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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 362 | Mayo 2012

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Nicaragua

En “tierra de lagos” no pensamos en las aguas subterráneas

El río San Juan es nuestro. Nos cansamos de repetirlo. También es nuestro el lago Xolotlán, el lago Cocibolca, el río de Matagalpa, el río Coco… y tantos otros cuerpos de agua que tenemos en Nicaragua. También son nuestras las aguas subterráneas, las que no vemos, las que nos dan el agua que bebemos a diario. Investigué la situación de esas aguas en Managua y terminé muy preocupado.

Harold Bellanger

El agua no se acaba”: así piensa la mayoría de la gente en Nicaragua cuando usa y abusa del agua, cuando la derrocha y también cuando la reclama. Dos grandes lagos, tantas lagunas por todo el territorio, ríos tan caudalosos y los torrenciales aguaceros de cada invierno generan ese espejismo. ¿Cómo explicarle a la gente que piensa así que tanto cuenta la cantidad de agua como su calidad? La falta de educación, el magro presupuesto destinado a cuidar el ambiente y la escasa información científica se combinan y producen indiferencia, una olímpica apatía.

Los nicaragüenses siempre decimos estar orgullosos de nuestro país. ¿Por qué entonces tanto descuido, tanto maltrato a nuestro medioambiente? ¿Y por qué la gente de más recursos, la de mayor capacidad económica, que sí tiene educación y dispone de información científica, tampoco parece tener voluntad de cuido ambiental? Tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de jóvenes investigadores, un muchacho y dos muchachas, en una investigación realizada por el Grupo de Litigio Estratégico del Instituto de Desarrollo Empresarial Asociativo (IDEAS) buscando respuestas.

Queríamos saber qué trato se le da a las aguas residuales en alguna de las nuevas zonas residenciales que han ido surgiendo en los alrededores de Managua, publicitadas como lugares “de ensueño”. Queríamos saber qué pasa en esos lugares con las aguas servidas, aguas fecales o aguas negras, que salen de casas nuevas, bonitas y costosas. ¿Son canalizadas y circulan por alcantarillas o cloacas? ¿A dónde van a parar esas aguas contaminadas con desechos orgánicos o inorgánicos? Elegimos dos puntos críticos de Managua, la ciudad de Nicaragua donde el desarrollo urbano es más acelerado. Y visitamos más concretamente las urbanizaciones ubicadas en lo que se conoce como subcuenca III de Managua, que inicia en Nindirí y se prolonga hasta la zona aledaña al aeropuerto internacional.

¿DE DÓNDE BEBE MANAGUA?

Managua es frágil hídricamente hablando. A pesar de que la capital creció a orillas del Xolotlán, un lago con una superficie de más de 1 mil kilómetros cuadrados, y a pesar de que en Managua convivimos con varias lagunas cercanas -Tiscapa, Asososca, Nejapa, Xiloá-, agua potable sólo nos la brinda la laguna de Asososca, que suple a un 10-12% de los habitantes de Managua. Para que el resto de los capitalinos pueda beber se extrae agua de tres campos de pozos, ubicados en Las Mercedes, en Sabana Grande y en el kilómetro 17 de la carretera a Masaya. Los expertos consideran que en Managua se bebe agua de buena calidad.

En Asososca, una reserva nacional, se cumplen planes de gestión para asegurarle al agua de esa laguna la calidad, pero en los campos de pozos la calidad del agua depende de cuán protegida se mantengan las zonas de recarga de esos pozos. Y ése es el gran problema: en los últimos años ha habido una intensa tala de árboles en lo que debía haberse mantenido como zona de reserva y, para colmo, en esa misma zona se han permitido varias urbanizaciones.

Si es importante cuidar el agua superficial de una laguna, igual cuidado estratégico debe brindarse a las aguas subterráneas, que dependen de que llueva y de que el agua de las lluvias penetre los suelos y logre llegar hasta cierta profundidad. Este proceso hidrológico de precipitación–escurrimiento superficial–absorción de agua por las raíces y los suelos es vital. Nos lo enseñan en la escuela desde la primaria, pero pareciera que después lo olvidamos por completo.

