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  Número 362 | Mayo 2012
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Nicaragua

“La demarcación y titulación de tierras casi concluye, la etapa de saneamiento nos exige mucha madurez”

Ceferino Wilson, indígena miskitu, agrónomo y trabajador social en la Costa Atlántica, comentó los avances en la restitución de derechos a los pueblos indígenas, y alertó sobre los conflictos y tensiones que existen en esa mitad de Nicaragua, en una charla con Envío que transcribimos.

Ceferino Wilson

Soy un indígena miskitu. Nací en Waspam, Río Coco, en esa franja de agua que divide Nicaragua y Honduras. Soy agrónomo de profesión, pero me he vinculado con iniciativas de gobernabilidad, incidencia política, gestión ambiental y con el trabajo de restitución de derechos de los pueblos indígenas de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
De mi experiencia en estos procesos es de lo que quiero hablarles.

La Costa Atlántica de Nicaragua está conformada actualmente por dos Regiones Autónomas: la del Atlántico Norte (RAAN) y la del Atlántico Sur (RAAS). También incluye una Zona o Régimen Especial de Desarrollo. La RAAN y la RAAS disponen de su propio órgano de administración: los Consejos Regionales Autónomos. Los conforman 45 concejales o legisladores y los presiden su Junta Directiva y los Gobiernos Regionales Autónomos, que son el equivalente del Poder Ejecutivo en el gobierno central. Son los que hacen operativo todo lo que el Consejo Regional decide y legisla. El Gobierno Regional lo coordina uno de los concejales regionales, que recibe el nombre de Coordinador de Gobierno. Lo elige el pleno de los miembros de los Consejos Regionales.

En la Costa Atlántica hay 21 municipios, 9 en la RAAN y 12 en la RAAS. Lo que nos diferencia del modelo y sistema organizativo que tienen en el Pacífico son los Territorios Indígenas y las Comunidades Indígenas. Una o varias comunidades forman un territorio. En la Costa vivimos seis pueblos indígenas: Miskitus, Mayangnas Ramas, Garífunas, Creoles y Ulwas. En la RAAN hay miskitus, mayangnas y descendientes de creoles, que habitan dispersos en algunos de los barrios de la ciudad de Bilwi.

Los pueblos indígenas hemos vivido en los territorios de la Costa desde antes de que se formara el Estado de Nicaragua. Fuimos anexados por un convenio ratificado por Gran Bretaña y Nicaragua. En aquel convenio ya se estipulaba que éramos propietarios de nuestros territorios y de los recursos naturales que había en ellos. En 1905 ya hubo una fase inicial de titulación de algunos territorios indígenas en la Costa.

Los reclamos territoriales han estado siempre presentes en la Costa Atlántica. La primera organización indígena que
lo hizo fue la Alianza para el Progreso de los Pueblos Miskitu y Sumu (ALPROMISU) y en las comunidades mayangnas la organización SUKAWALA. Con la llegada del sandinismo, ALPROMISU se transformó en MISURASATA (Miskitu,
Sumu, Rama Sandinista Aslatakanka), que continuó demandando derechos sobre nuestros territorios ancestrales.

El Frente Sandinista quería crear cooperativas en la Costa Atlántica, iguales a las que estaba formando en el Pacífico. Las comunidades miskitus hacían producir sus tierras de otra forma y concebían la tierra como propiedad comunitaria.
No aceptaron lo que el Frente ordenaba. Ese conflicto desembocó en la guerra. Ya en 1981 estábamos en plena guerra, los de MISURASATA en el sur y los de MISURA en el norte. El aumento de las tensiones ocasionó el desalojo de las comunidades del Río Coco, que fueron reubicadas en el territorio conocido hoy como Tasba Pri (Tierra Libre). Fueron años en los que muchos indígenas, de forma voluntaria, o tambien obligados, pasaron a formar parte de las filas de la Resistencia o del Ejército Popular Sandinista.

En 1985, todavía durante la guerra, empezaron a darse los primeros acercamientos entre el Frente Sandinista
y Brooklyn Rivera, que estaba al frente de MISURASATA. Trataban de valorar mecanismos que facilitaran
el establecimiento de acuerdos de paz. El gobierno sandinista tuvo que reconocer lo que los pueblos indígenas reclamábamos: organizarnos autónoma y comunitariamente en nuestros territorios, administrarlos y poder gobernarnos en base a nuestras propias formas y estilos de vida. Finalmente, todo esto se materializó en 1987, cuando se promulgó
la Ley 28, el Estatuto de Autonomía.

