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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 363 | Junio 2012
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América Latina

El capitalismo extractivo de Evo, Cristina, Ollanta, Correa, Dilma, Mujica y Chávez

Los siete países de América del Sur que hoy tienen al frente a gobiernos progresistas tienen semejanzas y dan continuidad a las políticas de los gobiernos neoliberales que los precedieron, manejan un doble discurso: anti-imperialismo en política exterior y alianzas económicas con inversionistas del imperio. Y lo más grave: están entregados a un capitalismo extractivo mineral y agrícola que arrasa con los recursos naturales. Esa Izquierda dejó de ser roja y no es verde. La llaman Izquierda marrón.

James Petras

En la América Latina de hoy los principales países exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los más implicados con las principales multinacionales energéticas y minerales del mundo, son también los que se caracterizan por ejercer las políticas más independientes y progresistas. Pareciera que sus economías, basadas en un “capitalismo extractivo” y en la exportación de materias primas, ya no se consideran relacionadas con gobiernos “neocoloniales”.

Se podría argumentar que las concesiones que hacen a las multinacionales del sector extractivo de los gobiernos de estos países latinoamericanos garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reelección de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los éxitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre “la cúpula” y “la base” de la estructura de clases,
a pesar de la creciente divergencia política entre estos gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales.

LOS SIETE “PROGRESISTAS”

Existe un consenso generalizado de que los gobiernos de siete países de América Latina constituyen hoy lo que se podría denominar el “campo progresista”: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela.

Hay algunos rasgos definitorios que se suelen atribuir a los gobiernos de estos países. Su anterior trayectoria política:
la mayoría están encabezados por dirigentes y activistas de movimientos sociales, sindicatos o grupos guerrilleros. Las declaraciones relativamente independientes que hacen en política exterior, en especial en lo referente a la intervención de Estados Unidos y a sus sanciones. La retórica ideológica, que rechaza el liderazgo estadounidense en organismos regionales y apoya organizaciones latinoamericanas. Los programas electorales populistas, que hablan de igualdad social, ambientalismo y derechos humanos. El vehemente rechazo del neoliberalismo, de sus protagonistas, sus partidos y sus privatizaciones. La perspectiva estratégica, que concibe un proceso prolongado de transformación social con una agenda que incluye modernización, prioridades desarrollistas y altos niveles de inversión orientada a los mercados globales. Y su permanencia en el gobierno, lograda con reformas constitucionales que justifican en la necesidad de completar esa agenda transformadora.

Estos países progresistas cultivan una imagen que se proyecta hacia su electorado. Se presentan como una ruptura o quiebre histórico con el pasado. En primer lugar, con la oligarquía neoliberal tradicional y en segundo, con la izquierda estatista. En Bolivia, Ecuador y Venezuela suelen recurrir a la retórica del “Socialismo del Siglo 21”. Pero la potencialidad de esta originalidad radical tiene un alcance limitado. Depende del grado con el que estos gobiernos desarrollan políticas que se apartan realmente de los gobiernos neoliberales precedentes.

SON NACIONALISTAS
Y ANTI-IMPERIALISTAS

Las percepciones de las divergencias objetivas y subjetivas entre los países progresistas y la derecha varían en función de si provienen de fuentes oficiales o de una investigación empírica crítica. Según los ideólogos del campo progresista, hay al menos cinco ámbitos políticos importantes que reflejan su ruptura radical con la derecha neoliberal tradicional.

NACIONALISMO: Los progresistas renegocian contratos con las multinacionales del sector extractivo y garantizan así una elevada tasa de recaudación de impuestos y logran incrementar los ingresos de las arcas públicas. Incrementan la inversión estatal, convirtiendo empresas de titularidad íntegramente privada en inversiones conjuntas público-privadas. Incrementan el pago de regalías de esas empresas, suavizando así la “explotación extranjera”. Aumentan la presencia de tecnócratas locales en esas empresas, lo que acrecienta el control nacional en ellas.

POLÍTICA EXTERIOR: Los gobiernos del campo progresista han desarrollado una política exterior independiente, cuando no explícitamente antiimperialista. Han conformado varias organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas, que excluyen deliberadamente la presencia de países imperialistas norteamericanos y europeos.
Han creado ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). Han rechazado las sanciones contra Cuba, Irán, Siria y Gaza y se han opuesto a la guerra de la OTAN contra Libia respaldada por Estados Unidos. Criticaron la posición estadounidense en la Cumbre de las Américas de Cartagena (abril 2012) en, al menos, tres cuestiones importantes: la inclusión de Cuba, la oposición al control británico de las Malvinas y la despenalización de las drogas.

Estos países han manifestado su oposición a la hegemonía estadounidense en las “reformas estructurales” impuestas por el FMI y al control euro-estadounidense de las instituciones financieras internacionales. Con la excepción de Venezuela, han diversificado sus mercados de exportación: Brasil exporta a Estados Unidos sólo el 12.5% de sus bienes y servicios, Argentina, el 6.9% y Bolivia el 8.2%.