Este proceso se lleva a cabo en las cuencas hidrográficas. En Nicaragua tenemos 23 cuencas, con una configuración geográfica similar: los ríos principales que la integran nacen en lo alto de las montañas y recorren kilómetros hasta desembocar en un cuerpo de agua, que es un lago, una laguna o el mar. A lo largo del curso del río principal muchos otros ríos de menor caudal lo van nutriendo formando una red que se asemeja a la de las venas y arterias que recorren nuestro cuerpo. El destino de cualquier gota de agua que cae en cualquier punto de cualquier cuenca es variable: puede evaporarse, puede ser absorbida por las raíces de los árboles, puede penetrar la tierra e infiltrarse hasta el manto acuífero o puede escurrirse hasta encontrar un río y en sus aguas ir a dar al mar.

¿CUMPLEN O NO CUMPLEN
LAS URBANIZADORAS?

Managua pertenece a la cuenca del río San Juan, que se divide en subcuencas. Por Managua pasan tres subcuencas, que la capital comparte con Masaya y con otros municipios. Las subcuencas de Managua inician en lo alto de la carretera a Masaya y El Crucero y desembocan en el lago Xolotlán. Los habitantes de la capital pertenecemos a ese sistema natural, que no podemos alterar sin esperar consecuencias. De tal manera que todo lo que toquemos arriba, en la parte alta de la ciudad, afectará a los ciudadanos que viven abajo, en la parte baja.

La subcuenca III, la que investigamos, ocupa el 44.1% de todo el municipio de Managua y el 28.1% del municipio de Ticuantepe. En menores porcentajes cubre los territorios de otros tres municipios: La Concepción, El Crucero y Nindirí. En esta subcuenca, y en lo que titula “Plano de ubicación de urbanizaciones aprobadas, rechazadas y en trámite de 2008”, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) ha delimitado las zonas 1 y 2 como áreas de protección del manto acuífero.

Ambas zonas son de especial importancia porque tienen las mejores condiciones para recargar de agua los pozos que abastecen de agua potable a los capitalinos. Sin embargo, y como muestra de nuestra incapacidad para la planificación urbana, es justamente en esas zonas en donde se ha producido en estos últimos años un acelerado crecimiento urbanístico. Construir sobre esas zonas de recarga demanda una serie de medidas de prevención, evaluadas y autorizadas por las alcaldías, por ENACAL y por el Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA). ¿Se cumplen o no? Eso nos dispusimos a investigar.

¿A DÓNDE VAN ESAS AGUAS?

La Ley General de Aguas Nacionales, Ley 620, exige a las urbanizadoras destinar un 25% del área donde construyen a áreas verdes, en compensación por el suelo que tapizan con cemento. Dentro de los estudios de impacto ambiental que deben realizar tienen que incluir también obras de tratamiento de las aguas residuales y obras de retención o de infiltración para evitar inundaciones con las lluvias. La infraestructura que construyan para recibir y tratar las aguas residuales debe recibir un mantenimiento sistemático, gasto que deben asumir los constructores o los residentes.

Algunos analistas miden el desarrollo económico de los países con el termómetro de la construcción. Más construcción, más desarrollo. Un país que levanta muchos edificios, dicen, tiene una economía saludable. Pero si se construye desordenadamente ese “desarrollo” compromete el bienestar de las futuras generaciones, a las que tal vez les heredaremos carreteras, puentes, edificios y casas, pero no agua de calidad, indispensable para vivir en las casas, cruzar los puentes y disfrutar de las carreteras.

Es fácil imaginar que en el Reparto Schick, en el Jorge Dimitrov o en el Hugo Chávez -barrios de Managua habitados por gente empobrecida por razones muy variadas- no se le dé un tratamiento adecuado a las aguas residuales. En esos barrios falta inversión pública en saneamiento, en alcantarillado. Resulta difícil creer que en residenciales que atraen a quienes compran casas de 70 mil o hasta de 120 mil dólares no se piense dos veces a dónde irán a parar las aguas del inodoro, las del lavadero o las de las lluvias. Al mercadear sus bonitas casas, las empresas constructoras le presentan al cliente las habitaciones que tiene, la cocina, los baños, el muro perimetral, la garita de seguridad si se trata de un condominio. Se les asegura que la casa tendrá servicio de electricidad y de agua potable. A veces se le anuncia que existe un sistema de manejo de aguas pluviales. Sin embargo, ni el comprador ni el vendedor suelen preguntar o preocuparse por el manejo de las aguas residuales.

¿QUÉ DESCUBRIMOS
EN NUESTRA INVESTIGACIÓN?

En el estudio que realizamos en los 26 residenciales que visitamos, todos construidos sobre el territorio de la sub-cuenca III, encontramos diversos sistemas de tratamiento de las aguas residuales, que iban desde los más rudimentarios y menos especializados -como un sumidero-, hasta los más sofisticados, como son los sistemas de lodos activados.