En las elecciones nacionales de 1990, y basados en el Estatuto, se realizaron las primeras elecciones regionales y se conformaron los Consejos Regionales Autónomos y los Gobiernos Regionales Autónomos y se realizaron las primeras elecciones regionales. Elegimos entonces a las primeras autoridades de la Costa Atlántica. Pero 1990 representó también la caída del gobierno del Frente Sandinista y la instauración de un nuevo modelo en el gobierno nacional.

Antes de terminar la guerra las organizaciones de miskitus que habían participado en la guerra, MISURASATA y MISURA, formaron la agrupación política YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, Hijos de la Madre Tierra) en la que se unieron los dos principales líderes miskitus, Steadman Fagoth y Brooklyn Rivera.

A inicios de los años 90, con la transición a la paz del gobierno de doña Violeta Chamorro, mucha gente que había participado en la guerra, en los dos bandos, regresó a sus hogares y demandó su inserción en la vida civil. Eso significaba garantizarles tierras para que pudieran producir y alimentar a sus familias. En esa etapa el gobierno de doña Violeta decidió entregarle tierras a estos desmovilizados de la guerra. Les dieron 50 manzanas por familia y formaron los Polos de Desarrollo. Muchos de estos polos se encuentran hoy dentro de alguno de los territorios indígenas que se están demarcando y titulando.

Durante el gobierno del doctor Arnoldo Alemán sucedió algo importante: el Consejo Regional del Atlántico Norte permitió la concesión que el Estado le dio a una empresa maderera taiwanesa en tierras propiedad de la comunidad mayangna de Awas Tingni. Entonces, los representantes del pueblo mayangna demandaron al Estado en los tribunales nicaragüenses, pero como esa demanda no prosperó, la llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sí encontraron acogida.

En el año 2001, la Corte Interamericana resolvió que el Estado había violado los derechos de propiedad de los indígenas y le ordenó remediarlo indemnizando a la comunidad y promulgando una ley para demarcar y titular no sólo
ese territorio mayangna, sino todas las áreas habitadas tradicionalmente por los pueblos indígenas de la Costa Atlántica. Un año después, 2002, ya en tiempos de Bolaños, se aprobó la Ley 445, “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”. Al año siguiente, 2003, se reglamentó por fin el Estatuto de Autonomía. Fueron pasos fundamentales en el reconocimiento y restitución de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La demarcación de los territorios indígenas, en cumplimiento de la Ley 445, avanzó lentamente durante el gobierno de Bolaños y se agilizó con la llegada al gobierno del Frente Sandinista en 2007. La decisión de agilizarla empezó un poco antes, con el acuerdo de gobernabilidad que firmó Daniel Ortega con Brooklyn Rivera en mayo de 2006. Ese acuerdo ha facilitado y permitido a la alianza política YATAMA acceder a diferentes espacios de toma de decisión, no sólo en la RAAN, también en las estructuras del gobierno central.

La restitución de derechos sobre la propiedad indígena que establece la Ley 445 tiene cinco fases. La primera es la solicitud que la comunidad indígena hace para que la demarquen y titulen. La segunda es la resolución de los conflictos internos que pueda haber entre las comunidades que forman el territorio. La tercera es la medición del territorio, su amojonamiento y demarcación. La cuarta es la titulación. Ésa es la Fase en la que ya estamos actualmente la mayoría
de los territorios indígenas. A mediados del año 2011 ya estaban titulados 17 de los 23 territorios indígenas que existen en la Costa. La quinta fase es la de saneamiento.

La etapa de saneamiento será la más difícil, la más complicada. La demarcación establece que para concluir el proceso de restitución de derechos a los indígenas, los territorios demarcados y titulados se deben sanear. Eso significa dos cosas: sacar del territorio a las poblaciones no indígenas expulsándolas o negociar con ellas para acordar una cohabitación armónica en el territorio propiedad de los indígenas.

Cuando finalice la fase de saneamiento la ley establece que los indígenas tendrán el derecho, la capacidad institucional y el respaldo legal para decidir quién vive o no vive dentro de sus áreas tradicionales y para hacer valer ese derecho podrán utilizar a la Policía y al Ejército y el Estado tendrá que garantizar que su decisión sea respetada.

¿Quiénes son los no indígenas? Usamos dos palabras para ellos: mestizos y colonos. Mestizos y colonos son las personas que sólo hablan español y que han llegado a los territorios indígenas a asentarse. Son los no descendientes de ninguna de las poblaciones indígenas de la Costa Atlántica. En algunos casos son personas que llegaron a nuestros territorios empujados por la pobreza, por la marginalidad, por la necesidad de sobrevivir, se asentaron en un pedazo de tierra y viven allí desde hace muchos años.

