Centralismo + secretismo: receta para el desgaste

La centralización concentrada de todas las decisiones y el secretismo provocan ineficiencia y parálisis en el gobierno y en la población causan confusión, descrédito, temores. Este antidemocrático modelo de gobernar luce desgastado.

Equipo Envío

La hora del desgaste del modelo impuesto en Nicaragua coincide con la hora pre-electoral, cuando en el gobierno todo debe “alinearse” para garantizar la tercera reelección de Daniel Ortega. Pero el desgaste del modelo encuentra a Ortega en un contexto regional en efervescencia y en un escenario económico internacional menos favorable.

“DESESTABILIZACIÓN”
EN CENTROAMÉRICA

El contexto centroamericano y latinoamericano en el que concluye el gobierno de Ortega es de efervescencia política. La probada y escandalosa corrupción de los gobiernos de Guatemala y Honduras ha llenado las calles de ambos países con miles de personas indignadas que reclaman castigo a los responsables, el fin de la impunidad y un cambio profundo a proyectos antidemocráticos.

La presión en las calles, el decisivo papel jugado en Guatemala por la CICIG -claman por una similar en Honduras apoyando a servidores públicos consecuentes -sin dejar de tener en cuenta el rol de la embajada de Estados Unidos alentando cambios-, ha sacudido positivamente un escenario regional, en el que Venezuela no sale de su crisis económica y Cuba “se entiende” con Estados Unidos buscando cómo salir de la suya.

En la primera y única referencia que el Presidente Ortega hizo a lo que está ocurriendo en el vecindario, el despertar de la ciudadanía hondureña y guatemalteca fue echado superficialmente, quizás por nerviosismo, “en el mismo saco” de lo que ocurre a muchos miles de kilómetros: “Hay un proceso de desestabilización en la región -dijo Ortega-. No voy a mencionar los países, pero está a la vista que están sufriendo el impacto de la desestabilización, aquí mismo en Centroamérica y allá en Suramérica. Y la desestabilización no lleva a ningún lado, más que a la anarquía, al desastre, que es lo que pasó en la zona del Magreb, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, que está provocando la avalancha de miles y van a ser millones de hermanos africanos buscando protección en Europa”.

DESACELERACIÓN ECONÓMICA EN NICARAGUA

El contexto económico nacional e internacional en el que concluye Ortega su gobierno no le es favorable.

Según el segundo informe anual que el centro de pensamiento FUNI¬DES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) presentó al finalizar agosto, las exportaciones, motor de la economía nacional, están en problemas porque la mayoría de las materias primas que exportamos han bajado sus precios en el mercado internacional. Desde el año 2009 no habían estado tan bajos.

Otro elemento debería merecer mayor atención: como siempre se impuso el cortoplacismo, rasgo de la incultura latinoamericana. Al igual que en el resto de países del continente -con matices-, en Nicaragua el “boom” de los precios de las materias primas concluyó y no variamos nuestros productos de exportación ni les añadimos valor agregado ni diversificamos nuestros mercados. “Perdimos el boom y seguimos exportando lo mismo”, señaló Juan Sebas¬tián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES en el programa “Esta Noche”.

También señala FUNIDES como factores a tener en cuenta el menor crecimiento de la economía de Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, y la reducción de las exportaciones a Venezuela, con las que Nicaragua paga el petróleo que recibe de Caracas.

Teniendo en cuenta éste y otros factores, FUNIDES proyecta para 2015 una reducción del PIB, que calculó inicialmente en 4.5% y descendería al 3.9%.
Aunque sabemos que el índice de crecimiento económico no explica cómo van las cosas en un país, porque no explica las desigualdades en la redistribución de los beneficios que ese crecimiento genera, ni explica tampoco lo que el presupuesto del país paga a sus maestros ni lo que dedica a mejorar la calidad de la educación, ni explica los empleos que genera un modelo u otro de desarrollo, son ese índice y otros indicadores macroeconomicos las banderas que alza el gobierno para insistir en que vamos por muy buen camino.

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) no compartió las proyecciones de FUNIDES e insistió en que la economía crecerá entre el 4.3% y el 4.8%.

