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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 362 | Mayo 2012
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México

Comunidades indígenas bajo asedio y represión del gobierno

Los pueblos indígenas que defienden sus territorios y sus formas autónomas de organización vienen padeciendo un asedio y una represión creciente de parte del gobierno. Las autoridades los intentan cooptar con programas sociales. Si no se someten, emplean crecientemente a paramilitares que amenazan, saquean, incendian, hostigan, matan… Detrás del asedio y la represión están los intereses de grandes corporaciones, interesadas en las riquezas que guardan los territorios indígenas. La resistencia de los pueblos originarios de México se encuadra en las luchas por los bienes comunes que se desarrollan hoy en toda América Latina.

Jorge Alonso

La hambruna, la muerte, la represión y el despojo penden sobre las comunidades indígenas mexicanas. El cambio climático incrementó la sequía en 2011. A finales del año y principios de 2012 en muchos sitios se multiplicaron las hambrunas. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria presentó en enero de 2012 un informe de derechos humanos en el que hacía ver que el Estado mexicano ha fallado sustancialmente en sus obligaciones de responder a los derechos de la población a alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda digna y un medioambiente sano. En cambio, ha dado muchas facilidades a las transnacionales mineras y constructoras, que están contaminando las comunidades indígenas.

52 MILLONES
DE POBRES MULTIDIMENSIONALES

La urgencia alimentaria que se presentó a principios de 2012 es consecuencia de la falta de políticas públicas adecuadas para las poblaciones vulnerables. En particular, las comunidades indígenas norteñas, después de haber sufrido el despojo de la Conquista española, que las recluyó en territorios en donde han sobrevivido con una agricultura de infrasubsistencia, están ahora expuestas a la depredación y a la injusticia a manos de grandes compañías que atentan contra los pocos recursos que aún conservan. El hambre, un problema crónico en territorios de los Rarámuris, se ha recrudecido ahora por la sequía y las heladas. El gobierno y los partidos aprovechan la situación para dar respuestas paliativas asistenciales condicionadas al voto, sin atender el problema fundamental de generar trabajos que proporcionen alimentos.

Son 28 millones los mexicanos que viven en pobreza alimentaria y están en riesgo de pasar a la pre-hambruna
por el incremento del precio de los alimentos. Las cifras oficiales sobre pobreza dadas a conocer en febrero
de 2012 demuestran que, pese a los programas sociales, el número de pobres multidimensionales se ha incrementado en el país en 3 millones 200 mil personas más. El número de pobres multidimensionales llegó ya a 52 millones. Son personas que se verán en problemas a la hora de buscar cómo alimentarse. Una persona se considera en condición de pobreza multidimensional cuando lo que gana no le alcanza para adquirir bienes y servicios básicos y presenta carencias en al menos uno de estos seis indicadores: tiene rezago educativo, no logra acceso a servicios de salud, no tiene seguridad social, su vivienda carece de calidad y no tiene servicios básicos, no se alimenta bien.

La pobreza es más dura entre los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas que defienden sus territorios y sus maneras autónomas de organizarse vienen padeciendo una represión incrementada en los últimos tiempos. Primeramente, las autoridades los tratan de cooptar. Para lograrlo, premian con apoyos sociales. Después, echan mano del paramilitarismo para reprimir a quienes no se someten a los planes gubernamentales y a los grupos de poder económico. Finalmente, hay también encarcelamientos arbitrarios. Revisemos algunos ejemplos de este proceder durante 2011 y el primer cuatrimestre de 2012, sobre todo en zonas zapatistas.

LA MASACRE DE ACTEAL:
UNA HERIDA AÚN ABIERTA

El colectivo Las Abejas se lamenta de que en México se produzcan masacres todos los días. Recordaron que desde hace cuatro lustros los indígenas denunciaron que los militares mexicanos habían aprendido sus planes contrainsurgentes en escuelas militares de Estados Unidos, donde habían sido entrenados los violentos narcotraficantes denominados Los Zetas. Denunciaron también que en la guerra contra el narcotráfico se mata a inocentes y se encarcela a quienes reclaman justicia.

Los responsables de la masacre de Acteal en diciembre de 1997 siguen libres. En agosto de 2011 Las Abejas volvieron a levantar la voz declarando que esa masacre había sido un crimen de lesa humanidad, y que tanto el ex-Presidente Zedillo y el Presidente Calderón, como el ex-gobernador Ruiz y el actual gobernante de Chiapas, Juan Sabines, tenían responsabilidades en el crimen. En septiembre de 2011 se conoció que el ex-Presidente Zedillo había sido demandado ante un tribunal estadounidense por la masacre de Acteal. Las Abejas negaron haber promovido la demanda, aunque veían positivo que Zedillo fuera juzgado por ese crimen, lamentando que no se tratara de un juicio penal sino civil.