En el Pacífico la mayoría de las tierras ya están ocupadas, en algunos casos en pocas manos. Y mucha gente que vive en las zonas rurales tiene problemas para acceder a tierra. Esa gente pobre, al ver que en la Costa hay muchas tierras y poca gente, toma la decisión de venir a la Costa buscando vida.

Con las familias que tienen muchos años de habitar dentro de los territorios indígenas estamos de acuerdo. La Ley les otorga ciertos derechos de habitar allí. Pero también hay en el Pacífico gente de grandes capitales, terratenientes
y ganaderos, que llegan a la Costa Atlántica, compran muchas tierras y le van cambiando las formas de uso a los suelos, que pierden su vocación forestal y pasan a ser de uso ganadero. Hay muchos de estos mestizos esperando que las comunidades indígenas tengan sus títulos de propiedad para empezar a hacer negocios y a comprarles sus tierras y sus bosques y a apropiarse de sus recursos naturales. Con éstos no estamos de acuerdo.

Siempre hemos visto que cuando los no indígenas se asientan en territorios indígenas, en un proceso que algunos llaman de colonización, otros de mestizaje, siempre reciben mucha atención. Y rápido. Hoy se asientan, mañana ya tienen una escuela, pasado mañana una iglesia, al rato un centro de salud. Tienen muy pronto lo que las comunidades indígenas tardan en conseguir o lo consiguen muy difícilmente. Las alcaldías municipales y el Estado los priorizan. Si miramos esta realidad a largo plazo, estamos ante una colonización al suave. Hoy son un grupito social pequeño y pronto ya son un grupo grande con bases arraigadas en el territorio, lo que dificulta mucho sacarlos o expulsarlos.

La lógica del proceso de saneamiento es clara: si a las comunidades indígenas se nos han restituido nuestros derechos sobre nuestras propiedades, automáticamente pasamos a ser los dueños ante el Estado y eso nos permite establecer nuestras normas, criterios y parámetros de a quiénes vamos a permitirles vivir o no en nuestro territorio.

Cuando las poblaciones no indígenas toman conciencia de lo que significa el saneamiento, es lógico que lo rechacen y que estén pensando en defenderse para que no los saquen de esas tierras. Cualquiera que sepa que lo van a expulsar de donde habita va a reaccionar así. También es lógico que cualquiera que sepa que en su propiedad no puede decidir quién entra o quién se queda va a reaccionar así. Hoy lo que estamos tratando de promover y de afinar son mecanismos de negociación entre indígenas y no indígenas, sabiendo que en algunos lugares vamos a lograr negociar
y en otros no.

El saneamiento establece también que el Estado debe garantizar condiciones mínimas de vida para el traslado y reubicación de los mestizos y colonos que habitaban en territorios indígenas, y debe compensarlos por las mejoras que tenían en las tierras que abandonan. Todo eso significa un gran presupuesto. ¿De dónde va a sacar el Estado tantos recursos para cumplir con las condiciones del saneamiento? ¿De dónde sacará tierras para mover a las poblaciones no indígenas que salgan de la Costa Atlántica? Me parece que en Nicaragua no tenemos capacidades financieras, técnicas ni logísticas para cumplir con eso.

La ley dice que las personas que habitan en cualquiera de los territorios indígenas de la Costa desde antes de 1987 tienen derecho sobre la propiedad donde han habitado. Los títulos de propiedad emitidos antes de esa fecha, títulos de reforma agraria dados por los sandinistas o títulos emitidos en tiempos de Somoza, han sido reconocidos legalmente. Nadie puede sacar de esas tierras a quienes tienen esos títulos. No podemos confrontarnos con esa gente, tenemos que hallar mecanismos de negociación para que sigan allí, viviendo en armonía con las poblaciones indígenas. Las tensiones y los conflictos serán con la gente que está llegando ahora o con las que llegaron después de 1987 y no pueden demostrar la tenencia de la propiedad. Legalmente, esa gente está usurpando tierras y haciendo un uso ilegal de los recursos naturales.

El saneamiento también tiene lógica cuando vemos que los mestizos y los colonos tienen formas diferentes de producir y de vivir que atentan contra los patrones culturales de los pueblos indígenas. El primer patrón cultural que alteran
es el cambio en el uso de los suelos: despalan la cobertura forestal y dedican los suelos a pasto para ganado.
Eso afecta nuestros recursos naturales y nos afecta a nosotros, porque las comunidades indígenas dependemos de esos recursos. Las comunidades indígenas también tienen ganado, pero muy poquito. Ahora tienen algo más porque el programa del gobierno Hambre Cero ha regalado vacas, cerdos y gallinas. Las posibles repercusiones a largo plazo de la introducción de estos animales es algo que se debe de analizar y valorar.

