Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 227 | Enero 2001
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Nicaragua

Dolarización y terremoto: dos desastres con responsables

El 13 de enero, un Richter 7.6 a sólo 37 kilómetros de San Salvador y a sólo 60 kilómetros de profundidad en el Pacífico, sacudió a todo el país y damnificó a un millón de salvadoreños. Unos días antes toda la población ya había sido damnificada por la dolarización.

Ismael Moreno, SJ

La sociedad salvadoreña amaneció en el 2001 sólo cobijada por la zozobra. Desde el primer día del año, la gente debía saber manejar los dólares, una moneda muy conocida por las remesas que envían al país miles, quizás millones, de familiares que trabajan en Estados Unidos, pero que hasta ahora la gente transformaba de inmediato en colones salvadoreños. La zozobra la creaba no sólo el uso de esa moneda -tan conocida, pero tan extraña en la vida diaria- sino la tremenda campaña del gobierno que presentaba la libre circulación del dólar como la panacea para resolver los problemas del país.


Como un secreto de Estado

¿Por qué una decisión de tanta trascendencia para la vida de toda la gente no sólo no había sido consultada, sino que se había mantenido como el mayor secreto de Estado de los últimos tiempos, incluso para sectores tan determinantes de la economía como los grandes empresarios y banqueros? Esa pregunta pesaba en el ambiente y alimentaba la zozobra. El secreto tan bien cuidado se hizo público tan solo una semana antes de ser presentada la propuesta de ley a la Asamblea Legislativa, que resultó aprobada en una sola sesión por la mayoría simple de los diputados de ARENA, con los votos del PCN y la Democracia Cristiana.

La velocidad con la que se aprobó una ley que afectará la vida y la cultura de toda la sociedad alimentaba más la confusión. Nunca antes la población había conocido una publicidad tan agresiva y sistemática como la que lanzó el gobierno en los días y semanas que siguieron, a finales de noviembre, a la apresurada aprobación de la Ley de Integración Monetaria.

Con estas vísperas, amaneció el primer día del año. Amaneció confundida la gente de a pie. No sabía ni manejar el dólar ni combinar las dos monedas. Confundidos amanecieron los economistas, sin saber cómo analizar cabalmente el fenómeno y sus posibles consecuencias para una economía tan frágil como la salvadoreña. Mientras el gobierno y un reducido sector de la banca y de la gran empresa privada hablaban de estar en camino hacia el país de las maravillas, los sectores populares y la clase media sólo avizoraban el túnel de un futuro incierto. De lo que nadie dudaba era de que el país entraba en una nueva era. Y así lo expresó El Diario de Hoy en gran titular en su edición del primer día del año: Good morning El Salvador.

La guerra de dólar

Para el 10 de enero el país le había declarado la guerra al dólar. Y al gobierno de Francisco Flores se le venía encima una avalancha de protestas. Para ese día, los 84 alcaldes del FMLN habían acordado sólo aceptar colones y sólo pagar con colones. Las movilizaciones realizadas en varias alcaldías habían dado la pauta del gran malestar y de la decisión de protesta de los sectores populares. El FMLN y diversos sectores de la sociedad civil decidieron preparar una multitudinaria marcha para el martes 16 de enero, en la que conmemorarían el noveno aniversario de la firma de la paz. Se elaboraron 500 mil afiches para distribuir por todo el país con un NO rotundo a la dolarización. Se buscaba presionar a la Corte Suprema de Justicia para que declarara anticonstitucional la Ley de Integración Monetaria y exigiera su derogación. Nunca hasta este momento se habían unido las dos tendencias en pugna dentro del FMLN. Lograr un frente común contra la dolarización hizo el "milagro". Se conformó un "comando de campaña" similar al organizado para la contienda electoral, esta vez formado por representantes de las dos tendencias, con un acuerdo pleno sobre los objetivos y los métodos de lucha.

