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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 369 | Diciembre 2012
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Honduras

Elecciones primarias: un atajo más

El año 2012 transcurrió entre las penurias de la población, la violencia y la inseguridad y el proselitismo escandaloso de los tres partidos políticos que participaron en las elecciones primarias del 18 de noviembre. Seguimos en un atolladero económico, la impunidad continúa reinando y los atajos que las cúpulas políticas y empresariales han venido diseñando desde 2009 para no ceder privilegios y ventajas, no parecen llevarnos a ninguna parte.

Ismael Moreno, SJ

Desde el golpe de Estado que sacó del gobierno, de forma violenta, a Manuel Zelaya, se han abierto diversos caminos para solucionar la crisis política, pero las élites políticas y empresariales que dominan el Estado han apostado una y otra vez por atajos cortoplacistas que no pongan en riesgo sus intereses y privilegios. El año 2012 cierra con uno de esos atajos: las elecciones primarias del 18 de noviembre.

2009: EL PRIMER ATAJO

Hagamos historia del período que nos condujo a estas primarias. El primer atajo que consensuaron las cúpulas políticas y empresariales fue el electoral: las elecciones generales de 2009 se presentaron como la solución a la crisis profundizada por el golpe de Estado. El objetivo era excluir de esos comicios a la oposición, que en aquel momento se expresaba muy activamente en la Resistencia, movilizada contra el golpe y demandando el retorno a la constitucionalidad.

Las elecciones de 2009 se celebraron en condiciones irregulares, respaldadas por una manipulación mediática que disminuía el perfil negativo del gobierno de facto y lo legitimaba de hecho, a la vez que desconocía y descalificaba como “antipatriotas” a quienes cuestionaban el proceso electoral. Se realizaron en el contexto de la militarización del país y de una intensa represión contra quienes se oponían al golpe. Fueron las elecciones del miedo, y mucha gente votó obligada por miedo a las represalias. Y en donde los votantes no asistieron, se llenaron y multiplicaron las boletas electorales. Los mismos partidos confesaron que hubo acuerdos previos para presentar un número abultado de electores, lejano al de quienes realmente asistieran a las urnas. No en vano la inventiva popular acabó llamando a Porfirio “Pepe” Lobo, el gobernante surgido de esas elecciones, como “Pepe inflado”.

PACTO DE LAS CÚPULAS:
SIGUIENTE ATAJO

El siguiente atajo, el “pacto de las cúpulas”, se concretó con el gobierno iniciado por Pepe Lobo el 27 de enero de 2010. El objetivo de ese pacto era recuperar la confianza de la comunidad internacional para encontrar el financiamiento externo que paliara la crisis económica profundizada durante los siete meses del gobierno de facto. Para recuperar esa confianza, el gobierno recién electo se esforzó, con la oposición de los sectores extremistas de los partidos Nacional y Liberal que habían propiciado o avalado el golpe de Estado, en conformar un gabinete ministerial multipartidista y de diversos intereses, un “gobierno de unidad y conciliación nacional”.

Poco tiempo después, Porfirio Lobo tomó dos decisiones orientadas a ganar imagen ante los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea. Conformó la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para equilibrar lo hecho por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, internacionalmente desprestigiado por el papel que jugó durante el golpe de Estado.

También creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con comisionados de alta credibilidad nacional e internacional. Estas decisiones buscaban darle coherencia al “pacto de las cúpulas”, no aceptado por todas, especialmente por las que no estaban dispuestas a hacer concesiones que cuestionaran “su” triunfo sobre los zelayistas y los seguidores del Socialismo del Siglo 21.

A pesar del peso de estos extremistas, el “pacto de las cúpulas” debió abrirse por las presiones internacionales, que condicionaban el retorno de la ayuda al gobierno a cambio de pasos precisos que garantizaran el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, que facilitaran el retorno del Presidente derrocado el 28 de junio de 2009.