El segundo patrón cultural que alteran quienes llegan del Pacífico es que cercan sus tierras, impidiendo a la fuerza a los indígenas el paso por ellas. Y eso hace que los pueblos indígenas pierdan derechos de libre circulación en áreas tradicionales y de caza, de pesca, en sitios recreativos y en sus lugares sagrados.

Las prácticas y sistemas productivos, agrícolas y pesqueros, de las comunidades indígenas dependen de suelos con cobertura forestal. El despale de grandes áreas donde la gente sembraba, cosechaba, cazaba, pescaba, recogía madera para hacer sus casas y leña para cocinar, vulnera las formas de vida ancestrales que han desarrollado. Cuando las comunidades no pueden usar sus suelos como lo hacían tradicionalmente, hay tensiones, conflictos y hasta problemas de seguridad alimentaria. La tala indiscriminada de madera provoca también mayores sequías, y ya estamos notando en la Costa los efectos del cambio climático en nuestros estilos de vida.

Hemos ido perdiendo grandes extensiones de cobertura boscosa. Hay que ser claros que también las perdemos
por acciones que nosotros, los mismos indígenas, desarrollamos. Pero la idea básica es que nosotros los indígenas vivimos de los recursos naturales y los utilizamos, a veces bien y a veces no tan bien, pero si a eso se nos añade
la invasión y la usurpación de esos recursos por otra gente, que los explota a menudo ilegalmente, la cosa se nos pone más grave. Ya estamos viendo que las tierras boscosas de la Costa se han reducido drásticamente. Y mañana, ¿qué le vamos a heredar a las futuras generaciones? Una de las concepciones más fuertes entre nosotros los indígenas es el vínculo con la Naturaleza.

En esta etapa estamos aprendiendo a negociar y en algunos casos ya hemos negociado. Por ejemplo, en el territorio del pueblo rama en el Atlántico Sur. Allí viven actualmente unas 4 mil personas, que son las que tienen derechos sobre esas tierras. Esos 4 mil indígenas ramas conviven con 20 mil no indígenas. Lo que se ha logrado allí es una negociación que compromete a los no indígenas a vivir en un territorio específico, haciéndoles una proyección a largo plazo de hasta dónde se podrían extender, pero con el compromiso de que respeten el espacio que se les ha asignado. ¿Cumplirán ese acuerdo? ¿Habrá instituciones sólidas que garanticen que se cumpla? No lo sabemos.

Hay otros casos donde hay mucha tensión. Por ejemplo, en Tasba Pri, una comunidad que está en la carretera que conecta Puerto Cabezas con Managua. Ése es un territorio multiétnico, en el que viven miskitus y mestizos. Los miskitus están pidiendo la demarcación del territorio a su nombre y los mestizos piden que se les demarque y titule un territorio mestizo aparte.Desde hace unos 15 años ha habido conflictos en Tasba Pri. Ha habido huelgas, tranques y hasta asesinatos. Cuando hacen tranques bloquean todo el comercio entre Puerto Cabezas y Waspam. Es el mecanismo ideal que han encontrado últimamente algunos grupos para forzar al gobierno a sentarse a negociar. Posiblemente, Tasba Pri será demarcado como un territorio multiétnico, aunque aún no hay ni consenso ni acuerdos.

Cuando se emitieron los primeros títulos de propiedad en la Costa, en 1905, no teníamos la tecnología cartográfica que tenemos ahora, no existían los GPS para localización y para ubicación. Con las nuevas tecnologías han surgido tensiones: ¿Hasta dónde llega mi propiedad y hasta dónde llega la tuya?. Porque en algunos casos las propiedades se traslapan y los traslapes provocan conflictos entre los mismos indígenas. En esas tensiones no tienen nada que ver los colonos. El conflicto es mayor cuando hay no indígenas viviendo en los traslapes. La ley dice que en esos conflictos de propiedad la decisión queda en manos de las autoridades locales y si ellas no logran una solución los Consejos Regionales Autónomos tienen la última palabra.

El Estado y la mayoría de las alcaldías de la Costa Atlántica no pueden conceder, vender, ni arrendar tierras, porque en la Costa no existen tierras estatales de las que puedan disponer, lo que las diferencia de las alcaldías del Pacífico, que administran tierras y tienen potestad para emitir títulos de propiedad sobre ellas.