Durante los primeros siete días de enero la confusión y las protestas habían unido a la mayoría de los salvadoreños. Y la brecha entre la propaganda gubernamental y el malestar ciudadano se ahondaba. Mientras el Presidente de la República y su equipo económico expresaban públicamente su satisfacción por el exitoso comienzo de la nueva vida económica bajo la bandera del dólar, las protestas ciudadanas de rechazo al dólar, organizadas y espontáneas, se hacían sentir por todos lados, especialmente en los mercados y en las oficinas de los municipios gobernados por el FMLN. Los analistas más serios del país valoraban la dolarización como una medida totalmente errada y calificaban de engaño y trampa el procedimiento utilizado por el Ejecutivo para lograr su aprobación en la Asamblea Legislativa.

La nueva ley económica polarizaba al país. La realidad demostraba que una medida, que paradójicamente el gobierno llamó "de integración" profundizaba las divisiones en la ya muy dividida sociedad salvadoreña.


De la convulsión social a la sacudida del terremoto

Sacudida y convulsionada estaba la sociedad salvadoreña cuando el terremoto del 13 de enero estremeció las bases de todo el territorio nacional. Lo que para miles de familias fue un golpe mortal a sus ya maltrechas vidas, para el gobierno significó un respiro: las movilizaciones de protesta que se avecinaban en contra de la dolarización eran más temibles que cualquier sismo.

El terremoto sorprendió a diversos sectores de la sociedad civil y a los activistas del FMLN preparándose para la movilización nacional con el lema Defendamos el colón ¡Alto a la dolarización!. El sismo vino a cambiar las agendas de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales, y el aniversario de los acuerdos de paz encontró a los opositores al gobierno atrapados en acciones de emergencia en socorro de los miles de damnificados del terremoto.

El terremoto del 13 de enero es considerado uno de los más poderosos del último siglo, no sólo por su magnitud (7.6 en la escala Richter), sino porque la extensión de su sacudida no tiene parangón en la historia de El Salvador, según concluyen los entendidos. Al causar daños tan extensos, el terremoto desnudó todos los factores de vulnerabilidad que acechan al país. La cifra oficial de muertos es de 827. Un mes después de la tragedia, el número de desaparecidos y soterrados no se terminaba de conocer y el gobierno no acababa de ponerse de acuerdo en las cifras. Los damnificados superan el millón de personas. Las viviendas dañadas y destruidas se acercan a las 150 mil. Aunque los daños por la sacudida afectaron dos tercios del territorio nacional, fue la franja del Pacífico en toda su extensión, de oriente a occidente, la que sufrió más, siendo los departamentos de Usulután, La Paz y La Libertad los más dañados, especialmente en las zonas rurales. El mayor número de muertos se concentró en la colonia de clase media Las Colinas, en Santa Tecla, donde el derrumbe de un cerro soterró centenares de viviendas.

Muchas vulnerabilidades acumuladas

El terremoto del 13 de enero nos recordó la fragilidad del país y nos mostró las diversas expresiones de su vulnerabilidad. En primer lugar, su enorme vulnerabilidad física. La mayoría de los principales polos poblacionales de El Salvador están ubicados en zonas sísmicas, lo que significa, en cualquier condición, un riesgo enorme. A esta realidad se suma la precariedad de las viviendas construidas en estas zonas. El empobrecimiento obliga a la gente a construir con adobe y bahareque, cuya capacidad de resistencia a los movimientos telúricos de gran intensidad es muy limitada. Se trata también de casas viejas, y el tiempo hace cada vez más frágiles estos dos materiales. La inmensa mayoría de las viviendas destruidas por el terremoto fueron viviendas rurales de adobe y bahareque que en no pocos lugares ya habían sido sacudidas por otros sismos, como es el caso de los poblados del oriental departamento de Usulután.

A esta vulnerabilidad física, se añade la vulnerabilidad ambiental. No sólo la frágil estabilidad de los suelos de montañas y volcanes, sino la insostenible forma de utilización de los recursos naturales -deforestación, erosión e inadecuada construcción de infraestructuras-. Sobre todo esto está la vulnerabilidad económica y social, que tiene que ver con las formas organizativas que privilegia el Estado y con las visiones que tiene la misma sociedad civil que, en lugar de prevenir, prefiere lamentar.