FALTA “CULTURA DE DATOS”

Al comentar el estudio de FUNIDES, Juan Sebastián Chamorro lamentó la falta de una “cultura de datos” oficiales que permita evaluar realistamente el rumbo económico del país. Entre otros datos faltantes mencionó que el gobierno no ha anunciado siquiera el censo poblacional que por ley corresponde hacer cada diez años y tocaba realizar en 2015. Los datos que existen son de 2005.

Quienquiera que entre en las páginas web de las instituciones del Estado encontrará abundante propaganda del partido de gobierno y escasa información. En la página del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) los datos están desactualizados. La Encuesta de Demografía y Salud muestra un informe “preliminar” que corresponde a 2011-2012. La Encuesta Continua de Hogares tiene datos de 2012. La Encuesta de Medición del Nivel de Vida de 2014 no tiene datos disponibles y apenas ofrece la breve noticia de la validación del formulario con que iba a realizarse…

La falta de “datos” es algo más profundo que la falta de estadísticas. Y va más allá del ámbito económico. Para legitimarse, el gobierno suele vestirse con números favorables que avalan agencias internacionales en algunas realidades sociales (menor desnutrición, menor mortalidad materna, menor número de estudiantes repitiendo grados escolares, más mujeres en cargos públicos, por ejemplo). Pero aparece desnudo cuando se trata de otras informaciones igualmente importantes.

INFORMACIÓN “INCONTAMINADA”

Partiendo del evidente axioma de que “la información es poder”, una de las explicaciones de la falta de “cultura de datos” está en esa nociva combinación que ha caracterizado el proyecto de poder Ortega-Murillo: decisiones centralizadas y secretismo en el flujo de la información -según se anunciaba ya desde 2007: “para que la información salga incontaminada”- sumando a esas dos características la arrogancia que incuba el poder absoluto.

La relación informativa del gobierno con la población incluye prioritariamente las “obras” que se realizan y las “ayudas” que se ofrecen. Pero cuando hay algún problema que causa especial preocupación nacional en temas más delicados o cuando los pocos medios que son aún independientes descubren alguna arbitrariedad, alguna ilegalidad, algún abuso, lo que domina es el silencio. Son muchas las realidades que en Nicaragua se convierten en tabú o son escondidas como “top secret”.

HORA DE SEQUÍA

Ya resulta preocupante la sequía que afecta a Nicaragua. La que en 2014 causó en el corredor seco de Centro américa -desde el sur de México hasta el norte de Costa Rica- el cíclico fenómeno “El Niño” es éste año aún más grave. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) lo está considerando “el más potente de los últimos cien años” y prevé se extienda hasta 2016.

Esta sequía y el cambio climático están comprometiendo de nuevo la agricultura y la ganadería en esta zona del territorio nacional, la de población más empobrecida. Con incertidumbre sobre cómo se comportarán las lluvias hasta el final del año, los grandes empresarios agrícolas, aliados del gobierno, dicen un día una cosa y otro día otra, aunque algunos no pueden dejar de reconocer ya severas afectaciones en cultivos de exportación (caña, maní, arroz de secano).

“NO VEMOS UN PROBLEMA”

Con datos de los Ministerios de Agricultura de Honduras, El Salvador y Guatemala, la Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna advirtió sobre el riesgo alimentario en el que están ya los hogares más pobres de Centroamérica, que han perdido las cosechas de maíz y frijoles.
Nicaragua no presentó datos de áreas sembradas, de producción estimada o de producción perdida. ¿No tiene aún esos datos? ¿Los tiene y las instituciones no están autorizadas a presentarlos? ¿No los presentan por ser alarmantes? ¿Hay contradicción entre la información del ministerio con la que los secretarios políticos del partido de gobierno deben enviar a la Presidencia? ¿Cuán serio es el problema de la sequía este año?
Aunque tal vez es pronto para evaluar las pérdidas en la zona seca de la cosecha de los dos alimentos básicos (maíz y frijol), aunque ha llovido con cierta normalidad en las otras dos zonas climáticas del país y aunque maíz y frijoles apenas pesan en el PIB, su escasez en el fogón de los más pobres merece una información más precisa.

