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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 402 | Septiembre 2015
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Guatemala

¿Primavera chapina? Algunas claves para entenderla

Desde abril hasta septiembre asistimos a situaciones inéditas en el escenario guatemalteco. A este conjunto continuo de sorpresas, momentos históricos y novedades le han llamado “primavera chapina”. Hay muchas y hasta contradictorias claves para entender lo que ha pasado. Y lo que podría seguir ocurriendo. He aquí algunas.

Juan Hernández Pico, SJ

La crisis política que ha vivido Guatemala en estos meses ha sido interpretada por varios analistas como el fin del proyecto instaurado en 1954 con el derrocamiento del Presidente Jacobo Arbenz. Es una hipótesis muy plausible que sólo corroborarán acontecimientos futuros. Por de pronto, la presencia de un hombre del 54, Alejandro Maldonado Aguirre en la Presidencia de la República, genera inquietudes.

ALA CRISIS DE 1954 Y LA DE HOY:
EN QUÉ SE PARECEN


El contexto actual es muy diferente al de 1954. Pero hay algo que los unifica: los intereses de Estados Unidos. En 1954, ni el Presidente Eisenhower ni su Secretario de Estado John Foster Dulles y su director de la CIA, Allen Dulles, podían permitir un gobierno independiente en su “patio trasero”. En aquellos años, el embajador John E. Peurifoy trabajó abierta y clandestinamente para apoyar los intereses de la oligarquía y los de la United Fruit, cuyos abogados habían sido los hermanos Dulles. El decreto de reforma agraria del gobierno de Arbenz en 1952 expropió tierras, tanto de los terratenientes como de la United Fruit. Le “tocó los huevos al tigre” y el tigre dio un zarpazo mortal. Dos aviones de la CIA sobrevolaron la capital y la aterrorizaron. Unos centenares de exiliados dirigidos por el Coronel Castillo Armas cruzaron la frontera desde Honduras, malamente armados por Somoza García y la mayoría de los altos oficiales del Ejército de Guatemala decidieron permanecer en sus cuarteles traicionando así al gobierno legítimo de Arbenz, quien salió al exilio.

SESENTA AÑOS
DE AUTORITARISMO


En 1954 comenzaron 60 años de gobiernos autoritarios, de una sociedad oligárquico-militar que aprendió en la Escuela de las Américas de Panamá y en Fort Benning a imponerse y a quebrantar los derechos humanos con golpes de estado y fraudes electorales, empleando la desaparición forzada, la prisión y la tortura, la tierra arrasada y hasta el genocidio para atajar cualquier brote de rebeldía o reclamo de justicia social.

Los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin a 36 años de intermitente rebeldía cívica y revolución armada y dejaron más de 200 mil víctimas, nos parecieron lo más semejante a un moderno Plan de Nación. Fueron firmados y traicionados durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), uno de sus firmantes. En su gobierno, Otto Pérez Molina, con Antonio Arenales desde la Secretaría por la Paz, trabajó sin vergüenza alguna por desmantelarlos.

EL DESAFÍO DE LOS MILITARES
A LOS EMPRESARIOS


En 1970 llegó a la Presidencia el General Carlos Arana Osorio, quien lideró la campaña sangrienta que derrotó a la primera guerrilla, las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).

Arana gobernó con frecuentes períodos de estado de sitio y estado de excepción y con asesinatos estratégicos de líderes democráticos. Su Ministro de Gobernación, Roberto Herrera Ibargüen, pertenecía a una prominente familia terrateniente dedicada a la agroindustria azucarera. También era miembro del “partido de la violencia organizada”, como lo llamó su fundador Mario Sandoval Alarcón, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), al que perteneció el hoy Presidente Alejandro Maldonado.

Arana se apoyó en la oligarquía y también la desafió. En 1971 fundó el Banco del Ejército para tener una fuente de financiamiento autónoma y consolidar una corporación, el Instituto de Previsión Militar, que asegurara de por vida a los militares. También intentó entrar en el negocio del cemento exigiendo de la familia Novella (Cementos Progreso) una participación que le fue negada. En este tira y afloja fue secuestrada una hija de esta familia como medio de presión. Ante la resistencia de la familia cementera, la secuestrada fue liberada y esto apaciguó la ambición de Arana, quien apuntó en otra dirección: la apertura de la carretera transversal del Norte y la ocupación de extensos latifundios en regiones, también petroleras, que la bordean, tanto en Alta Verapaz como en el Petén, que acabaron en manos militares.

Ya ex-Presidente, Arana fundó un partido que representara los intereses militares, la Central Auténtica Nacionalista (CAN), a veces aliada al MLN, y otras veces disputándole el electorado de ultraderecha. Desde esta época, los desafíos económicos y políticos de los militares a la oligarquía quedaron planteados.