La acumulación de estos factores confirma que los efectos y consecuencias de un fenómeno natural como es un terremoto no pueden calificarse como "naturales". Al factor del riesgo sísmico que caracteriza nuestro país, la vulnerabilidad en que viven los sectores mayoritarios de la ciudad y del campo suman muchos otros riesgos que nos obligan a hablar de una "vulnerabilidad estructural" en todo el país.

Llamar "desastre natural" al terremoto del 13 de enero no sólo es una irresponsabilidad en el presente sino una declaración de impotencia para el futuro: supone la aceptación fatal de que no puede existir prevención posible ante ningún fenómeno natural y que lo único que se puede hacer es dar respuestas de emergencia y hacer algunos esfuerzos para rehabilitar y reconstruir lo destruido.


San Salvador: récord trágico

De acuerdo a estudios realizados en 1996 por el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente, San Salvador es la ciudad del continente americano que más veces ha sido destrozada por terremotos. El primer terremoto de que se tiene noticia, acaeció en 1575, treinta años después de la fundación de la ciudad en el lugar actual.

En los tres últimos siglos, San Salvador ha sido severamente sacudida catorce veces. Siguiendo el estudio del ingeniero Julián Bommer en 1996, de estos catorce terremotos destructivos, nueve fueron producto de sismos en la cadena volcánica sobre la que se asienta San Salvador, y cinco fueron ocasionados por sismos en la fosa de subducción del Océano Pacífico que, a unos 50 kms., corre paralela a las costas centroamericanas. En 1996 se concluyó que esta tendencia sísmica, junto a la creciente vulnerabilidad producida por el acelerado y desordenado proceso de urbanización, provocaría daños humanos y económicos cada vez más elevados. La peligrosidad de El Salvador, y particularmente de su capital, no puede ser modificada. Lo que sí puede ser modificada por la acción humana, es la capacidad de resistencia de las estructuras expuestas a estos sismos.

El insultante optimismo del gobierno

Tras dimensionar la magnitud de la tragedia, el Ministro de Economía, Miguel Lacayo, manifestó que las perspectivas del crecimiento de un 4% previstas para el 2001 no se alterarían, a pesar de que, según cifras oficiales, el terremoto ha causado pérdidas superiores a los mil millones de dólares. "El terremoto no va a tener un impacto negativo en la economía, aunque sí en la cantidad de endeudamiento que vamos a tener que asumir", acotó el Ministro, miembro del equipo de gobierno arquitecto del proyecto de dolarización. La misma actitud de sospechoso optimismo que caracterizó la divulgación e imposición de la dolarización es la que el gobierno expresó ante el desastre del 13 de enero.

Dos días después del sismo, y ante el dolor de tanta gente que buscaba entre los escombros a sus parientes soterrados, el Presidente Flores dijo que "lo peor ya había pasado". ¿Qué es "lo peor" para el gobierno? ¿De qué crecimiento económico para quiénes y contra quiénes habla el Ministro? Las declaraciones parecen confirmar la tendencia del modelo económico vigente en el que, suceda lo que suceda, los pobres y sus tragedias no existen y sólo existen las cifras macroeconómicas proyectadas por el gran capital nacional e internacional. Para la macroeconomía global, las calamidades de la gente no pasan de ser más que episodios delante de los que se puede pasar de largo dejando caer apenas una limosna debidamente publicitada.


Dolarización y terremoto: dos desastres similares

Unos días después del desastre circuló en el país una hoja volante en la que se comparan, irónica y descarnadamente, los efectos de la dolarización con los del terremoto.

