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  Número 402 | Septiembre 2015
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Nicaragua

“La Policía Nacional se ha desnaturalizado para garantizar la seguridad del régimen”

Roberto Orozco, experto en seguridad ciudadana y narcotráfico, hizo un retrato de la Policía Nacional, analizando los factores que han contribuido a su desnaturalización, en una charla con Envío que transcribimos.

Roberto Orozco

De entrada quiero decirles que no soy portador de buenas noticias. Tal como van las cosas en nuestro país podemos esperar un recrudecimiento de la violencia política.

El país está hoy en un umbral muy peligroso y lo está esencialmente por la instrumentalización política que el régimen está haciendo de los órganos De seguridad y por el punto tan crítico al que han llegado las contradicciones internas del régimen.

Diariamente escuchamos que somos el país más seguro de Centroamérica. Realmente, no somos el más seguro, sino el menos violento. Con una tasa de 10-11 homicidios por cada 100 mil habitantes, tan lejana a la tasa que exhiben los países vecinos del Triángulo Norte, podemos vivir relativamente tranquilos. Pero esos índices no son producto únicamente del accionar de la Policía Nacional. Hay otros factores a tener en cuenta.

Uno de ellos, la masiva migración de nicaragüenses. La amplia diáspora de nicaragüenses en el segmento de jóvenes entre 18 y 25 años -edades en las que según las estadísticas se delinque más- contribuye a reducir las tensiones sociales. También las remesas que los migrantes envían a sus familias que quedaron en el país contribuyen a mejorar el nivel de vida de muchísima gente y eso también reduce significativamente la tensión social. Son factores que no han sido bien estudiados, pero que pesan. Y que nos indican que el menor nivel de violencia que existe en Nicaragua no se debe únicamente al accionar de la Policía.

Hay otro punto del que debemos partir. Si bien la violencia social en nuestro país es reducida y la Policía, sin duda, pone su granito de arena para que lo sea, lo que seguimos viendo y experimentando en Nicaragua es violencia política. Nuestra historia está plagada de violencia política. En el himno nacional decimos que ya “no se tiñe con sangre de hermanos el glorioso pendón bicolor”, pero la matanza entre hermanos nicaragüenses ha marcado nuestra historia. Y la sigue marcando. La sangre de hermanos se ha derramado en nuestro país fundamentalmente por factores políticos. Y por eso, en la medida en que se van cerrando los espacios políticos, en la medida en que se instrumentalizan políticamente los órganos de seguridad, en la medida en que los órganos de seguridad sirven a las ambiciones políticas de quienes ejercen el poder, se está creando un caldo de cultivo para que la violencia política resurja de nuevo con crudeza. Y ya lo estamos viendo.

Al hablar de la actual violencia política no basta con referirse a la polarización que ciertamente existe en nuestro país. Hay que hablar de otros factores que generan violencia, una violencia política y una violencia institucional. Los informes que las organizaciones de derechos humanos de Nicaragua envían al exterior, el informe de derechos humanos del Departamento de Estado y el de otros organismos internacionales ya señalan que en Nicaragua se está practicando nuevamente la tortura. Y en los medios de comunicación leemos y escuchamos testimonios de personas que han sido torturadas por los órganos de seguridad y, lo que es peor, ejecutadas o desaparecidas. No se trata de hechos aislados, de un oficial que se puso colérico y golpeó a un detenido. No, estamos viendo una práctica sistemática y esa práctica es resultado de la instrumentalización política que hace el régimen de los órganos de seguridad. Por otra parte, estamos viendo ya que la Policía también está teniendo víctimas en diversos puntos del país.

Desde esta introducción hagamos un retrato de la Policía Nacional. En 1979 la dirección del Frente Sandinista, entre otras buenas decisiones, generó una magnífica transformación institucional con el gran acierto que fue separar la seguridad pública de la defensa nacional. Separó al Ejército de la Policía. La Guardia Nacional era ambas cosas: era Ejército y era Policía. A partir de este cambio la Policía estuvo a cargo de la defensa de los ciudadanos garantizando la seguridad pública.

