Nicaragua
Después del fraude el futuro se escribe con R
Un mes después de concluido un proceso electoral fraudulento
Nicaragua permanece fracturada y expectante.
Los próximos meses, tal vez años, colocarán a la población nicaragüense
que no acepta los resultados de las elecciones
ante un dilema: Resignación o Resistencia.
O se resigna a aceptar lo ocurrido y todo sigue igual,
con más de lo mismo, de lo ya visto
en los cinco años que precedieron a las elecciones.
O resiste y se organiza para que las cosas cambien.
Equipo Envío
El 15 de noviembre el Consejo Supremo Electoral (CSE) proclamó la reelección de Daniel Ortega como Presidente de Nicaragua hasta el año 2016, adjudicándole 62 diputados a su partido. “La presente Resolución es materia electoral y no admite recurso alguno”, dijo ceremonialmente el desprestigiado presidente del CSE Roberto Rivas.
Adelantando el calendario establecido por el propio CSE, Rivas había rechazado, previamente a la proclamación, “por carecer de requisitos” y en sólo horas, los primeros dos recursos de revisión presentados por la Alianza PLI y el PLC. Concluyó así legalmente el viciado proceso electoral de 2011, que ha modificado el mapa político nacional, que coloca al país ante las consecuencias de un trauma político y a la población que no acepta los resultados ante un dilema.
TODO SIGUE IGUALDurante las dos semanas que siguieron a los comicios, la información y los mensajes del victorioso partido de gobierno pretendieron transmitir al país varios mensajes: “aquí no ha pasado nada”, “todo sigue igual” y “a trabajar se ha dicho”. El discurso oficial siguió hablando de tranquilidad, felicidad y paz. Ignoró la frustración de la población que en todo el país fue testigo de las maniobras fraudulentas de la jornada electoral. Ortega continuó entregando títulos de propiedad y vendiendo taxis rusos. No hubo reacción oficial al informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que detalló los vicios de un proceso conducido “sin transparencia y sin neutralidad”.
Tampoco hubo una palabra de condena al crimen cometido en San José de Cusmapa por el secretario político del FSLN, un subcomisionado de la policía con otros cuatro policías y un funcionario electoral, quienes se desplazaron en vehículos de la alcaldía para ir a intimidar en la noche a simpatizantes del PLI de una pequeña comunidad campesina y terminaron matando a un anciano y a dos de sus hijos en uno de los cien hogares del lugar.
“TODO EN ENTREDICHO”A pesar del voluntarismo de las palabras y los silencios oficiales era evidente que “aquí” sí había pasado algo grave, que nada seguía “igual” y que el famoso riesgo país, del que depende el “ponerse a trabajar”, podía sufrir sensiblemente.
El 16 de noviembre hablaron los obispos de la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que afirmaban que los resultados electorales estaban “totalmente en entredicho” y calificaban de “acción reprobable a los ojos de Dios” el proceder del aparato electoral en la jornada de las votaciones. Sin mencionar las palabras “fraude” y “pecado” era de ambas realidades que hablaban.
En la víspera, el día 15, el jefe de la misión de observadores de la OEA, Dante Caputo, presentaba en Washington ante el Consejo de Seguridad de la OEA el informe de la misión, cuestionando el proceso electoral por “irregularidades” y reclamando por el “incumplimiento” del acuerdo que el CSE había firmado con la misión. El 17 de noviembre la Unión Europea adelantó una declaración sobre las etapas finales del proceso electoral que tituló: “El CSE culmina el proceso de publicación de resultados de forma opaca y arbitraria”, concluyendo que lo visto, desde que sus observadores llegaron al país hasta ese momento, “significa un grave retroceso en la calidad democrática de las elecciones en Nicaragua”.
El 23 de noviembre el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentó su Informe final sobre el proceso electoral. En sus conclusiones afirman: “ Ante tanta irregularidad, obstáculos y trampas que caracterizaron el proceso electoral no cabe más que determinar que la Presidencia conferida al Presidente Ortega y la increíble mayoría otorgada al Frente Sandinista en la Asamblea Nacional carecen de toda legitimidad, por ser el resultado de la violación a la Constitución y de la voluntad popular expresada en las urnas, dando paso al establecimiento de una nueva dictadura, que es la forma de gobierno en la cual progresivamente se pierde toda libertad y las violaciones de derechos humanos adquieren el carácter de sistemáticas”.