Ambos llegaron como sorpresa fatal sin previo aviso y sin discusión. Ambos golpearon fuertemente a los pobres y a los débiles, porque a los ricos y poderosos no les pasó nada o muy poco. Ambos causaron pánico e incertidumbre a la mayoría de la gente, y lo único seguro es que ambos aumentarán a ricos y pobres lo que ya tenían: dinero a los ricos y hambre a los pobres. Ambos fueron para El Salvador entradas dolorosas a un nuevo siglo y a un nuevo milenio.

Ambos hicieron de El Salvador tema de noticias a nivel mundial por algunos días. Ambos dejaron más el futuro del país en manos de extranjeros. Ambos destruyeron para la mayoría un estilo de vida y una cultura conocidas para lanzarlos a un futuro incierto y desconocido, y a la mayoría de los salvadoreños les hubiera gustado seguir sus vidas tal cual sin pasar ni por uno ni por otro suceso. Ambos mostraron al Presidente de la República jugando un papel prepotente. Ambos provocaron muy pronto casos de corrupción y abusos.

Ambos encontraron al país mal preparado y poco disponible para asumir consecuencias. Ambos mostraron a los partidos políticos tratando de aprovecharse, buscando sus propios intereses más que el provecho de la gente. Ambos dejaron ver otros problemas serios y fundamentales, sin que exista voluntad para enfrentarlos, y mucho menos para solucionarlos.


Tragedia en la cordillera El Bálsamo

Sólo hasta que cientos de personas murieron en la colonia Las Colinas, al desprenderse por el terremoto parte del cerro La Gloria en la cordillera El Bálsamo, a pocas calles del centro urbano de San Tecla, los legisladores revivieron una discusión sobre la protección de esta zona montañosa. La Comisión del Ambiente de la Asamblea Legislativa retomó un expediente sobre el caso que reposaba en los archivos de la Asamblea desde 1999. A principios de ese año, la Comisión había enviado a votación un dictamen para volver "zona protegida" toda esta cordillera. Pero el dictamen fue retirado del pleno por los votos de 48 de los 84 legisladores.

El 22 de enero, una semana después del terremoto, el FMLN puso de nuevo el expediente sobre la mesa de discusión, con la intención de que, una vez protegida la cordillera, se prohiba urbanizar en ella, y así evitar tragedias como la del 13 de enero. Una de las sobrevivientes de Las Colinas, luego de ser rescatada tras permanecer soterrada, dijo: "Nosotros hicimos protestas para que ya no siguieran construyendo allí, y ahora mire el resultado". Otro vecino, luego de ver morir a su familia y de ver soterrados a cuarenta obreros que trabajaban ese mismo día del sismo en la construcción de una colonia, arriba de la de Las Colinas, recordó con furia y dolor las diversas ocasiones en que advirtieron a los de la constructora para que no siguieran adelante: "Les dijimos que estaban aflojando la tierra, pero no nos hicieron caso, y ahí están los pobres trabajadores, aplastados, muertos, víctimas de la ambición de estas compañías constructoras, y del gobierno que las protege".

Otro de los sobrevivientes de Las Colinas, luego de dar sepultura a su esposa y a una de sus hijas, dijo a los medios de comunicación: "Espero que esta tragedia sirva de algo, para que el gobierno ponga más atención. Los habitantes de la colonia denunciamos en muchas ocasiones el daño que le hacían al cerro las construcciones que se hacían en la parte alta. Arriba había como cinco residencias, cada una con su piscina. Se habían construido también muchas calles de acceso y hace como un año se estuvieron escuchando explosiones. Todo esto fue deteriorando el terreno y nosotros lo denunciamos en varias ocasiones, pero no nos hicieron ningún caso". Otro vecino afirmó que en las construcciones de arriba habían usado dinamita. "Espero -dijo- que por lo menos investiguen y vean quién tiene la responsabilidad".

El ambientalista Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), señaló que los gobiernos y los empresarios privados se resisten a aprender las lecciones de estas tragedias. Aseguró que muchos años atrás se les advirtió de los peligros que representaba construir sobre la cordillera El Bálsamo, precisamente en la zona donde ahora ocurrió el desastre, y recordó que hasta se realizaron marchas de protesta en una de las calles que quedó sepultada. Navarro resaltó que, a pesar de tantas advertencias, pudo más la codicia de constructores y políticos que asegurar la vida de las personas. Navarro insistió en diferenciar la fuerza natural de un terremoto -que no puede evitarse- y la terquedad de la gente que sólo valora el dinero y los negocios.