CONTRA LA POBREZA Y A FAVOR
DE LA INVERSIÓN EXTRACTIVA

POLÍTICA SOCIAL: Los países del bloque progresista han incrementado el gasto social para erradicar la pobreza, especialmente en zonas rurales. Han elevado el salario mínimo. Han aprobado incrementos salariales. Algunos ofrecen créditos y financiamiento asequible a pequeñas y medianas empresas. Han concedido títulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de tierras públicas sin cultivar, como una pequeña “reforma agraria”.

REGULACIÓN: Con un grado de coherencia dispar, estos países han impuesto controles al sector financiero y han regulado el flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. En lo referente a las normativas que rigen el sector extractivo, han sido flexibles para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrícolas puedan utilizar de forma masiva químicos tóxicos y semillas transgénicas. Han autorizado la expansión de la minería, de la agricultura y de la industria maderera en reservas indígenas y naturales. Han financiado megaproyectos de infraestructura, que vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores, invadiendo hábitats naturales protegidos. Las normativas reguladoras han sido adaptadas con el argumento de facilitar el desarrollo extractivo “productivo” y para limitar la “financiarización” de la economía.

¿TIENEN UNA POLÍTICA LABORAL PROGRESISTA?

POLÍTICA LABORAL: Los países progresistas se han basado en un “modelo corporativista” de negociación
y conciliación tripartita empresa privada-Estado-sindicatos para limitar las huelgas y los paros y para mantener
el crecimiento económico, las exportaciones y los flujos de ingresos. La política laboral ha quedado condicionada a la política de limitar los déficits presupuestarios fijando los incrementos salariales a la tasa de inflación. En sintonía con las medidas fiscales ortodoxas, las pensiones de los trabajadores del sector público se han congelado o reducido, en especial las de funcionarios de rango medio y alto. Las garantías laborales tradicionales se han mantenido intactas, sin incrementos, y la indemnización por despido no se ha aumentado.

Las huelgas de trabajadores del sector público, sobre todo las del magisterio, personal de salud y sectores sociales, han sido frecuentes y han desembocado en conquistas menores con la mediación gubernamental. La política gubernamental se ha orientado a proteger los privilegios de la dirección, al tiempo que respeta la situación legal y los derechos de negociación colectiva de los sindicatos. En las empresas nacionalizadas gobiernan directivos nombrados por el Estado y no hay tendencias hacia la autogestión obrera o hacia la co-gestión, salvo en casos limitados en Venezuela. La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerárquico de la empresa privada. La mano de obra, en el mejor de los casos, desempeña un papel consultivo en lo referente a la salud y la seguridad, pero no ejerce una influencia determinante ni invierte en este marco empresarial corporativo.

Ha sido necesaria la presión sindical a través de huelgas y protestas, a menudo en alianza con grupos comunitarios, para corregir las violaciones más atroces de la normativa sanitaria o de seguridad por parte de las empresas. Aunque los gobiernos progresistas evitan públicamente las medidas neoliberales de flexibilidad laboral, han hecho muy poco para ampliar y profundizar las ventajas laborales para la mano de obra y el proceso de producción.

La principal diferencia en política laboral entre los gobiernos progresistas y la derecha tradicional es brindar “puerta abierta” a los dirigentes sindicales, su disposición a mediar y a garantizar un incremento gradual de los salarios, en especial el salario mínimo y, en general, reducir la represión brutal y violenta contra las protestas sociales.

CONTINUIDADES Y SEMEJANZAS
CON LOS NEOLIBERALES

Autores, profesores universitarios y periodistas de derecha y centro-izquierda subrayan la diferencia entre los gobiernos progresistas latinoamericanos y los gobiernos neoliberales que los precedieron, haciendo caso omiso de las importantes semejanzas estructurales en lo político y en lo socio-económico.

Un análisis más matizado y equilibrado requiere tener en cuenta las continuidades porque desempeñan un papel fundamental en el análisis de las limitaciones y de los conflictos emergentes y crisis que les esperan a los gobiernos progresistas. Y también, porque estas limitaciones, fundadas en las continuidades, resaltan la importancia de los modelos de desarrollo alternativos propuestos por los movimientos sociales populares.

El modelo de exportación agro-mineral ha demostrado deficiencias estratégicas profundas en su propia estructura
y en su rendimiento. El fomento de las exportaciones agro-minerales ha venido acompañado de la entrada a gran escala y a largo plazo de capital extranjero, lo que a su vez determina la tasa de inversión, las fuentes de incorporación de maquinaria, tecnología y conocimiento, así como el control del procesamiento y la comercialización de materias primas.

Los socios multinacionales de los gobiernos progresistas han condicionado su participación sobre varias bases. Sobre la desregulación en los controles medioambientales. Sobre el cese del control de precios para así introducir precios internacionales en el mercado interno. Y sobre la libertad para controlar las ganancias basadas en la tasa de cambio y transferir sus ganancias al extranjero.

Los socios extranjeros también controlan las decisiones relacionadas con la explotación de las reservas mineras.
La expansión de la producción se rige por criterios de las multinacionales y no por las necesidades del país anfitrión.
En consecuencia, a pesar de la “renegociación” de contratos que los gobiernos progresistas celebran como “avances gigantescos” hacia la “nacionalización”, la pérdida acumulativa de ingresos en el balance de la economía es sustancial. Mirando más allá de los enclaves agro-mineros el impacto negativo para el desarrollo de estos países posteriores es sustancial.