El 25 de noviembre, día en que internacionalmente se celebra la jornada contra la violencia hacia las mujeres, una de las mantas que las organizaciones de mujeres sacaron a las calles decía: “No queremos ni violadores ni ladrones de votos”.
A dos semanas de las elecciones ni Estados Unidos ni Canadá ni Costa Rica y sólo España en la Unión Europea habían felicitado a Ortega por su reelección. Legalmente reelecto, Ortega estaba muy lejos de legitimarse. Y las contradicciones al interior del partido de gobierno, por la temeraria estrategia con que actuaron el día de las votaciones para ganar “por las buenas y por las malas”, empezaban a asomar.
¿CÓMO PROBAR EL FRAUDE?En las dos primeras semanas que siguieron a las elecciones la dirigencia de la Alianza PLI pareció tan indignada como desconcertada y contradictoria. En primer lugar, por la dificultad para probar lo que miles de testimonios personales de sus fiscales y de sus votantes en todo el territorio comprobaron: que el 6 de noviembre se violentaron todos los candados que la Ley Electoral establece para garantizar resultados creíbles: el conteo de las boletas, la revisión de las urnas, la eficacia de la tinta, las firmas y el código de seguridad en las boletas, la secretividad del voto, la presencia de fiscales, la copia de las actas, el traslado de las actas... Todos los pasos fueron alterados en lo que parecía ser un organizado y masivo plan de ilegalidades. Al final, el CSE, violentando nuevamente la Ley Electoral, no publicó nunca en su página web los resultados de las votaciones junta por junta.
Aunque en Nicaragua todo el mundo, “ganadores” y “perdedores”, saben lo que pasó, incluso lo vieron, ¿cómo ponerle números a la alteración de los resultados? ¿Con qué contrastar las limitadas actas de escrutinio legibles que los fiscales de la Alianza que lograron estar presentes a la hora de los conteos pudieron rescatar? Lo más que se ha podido establecer son los patrones, las pautas que siguieron los comportamientos fraudulentos. Con un proceso tan irregular, es generalizada la idea de que no será posible conocer nunca los resultados reales que arrojaron las urnas el 6 de noviembre. Para el jefe de campaña de la Alianza PLI, Eliseo Núñez Morales, “el problema para probar el fraude en estas elecciones no son los números, sino cómo se llegó a esos números. En el mejor de los casos, no sabés nada: ni cuántos, ni por quiénes, ni dónde”.
¿AQUÍ NO HA PASADO NADA? La valoración técnica final del organismo de observación nacional Ética y Transparencia, hecha pública el 21 de noviembre, afirma que “los resultados publicados no merecen credibilidad dadas las graves, sistemáticas e intencionales irregularidades cometidas durante su emisión y conteos”. Según Ética y Transparencia, entre 8 y 12 escaños de diputados fueron asignados al partido de gobierno por el CSE “de forma fraudulenta”. En estas elecciones, EyT confirmó su hipótesis de “la ruta del fraude”, la que había presentado desde mayo y la que basó en el fraude organizado por el FSLN en las elecciones municipales de 2008 para apropiarse de 40 alcaldías.
Aquel fraude sí se pudo documentar porque había suficientes actas de escrutinio para contrastarlas con las actas oficiales que el CSE sí publicó aquel año junta por junta, aunque nunca completas, especialmente en el caso de Managua. En su valoración final, EyT concluye que en el 30% de las juntas receptoras de votos de todo el país (más de 4 mil) el partido de gobierno contó los votos solo, sin testigos, sin ninguna fiscalización, y que en esas juntas los resultados oficiales le dan al menos un 30% más de votos que a la Alianza PLI. Son lugares de esa ruta, juntas donde históricamente el FSLN siempre ha perdido.