ACUERDOS DE CARTAGENA
Y PACTO DE GOBERNABILIDAD

La apertura la expresó el gobierno de Pepe Lobo aceptando una negociación que culminó con el retorno de Mel Zelaya, cuyo exilio se había convertido en la piedra en su zapato. El retorno se logró con los Acuerdos de Cartagena -otro atajo, más elegante, pero atajo a fin de cuentas- entre el gobierno de Pepe Lobo y el ex-Presidente Zelaya Rosales, con la intermediación de los Presidentes que simbolizan la actual polarización ideológica de América Latina: Juan Manuel Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela. En estos Acuerdos, firmados el 22 de mayo de 2011, se fundamentaron las elecciones primarias del 18 de noviembre y las elecciones generales que se realizarán el último domingo de noviembre de 2013. Los Acuerdos fueron el hecho político más exitoso del actual gobierno, pero si buscaron una salida a la crisis con un pacto social con consensos nacionales mínimos, esto no se logró nunca.

La realidad es que los Acuerdos de Cartagena ratificaron el “pacto de las cúpulas”. Con el retorno al país de Zelaya Rosales, la reinserción de Honduras en la OEA y el reconocimiento de la Resistencia como fuerza política beligerante, con derecho a participar en el escenario electoral, el “pacto de las cúpulas” se convirtió en “pacto de gobernabilidad”. Este pacto estableció que las elecciones fueran el espacio donde los sectores enfrentados dirimieran sus conflictos, incluyendo a los sectores izquierdistas que aceptaran participar en un proceso electoral conducido por la poderosa maquinaria bipartidista.

EL INFORME DE LA COMISIÓN
DE LA VERDAD

Todavía estaba Zelaya Rosales recorriendo el país para reagrupar sus fuerzas de cara a su proyecto electoral, cuando el 7 de julio de 2011 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación hizo público su informe. Sin pestañear, la Comisión calificó lo ocurrido el 28 de junio de 2009 como un golpe de Estado y entregó al gobierno más de 80 recomendaciones para evitar que algo así se repita en nuestro país.

El Presidente Lobo Sosa se comprometió a cumplir con esas recomendaciones. El informe molestó a los sectores extremistas, apologistas de la aberración jurídica que fue el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que ellos llamaron “sucesión constitucional”. También dejó callados, y con la cabeza agachada, a los sectores de la Resistencia, que dijeron que el informe le haría el juego al gobierno y legitimaría el golpe de Estado.

Sin embargo, el reconocimiento que la Comisión hizo del gobierno de Lobo Sosa y el haber cargado todo el peso de la investigación en los siete meses del gobierno de facto, así como el olvido que en la práctica hizo el gobierno de las recomendaciones emanadas del informe, insertó también a la Comisión de la Verdad en el “pacto de gobernabilidad”.

El “pacto de gobernabilidad” logró un entendimiento coyuntural entre las cúpulas políticas. Fue desde ese momento que se abrieron las puertas a las elecciones primarias de este año. En lugar de superar los mecanismos que destruyen la convivencia social, este pacto, fraguado por las élites, ha dejado en mejores condiciones de impunidad a quienes nutren sus capitales y poderes en los corredores subterráneos de la delincuencia, la violencia y la ilegalidad.

LOS DEPURADORES” IGNORADOS

Mientras seguía su curso el “pacto de gobernabilidad”, Honduras siguió siendo el país con el mayor índice de muertes violentas en el mundo en relación al tamaño de su población: 86-90 homicidios por cada 100 mil habitantes. Todo el año 2012 estuvo presente la controversia sobre los avances y retrocesos en el proceso administrativo para depurar a la Policía Nacional a través de instancias y comisiones nombradas para esto por el Poder Ejecutivo. Tras los primeros pasos, la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), constituida en mayo, no contaba a fines de octubre con el presupuesto indispensable para llevar a cabo la misión que se le encomendó a sus cinco comisionados.

Aunque al final del año la CRSP logró introducir varias propuestas para depurar y reestructurar la institucionalidad de los operadores de justicia, el proceso ha sido cuesta arriba, tibio y conciliador. Se ha topado con el infranqueable muro de la impunidad. Pocos días después de su creación, los comisionados de la CRSP supieron de la destitución del director de la Policía Nacional, en ese momento el Comisionado Ricardo Ramírez del Cid, quien desde fines de octubre de 2011 reemplazaba al también destituido Comisionado José Luis Muñoz Licona. En lugar de Ramírez del Cid fue nombrado el controvertido oficial Juan Carlos Bonilla, alias “el Tigre”.

