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  Número 314 | Mayo 2008
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Nicaragua

“Tenemos derechos pendientes y más importantes que el derecho a votar”

Hazel Law, dirigente mískita con larga trayectoria en las luchas autonomistas, desde los inicios de la organización indígena y desde diversos cargos públicos, hoy trabajando en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación de Tierras Indígenas y en la Comisión Intersectorial que demarca y titula tierras en la RAAN, compartió con Envío sus reflexiones sobre la realidad del Caribe Norte, en una charla que transcribimos.

Hazel Law

Nuevamente la Costa Caribe volvió a ser noticia relevante a nivel nacional el 4 de abril, por el violento enfrentamiento en las calles de Bilwi entre miembros indígenas de Yátama, la organización que heredó el espíritu de quienes combatieron en los años 80 por las banderas de la demarcación de las tierras comunales y por el respeto a la identidad y a la organización comunitaria indígena. Yo estaba en Managua cuando esto sucedió y al ver en la televisión las imágenes sangrientas, recordé las películas de gladiadores, que nos narran cómo los poderosos de aquellos tiempos obligaban a los esclavos o a quienes caían en sus manos a pelear hasta la muerte. Después, dirigentes de los partidos políticos del Pacífico buscaron sacar ventaja de lo ocurrido. Sin embargo, los heridos más graves fueron simpatizantes del grupo de Yátama que no quiere que haya elecciones en Bilwi, Waspam y Prinzapolka.

Antes de estos hechos, mi posición era que el Consejo Supremo Electoral no debía posponer por seis meses las elecciones en estos tres municipios, pero como durante este alboroto los que reclamaban elecciones saquearon la alcaldía de Bilwi y destruyeron los registros, le dieron la razón a los que quieren posponer las elecciones. Es la segunda vez, desde el huracán Félix, que la alcaldía de Bilwi es saqueada, un método repudiable. Porque si hubiese fundamento para decir que la administración de la comuna -a cargo de Elizabeth Enríquez, de Yátama- no está siendo transparente, la manera de demostrarlo es con pruebas, no con un saqueo. Los hechos del 4 de abril aumentaron la confusión entre la población indígena.

Yo pienso que, desgraciadamente, quienes están más informados y quienes se están manifestando y movilizando ante esta disputa por razones electorales son quienes viven en las cabeceras municipales: Bilwi y Waspam. No sé todavía cuál es el consenso comunitario. Porque el derecho a la consulta, a una consulta libre, previa e informada, es un derecho que no se está respetando en la Costa Atlántica.

¿Qué está pasando entre la población indígena de la RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte)? En los años 80, porque había un enfrentamiento bélico entre la organización indígena que inicialmente se llamó Misurasata -hoy Yátama- y el gobierno sandinista, los temas de la Costa Atlántica, y la solidaridad -tanto internacional como de hermanos nicaragüenses- era palpable en la Costa. También se hablaba y se escribía mucho sobre los derechos indígenas, sobre los derechos de las comunidades de la Costa. ¿Qué vemos ahora? Los políticos, los analistas, los medios nacionales, están centrados solamente en el derecho a las elecciones, en el derecho al voto, haciendo del voto el único emblema de la democracia.

Pero los pueblos indígenas venimos luchando y trabajando desde hace mucho tiempo por conquistar el reconocimiento de un conjunto de derechos específicos que parten de nuestras tradiciones. Y entre estos derechos están las formas de elegir a nuestras autoridades. Desde hace mucho hemos dicho: En los municipios donde hay comunidades indígenas, ¿por qué hacer elecciones municipales? Y miramos, por ejemplo, la experiencia del Estado mexicano de Oaxaca. Allí hay más de 551 alcaldías donde las autoridades se eligen por “los usos y costumbres”, en virtud de que México es signatario del Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y ha tenido que respetar ese derecho. Después de enfrentamientos, marchas y manifestaciones, los pueblos indígenas de Oaxaca consiguieron que se les respetara ese derecho. Al igual que muchos de nosotros, los ancianos indígenas de Oaxaca se percataron de que los partidos políticos nacionales polarizan, dividen y corrompen a nuestras comunidades. Y decidieron que en sus comunidades se acabarían las elecciones por partidos. Y lucharon hasta que el gobierno de México tuvo que aceptar que las tradiciones indígenas se integraran en el sistema electoral mexicano.