LOS PODERES EMERGENTES


El desafío económico del Ejército a la oligarquía estuvo acompañado, antes y después, por el de grupos económicos emergentes que se fueron instalando, a través de personeros propios o de testaferros, en el Congreso y en no pocas alcaldías.

Empresarios del área de servicios, empresarios del contrabando, políticos en cargos públicos de partidos efímeros que se pasan el relevo en el Ejecutivo, en el Legislativo y en los tribunales de justicia, con dinero público mal habido y sobornos por aprobar determinadas leyes, empezaron a desafiar el poder de la oligarquía.

Miembros igualmente corruptos del gremio de los abogados, empresarios de tráficos ilegales (droga, armas, personas…) han venido desafiando también el poder de la oligarquía tradicional lavando dinero, aprovechando así la codicia de los banqueros del país. Todos componen una nueva élite emergente.

EL RÍO DE LOS MIGRANTES


Por Guatemala circula también un caudaloso río de migrantes, que desde Honduras y El Salvador se engrosa diariamente con los que huyen de Guatemala buscando todos una vida distinta de la que se les ofrece en estos países.

Las remesas de los migrantes, equivalentes a un importante pedazo del presupuesto del Estado, contribuyendo a mejorar la suerte de indígenas y ladinos pobres, han ido creando también una clase media autónoma de la oligarquía

LA OLIGARQUÍA ANTE UN ESTADO CON DOS CARAS


La oligarquía está acostumbrada a ser siempre ganadora. El Estado ha defendido sus negocios con sus medios coercitivos (Ejército, Policía…) y la ha apoyado fiscalmente.

La carga tributaria en Guatemala es la más baja del continente: 8-10% del PIB. Nunca ha llegado siquiera al 12%, meta pactada en los Acuerdos de Paz. El Estado, que ha pasado a manos de los grupos emergentes,
se ha ido convirtiendo para la oligarquía en un ente de dos caras. Con una cara, permisivo con exenciones de impuestos. Con otra, competidor, como corrupto autónomo y polo de atracción para el asentamiento en el país
del crimen organizado, que también compite con la oligarquía.

EL PAPEL DEL CACIF


En esta crisis del Estado la oligarquía ha visto una gran ventana de oportunidad. Si los partidos políticos, en donde se cobijan muchas élites emergentes competitivas, quedan abrumados por los escándalos de corrupción en las aduanas, en el Seguro Social, en el Ministerio de Gobernación, en el de Salud... pueden ellos levantar la bandera de una práctica económica honesta que brinda empleo a la clase popular. Sobre todo, pueden mantener en un digno olvido la enorme responsabilidad de no contribuir, con impuestos correspondientes a sus grandes ganancias, a fortalecer la capacidad de inversión pública del Estado y a la creación de un Estado nuevo, honesto y eficaz. Durante la actual crisis, la representación pública de la oligarquía, el CACIF (Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), ha intentado subirse al caballo de las manifestaciones públicas, sobre todo urbanas y principalmente capitalinas, mientras que el club dirigente de esa oligarquía, más presente en la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), ha preferido el mismo perfil bajo de siempre y está abierto a algunos pocos miembros nuevos, siempre de corte empresarial, pero con imaginación creadora y con amor al pueblo guatemalteco. Sin embargo ninguno de ellos cambia la dirección mayoritaria del CACIF.

LOS INTERESES
DE ESTADOS UNIDOS


Es aquí donde surgen semejanzas con la situación de Guatemala en 1954 en cuanto a los intereses de Estados Unidos, que ha designado la frontera Guatemala-México como su frontera sur. Y quiere implementar una política que detenga el flujo de migrantes no mexicanos y el narcotráfico. Países pobres y violentos al sur de México, con empresarios tradicionales, para nada partidarios de un país algo más igualitario, acostumbrados a una contribución tributaria tan baja y al lavado de dinero en sus centros financieros, con mafias empresariales emergentes y gobiernos corruptos,
no favorecen esa política.

Puede Estados Unidos apuntar al corazón de las mafias narcotraficantes, como parece mostrarlo el juicio en Miami de “la Reina del Sur” guatemalteca y los pactos del gobierno hondureño con la DEA y capos de las mafias narcotraficantes hondureñas. Pero no puede mantener fronteras seguras contra masas migrantes sin gobiernos relativamente honestos y sociedades más prósperas. De ahí, la iniciativa estadounidense “Alianza para la Prosperidad”. Pero, para enviar a Guatemala, Honduras y El Salvador 1mil millones de dólares al año durante cinco años es preciso asegurar que no se envíen a fondo perdido, a fondo corrupto.