En los años 80 la Policía era una institución dependiente del Ministerio del Interior, del que también dependían la Seguridad del Estado, el Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección General de Bomberos, además de Migración y Extranjería.

En 1990, cuando se da el cambio de gobierno, el Ministerio del Interior se transforma en Ministerio de Gobernación. En esta transición, conviene recordar un dato que es importante para el “retrato”: muchos miembros de distintas dependencias del Ministerio del Interior, sobre todo de la Seguridad del Estado, pasaron a ocupar cargos en la Policía Nacional. Ninguno de éstos había sido policía-policía, como les llamamos a los de 1979 para diferenciarlos de los de 1990. Y hay que señalar otro dato, que también es importante: a partir de 1990 y hasta hoy, a excepción de René Vivas –un policía-policía y fundador de la Policía–, la institución policial nunca ha sido dirigida por policías-policías. Después de René Vivas fue director Fernando Caldera, que había sido antes jefe de orden interno en Chontales, delegado allí del Ministro del Interior Tomás Borge. Le siguió Edwin Cordero, que había sido jefe de orden interno en Chinandega-León y era en esa región representante de Tomás Borge. Después fue Franco Montealegre, que venía del Sistema Penitenciario Nacional. Y después llegó Aminta Granera, que venía de la secretaría ejecutiva del Ministerio del Interior y nunca había sido policía.

Hablar de policías-policías es referirse a quienes estudiaron, se capacitaron y entrenaron para ese oficio y fueron enviados al exterior para estudiar criminalística, dactiloscopia, investigación criminal… toda una serie de técnicas necesarias para crear una Policía capaz de garantizar la seguridad pública investigando científicamente los delitos.

Para entender los cambios institucionales y funcionales que han llevado a la Policía Nacional hasta donde ha llegado debemos trasladarnos al año 2007. Ese año, recién asumido Daniel Ortega el gobierno, la Policía Nacional desarrolló un proyecto de ley de reforma a la Ley de la Policía (Ley 228), en el que en esencia le proponían al Presidente Ortega separar a la Policía del Ministerio de Gobernación, que para entonces tenía varias direcciones: la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección General de Bomberos y la Dirección de Migración y Extranjería.

La Policía era una dirección igual que las demás y respondía directamente al Ministro de Gobernación, que actuaba como intermediario civil entre el Ejecutivo y la institución de la seguridad pública. En un sistema democrático era lo correcto. Sin embargo, la Policía se sentía menos en esa situación, no quería equipararse al resto de direcciones y aspiraba a ser un “ministerio” o una “secretaría” dependiente de la Presidencia de la República, atendida directamente por el Presidente de la República.

En 2007 el anteproyecto de ley para reformar la Ley 228 se sometió al Parlamento. Al conocerlo, los diputados opositores al Frente Sandinista lo cuestionaron seriamente. Expertos y diputados reaccionamos igual, muy críticos. Entre todos hicimos la fuerza y el anteproyecto de ley no pasó. Sin embargo, poco después Daniel Ortega reformó la Ley 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo y, de forma sutil, introdujo cambios en la Ley de la Policía. De hecho, logró suprimir la mediación del Ministro de Gobernación y pasar a atender directamente a la Policía Nacional. Éste es un primer antecedente que hay que tener en cuenta para entender lo que ocurre hoy.

Viendo los resultados actuales y analizando aquel primer cambio, pienso que más que una planificación consciente y programada, la jefatura de la Policía apostó con este anteproyecto de ley por el factor de oportunidad. La Policía se había sentido desatendida durante los tres gobiernos anteriores y quiso aprovechar la oportunidad política que representaba el regreso al gobierno de Daniel Ortega para implementar reformas en las que ya venían pensando. No las había planteado a los gobiernos anteriores porque sabía que tendría que hacer mucho cabildeo y negociar otros aspectos que no quería negociar. Además, la Ley de la Policía ya tenía veinte años sin haber sido reformada y algunas reformas técnicas y profesionales eran obviamente necesarias. Quisieron aprovechar la oportunidad de hacerlas y de lograr el cambio al que aspiraban.