Regresamos de esa investigación y de esas visitas muy preocupados. En 15 de los 26 residenciales se habían instalado sistemas de tratamiento que dejan mucho que desear: 12 poseen fosas anaerobias de flujo ascendente (FAFA), 2 tienen sumideros y uno posee un reactor biológico de flujo ascendente (UASB). El sumidero, esas fosas y ese reactor son considerados sistemas artesanales, lo que significa que en ellos el agua se limpia menos y cuando llega al manto acuífero no cumple con los mínimos de calidad que establecen las normas sanitarias aprobadas en nuestro país.

En otros 10 residenciales se habían instalado sistemas de lodos activados y en uno de ellos un sistema híbrido de lodos activados, una versión más económica. Encontramos que dos de los sistemas de lodos activados no funcionaban: en el residencial Palmanova la pila de tratamiento estaba abandonada y en el residencial Ciudad Real el tratamiento de las aguas funcionaba sólo en ciclos de 12 horas, cuando debería funcionar las 24 horas.

Pudimos constatar también que en 3 residenciales (Planes de Veracruz, Los Almendros y La Cascada) el sistema de lodos activados parecía estar operando adecuadamente. En los otros 5 residenciales que dijeron tener este sistema no pudimos observar su funcionamiento, pues las personas que nos atendieron no lograron ubicar el lugar en donde es¬taba instalado, lo que nos permite sospechar que quizás estaban “instalados” sólo en el papel o estaban en el abandono.

¿Qué hacen las autoridades competentes, ENACAL y MARENA, al permitir que se levanten residenciales y urbanizaciones que descuidan la responsabilidad de tratar las aguas residuales que producirán las casas que venden? Tratándose de edificaciones en una zona de recarga del manto acuífero de la capital es vital que las urbanizadoras cumplan con las exigencias e instalen el mejor de los sistemas para manejar las aguas residuales y pluviales. En teoría, los sistemas de manejo son aprobados por el MARENA cuando el ministerio evalúa el impacto ambiental de la urbanización. La pregunta es si una vez aprobados los monitorean para ver si funcionan y cómo funcionan.

¿Y LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL?

¿No existe la Responsabilidad Social Empresarial, de la que ahora todas las empresas hablan? En nombre de esa responsabilidad, las empresas urbanizadoras deben preocuparse por asegurar el adecuado tratamiento de las aguas residuales de los repartos residenciales que construyen. Esa responsabilidad les señala también la tarea de educar a sus clientes sobre la importancia de dar mantenimiento a las plantas de tratamiento de aguas servidas. Hasta una breve charla podría al menos lograr que un tema tan vital dejara de ser tan ignorado.

La responsabilidad empresarial debe comprender también que existen zonas en la cuenca de Managua que no deben ser tocadas debido a su fragilidad. Específicamente, la zona 1 de recarga acuífera debe ser preservada y reforestada. Preservarla con cobertura forestal no es una pérdida económica, es una inversión que asegura la calidad del agua en los pozos que nos dan de beber. Ningún barrio antiguo de Managua ni ningún nuevo residencial en las afueras de Managua será sostenible si no cuenta con un servicio de agua potable.

Así como la carretera que el gobierno de Costa Rica ha construido en las mismísimas orillas del río San Juan afecta la flora, la fauna y todo el ecosistema por donde pasa, provocando erosión y deposición de tierras en nuestro río, asimismo cualquier residencial que se construya en las zonas 1 y 2, además de limitar la recarga del manto acuífero, pone en riesgo de contaminación el agua subterránea. Defendemos con pasión las aguas del río que vemos y ni siquiera nos acordamos de defender el agua que no vemos y de la que vivimos.

YA HAY CONTAMINACIÓN

Según nuestra investigación, en la subcuenca III parte de las aguas residuales se está infiltrando y podría alcanzar en el manto acuífero. Otras aguas residuales, mezcladas con las aguas pluviales del invierno, van a dar a los cauces más cercanos, y junto a las escorrentías que provoca el relieve de nuestra capital llegan hasta las zonas bajas de Managua.

La infiltración de aguas residuales en el manto acuífero en esta zona vital puede generar un considerable volumen de contaminantes, por tratarse de suelos de origen volcánico, donde es mayor el riesgo de que las aguas residuales se mezclen con las aguas subterráneas. El manto acuífero contaminado no podría alimentar los pozos que proporcionan el agua que bebemos sin previo tratamiento. Y las plantas de tratamiento son muy costosas. ¿Y las aguas pluviales? Si no existen obras de infiltración -a las que obligan las normas de construcción- su destino será simplemente escurrirse y llegar al lago Xolotlán, causando a su paso, si se trata de diluvios, severas inundaciones. Al escurrirse, esa agua, que pudiera servir para recargar las aguas subterráneas, simplemente se perderá.