Dolor y solidaridad se hermanan

En medio del dolor, la solidaridad ha sido un factor decisivo para recuperar cierta calma, esperanza y ganas de seguir viviendo. Desde el mismo momento de la tragedia, centenares de voluntarios se movilizaron a los lugares donde la calamidad era mayor. El rescate de personas, la organización espontánea para llevar alimentos cocidos a los damnificados, la presencia masiva de gente ofreciéndose a los organismos de socorro, acopio y atención a heridos y damnificados para trabajar, fue el paisaje que caracterizó los primeros días. Dolor y solidaridad se fundieron. En lugares como la zona marginal de La Chacra, en el oriente de San Salvador, la gente organizó espontáneamente comités de emergencia para atender a los damnificados. Una semana después del terremoto, la parroquia de esta zona marginal se había hermanado con la parroquia de San Agustín, en Usulután, que sufrió la destrucción de sus viviendas y de su infraestructura en un cien por ciento, para compartir los pocos recursos que tenían y enviar brigadas de voluntarios.

Mientras la gente se movilizaba solidariamente, en el Comité de Emergencia Nacional (COEN) había notables señales de ineficiencia y de improvisación. La falta de personal y de equipo para labores de rescate quedaron al descubierto. La primera y fundamental ayuda a las víctimas de Las Colinas, durante las primeras horas y durante los primeros días, descansó en la respuesta espontánea de los familiares de las víctimas y de grupos de voluntarios. Ni sus recursos, y menos la organización centralista y vertical del Comité, fueron capaces de movilizar hacia allí una ayuda que resultara eficaz.


Ineficiencia, retórica y falta de participación

En el primer momento, el gobierno reaccionó apoyándose en la gran empresa privada. Organizó la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL), integrada sólo por representantes de la banca, por dirigentes empresariales y por dirigentes políticos de ARENA, siendo notoria la ausencia total de otros sectores sociales y políticos. El gobierno concentró en este sector su iniciativa para responder a la emergencia, a la vez que expresaba una solidaridad retórica con las víctimas y se mantenía a la defensiva ante las críticas y ante las sugerencias de grupos y sectores no integrados ni en el COEN ni en la CONASOL.

Diez días después del terremoto, ante el fracaso del COEN y de la CONASOL y, sobre todo, ante las críticas y presiones, cambió el esquema de su intervención en la emergencia: de ignorar olímpicamente a las alcaldías, pasó a descentralizar la ayuda y entregarla a las municipalidades para que los alcaldes asumieran todo el protagonismo. Pero Flores les devolvió ese protagonismo "amarrado". Con un enorme despliegue publicitario, anunció la entrega de 1,500 colones a cada familia de las 98 alcaldías más duramente golpeadas por el sismo, dentro de un plan de entregas periódicas según estas familias fueran removiendo los escombros de sus viviendas. Las entregas las harían los alcaldes. Como acostumbra, Flores tomó esta decisión sin contar para nada con los alcaldes involucrados. Y los alcaldes, como era de esperar, rechazaron el programa, argumentando que cualquier programa debía elaborarse con la plena participación de ellos, porque los programas de emergencia debían vincularse con posteriores procesos de reconstrucción y porque los programas acompañados de tanta publicidad, en lugar de responder a la emergencia, contribuían a exacerbar los ánimos de los damnificados.