En cualquier caso, desde 2007 inició la instrumentalización política de los órganos de seguridad por el régimen de Ortega. Y desde el comienzo, esa instrumentalización ha respondido a intereses mutuos. No es cierto que el Presidente Daniel Ortega con todo su poder cooptó a la “pobrecita” Policía Nacional hasta llevarla a una situación en la que, por ley, la institución quedó atrapada en una camisa de fuerza sin otro remedio que obedecer al Presidente. No, en esto hubo complicidad. O como dice un amigo mío, “se juntó el hambre con las ganas de comer”. Hubo un interés mutuo. La Policía tenía interés en crecer en importancia institucional, en capacidad técnica, en presencia, en presupuesto. Y a Ortega le interesaba tener una Policía a su servicio. Los intereses institucionales que tenía la Policía le facilitaron a Ortega cooptar la institución.

Coincidieron los intereses de la institución con los intereses del Presidente Ortega, que necesitaba granjearse la fidelidad absoluta de la institución policial para que le garantizara la seguridad de su régimen. El proceso de instrumentalización culminó en 2014, cuando se derogó totalmente la Ley 228 y se promulgó la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. Según la nueva ley la Policía sigue dependiendo nominalmente del Ministerio de Gobernación, pero funcionalmente ya no depende más que del Presidente de la República. Por la vía de hecho, el Ministro de Gobernación ya no cuenta y a quien se le cuadra la Jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, es a Daniel Ortega.

La Ley 872 creó también nuevas Direcciones en la Policía en ámbitos particularmente sensibles como Inteligencia y Contrainteligencia. Además, cambió el modelo de mando que existía previamente. Desde su cargo de Directora General, ya Granera no manda a tres Subdirectores y a un Inspector, como era antes de la reforma. Ahora existen 12 Comisionados Generales y 12 Subdirectores. La Policía se ha ido convirtiendo así en una superinstitución.

Javier López Lowery, fundador de la Policía en 1979 y quien fuera Subdirector General de la Policía y jefe del área investigativa, explicaba recientemente que ya la Policía no tiene un mando “piramidal” sino “rectangular”, que toda la Policía ya no obedece a un mando único con hegemonía vertical que toma decisiones, ejecuta e implementa políticas nacionales, porque lo que hay ahora son muchos mandos en muchas áreas y así el mando ha evolucionado hacia un mando horizontal. Según él, este cambio ha provocado una crisis de mando en la institución.

Lo que hemos visto es que, independientemente de que el proyecto de 2007 no pasó, en el transcurso del tiempo y con las reformas que se han venido haciendo, el proyecto inicial de la Policía se logró de hecho. Hoy son realmente un “ministerio” y funcionalmente asumen tareas que le corresponden a un Ministerio del Interior.

Yo sé que si los policías me oyeran me dirían que no, me sacarían la ley y me dirían que la normativa legal dice otra cosa. Pero sabemos que en la Policía pasa lo que pasa en todo: hay dos Nicaraguas, la formal y la real. En la real y concreta, lo que dice la ley es papel mojado y lo que se hace de hecho es otra cosa y es lo que de verdad cuenta. Es en esta realidad, la funcional, la de hecho, donde la Policía Nacional se ha convertido en el nuevo Ministerio del Interior que garantiza la seguridad del régimen, en el instrumento encargado de atender y neutralizar las amenazas
a la seguridad del régimen.

Como consecuencia directa de las reformas por la vía institucional y de los cambios por la vía funcional se logró suprimir definitivamente el espacio de autonomía funcional que gozó la Policía Nacional en gobiernos anteriores. Como jefe supremo, el Presidente Ortega alcanzó una fidelidad total y objetiva de la Policía Nacional y, al mismo tiempo, se granjeó la fidelidad subjetiva y directa tratando directamente con algunos oficiales de la institución, y otorgándoles prebendas, ascensos en grados y en cargos.

