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  Número 362 | Mayo 2012
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Nicaragua

Primeros 100 días: Entre prisas y letargo

Al cumplirse los primeros 100 días del nuevo quinquenio de Daniel Ortega en la Presidencia de la República nadie se ocupó o se preocupó por analizarlos, como es tradicional. Tal vez porque ya había anunciado Ortega que en este período haría “más de lo mismo”. Y así ha ocurrido. En su reestreno Ortega demuestra tener prisa y puede correr porque la sociedad parece aletargada.

Equipo Envío

En sus primeros 100 días cualquier nuevo gobierno saca sus cartas más fuertes. Se presenta con ellas. Aprovechando el respaldo de la popularidad que se ganó en las urnas, todo nuevo gobernante también anuncia y despacha las medidas más impopulares cuanto antes. En Nicaragua todo resulta atípico. El gobernante no es nuevo. Son suficientemente conocidas las cartas fuertes con las que juega. Y las medidas impopulares que tiene que despachar, aunque ya se anuncian, no las hará realidad hasta después de las elecciones municipales.

OBJETIVO: LOS MUNICIPIOS

En la celebración del 32 aniversario de la Revolución, en julio de 2011, Daniel Ortega, persiguiendo su inconstitucional reelección, resumió cuál sería su programa de gobierno: “El que tenemos en práctica hoy, y que tenemos que mejorar, fortalecer, desarrollar”. Mejora, fortalecimiento y desarrollo de ese programa se expresaron con gran claridad en los primeros 100 días.

Caracterizándose el proyecto del FSLN por aspirar a un control institucional y social lo más totalizante posible, el objetivo en este primer tramo de su segundo mandato han sido los poderes locales. Dos iniciativas de ley para reformar la Ley de Municipios han sido el instrumento elegido para “fortalecer y desarrollar” el control que desde 2008 ya tenía el partido de gobierno sobre la casi totalidad de las alcaldías del país, 40 de ellas -la capital y la mayoría de las cabeceras departamentales- ganadas por fraude.

La primera iniciativa de ley presidencial fue enviada en marzo a la Asamblea Nacional “con carácter de urgencia” para su aprobación. Se la conoce como Ley 50-50 porque, entre lo reformado, lo que más llamó la atención fue que establece que los partidos políticos deben confeccionar sus listas de candidatos (alcalde, vicealcalde, concejales), ya para estas próximas elecciones, con mitad de hombres y mitad de mujeres.

La Ley 50-50 se inscribe en una de las demandas históricas del feminismo: ampliar las cuotas de participación de las mujeres en todos los espacios públicos de poder y decisión. En este sentido, hay que celebrarla. En el contexto político nicaragüense, hay que preguntarse: ¿Bastan las cuotas, basta el número? Parecen no bastar cuando las mujeres no entrarán a esas listas desde las organizaciones de mujeres que en Nicaragua tienen desde hace más de tres décadas un acumulado de trabajo generador de conciencia, sino que llegarán desde los partidos políticos y en el clima de intenso autoritarismo del gobierno que promueve la medida.

Lo comentaba así Patricia Orozco, municipalista y feminista, en el número anterior de Envío “Yo estoy convencida de que en Nicaragua hay ya suficientes mujeres para hacer realidad el 50-50 en todos los espacios de poder si de lo que se trata es de ocupar el cargo con capacidad, con conciencia de género y con autonomía. Y las hay porque en estos años hemos avanzado extraordinariamente. Pero esas mujeres no sumisas, autónomas, no están generalmente en los partidos. Hasta hoy no hay en las filas de ningún partido político de Nicaragua la reflexión necesaria que permita la autonomía de sus militantes mujeres. Si en Nicaragua se reformara la Ley Electoral y se nos restituyera lo que nos quitó el pacto de Ortega con Alemán, el derecho a las candidaturas por suscripción popular -que se podían presentar, independientemente de las listas de los partidos sólo reuniendo 5 mil firmas- sobrarían mujeres dispuestas a administrar con capacidad y con conciencia de género cualquier alcaldía de nuestro país”.

EQUIDAD DE GÉNERO
Y AUMENTO POBLACIONAL

En abril, sólo mes y medio después de la reforma de marzo, el Ejecutivo decidió otra reforma a la Ley de Municipios. Si la de marzo fue justificada alzando la consigna de la equidad de género, la de abril llevaba como pendón la participación ciudadana, dos conceptos en los que ha sido capacitada y “tallereada” media Nicaragua y de los que ahora se apropia el partido de gobierno para abanderarlos.