EL CASO REPSOL

El muy limitado impacto que el modelo agro-minero ejerce sobre el conjunto de la economía ha desembocado en conflictos esporádicos entre las transnacionales y los gobiernos anfitriones. Un ejemplo es el conflicto en abril de 2012 entre la empresa petrolera española Repsol y el gobierno argentino de Cristina Fernández.

La conducta de Repsol ilustra los escollos que presenta la colaboración de estos gobiernos con empresas extranjeras del sector extractivo. Repsol se negó a aumentar las inversiones aduciendo que la regulación local de los precios reducía sus márgenes de beneficio. En consecuencia, entre 2010 y 2011 la factura energética de Argentina se multiplicó por tres, pasando de los 3 mil millones de dólares a 9 mil millones. Además, Repsol repatriaba sus beneficios, pagaba elevados dividendos a los accionistas del exterior y, por tanto, influía muy poco en la creación en Argentina de industrias que aportaran insumos o refinerías al procesamiento del petróleo.

La tentativa del fallecido presidente Néstor Kirchner de acrecentar las “propiedades nacionales” incorporando
a un capitalista local -el grupo Peterson- no tuvo ningún impacto positivo, sino la consolidación del control de Repsol. Cuando el gobierno de Fernández se apropió de la mayoría de las acciones para establecer el control público de la empresa e incrementar la producción local, todos los gobiernos de la Eurozona, encabezados por el gobierno español, y la prensa económica occidental, lanzaron una campaña furibunda, amenazaron con litigar y auguraron catástrofes económicas. El problema de “invitar” a invertir a multinacionales extranjeras es que resulta difícil retirarles la invitación. Una vez que entran a un país, al margen de lo defectuosa que pueda ser su actuación, es difícil rectificar o corregir los daños y pasar a un nuevo modelo de desarrollo centrado en lo público.

BOLIVIA Y ECUADOR:
EXTRACTIVISMO NEOLIBERAL

Todos los gobiernos progresistas, con la posible excepción de Venezuela, han firmado contratos de larga duración y a gran escala con multinacionales extranjeras en importantes áreas del sector extractivo. Además del incremento de las regalías que les exigen, estos acuerdos no difieren demasiado de los contratos firmados por los precedentes gobiernos neoliberales de derecha.

Evo Morales firmó un contrato de explotación a gran escala con Jindal, una multinacional india, para explotar la mina de hierro Mutún, importando prácticamente todos los insumos (maquinaria, transporte, etc.) y aceptando un grado de “industrialización” muy limitado de la mena de hierro, en su mayoría simples pepitas de hierro. La gran mayoría del gas y el petróleo de Bolivia la explotan “iniciativas conjuntas” del sector público y el multinacional y lo explotado se envía al extranjero, lo que deja a más del 60% de los hogares rurales bolivianos sin servicios de gas y lo que significa que Bolivia tiene que importar casi todo su diesel.

El Ecuador de Rafael Correa -otro destacado presidente progresista- firmó dos contratos importantes con grupos petroleros extranjeros en febrero de 2012, a pesar de la oposición de la mayoría de las organizaciones indígenas, entre ellas la CONAIE. En Ecuador, igual que en Bolivia, si bien las grandes empresas del sector petrolero y del gas plantean objeciones a una renegociación de contratos -lo que supone incrementar el pago de regalías y una mayor presencia de autoridades públicas-, conservan un peso privilegiado en decisiones fundamentales relacionadas con la gestión, la comercialización, la tecnología y la inversión en esas áreas.

Aun cuando se afirme lo contrario, los dirigentes de los gobiernos progresistas suscriben estos acuerdos estratégicos sin consultar a las comunidades afectadas. Las decisiones se basan exclusivamente en decisiones del Poder Ejecutivo. Tanto el estilo como la esencia de los poderes y privilegios de las transnacionales en estos acuerdos no tienen ninguna diferencia con lo que sucedió bajo los anteriores regímenes neoliberales. Además, tanto en Ecuador como en Bolivia, muchos de los tecnócratas y administradores que trabajaron con los gobiernos neoliberales anteriores desempeñan actualmente un papel destacado en la dirección de las iniciativas mixtas que benefician a las empresas extranjeras.

CRECE LA ECONOMÍA
SIN REDISTRIBUIR LA RIQUEZA

Si bien los gobiernos progresistas han puesto en marcha programas contra la pobreza y han registrado algunos éxitos en la reducción de los niveles de pobreza, lo logran como consecuencia del crecimiento de la economía, no como consecuencia de una redistribución de la riqueza. De hecho, los gobiernos progresistas no han implantado políticas redistributivas: continúa intacta la concentración de rentas y de tierras, productora de elevados niveles de desigualdad. La jerarquía en la estructura de clases no se ha alterado y, en la mayoría de los casos, se ha visto reforzada por la inclusión de nuevos candidatos a la clase media y alta. Entre esos candidatos hay muchos antiguos dirigentes y activistas de la clase media y trabajadora que han ingresado en el gobierno, así como nuevos capitalistas, que se benefician de los contratos estatales del gobierno progresista.