Cuando el FSLN y el PLC decidieron restaurar un sistema bipartidista y reformaron la Constitución y también la Ley Electoral, suprimieron la suscripción popular, que permitía que organizaciones comunitarias -y no sólo los partidos políticos- nominaran candidatos para las elecciones municipales y también para los Consejos Regionales Autónomos. Hasta entonces, la suscripción popular era permitida a nivel municipal y a nivel de las regiones autónomas del Caribe. Entre nosotros contribuían a evitar la polarización. Ya sin la suscripción popular, en las elecciones municipales del año 2000 el Consejo Supremo Electoral dejó fuera de la contienda al recién creado partido regional Yátama, con la artimaña y la excusa de que no había llenado en tiempo los requisitos de la nueva Ley Electoral. Se dieron marchas, protestas, hubo muertos y, con el apoyo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el CENIDH, el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH. Finalmente, en 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de Nicaragua a favor de Yátama y como “reparación” ordenó reformar la Ley Electoral. Entre las reformas que ordenó el sistema interamericano está incluir en la legislación electoral los usos y costumbres para la elección de las autoridades en las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica. Ordena también reformar la Ley para que exista un recurso que permita a la Corte Suprema de Justicia revisar las decisiones del Consejo Supremo Electoral cuando se extralimite en sus funciones. Nada de esto se ha cumplido. Y hoy los políticos, los analistas y los filósofos del Pacífico parecen no estar al tanto de esta decisión internacional y sólo se lamentan de la violación al derecho al voto en los tres municipios de la RAAN.

¿Cuál ha sido la evolución de la organización indígena Yátama, ahora partido regional? En 1990, al terminar la guerra, y como regresaban de los combates convertidos en “héroes”, los miembros de Yátama eran lo que en el Pacífico fueron “los muchachos” en 1979 al comienzo de la revolución. Ni más ni menos. Así los miraban. Y así se miraban ellos. Todos los ex-combatientes de Yátama que regresaron de la guerra pasaron directamente a ocupar cargos de dirección en sus comunidades. Fueron los whistas, los síndicos, y eran respaldados por la mayoría.

Muy pronto los intereses de poder de sus dirigentes, que estaban latentes, comenzaron a primar... Uno de los dirigentes, Broooklyn Rivera, se convirtió en ministro de doña Violeta, dirigiendo el INDERA (Instituto de Desarrollo de las Regiones Autónomas). Yo, como autonomista, miraba que esa institución, INDERA, contradecía el Estatuto de Autonomía, porque estaba usurpando las funciones que tenían los gobiernos autónomos. Me vi obligada a criticar a Brooklyn, a escribir en los periódicos contra todo eso, y él pasó año y medio sin hablarme. Otro dirigente, Steadman Fagoth se fue de asesor al Ministerio de Recursos Naturales, el que se llama hoy MARENA. En 1992 hablamos con Brooklyn para reunificar la organización indígena y nos sentamos con Fagoth. Pero los intereses personales siguieron privando. Fagoth se fue al PLC y fue electo diputado nacional en las elecciones de 1996. También Osorno Coleman -hoy protagonista en Yátama- trabajó en el gobierno de doña Violeta entre 1990 y 1995, al frente del instituto de atención a los ex-combatientes. Y después se pasó a formar parte del Partido de la Resistencia, el PRN.

En las elecciones de 1990, las que pusieron fin al gobierno del FSLN, la máxima dirigencia de Yátama apoyó a la UNO
y a la candidatura de doña Violeta. En aquella ocasión, Yátama participó en las elecciones bajo la figura de la suscripción popular y obtuvo la mayoría en el Consejo Regional Autónomo Norte. Tenía 25 concejales electos por suscripción popular y con el diputado nacional Alfonso Smith tenía 26 concejales. Pero el poder desgasta. En las elecciones regionales de 1994 -las elecciones al Consejo Regional son cada cuatro años- a Yátama la población le pasó la cuenta. Porque el poder desgasta y la población no había visto respuestas a sus aspiraciones. En aquellas elecciones Yátama obtuvo solamente 11 concejales. Eso se llama “voto castigo”, ¿no? En la tercera elección de Consejo Regional Autónomo, Yátama, solamente consiguió 6 concejales en el Caribe Norte. Más castigo. Cuando el PLC no le dio ningún espacio a Yátama, Brooklyn empezó a gestar una alianza con el FSLN a nivel regional. Esto le dio un cierto crecimiento a Yátama. Volvió a subir un poco y en las últimas elecciones regionales ganó 12 concejales, que son los que tiene actualmente en la RAAN. Brooklyn decidió mantener la alianza con el FSLN en las elecciones nacionales.

