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  Número 318 | Septiembre 2008
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Nicaragua

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo el gobierno hablará a toda la sociedad y escuchará las críticas de los medios de comunicación sin atribuirlas a “guerras mediáticas financiadas por el imperio”? ¿Solucionarán las elecciones las tendencias autoritarias del gobierno o las acrecentarán? ¿Hasta cuándo sabremos cuánta es la cooperación venezolana y habrá control sobre cómo se invierten estos recursos? ¿Hasta cuándo la cooperación internacional será paciente con la diplomacia de confrontación del gobierno?

Equipo Nitlápan-Envío

No es aventurado pensar que Daniel Ortega considera estos cinco años de gobierno (2007-2011) como una “transición” al período siguiente, en el que, reelecto, tendría ya consolidado su proyecto político, gobernando “desde arriba” por los votos y por los espacios conseguidos gracias al pacto con el PLC y “desde abajo” con las estructuras territoriales de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

Las características del proyecto de Ortega -son muchas ya las señales y tendencias observadas en veinte meses- mantienen a la sociedad nicaragüense en vilo y en incertidumbre: el discurso oficial insiste en que se trata de “la segunda etapa” de una revolución que hará justicia a los pobres y les restituirá los derechos que dieciséis años de neoliberalismo les quitaron, mientras la oposición de izquierda alerta contra una “dictadura institucional” en marcha y la derecha tradicional ve en el actual gobierno la re-edición del modelo de los años 80.

EL DISEÑO DE LA “TRANSICIÓN”

A su regreso al gobierno, fue prioridad de Daniel Ortega conseguir el más rápido y más disciplinado entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Su equipo económico lo consiguió y Ortega se felicitó una y otra vez por este logro, a la vez que retaba enfático al Fondo, diciéndoles que podían irse de Nicaragua porque “no los necesitamos”, en uno más de sus reiterados guiones de confrontación retórica. La realidad es que hasta 2010 Nicaragua tiene un acuerdo con el FMI similar al que elaboró el gobierno neoliberal de Enrique Bolaños.

En el diseño de la “transición” que nos llevaría un lustro más allá del 2011, los CPC deben asegurarle al gobierno control social y alimentar bases partidarias con clientelismo político. Aunque la membresía de los CPC no crece como se esperaba, estas estructuras son centrales en el diseño político. En el económico, el gobierno de Ortega parece haber organizado la transición contando con los recursos derivados del acuerdo con el FMI y los fondos de la cooperación internacional. A ambas fuentes de recursos suma la cooperación venezolana, que ya está administrando como “caja grande” y también “caja chica” con la que financiar a discreción -fuera del Presupuesto- proyectos familiares y una buena cantidad de programas sociales destinados a ganar base social y a consolidar poder para el siguiente quinquenio.

El gobierno calcula que, tras la reelección de Ortega en 2011, los recursos venezolanos -y los de Rusia, Irán, y tal vez los de otros países petroleros- tendrían un mayor protagonismo y hasta podrían sustituir a los de la cooperación internacional y a los del FMI.

SIN PRESIÓN DEL FMI SOBRE EL GOBIERNO

Desde hace un buen tiempo, la cooperación internacional guía sus pasos y decisiones según el aval que el FMI concede a los gobiernos de los países empobrecidos con quienes aún firma acuerdos. Eso es lo que vienen haciendo en el caso de Nicaragua los 27 gobiernos y agencias de ayuda* que colaboran con nuestro país, desembolsando a lo largo del año unos 500 millones de dólares que entran al presupuesto nacional y/o financian proyectos de inversión pública de diverso tamaño e importancia.

Lo que hemos visto en estos casi dos años de gobierno del FSLN es que, con tal de que Nicaragua conserve la estabilidad macroeconómica, el FMI ha quitado presión sobre Ortega en relación a la transparencia en el uso de los recursos.