Según fuentes vinculadas a la CRSP, la mayoría de los cambios en la Policía se efectuaron sin el conocimiento de los comisionados de esta nueva entidad. Así, la principal instancia para depurar a los operadores de justicia fue ignorada, incluso boicoteada, no sólo por la oficialidad de la Policía y los funcionarios que se sintieron amenazados por la depuración, sino por los mismos que impulsaron su creación.

Casi al mismo tiempo que se nombraba la CRSP, al finalizar el primer semestre del año 2012, el presidente Lobo Sosa constituyó un órgano de inteligencia adscrito a la Casa Presidencial, al mando del militar en retiro Julián Pacheco Tinoco, sin poner en conocimiento de esta decisión a los comisionados de la CRSP. De igual manera, por iniciativa del presidente del Congreso Nacional, se propuso crear la Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), un equipo de élite especializado conformado por policías y militares, sin que hasta la fecha se conozca que haya acuerdo sobre esto entre los diversos grupos de poder. En ninguna de estas iniciativas se consideró la opinión de los comisionados de la CRSP.

Una de las escasas decisiones conocidas de la CRSP fue la propuesta de suspender al Fiscal Especial de Lucha Contra la Corrupción, Henry Salgado. A esto se opuso frontalmente el Fiscal General de la República. Por presiones públicas, Salgado fue trasladado a la Fiscalía del Medio Ambiente. A fines de octubre y comienzos de noviembre, la CRSP presentó propuestas para garantizar exámenes antes de nombrar policías, fiscales y jueces. Presentó también sugerencias para reestructurar funciones y cargos en la Policía y otras instancias que administran la justicia. Sin embargo, todo estaba ya marcado por el fracaso de las iniciativas precedentes.

EL ACUERDO CON COLOMBIA

Garantizar la seguridad y disminuir la inseguridad ciudadana ha sido una de las opciones fundamentales de la administración Lobo Sosa: en tres años ha habido un buen número de decisiones y de inversiones y una buena cantidad de nuevas instancias constituidas. Reproducimos la sistematización elaborada por la periodista Sandra Maribel Sánchez.

Se firmó un Acuerdo de Cooperación con el gobierno de Colombia, presidido entonces por Álvaro Uribe, para emprender la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno en su primera semana. Este Acuerdo involucra directamente a la Secretaría de Seguridad y a la Policía. Recuerdo que a inicios de 2010, cuando se firmó este Acuerdo, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos me dijo: “El gobierno de Estados Unidos repudia el golpe de Estado en Honduras, y para evitar que ocurra de nuevo se compromete a respaldar al Estado hondureño profesionalizando y capacitando al Ejército y a la Policía, tal como hemos hecho en Colombia, en donde se han logrado éxitos significativos en la lucha contra el narcotráfico y los grupos subversivos”.

EN BUSCA DE SEGURIDAD

Hubo otras decisiones, siempre procurando mayor seguridad. En mayo de 2012 se creó la ya citada CRSP para acompañar el proceso de depuración de la policía y los operadores de justicia (policías, fiscales y jueces). Esta Comisión se integró con tres comisionados hondureños, uno chileno y otro canadiense. Según información confidencial, el gobierno canadiense condicionó su apoyo en esta materia a que el gobierno hondureño redujera el perfil de la lucha ciudadana contra la minería, puesto que varias compañías mineras canadienses tienen importantes inversiones en Honduras.

En noviembre de 2011 se creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) para contribuir a disminuir los abusos y actos delictivos cometidos por la Policía y para contrarrestar la impunidad en la institución y rescatar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. En diciembre de 2011 se aprobó, en sesión a puerta cerrada, la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, conocida popularmente como “ley de espionaje” o “ley de escuchas”. Para ello se creó la Unidad de Intervención de las Comunicaciones.

Sigue la lista. En diciembre de 2011 se creó también el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que tiene a su cargo la unidad de inteligencia en comunicación y escuchas telefónicas, así como una oficina de supervisión de investigaciones a nivel nacional, con acompañamiento y asesoría del gobierno colombiano. Se creó la Dirección Nacional de Investigación y Defensa, adscrita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, como brazo asesor del mandatario sobre prevención y represión del delito.