Mientras la dirigencia de la Alianza PLI trataba de probar lo improbable, sus bases, los fiscales que defendieron el voto a costa de muchas limitaciones y hasta riesgos, y los votantes que se sintieron burlados, exigían respuestas contundentes de la dirigencia de la Alianza para repudiar y hasta para revertir el fraude. Legitimados por el sentimiento de que habían ganado, y airados porque les habían robado, se encontraban con todas las salidas legales clausuradas. Y las contradicciones al interior de esta diversa alianza empezaron a asomar.
“HAY UN PLAN
DESESTABILIZADOR” En vísperas de las fiestas de la Purísima, la tensión se mantenía, aunque de una manera calma, sorda, contenida. “Soy el Presidente electo de la República de Nicaragua” afirmaba firme y seguro Fabio Gadea. Desde su Radio Corporación llamaba a quienes habían votado por él a mantener, como un derecho humano fundamental, y como un deber, las protestas cívicas, pacíficas y permanentes en todas partes del país. Gadea ha anunciado que nunca aceptará el resultado de las elecciones.
El sábado 3 de diciembre, convocados por organizaciones de la sociedad civil frustradas por el fraude y por la Alianza PLI, entre 10 y 12 mil personas desafiaron el boicot oficial y marcharon por el centro de Managua denunciando el fraude y exigiendo la anulación de las elecciones. Una expresión tardía, pero necesaria, aunque totalmente insuficiente, tanto para medir el tamaño de la crisis como para hallarle alguna salida.
El partido de gobierno ha optado por la intimidación para encontrar salidas. Seis días después de que Nicaragua había agradecido el informe de la misión de observación de la OEA, a pesar de las críticas que contiene, “tomando nota” diplomáticamente de sus recomendaciones, el gobierno dio marcha atrás: en la sede del organismo hemisférico acusó a la misión de la OEA de brindar “información falsa” y a los observadores de “mentir” y denunció el informe como pieza de un plan fraguado entre la embajada de Estados Unidos en Managua y la Alianza PLI para desestabilizar las elecciones.
Resultó patético que para “probar” ese supuesto plan el representante de Nicaragua en la OEA leyera la declaración que había hecho en Managua el día anterior un político de escasa credibilidad, preso por órdenes del gobierno de Ortega desde octubre, quien bajo una intensa presión, y a cambio de su libertad, apareció en el canal del partido de gobierno acusando del complot a dirigentes de la Alianza PLI.
“ESTADOS UNIDOS FINANCIA”El encargado de negocios de Estados Unidos en Managua dijo que la acusación de Nicaragua carecía de fundamento. Y advirtió que “las acciones” (lo ocurrido en las elecciones) tendrían “consecuencias”, aunque especificó que no se trataba de “una amenaza”.
El representante saliente de la Unión Europea en Nicaragua aseguró que la UE no “sancionaría” al pueblo de Nicaragua, pero admitió que el informe de los observadores europeos tendría “cierta influencia” en próximos programas de cooperación.
El 1 de diciembre inició una audiencia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, titulada “Democracia secuestrada en Nicaragua”, en la que la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen solicitó al Presidente Obama no reconocer al gobierno de Ortega y no nombrar nuevo embajador en Managua. En la audiencia, el ex-embajador estadounidense en Managua, Robert Callahan, recomendó no tomar medidas, pese a “la farsa electoral” y esperar a ver cómo inicia el Presidente reelecto su nuevo período: “Si se vuelve más autoritario debemos estar preparados para reducir o eliminar nuestra ayuda y reevaluar el alcance de nuestra presencia diplomática”.
En Caracas, en la inauguración de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos) Ortega leyó íntegramente las conclusiones de esta audiencia. Reafirmó la teoría del complot y afirmó que las 2 mil personas que reclamaban a esas horas en Managua eran financiadas por Estados Unidos.
Con tantos flancos abiertos Ortega termina el año reelecto oficialmente y buscando salidas en el laberinto de ilegitimidad en el que se metió con el fraude.
EL FIN JUSTIFICÓ LOS MEDIOS La situación nacional se ha tornado más compleja y más delicada de lo que lo era antes de las elecciones. Más peligrosa, aunque no haya ni mucha sangre ni multitudes en las calles.
La lógica de poder de Ortega y su grupo le impiden dar pasos para flexibilizar posiciones, rectificar o abrirse a un diálogo auténtico. No hay vuelta atrás en su guión. El fraude ha revelado de forma dramática hasta dónde puede llegar la voluntad de imponer este proyecto a cualquier costo político y saltándose cualquier barrera ética.