Temiendo que se produzca cualquier desestabilización en las cifras gruesas de la economía, el FMI dejó hace meses de reclamarle al gobierno que incluyera en el Presupuesto de la República los fondos de la cooperación venezolana.

También hizo caso omiso de otros reclamos que la comunidad cooperante le hacía al gobierno, aun cuando es evidente que la falta de controles independientes sobre el uso de los recursos venezolanos debilita la gobernabilidad democrática y propicia la corrupción.

CON PRESIÓN SOBRE LOS DONANTES

El hecho de que para la cooperación el aval del FMI es determinante a la hora de desembolsar la ayuda y financiar el presupuesto, parece haber alentado a Daniel Ortega a dar rienda suelta a una permanente animadversión hacia la comunidad internacional que financia, tanto proyectos del gobierno como de los ONG nacionales.

El Presidente y sus funcionarios han mantenido posiciones muy negativas, en público y en privado, con embajadores y funcionarios de la cooperación de distintos niveles. El diálogo no ha sido fluido y se ha deteriorado la capacidad de escucha.

El propio Presidente Ortega ha minimizado como “migajas” los millonarios recursos con los que colaboran con el país y ha denunciado como “injerencia” sus sugerencias y advertencias sobre gobernabilidad democrática, participación ciudadana, transparencia en el uso de los recursos y derechos de las mujeres.

El guión de confrontación, salpicado a veces de groseros insultos, ha repetido -y acentuado- el ambiente hostil que mantuvo con diplomáticos y cooperantes el ayer Presidente y hoy reo Arnoldo Alemán.

LA “DIABLA” EVA ZETTERBERG

El caso más reciente de la “diplomacia” del insulto tuvo lugar este mes, cuando la embajadora de Suecia Eva Zetterberg concluía su trabajo en Nicaragua y se despedía del país.

En entrevista con un canal de televisión el 14 de agosto, Zetterberg dijo entre otras cosas, que eran “muy difíciles de aceptar” las justificaciones legales del Consejo Supremo Electoral para cancelar al Partido Conservador y al Movimiento Renovador Sandinista, impidiéndoles participar en las elecciones municipales de noviembre y que estaba “evaluando tendencias muy autoritarias en el gobierno”, aunque negó que en este momento haya en Nicaragua “una dictadura” y se expresó “segura de que el pueblo de Nicaragua no se dejará arrebatar la democracia que tanto le ha costado”.

De inmediato, el gobierno ordenó a un grupo de mujeres muy pobres de barrios de Managua apostarse durante horas frente a la embajada de Suecia repudiando a Zetterberg. “Si yo dijera en su país lo que ella ha dicho, me cocinan en la silla eléctrica”, afirmó convencida una de ellas. Estas manifestaciones de acoso, nada espontáneas, organizadas desde el gobierno movilizando a los CPC, se están convirtiendo en un poco convincente método de gobierno “desde abajo”.

Zetterberg fue llamada a la Cancillería, donde se la reconvino, y el vicecanciller Manuel Coronel Kautz explicó a los periodistas lo que pasaba: Una diabla ha venido a inmiscuirse en nuestros asuntos. Generalizó así el papel de la cooperación: Estos diablos y estas diablas que andan aquí, que se vayan a sus países y que se bañen con agua bendita. Los amenazó con declararlos “non gratos”. No era la primera vez que este funcionario usaba este tipo de lenguaje. Las ofensas, otros desplantes y la subejecución e ineficiencia gubernamental en los proyectos de inversión pública financiados con recursos de la cooperación -provocadas, en parte, por el excesivo centralismo que caracteriza al gobierno- han alimentado la irritación de la comunidad cooperante.

¿HASTA CUÁNDO?

¿Hasta cuándo la comunidad cooperante estará “indecisa e impotente” frente al gobierno, como la describía un estudio de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior? ¿Hasta cuándo seguirá vinculando su apoyo al gobierno de Nicaragua al aval que le dé el FMI, institución que sólo parece interesada en las cifras macroeconómicas? ¿O hasta cuándo el FMI obviará lo demás?