El gobierno parece empeñado en minimizar la situación. Y se resiste a declarar emergencia. Terminando agosto, Nicaragua no tuvo más remedio que cumplir con la formalidad de ratificar la declaración de Estado de Alerta en el sector agropecuario para Centroamérica y República Dominicana, emitida por los Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano.
El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, declaró: “No vemos la necesidad de declarar estado de emergencia, no se vislumbra un problema”.
Y apostando a que a final del año la situación mejore, la Secretaria de Comunicación, Rosario Murillo anunció la entrega de paquetes alimenticios en la zona y llamó a un optimismo religioso: “Como en nuestro país somos privilegiados porque tenemos tres zonas climáticas no vamos a salir tan mal, Dios mediante. ¡Siempre Dios adelante! Con resultados tal vez un poco menos de lo esperado en la cosecha de primera, Dios mediante podremos recuperarnos en la cosecha de postrera”.

“UNA FOTOGRAFÍA ALTERADA”

No ver los problemas, no nombrarlos o cambiarles de nombre, apelar a la magnanimidad divina, se ha hecho una rutina en las declaraciones oficiales. Suministrar información opaca sobre aspectos de importancia para el país ha sido también habitual, con la excepción del Banco Central de Nicaragua (BCN), enclave de institucionalidad con cultura de datos confia¬bles y a salvo de la opacidad. Sin embargo, el BCN se vio ya comprometido en su credibilidad.

Desde antes de julio, Adolfo Ace¬vedo, economista independiente, colaborador durante años de la Coordinadora Civil -instancia creada en 1998 para que la ciudadanía tuviera una herramienta con la que fiscalizar a las instituciones y servidores públicos, alertó que en el Sistema de Cuentas Nacionales del BCN se estaban haciendo ajustes que alteraban el balance de la actividad económica del país y que sobrevaluaban el PIB, fundamentalmente porque los datos sobre exportaciones-importaciones de las zonas francas tenían serias inconsistencias.

Acevedo, acucioso y responsable escudriñador de todos los indicadores económicos para sustentar sus análisis, demostró lo que consideró grave: “Los ajustes cambian de manera arbitraria la estructura total de la economía, con el resultado de que el Sistema ha quedado inservible para proporcionar una fotografía que pueda considerarse realista y legítima de nuestro sistema económico”.

TAMBIÉN EN EL BANCO CENTRAL

Las primeras reacciones del BCN fueron las de otras instituciones: el silencio. Pero, con la tenacidad y el coraje que lo caracterizan, Acevedo siguió exigiendo explicaciones día tras día.

Otros economistas, Néstor Avendaño (COPADES) y Alejandro Aráuz, y medios independientes, expresaron también preocupación por lo que también ellos observaban. Avendaño se refirió, además, a la desactualización de los datos de las instituciones públicas y le reclamó al BCN por estar publicando indicadores elaborados “con metodologías bastante discutibles”. Aráuz criticó “un secretismo que no debería existir”.
Aunque alguien descalificó a estos profesionales llamándolos “opinólogos”, el propio representante del FMI dijo que también el Fondo había detectado las “inconsistencias” y había llamado la atención del BCN sobre ellas.

“BASTA DE OPACIDAD”

El 5 de agosto Ovidio Reyes, presidente del BCN, no tuvo más remedio que admitir que en el Sistema de Cuentas Nacionales había errores y que para corregirlos estaban haciendo “una revisión metodológica con la asistencia del FMI”. Dio estas declaraciones flanqueado por funcionarios del Fondo Monetario.

Después del reconocimiento oficial, Acevedo se preguntó, con sobrada razón: “Si en los cuatro años que tardó en estructurarse el actual Sistema, con casi cuarenta misiones de asistencia técnica del FMI, se pudo incubar un error que terminó por hacerlo colapsar, ¿cuántos errores no se podrán incubar en una revisión tan apresurada y ad-hoc como la que ahora están haciendo?”

Que Nicaragua aparezca como un país que no sabe llevar sus cuentas o que las falsea echaría al traste su credibilidad internacional en el ámbito económico. Por eso, el COSEP, la Asociación de Bancos de Nicaragua, la Bolsa de Valores, FUNIDES y otros dos centros de pensamiento, COPADES y FIDEG, emitieron un comunicado “como usuarios regulares del Sistema de Cuentas Nacionales”.