La reforma aumenta el número de concejales en todas las alcaldías del país, duplicándolos, triplicándolos, y en el caso de Managua cuadruplicándolos.

En cada municipio los concejales se organizan en el concejo municipal, órgano del gobierno que toma decisiones sobre el desarrollo local, discute y aprueba el presupuesto municipal y sus modificaciones, discute y aprueba ordenanzas y proyectos, vela por los recursos naturales de la localidad… La reforma obliga a los partidos políticos a ampliar sus listas de candidatos a concejales, ya para estas próximas elecciones.

El número de concejales que hoy trabajan en las alcaldías fue establecido en la Ley de Municipios, que casi cumple los 25 años de promulgada. En estos cinco lustros la población nicaragüense se ha prácticamente duplicado y en la mayoría de las alcaldías el número ya no se corresponde ni con la democracia representativa ni con la democracia participativa que establece nuestra Constitución. En ese sentido, la reforma es congruente con la realidad y hay que aplaudirla.

4 MIL 356 NUEVOS CARGOS

La reforma establece que el total de concejales propietarios a nivel nacional (son 1 mil 89 actualmente) se incrementa a 3 mil 267. Igual aumento habrá de los correspondientes concejales suplentes. En total, serán 6 mil 534 personas, mitad hombres, mitad mujeres, las que tendrán que aparecer en las listas de candidatos de todos los partidos políticos que participen en las elecciones del 4 de noviembre, listas que los partidos deberán presentar ya en junio.

¿De dónde va a salir, con tanta prisa, tal cantidad de aspirantes a ese cargo, tal número de militantes? Más allá de la propaganda que acompaña la iniciativa de Ortega, la intencionalidad política que aparece tras esta reforma es la de ubicar en esas listas -las del FSLN y las de los partidos aliados del gobierno- a miles de mujeres y hombres del partido de gobierno que desde 2007 vienen participando o acercándose a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

APLACAR TENSIONES
Y CONTROLAR MEJOR

El Presidente Ortega tiene prisa en darle forma definitiva a su proyecto de “poder ciudadano”, que en la realidad se traduce en un poder cada vez más centralizado en la pareja presidencial, su familia y su círculo más cercano. Para consolidar el “poder ciudadano” Ortega necesita copar con el mayor número posible de su gente la mayor cantidad posible de espacios de poder institucional.

Los conflictos internos en el FSLN se están haciendo cada vez más visibles en los municipios. Las excesivas dosis de centralismo y verticalismo que aplica el partido de gobierno generan tensiones, rencillas, disputas por cargos, prebendas y recursos. En este escenario conflictivo Daniel Ortega apuesta a que un aumento de los concejales le ayudará a aplacar las tensiones: podrá repartir más cargos entre más personas, le será más fácil controlar a un colectivo más numeroso, y apuesta a que a través de ese nutrido colectivo de concejales podrá neutralizar mejor el poder de los alcaldes.

Diluye el poder y concentrarás poder: ésa parece ser su fórmula. Algunos alcaldes del FSLN han trabajado muy bien, tienen personalidad propia, funcionan con algo de autonomía y representan liderazgos emergentes, algo inadmisible en el actual esquema de poder.

CON ESPÍRITU DE SERVICIO

Las tensiones que hay actualmente al interior del FSLN son luchas políticas por cargos y luchas económicas por recursos. Los concejales ganan salarios muy altos, disponen de vehículos, celulares y otros viáticos y reciben buenas dietas por cada sesión a la que asisten. Eso incomoda a los militantes CPC, que tal vez hacen más y no ganan así. Tratando de calmar las aguas, al presentar su reforma, el Presidente Ortega advirtió que más cargos no significarían aumento de salarios ni aumento de viáticos para nadie y que las alcaldías trabajarían sin incrementar sus presupuestos.

Y como ya es habitual en todos sus discursos, dio un toque “religioso” a la advertencia: se trata, dijo, de fomentar “la mística de servicio…como los sacerdotes, como los pastores, que sirven al pueblo sin esperar recompensa”. La alcaldesa del FSLN en Managua, Daisy Torres, reconoció enseguida que “ya era tiempo” de que a los CPC se les diera espacio en los concejos municipales porque tienen ese “espíritu de servicio”.