La alianza Yátama-FSLN se suscribió sobre ejes muy sensibles para nuestra gente: garantizar la demarcación y titulación de las tierras comunales indígenas y creoles, incorporar en las estructuras de gobierno a profesionales nativos de la Costa Atlántica, y promover la indemnización a los afectados por los traslados a consecuencia de la guerra de los años 80. Por esos tres compromisos, Yátama logró crecer en la RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur), donde desde 1990 a 2007 no tenía prácticamente simpatizantes. Porque el tema de la demarcación sigue siendo una bandera para cualquier pueblo con tradición comunitaria. Y en el sur están comunidades con esta reivindicación. En la RAAS Yátama consiguió 4 concejales más. Antes sólo había sacado 2 y con costo.

El huracán Félix destruyó la RAAN. Destruyó la totalidad del Llano Norte y la totalidad de las comunidades del litoral y Sandy Bay, donde hay diez comunidades. Si antes del huracán estas comunidades eran pobres, ahora son paupérrimas. En viviendas, escuelas e iglesias la destrucción fue total. Cuando fui a Sangnilaya y a Sisín era impresionante ver que ni los árboles quedaron en pie. Fue un efecto devastador. Por la carretera de Bilwi a Rosita todas las casas quedaron sin techos. Y como de costumbre, ¿a quién le llega siempre y primero la ayuda más fluida? A quienes están sobre la carretera, por el mejor acceso. Y a pesar de que recibieron pronto y más, ésos son los que más se han quejado…Yo tengo parientes en Sahsa y me decían que no pasaron hambre, y hasta me mandaban de regalo bolsas para hacer atol de soya de las que les daban a ellos. Pero, mientras a los que están sobre la carretera les llegaba ayuda, a las comunidades más afectadas les llegaba a cuentagotas, a pesar de que el gobierno tomó la decisión de atender primero a las comunidades en donde hubo más destrucción y en donde se perdieron las cosechas. En las comunidades de Río Coco arriba y Río Coco abajo y en Prinzapolka no se destruyeron casas y escuelas, pero perdieron el 90% de las cosechas por las inundaciones que siguieron al huracán. En Puerto Cabezas la destrucción fue de un 30% y ya casi todo está normal. En Waspam no pasó nada.

El 80% de la RAAN fue afectado directamente por el huracán Félix. ¿Cómo están ahora las comunidades afectadas? Aún no se han reconstruido las escuelas y las iglesias están solamente parchadas. ¿Dónde estudian los niños? En alguna iglesia, en casas que se han acondicionado provisionalmente. La reconstrucción de la infraestructura ha sido lo más lento y aún no entiendo por qué. En febrero visité las comunidades del Llano y en la mayoría aún está la gente viviendo bajo techos de plástico negro. ¿Y cuando vengan las lluvias? Va a haber una epidemia.

Existe en la Costa, y se expresó durante la emergencia y la distribución de la ayuda, una tensión inter-étnica. Y es que ya hay muchos mestizos -a los que llamamos colonos- ubicados en Tasba Pri, un territorio titulado por el gobierno sandinista a nombre de tres asentamientos comunitarios que fueron trasladados como consecuencia de la guerra: Sahsa, Sumubila y Columbus. Desde 1990 fueron apareciendo en esta zona más y más mestizos. Y actualmente ya hay unos 23 asentamientos humanos de colonos que han emigrado desde el Pacífico, de Matagalpa, de Waslala, de Jinotega, que se han ido posicionando de tierras. Buena parte de estas migraciones han sido promovidas por políticos, por diputados liberales -Víctor Duarte entre ellos- y por alcaldes, que les dan avales, aunque no están habilitados legalmente para darlos.

