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  Número 369 | Diciembre 2012
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Nicaragua

Se abren espacios, se cierran espacios

Con la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre Nicaragua casi dobló su tamaño, recuperando más de 90 mil kilómetros cuadrados de mar como zona económica exclusiva, que hasta ese día estaban bajo la soberanía de Colombia. Paradoja coyuntural: la ley internacional nos abrió espacios de soberanía marítima cuando el gobierno nacional cerraba aún más los espacios de soberanía ciudadana.

Equipo Envío

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que alegró a Nicaragua y conmocionó a Colombia, llegó dos días antes de que el Consejo Supremo Electoral proclamara los resultados definitivos de las elecciones municipales del 4 de noviembre. El FSLN se adjudicó 134 de las 153 alcaldías del país. Ganamos “la otra Nicaragua en el mar” cuando perdíamos, tal vez definitivamente, la confianza en las elecciones.

“PAGAR CUALQUIER PRECIO”

Con el cien por ciento de las actas de escrutinio de todas las juntas receptoras de votos en mano, los candidatos liberales ganadores en Nueva Guinea, Ciudad Darío, Matiguás y El Almendro demostraron durante dos semanas el fraude cometido en sus municipios y presentaron recursos de revisión y de impugnación de los resultados preliminares. Fue en vano. En más de 60 municipios, en donde el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (IPADE) comprobó que la voluntad popular no fue respetada y se practicaron anomalías graves, no hubo suficiente capacidad para demostrar lo ocurrido.

Estas elecciones serán recordadas como las de menor participación en la reciente historia electoral de Nicaragua, iniciada en 1984. La abstención las caracterizó. Osciló entre un 70%, según Ética y Transparencia, y el 54.5% según el IPADE. Las autoridades electorales repitieron muchas de las estratagemas ya empleadas en las elecciones municipales de 2008 y en las generales de 2011 para manipular los resultados, modificarlos o encubrirlos. La certeza de que las repetirían explica en gran medida la abstención.

La reiteración de estas artimañas expresa que el partido de gobierno, con plena conciencia de que no ganaría en municipios tradicionalmente liberales, en alcaldías que siempre tuvo vedadas, decidió ganar a la fuerza, poniendo en práctica el consejo del difunto Tomás Borge: “Yo le decía a Daniel Ortega: podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan. Lo único que no podemos es perder el poder, digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer. El precio más elevado sería perder el poder”.

Revertir la estructura del poder local en las alcaldías que han sido históricamente patrimonio del liberalismo, primero con fraude y después con recursos, era el objetivo central de Ortega en estos comicios municipales. El uso de las tretas es el reconocimiento implícito de un apoyo minoritario en buena parte del país. “Ortega se conoce más débil de lo que los demás lo reconocemos”: así lo afirma el constitucionalista Gabriel Álvarez.

“LO QUE TENGAMOS
QUE HACER”

En esta ocasión la mayor novedad en el “menú de maniobras” utilizada para favorecer al FSLN fue el empleo del Ejército y de la Policía para alterar resultados. Al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y a varios medios de comunicación llegaron denuncias, el mismo día de las votaciones, de varios municipios rurales del Norte -San Nicolás es un ejemplo-, en donde la población vio llegar a contingentes de militares uniformados y armados -antimotines, policías y soldados- que eran trasladados para votar allí y llevados después a votar nuevamente en otros lugares, acogiéndose a la ley que les permite votar en cualquier junta receptora de votos del país. Así modificaron la correlación política local, en lugares en donde nunca hubiera ganado el FSLN.

Siendo el Presidente de la República el jefe máximo de la Policía y del Ejército, y siendo que ni la Directora de la Policía ni el Jefe del Ejército han desmentido ni aclarado estos hechos, de ser cierta esta maniobra reviste especial gravedad por comprometer la credibilidad y el prestigio de las instituciones armadas, que esta vez habrían sido obligadas, por disciplina, a cometer delitos electorales.

