portando mal. Se les insta a ambos a reconocer las causas que están produciendo “cualquier tipo de alteración en las relaciones interpersonales dentro de su dinámica familiar y se les facilitan mecanismos para que restablezcan la armonía familiar, basados en la comunicación, el respeto, el apoyo mutuo y el amor, a través de compromisos”. Así lo dice el reglamento. Es un cambio total del lenguaje, que revela un cambio total en el abordaje de la violencia de género. Porque la violencia de género no expresa un conflicto en las relaciones personales, es violencia, es un delito, no se le puede llamar de otra manera. Al cambiar el lenguaje intentan cambiar la realidad… o intentan ocultarla. Las compañeras de Masaya nos contaban de la orientación que les llegó un día: ya no debían las instituciones estatales hablar más de “violencia”, sino de “desentendimiento familiar”.

Nos preguntamos si las personas que integran las Consejerías Familiares, que son estructuras comunitarias con enfoque para-partidario, tienen la experiencia y la formación para comprender, atender y acompañar las situaciones de violencia que viven las mujeres. Sin embargo, el reglamento presidencial las ha investido de autoridad para intervenir y evitar que las mujeres interpongan la denuncia y solucionen el problema “en familia”… Para la conformación de esas consejerías no se tomó en cuenta a las personas capacitadas por las organizaciones de mujeres, lo que hubiera sido una forma de aprovechar todo el bagaje de trabajo que hemos hecho desde hace muchos años. Hay que decir que las compañeras del Movimiento de Mujeres Nidia White de Bilwi nos han dicho que allá en el Caribe la cosa ha sido diferente y algunas mujeres que fueron capacitadas están formando parte de las consejerías. Es la excepción, no la regla.

Otro principio que anula el reglamento es el principio de celeridad. Las medidas pre-cautelares establecidas en la Ley 779, que según especificó la Policía al crear la Dirección de las Comisarías, podían ser aplicadas de oficio para detener la violencia en el acto, ahora deben de tomar en cuenta a un montón de personas. El reglamento señala a “los jefes de delegaciones distritales y municipales o al Ministerio Público, que deberán auxiliarse de los Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida, de los facilitadores judiciales, pastorales, religiosas y religiosos, promotoras voluntarias y solidarias, consejeras y consejeros y demás expresiones comunitarias”.

¿Hay que hacer una reunión con todas estas personas para ver si están de acuerdo en aplicar las medidas pre-cautelares, que consisten en alejar de la casa al hombre que está agrediendo, en aplicarle prisión preventiva, en restituir a la casa de la que fue sacada con violencia a la mujer y a sus hijos? ¿Ahora tienen que opinar todas estas personas que nada tienen que ver en lo que le pasó a la mujer?

En el movimiento de mujeres nos rehusamos desde el primer día a reconocer el reglamento por ser ilegal. En la Red de Mujeres contra la Violencia declaramos que no íbamos a cumplirlo, y al orientar a las mujeres decirles que no están obligadas a aceptarlo.

Otro aspecto a resaltar es el abordaje que se hace del delito de incumplimiento del deber alimentario. Con la promulgación de la Ley 779 y con la entrada en vigencia del Código de la Familia se incrementaron las denuncias de mujeres reclamando a sus parejas que pagaran la pensión alimenticia a las hijas e hijos que engendraron y abandonaron, considerando la Ley y el Código que no cumplir con el deber alimentario es una forma de violencia económica. Aunque en Nicaragua es difícil, si no imposible, acceder a estadísticas fiables sobre muchos asuntos, incluido el de la violencia contra las mujeres, según datos de la Corte Suprema de Justicia, si antes de la Ley 779 había unos 700 casos anuales de denuncias por incumplimiento de la pensión alimenticia que llegaban a los juzgados, en el primer año después de aprobada la Ley, los casos se multiplicaron exponencialmente, llegando a unos 5 mil. Los tribunales especializados empezaron a resolver demandas que estaban empolvadas y demandas nuevas. La Ley 779 evidenció que la irresponsabilidad paterna es una epidemia nacional.

Y para rematar definitivamente la Ley 779, un tercer round. En febrero de 2016 se dio a conocer en los medios de comunicación un instructivo de la Comisión Nacional Interinstitucional de Justicia Penal de la Corte Suprema de Justicia “para casos de violencia, alimento y protección especial de niños, niñas y adolescentes” -así se titula-, en el que se le instruye a los jueces especializados en violencia y a otros jueces facultados para conocer y aplicar la Ley 779 a no dictar sentencia de arresto contra los hombres procesados en rebeldía por incumplimiento de la pensión alimenticia para sus hijos. Y en caso de que el juez dicte la sentencia, el instructivo ordena a la Policía Nacional no detener al hombre, no obedecer la sentencia judicial, no acatarla. Eso institucionaliza la irresponsabilidad paterna, les da un cheque en blanco a tantos padres irresponsables que no aportan a la manutención de los hijos y las hijas que engendraron. Eso no es otra cosa que violencia institucionalizada. Va en contra de los derechos de las mujeres y de los derechos de la niñez.