EL PAPEL DEL EMBAJADOR
TODD ROBINSON


De ahí la llegada a Guatemala a mitad de septiembre de 2014 de Todd Robinson, un embajador estadounidense atípico: pequeño, afroamericano, con varios cargos en el servicio exterior y también Subsecretario Adjunto de la DEA.

Robinson le ha leído “la cartilla” al club oligárquico, diciéndoles, según observadores analíticos bien enterados, que es hora de pagar impuestos justos al Estado, que deben invertir en Guatemala y que un país no se construye con la extrema desigualdad que actualmente existe en Guatemala.

Al mismo tiempo ha apoyado enfáticamente el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una instancia solicitada a la ONU por el gobierno de Óscar Berger en 2007. En primera votación, el Congreso no respaldó la solicitud. Pero después de que el Vicepresidente de la República Eduardo Stein se refiriera al Congreso como una “gusanera”, el entonces candidato presidencial Álvaro Colom consiguió que los diputados de su partido, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), revirtieran el voto negativo del Congreso, que terminó aprobando la llegada
de la CICIG a Guatemala.

EL FACTOR CICIG


Desde 2008 la CICIG ha sido dirigida por tres Comisionados: el juez español Carlos Castresana (2008-2010), el juez costarricense Francisco Dall’Anese (2010-2013) y el magistrado colombiano Iván Velásquez, en ejercicio
desde 2013.

La CICIG es una Comisión investigadora. No puede llevar a juicio a ninguna persona o estructura si no es en cooperación con la Fiscalía General de la República, cuya dirección la nombra el Presidente de la República.

Castresana renunció después del vacío que se le hizo en el país tras haberse expresado muy críticamente de las autoridades guatemaltecas.

LA FISCALÍA


La Fiscal General, Claudia Paz y Paz (2010-2014), primera mujer en ejercer la dirección del Ministerio Público en Guatemala, realizó un trabajo sorprendentemente eficaz e independiente, tanto del Presidente Colom como de su sucesor Otto Pérez Molina, pero recibió poca ayuda del Comisionado de la CICIG, Dall’Anese.

Su período de cuatro años fue recortado a tres y medio por la Corte de Constitucionalidad, que decretó que no se tenían que contar los cuatro años desde el comienzo de sus funciones, sino desde la fecha en que había sido elegido su predecesor destituido.

Candidata a la reelección, Claudia Paz y Paz fue retirada de la lista de candidaturas finales por manejos turbios en las Comisiones de Postulación, a pesar de tener la mejor hoja de servicios.

Su retiro -se dijo- se debió a la intención de evitarle al Presidente Pérez Molina el trago de no elegirla, a pesar de sus méritos. El Presidente nombró, en cambio, a la abogada, notaria y Maestra en Derecho Procesal Penal,
Thelma Aldana, a quien el Congreso había elegido en 2010 como magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

EL FACTOR FISCALÍA


Ha sido una sorpresa que la Fiscal General Aldana, de quien el Presidente esperaba que protegiera sus intereses, aceptara cooperar con las investigaciones realizadas por la CICIG. Desde el principio de su actuación quedó de manifiesto que mantenía en el cargo y apoyaba a los fiscales encargados de los departamentos más delicados del Ministerio Público.

Todo nos indica que Iván Velásquez por la CICIG y Thelma Aldana por la Fiscalía han cooperado como una buena mancuerna. El embajador Todd Robinson ha manifestado una y otra vez su apoyo pleno, tanto a la CICIG como a la Fiscal, tanto al Comisionado Velázquez como a la Fiscal Aldana.

Es imprescindible anotar que el gobierno de Estados Unidos es uno de los principales financistas a la hora de pagar a la ONU por el trabajo de la CICIG en Guatemala.

16 DE ABRIL:
LA DEFRAUDACIÓN DE “LA LÍNEA”


El 16 de abril la CICIG dio a conocer los resultados de investigaciones que descubrían una enorme defraudación aduanera ejecutada por una organización llamada “La Línea”, en la que aparecía implicado el capitán retirado Juan Carlos Monzón, secretario privado de la Vicepresidenta Roxana Baldetti y poco después, la misma Baldetti.

Desde ese momento, el embajador Robinson expresó públicamente su opinión: la Corte Suprema de Justicia debía comenzar el proceso para recomendar el retiro de la inmunidad a Baldetti. A pesar de haber sido electos los magistrados de la Corte por el Congreso, en un claro contubernio entre diputados del partido Patriota (PP), de Pérez Molina y de Baldetti, con el partido LIDER de Manuel Baldizón, la Corte decidió que había méritos para retirarle la inmunidad y lo comunicó así al Congreso, que nombró una Comisión Pesquisidora, que dictaminó que había méritos.

