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  Número 314 | Mayo 2008
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Nicaragua

Noticias del mes

BILWI: ALCALDÍA SAQUEADA
El 4 de abril, como consecuencia de los enfrentamientos violentos entre simpatizantes de Yátama, a causa de la posposición de las elecciones municipales, los partidarios de que éstas se celebren saquearon las oficinas de la alcaldía de Bilwi, desapareciendo todos los libros del Registro Civil con las inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios a partir del año 2004. También fueron robadas computadoras, máquinas de escribir, sellos oficiales, muebles de oficina, archivadoras, papelería, etc. Días antes se había instalado un sistema digital valorado en 5 mil dólares. Con este vandalismo -que hizo desaparecer datos necesarios para organizar las elecciones- los Yátama pro-elecciones dieron razones concretas a quienes afirman que no existen condiciones para celebrarlas.

CENIS: AÚN PENDIENTE
Continuando el ambiente de confusión y contradicciones con que el gobierno trata el caso CENIS, a inicios de abril y en una operación mediática insólita, un juez y un fiscal sandinistas secuestraron judicialmente los bonos bancarios CENIS en poder de Banpro y Bancentro, como medida para imprimir en estos títulos valores la orden de suspensión de pago. El Estado debía pagar antes del 15 de abril a ambos bancos casi 21 millones de dólares. El Presidente del Banco Central anunció que el compromiso de pago se mantiene. La esperada resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de los CENIS no se produjo. Y no se dieron a conocer los términos de la negociación del gobierno con los banqueros que se benefician de esta cuestionada operación. No cesó la campaña de radio y televisión “Que paguen los ladrones”, dirigida por los CPC y orientada a responsabilizar de este caso a Eduardo Montealegre, candidato liberal a la Alcaldía de Managua. La campaña desmiente las palabras que Rosario Murillo, Secretaria de Comunicación del Gobierno y dirigenta de los CPC, dirigió a los candidatos municipales del FSLN: “Nosotros no podemos caer en la provocación de la ofensa, de la descalificación, del insulto. Hemos logrado instalar en este país una cultura política de respeto, distinta. De parte nuestra, no se ven ni se escuchan en las pantallas de televisión, en las estaciones de radio, contiendas entre quién insulta más a quién”.

LUCÍA MORETT “REFUGIADA”
Amediados de abril, y tras una etapa de recuperación en el hospital militar de Quito, llegó a Nicaragua, en condición de “refugiada”, la joven mexicana Lucía Morett, una de las tres sobrevivientes del ataque del Ejército colombiano contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano el 1 de marzo. El 21 de abril, Daniel Ortega la presentó en un acto partidario. Conmovida, la estudiante, que vio morir a cuatro de sus compañeros y compatriotas, estudiantes todos y presentes en la zona en tareas de investigación social, dijo entre otras cosas: “Llego a Nicaragua, que me ha abierto los brazos para que pueda estar tranquila y segura y, desde aquí, seguir dando la lucha... Desde ese primero de marzo he venido dando una lucha, ya no sólo como lo que soy, una víctima del terrorismo de Estado colombiano...No sólo es por mí, es por cuatro de mis compañeros que fueron brutalmente asesinados por las bombas. Me decía alguien que a partir de ahora ya no soy una, sino que soy cinco... Inicié una lucha que espero pueda continuar en México, en mi país, al cual amo y en el cual me gustaría estar ahora. Sin embargo, hasta ahora ha habido campañas mediáticas en mi contra... No tienen qué decir en contra mía, puesto que yo no he cometido ningún delito, salvo el delito de querer un mundo mejor para nuestros pueblos, porque yo así lo siento: somos un mismo pueblo, toda América Latina somos un mismo pueblo y ése es el pueblo por el que luchamos”.