En la RAAS es peor la cosa. En el Caribe Sur yo no sé cómo va a sobrevivir nuestra autonomía con una mayoría mestiza cada vez más evidente. Actualmente, el 80% de los votantes de allí son mestizos. Por eso creemos que es importante avanzar en un marco jurídico especial que proteja los derechos comunitarios.

El primer conflicto que tuvimos en la demarcación de tierras fue en Layasiksa. En base a una concesión maderera querían quitarles las tierras a las comunidades. Es una tendencia continua: llega alguien, llega una empresa con el son de explotar la madera, y después se van quedando los peones de quienes se adueñan de esa madera. Éste es un problema estratégico, sobre todo en el área de la Reserva de la Biosfera Bosawás, en el cerro Saslaya. Allí se requiere una política de Estado para contener el avance de los colonos.

El problema de las tierras en la Costa es serio. Ningún documento es válido para asentarse en una tierra costeña si no es un documento legal. Y hay instancias para emitir títulos -el INRA, luego la OOT, ahora la CONADETI…,van cambiando los nombres-. Sin embargo, en cada campaña electoral, los políticos, incluyendo al ex-Presidente Arnoldo Alemán, han venido repartiendo las tierras indígenas como si fuesen de ellos, para ganarse el voto de los mestizos. Ha habido un gran desorden. Han repartido tierras a los ex-combatientes de Yátama, a los ex-miembros del Ejército, a los de la Contra…Todo el mundo ha venido pidiendo su pedazo de tierra. ¡Y son tierras comunales!

Durante años hemos luchado, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional, por las tierras indígenas, porque los valores indígenas sean parte del derecho nacional, porque el derecho nacional incorpore los valores tradicionales indígenas. Lamentablemente, todo esto hoy está fuera del debate nacional en Nicaragua. En los años 80 Nicaragua hablaba de la Costa, ahora ya no. Ahora sólo cuando llegan las elecciones…

Mucho logramos con la aprobación de la Ley 445, Ley de Demarcación y Titulación de Tierras Comunales. Con la Ley, los partidos políticos del Pacífico volvieron de nuevo la vista hacia nosotros. Pero esos políticos son los mismos que tuvieron engavetada durante dos años esa ley. Creo que ellos le tienen fobia a la tierra comunal. Y la Constitución de 1987, aún vigente, reconoce plenamente el derecho a las tierras comunales. Y la Constitución reconoce también todas las formas de organización comunitaria.

A veces siento que los políticos, los politólogos, los analistas políticos y los brillantes filósofos de este país son ajenos a muchos acontecimientos internacionales. ¿Se habrán dado cuenta que el 13 de septiembre de 2007, después de 21 años de estar luchando un grupo de trabajo de pueblos indígenas, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se rescata nuevamente el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades a partir de sus formas tradicionales? No dice que a partir de los partidos políticos. ¿Por qué no hablan de esto, por qué no reclaman esto? Cuando un Estado es miembro de la ONU, como lo es Nicaragua -y Nicaragua es además país promotor de esa Declaración de Derechos Indígenas- está obligado a cumplir. Estos instrumentos internacionales son vinculantes. Y así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una reciente sentencia a favor de los pueblos mayas de Belice. Les aplica lo que dice la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué no hablan nuestros analistas de esto? Sólo invocan el único derecho constitucional que ellos parecen reconocer: el de ejercer el derecho al voto en procesos electorales periódicos. ¿Y estos otros derechos especiales, contenidos en la misma Constitución y a los que se les viene dando relieve internacionalmente? ¿Por qué no llaman la atención de los analistas y políticos nicaragüenses?

Y no sólo de ellos. Yo creo que también los diputados costeños, en especial los diputados indígenas,
se han dormido en sus laureles. Porque tienen más de un año de haber asumido sus cargos y ya debían haber introducido el proyecto de reformas a la Ley Electoral ordenado a favor de los intereses de la Costa por el sistema interamericano. Siguen privando los intereses personales.