Con todos los cambios funcionales y por la vía de hecho se han creado, por así decir, dos Policías. O para ser más precisos: se le han encargado a la Policía Nacional dos tipos de funciones. Una, las de la seguridad pública: ordenar el tráfico, perseguir el delito, investigar, procesar y entregar a los tribunales de justicia… La otra función es garantizar la seguridad del régimen. Y para garantizarla se le han asignado las tareas que en los años 80 tuvo la Seguridad del Estado, con todo el mal recuerdo que esa institución dejó en nuestra reciente memoria histórica.

La Policía Nacional se encarga hoy de la seguridad del Estado… y hoy el Estado es Daniel Ortega. Es el ejercicio de esa función lo que está provocando violaciones a los derechos humanos, represión a los opositores, uso excesivo de la fuerza, capturas sin orden judicial, torturas en las cárceles, interrogatorios bajo tortura, ejecuciones sumarias aun cuando en Nicaragua no existe la pena de muerte…

Esa función es la que explica que en las manifestaciones contra el Canal Interoceánico haya policías de civil grabando y fotografiando para levantar información sobre los líderes, para crear expedientes, realizando trabajo de inteligencia… Desde el momento en que Daniel Ortega logró granjearse la fidelidad de la Policía para tener un instrumento que le garantice seguridad a su régimen, la Policía se encarga de neutralizar cualquier amenaza al régimen. ¿Y quién define las amenazas? La Policía. ¿Y cómo las va a neutralizar? Con las técnicas que ellos definen y que ya conocemos.

Los campesinos que están sobre la ruta del Canal van a ser expropiados y desplazados. Son unas 300 mil personas. El gobierno no ha presentado todavía un plan de contingencia social ni de contingencia productiva para el futuro de estas personas. ¿A dónde va a ir la población desplazada, qué crédito, qué garantías les van a ofrecer para que rehagan sus vidas en un lugar que no conocen? Los campesinos sienten temor, dicen que no se moverán, que prefieren luchar y morir por sus tierras. Tienen razón, están en su legítimo derecho, actúan en legítima defensa.

Ya ha habido 46 movilizaciones y habrá más. Pero esto ya se convirtió en una amenaza a la seguridad del régimen y, por eso, ya han empezado a darle tratamiento de seguridad del Estado a una lucha legítima, de derechos humanos elementales, porque está en juego el derecho a la vida y a la sostenibilidad de la vida, que para esa gente es su tierra. Es sólo un ejemplo de cómo se está mirando hoy la realidad desde los órganos de seguridad.

Los reclamos políticos y ciudadanos para que haya cambios en el sistema electoral son también legítimos y ya se están convirtiendo en una amenaza a la seguridad del régimen. Y vemos a policías haciendo labores de inteligencia en las marchas de la oposición. Es lo mismo que hacía la Oficina de Seguridad Nacional de la Guardia Nacional somocista, que levantaba expediente a todo ciudadano que creían podía convertirse en una amenaza al régimen.

Ahora, cualquier líder de barrio, cualquier líder comunitario o de base tendrá su expediente en los actuales órganos de seguridad, que se apoyan en el tendido territorial que son los CPC, ahora Gabinetes de la Familia. Saben quién es opositor en cada cuadra, en cada calle, saben por quién va a votar cada quién, saben quién apoya al gobierno, saben a quién darle o no láminas de zinc… Ellos son quienes tienen “rayado el cuadro” en la base y realizan funciones similares a las que realizaban los CDS (Comités de Defensa Sandinista) en los años 80. Ejercen el control social
a nivel de barrio, recopilan información, identifican amenazas en el vecindario e informan.

El problema que estamos enfrentando es que toda reivindicación política o social se está convirtiendo en amenaza al régimen, y, con la mentalidad que le han generado las nuevas tareas de seguridad, la Policía lo ve todo como amenaza al régimen y buscará cualquier pretexto, inventará cualquier absurdo, para quedar bien con el jefe del régimen. Y es esto lo que provoca un empleo excesivo de la fuerza y también la corrupción que viene incrementándose en la institución.

La Policía Nacional está garantizando hoy la seguridad del Orteguismo y de sus planes, no sólo de sus planes políticos, también de sus planes económicos. Para nadie es ya un secreto que Daniel Ortega se ha convertido en uno de los hombres más ricos de Nicaragua.