El sistema financiero se ha mantenido intacto y ha prosperado bajo los gobiernos progresistas, sobre todo porque esos gobiernos endurecen las políticas fiscales, acumulan reservas extranjeras, controlan el gasto público y reducen la tasa de inflación. Los beneficios del sector financiero son especialmente elevados en Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Ecuador. Concretamente, Brasil ha atraído grandes flujos de capital especulativo de Wall Street y de Londres por sus elevados tipos de interés en relación con los de América del Norte y Europa.

A la par de la concentración de la propiedad en los sectores extractivo y financiero, los gobiernos progresistas no han introducido impuestos progresivos para reducir las inequidades. La renta de las élites del sector agrario en Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador es varios cientos de veces más alta que la de la inmensa mayoría de los productores que trabajan en una agricultura de subsistencia, de los campesinos y de los jornaleros rurales, muchos de los cuales siguen sometidos a atroces condiciones de vida y de trabajo. En muchos casos, los gobiernos progresistas han hecho muy poco por hacer cumplir la normativa laboral y sanitaria en las gigantescas plantaciones agrícolas, mientras los trabajadores quedan expuestos a productos químicos tóxicos, que no son regulados.

TIENEN MAYOR DEPENDENCIA
DEL EXTRANJERO

Si la configuración de la propiedad y la riqueza sigue relativamente inalterada desde el pasado neoliberal, los gobiernos progresistas han acentuado la tendencia a la especialización en la exportación. Con los gobiernos progresistas, las economías se han diversificado menos y dependen más de la exportación del sector agro-mineral y energético. El crecimiento de estos países depende hoy aún más de la inversión extranjera de largo plazo y de gran escala. Los ingresos del Estado y el crecimiento dependen hoy más de la exportación de productos primarios.

Las políticas de libre mercado de los gobiernos progresistas exportadores de productos del sector agro-minero han estimulado el crecimiento de la actividad comercial a gran escala. El sector comercial está cada vez más influido por la entrada masiva de multinacionales de titularidad extranjera, como Wal-Mart, cuyos productos tienen origen en el exterior, lo que perjudica a los pequeños productores locales y a los comerciantes locales minoristas.

La apreciación de la moneda ha afectado negativamente al sector manufacturero tradicional y a la industria del transporte, lo que ha supuesto una destrucción significativa de empleos, sobre todo en el sector textil, en el del calzado y en el automovilístico de Brasil, Bolivia, Perú y Ecuador. Además, las medidas de apoyo para favorecer a los exportadores mayoristas del sector agro-mineral han venido acompañadas por una restricción del crédito a los pequeños empresarios locales, en especial a los abastecedores de mercados locales, que han recibido un duro golpe con la importación de bienes de consumo barato, procedente de Asia. Los agricultores que producen alimentos para los mercados locales han visto reducida su expansión por la ampliación de la producción de cultivos de exportación como la soya.

MANTIENEN UN DOBLE DISCURSO
DE MÚLTIPLES CARAS

En resumen, los gobiernos progresistas han mantenido un doble discurso de múltiples caras: una retórica antiimperialista, nacionalista y populista para el consumo interno, al tiempo que ponían en práctica una política de fomento y expansión del papel del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y con una nueva y creciente burguesía nacional. Los gobiernos progresistas articulan una narración del socialismo
y de la democracia participativa pero, en la práctica, desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital y al fortalecimiento del Poder Ejecutivo.

Los gobiernos progresistas predican una doctrina de justicia social y equidad y desarrollan una práctica de cooptación de dirigentes sociales y de clientelismo con programas sociales para reducir la pobreza de los sectores más depauperados de la sociedad.

Los gobiernos progresistas han combinado medidas de aumento de las rentas con cambios estructurales que benefician al sector primario extractivo. La estabilidad de estos gobiernos depende totalmente del incremento de la demanda internacional de sus materias primas, del elevado precio que mantengan éstas y de la apertura de los mercados globales. Los gobiernos progresistas han logrado vincular a sectores sindicales y del movimiento campesino con el Estado y han socavado o debilitado a organizaciones independientes y las han sustituido por estructuras corporativas tripartitas.

PRACTICAN
UN NEOLIBERALISMO EFICIENTE

Los gobiernos progresistas han conseguido “reformar” o sustituir las políticas caóticas, desreguladas, conflictivas y racistas de sus predecesores y han institucionalizado el “capitalismo normal”. Han introducido reglas y procedimientos para favorecer la estabilidad institucional, la disciplina fiscal y el incremento de beneficios, pero de forma desigual.

En otras palabras, los “parámetros del neoliberalismo” se administran ahora de forma eficiente y se legitiman mediante un falso nacionalismo basado en una mayor autonomía política y en una diversificación de los mercados.
La toma de decisiones centralizadas en el Poder Ejecutivo, basada en acuerdos que requieren que las multinacionales del sector extractivo inviertan y desarrollen las fuerzas productivas, se legitima con un marco electoral y una coalición política de varias clases sociales.

SON ALIADOS
DEL IMPERIALISMO ECONÓMICO

La política interior y la política exterior de los gobiernos progresistas extractivos reflejan dos experiencias contradictorias: mensajes radicales en las campañas electorales hasta llegar al gobierno y la posterior adopción de una estrategia de exportación agro-mineral desarrollista, propugnada por tecnócratas neoliberales.