No creamos que la alianza nacional Yátama-FSLN es homogénea en la Costa. Porque los sandinistas de la RAAN no están contentos con que se le haya dado a Yátama el primer diputado nacional en la lista y con que se le haya dado a Yátama el primer diputado regional en la lista y con que se le hayan dado a Yátama tres viceministros en las instancias nacionales. Los sandinistas de la Costa dicen que los están marginando. ¿Y las bases de Yátama¿ ¿Cómo reaccionaron a la alianza con el FSLN en las elecciones presidenciales? La base intermedia la entendió. La base-base no. Las huellas del enfrentamiento bélico de los 80, las heridas de aquellos años, no han sido sanadas. Mi observación empírica me indica que no hubo muchos votos comunitarios a favor del Presidente Daniel. Los ex-combatientes le decían a Brooklyn: “Yo no estoy de acuerdo”. A lo más, los que apoyaron a Brooklyn me preguntaban: “¿Vos crees que lo que firmó Daniel lo va a cumplir?” Yo les dije que sí. “¿Y por qué lo crees?” Les dije: “Lo que a mí me interesa es la tierra. ¿Y cuándo pasó esa ley? El propio día que desaforaron a Alemán, en diciembre de 2002”. Mientras la bancada liberal se fue a llorar con Alemán, los sandinistas discutieron por fin el proyecto de demarcación. Y la Ley 445 fue promulgada en enero de 2003. “Ademas -les dije-, yo creo que el Presidente Daniel tiene que cumplir ¡porque él ya sabe de lo que ustedes son capaces si no cumple!”

Donde han fallado más el directorio de Yátama y las estructuras del Gobierno Autónomo Regional es en mantener el vínculo de comunicación con los líderes comunales. Cuando éramos Misurasata trabajábamos por el bien común y teníamos ese vínculo, lo cultivábamos. Ahora ya no, y no ha habido intención de rescatarlo. Para mí, ésa ha sido la gran falla. Y a partir de ahí se les ha ido todo de las manos. El proyecto original se ha ido desvirtuando. Las estructuras del gobierno autónomo también han fallado. No están haciendo nada por la autonomía. La Ley de Autonomía establece que es un deber establecer un mecanismo de coordinación entre los gobiernos regionales y las comunidades. Y llevamos ya dieciocho años en régimen autonómico y ningún consejo regional ha publicado aún la resolución que establezca cómo va a ser la comunicación con las comunidades, cada cuánto tiempo se les va a informar a las comunidades, cómo van a participar las comunidades en elaborar los planes regionales... Nosotros hemos recomendado a los gobiernos regionales que restablezcan las promotorías y que la gente nombre a esos promotores. Pero no lo han hecho.

Hace más de cuatro años se reglamentó la Ley de Autonomía y es aún y no se ve impulso en las estructuras autonómicas. Parece que las Juntas Directivas de ambos Consejos Regionales, tanto en la RAAN como en la RAAS, en el Norte como en el Sur, se han acomodado a los salarios y se han olvidado del mandato legal que tienen y del pueblo al que representan. A nivel regional hay que crear grupos de presión que empujen a las instancias regionales a ejercer sus cargos correctamente.

La sociedad civil de la RAAN es disgregada y débil. A las reuniones llega muy poca gente y siempre llegan los mismos. Creo que falta dinamismo y que ese dinamismo lo debe inyectar la juventud. Falta la participación de esa juventud que tiene de 17 a 25 años.

Hoy, en el tema de la demarcación vemos un avance positivo. Porque con el Presidente Bolaños tuvimos dificultades. Yo trabajo en la CONADETI, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, una instancia creada por la Ley 445. También soy miembra de la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación de la RAAN. Yo no sé cuál fue el afán del Presidente Bolaños de trastocar esa Ley y de imponer el Código Civil, violentando el procedimiento específico que establecía la Ley en materia de inscripción de los títulos comunales. Cuando llegó al gobierno el Presidente Ortega, restableció con un Decreto la validez del procedimiento especial.

¿Cuál es el problema ahora? ¿Por qué no avanzamos con la celeridad que quisiéramos en el proceso de demarcación? Porque cada vez que hay ambiente electoral los pueblos indígenas se dividen. Y la Ley 445 dice que no se puede amojonar ni titular mientras no se supere la etapa de resolución de conflictos. Y las elecciones siempre crean conflictos y nos dividen. Sukawala, la organización del pueblo mayangna, también está dividida. Tan dividida como Yátama.