Todo tiene un límite. La comunidad cooperante podría decidir evitar más declaraciones tan francas y expeditas como las que siempre caracterizaron a la embajadora Zetterberg, pero podría empezar a desvincularse de los criterios del FMI y comenzar a reducir gradualmente la ayuda presupuestaria si las cosas siguen como están.

Los donantes parecen haber presionado al FMI para que sea más firme con el gobierno. Y estarían esperando el desarrollo y los resultados de las elecciones municipales para tomar decisiones más drásticas. La cancelación del Partido Conservador y del Movimiento Renovador Sandinista -tema que les sigue preocupando-, las actuaciones del Consejo Supremo Electoral -negándose a acreditar observadores electorales- y las alarmas por un fraude que estaría ya en marcha, los mantienen en alerta. Lo que suceda en las elecciones sería el detonante para tomar una decisión.

EL TEST DE LA POLÉMICA COOPERACIÓN VENEZOLANA

¿Será para evitar una decisión que crearía un “hueco” en el Presupuesto y restaría al gobierno de Ortega posibilidades de seguir usando tan discrecionalmente la cooperación venezolana, que el Presidente del Banco Central Antenor Rosales se comprometió con la delegación del FMI que visitó Nicaragua en agosto a una rendición de cuentas, a publicar en la página web del Banco la información de toda la cooperación que recibe Nicaragua, incluida la polémica cooperación venezolana, de la que sólo conocíamos una aritmética confusa en boca del Presidente Ortega?

El 1 de septiembre, según el compromiso asumido con el FMI, el gobierno colocó en Internet su “rendición de cuentas”. Se consigna ahí que la cooperación venezolana fue en 2007 de 184.9 millones de dólares, cifra muy por debajo de las otras dos ofrecidas por el Presidente Ortega. Según Rosales, la cifra del Banco “es la oficial” y las diferencias pueden deberse a que hay mucha cooperación venezolana prometida, pero no desembolsada.

Es llamativo que la información del Banco Central no aclara el Acuerdo Petrolero, que es el meollo de la cooperación de Venezuela, y que, aunque es un acuerdo de Estado a Estado, está siendo canalizada a través de ALBA-Caruna, una cooperativa privada del FSLN.

Según el economista Néstor Avendaño, la información publicada por el Banco Central crea aún más confusión y más oscuridad de la que ya había. Confusión por fondos “públicos” que financian proyectos “públicos”, pero que reciben y ejecutan empresas “privadas” vinculadas a funcionarios y dirigentes del FSLN y que no cumplen con los procedimientos de licitación pública. Confusión por recursos públicos que generarán deuda pública, pero que no aparecen en el Presupuesto nacional ni están sometidos a ningún control parlamentario. ¿Transparencia cero?

UN “MECANISMO INVENTADO”

¿Dejará satisfecho al FMI y a la comunidad donante esta “información” del Banco Central? Complica las cosas que días antes de publicarla, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, en una reunión con los CPC de Ocotal, a la que acudió el corresponsal de “El Nuevo Diario”, había afirmado que el gobierno ha “inventado un mecanismo” para que la cooperación venezolana no entre al Presupuesto y esos recursos pasen a ALBA-Caruna para financiar proyectos públicos, pero encuadrados en la campaña electoral del FSLN. Admitía así lo que es ya más que una sospecha: que la administración de los fondos del acuerdo petrolero a través de ALBA-Caruna es una maniobra gubernamental para evitar controles y auditorías.

En esta ocasión, Guevara afirmó también que cuando el gobierno decide hacer reformas al Presupuesto, se asegura de previo que serán aprobadas, porque a los diputados “ya los tenemos amarrados y porque ya les pagamos”, admitiendo también la nefasta tradición de compra de votos en el Parlamento.