El proyecto político ha sido “mejorado, fortalecido y desarrollado” en estos primeros 100 días, tal como nos fue anunciado. Insertando ahora a los CPC en los poderes locales, Ortega conseguirá por fin ajustar la institucio¬nalidad municipal al nuevo modelo partidario, logrará por fin institucio¬nalizar en el Estado al nuevo FSLN.

ESTO INICIÓ EN 2007

Con fecha 10 de enero de 2007 el Presidente Ortega, estrenando mandato, creó ese mismo día cuatro nuevos Consejos Nacionales, con los que reorganizaba el Estado, reformando por decreto la Ley 290, de Organización del Estado. En uno, el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, colocó al frente a su esposa, Rosario Murillo. Daba así inicio el proceso de transformación del FSLN, debilitado cada vez más después de la derrota de la Revolución en 1990 y transformado en los años siguientes en una maquinaria electoral, en manos de los comandos dirigidos por Lenín Cerna, activados solamente en momentos electorales.

La misión que se adjudicó Murillo fue transformar esa maquinaria electoral en un tendido orgánico de militantes de base. La tarea era enorme, dado el desgaste del FSLN durante 16 años. Y el tiempo apremiaba.

¿QUÉ NOMBRE LE PONDREMOS?

Desconociendo la Ley de Participación Ciudadana, Ley 475, en vigor desde 2003, y todo el entramado participativo que nació y surgió en los municipios de ese nuevo marco legal, y desconociendo también los antecedentes que en la construcción de ciudadanía y descentralización del poder significaron la proclamación de la autonomía municipal (1987) y la Ley de Municipios (1988), importantes frutos de la Revolución, Ortega y su esposa inventaron un nuevo instrumento de “participación”, que no era tan nuevo en su concepción.

Primero los llamaron Consejos de Ciudadanía, después Consejos del Pueblo, después Consejos Comunitarios del Poder Ciudadano… Eran la nueva versión de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), a su vez calcados en los años 80 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos. Y en esta nueva etapa sonaban también émulos de los Consejos Comunales chavistas y hasta de los Congresos Populares de la democracia directa de la Libia de Gadaffi.

Ya en aquel enero de 2007 los Consejos provocaron una primera e intensa batalla legislativa. Se saldó con el triunfo de la mayoría parlamentaria opositora, que logró que a la nueva criatura no se le asignaran ni funciones estatales ni la administración de programas gubernamentales ni que recibieran recursos del presupuesto nacional. Sin embargo, ahí quedaron los Consejos, aún sin apellido definitivo, pero ya con funciones y recursos que eran del gobierno, que no eran auditados por nadie.

Con la palabra “ciudadanía”, de enorme fuerza en todo el mundo en los años que siguieron a la Revolución de los 80, cuando la palabra era “pueblo”, terminaron bautizándolos: Consejos del Poder Ciudadano.

“NO SE ORGANIZA
POR DECRETO”

En el acto de celebración de los 28 años de la Revolución (julio 2007) Murillo rindió a Ortega su primer informe como Coordinadora de los nuevos CPC: notificó que ya estaban organizados en todo el país 6 mil 334, con 500 mil 288 integrantes y anunció que en dos meses más se completaría totalmente la estructura: 16 mil 957 CPC con 938 mil 523 personas integradas. Dio cuenta también que cada CPC estaba integrado por 16 responsables de 16 áreas y atendía a 100 personas barrio por barrio y comarca por comarca.

Resultaba inverosímil que en menos de un año más de 900 mil personas -cantidad equivalente al 38% conseguido por Ortega en las urnas, su voto duro- hubieran sido captadas y organizadas. Siendo seguramente muchísimos menos que en el informe oficial, los CPC ahí estaban, con poder, recursos y funciones…

“Sujetos de la nueva hegemonía sandinista”: así llegaron a llamar pomposamente a los CPC en un cuaderno que el FSLN distribuyó en julio de aquel año entre sus bases para darles a conocer “el nuevo proyecto sandinista”, identificado como “segunda etapa de la revolución”.

En septiembre de aquel año, el periodista William Grigsby, severo crítico en las páginas de esta revista de la reducción del FSLN a una maquinaria electoral y convencido de la necesidad de reorganizar al FSLN desde la conciencia, criticaba en Envío lo que consideraba un error del FSLN: “No se organiza a la gente ni se crea conciencia por decreto, eso no es así, eso no funciona así”. Se refería a los CPC.