NUEVA GUINEA,
18 DE NOVIEMBRE

La resistencia a los resultados fraudulentos causó la quema de una alcaldía y varios edificios públicos -en San Nicolás y La Paz Centro-, provocó dos muertos y varios heridos en Ciudad Darío, la muerte de un joven del FSLN, protestas durante tres semanas en Matiguás y cuatro movilizaciones masivas en Nueva Guinea en respaldo al que la población considera alcalde ganador, el liberal Denis Obando.

Un equipo del CENIDH se hizo presente en Nueva Guinea al día siguiente de la última de estas manifestaciones, realizada el 18 de noviembre. Ese día la Policía antimotines sitió y atacó la casa de campaña de los liberales y detuvo a unos 60 manifestantes y pobladores, llevándolos a instalaciones de la Policía, en donde fueron golpeados con saña los hombres y humilladas sexualmente las mujeres por policías encapuchados. Al llegar a Nueva Guinea el 19 de noviembre el CENIDH recabó decenas de denuncias de estos bochornosos hechos. “Nos encontramos con una población aterrorizada”, nos dijo la abogada del CENIDH Wendy Flores.

Días después, el 28 de noviembre en Managua el Movimiento por Nicaragua (MpN) presentó otros testimonios y denuncias que el 25 y 26 de noviembre reunieron en Nueva Guinea diversas organizaciones de la sociedad civil.

Dos de los 15 testimonios jurados, el primero de un hombre, el otro de una mujer: “Me golpearon tan duro que perdí el conocimiento. Después no me acuerdo de nada. Cuando recuperaba la conciencia, me seguían golpeando y me decían ¡Perro liberal hijuelagranputa, aquí vas a saber lo que es el terror!”. “Cuando me llevaron a la estación policial me quisieron golpear y les dije que estaba embarazada. Decidieron no golpearme y me dijeron: ¡Pero vas a ver cómo se sufre aquí! Y me obligaron a ver cómo golpeaban a los varones que tenían presos. Entonces me desmayé”.

El empleo de la Policía antimotines para reprimir a los opositores que repudiaron los resultados electorales ha sido otra “novedad” en estas elecciones. O para impedirlas, como constató el CENIDH en el caso de los 500 antimotines desplazados a la pequeña localidad de San Juan de Limay.

En las protestas por el fraude municipal de 2008 fueron grupos de choque organizados por el FSLN quienes golpearon y apedrearon a los opositores. Ahora fueron los antimotines de la Policía Nacional -más intimidante su presencia, todos de negro, con casco, chaleco y rodilleras-, quienes acompañaron y protegieron a esos grupos de choque en varios municipios o los que actuaron directamente contra las manifestaciones de protesta.

UN ACELERADO DETERIORO

La represión policial contra la población liberal de Nueva Guinea fue tipificada por el CENIDH y por la Comisión Permanente de Derechos Humanos como “actos inhumanos y tortura”. En el encuentro convocado por el MpN el politólogo Félix Maradiaga dijo: “No creo que los 15 mil policías, entre permanentes y voluntarios, que integran la Policía Nacional de Nicaragua, aprueban los actos de violencia policial que se han venido documentando hasta hoy. (Citó otros, previos a los hechos de Nueva Guinea). Hay miles de policías que a diario arriesgan sus vidas para asegurar la tranquilidad de la ciudadanía. Sin embargo, el acelerado deterioro de la institución policial, a consecuencia de la partidarización de gran parte de sus integrantes y el colaboracionismo entre policías y activistas del FSLN en actos de violencia política, son degeneraciones que afectan a la totalidad del cuerpo policial”. La Presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, fue contundente: “Un país que tiene una Policía descompuesta es un país completamente expuesto”.

DESPROPORCIONADO
USO DE LA FUERZA

La Jefa de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera, interpelada sobre los hechos protagonizados por sus subordinados en Nueva Guinea, respondió así: “Lo que hemos estado haciendo es evitar que choquen ambos grupos…Nosotros no lo quisiéramos, pero cuando no hay aceptación de que se hagan las cosas en paz se tiene que usar la fuerza”. Después, presionada la Policía por los medios y por el poder demostrado en este caso por las redes sociales difundiendo información, prometieron una investigación.