La síntesis de estas dos experiencias, aparentemente contradictorias, encuentra expresión, por una parte,
en la adopción de una posición política independiente y crítica hacia el militarismo y el intervencionismo imperialista y, por otra, en la colaboración económica con los agentes del imperialismo económico: se firman contratos de gran escala y a largo plazo con multinacionales del sector energético y agro-minero estadounidenses, europeas y canadienses. Dicho de otro modo: los gobiernos progresistas extractivos han “redefinido” o reducido el significado del imperialismo a sus estructuras y políticas estatales, y no a sus estructuras económicas, que son las multinacionales dedicadas a la extracción de materias primas y a la explotación de la mano de obra.

Del mismo modo, estos gobiernos redefinen el significado de antiimperialismo equiparándolo a la oposición a las intervenciones político-militares y a la “justa distribución” de los beneficios entre el gobierno y sus socios multinacionales. Esta redefinición permite a los gobiernos progresistas reclamar legitimidad popular sobre la base de continuas críticas a las políticas y prácticas del Estado imperial, mientras que la colaboración y los acuerdos con las multinacionales permiten a los gobiernos progresistas conservar apoyo de las grandes empresas nacionales
y extranjeras.

LO QUE NOS ENSEÑA
EL CASO REPSOL

Cuando un gobierno progresista, como en el caso de la Argentina gobernada por Cristina Fernández, decide nacionalizar o, dicho con más precisión, obtener la mayoría de las acciones de Repsol, la multinacional petrolera, toda la prensa económica, la Unión Europea y Washington denuncian la medida y amenazan con represalias. En otras palabras: el pacto tácito entre los gobiernos progresistas y los gobiernos imperiales consiste en que las diferencias políticas son tolerables, pero las medidas económicas nacionalistas no son aceptables. La renegociación de los contratos para aumentar los ingresos del Estado puede producir la suspensión temporal de nuevas inversiones, pero no una confrontación política. Sin embargo, la apropiación pública de una empresa extranjera del sector extractivo hace pensar en una hostilidad previsible y en represalias de los Estados imperiales.

UN ENVASE NACIONALISTA
CON CONTENIDO CAPITALISTA

La medida de nacionalismo económico del gobierno progresista de Argentina estuvo limitada a una empresa y a un sector. El gobierno argentino no tenía y no tiene planes para expropiar en el futuro otras empresas del sector extractivo, ni la medida formó parte de una estrategia nacionalista general para avanzar hacia una mayor cuota de propiedades de titularidad pública. Más bien, la negativa de Repsol a aumentar las inversiones y la producción acrecentaba la dependencia de Argentina de la importación de petróleo, lo que estaba deteriorando su balanza de pagos y sus reservas de moneda extranjera. La negativa de Repsol a obedecer la agenda desarrollista de Argentina se basaba en la política de Fernández de mantener el precio del petróleo para el mercado interno por debajo del precio internacional. El descenso de la producción de Repsol era una forma de presionar al gobierno para que eliminara el control sobre los precios.

De todos modos, el aumento del precio del petróleo tendría un impacto negativo sobre los consumidores industriales
y locales, elevando los costos y reduciendo la competitividad de los exportadores y productores argentinos. En realidad, la intransigencia de Repsol amenazaba con debilitar el equilibrio de fuerzas social y político entre mano de obra y capital y entre exportadores del sector extractivo y consumidores populares, el equilibrio en el que se sustenta la coalición mayoritaria del gobierno. La medida tenía envase nacionalista pero contenido capitalista desarrollista. Aún así, la medida ha polarizado la economía mundial entre el Occidente imperial y la izquierda latinoamericana, en la que los sátrapas latinoamericanos de siempre -Calderón en México y Santos en Colombia- han apoyado a Repsol.

SE HAN ALEJADO
DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Antes de acceder al poder mediante procesos electorales, los dirigentes progresistas mantuvieron lazos estrechos y apoyaron y participaron activamente en protestas callejeras y en las luchas de los movimientos sociales. Enarbolaron las banderas del nacionalismo económico, de la conservación del medioambiente y del respeto a las reservas naturales de las comunidades indígenas, de la igualdad social, de la revisión de la deuda externa y del rechazo a las “deudas ilegales”.

Los movimientos sociales desempeñaron un papel importante en la politización y la movilización de la clase trabajadora y la clase campesina para llevar al gobierno a estos presidentes progresistas. Esa convergencia duró poco. Una vez en el poder, los gobiernos progresistas nombraron ministros económicos ortodoxos para que dirigieran la economía. Adoptaron la estrategia extractiva, abandonaron una economía nacionalista en el sector público, diseñada para diversificarse, y se pasaron a una “economía mixta” basada en empresas públicas con participación de capital extranjero en el sector extractivo.

DESOYEN
LOS RECLAMOS POPULARES

Primeramente, las comunidades indígenas de Perú, Ecuador y de algunos sectores de Bolivia, pasaron a la oposición, aduciendo que no se tenían en cuenta sus intereses y que no se les consultaba. Después, sectores de la clase trabajadora y el funcionariado hicieron paros demandando salarios mejores e incrementos en el gasto público. Los pequeños campesinos y productores reclamaron estímulos económicos para sus empresas familiares y para las industrias nacionales, en lugar de subsidios para las multinacionales agro-minerales, ortodoxia fiscal y estrategias exportadoras basadas en la reducción de los beneficios laborales y en el abandono del mercado interior.