Para cualquier decisión de ordenamiento territorial en la Costa la el territorio indígena y la comunidad indígena son la primera autoridad. Un ejemplo lo tenemos en Puerto Cabezas (Bilwi), sede del Consejo y del Gobierno Regional Autónomo de la RAAN, considerada capital de la RAAN. Bilwi está asentada sobre el territorio de la comunidad Karatá, que le arrienda a la alcaldía el derecho de ocupar el área en donde tienen sus oficinas e instalaciones. Eso significa también que los más de 10 mil habitantes de Puerto Cabezas deben pagar un canon por arrendamiento, prorrogable cada cinco o más años, a las autoridades territoriales de esa comunidad indígena. Por eso, respetando ese derecho, la alcaldía ha tenido que desarrollar mecanismos de negociación con esa comunidad miskitu para poder realizar obras de desarrollo dentro del casco urbano y para mantener una relación armónica entre la institución y la comunidad.

Actualmente una de las principales demandas políticas en la Costa Atlántica es que la Ley de Autonomía se reforme. Tenemos la propuesta de que las funciones administrativas y organizativas que desempeñan los municipios de la Costa se trasladen a los Territorios Indígenas. Para lograr esto se vienen construyendo capacidades para asumir ese reto, avanzando en algunos casos más que en otros. La idea básica de la propuesta es que sean los territorios indígenas los que decidan su desarrollo, los que reciban recursos del gobierno central, los que los administren y ejecuten sus obras de progreso. Queremos que todo este proceso no esté ya en manos de las alcaldías municipales.

La tensión más reciente que hemos enfrentado en la Costa es la carretera que empezaron a abrir en la zona núcleo de la valiosa reserva de Bosawas, que pertenece al territorio indígena Mayangna Sauni Arungka y que es administrada
por su gobierno territorial Matumbak.

Cuando la población mayangna reaccionó ya se habían construido unos 4 ó 5 kilómetros. Lo más grave es que esa carretera se abrió no sólo en un territorio indígena, sino en el área protegida de Bosawas, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Biosfera. La abrieron para facilitar la extracción de madera. Y en el territorio se conoce que la empresa responsable de esta acción es Albaforestal, una de las empresas del ALBA en Nicaragua. Albaforestal ya había ido negociando con algunas comunidades indígenas el derecho de aprovechar los recursos maderables y ya había apoyado la elaboración de planes de manejo facilitando la consolidación de algunas empresas forestales que nacieron a raíz del paso del huracán Félix en el año 2007, que derribó miles de árboles en la Costa.

La tala ilegal es un problema permanente en la Costa. Muchos camiones trafican madera ilegalmente. La mayoría circula de noche, porque así pueden pasar por los puntos ciegos. En la RAAN hay dos o tres puntos estratégicos por donde tienen que pasar, y si un camión lleva de cinco a ocho mil pies de madera talada, el responsable tiene capacidad de sobornar o de convencer a quien está en esos puntos para que lo deje pasar. ¿Qué autoridad institucional sólida, seria, hemos construido que nos garantice que eso no ocurra? Nosotros los indígenas somos el primer eslabón de esa responsabilidad. El siguiente eslabón son las instituciones. Pero si la gente que trabaja en las instituciones apenas gana el salario básico cualquiera los sobornará. En la RAAN el INAFOR (Instituto Nacional Forestal) tiene un personal muy reducido con escasas capacidades técnicas, económicas, financieras y logísticas para controlar un territorio tan extenso. Podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si no hay personas que las apliquen y que nos garanticen que se cumplan, de nada nos sirve.

Lo primero a tener en cuenta en el conflicto de la carretera por Bosawas es que los indígenas no están exentos de responsabilidad. Porque para que alguien llegue y construya cuatro o cinco kilómetros, tuvieron que darse cuenta, lo aceptaron y lo permitieron. Con la autonomía administrativa que tienen las comunidades alguien pudo acercarse
a alguna de ellas, pudieron ceder derechos y permitir que abrieran la carretera.

El gobierno territorial mayangna Matumbak reclama, con todo derecho, que cuando se abre una carretera en su territorio tiene que haber no sólo un estudio de impacto ambiental, sino también una notificación a todas las partes involucradas sobre las acciones que se van a realizar y sus dimensiones. Deben ser notificados el INAFOR, la Secretaria de Recursos Naturales del Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Norte, la Comisión de Recursos Naturales del Consejo Regional Autónomo del Atlántico, la alcaldía municipal -en este caso la alcaldía de Bonanza-, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) por ser Bosawas un área protegida, y también el gobierno territorial y los gobiernos comunales afectados
.
Nada de esto se hizo. Y cuando el gobierno territorial Matumbak informó de lo que estaba pasando todos alegaron desconocimiento, lo que provocó más tensiones. Incluso el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) tuvo que tener también conocimiento de una obra así, porque ninguna carretera se construye sin que ellos lo sepan.