MACROECONOMÍA: OK

En ocasión del encuentro del Banco Central con el FMI en Managua, previo al que ocurrirá en Washington, el gobierno de Nicaragua asumió otros compromisos, además de “transparentar” la cooperación venezolana.

Se comprometió a un crecimiento de la economía en 2008 de 3-4%, a una inflación que no supere el 18% y a mantener 1,230 millones de dólares en reservas internacionales.

Ese crecimiento económico será similar al de otros años. Contrastándolo con el crecimiento poblacional y con tantos rezagos históricos significará muy poco en la reducción de la pobreza. Además, aunque las exportaciones han crecido en volumen y en divisas, porque hay alza en los precios internacionales, como las importaciones crecen también y cuestan más -por la misma razón- esto mantiene el enorme déficit comercial del país.

En un marco macroeconómico similar al del gobierno neoliberal precedente, la economía familiar continúa muy afectada por la inflación coyuntural y por los ya estructurales altos índices de desempleo, el masivo empleo informal y el empleo público de bajo salario. Y sigue creciendo la emigración.

Es en este permanente mar de pobreza, carencias y falta de oportunidades donde el gobierno de Ortega ha hecho esfuerzos que impacten en los más pobres. Los ha incrementado a medida que se acercan las elecciones municipales, ya que un rotundo éxito en ellas es la visa para el sueño de la reelección de Ortega y para cinco años más en el gobierno.

INCUESTIONABLES
ESFUERZOS DEL GOBIERNO

Según las cifras oficiales, han sido 30,709 las familias que en todo el país han sido favorecidas por Hambre Cero. Aunque este programa no ha generado ni organización ni retorno de los créditos, ha mitigado el hambre en zonas rurales muy deprimidas.

Han sido 73,747 las mujeres beneficiadas con créditos a intereses muy bajos en Usura Cero. Aunque este programa tiene un 80% de su cartera en mora, ha permitido a esas mujeres mantener con vida pequeños negocios de sobrevivencia. En la misma modalidad, para cada una de las 1,500 comerciantes que lo perdieron todo en el incendio del Mercado Oriental de Managua el 1 de agosto, el gobierno destinó, de fondos venezolanos, 5 mil dólares de crédito a 3% de interés anual, para que puedan iniciar su recuperación. El programa fue bautizado “En nombre de Dios”.

Para reducir el costo del alimento más básico para la población, el gallopinto (arroz-frijoles-aceite), el gobierno ha instalado centenares de puestos que venden estos tres productos durante unas horas de un día a la semana en los barrios más pobres a precios algo más bajos que los del mercado. Aunque las filas para comprar son agotadoras, esta opción ha reducido el hambre en la ciudad. La meta gubernamental es instalar 2,800 de estos puestos en todo el país.

Destacables también son los aumentos en las pensiones a las víctimas de la guerra de los años 80, los esfuerzos alfabetizadores con el método cubano “Yo sí puedo”, las decenas de cirugías oculares gratuitas, especialmente de cataratas, dentro de la “Operación Milagro”, las 1,062 cuadras pavimentadas en barrios de distintos lugares del país dentro del programa “Calles para el pueblo” y las becas para estudiar en Cuba otorgadas a jóvenes de familias empobrecidas (128 becados en 2008).

A todo esto hay que sumar la gratuidad en la atención en hospitales y centros de salud -aunque carecen de material básico y de medicinas- y la supresión del pago de la matrícula y otros cobros en las escuelas públicas.

ESFUERZOS LIMITADOS
Y ¿CLIENTELISTAS?

¿Pasan estas obras de beneficio social la prueba de tres de los criterios que deberían acompañar a proyectos populares y no clientelistas? ¿Hay democracia en los métodos y en la organización? ¿Hay equidad en la distribución? ¿Hay eficacia en el funcionamiento y en los resultados? De momento, han sido recibidas por sus beneficiarios con mucho agradecimiento y como “ayudas”.