El Congreso retiró la inmunidad a la Vicepresidenta, que fue depuesta de su cargo y entregada a la Justicia. El 3 de septiembre Baldetti ingresó en un espacio administrativo de la cárcel de mujeres Santa Teresa.

CAMBIAR LA LEY ELECTORAL
Y DE PARTIDOS


El embajador Robinson hasta llegó a hacerse presente en el edificio mismo del Congreso exhortando a varios congresistas de diversos partidos para que trabajaran rápidamente la propuesta de la nueva Ley Electoral
y de Partidos Políticos (LEPP), que les presentó el Tribunal Supremo Electoral hace ya tres meses.

El proyecto de ley establece varios cambios importantes. Entre otros, que se controle el financiamiento de los partidos y se haga preferencialmente con fondos del Estado. Que se prohíba el transfuguismo de los diputados que pasan de partido en partido. Que los diputados puedan ser reelectos sólo una vez. Que el voto nulo tenga valor de voto y si hay un determinado número de votos nulos o en blanco la elección no sea válida…

CONGRESO NACIONAL:
OÍDOS SORDOS


El Congreso, en manos de representantes del Partido Patriota de Pérez Molina y del partido LIDER del candidato Baldizón, ha cooptado el proceso de la nueva ley sin llegar nunca a aprobarla. Mucho menos ha respondido a las voces ciudadanas que en las manifestaciones exigían que la ley se aprobara para estar ya en vigencia en estas elecciones.

Tampoco oyeron las voces de la ciudadanía exigiendo que la Corte de Constitucionalidad declarara ilegítima la convocatoria de las elecciones del 6 de septiembre por dos razones. Por haber sido convocadas permitiendo, ilegalmente, la propaganda de varios partidos antes de la convocatoria. Y por haber sobrepasado varios partidos el límite de financiamiento permitido según sus resultados en elecciones anteriores.

Puede afirmarse, entonces, que el Congreso resistió la presión del embajador Robinson. Una resistencia natural, porque muchos congresistas se estaban jugando su “carrera”. Más de 120 de los 158 que integran el Legislativo se presentaban el 6 de septiembre como candidatos a la reelección y si hubieran contribuido a quitar valor a las elecciones se estarían atando la soga a sus propios cuellos.

No pocos están siendo ya vinculados a actos de corrupción. Sin la inmunidad parlamentaria podrían acabar en los juzgados y en la cárcel.

ROBINSON
TIENE QUE RETROCEDER


La influencia del embajador Robinson
no pudo derribar la muralla del Congreso y el gobierno de Estados Unidos no consideró posible o necesario pasar por encima de la legalidad del Estado. Parece ser que después del enjuiciamiento de Baldetti, la prioridad del embajador era exigir también el enjuiciamiento de Pérez Molina. Pero, importantes análisis muestran que el Departamento de Estado temió que se desencadenaran acontecimientos incontrolables en el caso y Robinson se sometió a la política de sus superiores en Washington.

QUIÉN ES ALEJANDRO MALDONADO


En un momento todavía inicial de la crisis, el Congreso, desechando la terna propuesta por Pérez Molina para sustituir a Roxana Baldetti, eligió como Vicepresidente a Alejandro Maldonado, 79 años, conservador hasta el tuétano, por no decir reaccionario.

Recordemos algunos hitos fundamentales de su vida. Participó en la ruptura de la Década Democrático-Revolucionaria en 1954 cuando tenía 18 años y se afilió al recién creado MLN. En 1970 fue Ministro de Educación con el Presidente Arana. En 1995 fue brevemente Ministro de Relaciones Exteriores. Desde 2011 fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad y, con Roberto Molina y Héctor Hugo Pérez Aguilera han constituido una mayoría conservadora de 3 contra 2, responsable, entre otras acciones, de anular la sentencia de 80 años por genocidio contra Efraín Ríos Montt.

17 DE JULIO:
LA CICIG SEÑALA A PARTIDOS


El 17 de julio la CICIG dio a conocer un exhaustivo documento que desnudaba la modalidad corrupta en el financiamiento de los partidos políticos, no pocas veces por el crimen organizado. Aun así, la mayoría de los diputados mantuvo su posición de imprimir un ritmo lentísimo a la discusión del proyecto de la nueva LEPP. La CICIG respondió pidiendo un antejuicio para cuatro diputados del Partido Patriota de Pérez Molina, todos caciques departamentales de la organización partidaria.