En él reconocían “el esfuerzo del BCN para mejorar y modernizar el sistema” y también incluían un reclamo crítico: “Consideramos oportuno resaltar que hubiera sido preferible que los cambios metodológicos fueran presentados simultáneamente a la publicación de los datos y esperamos que los cambios metodológicos y revisión de series en el futuro puedan ser explicados oportunamente”. Tal vez este comunicado logre impedir un importante deterioro de la imagen internacional de Nicaragua. Pero, ¿nacionalmente? ¿Por qué el BCN informó tan tardíamente de los cambios metodológicos y lo hizo sólo forzado por la polémica pública? ¿También la dirección del BCN tiene que esperar la autorización de la Secretaría del partido de gobierno para hablar de algo tan técnico? ¿Hasta ahí llega el control?

Tal vez Acevedo extremó las dudas sobre la mala intención política del ocultamiento. Pero, tenaz en su empeño en relevar el valor de la crítica pública a los funcionarios públicos continuó reclamando: “Para recuperar confianza, el BCN debe publicar, para el conocimiento de la ciudadanía, el plan de trabajo completo que se ha trazado para revisar el Sistema de Cuentas Nacionales y sus distintas etapas, y publicar periódicamente informes del avance del mismo, con plena transparencia. Las personas confían cuando no se les oculta nada, se les dice toda la verdad y se es capaz de reconocer errores. Basta de opacidad”.

Por su valentía, Acevedo ha sido objeto de ataques, presiones y hostigamiento. Un resultado desalentador que se suma al lamentable resultado institucional: el BCN, la institución más prestigiosa y creíble del país, con autonomía legal y funcional, hasta ahora no contaminada con dudas, ha sido tocada también por la desconfianza.

“RENUNCIAS”, DESTITUCIONES, SUSTITUCIONES…

Tanto en los espacios en donde se mueven los activistas de base del partido de gobierno, como en las estructuras institucionales del régimen, se ha bajado ya “la línea”: hay que “alinear” todo y a todos para garantizar la cuarta reelección presidencial de Daniel Ortega. El resultado es un creciente control centralizado de todo y de todos.

Tal vez para “alinear” a todo el Estado, y sin nunca dar información sobre las razones, en silencio o con decretos presidenciales que aparecen repentinamente en La Gaceta después de rumores que recogen algunos medios, en el último año y medio han sido sustituidos (¿destituidos?) cuatro ministros y cuatro viceministros del área económica, algunos de larga trayectoria como José de Jesús Bermúdez, viceministro del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, con más de diez años en ese cargo.

¿HABRÁ MÁS EFICIENCIA?

La Presidencia destituyó (¿o “renunció”?) también a los directores del Instituto de Protección y Sanidad Agrope¬cuaria, y a las directoras de los Institutos de la Vivienda y del Turismo, creando en ambos institutos codirecciones. La mayoría de los cambios se atribuyen a decisiones de la primera dama Rosario Murillo, quien aspira a mayores cuotas de poder que las que ya tiene y, controlando el aparato partidario, maneja su propio equipo de propaganda, su propio tendido territorial y su propio presupuesto.
El caso más envuelto en secretismo entre las destituciones es el de Mayra Salinas, titular del Instituto de Turismo, que permaneció casi un mes sin dirección. La inestabilidad más visible provocada por continuos cambios es la que ha atravesado el superministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) creado en 2012 e inspirado en parecidas experiencias latinoamericanas.

Después de tres años demostrando su ineficiencia, probando que “el que mucho abarca poco aprieta” y resultando “un relajo” -como dijo críticamente el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce-, desde agosto el MEFCCA fue reestructurado, tras las destituciones de dos de sus titulares y el barrido de un buen número de técnicos, regresando al Ministerio de Economía los asuntos de la pequeña y mediana empresa y dejando a esta superestructura las tareas que hace tres años tenía una de las direcciones del Ministerio de Agricultura. Tres años perdidos en un área clave: la atención gubernamental a la economía popular. ¿Se hacen estos cambios para que haya más eficiencia o para “alinear” todo y a todos?

NADA SIN AUTORIZACIÓN

Cuando se han dado reestructuraciones en los ministerios y en las instituciones a partir de iniciativas de ley que el Presidente Ortega envía a la Asamblea Nacional, los diputados del partido de gobierno nunca discuten sus pros y sus contras, nunca hay ni asomo de debate. Con la mayoría absoluta que Ortega tiene en el Parlamento, obtiene automáticamente todo lo que decide centralmente.