La quinta encuesta nacional de opinión realizada por la firma M&R durante el gobierno de Ortega (14-19 agosto) indica que aunque son miles los beneficiados, la cantidad es aún muy limitada y el 70.5% de los consultados considera que en el gobierno “no hay interés en resolver los problemas nacionales”. El 83.3% opina que la economía ha empeorado. En consecuencia, el 69% afirma su disposición a abandonar el país en busca de una vida mejor.

¿Pesarán estas opiniones, referidas más al ámbito nacional que al local, a la hora de elegir alcalde en los comicios municipales del 9 de noviembre? Pudiera ser que no pesaran y que la buena o mala gestión del alcalde saliente y del partido al que haya representado (87 de los alcaldes salientes son del FSLN o de sus aliados) sea lo realmente determinante a la hora de orientar el voto.

ELECCIONES
SIN OBSERVACIÓN

El camino a las elecciones municipales sigue estando lleno de contradicciones. El Consejo Supremo Electoral (CSE) ha persistido en no acreditar a observadores nacionales. Sin embargo, Ética y Transparencia (EyT) tiene listas a unas 6 mil personas que observarán, con o sin acreditación oficial. Si no recibieran la acreditación antes del 10 de octubre, “observaremos desde fuera, como se hace en los regímenes dictatoriales”, ha anunciado Roberto Courtney, director de EyT.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) -que forma parte de la directiva de EyT- anunció que sus promotores no harían observación electoral -como han hecho en anteriores comicios- porque participando en esa tarea legitimarían unas elecciones “que carecen desde ya de credibilidad y tienen resultados previsibles, porque todo está ya repartido”. Ante esta decisión, Courtney comentó que “aunque el proceso electoral pudiera tener vicios de irregularidades irreversibles, lo que corresponde es documentar el proceso, porque entre más delito hay, más razón hay para trabajar”.

En la jornada de verificación de los votantes, realizada a finales de julio, hubo escasa participación y entre quienes fueron a verificarse se detectaron unos 80 mil cambios de domicilio anómalos, precisamente en municipios del país en donde los resultados entre liberales y FSLN han sido históricamente ajustados. El CSE no ha enviado a los partidos el padrón electoral actualizado con esos cambios y no se ha podido realizar una auditoría al padrón para verificar su validez.

“TENEMOS MADUREZ”

El CSE se ha negado también insistentemente a invitar a observadores internacionales. Sólo acepta a los del CEELA (Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica), que funciona bajo el paraguas venezolano.

Cuando los liberales de Alemán y de Montealegre insistieron en invitar a los observadores de la OEA, también se ha negado, aduciendo que las elecciones municipales no tienen una importancia que amerite ese esfuerzo.

Cuando el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su “preocupación” por la cancelación de los conservadores y del MRS y anunció que el Consejo Permanente de la OEA conocería de esta situación, el presidente del CSE Roberto Rivas no perdió minuto para declarar que por esa posición era “injerencista, atrevido e inmoral para observar las elecciones municipales”. Al conocer la opinión de Insulza, el Presidente Ortega amenazó con retirar a Nicaragua de la OEA, a la que llamó “instrumento del imperio y de la oligarquía”. Finalmente, el Consejo Permanente no conoció ni discutió el tema de la cancelación de los dos partidos nicaragüenses.

Posteriormente, Ortega ha afirmado que en Nicaragua hay ya “suficiente madurez y experiencia” en elecciones para necesitar de observadores nacionales o internacionales, por lo que bastará con que los fiscales de los partidos observen lo que ocurrirá. La renuencia a la observación electoral ha creado, lógicamente, todo tipo de suspicacias, ya que es el FSLN el único partido, de los cinco en contienda, que se niega a la observación.

VOTAR NULO

En un ambiente pre-electoral tenso y con más señales que en anteriores comicios de pasividad en el electorado y de falta de credibilidad en el CSE, el Movimiento por el Rescate del Sandinismo llamó a su membresía y a toda la población a no decidirse por la abstención, sino a anular su voto manchando la boleta, nunca dejándola en blanco.