En enero de 2012 el colectivo Las Abejas exigió al gobernador chiapaneco que explicara el destino de la fiscalía especial para Acteal, nunca explicado a la sociedad, mientras ese documento es el que está siendo utilizado en el juicio civil contra Zedillo. En marzo de 2012 ese colectivo precisó que, aunque Zedillo fuese juzgado en Estados Unidos,
eso no significaría una justicia plena.

El crimen de Acteal fue planeado desde los tres niveles del gobierno para acabar con las organizaciones defensoras
de sus derechos y varios de los responsables materiales han sido excarcelados por el gobierno de Calderón. Cuando en febrero de 2012 otros siete acusados de la masacre de Acteal fueron liberados, el obispo de San Cristóbal declaró que, aunque los argumentos para sacarlos de la cárcel se basan en que los procesos judiciales no se han ajustado
a los términos legales, eso no quería decir que fueran inocentes, y que liberados, podrían perpetrar venganza contra quienes los acusaron.

En el caso de Acteal no se ha honrado ni la verdad ni la justicia. Existen suficientes pruebas contra los liberados, pero no han sido tomadas en cuenta. En la masacre de Acteal el Estado apoyó a los paramilitares y después los ha liberado. El crimen -que dejó 45 asesinados, también niños y mujeres embarazadas, que oraban en una ermita- ha quedado impune; y permanece como herida abierta que sigue indignando a la sociedad. A mediados de abril de 2012 se realizó la primera audiencia preliminar sobre esta masacre en el Tribunal Permanente de los Pueblos, como uno de los casos emblemáticos de violencia estatal, estructural y sistémica.

EN CASCADAS DE AGUA AZUL:
UN VIOLENTO DESALOJO

Otro caso grave es el de campesinos Tzeltales de La Otra Campaña en San Sebastián Bachajón (Chiapas). Estos indígenas tenían el control de la caseta de acceso y cobro a las Cascadas de Agua Azul -hermoso sitio turístico-, que instalaron en 2009 por decisión comunitaria.

En febrero de 2011 fueron agredidos por paramilitares y policías, que los despojaron de la caseta. En el operativo el gobierno encarceló a más de 100 indígenas que defendían sus tierras. Finalmente, dejó en la cárcel a sólo cinco, maltratándolos, privándolos de medicamentos, alimentos y visitas familiares. El 9 de abril de 2011 los indígenas zapatistas recuperaron la caseta de acceso a las Cascadas de Agua Azul, pero al día siguiente, fuerzas policiales federales y estatales se la volvieron a arrebatar.

En este lugar, las comunidades zapatistas se han opuesto a un ambicioso proyecto carretero y ecoturístico. El gobierno ha querido doblegarlos, y ha utilizado a los presos políticos como rehenes para que las comunidades cedan en la lucha por su tierra. Los intereses económicos han alentado la represión y los ejidatarios temen la expropiación forzada del camino a Cascadas de Agua Azul.

Por presión local, nacional e internacional, en julio de 2011 fueron liberados los presos. Pese a que los cargos resultaron falsos, permanecieron encarcelados como rehenes del gobierno casi seis meses, un tiempo en el que se hizo patente que el gobierno criminaliza la protesta y administra el conflicto para violentar los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad, mientras deja en total impunidad a los responsables de los hechos violentos.

PARAMILITARES EN MITZITÓN

A finales de septiembre de 2011, el ejido de San Sebastián Bachajón volvió a hacer pronunciamientos públicos porque un miembro de la comunidad fue secuestrado por autoridades oficiales, amenazado y torturado, un delito más en contra de los luchadores sociales. El 30 de noviembre de 2011 el ejido volvió a emitir un comunicado público recordando que la comunidad había sido despojada ya de 600 hectáreas y también de la caseta. Anunciaban que la recuperarían.