“Nosotros sólo cumplimos con lo que recibimos del Poder Ejecutivo”, argumentó la diputada del FSLN, Alba Palacios cuando le preguntaron si se había debatido la reestructuración del Instituto de Turismo. Esta obsecuencia es habitual ante cualquier iniciativa de ley, sea cual sea su importancia.
Tan clara y no ocultada falta de autonomía atraviesa todas las instituciones del Estado a todos los niveles, desde el nivel legislativo y el judicial -no digamos el electoral-, hasta la última alcaldía y es común denominador en el accionar y en el discurso de prácticamente todos los funcionarios. Nadie da declaraciones si no está autorizado. Y si las da sin autorización corre el riesgo de ser reprendido o de caer en desgracia. Nadie toma decisiones si no recibe orientaciones “de arriba”. Nadie propone iniciativas. La ineficiencia que esto produce resulta inmedible. Esta característica del modelo, autoritario y “alineador” de todo y de todos, se ha ido acentuando cada vez más y desgasta cada vez más la administración pública.

Incluso, las iniciativas comunitarias, propias de la experiencia histórica de participación y organización barrial y comarcal que ha tenido Nicaragua, ya no surgen. Todo el mundo espera órdenes, y éstas llegan únicamente a los oídos de los CPC barriales o comarcales, urbanos o rurales, hoy llamados Gabinetes de la Familia. Esperan órdenes, las replican y cumplen tareas.

LOS NEGOCIOS DEL ALBA

Temas de gran importancia para el país, por el volumen de recursos que implican, como el uso que el gobierno hace con la cooperación venezolana para los negocios de Albanisa, en manos del grupo empresarial del partido de gobierno, y la administración del convenio petrolero con Venezuela, se manejan también como “secretos de Estado”.

A finales del mes de agosto, los dos diputados del MRS, Enrique Sáenz y Víctor Hugo Tinoco, introdujeron en la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley para Transparentar la Formación de Precios de los Derivados del Petróleo en Defensa de los Consumidores, uno de los temas de mayor sensibilidad social ante la política de opacidad del gobierno. Aunque seguramente la iniciativa no pasará de tener un valor simbólico, recoge el sentir de gran parte de la población que no logra entender cómo se maneja el tema de los combustibles en el país y por qué es tan alta la tarifa de energía.

En opinión del ingeniero eléctrico Fernando Bárce¬nas, quien presidió el consejo de operaciones en el mercado mayorista de energía en 2002-2003, todo seguirá siendo opaco en este ámbito porque en el lucrativo negocio energético Ortega actúa hoy como generador, como transmisor, como distribuidor y también como regulador supremo de los precios.

¿Se transparentan los negocios de Albanisa? Al menos durante meses se informaba de algunos. Pero en agosto y “por orden de la Presidencia” el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX) suprimió de sus estadísticas en línea la lista de las principales veinte empresas exportadoras del país en cada rubro. Ahora, solamente aparecen productos, precios y volúmenes, y ninguna empresa. Hace unos meses había llamado la atención el crecimiento exponencial experimentado por la empresa Albalinisa (Alba Alimentos, uno de los más rentables negocios del consorcio), convertida en 2014 en la principal empresa exportadora del país.

La orden “de arriba” impide también conocer los volúmenes del petróleo venezolano que Nicaragua exporta a El Salvador y a otros países de Centroamérica.

EL CONTRABANDO DE GANADO

Mucha oscuridad existe en el primer producto de exportación del país, la carne vacuna.

Desde hace meses las directivas del gremio comenzaron a solicitar al gobierno investigar un masivo contrabando de ganado. El cálculo que hicieron de dos años de este tráfico es de 300 millones de dólares perdidos en impuestos no pagados al fisco y nada más y nada menos que unas 300 mil reses sacadas del país ilegalmente por la frontera con Honduras y con destino a Guatemala y México. Exactamente, 290,422 reses machos.
“¿Estamos conscientes todos -dice un comunicado de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (CANICARNE)- de que nos podemos quedar sin materia prima para la industria cárnica y para los rastros municipales con el consecuente desempleo de miles de nicaragüenses?... Siendo la carne bovina el primer rubro de exportación del país, ¿por qué esta falta de atención?”