Aunque reconoce que los resultados se miden contra los votos válidos, Mónica Baltodano -dirigente de este grupo sandinista- justifica el llamado a anular el voto recordando que el CSE debe contabilizar todos los votos depositados, incluyendo los nulos, y que esta acción de “insumisión y desobediencia civil” permitirá “medir el nivel de repudio ciudadano al régimen a través de los resultados finales”.

El llamado del Rescate fue interpretado por voceros del CSE como “delito electoral” y por los liberales como un favor que sandinistas disidentes le hacían al FSLN, ya que tanto la abstención como la anulación le convienen al FSLN para resultar ganador, ya que ha contado, elección tras elección, con un electorado de voto disciplinado. ¿Será también así en esta ocasión?

NO A LA ABSTENCIÓN

El 15 de agosto, los nueve obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicaron una exhortación preparatoria a las elecciones. En el documento señalan “luces y sombras” del escenario nacional -bastante más larga la lista de las sombras- y, obviando toda la polémica que rodea el proceso electoral, insisten en cinco momentos distintos del extenso texto a no abstenerse: “Faltaríamos a nuestra responsabilidad ciudadana si nos mantenemos al margen… Aunque se perciben dudas sobre la transparencia en el proceso electoral, el ciudadano debería persistir con su voto… Es necesario participar plenamente en la ordenación de la comunidad política mediante el ejercicio del voto… Participar en las elecciones no sólo es un derecho que como ciudadanos nicaragüenses poseemos, es también una obligación con nuestro municipio y con la nación. No votar es ya elegir… Esta exhortación es a ejercer su derecho al voto…”

¿TODO FAVORECE AL FSLN?

¿Decidirá el gobierno cargar con la deslegitimación de un proceso electoral del que tanto espera para dar continuidad a su proyecto político? ¿O acreditará observadores y hasta devolverá la personería jurídica a los dos partidos guillotinados?

El 25 de septiembre inicia oficialmente la campaña electoral -de hecho, empezó hace mucho- y todas las circunstancias técnicas preliminares parecen estar orientadas a favorecer un triunfo arrollador del FSLN.

Y las circunstancias políticas, ¿favorecen tan ampliamente al FSLN? Hay muchas incógnitas. En las encuestas que no se publican aparecen altos los porcentajes de quienes no quieren decir por quién votarán. Y es “ley” en estos sondeos pre-electorales que quienes no lo dicen es por temor al gobierno y porque votan contra el poder. Las estructuras del CSE, de arriba abajo, están hoy en manos del FSLN y todas las juntas receptoras de votos estarán presididas por gente del FSLN y de su nuevo aliado, la ALN. ¿Podemos esperar, por esto, un pre-fraude, que ya estaría en marcha y que sería posible por la manipulación previa del padrón electoral y por el control en las mesas de votación, en donde podrían irse “acomodando” los resultados, especialmente en donde se sepa, por los registros históricos, que han sido más ajustados?

¿HASTA CUÁNDO
RIVALES O ALIADOS?

El FSLN aspira a triunfar y a gobernar en 100 de las 145 alcaldías en disputa y, naturalmente, en Managua, “la joya de la corona”.

La alianza del PLC de Alemán con el movimiento “Vamos con Eduardo” de Montealegre aspira también a 100 alcaldías y a esa prenda del joyero municipal. La derrota del FSLN en Managua sería una derrota crucial para Ortega y tal vez alteraría sus planes.

Hasta el último día de agosto era visible la tensión entre Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, aun cuando Montealegre participa como candidato a alcalde de la capital bajo la bandera roja del PLC, el partido que Alemán aún controla.