En el pueblo de Mitzitón los adherentes de La Otra Campaña zapatista han visto su territorio asediado por paramilitares del “Ejército de Dios” y de “Alas de Águila”, que roban ganado y cosechas. Un día después de acudir a San Cristóbal de las Casas en mayo de 2011 a la multitudinaria Marcha por la Paz, este pueblo sufrió un ataque armado de paramilitares. En agosto los habitantes de este poblado denunciaron que el “mal gobierno” utilizaba a los paramilitares como títeres para que los amenazaran, difamaran y presionaran con el objetivo de reactivar el proyecto gubernamental de construcción de una carretera. A finales de marzo de 2012 la comunidad declaró que seguían resistiendo, que no caerían en los juegos del mal gobierno y que mantendrían la defensa de sus tierras y de su pueblo.

LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO DENUNCIAN AL “MAL GOBIERNO”

Las comunidades zapatistas han dado a conocer periódicamente lo que les sucede con fechas, lugares, nombres y cifras. A principios de abril de 2011 la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha denunció las provocaciones de las autoridades del ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo, pretendiendo obligar a los zapatistas a pagar un impuesto predial, a pesar de ser autónomos. A Mediados de 2011 la Junta de este Caracol denunció despojos de tierra y agresiones contra dos comunidades de parte de una organización oficialista de caficultores. El “mal gobierno” había intensificado la campaña de contrainsurgencia manipulando a dirigentes de organizaciones para propiciar enfrentamientos entre campesinos y para despojar a los zapatistas de sus tierras valiéndose de invasiones.

Los zapatistas han estado sufriendo robos de cafetales, milpas, árboles, cañaverales, ganado y cercos de alambre. Los invasores han extraído ilegalmente grava de sus territorios para venderla a una constructora. Esta misma Junta alertó de un nuevo intento de despojo en las inmediaciones del sitio arqueológico de Toniná, anunciando que defenderían esa zona, señalizada e identificada como “territorio rebelde”. En agosto de 2011 la Junta volvió a denunciar ataques armados de grupos de organizaciones oficialistas respaldados por fuerzas armadas estatales, en un intento de invadir tierras de miembros de organizaciones zapatistas. Los tres niveles del gobierno organizaban a los paramilitares, empleando para armarlos dinero aportado a México por el PNUD.

La Junta de Buen Gobierno de La Realidad se quejó en abril de 2011 por las provocaciones y perjuicios contra sus bienes en el ejido Monte Redondo. Varios zapatistas habían sido golpeados y otros encarcelados y autoridades de ejidos oficiales querían despoja de sus tierras a zapatistas y les quemaban casas. En julio, comunidades zapatistas de la región fronteriza denunciaron haber sido despojadas de tierras y amenazadas de muerte por haber creado una escuela autónoma. En agosto, esta Junta se pronunció en contra de las provocaciones y perjuicios de las autoridades de Monte Redondo, apoyadas por los partidos PAN, PRD, PRI y PVEM, todos en contra de las bases de apoyo zapatistas. Hay campesinos en posesión de estas tierras desde 1972, que han trabajado durante muchos años sin problemas y las autoridades de municipios oficiales habían comenzado a robarles maíz,frijol y café, y a despojarlos de sus tierras.

Esta Junta destacaba que las provocaciones correspondían a planes del “mal gobierno” del gobernador perredista Juan Sabines, quien engaña y manipula a la gente con políticas mentirosas. En octubre, la Junta denunció amenazas de muerte con armas de fuego, robo de productos e intentos de homicidio contra bases de apoyo zapatistas, advirtiendo que no se dejarían despojar de lo que es suyo.

SAN MARCOS AVILÉS:
TRES MESES DE AMENAZAS

A mediados de 2011 la Junta de Buen Gobierno de Morelia denunció hechos violentos de una organización regional oficialista que intentaba expulsar de sus tierras a bases de apoyo zapatistas. Esa organización había alambrado tierras que eran de zapatistas, destrozando, saqueando e incendiando casas. La Junta denunció que varios zapatistas habían sido secuestrados, vejados y heridos, siendo liberados después de algunos días. El ejido San Marcos Avilés denunció tres meses consecutivos de amenazas de muerte, hostigamiento, despojo y riesgo de desplazamiento forzado, por miembros del PRI, del PAN y del PRD.

En abril de 2011 la Junta de Buen Gobierno de Oventic informó del incendio intencional en una casa de salud de la comunidad de Pikote en el municipio de Citalá. En octubre, las comunidades de bases zapatistas en los Altos de Chiapas sufrían persecuciones, en particular para impedirles la educación autónoma.