Este instructivo no ha sido publicado en ningún medio oficial ni en ningún otro medio. Lo que sabemos de su contenido lo sabemos por la información que las periodistas Martha Vásquez Larios y Elizabeth Romero publicaron en “La Prensa” del 24 de febrero de 2016. Ellas tuvieron en sus manos el instructivo, que les facilitó una fuente judicial. En su nota periodística dicen que las orientaciones para actuar se transmitieron de forma oral y que el instructivo anunciaba un monitoreo para evaluar cómo se estaba aplicando.

El instructivo ordena a los jueces no sólo no dictar arresto contra los hombres por incumplimiento del deber alimenticio. Se extiende también esa orden a los delitos “menos graves” tipificados en la Ley 779. Ningún hombre puede ser arrestado por cometerlos. Se trata de la mayoría de los delitos sancionados en la ley, a excepción de tres: el femicidio, la violación sexual y el abuso sexual.

El instructivo orienta a la Policía y a la Fiscalía a mediar y a ofrecer acuerdos en todos los delitos menos graves. El Ministerio Público deberá promover la mediación o remitir a las mujeres que denuncian a la DIRAC o a la Defensoría Pública. ¿Para qué? Para realizar la mediación. Y si no hubiera oficina del Ministerio Público en el municipio, el caso lo asumirá Auxilio Judicial, que lo remitirá a la DIRAC o a la Defensoría Pública. ¿Para qué? Para mediar. Porque el instructivo lo dice: “Se orienta a la Fiscalía y a la Policía a mediar en todos los casos”. Entre por donde entre la mujer que quiere denunciar la salida será siempre la mediación. De acuerdo al instructivo, si la mujer no quiere mediar y el Ministerio Público no ejerce la acción penal, entonces ella puede acusar directamente ante juez competente, el que deberá promover que se resuelva el caso. ¿Cómo? A través de una mediación. De todas formas, ¿cuántas mujeres podrían pagar a un abogado particular para presentar su denuncia?

Ofrecer la mediación como única respuesta del Estado para enfrentar la violencia generalizada contra las mujeres es violar los derechos humanos de las mujeres, su derecho a vivir sin violencia. Ofrecerles esa única salida es muy grave. Y es peligroso. Con este instructivo, los agresores se van a sentir respaldados para regresar a sus lugares, donde pueden volver a ejercer la violencia, sabiendo que quedarán impunes.

El instructivo remata la Ley 779, la cercena definitivamente. Esto ha venido precedido por varias señales. Ya desde que salió el decreto presidencial vimos que las funcionarias de algunas Comisarías abandonaban las instalaciones y se dedicaban a dar charlas preventivas en las comunidades. Las dejaban sin ningún personal o con alguna funcionaria del Ministerio de la Familia, que aconsejaba a las mujeres la mediación o que las remitía al consejo comunitario del barrio o comunidad… En un foro realizado en Matagalpa el año 2015, la jefa de las Comisarías estaba contentísima porque ahora ya no iban a estar en las oficinas, sino dando charlas preventivas… ¿Y las mujeres que llegaban a la Comisaría? Las atendían las del Ministerio de la Familia… si acaso estaban y sólo para decirles: “Señora, lo que usted tiene que hacer es buscar cómo mejorar la situación de su casa”. El reglamento y el instructivo derogan automáticamente el modelo de atención integral, el MAI, y alteran la ruta de acceso a la justicia. Ya desde hace tiempo las Comisarías no transferían a las mujeres a los centros para que trabajaran su recuperación emocional. Ahora esa transferencia se ha eliminado totalmente.