Hasta ese día la impresión generalizada era que Alemán -que mira a Montealegre como rival político dentro del liberalismo, y eso es lo único que parece preocuparle- apostaba, y hasta trabajaba, para que Montealegre perdiera. Pero el 1 de septiembre ambos aparecieron por primera vez juntos, sentados a la misma mesa y sonriéndose, en la primera “reunión institucional” y pública de ambos. Sonrisas forzadas, pero sonrisas al fin. Según Eduardo Montealegre, se liman así “las asperezas”. Según Arnoldo Alemán, los liberales unidos ganan, porque el Partido Liberal “es una máquina de hacer votos”.

En el ambiente político, cada vez más enrarecido y polarizado entre el sandinismo danielista, la oposición de izquierda y el antisandinismo tradicional de la derecha, ¿hasta cuándo iba a durar esta rivalidad? Alemán está en el dilema de seguir siendo socio cada vez más minoritario del pacto que hace diez años hizo con Ortega o mejorar su posición personal y política, alentando el antisandinismo y, por eso, dejando de perjudicar a Montealegre y favoreciendo su candidatura. A tres meses de las elecciones parece haber optado por lo segundo. ¿Será una opción duradera?

MATEMÁTICA ELECTORAL

Las “matemáticas del pacto” FSLN-PLC han resultado cada vez más favorables al FSLN, que ha avanzado imparablemente en todas las instituciones, dejando atrás a Alemán y a los suyos en todos los espacios de poder. Un triunfo del PLC en Managua -aun con Montealegre de candidato- es necesario para vigorizar el antisandinismo -bandera del PLC- y también para mejorar la situación de Alemán en el pacto con Ortega.

Si Alemán no le sigue “serruchando el piso” a Montealegre y si el FSLN no logra hacer una manipulación espectacular de los votos en la capital, la “matemática electoral” le da el triunfo al PLC y a Montealegre en Managua. Los datos del CSE en la última elección general muestran que en cada junta receptora de votos de la capital, los liberales unidos suman más votos que los que recibe el FSLN. La proporción en cada mesa fue, más o menos, así: 88 votos para el Frente, 77 para los liberales de Montealegre, 50 para los del PLC, 44 para el MRS y 1 voto para Edén Pastora. Si el liberalismo de Alemán y el de Montealegre permanecen unidos no parece posible que el FSLN gane en Managua.

COMO EN UNA GUERRA

Hace dos años Daniel Ortega pedía, suplicaba, a los votantes que le dieran “una segunda oportunidad”, esta vez para gobernar Nicaragua en paz. La había gobernado, acosado por las terribles limitaciones que impone una guerra.

Veinte meses después, no deja de asombrar cómo la retórica de sus discursos nos devuelven siempre a los años de la guerra. El gobierno que él preside busca imponerse, vencer y no convencer. Como en una guerra. Invade territorios, fomenta una disciplina jerárquica, reacciona a la defensiva. Como en una guerra. Y no parece entrenado para dialogar con la sociedad nicaragüense, hoy tan distinta a la de los años 80, cuando Ortega tuvo la primera oportunidad de gobernarla.

El desarrollo de la sociedad nicaragüense y del mundo en estos años, el desarrollo de los medios de comunicación y de las organizaciones sociales, en Nicaragua y en el mundo en estos años, y también las experiencias que tantos nicaragüenses tuvieron que vivir y las iniciativas que tuvieron que emprender en estos años, entre su primera y esta su segunda oportunidad, han configurado otra Nicaragua.

El Presidente Ortega debe dialogar con esa otra Nicaragua. Debe entender que ningún gobierno tiene sólo logros. Debe entender que el respaldo al Frente Sandinista no es mayoritario en Nicaragua. Nunca lo fue. Y hoy podría estar decayendo por los desaciertos de su gobierno, decidido a acosar, calumniar, callar, humillar y apartar a todos los que se expresan críticamente sobre estos desaciertos o no simpatizan con ellos.

TAN LARGA LISTA
DE AGRAVIOS

Y no es sólo la continua retórica que agravia e injuria. Es la instrumentalización de todas las instituciones del Estado para librar esa guerra, donde el objetivo del gobierno va siendo cada vez más claro: una “tierra arrasada” donde los derechos a la libre expresión y a la participación autónoma desaparezcan.