Implicar en centenares de maniobras fraudulentas, violatorias de la ley, a por lo menos unas 150 mil personas en todo el país en la jornada de las votaciones y enseñar a justificarlas porque “en otros países lo hacen”, porque “es por los pobres”, “porque la derecha no sirve”, es sentar un gravísimo precedente que dejará secuelas muy negativas para el país.
“¿Resumo las elecciones? Han sido una apología del delito”, comentó a Envío un religioso. El menosprecio a la ley, bajo aquella idea que prevaleció en los años de la Revolución, de que “la vanguardia” es la que acata o violenta cualquier ley y conduce a toda la sociedad, al “pueblo”, ha prevalecido estos cinco años. La voluntad de saltarse a conveniencia las leyes, con la justificación de esa clarividencia ideológica y con el cínico pragmatismo de que “el fin justifica los medios” aparecía ya en un texto de Envío de abril de 2007, donde el sociólogo Orlando Núñez, asesor entonces del Presidente Ortega, lo advertía: “Las leyes no son la justicia. Las leyes hay que acatarlas porque no nos queda de otra… También la Constitución... Es necesario que nos acostumbremos a la contradicción entre democracia y justicia social, porque vamos a navegar en ella durante estos cinco años”.
LA APUESTA DE ORTEGADespués de cinco años navegando en esa contradicción y “acostumbrándonos”, el Presidente reelecto apuesta a continuar con esa rutina y a que esa rutina continúe siendo aceptada por la población. Apuesta al aguante, al poder del olvido, a que ante los hechos consumados se imponga la pasividad. Apuesta a la Resignación. En el cortísimo plazo confía en la desmovilización política y en la movilización festiva que significan siempre las fiestas de diciembre.
En enero, cuando inicie su nuevo período, confía en que los 26 diputados que los resultados oficiales le asignaron a la Alianza PLI ocupen sus escaños en la Asamblea Nacional, y su presencia y participación diluyan algo la negativa imagen de poder absoluto que deriva de la mayoría parlamentaria que consiguió por las malas en las urnas. Confía también en “trabajar” a esos diputados, negociando unilateralmente con algunos de ellos.
COSEP: PREOCUPADO
POR “EL PODER ABSOLUTO”La cúpula empresarial agrupada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) expresó, a través de su presidente, José Adán Aguerri, su preocupación por el “poder absoluto” que Ortega tendrá ahora. Pero a la vez, sin poder tapar con algún dedo el sol del fraude -“robo a la luz del día” decían algunas afiches-, se presenta como el mejor aliado del gobierno para tranquilizar resignadamente a la población.
Desde el primer día Aguerri expresó que los resultados electorales eran cuestionables. Exigió el cambio de los magistrados del CSE y comenzó a hacer propuestas. La primera, que el impasse provocado por la crisis electoral debía resolverse pronto para que el país -es su versión- continuara por la senda del crecimiento económico ya emprendido y logrado gracias a la alianza que el empresariado ha mantenido con el partido de gobierno.
La cúpula empresarial planteó hacer reformas a la Ley Electoral y anunció que ya estaban elaborando una propuesta. Propuso también la elección inmediata de nuevos magistrados electorales. A pesar de que ha respaldado políticamente a Ortega durante estos cinco años, el COSEP no se refiere a la destrucción institucional provocada por el FSLN y, coincidiendo con voceros oficiosos del gobierno, achaca la crisis política del país a la falta de unidad de la oposición (“No vamos a seguir dejando que el costo de las confrontaciones políticas de una clase que no ha podido actuar con unidad, siga afectando el desarrollo de Nicaragua”).
COSEP: ALIADO
DEL “PODER ABSOLUTO”La más insólita de las propuestas del COSEP son los dos privilegios que le ha demandado al Presidente ree¬lecto: que le dé estatus legal, vía decreto presidencial, a la Comisión de Seguimiento COSEP-Gobierno. Y, aún más escandaloso, que le dé al COSEP una oficina en la Asamblea Nacional para incidir de forma permanente y eficaz en el debate legislativo y en la aprobación de leyes que afecten sus intereses.