El más significativo de los señalados fue Edgar Barquín, ex-presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria (2010-2014) y candidato a la Vicepresidencia de la República por LIDER. También pidió antejuicio la CICIG para los diputados de LIDER Manuel Barquín, hermano de Edgar, y para Jaime Martínez Loayza, acusados de lavado de dinero para financiar partidos políticos por no menos de 937 millones de quetzales.

25 AGOSTO: LA CICIG
PRESENTA GRABACIONES


El 25 de agosto, Iván Velásquez y Thelma Aldana, hicieron públicas llamadas telefónicas intervenidas que vinculaban a Pérez Molina como principal eslabón de la cadena en la organización “La Línea”.

En las grabaciones se escuchaba a varios hablando del “mero mero”, del “dueño de la finca”, del “presidente”… Pérez Molina se defendió aduciendo que su nombre nunca aparece. Sin embargo, el Comisionado de la CICIG hizo pública una grabación telefónica entre el Presidente y uno de los dos directores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, ya en prisión y esperando juicio, donde le pide insistentemente que cambie a un empleado determinado para que los asuntos fluyan mejor.

Pérez Molina minó su propia posición al alegar, en forma desafiante, que sólo se estaba hablando de los que reciben y no de los que pagan: “No hay una línea, son dos, y hasta ahora sólo ha aparecido la que recibe y no la que paga, enraizada en el sector empresarial”, dijo para defenderse. ¿Quiso decir que reconocía su implicación y jugaba a amenazar con descubrir a la otra “línea”, la que acepta el soborno para eludir o rebajar los impuestos de los contenedores que cruzan las aduanas con mercancías para la empresa privada?

LA CICIG SE DESMARCA
DE WASHINGTON


Cuando el Comisionado Iván Velásquez pidió el 25 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que dictaminara si el Congreso debía formar una Comisión Pesquisidora para decidir si el pleno debía votar el retiro de la inmunidad del Presidente, también el embajador Robinson, a pesar de haber apoyado la permanencia de Pérez Molina, en obediencia al Departamento de Estado, se apresuró a motivar al Congreso para que actuaran con la celeridad debida.

La Comisión Pesquisidora fue nombrada el jueves 27, integrada por dos diputados de LIDER y dos del Partido Patriota además de Nineth Montenegro, líder del Partido Encuentro por Guatemala.

Montenegro llegó temprano el viernes 28 al Congreso afirmando que no se retiraría de allí hasta que el presidente de la Pesquisidora la convocara. Ese mismo día la Comisión decidió por unanimidad retirar la inmunidad al Presidente y el 1 de septiembre los 132 diputados presentes en la sesión legislativa votaron a favor del retiro de la inmunidad. 22 diputados de LIDER y otros 4 no asistieron.

MOMENTOS HISTÓRICOS
CON DOBLE AMBIVALENCIA


Así, Otto Pérez Molina se convirtió en un ciudadano expuesto a juicio. Casi inmediatamente el juez Miguel Ángel Gálvez dictó orden de arraigo, para impedir que se fugara del país. Y al mismo tiempo, la Corte de Constitucionalidad votó unánimemente por denegar los dos amparos presentados por el abogado de Pérez Molina. La Fiscal Aldana aseguró
que en la primera audiencia pediría que fuera encarcelado.

Fueron momentos históricos, sin precedentes. Y a la vez, es generalizada la conciencia de que la decisión fue tomada por un Congreso envuelto en la misma corrupción que envuelve a Pérez Molina, a excepción de diputadas y diputados honestos del estilo de Nineth Montenegro. Y a la vez, también es generalizada la conciencia de que fue una decisión presionada por el embajador de Estados Unidos. De ahí su doble ambivalencia.

MILITARES EN EL CONTROL
DE LAS ADUANAS


No puede afirmarse que la acusación contra Pérez Molina no sea verosímil. Es conocido que la administración de aduanas ha sido tradicionalmente dirigida por Directores-Coroneles. Siempre se ha hablado que en el Ministerio de Finanzas altos jefes militares organizaron al final de los años 70 una estructura, a la vez de “inteligencia” y de enriquecimiento. Los nombres de los Generales Callejas y Ortega Menaldo, supuesto directivos de “la Cofradía” estuvieron sucesivamente vinculados a esa estructura. También lo estuvo el General Otto Pérez Molina, aunque pertenecía a una corriente rival, “el Sindicato”. Pérez Molina llegó a ser jefe del D2 (o G2) del Ejército, encargado de “inteligencia”.