ONG: desorden y descoordinación

La respuesta de las ONGs se caracterizó por el desorden y la ausencia de coordinación. Desde el primer momento, diversos organismos comenzaron a establecer lugares de acopio, a crear estructuras de servicio a los damnificados, a elaborar sus propios censos, y a entregar ayudas muchas veces sin una mínima estructura organizativa, y con frecuencia desvinculados de los propios damnificados. Estas respuestas, que paliaron momentáneamente la necesidad de alimentos, cobijas, medicinas y techos de emergencia, también ha contribuido a fortalecer el desorden y la mentalidad de rebusca y de dependencia en los damnificados, entorpeciendo procesos organizativos en las comunidades.

En la ayuda internacional, los primeros en responder fueron los mexicanos, con el envío de equipos especializados en rescate. Le siguió la ayuda solidaria de muchos gobiernos. Algunos expresaron su solidaridad con la presencia de Presidentes o delegados de alto nivel. Algunas de estas ayudas se vieron nubladas por el interés de algunos sectores de politizarlas, o por el interés de algunos de capitalizarlas para intereses partidarios. A finales de enero, el gobierno y el partido ARENA condenaron la ayuda de 65 mil dólares que el Embajador de España entregó al FMLN para que la entregara a los damnificados a través de un organismo creado para este propósito. Los conflictos al interior del FMLN estallaron tras la decisión de Facundo Guardado -ex-coordinador y principal cabeza de la corriente renovadora del partido de izquierda- de integrar una comisión de alto nivel, encabezada por la Ministra de Relaciones Exteriores, para viajar a España y agradecer al gobierno español su solidaridad y presentarle el nuevo programa de emergencia -atención a damnificados y rehabilitación de infraestructura- que en los próximos meses impulsará el gobierno.

Respuestas de la Centroamérica "de abajo"

La respuesta de la Centroamérica "de abajo" recuerda el óbolo de la viuda del evangelio a la que tanto alabó Jesús de Nazaret. A los cuatro días del terremoto, un contenedor y tres camiones llegaron al colegio Externado San José, centro de acopio de la Red Ignaciana de Emergencia, creada por las diversas instituciones jesuitas de El Salvador para responder a la emergencia. Los vehículos venían cargados de comida, ropa, guineos, colchones y muchas otras cosas que enviaban a los pobres salvadoreños los pobres hondureños de El Progreso, la gente que hace dos años sufrió tanto ante la furia del Mitch.

Días después, llegó a San Salvador una brigada de 28 campesinos y campesinas, de la parroquia de Tocoa, en el Aguán hondureño. Venían a remover escombros, acompañados de un camión cargado de alimentos para los damnificados. Campesinos hondureños y campesinos salvadoreños, damnificados de San Agustín, en Usulután, celebraron después un encuentro que fortalece la hermandad y la solidaridad de los pobres con los pobres en la hora del dolor y la ayuda mutua. La gente de la comunidad de Primavera del Ixcán, en el norte del Quiché, Guatemala, integrada por indígenas que constituyeron las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), tras escuchar la noticia del desastre en El Salvador, reunió el poco maíz que tenía y lanzó un llamado a otras comunidades para reunir todo el maíz posible para transportarlo hasta El Salvador. Así lo hicieron, entregándolo directamente a los damnificados.


Segunda fase: menos centralismo

El 2 de febrero el Presidente Flores presentó a los diversos sectores del país y al cuerpo diplomático una propuesta de ampliación de la emergencia con la inversión de mil millones de colones para viviendas provisionales de 200 mil familias, recuperación de la infraestructura estratégica, disminución de riesgos en zonas de alta peligrosidad, y puesta en marcha de la rehabilitación de la población damnificada a través de programas de empleo que incidan directamente en la rehabilitación de las comunidades más dañadas por el sismo, con el objetivo de prevenir los daños que pueda causar en abril la entrada de la temporada de lluvias.

La propuesta del gobierno pretende impulsarse con un esquema distinto al centralista y verticalista que caracterizó el comienzo de la emergencia. Para esta segunda fase, el gobierno propone un modelo descentralizado y con el protagonismo de las alcaldías. La crítica de fondo que ha recibido esta propuesta es que carece de visión de país y de estrategia de desarrollo. Así lo expresó el jefe de bancada del FMLN en el Legislativo, Salvador Sánchez Cerén, al señalar que el gobierno de Flores debe mirar más allá de la emergencia y más allá de los grandes empresarios y políticos de ARENA, y debe tener en cuenta las propuestas que vienen de los diversos sectores de la sociedad.