Nueva Guinea quedará como el caso más emblemático de este nuevo fraude. Convencido del respaldo popular que tuvo en las urnas y que se le usurpó, y viendo las manifestaciones masivas de apoyo que reclamaban por la usurpación, el actual alcalde de Nueva Guinea, candidato a la reelección, Denis Obando, se llenó de euforia antes de la desproporcionada represión del 18 de noviembre y advirtió: “¡Nueva Guinea será el paradigma en donde se encenderán muchas chispas demostrando que Nicaragua se debe respetar!”.

Sin embargo, la brutal actuación de los antimotines le demostró la desigualdad de fuerzas entre una protesta cívica y desarmada y la carga cerrada de los uniformados impidiéndola con desproporcionada violencia. Esa desproporcionada violencia demostró la voluntad gubernamental de imponerse, “digan lo que digan”.

La incursión “a la brava”, por la fuerza y por el fraude, del partido de gobierno en municipios tradicionalmente liberales, que fueron territorio de la Resistencia en los años 80, revela también la decisión del FSLN de jugar con fuego, lo que podría tener consecuencias muy negativas. “La resistencia no acabará ahí” dicen preocupados en el CENIDH después de escuchar la indignación provocada por la alteración de los resultados y por la represión policial.

“ESTO NO SE QUEDA ASÍ”

Nueva Guinea es un municipio extenso y muy productivo. El 20% del hato ganadero del país está allí. La localidad es considerada uno de los tres centros de donde sale hacia Venezuela el ganado en pie que Albanisa, una de las empresas del emporio ALBA en Nicaragua, exporta a ese país. De Nueva Guinea sale casi el 80% de la exportación nicaragüense de raíces y tubérculos y las perspectivas con el cultivo de cacao de magnífica calidad y de otros productos de agricultura orgánica son prometedoras. Los cuatro años de alcalde de Denis Obando (2008-2012) han dejado huellas de progreso, más organización y una gestión municipal transparente, que ha recibido reconocimientos y premios. “La gente no se va a quedar así nomás cuando en enero asuma la alcaldesa del FSLN”, dicen allá.

El primer efecto de tipo económico del fraude en Nueva Guinea llegó antes del cambio en la alcaldía: la USAID no ejecutará en 2013 tres proyectos por valor de 30 millones de córdobas que iba a hacer en el municipio: la construcción de una cancha deportiva, el levantamiento catastral y la señalización vial. “Esta gente -dijo el alcalde Obando de los cooperantes- son transparentes, les gusta que las autoridades sean electas de forma legal y ésa ha sido la inconformidad”. Advirtió que prevé que se perderán otros proyectos de desarrollo que se estaban concretando.

EL RIESGO DE JUGAR
CON FUEGO

¿Jugar con fuego traerá consecuencias de otro tipo? Es un riesgo. Cuando la gente dice -como dijeron en Ciudad Darío, donde las balas de los antimotines de la Policía que protegían a los simpatizantes del FSLN, mataron a dos hombres cuando en las calles se desarrollaban las protestas por el fraude- que no pondrían la denuncia en la Policía porque “para qué si no harán nada”, la gente tiende a buscar la justicia por sus manos.

Lo que en zonas rurales se llama comúnmente “la ley del monte”-hacer justicia, o lo que se entienda por justicia, o tomar venganza o arreglar las cuentas por sí mismos- podría agarrar fuerza en estos territorios. Hace unos años surgió en Nueva Guinea una llamada “banda justiciera” de una veintena de hombres armados que “hacía justicia” matando a los roba-ganado. También podrían revitalizarse liderazgos con arraigo local de hombres que pertenecieron a la Resistencia armada y que vienen anunciando que actuarán contra el gobierno.

El cierre de los espacios políticos suele abrir en la mente de algunas poblaciones, conocedoras de las armas y humilladas, sentimientos de desesperación que conducen a imaginar y a realizar acciones violentas. Es asombroso y lamentable que quienes conducen hoy al partido de gobierno no lo hayan aprendido después de lo que ha vivido este país.