Un residente en una urbanización de la subcuenca III, que integra el comité de ese residencial, nos dijo: “Aquí la gente se negaría a pagar cualquier tratamiento de aguas negras. Aquí la gente piensa que pagando el recibo del agua potable ya cumplieron”. No saben esos residentes que resulta mucho más costoso tratar la suciedad de las aguas servidas que ellos generan que llevarles agua potable hasta sus casas. ¿Cómo es posible que gente con capacidad adquisitiva y con estudios piense así? Pues así piensan. Esto demuestra que la conducta de la ciudadanía es muy importante para lograr cambios.

¿CUÁNTO CUESTA TRATAR ESTAS AGUAS?

Los costos “elevados” de mantener una planta de tratamiento son relativos según la cantidad de casas que cubre y según el tipo de proceso que utiliza.

Existen varios sistemas de tratamiento de aguas servidas. Sus costos varían según los compartimentos que tengan y la electricidad que consuman. En Nicaragua hay algunas empresas especializadas en la instalación de estos sistemas. Una de ellas instala plantas con lodos activados. Los costos de instalación y mantenimiento resultan razonables.

Esas plantas tienen capacidad para procesar las aguas negras de aproximadamente 75 casas y aseguran que el agua de salida tenga la calidad requerida. Requieren de un motor eléctrico para funcionar. El funcionamiento de una de estas plantas le costaría a cada vivienda unos 15 dólares mensuales. ¿Demasiado para casas que fueron compradas hasta en 120 mil dólares?

Las consecuencias de no asumir nuestra responsabilidad en el manejo de las aguas, residuales o pluviales, se refleja cada año en las noticias que nos hablan de inundaciones por toda Managua. Y por todo el país. Los cauces que atraviesan la capital son incapaces de transportar las aguas de los diluvios del invierno y desbordadas, causan desastres humanos y económicos.

Con las inundaciones se evidencia nuestra endémica y nociva tendencia de botar irresponsablemente basura en cualquier lugar. Salen entonces a flote todos los desperdicios imaginables: llantas, botellas, animales muertos, todo tipo de residuos orgánicos y una sorprendente cantidad de bolsas plásticas, tantas que confirman lo que a veces se escucha decir, que la bolsa plástica es nuestra “flor nacional”.

Contaminar nuestros mantos acuíferos y después ingerir agua que no cumpla con los parámetros de calidad provoca enfermedades graves. El agua es un excelente medio de transporte para muchas bacterias, virus y protozoos dañinos. El cólera, la leptospirosis, el botulismo, la giardiasis y la trichuriasis son algunas de las enfermedades que transmite el agua contaminada.

¿QUÉ HACE
LA PLANTA QUE NOS DONÓ ALEMANIA?

La “colectora Y” es una instalación de tuberías que conduce las aguas residuales desde Ticuantepe y Veracruz hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua, concluida en febrero de 2009 como donación del gobierno de Alemania al gobierno de Nicaragua. Pero este proyecto sólo logró instalar tuberías desde la planta de tratamiento hasta el asentamiento Lomas de Guadalupe. El plan no concluyó. Se abandonó porque el gobierno consideró prioritarios otros proyectos. Por eso los residenciales ubicados en ese sector deben responsabilizarse por el tratamiento de sus aguas servidas.

En nuestra investigación, uno de los residentes de Prados de Eucalipto nos contó de la “colectora Y”, que recibiría las aguas residuales de ese residencial y las conduciría a la planta de tratamiento: “Desde hace más de siete años dijeron que lo ejecutarían, pero nunca lo hicieron”.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Managua fue un proyecto costoso y estratégico. Los 90 millones de dólares invertidos en montar el sistema colector y la planta, de alta tecnología, tenía como objetivo salvar el lago Xolotlán, que desde los tiempos de Somoza ha recibido los excrementos de la población de la capital, todos los residuos domiciliares y objetos plásticos de todo tamaño y forma. Actualmente la Planta recibe menor cantidad de aguas residuales porque están fuera de servicio tres sistemas de rebombeo que compensan los puntos bajos o depresiones del terreno. Durante la investigación pudimos comprobar que las aguas no tratadas no eran bombeadas y seguían su curso hasta el lago.