Los sindicatos más radicales, tanto indígenas como campesinos y los movimientos sociales cuestionaron
la estrategia extractiva agro-mineral y la distribución y administración de ingresos y gastos del Estado. Reafirmaron su apoyo a un programa social que incluyera una reforma agraria que expropiara las grandes plantaciones
y redistribuyera tierras a los campesinos sin tierra.

Los dirigentes laborales reclamaban una política industrial que procesara materias primas para crear puestos de trabajo
en el sector manufacturero. Algunos sindicalistas reclamaron la nacionalización de los bancos y de las industrias estratégicas. Sin embargo, a pesar de algunas protestas importantes, la gran masa de seguidores de los movimientos sociales y la mayoría de sus líderes abandonaron muy pronto el rechazo radical del modelo extractivo y empezaron a reclamar una mayor porción de los ingresos que producía este modelo.

EL DISCURSO ES CONTRA
EL “CAPITALISMO SALVAJE”

Los gobiernos progresistas exageraron su oposición al neoliberalismo. Lo redefinieron para calificarlo de “capitalismo salvaje”, de capitalismo no regulado y basado en regalías bajas y financiación insuficiente de programas sociales. Consiguieron dividir a los movimientos sociales entre opositores radicales utópicos y reformistas progresistas. Las luchas de clase las achacaron a alianzas con la derecha, acusando a quienes los criticaban de actuar en nombre del imperialismo, ignorando que ellos mismos colaboraban con multinacionales de fundamento imperialista.

Estos alegatos presidenciales, un discurso populista nacionalista y el incremento de los ingresos para financiar el creciente gasto social, debilitó a la oposición de izquierda. Los aumentos moderados, pero sostenidos, de los programas contra la pobreza y el incremento del salario mínimo neutralizaron a los dirigentes más radicales de los movimientos sociales.

LA CLAVE DE SU ÉXITO

A pesar de la ruptura de los gobiernos progresistas con sus raíces igualitarias radicales, fueron sobradamente capaces de obtener un apoyo electoral masivo basándose en el crecimiento dinámico de la economía y en el crecimiento sostenido de la renta, ambos apuntalados durante largos períodos por el precio elevado de las materias primas.

Estos presidentes extractivistas ganaron elecciones una y otra vez por mayorías sustanciales y fueron capaces de ganarse a sectores de los movimientos sociales moderados para que contrarrestaran a los movimientos sociales contrarios al extractivismo. El elevado precio de las materias primas y las múltiples oportunidades para la explotación de recursos atrajo a inversores extranjeros, a pesar del cada vez más elevado precio de las regalías. Los inversores extranjeros se sintieron atraídos por la estabilidad social que garantizaban los gobiernos progresistas, a diferencia de la inestabilidad que provocaban los gobiernos neoliberales anteriores. Los gobiernos progresistas han prosperado por sus lazos económicos con las multinacionales y por una alianza electoral con las clases bajas.

HAY DIFERENCIAS ENTRE ELLOS

Aunque los siete gobiernos progresistas latinoamericanos comparten una estrategia común de desarrollo basada en la exportación de materias primas, hay diferencias significativas en el grado de diversificación de sus economías, en la naturaleza y características de los bienes que exportan, en la intensidad de la polarización y de la cohesión social y en la envergadura y el alcance de la oposición. En consonancia con estas diferencias, también hay diferencias sustanciales en el grado de sostenibilidad de su “modelo progresista y extractivo” o en la medida en que pueden verse sometidos a sustitución.

Las distinciones responden a varios criterios. Entre los gobiernos con dirigentes carismáticos y con una dependencia extrema de la exportación de materias primas (Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela) y los que cuentan con sectores industriales y una dirección política más “institucio¬nalizada” (Brasil, Argentina y Uruguay). También hay diferencias significativas en el grado de conflictos de clase y étnicos: Perú, Bolivia y Ecuador atraviesan por una etapa de resistencia generalizada e importante de las principales comunidades indígenas, mientras que en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la población indígena es escasa, solo hay una oposición aislada de estos grupos.

En términos de lucha de clases, Bolivia ha vivido protestas generalizadas de los trabajadores de la salud, de la educación, de la minería y de la industria. Venezuela ha tenido que hacer frente a cierres patronales y a boicots organizados por la élite económica, una “lucha de clases desde arriba”. Ecuador enfrentó protestas generalizadas de la policía. Casi todos los demás (Brasil, Argentina y Uruguay) padecieron huelgas limitadas, en buena medida por reclamos salariales. Con la excepción de Bolivia, las principales confederaciones sindicales trabajan estrechamente y colaboran con los gobiernos progresistas, mientras los movimientos campesinos y de trabajadores rurales de Brasil, Ecuador y Perú han conservado un mayor grado de independencia y militancia, sobre todo porque han sido los más perjudicados por las estrategias de exportación agro-mineral. En Venezuela y Brasil, los ejércitos privados de los terratenientes han desempeñado un papel fundamental en el combate relativamente impune contra los beneficiarios de la reforma agraria.