No hay duda de que la principal contradicción que afloró en las primeras semanas de crisis nacional fue la que ha enfrentado al gobierno central con las municipalidades. Y es que los conflictos y confrontaciones que se habían suscitado entre los 84 alcaldes del FMLN y el gobierno central a raíz de la puesta en marcha de la dolarización, se trasladó al escenario del desastre causado por el terremoto. Del error de querer responder a tan extensa emergencia con sólo un círculo reducido de gente de ARENA y de la empresa privada, centralizando ayuda y decisiones, el Presidente ha tenido que pasar a aceptar que no tiene otro camino que contar con los alcaldes. Sin embargo, este trabajo se le hace cuesta arriba porque difícilmente se puede lograr un cabal entendimiento entre visiones de país y de participación ciudadana tan diversas como la que tiene el Presidente y su equipo y la que ya comienzan a manejar los alcaldes del FMLN.

Propuesta de los Alcaldes

Los alcaldes, representados en la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), hicieron público el 3 de febrero un documento sobre una propuesta de lineamientos para la Reconstrucción y Desarrollo Local Integral de las zonas afectadas por el terremoto. En él proponen crear una instancia nacional del más alto nivel con una visión integradora e incluyente, que en términos institucionales involucre a representantes de los principales sectores responsables del proceso: gobierno central, gobiernos municipales, iglesias, empresa privada, ONGs y Comisión Nacional de Desarrollo.

Proponen los alcaldes organizar los actuales -y poco funcionales-Comités de Emergencia Municipal, de manera que se puedan transformar en Comités de Reconstrucción y Desarrollo Municipal, con una amplia participación de los actores involucrados. Proponen también que, a corto plazo, la instancia nacional responda a un objetivo nacional: generar un concepto claro e integral de Reconstrucción y de Desarrollo Local, concepto que deberá ser presentado a nivel nacional para iniciar inmediatamente las acciones de gestión para el financiamiento y la cooperación técnica. Este concepto debe contener una política que incluya estos elementos: descentralización y modernización del Estado, y fomento de la autonomía e institucionalidad municipal y local.

COMURES propone que el eje de la reconstrucción se base en generar, lo más pronto posible, proyectos habitacionales con amplia participación municipal y apoyo gubernamental, manteniendo principios de solidaridad, sostenibilidad, vivienda digna, servicios básicos alrededor de las viviendas y atención a la capacidad de pago, en caso de que sea posible. Para que la descentralización sea efectiva, proponen una asistencia técnica específica e intensiva para fortalecer las capacidades locales, la que debe incluir desde la reorientación de los planes de desarrollo local hasta la administración y ejecución de la infraestructura involucrada.

Además de asegurar que los procesos de reconstrucción y desarrollo se realicen a partir de una creciente dinámica de monitoreo y coordinación interinstitucional entre los diversos niveles de organización nacional, departamental y municipal, la COMURES propone que se garantice la existencia jurídica de las instancias que aún no la poseen, con reglas de participación y acción claras, así como la creación de un fondo nacional de reconstrucción y desarrollo, que aproveche las capacidades y procedimientos existentes entre el gobierno nacional y las municipalidades, utilizando al máximo las ventajas de la flexibilización de administración y ejecución local, fortaleciendo así la institucionalidad existente y generando respuestas eficientes y oportunas. Simultáneamente a estas propuestas, se deberá analizar y producir una Ley de Ordenamiento Territorial que sea equilibrada social, económica y ambientalmente y que responda a la lógica de modernización del Estado.


Más pobres, más dispersos, más desiguales

Otros sectores de la sociedad civil proponen que el punto de partida sea una toma de conciencia colectiva sobre la realidad de que este terremoto ha dejado al país más pobre, más partido, más desigual y más disperso. A partir de ahí, proponerse como objetivo para una etapa de reconstrucción el alcanzar de nuevo los niveles de renta per cápita anteriores al terremoto sería un objetivo nada desdeñable.