¿BASTAN LAS BUENAS LEYES?

En comparación con el resto de Centroamérica, Nicaragua cuenta con una legislación ambiental de las más completas de la región. Todo lo referente a las aguas residuales queda bastante claro en las leyes, que establecen los parámetros biológicos (bacterias, por ejemplo la E.coli), físicos (temperatura, turbidez y color) y químicos (cromo, arsénico, nitratos y nitritos, entre otros) que son tolerables en los vertidos de aguas residuales.

El agua potable también cuenta con parámetros establecidos internacionalmente. La Norma Capre vela por la calidad física, química y bacteriológica del agua que bebemos. Por fortuna para Managua, los pozos que hoy tenemos brindan agua de mucha calidad que demandan un tratamiento convencional y no especializado, lo que abarata su distribución. Pero eso pudiera cambiar: si se llegara a contaminar la laguna de Asososca o cualquiera de los campos de pozos de los que se extrae el agua, todos tendríamos que pagar más cara el agua que llega a nuestras casas porque ENACAL tendría que darle un tratamiento más costoso. En el resto de Nicaragua no tienen tanta suerte con el agua. Hay zonas del país donde el agua escasea permanentemente. En el año 2010 ENACAL servía agua potable al 86% de la población nacional, mientras sólo el 36% de los nicaragüenses contaba con servicio de alcantarillado.

Tener buenas leyes no garantiza que se cumplan. Que algunas de las instituciones del Estado vinculadas al agua manejen un presupuesto muy por debajo del adecuado se debe a las prioridades que tienen los gobiernos. Muchas de las tuberías de agua potable de Managua tienen más de 60 años, y muchas de ésas y aún de otras más recientes están fabricadas con asbesto, un material que ya sabemos es cancerígeno. Las inversiones en sistemas de alcantarillado han sido escasas en los últimos 50 años y la nueva infraestructura sólo se ha destinado a los interceptores y sistemas de rebombeo que conducen las aguas servidas a la Planta de Tratamiento.

La mitad de los pobladores de la capital no cuentan con alcantarillado sanitario. Con un sistema tan antiguo y deficiente podemos imaginar que el servicio de alcantarillado y de distribución de agua en una ciudad que ha crecido más rápidamente que su red de tuberías, mejorarlas, renovarlas, extenderlas, debería ser una prioridad. Ruth Selma Herrera, quien dirigió ENACAL entre 2007 y 2010, ve críticamente que el subsidio gubernamental se le dé al sector energético, y nunca al servicio de agua. En sus años de gestión no consiguió cambios en ese sentido.

Según la Ley 620, “las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que efectúen vertidos de aguas residuales a los cuerpos receptores deben operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales”. Esto es lo que la ley se le exige a algunas industrias.

Que MARENA dé un adecuado seguimiento a las empresas constructoras y a las industrias que tienen esta responsabilidad es prácticamente imposible con el escaso presupuesto del que dispone. Además, el empobrecimiento histórico de nuestro país justifica posiciones muy tolerantes con los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros a los que se les exige poco.

¿HASTA CUÁNDO?

Si consideramos que Nicaragua necesita proteger, conservar y potenciar sus recursos naturales pensando en el desarrollo del turismo, sabiendo que somos un país que vive de recursos agrícolas, y conociendo que uno de los mayores capitales de Nicaragua explota en grande el recurso agua, el MARENA debería contar con suficientes recursos y personal para realizar su trabajo.

No es así. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se ufana de que las industrias fabricantes de cervezas, gaseosas y agua embotellada -las que explotan en grande el recurso agua- aportan mucho al presupuesto nacional. En 2012, el Ministerio calcula que estas industrias, grandes consumidoras de agua, aportarán prácticamente 1 mil 400 millones de córdobas en impuestos. Otro Ministerio, el MARENA, encargado de velar por la calidad del agua, sólo recibió en el año 2012 el 0.50% del presupuesto nacional, poco más de 215 millones de córdobas, cantidad irrisoria si la comparamos con los recursos que recibió la Corte Suprema de Justicia (algo más de 1 millón 690 mil córdobas) o el Consejo Supremo Electoral (algo más de 1 mil 160 millones de córdobas).

En estas condiciones peligran nuestras aguas subterráneas. En estas condiciones es totalmente previsible que sigan ocurriendo desastres ambientales de todo calibre sin que jamás se responsabilice a nadie por ellos. ¿Hasta cuándo?

INGENIERO EN CALIDAD AMBIENTAL.
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO (IDEAS).

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