Este esquema corporativo entre el gran capital y el Presidente reelecto reforzaría la alianza cordial y con continua interlocución que el partido de gobierno ha mantenido con el COSEP durante el primer período de gobierno de Ortega. Ahora, el COSEP está montando la escalera por la que Ortega ascienda en busca de legitimación. “Esto se va a resolver reuniendo a los cuatro capos del COSEP y dándoles todo lo que pidan”, confió a Envío días después de las elecciones una fuente que ha estado vinculada al partido de gobierno.
LAS REFORMAS QUE VIENEN El año 2012 no será nada fácil para el Presidente reelecto. En noviembre deben celebrarse elecciones municipales. Muy pronto el gobierno deberá establecer una importante alza en la tarifa de energía eléctrica. Y en el primer semestre del año está comprometido con el Fondo Monetario Internacional, como condiciones para firmar un nuevo acuerdo, a reformar el sistema de pensiones del seguro social y a hacer una reforma fiscal.
En ambas reformas el COSEP espera jugar un papel protagónico. Para conservar sus privilegiadas exoneraciones en el caso de la reforma fiscal. Y para minimizar el incremento de sus contribuciones al seguro social para las pensiones de sus trabajadores.
La salida al desprestigio que el actual CSE se ha ganado a pulso desde hace años, y que llegó al extremo en estos comicios, pudiera “resolverla” el gobierno con apoyo del COSEP: reformando los aspectos más disfuncionales de la Ley Electoral a sugerencia del empresariado y colocando en los cargos de magistrados electorales a tecnócratas cercanos al gran capital, a empresarios vinculados a la cúpula empresarial o hasta a algún “notable” de la sociedad civil.
TRES TEMAS
PARA UN DIÁLOGO CON TODOSOtras salidas las han ido construyendo muchas expresiones de la sociedad civil.
Desde hace años, y de forma más activa desde el probado fraude electoral en las municipales de 2008, el Grupo Promotor de las Reformas Electorales -en él participan 14 organizaciones nacionales- ha luchado por hacerse escuchar con una propuesta muy sustentada de las reformas que la Ley Electoral de 2000, surgida del pacto entre Ortega y Alemán, necesita para que nuestro sistema electoral sea democrático y pluralista.
En la valoración técnica que presentó, EyT advierte que “hay que estar atentos a los contenidos de la reforma electoral para evitar maquillajes o empeoramiento de la legislación, como ocurrió durante la anterior reforma”. Sobre el cambio de los magistrados, además de exigir “el reemplazo inmediato de todas las autoridades electorales” -no sólo de los magistrados y sus suplentes-, plantea “la debida investigación y enjuiciamiento por los delitos electorales y violaciones expresas a la Ley Electoral” cometidos por todos estos funcionarios.
Sobre los contenidos de la reforma fiscal, que de ser justa afectaría los intereses de la cúpula empresarial aliada a Ortega, surgió en mayo la Alianza por la Reforma Tributaria, integrada por la Coordinadora Civil, el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (INIET) y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), que plantea los principios esenciales que requiere una reforma que conduzca al país hacia un sistema tributario con justicia y equidad.
La reforma fiscal, la reforma electoral y la reforma al seguro social son tres tareas del diálogo del gobierno con toda la sociedad y no sólo con la cúpula empresarial. Estos temas, por ser estratégicos para el futuro del país, requieren de un debate nacional, abierto y sumando todas las voces. A dónde desembocarán estas reformas y cuáles serán sus contenidos serían tres claves para saber hasta dónde pretende llegar el “poder absoluto” de Ortega. Estas tres tareas también pondrán a prueba la capacidad de la oposición, partidaria o social, para hacerse escuchar, para convocar y para movilizar.
CAMBIÓ EL MAPA POLÍTICOAnte la legitimación por resignación que buscará el gobierno, los votantes, las bases y la dirigencia de la Alianza PLI, con su candidato presidencial Fabio Gadea a la cabeza aspiran a encontrar otra salida. El futuro que quieren escribir se escribe con R de Resistencia. Hay materia prima para hacerlo y no les falta razón para elegir ese camino.