EL “MAL GOBIERNO”
Y SUS “MALAS ACCIONES”

En agosto de 2011 la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios denunció que 150 personas armadas, instrumentos de los designios del gobernador perredista Sabines y del Presidente panista Calderón, destruyeron una casa zapatista que servía de cocina para observadores nacionales e internacionales: “El mal gobierno no quiere que se sepan sus malas acciones en contra de los zapatistas”. Esas mismas personas habían tratado de destruir una escuela autónoma y un mes antes un grupo de camarógrafos de la Junta había sido secuestrado y despojado de sus cámaras.

Pese al mucho dinero que destinan a comprar voluntades el gobierno no ha podido eliminar el Zapatismo y los zapatistas siguen defendiendo sus tierras y su autonomía. En septiembre se dio a conocer que la comunidad de San Patricio se encontraba sitiada por un centenar de paramilitares que saquearon milpas, quemaron 18 hectáreas y amenazaron con asesinar a los zapatistas que no abandonaran sus tierras. Los invasores empezaron a construir casas en territorio zapatista, destrozaron cercos de alambre y robaron animales. A finales de 2011 se presentó un informe en el que se mostraba cómo por el robo de cosechas y animales la comunidad de San Patricio tenía dificultades para alimentarse.

MARCOS: “SOMOS OBJETIVO
DE TODOS LOS PARTIDOS”

Mientras las Juntas de Buen Gobierno daban a conocer los agravios, también el Subcomandante Marcos se refirió a ellos. En marzo de 2011 se preguntó quién defendía los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos, porque desde el poder se les perseguía, acosaba, calumniaba, golpeaba, encarcelaba, asesinaba o se trataba de convencerlos para que claudicaran o se vendieran. A finales de agosto, Marcos denunciaba que las agresiones provenían de todo el espectro político. “Somos un ejemplo de que es posible que todos los partidos políticos tengan un mismo objetivo. Auspiciados por los gobiernos federal, estatal y municipales, todos los partidos políticos nos atacan... Previo a cada agresión, o después de ella, hay una reunión entre funcionarios gubernamentales y dirigencias “sociales” o partidarias. Se habla poco de ellas, sólo lo necesario para acordar el precio y la forma de pago...”

Marcos se interrogaba si se podía hablar seriamente de justicia en Chiapas cuando estaba libre uno de los responsables de la matanza de Acteal, el ex-gobernador Ruiz Ferro. También se refirió al ex-gobernador Albores, responsable de la matanza de El Bosque. El gobernador Sabines -dijo- alentaba a los paramilitares para que agredieran a las comunidades zapatistas. En medio de tanta impunidad, la simulación se usaba como programa de gobierno.

GOBIERNO: RESPONSABLE
DE UNA GUERRA DE DESPOJO

La persecución contra miembros de La Otra Campaña no se ha limitado a la zona zapatista. En otros lugares se emplea el mismo atropello gubernamental. En abril de 2011 campesinos del municipio Venustiano Carranza denunciaron la invasión de tierras por miembros de una organización campesina oficialista con apoyo de autoridades. En agosto, los ejidatarios de Tila declararon que tras más de 30 años luchando en defensa de la madre tierra, los tres niveles del gobierno y el párroco del lugar querían despojarlos de su territorio.

En enero de 2012 la comunidad Candelaria el Alto denunció que con la impunidad que garantizaba el gobierno estaban sufriendo robos, golpes secuestros, amenazas y despojo, que una organización oficialista les había invadido sus tierras y que al no haber podido cosechar estaban pasando hambre. En los ejidos de Busiljá y Cintalapa grupos de paramilitares protegidos por el gobierno agredieron a varias familias y a finales de 2011 hubo denuncias de violaciones, secuestro de menores, encarcelamientos injustos, despojo de casas y parcelas y amenazas de muerte.

Familias desplazadas de esos ejidos organizaron un plantón de casi un mes exigiendo, sin éxito, la liberación de los presos políticos en Playas de Catazajá y la presentación con vida de una menor secuestrada. A inicios de 2012 varias comunidades y colectivos adherentes de La Otra Campaña exigieron detener despojos, represión y hostigamiento contra las comunidades zapatistas. Acusaron al gobierno de pretender romper los procesos autonómicos de los pueblos indígenas, de ser el responsable de una guerra de despojo que genera depredación, privatización de los recursos naturales, sobreexplotación del trabajo, represión, persecución, encarcelamiento y asesinatos con el objetivo de contener las luchas sociales. La ofensiva contra las tierras recuperadas por los zapatistas se hacía evidente.