Los planes económicos del régimen también requieren de la Policía Nacional. En 1990, con el cambio de gobierno, se dieron las leyes de la piñata y muchos ex-militares formaron cooperativas en tierras del Estado que recibieron con títulos de reforma agraria. Muchos se asentaron en tierras cercanas a las playas más paradisíacas de Nicaragua en el departamento de Rivas.

La cooperativa Gaspar García Laviana tiene allí unas 2,500 manzanas. Muchos de esos cooperados combatieron con Edén Pastora resistiendo en esa misma zona los embates de la Guardia de Somoza. Son combatientes históricos, gente que después pasó diez años en la guerra de los años 80. Allí el Frente Sandinista ha ganado las elecciones con el cien por ciento de los votos. Pues hoy, a pesar de toda esa trayectoria, el régimen les está quitando las tierras valiéndose de las instituciones del Estado, de testaferros y de los órganos de seguridad. Y así ha pasado con las tierras de Amarillo, con las tierras de Wiscoyol, con las de El Naranjo…

Esas tierras parecen ser hoy el activo con el cual se espera negociar acciones en los megaproyectos que se piensan hacer en el corredor turístico de Brito al amparo de la ley canalera. Les están quitando las tierras a sus hermanos sandinistas, que es gente que sabe pelear… Hay ahí un caldo de cultivo que puede generar violencia.

Las dos consecuencias de todo este proceso y de este modelo son la desnaturalización y la deslegitimación social de la Policía Nacional.

La Policía ha sido desnaturalizada en sus funciones porque, de ser un cuerpo de seguridad pública, se ha convertido en un cuerpo de seguridad del régimen para reprimir por razones políticas. En todo caso, si querían esto debieron haber creado otra entidad, una Policía secreta digámosle así, para que garantizara la seguridad del régimen haciendo el trabajo sucio, y así no embarraban a la Policía.

La segunda consecuencia de este proceso es la deslegitimación social de la Policía Nacional. Buena parte de la población nicaragüense ya no se siente segura con esta Policía, se siente temerosa de su actuar porque lo ve sesgado.

La Ley 872 establece los valores que debe tener la actuación de la Policía. En el numeral 1 del artículo 6 leemos que la Policía Nacional debe actuar “con absoluta neutralidad e imparcialidad, sin discriminación alguna, con total decisión, dedicación y sin demora”. En la Nicaragua formal, y siguiendo estos principios, tendríamos una Policía con una legitimidad social del cien por ciento. Pero en la Nicaragua real no es así y ya gran parte de la población nicaragüense se siente amenazada cuando ve acercarse a un policía.

Lo peor que le pudo pasar a la Policía Nacional fue que se juntaran sus intereses institucionales con los intereses de Ortega, que se juntara el hambre con las ganas de comer y provocaran el fenómeno que hoy estamos viendo, el grave problema en el que hoy estamos. Hasta hace muy poco teníamos la mejor policía de Centroamérica. Ya no es así. ¿Quién desnaturalizó a la Policía? Ambos: el Presidente y la institución con toda su jefatura nacional, con plena conciencia de que están garantizando la seguridad a un régimen dictatorial. Hoy, toda la cúpula de la Policía está
en manos de oficiales de la entera confianza política del Presidente.

Con todos estos cambios funcionales la Policía Nacional ha venido actuando sesgadamente y, por tanto, provocando violación de los derechos humanos. Y hay otro grave problema: la Policía Nacional se ha convertido en un reflejo de las contradicciones internas que existen actualmente en el régimen. Hay altos oficiales que obedecen ciegamente los lineamientos políticos partidarios. Y hay otros oficiales que están en desacuerdo y reclaman profesionalismo. Son los policías que nacieron con la Policía en 1979, que quieren a la institución, que le dieron su juventud a la institución.

Hay actualmente dos posiciones encontradas que luchan y que reflejan las pugnas internas que se han enconado en el partido de gobierno, porque buena parte de los combatientes históricos del Frente Sandinista, los que llaman “la vieja guardia”, han sido apartados y han sido sustituidos por la Juventud Sandinista de ahora, por quienes han trastocado tanto el Frente Sandinista que lo ha hecho desaparecer.