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

José Daniel Núñez, vicepresidente de CANICARNE, se queja de la falta de atención del gobierno y ha reiterado que estos ilícitos están ligados al lavado de dinero. Representantes de las tres cámaras agropecuarias de la cúpula empresarial, UPANIC, FAGANIC y CONAGAN no comparten la opinión de Núñez, pero tampoco niegan una disminución importante del hato ganadero y el descenso en la actividad de los mataderos, que atribuyen, además de al contrabando, al incremento de la matanza, al cambio climático que afecta la reproducción de las hembras y acelera la venta de los animales y a que otros países pagan a los nicas mejores precios por sus reses.

En medios hondureños se viene relacionando el contrabando de reses nicas con un tráfico masivo de cocaína hacia México, que iría escondido en el estómago de los animales. El negocio de la ganadería, que permite conocer en detalle la geografía rural, las rutas y los puntos ciegos, ha estado tradicionalmente vinculado a tráficos ilícitos en la región centroamericana. Que lo digan, si no, los del hasta hace poco poderoso cártel de Los Cachiros en Honduras, quienes comenzaron a hacer dinero trasegando ganado…

¿NO SABÍAN?

Sin que se hiciera claridad en el contrabando ganadero, “Confidencial” reveló a mediados de agosto una información que tal vez explica por qué nada se aclara ni nada se resuelve: funcionarios menores del partido de gobierno en el municipio de Somotillo, frontera con Honduras, estaban siendo investigados por vinculación al tráfico de ganado. Una concejal y un concejal del FSLN y el hijo de un ex-alcalde del FSLN en esa localidad aparecían implicados.

¿Serán llevados a los tribunales? ¿Contrabandeaban por propia iniciativa? ¿Para quiénes trabajaban? El problema ganadero es otro “secreto de Estado”. Y es tan opaco y tan importante que se transparente que ha provocado que el gremio ganadero haya sido el primer conglomerado empresarial en confrontar al gobierno tan insistentemente pidiendo explicaciones y soluciones. “Lo que más nos asusta -dice José Daniel Núñez- es que todos los funcionarios con los que nos reunimos (Dirección General de Ingresos, Policía Nacional, Ministerio de Industria, Ministerio de Agricultura, Instituto de Sanidad Agropecuaria) nos dicen que van a investigar y que después nos van a llamar, pero no pasa nada”.

“NO PASA NADA”

Tal vez no pasa nada porque se reúnen con funcionarios que después de mucha insistencia sólo cumplen con la formalidad de escuchar, pero no pueden tomar decisiones, no pueden investigar y mucho menos brindar soluciones. Cuesta mucho creer que en el círculo de poder del gobierno no sabían o no saben lo que está pasando en la frontera norte con el ganado. ¿Cómo un gobierno que lo controla todo no sabe de un contrabando de estas magnitudes?

CANICARNE ha seguido insistiendo y en un nuevo comunicado que titula Todos perdemos – Nos “recularon” 9 años, brinda gráficos sobre el masivo tráfico de reses y vuelve a dar la voz de alarma: “Si el contrabando de ganado continúa con la misma tendencia del primer semestre del 2015, las consecuencias serán éstas: Se llevarán 200 mil reses con un valor de 226 millones de dólares. Se perderán ingresos fiscales, para la seguridad social y las alcaldías por 12 millones de dólares. La economía dejará de percibir 46 millones de dólares. Y se perderán 2 mil empleos formales”.

GRANDES SILENCIOS
EN GRANDES TEMAS

La centralización de todas las decisiones y el secretismo, la falta de información que explique a la población lo que está pasando, lo que pasó y lo que puede pasar está plagada de ejemplos. Desde los hechos más grandes a los más pequeños.

Un hecho grande y reciente. Un medio brasileño reveló a inicios de agosto que en el escándalo multimillonario de corrupción que envuelve a la empresa estatal PETROBRAS están involucradas las empresas Eletrobras y Queiroz Galvão, responsables de ejecutar los proyectos hidroeléctricos de Inambari en Perú y Tumarín en Nicaragua, que fueron usados para lavar dinero con el que financiar la campaña electoral de la Presidenta Dilma Roussef y pagar sobornos a políticos brasileños.

Estas dos empresas crearon en Nicaragua, en sociedad con el gobierno de Ortega, la empresa Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), para recibir la concesión de Tumarín, un proyecto estrella del gobierno, anunciado en 2009 como el mayor de los construidos en Nicaragua hasta el momento. Fue hasta fines de 2014 que el gobierno otorgó a CHN el contrato, después de acordar cuánto costaría el megavatio producido por Tumarín.