¿Qué pasó ahí? Hay que investigar y buscar responsabilidades y responsables. Los responsables institucionales más claros son Albaforestal y el Estado de Nicaragua, a través de sus instituciones. También tuvo que haber responsabilidad indígena. ¿De quienés? No sé, pero no concibo que se pueda meter al territorio esa maquinaria y se trabaje durante meses sin que los comunitarios supieran lo que hacían.

Este caso nos refleja una debilidad organizativa en todos los niveles: nacional, regional, municipal, territorial y comunal. Nos enseña que debemos de apuntar a mejorar nuestros sistemas administrativos y los flujos de información, garantizando que desde el primero al último eslabón de la cadena estemos informados para poder tomar las mejores decisiones.

Todo el mundo en Nicaragua y en la Costa sabe que Albaforestal está ligada a la familia presidencial, el poder más grande del país. Lo que pueden hacer los pueblos indígenas ante esto ya lo hicieron: la autoridad del gobierno territorial Matumbak, Armando Edwin, presidente del gobierno territorial, llegó ante la Asamblea Nacional y, a la par de Brooklyn Rivera, dio el primer paso: hacer público lo que estaba pasando. Fue interesante la presencia de Brooklyn, el líder de YATAMA en esa conferencia, en la que dijo que se habían violentado los derechos de los indígenas. Puede ser una señal de que algo está pasando en las relaciones entre YATAMA y el Frente Sandinista.

Después de lo que dijeron ante la Asamblea Nacional ya nadie puede alegar desconocimiento de los hechos. Veremos cómo termina la investigación y qué deciden. Pero en este caso, como en el de Awas Tigni, el gobierno de Matumbak podría interponer una demanda contra el Estado de Nicaragua y contra la empresa Albaforestal por daños y perjuicios a la comunidad y a Bosawas, un ecosistema protegido en Nicaragua y declarado Reserva de la Biosfera, un patrimonio de toda la humanidad. Y si no les dan respuesta en Nicaragua, hay mecanismos internacionales a los que recurrir. Naturalmente, necesitarían recursos humanos y financieros que los indígenas no tienen para lanzarse a eso, pero estoy seguro que hay ONG y sociedad civil que estarían muy interesadas en apoyarlos.

Los habitantes del territorio Mayangna Sauni Arungka son aproximadamente 4 mil personas, distribuidas en 500 familias. Ese territorio ya está titulado. Ahora tienen conflictos con los colonos que habitan dentro de su territorio y su principal demanda es que sean desalojados, cumpliendo así la etapa de saneamiento que estipula la Ley 445. El gobierno territorial de Matumbak está reaccionando muy críticamente a la construcción de la carretera porque conoce que hay mestizos vinculados a esa obra, porque no consultaron con la autoridad territorial indígena y porque se están destruyendo ecosistemas naturales y atentando contra los estilos y formas de vida tradicionales de su población. La carretera ha dado más fuerza a su reclamo de poner fin a la etapa de demarcación y titulación y pasar
a la de saneamiento.

La restitución de derechos a los pueblos indígenas se ha agilizado por la relación y la alianza entre YATAMA
y el Frente Sandinista, de nuevo en el gobierno nacional desde el año 2007. Los gobiernos liberales no tuvieron interés en restituirnos nuestros derechos. Fueron los sandinistas los que promulgaron en 1987 la Ley de Autonomía,
los que conocían de cerca el conflicto que se les había armado en los años 80. Las cabezas políticas de aquel conflicto fueron precisamente Daniel Ortega y Brooklyn Rivera. Cuando pasaron a ser aliados todo empezó a cambiar y lo que no pudimos lograr en veinte años lo hemos ido alcanzando en estos últimos cinco años.

El gobierno actual del Frente Sandinista ha ganado mucho al restituirnos nuestros derechos. Hay muchos convenios y tratados internacionales sobre pueblos indígenas que Nicaragua ha firmado y que ahora se van cumpliendo.
Por ser artífice oficial de los conflictos de los años 80, Daniel Ortega está más informado que nadie
y conoce mejor que cualquiera el escenario de la Costa. Restituyendo nuestros derechos cuida su figura internacional.