El ex-presidente Jorge Serrano Elías, depuesto por la Corte de Constitucionalidad en 1993 después que fracasó su imitación del “fujimorazo” peruano y fue al exilio junto con su cómplice, el Vicepresidente Espina, declara hoy a la prensa internacional que él no habría podido ser depuesto sin la intervención del Ejército y, en concreto, sin la intervención de Pérez Molina, a quien acusa de haber sido ya desde entonces cerebro de una operación para dominar las aduanas.

3 DE SEPTIEMBRE:
“TITO” ANTE EL JUEZ


Cuando el 2 de septiembre en la tarde la Corte de Constitucionalidad no admitió los dos amparos introducidos por su abogado, Pérez Molina perdió su última carta. Alrededor de las 7 de la tarde firmó la carta de renuncia a la Presidencia. Su portavoz personal la envió esa misma noche al Congreso y Pérez Molina se puso a disposición del Juez Gálvez.

El día 3 compareció ante el juez acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude aduanero. El juez dictó prisión provisional en el cuartel Matamoros de la capital. Su llegada, escoltado por un cuerpo especial de la Policía al Palacio de los Tribunales, fue recibida por un grupo numeroso de ciudadanas y ciudadanos que expresaban su júbilo y mostraban su repudio al “Comandante Tito, genocida”, Tito fue el alias de Pérez Molina durante el conflicto armado. Resonó así el breve momento del juicio contra Ríos Montt hace dos años, cuando “Tito” fue señalado como participante en el genocidio contra más de tres mil indígenas ixiles, mientras era jefe de kaibiles en Nebaj.

EL FACTOR
DE LAS MANIFESTACIONES


Desde el sábado 25 de abril, cuando unas 30 mil personas se reunieron en la Plaza de la Constitución de la capital reclamando la renuncia de la Vicepresidenta Baldetti, nunca cesaron las movilizaciones ciudadanas. Conseguida la renuncia de Baldetti, exigían la renuncia del Presidente. “Justicia ya”, “Renuncia ya”, “Otto ladrón, a Pavón” (cárcel de máxima seguridad), “Otto, yo te despido”, “Presidente delincuente”…

Siguieron semanas de convocatorias ciudadanas. Sin esa participación popular, primero capitalina, después también en no pocas cabeceras departamentales y después con bloqueos de carreteras organizados por distintos grupos rurales y urbanos del interior, nunca se habría podido acorralar a las altas autoridades acusadas de corrupción.

El 25 de mayo ya fueron alrededor de 70 mil las personas que se movilizaron. Y por primera vez en el país, vimos el despertar de juventudes universitarias de universidades tan diferentes como la nacional Universidad de San Carlos (USAC), la Universidad Rafael Landívar (URL) dirigida por la Compañía de Jesús, y la Universidad del Valle. Incluso, la Universidad Francisco Marroquín, fundada y financiada por la oligarquía también se incorporó. Con altibajos,la movilización ciudadana se mantuvo durante unas 20 semanas.

CACIF: ¡RENUNCIE!


La publicación de las llamadas telefónicas que implicaban a Pérez Molina en “La Línea” incrementó el número de manifestantes y se convocó a un paro nacional para el 27 de agosto.

Pararon las universidades, centenares de colegios y escuelas, muchos de los negocios y empresas de la iniciativa privada, incluidos algunos de los de comidas rápidas. El CACIF pidió la renuncia del Presidente. Ya la había pedido meses antes uno de los más ricos empresarios de Guatemala (Multiinversiones S.A.), Dionisio Gutiérrez, en carta pública. Su notable singularidad indica su actual exclusión del club que dirige el país desde las sombras. Una señal de esto es que, regresado de su autoexilio en Miami, no ha recuperado su espacio televisivo de los domingos en los medios que controla el potentado de las comunicaciones Ángel González.

OBISPOS: ¡RENUNCIE!


En el curso de la crisis, la Conferencia de obispos católicos dio a conocer cuatro comunicados, mostrando su indignación por la corrupción en el Estado y exigiendo la devolución al pueblo y al Estado de lo robado, aconsejando al Presidente escuchar el clamor popular y pidiéndole su renuncia. También la Asociación de Comunidades Evangélicas publicó textos con parecidas exhortaciones.

100 MIL PERSONAS: ¡RENUNCIE!


Durante todo el día 27 de agosto llegaron a la Plaza de la Constitución unas 100 mil personas. Y en puntos cruciales de la red vial del país se organizaron bloqueos de carreteras muy exitosos, que dejaron vacías ciudades como Totonicapán. Al mismo tiempo, las redes sociales publicaban e intercambiaban innumerables mensajes de apoyo a la petición de renuncia.