Si los resultados de las elecciones de noviembre nunca podrán ser establecidos con exactitud, algo importante sucedió en estas elecciones. Algo que ha cambiado el mapa político, algo que ha alterado la correlación de fuerzas a la que nos habíamos acostumbrado desde hace años. Algo que parece nuevo y que algunos caracterizan como el colapso del sistema de partidos políticos, el surgir de una correlación de fuerzas diferente a la que había antes de las elecciones.
Ese “algo” que hubo emite dos señales llenas de significado para el futuro por construir. Una: el liberalismo tradicional de las zonas rurales, de las zonas de la guerra, abandonó al PLC, expresó un “voto castigo” y emigró a la opción que representaba la plural Alianza PLI. No se cumplió el vaticinio de los voceros del gobierno, que insistían en que la contienda sería entre el FSLN y el PLC -los partidos del pacto- y en que la maquinaria electoral del PLC se impondría sobre la improvisada y desarticulada alianza que llevaba a un “viejo cuentista” como candidato. El liberalismo debe tomar nota de esto.
DOS SEÑALES IMPORTANTESOtra señal: a pesar de los programas sociales del partido de gobierno, que han mejorado la vida de muchas familias pobres, el control social que los acompaña, el pensamiento único que caracteriza el proyecto orteguista, el estilo totalizante con que este grupo de poder pretende apropiarse de espacios y conciencias, y la intolerancia con que responden a quienes piensan distinto, indicaría que en el voto por Gadea se expresó de nuevo el valor que la libertad -en sus múltiples significados en cada territorio y en cada mente- tiene para buena parte de la población nicaragüense.
Una doble lección para Alemán y Ortega, los dos políticos que hace diez años fraguaron el pacto. Lecciones también para quienes, desde aceras más intelectuales, insistían en que Gadea no era capaz de capitalizar las debilidades del partido de gobierno y criticaban que él su grupo insistieran en sus mensajes en las libertades democráticas, argumentando que esos mensajes ni llegaban a los pobres ni pegaban en la población ni movilizaban conciencia política. La realidad es que Gadea logró llegar, pegar y movilizar a un gran sector de la población que lo respaldó con sus votos.
APUESTA POR LA RESISTENCIAEs a partir de esa doble señal y de la propia experiencia de indignación que ha producido el fraude que la Alianza PLI se proclama decidida a construir un futuro de Resistencia. Según Núñez Morales -joven político que viene del PLC, perteneció a la ALN que dirigió Eduardo Montealegre, fue jefe de campaña de Gadea, y aparece hoy comprometido con quienes en la Alianza PLI han optado por la Resistencia-, para visualizar el futuro el punto de partida debe ser calificar apropiadamente el gobierno de Ortega: entre 2007 y las elecciones de 2011 fue “una dictadura tratando de instaurarse”, pero a partir de ahora es “una dictadura tratando de consolidarse”.
También habría que construir la Resistencia -opina- partiendo del hecho de que la Alianza PLI ya creó “un frente plural” contra el partido de gobierno con el liderazgo que Fabio Gadea demostró en esta campaña. Mantener ese frente, ampliarlo y garantizar su pluralidad es el desafío. Núñez Morales habla de que después del fraude “los arreglos de cúpulas se acabaron” y es tiempo de algo nuevo: tiempo de trabajar con las bases del PLC que repudiaron con su voto a Alemán, de buscar a “los descontentos de hoy por el fraude para meter gente nueva a la política”, tiempo de “construir un partido lo suficientemente abierto para que todos sientan que participan, tiempo de “involucrar a la gente en las decisiones políticas”.
“SERÁ UNA LUCHA DE AÑOS”Asegura Núñez Morales con dramatismo, que esa resistencia terminará generando una rebelión cívica que obligue al FSLN a volver al cauce democrático en las próximas elecciones generales de 2016 o provocará una guerra civil. Su mirada no es de corto plazo: “Tenemos que organizarnos y estructurar redes de comunicación con todos los que pensamos así, que somos muchos, preparándonos para una lucha de años”.