A nivel latinoamericano y mundial todos los pueblos indígenas están luchando por sus derechos y miran a Nicaragua como un paraíso, porque la Constitución ya nos aseguró el derecho a la tierra, a la propiedad, a la lengua, a la salud, a la educación… y muchos indígenas en otros países no tienen eso todavía, ni siquiera tienen la aceptación oficial del término “pueblos indígenas”. En Honduras, las poblaciones miskitus asentadas en la franja del Río Coco, que comparten un muy arraigado vínculo cultural con los pueblos miskitus de Nicaragua, no son reconocidas por el Estado hondureño y van perdiendo de forma acelerada el derechos de uso y aprovechamiento del territorio y de los recursos naturales que hay en ellos, y que les pertenecen.

Con la alianza entre YATAMA y el Frente Sandinista hemos logrado la demarcación y la titulación de la mayoría de los territorios indígenas. También logramos contar con profesionales indígenas en puestos estratégicos del gobierno central. Demandábamos que si en las regiones autónomas de la Costa tenemos más del 80% de los recursos naturales
de este país, que en su administración hubiera indígenas. En el INAFOR, institución estratégica para las concesiones,
las extracciones y el aprovechamiento de los recursos forestales, tenemos ahora a un indígena creole del Sur, que preside esa institución. En el Instituto Nicaragüense de la Pesca (INPESCA), que es uno de los pilares de nuestra economía tenemos a un indígena miskitu del Río Coco. Tenemos también a profesionales indígenas en la Cancillería
de la Republica, en el Parlamento nacional y en el Parlamento Centroamericano, en el Ministerio Agropecuario
y Forestal, en el MARENA, en el Ministerio de Salud y en la Superintendencia de la Propiedad.

Todas estas presencias nos han facilitado negociar y llegar a acuerdos en algunos casos. Aunque también hay que reconocer que nos han creado muchas tensiones en otros casos porque no hemos sabido utilizar adecuadamente estos nuevos espacios.

La alianza de YATAMA con el Frente Sandinista nos ha traído muchos beneficios, porque nos ha restituido derechos. Pero esa alianza no ha significado más votos para el Frente Sandinista en la Costa. Ha habido una alianza estratégica entre los dos tomadores de decisiones, pero eso no se refleja electoralmente en la base, que sigue votando o sólo por YATAMA o sólo por el Frente Sandinista, o no vota, tal como lo ha hecho en todas las elecciones, cuando los índices de abstención son siempre muy altos y sin que exista una tendencia clara que le demuestre al Frente Sandinista que los costeños vinculados a YATAMA votan por el Frente en las elecciones nacionales.

Hasta ahora, la representación de profesionales indígenas con cargos en el gobierno central ha estado limitada y sólo
se ha hecho a través de YATAMA y según las cuotas que define y establece el Frente Sandinista. YATAMA es un partido político indígena que nació con la filosofía de dar participación a las poblaciones miskitus. Pero en los últimos años ha hecho una transición y se ha diversificado, estableciendo mecanismos de negociación con mayangnas y con creoles, y abriendo la participación interna dentro de su estructura organizativa.

Desde hace 30 años Brooklyn Rivera sigue siendo la figura principal de la organización indígena del pueblo miskitu. En nuestra cultura hay dos formas de acceso al poder. Está la autoridad, que es la persona electa por una asamblea comunal, en la que participan los hombres y mujeres de la comunidad que quieran participar. Y además de esa autoridad electa, está el líder, que no necesariamente es electo, pero que es reconocido como una figura relevante dentro de la comunidad. Eso pasa con Brooklyn, eso pasa con Fagoth. Independientemente que la mayoría de la población los critique y hasta esté en contra de ellos, para ciertos temas específicos los siguen y escuchan, porque son
las figuras políticas que han construido en sus cabezas durante muchos años. En las comunidades, la última palabra para solucionar conflictos, para evitar y mediar conflictos, para generar conflictos, la tienen ellos dos.

Eso responde a la cultura comunitaria tradicional, que reconoce siempre al líder como una persona influyente, como una figura principal, a la que le consultan todo y que es quien toma las decisiones. Es algo similar a lo que en el Frente Sandinista pasa con Daniel Ortega. Estoy seguro que puede dejar de ser Presidente y seguirá siendo la persona de más influencia en su partido y en el país. Hasta la vez yo no veo una figura que reemplace a Brooklyn, como no veo a una figura que reemplace a Daniel Ortega. Creo que en Nicaragua los partidos no han trabajado por la transición generacional, aunque es algo importante y a lo que tenemos que apuntar pensando en el largo plazo. Como no vamos
a ser eternos debemos pensar quién sustituirá y quien mantendrá los ideales básicos de cada organización.