HAY MÁS INSEGURIDAD

En mayo de 2012 se aprobó la Ley Especial para la Depuración de la Policía, con una vigencia de seis meses, que da atribuciones especiales al secretario de Seguridad y al Director General de la Policía para depurar la institución en todos sus niveles. Esta Ley se extendió por seis meses más desde el 24 de noviembre de 2012. En octubre de 2012 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que le dará seguimiento a la situación de criminalidad, adoptará medidas y propondrá iniciativas preventivas. En la práctica es un órgano paralelo al Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN), creado por la Ley Orgánica de la Policía e integrado por la mayoría de quienes forman parte del nuevo organismo, en el que fueron excluidas las mujeres organizadas y las ONG de derechos humanos, que han jugado un papel decisivo en la investigación y denuncia de la violencia contra las mujeres y de las violaciones a los derechos humanos por agentes estatales, especialmente tras el golpe de Estado de junio de 2009.

También se emitió el decreto legislativo que autoriza a los militares efectuar funciones policiales y se introdujo en el Congreso Nacional, como señalamos, una iniciativa para crear la Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), que no cuenta con el consenso entre quienes impulsan las políticas de seguridad del país. En estos tres años participaron fuerzas externas en acciones armadas en el territorio nacional: efectivos y asesores militares y agentes de la DEA de Estados Unidos, paramilitares y asesores colombianos, y asesores israelíes, canadienses, españoles y chilenos, entre otros.

A pesar de este extenso listado de decisiones, medidas e instituciones para garantizar una “gobernabilidad” con seguridad, 2012 cierra con mayores niveles de inseguridad y de impunidad.

LA LUCHA CIUDADANA
CONTRA LA IMPUNIDAD

En una vía paralela al “pacto de gobernabilidad” y a estas medidas ha transitado la lucha ciudadana contra la impunidad, abierta casi por coincidencia el 22 de octubre de 2011, tras el asesinato a manos de policías de dos jóvenes universitarios, uno de ellos hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al que siguió en diciembre de ese mismo año el todavía impune asesinato del político y ex-funcionario en la lucha contra el narcotráfico, Alfredo Landaverde.

A lo largo del año 2012 la lucha ciudadana contra la impunidad compitió con el desproporcionado y nada constructivo proceso electoral de las primarias, provocando revanchas entre los oficiales de la Policía y otros funcionarios afectados por las remociones, despidos y amenazas de ser investigados y enjuiciados. A pesar de los logros y los esfuerzos, y visto en conjunto, la lucha contra la impunidad ha sido la que menos camino logró abrirse durante el año. Y lo que logró no le quitó el sueño a quienes se escudan en el Estado para delinquir con impunidad.

LOS TRES PARTIDOS
EN ELECCIONES PRIMARIAS

Las elecciones primarias de los partidos Nacional y Liberal y las del nuevo partido Libertad y Refundación (LIBRE) se llevaron a cabo el 18 de noviembre. Estas elecciones primarias se desprendieron de los Acuerdos de Cartagena y del “pacto de gobernabilidad”, cuando se aceptó que la “izquierda” participara en elecciones.

Las elecciones primarias culminaron un año agitado por la propaganda electoral y configuraron una nueva correlación de fuerzas en el mapa electoral hondureño. Desde hace veinte años sólo aparecían en ese mapa cinco partidos. Este año el Tribunal Supremo Electoral inscribió a cuatro nuevos partidos: Libertad y Refundación (LIBRE), Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), Partido Alianza Patriótica (PAP) y Partido Anticorrupción (PAC).

A pesar de esta ampliación de opciones, la agitada actividad electoral se concentró en los dos partidos tradicionales Liberal y Nacional y en LIBRE el recién organizado partido del ex-Presidente Zelaya.

Durante todo el año y antes de las elecciones, las corrientes de estos tres partidos, con efervescencia y apasionamiento, proponiendo y rechazando candidaturas, tendieron a ocultar o a relegar la situación de violencia, de precariedad y de inestabilidad económica y social que amenaza cotidianamente a los hondureños.