NI UN HERIDO NI UN MUERTO


Exceptuando la filmación que la Policía hizo en las dos primeras convocatorias a movilizaciones en la Plaza de la Constitución, siendo aún Ministro de Gobernación el teniente coronel retirado Mauricio López Bonilla,
quien tuvo que renunciar semanas después, la PNC y demás estructuras de seguridad han mantenido una conducta respetuosa ante la ira popular.

No ha habido ni un solo herido ni un solo muerto en ninguna de las manifestaciones. En cambio, sí ha habido heridos y muertos en manifestaciones de LIDER, cuando la gente se oponía al arrogante lema de Baldizón “¡Te toca, Guatemala!” y recibía gritos de “¡No le toca!”

HECHOS INÉDITOS:
JUVENTUDES Y CLASES MEDIAS


Sin la movilización ciudadana nada se habría logrado. Esa movilización ha de ser analizada con ojo crítico. Ciertamente, ha mostrado que hay una nueva generación de juventudes, capaz de una conciencia ciudadana renovada y sin miedo.

Es una fuerza con la que no se contaba desde hace muchos años. Que la juventud universitaria haya mostrado su beligerancia sociopolítica en las calles es algo que no veíamos desde hace 40 años. Y que esa beligerancia no haya sido sólo de la Universidad Nacional, sino que haya habido alianzas con otras Universidades privadas es un hecho totalmente inédito en este país.

Es cierto también que la clase media urbana reaccionó con firmeza. El desnudamiento de operaciones estatales delictivas en las aduanas, y sobre todo en el Seguro Social, despertaron una indignación largo tiempo incubada. Lo que se estaba desnudando era la incapacidad del sistema inaugurado en 1954 de gestionar condiciones de bienestar social, no sólo para las clases populares, tampoco para las clases medias.

LA RESISTENCIA EN EL CAMPO


Es también inédito que las movilizaciones se extendieran poco a poco a bastantes cabeceras departamentales. No es novedad, como sucedió en el paro nacional del 27 de agosto, que se hayan movilizado movimientos y organizaciones populares del campo. Siempre lo han hecho en momentos cruciales. Tienen una larga historia de ejercicio de la presión política y conocen perfectamente cuáles son los nudos viales donde el bloqueo del tráfico puede demostrar su fuerza.

SÍMBOLOS RECUPERADOS


Con las continuas semanas de movilizaciones, iniciadas multitudinariamente el 25 de abril, la gente recuperó símbolos que habían perdido su fuerza, como el canto del himno nacional y el despliegue de la bandera de Guatemala. Recuperó también el humor tradicional y la sátira, expresados en canciones, en pancartas, en teatro, transformando la risa en fuerza para la lucha y convirtiendo los sábados por las tardes en un nuevo espacio para protestar políticamente y para pasear en familia.

Inédito ha sido el ver a tantos niños y niñas presentes en las manifestaciones con madres y padres que han perdido el miedo a las fuerzas represivas.

MOVILIZACIÓN SOCIAL:
LO QUE LOGRÓ


En un balance provisional de lo ocurrido en este país desde el 16 de abril son importantes algunas conclusiones que debo a una reflexión ofrecida a un grupo de análisis: “Despertó la atención y la conciencia nacional sobre lo político y su importancia. Revalorizó la experiencia de la acción colectiva y la presencia de cada uno en conjunto como pueblo, devolviendo confianza y autoestima popular después de la negrura del miedo provocado por el terrorismo de Estado y la contrainsurgencia. Ayudó a presionar decisiones políticas de grupos de poder que, en más de treinta años, fueron prácticamente impermeables. Ayudó a que la institucionalidad pública, al menos en principio, cumpliera con sus obligaciones legales y políticas, y así cooperó decisivamente a defenestrar a la cúpula de un gobierno corrupto de militares, apoyado por los empresarios, principales responsables del desbarajuste institucional del Estado y de la inviabilidad social”.

LO QUE NO LOGRÓ


Todo esto logró la movilización social. No logró que no se celebraran elecciones con un sistema electoral tan viciado que hace casi imposible prevenir institucionalmente la corrupción. Ni siquiera el embajador Robinson comprendió la necesidad de este cambio radical e incluso apoyó la continuidad de Pérez Molina obligado por su gobierno desde Washington.

Esa continuidad la dinamitó la CICIG, con Iván Velásquez a la cabeza, cuando publicó el 25 de agosto los indicios de culpabilidad de Pérez Molina en “La Línea”. Y lo hizo con independencia de la Embajada.

Probablemente la falta de concentración de la indignación popular en la postergación de las elecciones -aunque sí se plantearon consignas haciendo ver la inutilidad de las elecciones en un momento como el actual- esté vinculada a la falta de un proyecto político para el futuro inmediato, sin el cual serán muy difíciles los cambios institucionales que requiere Guatemala.