LA HUELGA DE HAMBRE
DE LOS PRESOS POLÍTICOS

Las bases de apoyo zapatista también han sufrido el encarcelamiento de personas inocentes, presos a los que se les da un trato especialmente inhumano. Esto obligó a que los presos afines a los zapatistas se organizaran. Dependiendo de las cárceles en que se encontraban, bautizaron a sus organizaciones La Voz del Amate y Voces Inocentes. En marzo de 2011 la Voz del Amate dio a conocer la represión y los maltratos que sufrían.

La Voz del Amate había organizado una huelga de hambre entre marzo y abril de 2008 y consiguió entonces la liberación de unos 50 presos inocentes, encarcelados por haber participado en protestas. A finales de septiembre de 2011 un grupo inició otra huelga de hambre. A mediados de diciembre con la huelga de hambre sólo habían liberado a dos presos de Mitzitón, después de nueve años de prisión arbitraria. Los demás siguieron en huelga de hambre. Cuando llegaron al día 21 en huelga les fueron negadas las visitas y al día 27 las autoridades impidieron que un médico los revisara.

VIDAS CON SENTIDO,
VIOLENCIA SIN SENTIDO

El escritor John Berger envió a los huelguistas una carta: el trato que recibían encendía alarmas sobre el actual gobierno, la valentía en la huelga surgía de la conciencia de saber que sus vidas tienen un sentido, mientras que sus captores estaban perdidos en una violencia sin sentido.

Al llegar al día 34 las autoridades permitieron una revisión médica. Después de 39 días de huelga de hambre, y ante la ausencia de respuesta gubernamental, decidieron suspender una acción que ponía en riesgo sus vidas, ya que mientras vivieran podrían seguir luchando. La presión de organizaciones afines que luchaban desde fuera por su liberación fue decisiva. En enero de 2012 estos mismos presos volvieron a denunciar hostigamientos, torturas y atropellos por parte de las autoridades penitenciarias.

Un caso paradigmático ha sido el del profesor Alberto Patishtán, arbitrariamente encarcelado para escarmentar a los luchadores sociales, y en quien se ha descargado una gran gama de injusticias. Fue sacado de la huelga de hambre para ser enviado a una prisión a 2 mil kilómetros para desactivar las manifestaciones que exigían su liberación. En febrero de 2012 Patishtán ganó un amparo para ser restituido a su lugar de origen, pero las autoridades desacataron la orden del juez. Su inocencia ha sido probada y el gobierno sabe que no es culpable, pero lo sigue manteniendo preso. A mediados de marzo, 60 organismos de derechos humanos exigieron su liberación inmediata y el 10 de abril una marcha llegó a la ciudad de México para exigir su liberación y la de otros presos políticos. La solidaridad por la liberación de estos presos ha sido amplia y respaldada en Estados Unidos y en Europa. Ante la falta de respuesta gubernamental, un foro hizo visible que el gobierno de Calderón mete a la cárcel a quienes defienden sus territorios. A finales de abril creció la campaña internacional para la excarcelación de estos presos a través de mensajes de Twitter y de Facebook enviados al presidente mexicano.

REPRESIÓN
CONTRA LA INDIGNACIÓN

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha sido uno de los más activos en la defensa de los pueblos indígenas de Chiapas. En enero de 2012 el Frayba demandó detener las agresiones sistemáticas contra bases de apoyo zapatistas. El Centro ha documentado hostigamientos, despojos de tierra, allanamientos, agresiones físicas, desplazamientos de familias, encarcelamientos injustos, violaciones a los derechos humanos y torturas. Y ha denunciado que las autoridades estatales no investigan, sino que encubren a los agresores.

El Frayba reflexiona que la situación de los pueblos indígenas es terrible porque el modelo económico imperante provoca la violencia. El Estado apoya los proyectos económicos neoliberales comandados por las grandes corporaciones capitalistas, a los que muchos pueblos no se someten. Ante esta justa rebeldía, el gobierno impulsa grupos armados y compra conciencias. Pretende dividir a las comunidades y criminalizar a los defensores de derechos humanos. El Frayba hizo público el hostigamiento judicial en contra de abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, fabricándoles delitos y no respetando amparos.

En diciembre de 2011 una veintena de centros y organismos defensores de derechos humanos emitieron un pronunciamiento. Manifiestan haber constatado la amenaza que, tanto el gobierno de Chiapas como el gobierno federal y empresas particulares, representan para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos y de sus formas de vida. La protesta social derivada del descontento y de la indignación son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad y por la vía judicial. En febrero de 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que en 2011 había recibido decenas de quejas por agresiones cometidas en contra de defensores de derechos humanos.