¿Por qué no se unen los líderes comunales? ¿Hasta qué punto la población indígena mískita se siente representada por sus líderes comunales, por el Consejo de Ancianos? El Consejo de Ancianos, como estructura regional, fue un proyecto de rescate que iniciamos en 1979. Queríamos rescatar a los Ancianos como instancia moral de los pueblos indígenas. Durante la guerra, Yátama retomó este proyecto. Hoy el Consejo de Ancianos, como estructura regional, atraviesa por los mismos problemas que vemos en la dirigencia de Yátama. Ha perdido solidez. No así la estructura de Ancianos comunitarios. Porque una cosa es el proyecto de constituir a nivel regional los Consejos y otra la autoridad de los Ancianos en las comunidades. La prueba es que cuando llegamos a una comunidad para realizar las consultas para la demarcación y empiezan las discusiones, la palabra de los Ancianos, su opinión, sus consejos, siguen teniendo fuerza.

En el terreno los Ancianos resuelven muchas discusiones y mantienen su autoridad moral. También en el terreno, los pastores, los sacerdotes, los líderes religiosos, ayudan a resolver conflictos. El rol de las iglesias es muy importante. Pero creo que este gobierno ya no está interactuando con los religiosos costeños. Empezó bien, pero esa interacción y ese vínculo se han perdido. O el gobierno empieza la comunicación y la interrumpe. Falta sistematicidad, coherencia.

El 80% de las tierras de la RAAN son tierras comunales, de las comunidades indígenas. Yo creo que el tema de las tierras, de su demarcación y titulación, es el que divide menos y en el que podemos lograr más, si lo conducimos correctamente. Es el que menos ha fragmentado a los pueblos indígenas. Pero en el tema organizativo, en el de la administración local y en los proyectos sociales, hay mucha división, una división que inició desde 1990.

Las etapas que hay que seguir para la demarcación y titulación están establecidas en la Ley 445. ¿Quién emite el título? Primero que nada lo aprueba la Asamblea General de CONADETI. ¿Y quiénes están en esa Asamblea? Todos los alcaldes de la Costa Atlántica y de Jinotega, porque ahí hay territorios comunales. Pero reunirlos a todos en una sesión de la Asamblea de CONADETI es caro, nos cuesta 12 mil dólares... El 3 de mayo entregamos un título en Karawala, en la RAAS. Todos los alcaldes sesionaron el día 21 de abril y aprobaron el título por unanimidad. Titulamos un territorio conformado por 16 comunidades, denominado “Awaltara Luhpia Nani Tasbaya”, de la desembocadura del Río Grande.

Nada de esto resulta fácil, porque nuestras tierras están siendo apetecidas por grandes intereses económicos. Estamos protegidos legalmente, porque la Ley de Autonomía habilita a los Consejos Regionales para vetar las concesiones madereras, las concesiones mineras, las concesiones pesqueras... Si los Consejos no las aprueban no puede llegar a tierras comunales ni una excavadora. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no ejercen ese derecho? Los intereses económicos tienen sus tentáculos y es difícil visualizarlos claramente. En un reciente tranque que organizaron los colonos en Tasba Pri -no había indígenas en ese tranque- descubrí personalmente tres intereses mezclados: los de quienes querían que se autorizara la venta de la madera tumbada por el huracán, los de quienes querían titulación individual de sus tierras -a pesar de que la Ley 445 suspende los títulos individuales en áreas reclamadas por las comunidades indígenas- y los de quienes querían abrirle camino a un gran proyecto de tierras en donde se rumora que hay extranjeros adinerados y poderosos políticos liberales y sandinistas.

La corrupción en este país es el gusano que hay que combatir. A todos los niveles hay corrupción. Y debemos de utilizar los instrumentos jurídicos para controlarla y controlar a la administración pública. Tanto la Ley de Autonomía como la Ley 445 tienen disposiciones expresas: ni los Consejos Regionales ni las alcaldías ni el gobierno nacional pueden otorgar permisos o concesiones de explotación de recursos naturales en tierras comunales indígenas sin haber consultado previamente a las comunidades y sin haber garantizado un convenio entre el que quiere ser concesionado y la comunidad. Este derecho le es violado continuamente a nuestras comunidades por las autoridades municipales y por los concejales regionales de los distintos colores políticos. ¿Por qué los analistas del Pacífico no reclaman este derecho con la misma pasión con la que insisten en el derecho al voto?