Ya desde hace algún tiempo no se permitía a las mujeres que llegan a interponer una denuncia el ir acompañadas. Ni familiares ni abogadas ni nadie puede entrar con ellas. No nos dejan pasar. La mujer pasa sola. Tampoco a los juicios nos dejan pasar para acompañarlas. Las mujeres se sienten solas y de hecho lo están. Porque no siempre su propia familia acompaña a la mujer agredida que decide hablar y denunciar. Muchas veces las familias de las mujeres apoyan a los agresores o les dicen a las mujeres: ¿Qué le hiciste? ¿Para qué andás en esas vueltas? Acomodate, buscá cómo arreglarte con él…

Con todos estos cambios lo que la gente comenta en los territorios es que la Ley 779 ya no existe. Por todos lados hay evidencias de que no se cumple. En Ciudad Darío un hombre fue condenado a sólo dos años de prisión, a pesar de que su delito fue tentativa de femicidio. Hay sentencia, pero hoy lo tienen en las oficinas de la Policía como mandadero. Lo mandan a comprar a las ventas, lo mandan a que haga de policía de tránsito, lo ponen a cuidar en la noche... Cuando la defensora de la Red preguntó en la Policía por qué sucedía esto, los policías le dijeron: “Sí, nos hace algunas tareas porque él es un reo de confianza”. Cosas como éstas aumentan la inseguridad y desestimulan a las mujeres a denunciar, porque no sirve de nada y eso las expone más.

A la par de conocerse el instructivo, el gobierno anunció el 22 de febrero que desde el año 2014 el sistema penitenciario había liberado a más de 8 mil presos condenados por “delitos menos graves” en base a “una política humanitaria y de reconciliación y unidad de las familias nicaragüenses”. De esos miles de presos, 845 fueron liberados en 2016. Entre los reos liberados se incluyen sentenciados por “violencia sicológica, violencia patrimonial, intimidación y amenazas contra la mujer, entre otros delitos menos graves”. El Ministerio de Gobernación ejecutó las órdenes de liberación aplicando la figura de “convivencia familiar”.

Algunos diputados miembros de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional quisieron poner en agenda, sin éxito, un debate sobre este tema, porque se estaba dejando en libertad a reos sin que el juez que los sentenció tuviera conocimiento. Veían riesgoso que no se cumplieran criterios legales para el otorgamiento de la libertad: si son o no reincidentes, si la conducta que han tenido en el penal ha sido correcta, qué parte de la sentencia han o no cumplido y otros. No avisar ni al juez de la causa ni a la familia de los reos ni a la familia de las víctimas es una violación de las leyes.

¿Por qué esta masiva liberación? Cada vez que hay contienda electoral los derechos de las mujeres se convierten en moneda de cambio. Así pasó en 2006 en vísperas de las elecciones de noviembre de ese año, cuando en octubre todos los partidos se confabularon para penalizar la interrupción del embarazo por cualquier circunstancia. Y desde entonces la Corte Suprema no ha respondido a todos los recursos interpuestos contra la ley que penalizó el aborto terapéutico. La liberación ahora de miles de reos puede responder a reducir los gastos del sistema penitenciario y a descongestionar las cárceles y así evitar motines y fugas. Pero también puede tener razones electorales.

Una compañera de Masaya nos lo explicó así: “En una reunión de funcionarios dijeron que los 8 mil presos habían sido liberados porque el gobierno necesita esos 8 mil votos y porque sabe que detrás de 8 mil hombres presos está toda su familia, la mama, la hermana, todita la familia y así hay miles de votos asegurados. Y cuando alguien preguntó si el gobierno no perdía el voto de las mujeres que fueron víctimas de esos hombres, le dijeron: Eso no cuenta tanto, las mujeres que denuncian siempre andan solitas”.

Los organismos nacionales de derechos humanos, el CENIDH y la CPDH, denunciaron que en las cárceles de Nicaragua hay personas que fueron declaradas inocentes o que ya cumplieron sus sentencias y todavía guardan prisión y que el sistema penitenciario no acata las órdenes de los jueces. El diputado del PLI Carlos Langrand denunció que la disposición de liberar a miles de reos “es una invasión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y evidencia de forma descarada que hay falta de independencia entre los Poderes del Estado, que sólo están respondiendo al Ejecutivo”.

Las víctimas tienen derecho a ser informadas sobre la sanción que ha recibido su agresor y sobre cómo se está cumpliendo o no la sentencia. Hay riesgos muy grandes si este derecho no se respeta. En la sesión de reflexión que tuvimos en marzo en Matagalpa, una sicóloga de Jinotega contó el caso de una mujer que fue casi asesinada a machetazos por su pareja, que al verla desangrándose creyó que ya la había matado y la enterró cubriéndola con ramas y con algo de tierra. Así encontraron a la mujer, que logró sobrevivir. En el hospital pasó varios meses recuperándose, aunque con secuelas serias. Al hombre lo agarraron y lo echaron preso. Hace poco esta mujer iba por la calle, salía de hacer un mandado, cuando de repente se detiene a la par de ella una moto, el hombre se quita el casco y le dice: “¡Yo creí que estabas muerta! ¡Si no te maté la vez pasada, ahora sí lo voy a hacer!” Nadie sabía que ese hombre estaba libre, no había cumplido ni dos años de estar preso, cuando fue sentenciado por “intento de femicidio”, delito por el que le correspondería una sentencia de 25 a 30 años… ¿Por qué salió libre? ¿Por favoritismo? ¿Por qué? ¿Por qué su liberación no se le comunicó al juez que dictó la sentencia? ¿Y por qué no se le comunicó a la víctima? ¿Cómo va a vivir a partir de ahora esa mujer…?