Simultáneamente, destacan la importancia de poner atención al problema de la desigualdad. Porque un país pobre, si quiere desarrollarse con justicia y equidad, no puede mantener diferencias tan exorbitantes entre los sectores más pudientes y los sectores desposeídos, como sucede en El Salvador. Y por eso, la reconstrucción del país no puede ser sólo la puesta en marcha de programas que lleven al país a la situación en la que estaba antes del terremoto. Se debe pensar en una reconstrucción del país con mayor justicia. Buscar exclusivamente el crecimiento económico, tal como lo declaró el Ministro de Economía al asegurar un crecimiento del 4%, como estaba programado, es darle una ventaja absoluta a los más ricos para que capitalicen la tragedia y los frutos del crecimiento económico. El país necesita otra perspectiva requiere de imaginación y de creatividad, porque antes del terremoto ya era pobre y las políticas que se aplicaban eran irresponsables y excluyentes.


Una revolución pendiente

La reconstrucción de El Salvador demanda de una reconstrucción moral y de bases para que las instituciones funcionen. Muchas responsabilidades en los desastres causados por el terremoto -es el caso de Las Colinas- las tienen la corrupción e impunidad en que viven y actúan no pocos funcionarios públicos, y el lento o casi inexistente funcionamiento de las instituciones del Estado de derecho. La moralidad y el funcionamiento de las instituciones deben ir de la mano a la hora de definir nuevos programas. Los proyectos de reconstrucción que no toquen la responsabilidad humana y las instituciones públicas nos podrán devolver, a lo sumo, a la situación previa al terremoto. Y esto significa que volveremos a reproducir las mismas dinámicas de corrupción y de inmoralidad que contribuirán a nuevos desastres humanos y sociales.

La mayoría de la población salvadoreña, la mayoría de la población centroamericana, sobrevive a la intemperie y en permanente vulnerabilidad. No existe otro camino hacia el futuro que aprender a prevenir. Y ante este desafío, la reconstrucción debe tocar el fondo de la fragmentación de la sociedad. Desastres como el del 13 de enero nos abren de nuevo los ojos. En Centroamérica, es necesario reunir los vigores dispersos: el compromiso de los Estados con el de la sociedad civil, con el de la empresa privada y con el de la comunidad internacional, si queremos sentar bases para un desarrollo que acorte la distancia inmoral e inhumana entre la riqueza de unos pocos y la calamidad de una mayoría. Esta es la revolución pacífica y audaz que tienen pendiente las heroicas y cansadas sociedades centroamericanas.

La participación de la sociedad civil en esta "revolución" no debe ser retórica ni sólo de las cúpulas de sus dirigentes. Desde el comienzo deben ser involucrados los destinatarios de cualquier programa de reconstrucción, que deben involucrarse con independencia de los partidos políticos. Sólo una participación autónoma e independiente podrá asegurar un verdadero diálogo entre la sociedad civil, los partidos políticos, la empresa privada y el gobierno.

El desastre que ha dejado el terremoto en El Salvador es dolorosa expresión del desastre estructural de una sociedad que no ha sabido construirse sobre bases de equidad, justicia y participación. Pero es un desastre que podría convertirse en una oportunidad para que la sociedad civil asuma el liderazgo que nunca ha tenido, el que nunca se le ha permitido, el que podría cambiar las cosas.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
El guión de la película electoral

Nicaragua
Noticias del mes

Nicaragua
Espinosa Villarreal: la punta de un turbio iceberg

Nicaragua
Sala de urgencias: el agro a cuidados intensivos

Nicaragua
Dolarización y terremoto: dos desastres con responsables

Honduras
Retrato en grises del Cardenal hondureño

México
Fox y los zapatistas abriendo camino a la paz

Internacional
El naufragio: las ONG al rescate
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web