SON RESPONSABLES
DE DESASTRES AMBIENTALES

La degradación medioambiental más profunda se ha producido en Brasil, donde durante la década de gobierno del Partido de los Trabajadores se han deforestado millones de hectáreas de bosque tropical. La explotación agrícola con productos químicos es intensa en la mayoría de los países, en especial en Brasil, Argentina y Uruguay, donde la soya se ha convertido en el cultivo dominante.

Todos los principales exportadores agroindustriales (Brasil, Argentina y Uruguay) recurren a productos químicos tóxicos y a semillas transgénicas que desencadenan infinidad de daños a las poblaciones indígenas y a sus hábitats naturales. La toxicidad y la degradación del medioambiente derivada de las gigantescas empresas mineras y madereras está bien documentada en Perú, Ecuador y Uruguay. En general, cuanto más numerosa es la población urbana y cuanto más dispersas están las comunidades rurales afectadas negativamente, menor es la protesta ecológica y menor la probabilidad de que las ONG ecologistas desempeñen un papel importante en la protesta.

Los progresistas “moderados” tienen el historial más flagrante y bien documentado de continua degradación medioambiental. En Perú, Humala ha dado luz verde a una explotación minera que amenaza la vida de millares de campesinos y empresarios locales de Cajamarca. En una década los presidentes Lula da Silva y Dilma Rouseff, del Partido de los Trabajadores, han fomentado la destrucción de millones de hectáreas de bosque tropical amazónico y el desplazamiento de numerosas comunidades indígenas. En Uruguay y a pesar de las protestas masivas los presidentes Tabaré Vásquez y José Mújica, del Frente Amplio, favorecieron la fábrica de celulosa Botina, muy tóxica, contaminante de las aguas del río Paraná.

Como las industrias del sector extractivo están lejos de los principales núcleos urbanos, como la mayoría de las confederaciones sindicales colaboran con los gobiernos progresistas y consiguen incrementos salariales progresivos, y como la economía ha estado creciendo y el desempleo ha disminuido, los desequilibrios macroeconómicos, la dependencia de la exportación de materias primas y las vulnerabilidades estructurales conexas no se han traducido en confrontaciones importantes entre el capital y la mano de obra.

ALGUNOS CONFLICTOS
CON “LA DERECHA”

Los conflictos más importantes que han enfrentado estos gobiernos se han dado entre las élites neoliberales ortodoxas respaldadas por Estados Unidos y las potencias europeas y los gobiernos progresistas. Nos vienen a la memoria varios ejemplos.

El 12 de abril de 2001, y entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, la clase capitalista venezolana apoyada por Estados Unidos y España organizó un intento de golpe de estado que fracasó y un cierre patronal en el sector petrolero, que también fue superado. En 2011, un levantamiento encabezado por la policía de Ecuador y un golpe de estado en Bolivia fueron abortados con éxito antes de que adquirieran fuerza. En 2008, una protesta empresarial en Argentina paralizó el sector de exportaciones agrícolas. Se movilizaban contra un impuesto a la exportación. La protesta acabó con concesiones del gobierno.

En buena medida, estas “luchas de clase desde arriba” favorecieron a los gobiernos progresistas porque les permitieron plantearlas como si se tratara de la lucha entre un gobierno democrático popular y una oligarquía autoritaria y retrógrada. En consecuencia, los gobiernos progresistas consiguieron neutralizar, al menos temporalmente, las críticas internas procedentes de la izquierda. La derrota de “la derecha” dió brillo a las credenciales de los gobiernos progresistas y elevó su popularidad.

CON RESPALDO DEL EJÉRCITO

Aunque el apoyo popular era importante para sostener a los gobiernos progresistas ante las campañas de desestabilización más derechistas respaldadas por Estados Unidos y la Unión Europea, tuvo igual o mayor importancia el respaldo que el ejército, algunos sectores de la élite empresarial y de los capitalistas del sector extractivo le dieron a los gobiernos progresistas.

Adoptando “políticas moderadas” -entre ellas, los subsidios empresariales y una generosa subida de sueldos al ejército- consiguieron dividir a la élite, conservar el apoyo del ejército y aislar a la oposición de derecha, que ha seguido siendo marginal desde el punto de vista electoral y ha logrado incidir muy poco en la agenda derechista de Estados Unidos y la Unión Europea.

CHÁVEZ:
ALGUNAS DIFERENCIAS

El grado de “progresismo” en el seno de estos gobiernos varía de manera muy importante. El gobierno de Chávez ha presentado un programa antiimperialista y socialista que supone el rechazo a los golpes de estado, a las guerras y al bloqueo por Estados Unidos. Ha apoyado la re-renacionali¬zación del petróleo, del aluminio y de otras materias primas, de la minería y de las fuentes de energía.

Su amplia reforma agraria, que ha beneficiado a 300 mil familias, tiene por objetivo la autosuficiencia alimentaria. La salud pública y la educación superior universal y gratuita, el subsidio de los precios de los alimentos básicos a través de supermercados públicos y los programas masivos de vivienda pública de bajo costo para los pobres, junto con las campañas de alfabetización y la formación de miles de consejos de barrio para arbitrar y resolver asuntos locales, han profundizado y ampliado el proceso de socialización.