UNA ESPECIE MUTANTE

“El sistema electoral ha colapsado”. Colapso fue la palabra más repetida en todos los análisis que se hicieron tras esta nuevamente negativa experiencia electoral. Pero que algo colapse significa que dejó de funcionar. Colapsa una civilización, colapsa un sistema, colapsa un transporte, colapsa un cuerpo humano o un órgano del cuerpo… Pero el sistema electoral nicaragüense no ha dejado de funcionar, consume una buena tajada del presupuesto nacional, mantiene a una buena cantidad de funcionarios muy bien pagados, ha producido cuatro elecciones al hilo en las que ha conseguido que los amañados resultados se impongan y permitan al sistema político seguir funcionando y sigue siendo nada menos que el cuarto de los poderes del Estado, con sentencias inapelables, como las de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

No se trata de un colapso, estamos más bien ante una mutación perversa, que ha hecho que el sistema electoral actúe de forma plenamente funcional al partido de gobierno. La mutación tuvo su origen en el pacto Ortega-Alemán de hace más de una docena de años y ha producido una nueva y peligrosa especie: un sistema electoral que no siempre permite votar, que a quienes les permite votar no les permite elegir, que no garantiza democracia, pero sí garantiza la continuidad en el poder de un partido, el FSLN. No existe hoy una especie similar en América Latina.

Cada día más, la lucha, emprendida durante años por prácticamente toda la sociedad nacional -a excepción del binomio presidencial y del núcleo duro del partido de gobierno-, por cambiar las autoridades máximas del Consejo Electoral parece, además de ingente y casi imposible, inútil. La mutación en el sistema electoral ha dado vida a una institucionalidad totalmente descompuesta, podrida de la cabeza a los pies, que ha hecho del delito electoral una práctica habitual que hoy algunos hasta proclaman con orgullo. En una reunión en Managua después de los comicios escuchamos cómo sin pudor anunciaba un activista del FSLN en Boaco: “¡Yo ejercí mi derecho al voto 16 veces!” ¿Una excepción fruto de la euforia triunfalista? ¿Servirá de algo cambiar las cabezas, si permanece la ley, los reglamentos, las estructuras, todo el sistema?

ANTE EL PODER ABSOLUTO

A partir del 10 de enero de 2013, cuando tomen posesión las nuevas autoridades municipales, el proyecto del FSLN estará casi culminando su hoja de ruta, al tener en sus manos prácticamente todo el poder central y el poder local. Un poder absoluto. El próximo paso serán las reformas constitucionales.

Los cambios que el fallo de La Haya exige se hagan en el artículo 10 de la Constitución, que establece los límites soberanos de Nicaragua, podrían ser la excusa para que el partido de gobierno incluya otras reformas constitucionales que son esenciales al proyecto del binomio presidencial. Las que aparecen como prioridad son la reelección continua y la elevación de los Consejos del Poder Ciudadano y los Gabinetes del Poder Ciudadano al nivel de instituciones estatales. Ambas cosas ya ocurrieron de facto, ahora quedarían legalizadas y con legitimidad en la Carta Magna.

Ante esta concentración de poder casi total y ante la masiva abstención en las recientes elecciones -leída como un repudio al rumbo político del país- la oposición habla de lograr una sólida unidad para enfrentar al FSLN en 2016, en las “megaelecciones” que juntarán las presidenciales, las legislativas y las municipales.

UNIDAD, UNIDAD

Inmediatamente después de las elecciones surgieron iniciativas, protagonistas, opiniones y foros de reflexión en torno al tema de la unidad de la oposición, a la que se sigue achacando, de forma reiteradamente simplista, el creciente poder de Ortega y su partido.

Eduardo Montealegre declaró que el primer paso unitario debe ser fortalecer al PLI, partido que hoy controla política y financieramente y desde el que pretende proyectarse como líder de esa unidad opositora. Otras muchas voces insisten en que lo necesario es “la unidad de los liberales”.

Otras voces, coincidiendo en la necesidad de la unidad, tienen una visión más amplia, más plural, y consideran que es necesario aunar reflexión, información, organización y movilización “apartando las diferencias y apuntalando con fuerza las coincidencias. Lo primero es colocarnos en una posición diáfana de oposición y lo segundo es que esa oposición diáfana se manifieste reclamando un cambio total del sistema electoral y acompañando las demandas sociales de la gente en todo el país”. Es el punto de vista de Dora María Téllez, directiva del MRS.