“¡QUE EL PUEBLO
SEA PRESIDENTE!”

En su discurso de aquel 19 de Julio, Ortega insistió en hacer de los CPC parte del Estado que estaba empeñado en “reorganizar”, aunque sabía el Presidente que sin mayoría parlamentaria no lo conseguiría.

De ahí el alterado tono que empleó: “¡Ellos tienen los votos en la Asamblea para decir que desaparezcan los Consejos del Poder Ciudadano, pero estarían incumpliendo lo que manda la Constitución y deben estar totalmente claros que es voluntad, es un derecho del gobierno, es un derecho del Presidente compartir el poder con el pueblo! ¡Que el pueblo sea Presidente! ¡Ellos no pueden negarme ese derecho!”

CPC: INSTALACIÓN OFICIAL

Después de intensas batallas legales (votación parlamentaria nuevamente adversa a Ortega, veto presidencial, oposición nuevamente mayoritaria contra el veto, recurso de amparo presidencial y votación pactada con los diputados de Alemán), los CPC aparecieron por fin en el espacio público.

El 30 de noviembre de 2007, en un colorido y costoso acto en la Plaza de la Revolución se instalaron oficialmente los Consejos del Poder Ciudadano. Ortega los sacó del Ejecutivo y los insertó en el CONPES (Consejo Nacional de Planificación Económica y Social), máxima instancia constitucional de consulta del gobierno con la sociedad civil, organizada por fin en 2001 por presiones de la pujante y vital sociedad civil de aquellos años, respaldada por la comunidad internacional.

Los CPC entraron ese día al Estado por la puerta del CONPES y Ortega puso ese mismo día al frente del CONPES a Murillo. Pero el CONPES nunca más sesionó. Dejó de existir. Y los CPC siguieron existiendo como organizaciones semiparaestatales y plenamente partidarias.

UNA NUEVA VERSIÓN DEL FSLN

El FSLN comenzó a ser otro. El olfato político de los sandinistas históricos, críticos de la conducción de Ortega desde hacía años, especialmente por su pacto político con el corrupto Arnoldo Alemán, les indicaba que el FSLN que habían conocido estaba siendo transformado, recompuesto, transmutado a través de los CPC, instalados sobre los restos del FSLN histórico, dirigidos en los territorios por secretarios políticos del FSLN -no precisamente los más honestos-, los que a su vez eran dirigidos desde la Secretaría del FSLN y desde el Ejecutivo por Murillo.

Las estructuras institucionales del partido (Congreso, Asamblea, asambleas de base), donde mal que bien se debatía, nunca volvieron a funcionar. Los cuatro o cinco años que precedieron a la vuelta al gobierno de Ortega habían sido desastrosos desde el punto de vista de la institucionalidad del partido.

Lo comentó así en diciembre de 2007 en Envío la comandante guerrillera Mónica Baltodano: “Los propios analistas orgánicos del Frente y del danielismo lo reconocen. Actualmente no existe ni organización política ni institucionalidad partidaria en el Frente y las decisiones, que durante años se tomaban colectivamente, las adopta ahora la pareja presidencial y algunos cuantos allegados. La victoria electoral sorprendió al Frente Sandinista con este gran debilitamiento de su organización y con nula institucionalidad”.

Montar a los CPC sobre los restos de las estructuras del FSLN, organizarlos y ponerlos a disputar protagonismo con expresiones de participación que habían venido funcionando en los municipios en los años anteriores, organizarlos por encima de otros liderazgos locales, comenzó a generar conflictos.

CORREAS DE TRANSMISIÓN
DEL ESTADO-PARTIDO

En los siguientes meses y años las encuestas demostraban que la participación de los simpatizantes del FSLN en los CPC era minoritaria numéricamente y que en la mayoría de ellos el comportamiento era sectario, contradiciendo el pluralismo ciudadano con el que Murillo anunció que se habían creado.

La experiencia de la gente en barrios, comarcas y municipios en donde funcionaban fue demostrando que los CPC actuaban como correas de transmisión del poder central, encargados de llenar plazas en los actos gubernamentales con empleados estatales y de convertir a la ciudadanía en “cliente” del partido de gobierno: los CPC administraban los programas sociales financiados con la abundante cooperación venezolana y entregaban avales políticos a quienes solicitaban o reclamaban cualquier cosa en las instituciones estatales: un empleo, una beca, una licencia, una prórroga, un carnet, una cédula de identidad, una medicina...