ELUDEN LA REFORMA AGRARIA

A menor escala, Bolivia, Ecuador y Argentina han desarrollado políticas exteriores independientes. Sus nacionalizaciones parciales y selectivas, más que producirse en el marco de una estrategia de transformación profunda y de largo plazo, están pensadas para incrementar los ingresos. No han seguido los pasos de Chávez hacia la reforma agraria y hacia un mayor incremento del gasto social en salud, vivienda y educación superior. Presentan como “reforma” la gestión de tierras lejanas, públicas y de dudosa calidad. Han sido defensores de cambios progresivos en lo relacionado con los salarios y las prestaciones sociales para incrementarlos según el aumento de los ingresos derivados de la exportación de materias primas y en sintonía con la tasa de inflación.

Bolivia y Ecuador han desalojado a ocupantes de tierras y han defendido a los principales titulares de tierras del sector agroindustrial. Los gobiernos menos “reformistas” y con las credenciales “progresistas” más dudosas son los de Brasil,
Uruguay y el de Perú bajo el gobierno de Ollanta Humala. Han adoptado un modelo de libre mercado, fomentan activamente la afluencia de inversiones extranjeras no reguladas, destruyen millones de hectáreas de bosques tropicales -en especial, Brasil-, promueven las grandes empresas agroindustriales, se oponen a la reforma agraria en todas sus modalidades, confiando en el éxodo de los campesinos y de los sin tierra a las ciudades, en donde se convierten en reserva de mano de obra barata para el capital o se suman al sector informal mal remunerado.

TIENEN MENOS POBRES
Y MÁS MILLONARIOS

Los gobiernos progresistas “moderados” han firmado acuerdos militares con Estados Unidos y adoptan un perfil bajo ante las medidas imperiales estadounidenses en el Medio Oriente. Su “progresismo” se aprecia en el apoyo que dan a las iniciativas de integración regional, en la diversificación de los mercados exteriores y en su oposición a la hegemonía estadounidense en el continente: se opusieron al golpe de estado en Honduras y adversan el bloqueo a Cuba y las injerencias en Venezuela-.

Brasil encabeza la marcha en la oferta a los especulado¬res de Wall Street y en el gasto público contra la pobreza entregando canastas de alimentos básicos. La reducción de la pobreza camina a la par del espectacular aumento del número de millonarios vinculados al sector financiero y al de la exportación de productos agro-minerales.


LA “TARJETA DE IDENTIDAD”
DE ESTOS SIETE GOBIERNOS

Aunque es difícil generalizar la actuación de estos gobiernos progresistas, dadas sus divergencias en política social y económica, se puede esbozar una especie de “tarjeta de identidad”.

Todos estos gobiernos han reducido los niveles de pobreza y han incrementado la dependencia de exportaciones
e inversiones del sector agro-mineral. Todos han firmado y/o renegociado contratos con multinacionales del sector extractivo. Muy pocos han diversificado su economía. Los que cuentan con un tejido industrial relevante (Argentina, Brasil y Perú) han sufrido un declive importante en su sector manufacturero, por la apreciación de sus monedas y la pérdida de competitividad derivada del aumento de los precios de materias primas.

Los acuerdos para un aumento progresivo de los salarios han desembocado en conflictos sociales de menor nivel en las ciudades -con la excepción de Bolivia-, pero el éxodo de campesinos y la degradación ambiental han intensificado conflictos entre las comunidades rurales y las multinacionales, lo que ha dado lugar a represión estatal en Perú.

El impacto social de los gobiernos progresistas es lo que marca una mayor diferencia entre ellos. Venezuela registra los cambios estructurales de mayor alcance. El resto de los gobiernos carece de un proyecto de redistribución de la riqueza, las rentas o la tierra. El apoyo de todos estos gobiernos a la integración regional va aparejado a divergencias importantes en su acomodo a la política militar estadounidense. Venezuela, Ecuador y Bolivia, miembros del ALBA, rechazan los tratados militares, pero Brasil, Uruguay y Perú han firmado acuerdos militares con el Pentágono.

El desempeño económico es también desigual. La economía de Brasil -en especial su sector manufacturero- se está estancando en un crecimiento cero o negativo en 2011 y 2012. Venezuela se está recuperando, pero con una tasa de inflación del 20%. El resto del bloque progresista está experimentando un crecimiento sostenido, pero con una creciente dependencia de exportaciones al mercado asiático, sobre todo a China.

Las alternativas a las economías extractivas vigentes varían enormemente. En Venezuela, el gobierno ha convertido la diversificación en alta prioridad. Brasil y Argentina están adoptando medidas proteccionistas para fomentar la industria con un éxito limitado, sobre todo porque sus políticas vienen contrarrestadas por la expansión de tierras dedicadas a la producción de soya y a materias primas de exportación.

Uruguay, Perú, Ecuador y Bolivia hablan de diversificación, pero han evitado tomar medidas para pasar a la producción de alimentos y a la agricultura familiar y todavía tienen que adoptar medidas concretas para estimular la industria local con una política de industrialización basada en el financiamiento público.

Queda claro que estos siete gobiernos tienen una “identidad” muy parecida.

SOCIÓLOGO.
TEXTO APARECIDO EN WWW.REBELION.ORG
TRADUCIDO POR RICARDO GARCÍA PÉREZ Y ENVÍO. EDICIÓN DE ENVÍO.

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