El MRS -que abandonó la alianza electoral y política con el PLI cuando decidió no participar en las elecciones municipales- apuesta a una unidad construida de abajo a arriba, con los líderes locales, yendo de lo local a lo nacional.

Coincide este punto de vista con el de Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, institución desbordada por las denuncias de violación a los derechos humanos de la población que recibe a diario. “Hay protestas de diversos sectores: comerciantes, taxistas, productores, hay reclamos de agua y luz, incluso hay inconformidad política en el mismo partido de gobierno, hay una inconformidad casi generalizada. Lo que hay que buscar es que la gente se apropie de la situación y participe”.

¿COMO EN VENEZUELA?

Sobre la unidad de la oposición para enfrentar a Ortega, y eventualmente vencerlo en 2016, la experiencia de Venezuela aparece insistentemente en muchos de los análisis post-electorales y en las propuestas de unidad. Ya se habla de la imperiosa necesidad de unas elecciones primarias para elegir a un único candidato de toda la oposición. Parece un inmediatismo cortoplacista empezar por ahí, como quien empieza la casa por el techo o por las ventanas.

La experiencia venezolana de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática), que llevó como candidato a Henrique Capriles en octubre de este año 2012, fue el fruto de muchos años de esfuerzos. La MUD ya existía en la práctica desde 2006, fue formalizada en 2008, reestructurada en 2009, agrupó al final a 30 partidos y organizaciones políticas de muy diversa ideología y organizó 11 grupos de trabajo que presentaron propuestas comunes en temas de descentralización, asuntos internacionales, estrategia, programas, derechos humanos, etc. Todo esto antecedió a las elecciones primarias de febrero de 2012 en las que participaron 3 millones de venezolanos.

Se trató, pues, de un proceso intenso, denso y prolongado, lleno de contradicciones y de ardua búsqueda de consensos. ¿Estará preparada la oposición política nicaragüense para algo así?

Las opiniones se dividen entre quienes alegremente dicen que sí, que los partidos lo lograrán y pronto, y quienes esperan que sea desde abajo, que sea el descontento de la población que sufre el exceso de control del gobierno actual, que tiene demandas sociales crecientes, que elgobierno no representa, no negocia y no resuelve el que, por fuera de los partidos, despertará y construirá una oposición que aún no vemos.

Como en tantas otras cuestiones, el tiempo tendrá que hablar. Teniendo en cuenta antes de que hable que la asimetría entre gobierno y oposición, y entre gobierno y sociedad civil es mucho mayor en Nicaragua que en Venezuela. La venezolana es una sociedad mucho más diversificada, su institucionalidad tiene historia, los partidos políticos tienen trayectorias más sólidas, el empresariado es más grande, el sistema electoral ha sido probado… Las diferencias son muchas.

CAMBIAR ALGO
PARA QUE NADA CAMBIE

La sentencia de la Corte de la Haya, que nos abre amplios espacios en el mar, coincidió también con la apresurada aprobación el 30 de noviembre por la “aplanadora” del partido de gobierno en la Asamblea Nacional de la llamada Ley de Concertación Tributaria, que le cierra al país espacios de justicia tributaria que nos podrían hacer avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

En las siguientes páginas de este mismo número, el economista José Luis Medal resume el contenido de la nueva ley tributaria con una expresión de la cínica fórmula gatopardista o lampedusiana: “Cambiaron algo para que nada cambie”. Y lo que no ha cambiado es el inequitativo, regresivo e injusto sistema tributario nicaragüense, que favorece privilegiadamente a los ricos de siempre.

La reforma tributaria la “concertó” el gobierno únicamente con la élite empresarial agrupada en el COSEP. Y en esta nueva expresión de la alianza Gobierno-COSEP encontramos otra importante diferencia con la que se topa la oposición nicaragüense al compararse con la Venezuela de Chávez: en Venezuela la empresa privada ha participado activamente en la unidad de la oposición, integrándose a ese esfuerzo, mientras que en Nicaragua el COSEP es el aliado interno más fuerte que tiene el partido de gobierno.