No parece haber límites al autoritarismo gubernamental para imponerse, con arrogancia y venganza, se trate de una gloria nacional como el poeta Ernesto Cardenal -sentenciado por un juez por criticar a Ortega en Paraguay-, sea una funcionaria ejecutiva eficiente, como Patricia Delgado -obligada a renunciar a su tarea de municipalista por aprobar la gestión del alcalde Marenco- o sean empleados y empleadas anónimas del Estado, despedidos de su trabajo por haber sido fiscales del MRS en las elecciones pasadas.

La lista de los acosados, amenazados y ultrajados se hace cada día más larga. Incluye a periodistas del prestigio de Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro, pasa por los ONG nacionales e internacionales y por personas tan populares como Carlos Mejía Godoy y Edgard Tijerino para alcanzar finalmente un blanco priorizado: las organizaciones feministas nacionales e internacionales, agresivamente calumniadas y ofendidas desde el poder gubernamental.

¿TAMBIÉN EL EJÉRCITO?

En este contexto no deja de resultar inquietante el discurso del General Omar Halleslevens, Jefe del Ejército de Nicaragua, en la celebración del 29 aniversario de la institución militar.

La actitud de rotundo rechazo expresada por el General a los cuestionamientos, documentados, que tres organizaciones sociales -naturalmente, recogidos por los medios de comunicación- hicieron al Instituto de Previsión Social Militar por un problema de tierras (caso Esquipulas), al Ejército por pretender un proyecto de viviendas en un área protegida de Managua -el cerro Mokorón- y a miembros del Ejército por la masacre de tres campesinos en una finca del Caribe Sur (caso El Encanto), resultó sorprendente por venir de la institución con la posibilidad de ser más dialogante por ser la de más credibilidad, en un país en donde casi todas las instituciones públicas la han perdido.

El General también atribuyó todo el cúmulo de informaciones sobre estos tres casos a que el Ejército estaba siendo víctima de una “campaña mediática”.

”NO NOS INTIMIDA”

Los tres organismos aludidos implícitamente por el Jefe del Ejército, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Centro Humboldt y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, respondieron al día siguiente.

Afirmaron que el discurso del Jefe del Ejército “no nos intimida ni nos hará cambiar nuestra diaria actuación”. Valoraron que sus declaraciones evidencian la defensa de los intereses económicos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), por encima de los Derechos a la Vida, a la Propiedad y al Medio Ambiente de los ciudadanos nicaragüenses... y violentan los derechos de libre acceso a la información, pues se atribuye, a sí mismo y a la institución que preside, la facultad de negar el acceso a la información pública, sobre todo en lo relativo a las actividades empresariales del IPSM. Con esto, el Jefe del Ejército de Nicaragua se sitúa por encima de las leyes y del control social de los ciudadanos y de sus derechos de información y libre expresión”.

¿HASTA CUÁNDO?

Resulta irresponsable que el gobierno y las instituciones públicas, militares o civiles, descalifiquen las justas críticas que se les hacen desde la sociedad y los medios, englobándolas todas en el calificativo militarista de “guerra mediática” o envasándolas religiosamente en “campañas de odio”.

No estamos en guerra. Ortega habla de “los cañones de los medios de comunicación” y se presenta como objetivo de una “guerra de baja intensidad”. Nadie lo odia, sólo fiscalizan lo que hace y lo cuestionan por lo que hace. Hacerlo es un derecho constitucional, derivado de la democracia participativa. Es un deber ciudadano.

El Presidente está interpretando como balas, cañones, disparos y bombas, lo que son datos, informaciones, ideas, advertencias, críticas. Está interpretando como odio, veneno, falta de amor y pecado lo que son razonamientos, argumentos, principios, derechos ciudadanos y deberes estatales. ¿Hasta cuándo?

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