Las leyes dicen también claramente que la concesión debe reportarle beneficios a la comunidad. La Ley 445 establece que las comunidades serán beneficiarias de un 25% de los impuestos que genere la explotación de recursos naturales en sus tierras, sea madera, sea pesca, sea oro u otros minerales. ¿Se está cumpliendo esto? No se está cumpliendo. Y los primeros en no respetar estas disposiciones son los Consejos Regionales Autónomos.

¿Cómo se otorgan los permisos para la explotación de la madera? En ambas regiones autónomas existe una estructura que se llama Secretaría de Recursos Naturales (Serena), que junto con la Comisión de Recursos Naturales de los Consejos Regionales, son las instancias responsables de otorgar correctamente las concesiones. Saben estas instancias que no deben dar ningún permiso de explotación si no tienen previamente un aval firmado por la junta directiva de la comunidad en el territorio en donde se va a hacer la explotación. Pero, ¿se está cumpliendo con ese requisito? Si y no.Pues muchas veces son los líderes comunales quienes firman ese aval. Es cierto que alfabetizamos a una gran parte de la población en 1980, pero ¿después? Con que alguien sepa poner su nombre y firmar, no basta. El nivel de pobreza lleva a situaciones como éstas, que son frecuentes y que he visto en Puerto: llega el interesado, el maderero, y reúne a los líderes comunales y los invita a comer y a beber y ahí mismo los líderes le firman el aval que necesita para explotar la madera. Necesitamos monitorear esos procesos y educar a los comunitarios.

El narcotráfico ha acentuado los problemas en la Costa. La influencia de la droga ha sido enorme. Ha destruido hasta lo espiritual. Antes del huracán Félix ya se rumoraba que todo Sandy Bay estaba controlado por el narcotráfico, empezando por el pastor. Cuando la gente encontraba droga, le daban a él su parte y ya no había problemas. Recuerdo que unos seis meses antes del huracán Félix, la Policía Nacional, con apoyo de la DEA, realizó por allí un gran quiebre contra el narcotráfico. Después, no sólo en las comunidades, sino hasta en el mismo Puerto Cabezas, el comentario que escuchabas de la gente era: “Todo está palmado porque ahora no hay blanca, no hay blanca...” La gente no puede menos de reconocer que la droga contribuye a mover y a mejorar la actividad económica.

Lo grave es que no existe una política de Estado para sustituir los ingresos económicos que genera el narcotráfico. Hay un gran descuido oficial. Ni siquiera tenemos una política que solucione el problema de nuestros buzos pescadores. Es un trabajo que realizan en condiciones inhumanas y que les deja secuelas mortales en su salud. Es el trabajo de 2,500 hombres, cabezas de familia, que viven del buceo. Se dictó una ley que prohíbe el buceo, pero al no haber otras fuentes de ingresos son los mismos buzos los que protestan contra la ley y siguen trabajando en esas terribles condiciones.

Nuestra región tiene un gran potencial turístico, pero no existe una política de Estado que lo tenga en cuenta. Ni el gobierno nacional ni el gobierno autónomo están teniendo la visión estratégica que necesitamos para encontrar alternativas económicas y de desarrollo. Dirán que hacerlo requiere tiempo, pero 18 años de gobierno autonómico han sido suficientes, al menos para hacer un pilotaje de proyectos de desarrollo comunitario.

Ante tantos problemas, recuerdo los sangrientos sucesos del 4 de abril y sólo veo con dolor a la organización histórica indígena Yátama dividida, fragmentada. Veo al árbol autodestruyéndose y a la sabiduría antigua de nuestro pueblo indígena en una nebulosa.

Ante tantos problemas, ¿qué pensar de las elecciones municipales de este año, celebradas en noviembre de 2008 o en abril de 2009 o en cualquier otra fecha? Quienes decidirán si habrá o no elecciones en el Caribe Norte son el gobierno nacional y la Asamblea Nacional. Yo pienso que lo que decidan no tiene tanta importancia. Yo más quisiera que decidieran reformar la Ley Electoral para incorporar nuestros usos y costumbres en las elecciones, para que así nuestra gente pueda poner o quitar a las autoridades conforme a sus tradiciones. Para la Costa no importa mucho si hay o no hay elecciones. Porque después de las elecciones o de las no elecciones la vida seguirá igual.

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