PLAGADAS
DE IRREGULARIDADES

Las elecciones primarias estuvieron plagadas de irregularidades antes, durante y después de la fecha de los comicios. La deliberada voluntad de los tres partidos para manipular los resultados en las urnas, tan clara en las diversas corrientes de los tres partidos, incluyendo al recién fundado LIBRE -aunque en éste fue más moderada-, confirma que, tanto el proceso electoral como los partidos políticos, se han convertido en razón del problema y no de la solución a la profunda crisis nacional.

Testimonios de votantes y candidatos de los tres partidos que hicieron primarias en diversas localidades coinciden en señalar el trasiego y compra de votos. Hubo mesas receptoras en las que los candidatos de diversas corrientes partidarias se pusieron de acuerdo para llenar muchas de las boletas vacías, para ganarle a sus adversarios. Hay testimonios de la compra de votos, especialmente en urnas de las corrientes del Partido Liberal, del Partido Nacional y en la corriente 28 de Junio del Partido LIBRE, cuyos militantes proceden de las filas del Partido Liberal. Hubo candidatos del Partido Nacional que pagaban 500 lempiras para hacer que la gente votara por ellos. Hubo gente humilde que se acercó a votar por LIBRE, pero al ver mesas de distintos partidos con la misma numeración, activistas nacionalistas o liberales los llevaban a sus mesas, la gente firmaba el libro de actas, y al darse cuenta del error y querer rectificar, ya estaba imposibilitada de hacerlo.

PRIMARIAS:
OTRO ATAJO MALOGRADO

Los insultos, las campañas políticas vacías o superficiales, los desórdenes, los juegos sucios y actos de corrupción que se vieron el 18 de noviembre, seguidos después de acusaciones y de triunfalismos insensatos, confirman que los procesos electorales, tal como se practican en Honduras, son una caricatura retorcida de la democracia.

Entre tantos vicios del pasado y del presente, las elecciones primarias arrojan importantes dudas razonables sobre las elecciones generales de noviembre de 2013. Dejan en claro que no son el camino que nos hará avanzar hacia una solución de nuestras crisis. Por el contrario, abonan a que se profundicen.

La amarga lección que estas elecciones primarias nos dejan es la convicción de que nuestro escenario político es el detonante de las confrontaciones, polarizaciones e inestabilidades en que vivimos. Y a la vez, nos reconfirmaron que los políticos de hoy no están dispuestos a reconocer y a aprender de los errores del pasado, sino que quieren seguir colocando trampas sobre trampas para seguir usufructuando el poder, sin importarles si lo que hacen es legítimo o ilegítimo.

Las elecciones primarias confirmaron también que las “soluciones” que se le han buscado a la crisis nacional abierta con el golpe de Estado de 2009, han sido atajos malogrados para evitar el camino de los consensos nacionales mínimos. Se ha querido resolver una enfermedad terminal con sedantes para el dolor de cabeza.

“SON CUATRO GATOS”

Bien dicen que por las vísperas se sabe cómo será la fiesta. Por las confrontaciones vividas durante la campaña para las elecciones primarias se puede prever un año 2013 con violencia, incertidumbres, inestabilidad y confrontaciones todavía mayores que las que hemos vivido en los últimos tres años y medio.

El banderillazo de esta peligrosa violencia política e ideológica salió de la boca del titular de los siete meses de gobierno de facto, Roberto Micheletti, cuando manifestó la satisfacción que le produjeron los resultados electorales de las primarias, que situaron a los partidos Liberal y Nacional con una votación por encima de la obtenida por el partido LIBRE. “Estas elecciones han demostrado -dijo- que 120 años de historia política no se pueden esconder, y ha dejado claro que los partidos políticos de la democracia somos mayoría en Honduras mientras los comunistas son unos cuatro gatos”.

UNA CRISIS ECONÓMICA
SIN FUTURO

Vemos llegar el año 2013 con todos los conflictos acumulados sin debatir en el próximo escenario electoral.