No deben verse estas tensiones como una pugna entre “buenos” y “malos”. Son las tensiones que provocan quienes tienen hoy el control de la institución policial. En 1990, cuando todos esos oficiales del Ministerio del Interior “asaltaron” la Policía Nacional y fueron puestos en cargos de dirección aun sin tener experiencia policial, lo que se buscaba era que el Frente Sandinista no perdiera el control de las instituciones armadas.

No hay que perder de vista que el Frente Sandinista perdió las elecciones en 1990 pero jamás perdió el control de la Policía y del Ejército. Y aunque desde 1990 se hicieron esfuerzos para profesionalizar ambas instituciones y mucho se logró en este sentido, también la profesionalización fue una fachada. En el libro “La transición difícil”, que escribió Antonio Lacayo, quien fuera Ministro de la Presidencia desde 1990 hasta 1996, él narra un hecho crucial.

En 1990, Lacayo presidió la Comisión de Transición por la UNO y Humberto Ortega la Comisión de Transición por el Frente Sandinista. Cuando se dio la primera reunión entre ambas comisiones, Humberto Ortega puso los puntos sobre las íes: “Aquí podemos negociar cualquier cosa, menos la Policía y el Ejército”. Y eso está escrito y lo sabemos: el Frente jamás perdió el control de las instituciones armadas. Y si mantuvo el poder de las armas, tuvo siempre el poder real. Siempre.

Tengo un amigo que en un escrito habla de “ángeles y demonios” para identificar a los policías-policías y a quienes se integraron a la Policía viniendo de otras dependencias del Ministerio del Interior, fundamentalmente de la Seguridad del Estado.

¿Quiénes tienen hoy el control institucional de la Policía? Los “demonios”, los agentes que se integraron a la Policía a partir de 1990. En direcciones intermedias de la Policía ha habido y hay policías-policías, pero no es ahí en donde se ejerce el control.

La violencia política está ganando terreno en el país. En la Nicaragua rural la situación se está agravando. En la Nicaragua rural se están cometiendo las peores violaciones de los derechos humanos, tanto por parte del Ejército como por parte de la Policía.

¿No recuerda este régimen o se siente tan todopoderoso que no se da cuenta de que se puede repetir la historia? Cuando la Revolución empezó a cometer violaciones de derechos humanos en las zonas rurales vimos cómo se fortaleció la Contra.

Aunque no es fácil conocer de primera mano todo lo que está pasando en la Nicaragua rural y en Managua nos venden versiones tergiversadas de apenas algunos hechos, la situación está empeorando y podríamos ver una revuelta campesina seria, un movimiento armado con énfasis político, dada la violencia que se viene incubando en varias zonas del país.

La lógica y el método analítico me indican que podríamos ver conspiraciones con resultados fatídicos y con resultados menos impactantes y más silenciosos: intimidación, amenazas, chantajes, capturas, apresamientos, acusaciones políticas sin fundamentos jurídicos… Métodos que ellos llaman de “profilaxis”, acciones que tienen como objetivo prevenir escenarios.

Y ante estos escenarios estamos indefensos porque, a la par de la instrumentalización política de la Policía, se ha dado lo que yo llamo la “policialización” de la Fiscalía. Hoy, la Fiscalía, el Ministerio Público, ha perdido toda autonomía funcional al convertirse en el brazo jurídico de la Policía y tiene al frente a dos ex-policías que, por ley, todavía recibirían salarios y beneficios de la Policía Nacional.

También la Fiscalía se ha desnaturalizado. Ya no responde a la ciudadanía ni representa a las víctimas. Nunca se vio tan claramente esto como en el show procesal penal que organizó la Fiscalía para dar por cerrado el crimen de Las Jagüitas.

El resultado es la indefensión de las víctimas, la protección jurídica de los victimarios y una impunidad galopante. Ése es otro aspecto del Estado policíaco en el que hoy vivimos. Eso también genera violencia política. Eso también es una muy mala noticia.

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