Cinco años después de aquella primera batalla legislativa de enero 2007, y ya con la holgada mayoría parlamentaria que le dio el fraude de 2011, Ortega logra ahora, con la reforma a la Ley de Municipios, insertar por fin legalmente a los CPC en la institucionalidad estatal. El esquema Estado-Partido da un paso importante, con el Estado controlado institucionalmente y con el Partido transformado.

TAMBIÉN
REFORMAS ELECTORALES

Estos 100 días trajeron algo más que estos cambios en los poderes locales. A la par de la reforma municipal, Ortega presentó el mismo día una iniciativa de ley que reforma 26 artículos de la Ley Electoral, en aspectos meramente procedimentales, nimios, que no alteran nada sustancial.

Sólo dos de las reformas fueron calificadas por los expertos electorales nacionales como “positivas”, aunque reconociendo su irrelevancia. Ninguna de las reformas responde a demandas que desde hace años hace el Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE), que aglutina a 14 organizaciones nacionales.

Ninguna hace eco a las principales recomendaciones hechas por las misiones de observación electoral internacional de la Unión Europea y la OEA desde 2006, más acuciosas y apremiantes las que hiciera la UE después de calificar las recientes elecciones de 2011 como un “proceso carente de neutralidad y de transparencia”.

¿CONVENCERÁN EN BRUSELAS
Y EN WASHINGTON?

El Presidente Ortega está consciente de la ilegitimidad internacional que se ganó con el fraude de 2011 y que siguió al de 2008, que significó recortes importantes de la cooperación europea y estadounidense.

¿Creerá que estas reformas, que parecen estar dirigidas a convencer a Bruselas y a Washington de que tiene voluntad “de hacer cambios” cumplirán con ese objetivo? Tal vez así lo cree, porque sabe que las elecciones municipales no despiertan nunca ni el interés ni las alertas externas que provocan las elecciones nacionales.

Tal vez cuenta con que los problemas de Europa son tan agudos que lo que suceda o no en el próximo proceso electoral de Nicaragua pasará a un último o penúltimo plano en cualquier cancillería del viejo continente. ¿Creerá que esto sucederá también así en el Departamento de Estado de Estados Unidos?

“NO RASCAN DONDE PICA”

Roberto Courtney, director ejecutivo del organismo de observación electoral Ética y Transparencia, resumió las reformas con una metáfora popular: “El problema de estas reformas es que no rascan bien, no rascan duro y no rascan donde pica”.

Rascan sin hacerlo ni bien ni duro porque lo hacen sólo en aspectos procedimentales. Por ejemplo, ahora serán 30 y no 10 días el plazo para entregar credenciales a los fiscales de los partidos…pero las seguirán entregando los magistrados electorales, no teniendo libertad los partidos para elegir con autonomía de los magistrados a sus fiscales. Se amplían, por ejemplo, los plazos para la entrega de las cédulas de identidad…pero no las entregará una instancia independiente del Consejo Supremo Electoral.

MOSQUITOS Y CAMELLOS

Las reformas no “rascan donde pica” porque donde pica no es en estos procedimientos de la Ley Electoral, sino en la composición totalmente partidarizada a favor del FSLN del Consejo Supremo Electoral, que los administra discrecionalmente. La insustancialidad de las reformas presidenciales se podría describir en lenguaje evangélico evocando aquella práctica de los fariseos que Jesús describió con otra metáfora “tragan camellos y cuelan mosquitos”. Los “mosquitos” son estos mínimos procedimientos, los “camellos” son los magistrados electorales.

Los expertos electorales nacionales se han cansado de reiterar que el colapso -así lo califican- del sistema electoral nicaragüense no se produjo por causa de la Ley Electoral, mal que bien manejada adecuadamente hasta las elecciones de 2006, sino porque a partir de la siguiente elección la ley no fue respetada ni aplicada correctamente, sino violada reiteradamente por los magistrados electorales en los comicios municipales de aquel 2008, en los costeños de 2009 y en los nacionales de 2011. Siempre para favorecer al FSLN. “Un Consejo Supremo Electoral con credibilidad lograría regenerar el sistema, lo demás vendría por añadidura”, dice Courtney.