La crisis económica no parece tener un horizonte positivo para el próximo futuro. Por segunda vez consecutiva el gobierno de Estados Unidos le negó a Honduras recursos de la Cuenta del Milenio, respondiendo así al bajísimo nivel de cumplimiento del gobierno nacional en su compromiso de respetar los derechos humanos y de reducir la corrupción pública. Tampoco el gobierno logró concertar un nuevo acuerdo con el FMI, lo que significa que otros organismos financieros internacionales no estarán dispuestos a financiar proyectos económicos, productivos y de desarrollo que contribuyan a paliar las debilidades de la economía nacional.

El año comenzó con una tasa de cambio de 18.89 lempiras por dólar y está terminando con una tasa que ya supera los 20 lempiras por dólar. Para la mayoría de la población esto ha significado el aumento del precio de los productos de consumo básico, la pérdida constante de su poder adquisitivo y la amenaza de perder la estabilidad laboral, en un año en el que el desempleo ha afectado directamente a 2 millones de los casi 4 millones de nuestra población económicamente activa.

El año culmina con la amenaza del Congreso Nacional de prolongar la Ley de Empleo Temporal, señalada por sus críticos como inconstitucional, una ley que le asegura al empresariado una mano de obra barata, ante la que no contrae obligaciones sociales y que puede utilizar para chantajear a los trabajadores permanentes.

A pesar de tan crítica situación, los sectores económicos y políticos en el poder insisten en buscar respuestas en fórmulas diseñadas en el extranjero. La controversial propuesta del Presidente del Congreso Nacional y aspirante presidencial, Juan Orlando Hernández, de acelerar la implementación de las “Ciudades Modelo”, aprobada en enero 2011 con la justificación de generar empleo, fue truncada en octubre por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que la declaró inconstitucional, en un contexto de presión y movilización ciudadana en contra de este proyecto. No obstante, los presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo reiteraron su voluntad de seguir avalándolo.

UNA CRISIS POLÍTICA
SIN HORIZONTE

Vemos llegar el año 2013 con todos los conflictos acumulados y más agudizados. Todos nuestros conflictos pasarán por el tamiz de las campañas políticas y cada uno será aumentado o reducido según los cálculos de cada candidato y de cada partido.

Ningún conflicto será considerado para buscarle solución, sino para descalificar a los adversarios. Y el gobierno actual tendrá menos poder para tomar decisiones de envergadura, limitándose a ser testigo de su propio desgaste y fragmentación, distribuyendo el tiempo y los recursos que le queden entre la campaña para las elecciones generales y las demandas de los grupos que ejercen el poder real, por dentro y por fuera del marco institucional.

La confrontación ideológica de la campaña electoral será intensa. Nos espera un ambiente saturado de propaganda vacía y de acusaciones y descalificaciones de la derecha a la izquierda y viceversa, mientras el Partido LIBRE intentará reavivar la consigna de una nueva Constituyente, sin detenerse a profundizar en sus contenidos.

Utilizando falsos y no consensuados “pactos políticos”, en estos años la clase política y la clase empresarial han evitado buscar los caminos que nos podrían llevar a la raíz de los conflictos que producen nuestras crisis de violencia, de inseguridad ciudadana, de precariedad económica de las mayorías y de concentración de riquezas y recursos en una minoría. Al evadir la responsabilidad de llegar hasta el fondo de los problemas, lo único que se ha logado ha sido aumentar el número y tamaño de los conflictos y retardar su solución hasta el nuevo estallido.

2013: ¿MÁS ATAJOS?

Las elecciones generales de 2013 se realizarán en una sociedad que se encuentra más polarizada que nunca. La polarización que mantuvo en vilo al país, al dividirnos en bandos extremos de “golpistas” y “antigolpistas”, se reavivará con mayor furia entre quienes llamarán a votar para que el poder siga en manos del bipartidismo, y quienes llamarán a votar por un gobierno que se comprometa a convocar una nueva Asamblea Constituyente.

Las tensiones entre ambos polos definirán no sólo el contenido de la campaña electoral, sino también la correlación de fuerzas entre los sectores favorables al estatus quo y los que promueven el cambio. ¿Y la gente? Las mayorías esperan un desenlace político que ayude al país a abandonar atajos y a encontrar el camino correcto y que ayude a la gente a transitar por los caminos de una vida más digna.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

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