Además de lo costosa que resultará para Nicaragua la energía producida por Tumarín, el ingeniero Fernando Bárcenas compartió con Envío en 2014 otras preocupaciones que despierta este proyecto: las exigencias que las empresas brasileñas tuvieron, los pri¬vilegios que el gobierno de Ortega les concedió una y otra vez, los proble¬mas que la sequía y el cambio climático representarán para una planta generadora diseñada para depender del ciclo hidrológico y construida “a filo de agua”…(Ver http://www.envio.org.ni/articulo/4971).

¿No sabía el gobierno de Nicaragua lo que había tras este proyecto? ¿Por qué ninguna explicación oficial ni el más mínimo comentario que permita entender qué ha pasado ahí y qué pasará ahora que se destapó la corrupción en Brasil? ¿Asumirá Albanisa el proyecto con los enormes costos previstos para el megavatio? ¿Será éste un nuevo y lucrativo negocio del consorcio?

SILENCIOS
EN OTROS TEMAS

Hechos menos grandes en relación a los recursos involucrados, son también objeto del habitual secretismo.

El edificio de la alcaldía de Nagarote quedó prácticamente en escombros el 21 de agosto cuando un cortocircuito hizo estallar una enorme cantidad de pólvora (cohetes y morteros sobrantes de las fiestas de la semana anterior) que “alguien”, irresponsablemente, decidió almacenar en un baño que se ocupaba como bodega. La explosión dejó a ocho personas con graves quemaduras, de las que tres murieron.

Fue hasta diez días después que el Cuerpo de Bomberos explicó los hechos, pero sin señalar a ningún responsable de almacenar la pólvora. ¿Esperan autorización “de arriba” para dar a conocer nombres, que ya deben ser conocidos extraoficialmente?

EL CANAL:
“SECRETO DE ESTADO”

El más grande de todos los “top secret” nicas es el Canal Interoceánico.
“The Wall Street Journal” se refirió recientemente a este proyecto, del que no se conoce ninguna información sustantiva desde diciembre de 2014, cuando se “inauguraron las obras del Canal”, obras que consistieron en ensanchar y aplanar siete kilómetros de un ca¬mino de tierra que conduce hacia la boca de Brito, donde la empresa HKND dice que hará un puerto de aguas profundas que daría entrada al Canal por el Pacífico.

Afirmando que “es difícil presentar un argumento económico a favor de un Canal en Nicaragua”, el diario estadounidense analiza números para demostrarlo. Y concluye: “Si HKND tiene proyecciones de ingresos que difieren de este análisis no las ha compartido. Ortega tampoco ha hablado mucho sobre la planeación del Canal. Y los nicaragüenses se quejan de que el proyecto entero es un gran secreto de Estado”.

EL DESGASTE
DE TANTOS SILENCIOS

En mayo de 2007, recién regresado al gobierno Daniel Ortega, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, en la que se venía trabajando desde hacía tiempo. La Ley establece la apertura informativa en las instituciones como un deber de los servidores públicos y el acceso a la información pública como un derecho humano y un derecho ciudadano.

El deber no se está cumpliendo. Desde 2007, desde hace ya casi ocho años, el principal servidor público, el Presidente de la República, nunca ha brindado una conferencia de prensa. Y, como recuerda Edmundo Jarquín, candidato a la Presidencia de la República (2006) y a la Vicepresidencia (2011), en todos estos años “ningún funcionario gubernamental ha aceptado nunca participar en debates técnicos sobre la economía”.

El derecho no se está respetando. Esta política de ocultamiento y de negación de la realidad, que no acepta que en Nicaragua hay rearmados con motivaciones políticas y les llama delincuentes, se emplea para quitar la vida a campesinos en operativos propios de tiempos de guerra. Esta política de corrupción de la palabra que ordena a las instituciones que no hablen de “violencia intrafamiliar”, sino de “desentendimiento en la familia” minimiza y esconde la tragedia que viven tantos hogares. Esta política de secre¬tis¬mo ha convertido a Nicaragua en el reino de los rumores y, por eso, en el reino de los temores.

Es ésta una política que está desgastando a la sociedad. También al gobierno. Y es con el lastre de ese desgaste, y en medio de cambios en el vecindario que Daniel Ortega prepara, desgastado, su tercera reelección.

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