MOVIMIENTOS
A LO “GATOPARDO”

Las reformas electorales de Ortega sorprendieron a la oposición nucleada en torno a Eduardo Montealegre, que esperaba, con no disimulada y ansiosa certidumbre, que sería él y los diputados de su Movimiento Vamos con Eduardo quienes discutirían sobre temas electorales y sobre otros temas “trascendentales” en un diálogo bilateral con Ortega o con alguno de sus operadores.

Las reformas de Ortega fueron recibidas con “beneplácito” por todos los partidos aliados del FSLN y por los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que convocaron de inmediato a las elecciones municipales de noviembre, tras un retraso que había generado incertidumbres y hasta la expectativa de que la sorpresa que preparaba Ortega sería el cambio de al menos algunos magistrados.

Con ambos movimientos “gatopardistas”, el del Ejecutivo (reformando para que nada cambie) y el del CSE (convocando para que nada cambie) quedó claro que no habrá cambios importantes en las autoridades electorales, a pesar del desprestigio que sobre ellas pesa y a pesar de que están en esos cargos con período vencido, lo que anuncia un proceso electoral en total control del Ejecutivo y con irregularidades ya experimentadas.

TODOS TIENEN “INTENCIÓN”
DE PARTICIPAR

Convocando a las elecciones el 26 de abril, el CSE impuso que ya el 3 de mayo los partidos políticos con personería jurídica le presentaran “cartas de intención” expresando su disposición de participar en las elecciones. Será entre junio-julio cuando deban presentar alianzas y candidatos. Entonces, la intención será decisión. El presidente del CSE, Roberto Rivas no dejó de advertirles que, por ley, quienes no participen serán borrados del mapa político perdiendo su personería jurídica.

Todos los 18 partidos expresaron su “intención”. Los más eufóricos y decididos los más chiquitos: PRN, APRE, AC, MUC, CC, UCD, algunos afirmando que irán solos, otros diciendo que irán en alianza con el FSLN. También el PLC, que continúa en manos de Alemán, dijo que participará. Sólo el PLI planteó dudas.

GADEA: “YO NO SOY IDIOTA”

Lo único que parece interesante en esta coyuntura electoral es ver qué hace o no hace, que dice o no dice la Alianza PLI. El PLI partido, incluido en la Alianza PLI, expresó su intención de participar presentando la “carta de intención” y anunció estar preparándose ya en los territorios municipales para la contienda. Dos de los otros tres integrantes de la Alianza PLI, el MRS y la UCD, expresaron su rechazo a participar. El Movimiento Renovador Sandinista dijo desde hace un mes que no lo haría si no había un “cambio total” de todos los magistrados electorales. Lo reiteró ahora.

Al conocer las reformas de Ortega, otro grupo integrante de la Alianza, la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), que aglutina a 15 organizaciones de la sociedad civil, exhortó a la “verdadera oposición” a no participar en estas elecciones, porque no hay condiciones para que sean libres, justas y transparentes. Más directo y tajante fue el candidato presidencial de la Alianza, Fabio Gadea: “En estas condiciones, con estos magistrados y con este sistema electoral, yo no voy a votar en estas elecciones, yo no soy idiota”.

INCERTIDUMBRES ECONÓMICAS

En sus primeros 100 días Ortega avanzó apresuradamente en su proyecto político al institucionalizar estatalmente en el poder local la estructura partidaria de los CPC.

En su proyecto económico los cambios que debiera hacer nacen de la incertidumbre que seguramente siente el mandatario cuando mira a Caracas.

La alianza del partido de gobierno con la élite empresarial del COSEP se mantiene boyante, a pesar de la confiscación de propiedades, algunas de gran valor económico, que están siendo apropiadas por gente cercana al círculo del poder con el uso de la fuerza. El COSEP busca manejar este proceso de confiscaciones con sigilo.

Más allá de la media docena de propiedades en litigio arrebatadas ilegalmente a sus dueños por el gobierno, a través de la Procuraduría General de la República, y conocidas a través de los medios, existen otras más pequeñas y menos conocidas -ninguna resuelta en los tribunales- y, según declaraciones de la embajada de Estados Unidos en Managua en abril, el gobierno ha confiscado otras 10 propiedades a ciudadanos estadounidenses, que no se han hecho públicas, y que podrían afectar la “dispensa” (waiver) que el gobierno de Estados Unidos concede a Nicaragua en el mes de julio de cada año sólo si respeta las propiedades de sus connacionales.