DESPOJO DE SU RÍO
AL PUEBLO YAQUI

La situación de hostigamiento que sufren los zapatistas también la experimentan otras comunidades indígenas en todo el territorio mexicano. En marzo de 2011 autoridades de Morelos criminalizaron la lucha de la comunidad autónoma de San Juan Tlacotenco. En mayo, la comunidad indígena de Mezcala, en Jalisco, denunció las agresiones de un grupo paramilitar que quiere despojarlos de sus tierras. Durante todo 2011 la comunidad Purépecha de Cherán vivió en zozobra ante las agresiones de talamontes apoyados por narcotraficantes. Finalmente, la comunidad pudo expulsar a autoridades y policías, que eran cómplices de los criminales, e instalar de manera autónoma, en febrero de 2012, a sus autoridades.

En junio de 2011 la organización Maíz-Mixteca denunció actos de intimidación contra miembros de La Otra Campaña en la Mixteca. En agosto, ante el hecho de que el gobierno otorgó concesiones a empresas mineras contaminantes en una zona de 500 kilómetros sin pedir permiso a las comunidades, policías comunitarias indígenas se apostaron en las salidas de 63 comunidades de 10 municipios de la Costa Chica y en la montaña de Guerrero. A finales de agosto, el pueblo sonorense de Vicam, territorio del pueblo Yaqui, denunció que en su tierra se seguía perpetrando el atraco más criminal contra ese pueblo originario, queriendo despojarlo de su derecho ancestral al uso del caudal del río Yaqui con la construcción de un acueducto. A principios de septiembre los Yaquis sufrieron represión por parte del gobierno panista de Sonora. Un millar de policías estatales y federales realizaron un violento desalojo con heridos y desaparecidos. En la comunidad michoacana de Ostula grupos paramilitares solapados por el gobierno mataron y torturaron a varios comuneros que trataban de organizar una comunidad autónoma.

RECLAMOS DEL CONGRESO
NACIONAL INDÍGENA

A mediados de octubre el Congreso Nacional Indígena alertó a la sociedad civil mexicana sobre las maniobras de gobiernos, partidos y empresarios para reprimir, despojar y apropiarse de los recursos y territorios de los pueblos indígenas. El Congreso apoyó a la guardia comunal de Ostula, demandó la presentación con vida de varios comuneros de ese sitio que habían sufrido desaparición, exigió el respeto a la autonomía de Cherán, apoyó la demanda de los Wixarika de que se cancelaran los proyectos mineros en el territorio sagrado de Wirikuta, apoyó la demanda del pueblo Yaqui sobre la cancelación del acueducto que afectaría su agua, exigió la restitución del territorio invadido en la comunidad indígena de Mezcala, exigió el respeto a una radio comunitaria en Guerrero, exigió un alto al hostigamiento a las Juntas de Buen Gobierno de las comunidades zapatistas y la libertad del profesor Alberto Patishtan y de todas y todos los presos políticos en Chiapas.

En noviembre el Congreso Nacional Indígena tuvo que pronunciarse en contra de la violenta represión de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, que defendían su tierra. Exigió la cancelación inmediata del megaproyecto del corredor eólico del Istmo.

A principios de 2012 la comunidad indígena de Tetelpa, Morelos, inició la lucha para evitar la construcción de un conjunto habitacional en tierras comunales. A finales de enero de 2012 integrantes de la comunidad oaxaqueña de San Juan Copala iniciaron el retorno a su comunidad después de haber sido desplazados tras la masacre de sus familias en 2010. Demandaron al gobierno investigar y arrestar a los responsables de decenas de asesinatos, violaciones sexuales, tortura y despojos. Pero el gobierno de Oaxaca, protegiendo a los agresores, impidió primero el regreso, y después amenazó a la caravana: si eran agredidos, sería responsabilidad de quienes se empeñaban en volver a sus hogares. A finales de marzo de 2012 muchos pueblos indígenas participaron en la primera gran movilización nacional contra los injustos cobros de las tarifas eléctricas y para protestar contra la represión que sufrían quienes se resistían a esos abusos.