En nuestra cultura, los dirigentes pueden estar muchos años en los diferentes espacios de dirección y para eso deben demostrar que contribuyeron al desarrollo de su pueblo y de sus comunidades. La gente los mantiene en el cargo si se siente representada. Si no, eligen a otro. El mecanismo de reemplazo de esos cargos es rápido, pero no hay indicadores construidos ni establecidos para poder medir la eficiencia de esas autoridades. Priman las percepciones
y las deducciones de lo que puede o no hacer cada persona, basadas en lo que la gente ve, siente y ha escuchado.

En el pueblo miskitu el Consejo de Ancianos son los asesores de la comunidad. Se les escucha porque tienen el conocimiento, la sabiduría y pueden orientar a las generaciones jóvenes que se están desarrollando y formando. El Síndico maneja y regula el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el Wihta, que es el Juez comunal, dirime los conflictos comunitarios e imparte justicia. Síndico y Wihta son las dos autoridades que la asamblea comunal elige para que la represente. Pueden elegir a jóvenes, a adultos, a ancianos, inclusive a mujeres, aunque son pocas las que han sido seleccionadas para ocupar cargos de dirección en sus comunidades y en los territorios.

La asamblea comunal o territorial es la máxima expresión para la toma de decisiones. Se integra con los miembros de la comunidad o de las comunidades que quieran participar en la discusión de una problemática. Si, por ejemplo, en la asamblea se tomara la decisión de dejar habitar en el territorio a los mestizos, eso se tiene que respetar. La decisión no tiene que quedar escrita en ninguna parte, porque nuestra tradición es oral y los acuerdos que se establecen allí se tienen que cumplir. Quienes garantizarán el cumplimiento son el Síndico y el Wihta.

La demarcación y titulación de los territorios que ancestral y tradicionalmente han ocupado los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua es un derecho que hemos conquistado y que ya nadie nos lo va a quitar. Al entrar
en la etapa de saneamiento tenemos que ser más inteligentes y tener una mentalidad madura, más abierta a la negociación y concertación, para evitar confrontaciones armadas.

Si el 70% de la gente que vive en la Costa Atlántica son mestizos, ¿cómo los vamos a expulsar? ¿Cómo imaginar sacarlos a todos si el Estado no tiene ni recursos ni tierras a donde reubicarlos? Esa realidad nos debe llevar a construir mecanismos de negociación entre indígenas y no indígenas que nos garanticen cohabitar juntos. Depende de nuestra habilidad y flexibilidad el que nos sentemos a dialogar y a negociar hasta encontrar salidas no conflictivas.

En esta etapa la madurez debe venir de todos. Si YATAMA como organización política asumiera el liderazgo de esta etapa del proceso, sin tomar en cuenta a la sociedad civil, estaría marginando a mucha gente, porque YATAMA
no representa los intereses de todos los habitantes de la Costa.

Necesitamos la participación y la articulación entre todos: entre las iglesias -independientemente de la denominación que sea: moravos, bautistas, evangélicos, católicos-, entre los gobiernos comunales, entre los gobiernos territoriales,
entre las ONG, entre las instituciones del Estado. Considero que es ideal que las iglesias participen en estos procesos de negociación porque en todas las comunidades indígenas está presente alguna iglesia. Conocen bien a la comunidad, son las personas que están más cerca de las tensiones y conflictos y las que mayor relación tienen con los líderes y con la gente.

Será también muy importante que las mujeres no sólo participen estando presentes, sino que hablen, que expongan sus argumentos, que tomen decisiones, que decidan. En los últimos quince años hemos avanzado mucho en la participación de las mujeres, pero necesitamos avanzar más.

Reconozco que las mujeres son mejores administradoras y mejores planificadoras que nosotros los hombres y que aportan elementos muy importantes en el desarrollo de las comunidades, aportes que muchas veces pasan desapercibidos o no se quieren reconocer. Por eso, la participación de las mujeres será también fundamental en estos procesos de negociación en los que estamos entrando en la Costa Atlántica. Confiamos en ellas, son muy buenas negociadoras.

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“La demarcación y titulación de tierras casi concluye, la etapa de saneamiento nos exige mucha madurez”

Nicaragua
En “tierra de lagos” no pensamos en las aguas subterráneas

Honduras
¿Por qué somos un país con tanta violencia?

México
Comunidades indígenas bajo asedio y represión del gobierno

Centroamérica
Los Jinetes del Desarrollo en tiempos Neoliberales (4): Tercer jinete: la cultura gerencial y el pensamiento positivo
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web