Sin esta dispensa estarían en riesgo los millonarios recursos que el Banco Mundial, el BID y el FMI están acordando con el gobierno precisamente en estos meses para el próximo quinquenio.

LA VISITA DEL FMI

Una misión del FMI se presentó a comienzos de mayo en Nicaragua para revisar la situación macroeconómica del país antes de firmar un nuevo acuerdo con el gobierno. En este momento, Nicaragua no tiene ningún acuerdo con el Fondo.

La delegación del FMI habló de recortar subsidios a la energía eléctrica -financiados a cuenta del ALBA-, de hacer esfuerzos por formalizar el mercado laboral -7 de cada 10 empleos en Nicaragua son informales-, de debatir la ley que ordena destinar el 6% del presupuesto nacional a la educación universitaria, para redirigir fondos a la educación primaria y a la educación técnica. También planteó de nuevo la urgencia de una reforma tributaria y de la reforma al seguro social, dos exigencias del FMI para firmar el nuevo acuerdo.

El COSEP sabe que ambas reformas afectarán intereses de sus agremiados: recortarán exoneraciones que hoy benefician a grandes capitales y exigirán a los empleadores una mayor contribución al seguro de sus trabajadores. El gobierno tiene prisa en despachar cuando antes estas medidas, que tendrán aspectos inevitablemente impopulares. Pero consiguió del FMI algo que le resulta más urgente por razones políticas: retrasar esos dos tragos amargos. La reforma al seguro social se hará hasta después de las elecciones municipales y la reforma tributaria no se aplicará hasta el 2013.

¿HAY PLAN B
PARA CUANDO FALTE CHÁVEZ?

¿Tiene prisa Ortega de salir de estos “clavos” antes de que en Washington asuma un gobierno republicano -probabilidad con la que tiene que contar- y antes de que Chávez desaparezca de la escena? No lo parece. Sus prisas sólo parecen buscar la consolidación del proyecto político.

En lo económico pareciera que Ortega confía en la influencia que pueda tener Raúl Castro en la transición venezolana cuando ya no esté Chávez. Pareciera confiar también en que las buenas relaciones que ha mantenido su gobierno en asuntos de narcotráfico con el gobierno de Estados Unidos le garantizan un escudo de protección, que le librará, tanto de las iras del republicano Romney si llega a ganar, como de las presiones de Obama si logra reelegirse.

Y el FMI, ¿compartirá esas apreciaciones? ¿No habrá traído la misión del FMI a Managua en mayo un Plan B para el escenario de una Nicaragua sin Chávez y sin las favorables condiciones de pago del convenio petrolero de PDVSA con Ortega? La enorme dependencia de la economía nicaragüense de los recursos venezolanos nos hace tan vulnerables que si esto cambia toda la economía nacional se resentirá severamente.

Según el último informe de FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social), más del 20% del crecimiento del PIB de Nicaragua en los últimos dos años ha sido garantizado por la cooperación venezolana. Los incrementos en la cooperación financiera de Venezuela y en el aumento de las exportaciones a Venezuela, ya el segundo mercado después de Estados Unidos, son espectaculares.

El 60% de toda la cooperación que hoy recibe Nicaragua proviene de Venezuela. Y como todo esto se ha ido tejiendo por la relación entre dos personas, Chávez y Ortega, ¿qué pasará cuando falte una de ellas?

POR QUÉ PUEDE CORRER
TAN DE PRISA

A pesar de todo, Ortega se muestra seguro y hasta arrogante. Ha podido correr políticamente como lo ha hecho por los recursos millonarios de Chávez. Esos recursos no sólo han cimentado su alianza con el gran capital, abriéndoles el mercado venezolano y posponiendo la reforma fiscal que el país necesita, sino que le han permitido sofocar cualquier reclamo social repartiendo dádivas entre los más pobres. Todo eso ha contribuido a que la sociedad nicaragüense esté experimentando un letargo.

Aunque hay carencias, descontento y tensiones que estallan aquí y allá -las recientes elecciones lo expresaron-, no existe en la sociedad nicaragüense una reacción mantenida, visible y organizada en oposición al control social con que el gobierno corre aceleradamente y se impone a la fuerza día a día.

¿POR QUÉ EL LETARGO?

Una buena cantidad de analistas achacan el letargo de la sociedad descontenta con el rumbo de las cosas a la falta de unidad de la oposición organizada en los partidos políticos. Desde su perspectiva, sólo un liderazgo monolíticamente unido -siempre sale a relucir el ejemplo venezolano-, haría despertar del letargo a la sociedad y haría contrapeso al poder de Ortega.