No podemos comparar la explosión del descontento y la rebelión que hemos visto con una revolución precisamente por la ausencia en la protesta de esa conciencia política que cuaje en un proyecto nuevo. La esperanza que hoy ha surgido es que la movilización social vigile muy de cerca el gobierno, hasta cierto punto interino, de Maldonado y al nuevo gobierno salido de las urnas.

6 DE SEPTIEMBRE:
LAS ELECCIONES


En las elecciones del domingo 6 de septiembre ocurrió algo nada habitual: la alta participación (un 70%).

Los tres candidatos con posibilidades eran el comediante Jimmy Morales, el empresario del Petén Manuel Baldizón, que rebosa millones y pertenece a los grupos emergentes en competencia con la oligarquía; y la ex-Primera Dama Sandra Torres, ex-esposa de Álvaro Colom, quien se distinguió por sus programas sociales durante el gobierno de Colom y no se ha podido liberar de sospechas de ser financiada turbiamente. Como estaba previsto habrá segunda vuelta el 25 de octubre y competirán Jimmy Morales (casi 24%) y Sandra Torres (casi 20%).

JIMMY MORALES


Sin experiencia alguna de administración, Jimmy Morales fue en progresión ascendente desde la nada. Algunos analistas piensan que es una creación de Baldizón. Además, corre bajo el paraguas del Frente de Convergencia Nacional (FCN), partido creado por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), y probablemente ha sido financiado por un sector de la oligarquía que piensa poder manejarlo fácilmente puesto que no tiene
ni proyecto ni equipo político propio. La población votante no vio la peligrosidad de Morales, incompetente y manipulable.

SANDRA TORRES


Sandra Torres corre bajo el logo del partido Unidad de la Esperanza (UNE), que aún tiene un buen número de diputados en el Congreso. Se trata de una candidata muy activa y de incansable hábito de trabajo, con poca capacidad de proyectarse con simpatía hacia la población. Es una mujer con sensibilidad social. Su programa Escuelas Abiertas para los fines de semana en los barrios capitalinos marginados siendo Primera Dama (2008-2012) fue bien planteado y muy concurrido, con 170 mil inscritos y escasas bajas. Sus programas, Mi Familia Progresa y Bolsa Solidaria, dirigidos especialmente al área rural y a los barrios marginados urbanos enfrentaron a serias críticas sobre el origen de su financiamiento y sobre su presunto sesgo limosnero.

MANUEL BALDIZÓN


Baldizón inventó hace algunos años su propio partido, Libertad Democrática Renovada (LIDER), financiado con su enorme fortuna, con origen en sus empresas familiares en el Petén, aunque son muchas las sospechas de esos orígenes y de difícil investigación. La intención de voto de Baldizón estaba concentrada en el área rural y descendió en picado con esta crisis. El que haya sido eliminado de la segunda vuelta debe interpretarse como un triunfo
de las movilizaciones sociales. La mayoría del electorado entendió la peligrosidad que suponía Baldizón en la presidencia.

LA IMPRESCINDIBLE
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD


A pesar del tono conciliador de apertura al diálogo y las insinuaciones de la necesidad de cambios profundos en el Estado en su discurso de investidura, el nuevo Presidente Alejandro Maldonado no ha podido ocultar sus inclinaciones conservadoras en la terna de donde el Congreso eligió al nuevo Vicepresidente.

La serpenteante actuación del Congreso en la crisis lleva a la correcta conclusión de que sin un Congreso diferente la crisis continuará. En el Congreso elegido el 6 de septiembre ninguna de las fuerzas quedo dominante. El electorado dejo de elegir a unos 50 diputados de los más de 120 que se postulaban para la elección. Pero eligió a 70 de los que se reelegían. En la elección de las autoridades municipales impresiona que LIDER, el partido de Baldizón, haya conseguido el 40% de las alcaldías, porque es a nivel local donde se empieza a sembrar la corrupción en este país.

Si en la segunda vuelta Jimmy Morales, respaldado por militares y financiado por un sector de la oligarquía, se convirtiera en Presidente electo aparecerán nubes tenebrosas en el cielo de esta primavera. Pero no podemos descartar que su elección o sus primeras actuaciones movilicen de nuevo a la sociedad.

Sólo el futuro nos dirá si esta dinámica, en la que intervinieron tantos factores, culminará con el fin del sistema que inició con el derrocamiento del presidente Arbenz en 1954 o si continuará su perpetuación con sólo remiendos.

CORRESPONSAL DE ENVÍO
EN GUATEMALA.

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