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Fundamental para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas ha sido la solidaridad nacional e internacional con sus luchas. Los presos políticos de Bachajón recibieron apoyo de Comisiones de Derechos Humanos nacionales
e internacionales y del movimiento neoyorkino Por Justicia del Barrio. En abril de 2011 colectivos de La Otra Campaña, entre ellos la Zezta internacional, iniciaron acciones a escala mexicana y mundial para exigir la liberación de estos presos, con evidencias claras de haber sido encarcelados por motivos políticos pues no se encontraban en el lugar de los hechos de los que eran acusados.

Hubo ocupaciones pacíficas en las oficinas del consulado de México en Nueva York y se hicieron manifestaciones ante la embajada mexicana en Londres. Los presos de Bachajón se declaran secuestrados por el “mal gobierno”. Contra ese secuestro hubo protestas en India, Sudáfrica, Italia, Austria, Colombia, Filipinas, Puerto Rico, Francia, Suiza, Canadá, España y Argentina. En 63 actos en 22 países se demandó su liberación. El uruguayo Raúl Zibechi escribió en mayo que el único delito que habían cometido era querer vivir en sus tierras, apetecidas hoy por las multinacionales. Aunque el gobierno los mantenía en la cárcel para que la comunidad aceptara el despojo, los ejidatarios no habían cedido al chantaje. También en mayo otros escritores, como Noam Chomsky, diversas personalidades y 55 organizaciones internacionales, emitieron una declaración mundial exigiendo el respeto al derecho a la libre determinación y al ejercicio de autonomía del pueblo de San Sebastián, pidiendo la libertad de los presos políticos.

LA ACCIÓN DE PARAMILITARES
VA EN AUMENTO

Una red contra la represión y por la solidaridad ante la situación de asedio a las comunidades zapatistas decidió organizar una brigada de observación en septiembre de 2011. Concluyeron que la protección de los territorios era un reclamo histórico de los pueblos originarios y un derecho reconocido en convenios internacionales por el Estado mexicano y que la implementación de megaproyectos económicos estaba atentando contra esos territorios. El informe de esta brigada evidenció que las agresiones a las comunidades zapatistas eran cada vez más sistemáticas, continuas y violentas.

En octubre el neoyorkino movimiento Por Justica del Barrio, numerosos organismos de derechos humanos estadounidenses, colectivos de Canadá, Cataluña, Francia, España, Uruguay, Gran Bretaña, Nicaragua, Suiza, Grecia, Colombia, Brasil, Corea del Sur, Irlanda, Suecia, y una gran cantidad de colectivos mexicanos enviaron una carta pública al Presidente Calderón y al gobernador Sabines. Planteaban que las constantes acciones contra los derechos humanos de la población en México y, de manera particular en Chiapas eran consideradas una política de gobierno.

Entre las más recurrentes acciones violatorias señalaron: omitir múltiples denuncias y solicitudes de intervención hechas de su conocimiento, permitir el rompimiento del tejido comunitario y social con la polarización de los conflictos; generar condiciones de emergencia alimentaria y sanitaria en comunidades que viven bajo asedio y administrar jurídica y políticamente violaciones flagrantes a derechos humanos en poblaciones indígenas en Chiapas.

Destacaron que habían comprobado que las hostilidades de grupos paramilitares en complicidad con autoridades habían ido en aumento en los últimos dos años, y que los paramilitares tomaban tierras de las comunidades como botín de guerra. Denunciaron que el discurso oficial del gobernador de Chiapas había convertido el respeto a los derechos humanos en un eslogan publicitario para camuflarse con él. Denunciaron como escandaloso el costo millonario de la campaña de propaganda de Sabines, mientras condenaba al olvido y a la marginación a tantas comunidades.

También muchas organizaciones y personas exigieron, en carta pública, que el Estado mexicano y las autoridades municipales y estatales de Chiapas asumieran su responsabilidad para intervenir de inmediato y detener las provocaciones, el hostigamiento, las amenazas y las agresiones, piezas de la política contrainsurgente contra los zapatistas.

UN CLAMOR MUNDIAL
LLEGA A MÉXICO

Al finalizar el año 2011, 122 organizaciones y 586 personas de 30 países firmaron una declaración mundial en solidaridad con bases de apoyo zapatistas de San Marcos Avilés. Tenían datos de nuevas invasiones de parcelas, del robo y la destrucción de milpas, cafetales y árboles frutales por parte de integrantes del PRI, el PRD y el PVEM. Los militantes de esos partidos habían amenazado con matar a zapatistas. Uno de los motivos de estos ataques era el sistema educativo autónomo.