ALGO PASA EN EL PAÍS...

Consultado por Envío, el experto en derecho fiscal, Julio Francisco Báez no ocultó su indignación cuando describió así el contexto en el que se aprobó la reforma tributaria: “Algo ocurre en un país donde una reforma tributaria se ejecuta, de principio a fin, entre el gobierno y una reducidísima cúpula del poder económico, a puertas cerradas y bajo absoluto hermetismo. No se consultó literalmente a nadie. No se enteraron, ni mucho menos opinaron los universitarios, las cooperativas, los empresarios pequeños, medianos y grandes. Tampoco fue consultada la academia, tampoco los asalariados”.

“Algo pasa en la sociedad cuando el Poder Legislativo es sometido al silencio absoluto. Castrados en su primordial función constitucional -la elaboración, consulta y análisis de las leyes-, los diputados cumplieron el vergonzoso papel de “timbradores de la concertación”, como les llamó sin el mínimo pudor uno de los cabecillas de la alianza COSEP-Gobierno. Esta misa negra es la expresión fiscal de un estado corporativista que viene configurándose en Nicaragua, un Estado de corte fascista. El poder supremo de la economía -encapsulado en el COSEP- y el poder supremo de las instituciones nacionales -entronizado en el puño del Ejecutivo- trazando unidos y felices el futuro de una nación”.

“DIGAMOS LO QUE TENGAMOS QUE DECIR…”

Son obvios los enormes privilegios que mantiene la clase económicamente poderosa del país en la nueva ley tributaria. A diferencia de Nicaragua, la izquierda latinoamericana en el poder ha ido avanzando en la instalación de sistemas tributarios menos regresivos. No Venezuela, que puede darse el lujo de no aumentar impuestos a los ricos porque es un país sentado en un mar de petróleo.

¿Cómo, entonces, se ha “vendido” a las bases del FSLN esta complacencia con el gran capital? ¿Con qué lógica política? Los voceros del gobierno lo explican así: si la demanda social más acuciante de la población es el empleo, y si la empresa privada es la que genera empleos y no el Estado, lo que está haciendo el FSLN es garantizar más empleos y con más empleos lo que está asegurando es un combate a la pobreza más eficaz y más acelerado.

Se les dice también que todos estos privilegios son temporales, que a largo plazo, cuando el “derrame” de las riquezas esté asegurado -visión neoliberal-, entonces el FSLN le apretará la faja a los ricos. ¿Se lo creen? Créanlo o no, así lo andan pregonando los voceros del gobierno.

Más allá de los discursos oficiosos, viendo los privilegios que el gobierno le mantiene a la élite económica, salta a la vista una de las paradojas más grandes del proyecto político de Ortega. A pesar de tener un control político y social tan enorme, el FSLN parece tener temor a crear un eventual conflicto con la élite empresarial. ¿Por qué? Una interpretación lo explicaría así: el cada vez más poderoso grupo empresarial del FSLN comparte ya los mismos intereses de los grandes empresarios nicaragüenses y de ahí su incapacidad para acometer una reforma tributaria que de verdad modifique la inequidad poniendo “arriba a los pobres del mundo”.

Pero el grupo empresarial del FSLN podría seguir evadiendo impuestos y gozando de privilegios fiscales independientemente de si hay o no una reforma tributaria profunda porque tiene el control del gobierno. ¿No pesará más en las cabezas de la cúpula del FSLN el fantasma de la enorme fuga de capitales que se produjo en los años 80, con el consiguiente deterioro del aparato productivo del país, deterioro que también los afectaría a ellos de repetirse? Tal vez el COSEP sabe de este fantasma y chantajea con éxito a un gobierno tan poderoso que ha sabido chantajear a tantos... No está claro el por qué de esta paradoja.

SE ABREN UNOS ESPACIOS,
SE CIERRAN OTROS

Termina el año 2012. No se acabó el mundo. No se acabará aún. No fue eso lo que escribieron en piedra los mayas. Lo que tallaron en esas piedras es el mensaje de que el tiempo de ellos, como todos los tiempos, también los nuestros, gira y gira y cumple ciclos.