JUICIO CONTRA “LA PRENSA”
El 18 de abril, el juez sandinista Celso Urbina sentenció al presidente de la junta directiva del diario “La Prensa”, Jaime Chamorro, y a su jefe de redacción, Eduardo Enríquez, por el delito de injurias. El 20 de diciembre de 2007 “La Prensa” condenó la agresión que su periodista Jorge Loáisiga recibió de parte de encargados de la seguridad personal del Presidente Ortega durante un acto que él presidía y tituló así la crónica de los hechos: “CPC con licencia para dar palizas”. Al día siguiente, cinco mujeres integrantes de CPC de un barrio cercano a donde ocurrió la agresión acusaron al diario por haberlas calumniado, a pesar de que el nombre de ninguna de ellas aparecía en el periódico. Después de un rosario de anomalías judiciales y legales ocurridas entre enero y abril de 2008, el juicio se celebró en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA y el juez falló, no por calumnias -como pedía la acusación- sino por injurias, acomodando así una sentencia inverosímil. No podemos menos que interpretar este “juicio” como una señal del gobierno para asentar ante la sociedad la situación privilegiada e impune de los CPC, como una amenaza contra todos los medios independientes y críticos del gobierno y como un grave atentado contra la libertad de expresión en Nicaragua. Chamorro fue condenado a pagar 9 mil córdobas
y Enríquez, 18 mil. El 23 de abril “La Prensa” interpuso recurso de apelación.

EJÉRCITO Y POLICÍA
Tratando de trasmitir al país tranquilidad -y para descartar temores por presiones políticas- los jefes de los dos cuerpos armados del país, el General Omar Halleslevens, Jefe del Ejército, y la Primera Comisionada Aminta Granera, Jefa de la Policía, dieron una conferencia conjunta el 10 de abril asegurando a la población que ambas instituciones actuarán siempre dentro del marco de la ley. Ambos rechazaron estar recibiendo presiones del Presidente Ortega. “Nunca he aceptado presiones y nunca me he sentido presionado”, dijo Halleslevens, quien afirmó que la relación con Ortega era “muy franca, diáfana, sana y muy constructiva”. “Por respeto a los hombres y mujeres que conforman la Policía Nacional, al juramento que hice el día que recibí el bastón de mando de esta institución y al compromiso que adquirí ese día, de trabajar sin escatimar esfuerzos por mejorar la seguridad de todos los nicaragüenses, por respeto a mi familia y a mí misma, nunca he pensado ni me he planteado en ningún momento renunciar”, dijo Granera, quien también declaró que la no intervención de la Policía en los violentos sucesos de Bilwi del 4 de abril no fue por orden del Presidente Ortega, sino que la tomó “para evitar mayor violencia y para que el conflicto no escalara a niveles que no pudiésemos controlar”.

COSTA CARIBE: ELECCIONES
A lo largo de todo el mes de abril y hasta mediados de mayo continuó el debate sobre la posposición impuesta por el Consejo Supremo Electoral (CSE) de las elecciones en tres municipios de la Costa Caribe Norte: Bilwi (60 mil electores), Waspam (35 mil) y Prinzapolka (6 mil), excediéndose en sus atribuciones y estableciendo un peligroso precedente. El 24 de abril -y a pesar de todas las maniobras realizadas por el FSLN para impedirlo- la Asamblea Nacional logró quórum y 51 votos para emitir una declaración legislativa que reclama elecciones en todos los municipios caribeños y que rechaza la resolución del CSE posponiéndolas. La declaración legislativa no es vinculante. Los diputados del FSLN no llegaron a la sesión de la Asamblea y advirtieron que sería la Corte Suprema quien resolvería el conflicto. Las elecciones de la Costa se han convertido en pieza importante dentro de las “negociaciones” entre el FSLN y el PLC para la elección en junio y septiembre de nuevos magistrados de la Corte Suprema. El 10 de abril, 13 líderes religiosos de la iglesia católica, de la iglesia morava y de la iglesia bautista de la RAAN se unieron para expresar que en Bilwi, Waspam y Prinzapolka existen condiciones para celebrar con normalidad elecciones y llamaron al diálogo entre todos los responsables para solucionar la crisis. El CSE y el Presidente Ortega ignoraron la posición de las autoridades religiosas.

CUMBRE EN MANAGUA
El 7 de mayo se celebró en Managua una Cumbre sobre los retos alimentarios que enfrenta Centroamérica y América Latina. La Cumbre fue convocada por el Presidente Ortega para discutir planes conjuntos con los que enfrentar la crisis. No acudieron, como se esperaba, el Presidente Chávez ni los Presidentes centroamericanos. Junto a Ortega participó el Presidente de Bolivia Evo Morales. Ese día buseros y taxistas de Managua continuaban en un paro nacional de transporte reclamando que Ortega congele el precio de los combustibles, beneficiando así a los transportistas con el ventajoso acuerdo petrolero de Venezuela con Nicaragua.

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