El documento exigió el cese inmediato y permanente de estas acciones. También 150 intelectuales y artistas de 30 países, incluidos tres Premios Nobel de Literatura, entregaron un documento en el que solicitaban a Calderón que cancelara las concesiones a empresas mineras canadienses en Wirikuta, centro sagrado de los Wixaritari.

Manifestantes de Ocupa Wall Street enviaron un mensaje de solidaridad con los zapatistas, que grabaron en la Plaza de la Libertad en Nueva York y que fue transmitido en un encuentro internacional en San Cristóbal de las Casas.

Encabezados por el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi, ocho mil católicos realizaron una peregrinación para manifestarse contra la explotación minera, la destrucción de la naturaleza, la siembra de transgénicos, la militarización y el maltrato a los migrantes. El Foro permanente de la ONU exigió al Estado mexicano respetar los derechos indígenas y a mediados de febrero de 2012 el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial declaró estar preocupado por la situación que vivían en México los indígenas y por la falta de garantías que en el sistema judicial tenían nuestros pueblos originarios.

LA LUCHA DE CHERÁN

La comunidad indígena michoacana de Cherán, cansada de los malos gobiernos locales, rechazó que se realizaran en su territorio elecciones municipales. Los pobladores hicieron su propio proceso y se erigieron en un municipio autónomo. Los comuneros formaron una policía propia para defender sus bosques de los talamontes y paramilitares. En marzo de 2012 denunciaron el secuestro de once pobladores. El 18 de abril un grupo de comuneros sufrió una emboscada en la que murieron dos personas y otras dos quedaron heridas. La procuraduría estatal quiso hacer aparecer el hecho como un enfrentamiento entres dos poblados, en la que el bando contrario había tenido seis muertos. Los comuneros de Cherán demostraron que no hubo ningún enfrentamiento, que fueron emboscados, y que los muertos que les querían atribuir los había ido a arrojar el gobierno que protegía a los paramilitares. De inmediato se organizó una demanda firmada por un gran número de personalidades de todo el mundo y muchos organismos nacionales e internacionales exigiendo castigo a los verdaderos culpables de los asesinatos, desapariciones y secuestros, y el respeto al municipio autónomo y a sus bosques.

COMUNIDADES QUE LUCHAN
POR LOS BIENES COMUNES

No contento con la presión que representan los apoyos gubernamentales, el gobierno va ahora sobre las tierras indígenas y promueve a los paramilitares. De esta forma el Estado revierte el ámbito del derecho y juega con fuego favoreciendo a quienes practican el despojo y la agresión. Un comité de la ONU declaró en marzo de 2012 que México margina a los indígenas para explotar sus tierras.

Pese a tanto asedio estatal, la autonomía zapatista se mantiene y es de las más avanzadas e integrales en el continente. Los zapatistas rechazan cualquier apoyo partidista o programas del gobierno, no participan en elecciones oficiales, promueven la organización colectiva, horizontal e incluyente y se hacen cargo de los programas de salud, educación e impartición de justicia.

Se encuadran así nuestros indígenas en las luchas por los bienes comunes que se desarrollan hoy por toda América Latina. La defensa del agua, de la tierra y de la biodiversidad podría verse como una sucesión de conflictos locales, pero verla así sería equivocado. Actualmente, observamos un especial dinamismo en la resistencia de los de abajo en defensa de los bienes comunes.

En América Latina, el incremento del precio de los minerales ha venido intensificando el extractivismo minero y, en consecuencia, millones de personas son expuestas a enfermedades y se atenta contra el medioambiente. Esta realidad ha visto nacer movimientos sociales de resistencia. La mundialización dirigida por el capital financiero ha impulsado un extractivismo, que se ha topado con una gran resistencia, que defiende una vía alternativa basada en la autogestión de colectivos que protegen los bienes comunes y la Naturaleza.

LA HORA DEL “BUEN VIVIR”

Boaventura de Sousa Santos ha llamado la atención sobre el concepto indígena del “buen vivir”, que enriquece la experiencia productiva fundada en la sustentabilidad, la solidaridad y la reciprocidad. Y ha convocado a poner fin a un modelo económico criminal que está acabando con el planeta, sustentado en el secuestro de los derechos humanos por transnacionales que se escudan en un “capitalismo verde” que no le garantiza a la mayoría de la población su supervivencia, pues intenta privatizar todos los ámbitos de la vida y privatizar también la Naturaleza mercantilizando los ecosistemas. Es hora de que se multipliquen los activistas por la Vida.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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