Hay dirigentes políticos opositores que descartan este análisis trillado y reconocen la debilidad opositora desde una perspectiva más amplia. Enrique Sáenz, presidente del MRS, afirma que “existe una incapacidad de la oposición organizada políticamente, y también de la sociedad, de reaccionar, tanto con debate como con movilización, porque la embestida del gobierno contra la institucionalidad abre nuevos frentes cada día y no hay capacidad ni política ni técnica ni movilizativa para responder a todo, para articular proyectos alternativos en tantos frentes”.

Hay funcionarios gubernamentales-empresariales, como el delegado presidencial para las inversiones, el general retirado Álvaro Baltodano, que llama al letargo “paz social” y la explica por la “alianza estratégica entre el sector privado, los trabajadores y el gobierno” que se traduce en una estabilidad macroeconómica que atrae inversiones y en una seguridad ciudadana que nos distingue del resto de Centroamérica por menores índices de violencia y delincuencia.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, comparte esa visión y se declara un convencido de que “Nicaragua es única y excepcional” y por eso “hay que salir a vender la marca Nicaragua, a pesar de todas las diferencias y confrontaciones políticas”.

LETARGO POR MIEDO
Y POR POBREZA

El letargo se define como un estado de somnolencia prolongada, como un estado de insensibilidad o enajenamiento del ánimo causado por ciertas enfermedades.

El letargo actual se explica también por el miedo. El miedo enferma, también insensibiliza. En Nicaragua se ha instalado ya un miedo a hablar porque ya se han visto las consecuencias que puede tener la palabra crítica. La libertad de expresión no es sólo la que protagonizan los medios de comunicación, es también la que se expresa en los centros de trabajo, en las reuniones del partido de gobierno en los barrios, en ambientes oficiales. Hay cada vez más miedo a expresarse en muchos espacios.

El letargo actual se explica también por la pobreza. La pobreza enferma, también enajena el ánimo. Son las diferencias económicas -no sólo las políticas- las que explican el letargo actual de la sociedad. Las desigualdades abismales que en recursos y en oportunidades han existido y continúan existiendo en Nicaragua, y a las que el gobierno de Ortega ha dado respuestas, que aunque son de corto plazo son necesarias porque responden a problemas reales, mejoran la vida y dan esperanza.

La habilidad que ha tenido el gobierno para responder a tantas carencias explica también el adormecimiento de buena parte de la sociedad nicaragüense.

SECTORES ALETARGADOS

Está aletargado, naturalmente, ese sector de la sociedad que se ve beneficiado por un abanico de programas sociales permanentemente ejecutados y diariamente anunciados. Recibir en tu propia casa láminas de zinc, una silla de ruedas, un paquete de comida o una colchoneta, sentir que se acordaron de ti y te trajeron hasta tu casa un chancho o te facilitaron un crédito que tal vez no te obligarán a pagar, saber que te tienen en cuenta porque ya te apuntaron en una lista para darte una casa o una beca para tu hijo…todo eso despierta simpatías por el gobierno y silencia cualquier otra crítica, aunque las haya.

Está aletargado también un buen sector de la juventud que se distancia de una política manejada por adultos que no le convencen, mientras otro sector juvenil es despertado con habilidad y creatividad por los adultos del partido de gobierno con fiestas, licor, futbol y tareas: promotoría social, brigadas ecológicas, brigadas culturales...

ES PROLONGADO
PERO SERÁ PASAJERO

También el gobierno está aletargado. O como dice el dicho, está “dormido en sus laureles”. Durante cinco años desaprovechó los laureles millonarios de la cooperación venezolana, que le habrían permitido construir un verdadero proyecto nacional, con consenso y sin exclusiones. Ahora, esos recursos pueden estar llegando a su fin. ¿Qué hará el gobierno sin ellos? ¿Despertar y disponerse a construir algo diferente o continuar el rumbo centralizador y totalizante en el que está empeñado?

Para gobernados y para gobernantes el letargo, aunque es un estado prolongado, siempre es pasajero. La historia lo demuestra.

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Comunidades indígenas bajo asedio y represión del gobierno

Centroamérica
Los Jinetes del Desarrollo en tiempos Neoliberales (4): Tercer jinete: la cultura gerencial y el pensamiento positivo
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web