Después de once años de interpuesta la demanda, y de 26 años de rechazo al estado de cosas, todo un ciclo de esfuerzos diplomáticos y también financieros -el proceso es extremadamente costoso-, Nicaragua consiguió en este año 2012 que el máximo tribunal del mundo delimitara las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua, sacando a nuestro país del encierro que Colombia le impuso con una frontera artificial frente a sus costas hace más de sesenta años.

En la celebración en Managua el mismo 19 de noviembre del fallo de La Haya, Ortega se hizo acompañar de los tres ex-Presidentes que le precedieron y de sus cancilleres (en lugar de doña Violeta acudió su yerno, Antonio Lacayo), en un acto que llamó “de unidad nacional”. Dos docenas de banderas rojinegras del FSLN intercaladas entre una docena de banderas nacionales borraban abrumadoramente las fronteras entre el partido y el Estado. Y, aunque el Presidente Ortega recogía la cosecha de un esfuerzo de muchos otros durante muchos años, sólo habló él, mientras los otros escuchaban sentados, en tensa inmovilidad, como sus “convidados de piedra”.

En sus palabras, Ortega, nada respetuoso de las leyes nacionales, celebró que se nos abrieran espacios en el mar y reclamó con mesura al Presidente Santos -renuente a aceptar el fallo- que respetara la ley internacional. Ese mismo día 19 de noviembre salían de las celdas de la Policía Nacional, de la que él es jefe, pobladores de Nueva Guinea golpeados y humillados por expresar cívicamente su descontento por las ilegalidades cometidas durante el proceso electoral en su municipio, ilegalidades que anuncian un cierre de los espacios de soberanía ciudadana en los poderes locales.

¿SABREMOS? ¿CUIDAREMOS? ¿APRENDEREMOS?

Los mares que hemos recuperado para ejercer en ellos soberanía son una de las rutas más habituales de la droga que de Colombia llega a las costas centroamericanas buscando el mercado de Estados Unidos. Según el especialista en estos temas, Roberto Orozco, en estas mismas páginas de Envío, “es fundamentalmente el narcotráfico colombiano el que actúa en el Caribe nicaragüense llegando hasta nuestras costas desde las islas de San Andrés y no existe realmente un esfuerzo internacional coordinado con todos los países para reducir ese tráfico hasta poner un muro de contención en San Andrés”. Le tocará ahora al gobierno de Nicaragua, cuyas fuerzas armadas se precian de ser ese muro, coordinar esas acciones. ¿Estaremos realmente a la altura de ese desafío, en momentos en que nuestro muro ha demostrado estar horadado por complicidades institucionales?

Los mares que nos han devuelto como zona económica exclusiva son una reserva que guarda tesoros de la biosfera y contiene riquísimos recursos pesqueros que deben ser cuidadosamente aprovechados y preservados. Siendo Nicaragua un país que en todos los ciclos de su historia nunca ha cuidado sus “mares” interiores -la “mar dulce” del Cocibolca y el Xolo-tlán-, ¿sabremos cuidar la inmensa extensión de aguas que ahora recuperamos?

“La otra Nicaragua en el mar” que nos han devuelto y reconocido es caribeña. Ningún gobierno ha hecho siquiera realidad, no un sueño, sino una imperiosa necesidad: la carretera que comunique el Pacífico con el Caribe. Tampoco este gobierno, que recibió del Presidente Chávez en 2007 la promesa de que con el ALBA se haría. Y hasta hoy las regiones del Caribe tienen los más altos índices de empobrecimiento del país.

¿Aprenderemos a ser caribeños, después de vivir siempre de espaldas al Caribe? ¿Será ésa la oportunidad que nos abra La Haya? ¿O los abundantes recursos de este multiplicado mar Caribe, ahora nuestro, sólo atraerán inversiones que enriquecerán a los mismos de siempre, profundizando aún más la inequidad que consolida la reforma tributaria aprobada en los mismos días en que celebramos la victoria en La Haya?

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