Debo señalar también que por dar apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia algunas defensoras de los derechos de las mujeres han sido amenazadas, a veces por hombres particulares, a veces por estructuras cercanas al poder. Leo este testimonio de una defensora de derechos humanos de Chinandega. Aparece en un informe elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Dice: “Hay que pedir permiso para las actividades a los secretarios políticos del partido Frente Sandinista. En Somotillo fui víctima de agresión institucional. Estudiaba becada por la alcaldía y cuando empecé a trabajar como defensora me quitaron la beca. El secretario político del Frente en Chichigalpa me mandó a llamar con mi hermano y cuestionó mi participación con el movimiento de mujeres porque el movimiento está contra el partido de gobierno. Me dijo que me retirara porque de lo contrario me iba a arrepentir”. El informe señala: “Desde 2007, cuando toma posesión el actual partido de gobierno, las defensoras y las organizaciones de mujeres han experimentado un proceso de cierre de espacios, acciones de desprestigio, agresiones y amenazas, dirigidas a impedir la libre expresión y movilización y su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres”.

Otro obstáculo que experimentamos las organizaciones de mujeres es el retiro de la cooperación internacional a organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones de mujeres. La falta de financiamiento nos impone el cierre de espacios, no sólo para la atención, también para la prevención de la violencia. Actualmente muchas organizaciones están sobreviviendo y los albergues donde se refugian mujeres que huyen de sus casas por la violencia están en peligro de cerrarse por falta de fondos.

El debilitamiento y el cierre de las Comisarías, el reglamento y el instructivo que han cercenado la Ley 779 nos quitan la posibilidad de acceder a la justicia, a que nos sean restituidos nuestros derechos, a ser indemnizadas, a ser asistidas por el Estado. ¿Cómo están viviendo hoy las más de 300 familias que fueron víctimas de femicidio desde el año 2012 hasta hoy? ¿Qué pasa con los niños que quedan huérfanos, con quién quedan? A veces con la abuelita… y a veces con la familia del agresor. ¿Qué está haciendo el Estado para atender las secuelas de esos niños, testigos de una violencia criminal y que se han quedado sin su madre…?¿Cómo tener confianza en la eficacia e imparcialidad del sistema de justicia?

¿En que ha quedado toda la especialización y la capacitación recibida por magistrados, jueces, fiscales y personal de las Comisarías? ¿En qué han quedado las Comisarías? ¿En qué ha quedado el modelo de atención integral que elaboró el Estado? ¿En que ha quedado todo el financiamiento que se consiguió para empezar a enfrentar en serio la violencia contra las mujeres? ¿Qué ha quedado de todo el auge y de toda la alegría que teníamos pensando en que tantas mujeres y niñas de nuestro país iban a vivir mejor, más tranquilas, más felices?

Ahora más que nunca hay mucho por hacer.A toda la sociedad, a todas las personas nos corresponde trabajar para cuestionar y superar el modelo cultural que sustenta la violencia, una tarea que no es sólo de las organizaciones de mujeres.

Hay que seguir llevando mensajes a las comunidades contra la violencia y hay que hablar de esto persona a persona. Hay que hacer alianzas con hombres conscientes y con mujeres que conozcan sus derechos. No hay que dejar que la Ley 779 la conviertan en papel mojado, hay que darla conocer, hay que dar a conocer todos los derechos y todos los delitos que ahí aparecen.

Las mujeres debemos superar la victimización y ejercer el derecho a la protesta. Hay que seguir saliendo a denunciar todas las violaciones a los derechos de las humanas. Hay que elevar la denuncia a nivel internacional porque con todas estas medidas el Estado de Nicaragua ha violentado no sólo leyes nacionales, también tratados y convenios internacionales.

Para evitar que ahora las mujeres se queden calladas y los hombres se sientan impunes, tenemos que hacer el trabajo de explicar que todo tipo de violencia es delito y que hay que acabar con la impunidad que está reinando en nuestro país.

No podemos darnos por vencidas. Este retroceso institucional nos exige movilización ciudadana y alianzas entre los movimientos sociales. Cada persona tiene que poner algo de su parte para que esto cambie, para que las cosas cambien en Nicaragua.

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