Desde otras matrices ideológicas otras también ven en el escenario político post-fraude la hora de un cambio. El ex-ministro de Educación Humberto Belli escribe: “Cuando se cierran las vías electorales para cambiar gobiernos se imponen formas de actuar nuevas, más difíciles y riesgosas…Hoy en Nicaragua toda la estrategia política necesita ser repensada. El teatro decisivo de la lucha será ahora la calle y no los corrillos parlamentarios… Arriesgar la comodidad de sus posiciones y marchar al frente de su pueblo es, precisamente, uno de los retos de la actual dirigencia del PLI”.
“SOY EL LÍDER,
AUNQUE NO LO QUIERA”En la plural Alianza PLI ha habido mensajes coincidentes que apuestan a un futuro de Resistencia. Vinieron de dos de las organizaciones políticas integrantes: el MRS y la ex-Resistencia Nicaragüense. Sandinistas y ex-Contras hablaron desde el día siguiente al fraude con voces similares: estamos ante una dictadura, no nos venderemos, no vamos a retroceder, vamos a luchar.
El obstáculo inmediato para un proyecto organizado de Resistencia estará en los liderazgos -también presentes en la Alianza PLI-, que, al igual que los de la cúpula empresarial, adolecen de los peores rasgos de la cultura política nacional: cortoplacismo y oportunismo, vulnerabilidad a la oferta de cuotas de poder, tendencia a pactos prebendarios…
En este sentido resultó significativa la reacción que Fabio Gadea expresó en entrevista con Carlos Fernando Chamorro ante un editorial del diario “La Prensa”, que el 19 de noviembre afirmó que Gadea había cumplido ya su misión y que ahora quien debería liderar la oposición a Ortega era el político y banquero Eduardo Montealegre, protegido por la inmunidad parlamentaria para no enfrentar el caso de los bonos CENI, producto de las quiebras bancarias del año 2000. Fue Montealegre quien propuso a Gadea la candidatura presidencial, cediéndole su lugar. Fue también él quien determinó la mayoría de las candidaturas a diputados que llevó en sus listas la Alianza PLI.
Gadea respondió molesto a ese editorial con su estilo, terco, y por eso auténtico: “Me tiene extrañadísimo ese editorial. A mí la política no me da dinero. Hago política por salvar este país. No tengo intereses rastreros. El liderazgo que tengo ahora me lo gané. Levanté una esperanza en este pueblo para hacer un país nuevo, un país honrado, respetable. Todo el mundo votó por Fabio y por la Alianza. Montealegre es un magnífico líder de su movimiento “Vamos con Eduardo”. Y él seguramente va a trabajar por ser el candidato en el 2016. Pero todo el mundo sabe que ahora el líder de este movimiento se llama Fabio Gadea. Aunque yo no lo quiera, pues”.
RESISTENCIA O RESIGNACIÓN La Resistencia al fraude tiene a su favor un mapa político nuevo. Pero la hoja de ruta para capitalizar la nueva situación, aunque es una oportunidad que se abre, apunta al largo plazo. Y esto requiere de cambios importantes en los liderazgos actuales de la Alianza. Requiere de una vuelta al trabajo de base, priorizándolo por encima de la proyección en los medios.
Requiere del surgimiento de nuevas generaciones de políticos dispuestos a las renuncias, los esfuerzos, los sacrificios y las paciencias que siempre exige el largo plazo. Requiere que esas nuevas hornadas trasciendan los temas electorales y enfrenten las inequidades sociales que están avanzando raudas en Nicaragua con este gobierno, y que también caracterizaron a los gobiernos anteriores.
La Resignación ante el hecho consumado del fraude apunta al corto plazo. Cuenta con el indiscutible liderazgo de Ortega, ahora con un poder absoluto en todas las instituciones del Estado. Cuenta con la mística de gentes del FSLN que creen que ganaron limpiamente y con el cínico pragmatismo de los otros, los que saben que no fue así y consideran que el fin de este proyecto justifica cualquier medio para mantenerlo. Y cuenta con el poder y los recursos de sectores empresariales y políticos que no están dispuestos arriesgar nada en una situación tan incierta.
Así entramos en 2012, un año en que la sabiduría maya anuncia para diciembre el fin de un ciclo. En Nicaragua parece haberse adelantado esa predicción: ha concluido un ciclo y comienza otro. En él, el dilema irá de la Resignación a la Resistencia.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica