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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 197 | Agosto 1998
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Nicaragua

Reelección: pieza central del pacto

La crisis con Costa Rica, por las aguas del río San Juan, no ha logrado ocultar el pacto PLC FSLN que avanza calculadamente con el fin de enrumbar las turbulentas aguas del país por un cauce bipartidista.

Equipo Nitlápan-Envío

El nacionalismo une, moviliza y motiva a los pueblos, aún a los que no han llegado a convertirse en verdaderas naciones. Tal es el caso de Nicaragua. Y tal ha sido el tinte dominante en la realidad del país en las últimas semanas. El "nacionalismo" nicaragüense enfrentado al "expansionismo" costarricense en defensa de la soberanía en las aguas del sureño río San Juan fue exacerbado al extremo por un nuevo e increíble error del gobierno de Arnoldo Alemán, lo que cautivó la atención y la imaginación de la mayoría.

El debate acerca de la soberanía nacional sobre el río San Juan no restó energías ni al PLC ni al FSLN para continuar avanzando, cuidada y cautelosamente, en el pacto bilateral con el que ambas fuerzas políticas miran el horizonte electoral y buscan consolidar un esquema de poder bipartidista. En ese pacto se incluye aunque no se diga la posibilidad de una reelección presidencial de Arnoldo Alemán.

San Juan: río de aguas turbulentas

Desde hace 500 años, la historia de Nicaragua no se entiende sin tener en cuenta la vía interoceánica el canal que la Naturaleza diseñó en el trazado del río San Juan y en su fuente, el inmenso lago Cocibolca. Y la historia de las relaciones de Costa Rica con Nicaragua no se entiende si se olvida que, desde los tiempos de la independencia, Costa Rica trata de expandir sus fronteras hacia el norte, ambicionando apropiarse del San Juan, tan rico y estratégicamente ubicado.

Desde el Tratado Jerez Cañas (1858) que frenó una guerra entre los dos países y estableció definitivamente "el dominio y sumo imperio" (la total soberanía nicaragüense en todo el río), tratado en el que Nicaragua tuvo que ceder, también definitivamente, a Costa Rica los más de 10 mil kilómetros cuadrados del territorio del Guanacaste y de Nicoya no han dejado de sucederse incidentes, roces, tensiones entre las dos naciones vecinas, que comparten 320 kilómetros de frontera, en la que no se incluyen las aguas de tan valioso río...

Con el cambio de gobierno en Costa Rica, en mayo, el nuevo Ministro de Seguridad Pública, Juan Rafael Lizano, determinó unilateralmente que la guardia civil costarricense circulara con armas de reglamento por el río, sin siquiera notificarlo al Ejército de Nicaragua. Justificación declarada: abastecer y relevar de forma más rápida y cómoda a los guardias ticos que están en los puestos fronterizos del territorio costarricense cercano al río. Intención oculta: un nuevo intento de alterar el estatus jurídico del río en beneficio de Costa Rica.

Esta actividad violaba abiertamente la soberanía nicaragüense y los tratados internacionales, que, aunque conceden a Costa Rica "derechos perpetuos de libre navegación" en el río, sólo se lo permiten con "objetos de comercio". A mediados de julio, el Jefe del Ejército de Nicaragua, Joaquín Cuadra, prohibió a los costarricenses esta práctica y recordó que, según el viejo Tratado, sólo desarmados y escoltados por la Fuerza Naval de Nicaragua podían ellos desplazarse por esas aguas. El Presidente Alemán lo respaldó. Desde entonces se avivaron las tensiones entre ambos gobiernos. Declaraciones de parte y parte y la actitud siempre inclinada a la arrogancia de los costarricenses volvieron a hacer turbulentas las calmas aguas del río San Juan.

"¡El río San Juan es nica!"

Con el nacionalismo nicaragüense a flor de piel, adornados vehículos y muros de Managua con la afirmación de que el río es nica, el 27 de julio, el Presidente Alemán evocó la famosa frase de Sandino: "La soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con las armas en la mano". La volvió a reiterar al día siguiente. Pero, para estupor de todos, el día 30, el Ministro de Defensa de Nicaragua, Jaime Cuadra con el respaldo del Presidente firmó con el Ministro Lizano un acuerdo en el que Nicaragua autorizaba a los costarricenses a continuar haciendo lo que ilegalmente venían haciendo.

Las indignadas críticas contra el gobierno llovieron al unísono y de todas las partes. Claudicante, humillante, inconstitucional, lesivo a los intereses nacionales, estúpido": no faltaron epítetos contra el texto del acuerdo Cuadra Lizano. Durante el año y medio de gestión de Alemán nunca se había producido tanta unanimidad nacional en torno a un asunto. Y aunque el gobierno liberal no ha cesado de acumular, uno sobre otro, crasos errores que lo dejan en descrédito dentro y fuera del país, hasta ahora ninguno de ellos había golpeado tan hondo a tantos a la vez. El gobierno quedó íngrimo con su inconstitucional comunicado en las manos. No existe más explicación para su error que la incapacidad profesional con la que se manejan en el actual gobierno los asuntos de Estado.

Nulo e inexistente

Después de que en 48 horas el Canciller Emilio Alvarez Montalván tuviera que declarar presionado por la avalancha de las críticas que el texto era "incompleto", "revisable" y "coyuntural", el gobierno se vio forzado el 12 de agosto a anunciar que era "nulo e inexistente," por ser violatorio de la Constitución, lo acordado entre sonrisas y abrazos diez días antes. Al igual que la aprobación, la anulación se anunció de forma abrupta, lo que contribuyó a tensionar más las relaciones binacionales.

Justamente, los costarricenses criticaron la falta de seriedad del gobierno nicaragüense. Pero, inoportunamente, iniciaron una ofensiva legal y diplomática para hacer valer "sus derechos" sobre el río, cuestionando, de paso, los derechos de Nicaragua en su vieja disputa territorial con Colombia. Un golpe bajo al espíritu que debe guiar la integración centroamericana.

El incidente, que ha dejado abierto un nuevo capítulo de roces político diplomáticos entre los dos países, va a ser aprovechado y tal vez hasta agravado por el gobierno liberal en crisis de legitimidad ante la población tratando de ahogar otros gravísimos problemas nacionales en las turbulentas aguas de un fácil nacionalismo. Aun así, hubo algunos saldos positivos para la sociedad. Se cohesionaron en torno a un mismo tema absolutamente todos los sectores. Se experimentó un triunfo al ver al gobierno retroceder, como fruto de las presiones, de los argumentos y de la ley. Se creó un espacio de legítimo orgullo colectivo al reafirmar todos juntos algo propio. En la actual coyuntura nicaragüense, tan llena de fracturas, humillaciones y retrocesos, saborear unidad, poder y dignidad, no deja de ser un lujo excepcional.

¿Qué se puede hacer?

Para que el saldo positivo sea de más largo plazo y más sólido, hay que superar el coyunturalismo y la retórica. En un seminario realizado en la UCA el 13 de agosto, se lanzaron varias propuestas. Desde el punto de vista legal, Carlos Argüello, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana y experto en Derecho Internacional, se expresó así: "Cuando el soberano en este caso Nicaragua tiene el dominio exclusivo, tiene también la facultad de revocar cualquier título que pueda haber sobre su territorio, incluso el de una concesión de libertad de navegación en este caso la tiene Costa Rica , que no es un título de soberanía sino un simple derecho económico, similar al que tiene un concesionario. Pero sin ir tan lejos como lo sería una cancelación o suspensión de los derechos de Costa Rica, bien puede y debe el Gobierno de Nicaragua, en el ejercicio de su exclusiva soberanía sobre el río San Juan, tomar varias medidas.

Podría exigir que los pilotos y capitanes que operan embarcaciones en el río San Juan ostenten alguna licencia que garantice su pericia para conducir naves en esas aguas. Podría exigir visa para entrar a nuestro territorio. La libertad de navegación no excluye necesariamente el requisito de una visa. La libre navegación concedida en 1858 no excluye la necesidad del visado medida que no existía en aquella época . Lo único que significaba es el derecho de Costa Rica a navegar el río, pero las condiciones para hacerlo y para entrar a ese territorio nicaragüense que era el río, las ponía Nicaragua.

Podría Nicaragua efectuar una inspección de las embarcaciones ticas para constatar que efectivamente circulan con objetos de comercio y exigir la presentación de facturas de esos objetos. Podría aplicar la ley nacional a las embarcaciones que navegan por el río ejerciendo oficios contrarios a lo dispuesto por los instrumentos que rigen nuestra relación fronteriza. Si así fuera, los turistas serían simplemente inmigrantes ilegales encontrados deambulando por nuestro territorio nacional y las embarcaciones que se dedican a la pesca serían embarcaciones que están saqueando nuestros recursos naturales".

Por su parte, Augusto Zamora, experto también en Derecho Internacional y con larga experiencia en el tema de los conflictos territoriales de Nicaragua durante su trabajo en la Cancillería en los años 80, sugirió que se creara en la Asamblea Nacional una Comisión de Asuntos Territoriales que, manejando un presupuesto propio, tuviera como misión fundamental de largo plazo el estudio y presentación de estrategias concretas para resolver las disputas que Nicaragua tiene pendientes en el río San Juan, en el Golfo de Fonseca y con Colombia, en la controversia sobre áreas terrestres, marinas y submarinas del Mar Caribe. Esto evitaría que conflictos de naturaleza territorial fueran manipulados por los gobiernos de turno y favorecería una política de defensa y consolidación de los intereses de Nicaragua.

Liberales: todo amarrado

La Convención Liberal tuvo lugar antes de que estallara el conflicto por el río San Juan, lo que libró a este acto político de un seguro tinte de retórica nacionalista. El 11 de julio, en un nuevo aniversario de la Revolución Liberal de José Santos Zelaya de finales del XIX, se celebró este evento, totalmente dominado por los intereses del PLC en el gobierno, que fue precedido por convenciones departamentales y municipales llenas de descalificaciones mutuas y hasta de riñas tumultuarias, alentadas por el esquema de prebendas distribuidas por el Partido Estado que domina la actual escena política.

Al igual que lo que ocurrió en el Congreso del FSLN celebrado en mayo, en la Convención Liberal no hubo ningún debate ni se hicieron planteamientos nuevos o de fondo ante los graves problemas nacionales. De manera similar, todo estuvo dominado por la elección de los cargos en el partido y no hubo ni una sola sorpresa en las elecciones. Una única diferencia: mientras un sector del FSLN logró impedir que los cargos se eligieran por aclamación e impuso el voto secreto, el PLC eligió a sus autoridades con ovaciones.

La Convención "eligió" la nueva junta directiva del PLC. Según Eliseo Núñez jefe del grupo de diputados disidentes del PLC que han empezado a hacerse notar en la Asamblea Nacional todos están completamente plegados al proyecto reeleccionista de Arnoldo Alemán. Para Núñez que estuvo hasta ayer en las "entrañas del monstruo" y se precia de conocerlas bien , la Convención a la que él no asistió fue "un gran circo" y representó "la confirmación y consolidación de la autocracia, del caudillismo y de la fusión entre Estado y Partido."

Alvarado necesita una reforma

El Presidente de la nueva Junta Directiva del PLC es Leopoldo Navarro, un médico octogenario, fundador del partido y asesor personal de Alemán, que no buscará hacerle ni un ápice de sombra ni tiene ninguna aspiración presidencial. Otras figuras relevantes en la nueva directiva del partido "rojo sin mancha" son como segundo Vicepresidente Roberto Cedeño, alcalde de Managua, y como Secretario General, José Antonio Alvarado, hasta el mes de septiembre Ministro de Gobernación y a partir de esa fecha, titular del nuevo superministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Alvarado y Cedeño son las figuras mejor perfiladas actualmente en el liberalismo pa ra reemplazar a Alemán como candidato presidencial en las elecciones del 2001 si fracasan las negociaciones con el FSLN en relación a una reforma constitucional que permita la reelección presidencial. Cedeño por ser alcalde de Managua, puesto en el que se proyectó Alemán antes de ser Presidente. Alvarado, por ser el principal protegido de Alemán. Está en mucha mejor posición.

Alvarado podría desempeñar el mismo rol que le tocó jugar a René Schick durante la época somocista. Schick fue el Ministro de Educación de Luis Somoza y resultó electo Presidente de la República en 1963, ejerciendo su cargo bajo el absoluto control de los Somoza. Este horizonte pone alguna lógica en la rotación decidida por Alemán, al mover a Alvarado de la cartera de Gobernación a la de Educación, donde puede encontrar una plataforma idónea para proyectar una imagen más populista y menos represiva de la que hasta ahora ha adquirido acumulando un conflicto tras otro al frente de las fuerzas policiales.

Sin embargo, una eventual candidatura de Alvarado a la Presidencia de la República pasa también por otra reforma constitucional de la que ya se habla y que tal vez resulta más "fácil-, ya que Alvarado tiene ciudadanía estadounidense, lo que, constitucionalmente tendría que haberle impedido ser Ministro. Esta misma violación de la Constitución nicas extranjeros ocupando altos cargos en el gabinete liberal ha sido denunciada desde la asunción al poder de Alemán sin que ninguno de los señalados renuncie o sea removido.

"Microorganismos parasitarios"

En su discurso durante la Convención Liberal, el Presidente Alemán enfatizó la relevancia del FSLN como su único rival político y, al igual que arremetió contra la admi nistración de Violeta Chamorro y contra el trabajo de Agustín Jarquín, Contralor de la República, descalificó groseramente a todos los restantes partidos políticos del país. Dijo de sus dirigentes que eran "elementos sin bases ni sostén popular, que se autoproclaman líderes de tendencias ideológicas o posiciones ficticias, según sople el viento de las oportunidades para su beneficio y figuración." Y afirmó que los partidos pequeños "son fantasmas que persisten en continuar medrando de la democracia como microorganismos parasitarios".

Alemán no se había expresado nunca con esta visceralidad contra los partidos pequeños, entre los que actualmente están en marcha varias iniciativas de alianzas y unificación con el fin de impedir la consolidación del bipartidismo y de conformar una "tercera fuerza".

El mensaje presidencial quedó claro. Para aclararlo más, en la Convención Liberal, Alemán habló de la necesidad de reformar la Constitución para suprimir "las limitaciones e inhibiciones, tan injustas como aberrantes, que penalizan a muchos hermanos compatriotas, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda categoría". Uno de estos "hermanos" es José Antonio Alvarado, otro es el nica chileno José Rizo, también presidenciable por el PLC.

"Dueños" del 90% del electorado

A inicios de agosto, en una reunión ambigua, Alemán convocó a los partidos con representación parlamentaria a los otros no para "dialogar" sobre la segunda fase del llamado Diálogo Nacional. Sin embargo, ante los partidos nunca se expresó como Presidente del país sino como representante de los intereses de su partido, el PLC. A la salida de esta reunión, varios dirigentes liberales elogiaron las posiciones que en la reunión defendió Daniel Ortega.

Todo indica que, si la meta de la primera fase del Diálogo Nacional a cuyas sesiones nunca asistió el FSLN fue calmar un escenario nacional muy inestable, mientras las cúpulas del PLC y del FSLN firmaban un acuerdo sobre la propiedad, el propósito fun damental de esta segunda fase del Diálogo no es otro que darle un marco institucional adecuado al pacto entre el PLC y el FSLN para repartirse espacios institucionales de poder y llevar adelante reformas constitucionales, que incluirían la posibilidad de la reelección de Alemán.

Alemán recordó en su discurso en la Convención Liberal que "entre el FSLN y el PLC sacaron más del 90% de los votos en las últimas elecciones", induciendo así que son estos dos partidos los que tienen el mandato popular para definir bipartidistamente el rumbo del país, criterio que vienen repitiendo, casi con las mismas palabras, varios dirigentes del FSLN. En este contexto, el Diálogo Nacional no será más que un intento de darle un barniz democrático y pluralista al pacto PLC FSLN.

El ámbito electoral del pacto

Las primeras señales públicas de la eventualidad de un pacto PLC FSLN han sido las reiteradas declaraciones de dirigentes de ambos partidos apoyando una reforma a la Ley Electoral en base a las reformas que los diputados de ambas bancadas parlamentarias le hicieron ya a la Ley para las elecciones de marzo en la Costa Atlántica. Estas reformas establecieron claros privilegios para los dos partidos mayoritarios, marginando abiertamente a todas las demás agrupaciones políticas. Por su parte, Daniel Ortega y el grupo danielista del FSLN no han dejado de insistir desde hace más de un año en que lo más importante para el FSLN es cambiar a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, a quienes acusan de ser cómplices del fraude electoral que le habría arrebatado la victoria en las urnas al FSLN en las elecciones de octubre de 1996.

Además del estilo de ejercer el poder autoritario, caudillista, despreciador de la institucionalidad que une a Arnoldo Alemán y a Daniel Ortega, existen otros muchos indicios no públicos de que el pacto PLC FSLN está ya muy avanzado y que el danielismo que domina hoy las estructuras del FSLN estaría dispuesto a dar el riesgoso paso de aceptar dentro de este pacto una eventual reelección de Alemán. Se sabe que Ortega ¿apoyado por quiénes? lo aceptaría, dispuesto a dar un paso aún más riesgoso, que raya en lo demencial: disputar ese cargo a Alemán, lanzándose como candidato del FSLN en las elecciones del año 2001 buscando repetir el tenso escenario político electoral de 1996.

Un Ejecutivo a la medida

Los liberales alemanistas se vienen preparando cuidadosamente para los distintos escenarios políticos que pueden resultar de las negociaciones con la cúpula del FSLN. Ya todo está bajo control en las estructuras del PLC. Ya se aprobó también, a mediados de año y sin muchas dificultades, en la Asamblea Nacional la ley que reforma la organización del Poder Ejecutivo, lo que favorece el proyecto reeleccionista de Alemán.

Esta reforma fue originalmente diseñada durante el gobierno Chamorro con el apoyo de los organismos financieros internacionales y tenía el propósito de centralizar las funciones claves del Poder Ejecutivo en la Presidencia de la República. La visión tecnocrática de los organismos internacionales encaja mejor con gobiernos presidencialistas: la centralización acelera contactos, decisiones... y también presiones.

Para Antonio Lacayo, la reforma era el mejor de los caminos para eludir los controles del Legislativo, mayores con las reformas constitucionales que emprendieron los diputados en 1995 y que le dieron nuevo espacios de poder a la Asamblea Nacional. En aquel entonces, Lacayo preparaba su eventual elección como Presidente de la República, aspiración que le fue cercenada cuando el Consejo Supremo Electoral lo inhibió como candidato presidencial por las mismas reformas constitucionales, en razón de su parentesco con la Presidenta Violeta Chamorro.

Más carreteras, más compensación

La reorganización del Poder Ejecutivo ha sido un golpe maestro dentro del proyecto de Alemán. Ha creado un mini gobierno dentro del gobierno, al poner bajo control directo de la Presidencia de la República todas las instituciones que tienen una proyección social masiva: las compensaciones sociales que se canalizan a través del FISE y de los restos del MAS en extinción, la seguridad social que controla el INSSBI , los proyectos municipales que pasan a través del INIFOM y los proyectos de desarrollo para el campo que va a empezar a gestionar el nuevo y millonariamente dotado de cooperación externa Instituto de Desarrollo Rural. Igualmente han quedado bajo control presidencial todas las empresas de servicios públicos que van a ser privatizadas: ENEL, INAA y ENITEL energía, agua potable y telecomunicaciones . Esta estructura ha debilitado a ministerios como el de Agricultura, al que se le suprime así su misión de ser promotor del desarrollo rural del país. El "desarrollo" del campo, gestionado desde la Presidencia, priorizará como ya se ha empezado a ver la construcción de carreteras y caminos de penetración.

Por otro lado, con la desaparición del Ministerio de Acción Social (MAS), se pierde la posibilidad de articular un programa efectivo para reducir la aguda pobreza que aflige a la mayoría de los nicaragüenses. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) había invertido sumas millonarias en la elaboración de un mapa de la pobreza nacional con el fin de dar coherencia y eficacia a los fondos de cooperación externa que llegan al país para este fin y que se canalizaban por el MAS. Un loable esfuerzo cuyo potencial no logrará desplegarse. El combate a la pobreza, gestionado desde la Presidencia, no tendrá más perspectiva que proyectos de pura y simple compensación social.

Lo más importante desde el punto de vista del proyecto político de Alemán es que todos estos cambios en la organización del Estado permitirán que el Presidente pueda, de una manera mucho más expedita, utilizar los fondos externos de los programas sociales y de desarrollo rural para crear y consolidar una clientela político electoral y para que pueda también muy importante controlar todo el proceso de privatización de las empresas públicas de servicios, que están entre las prioridades del capital liberal, actualmente en fieras disputas con el viejo capital oligárquico y con el nuevo capital sandinista.

Control de la política económica

Con las reorganizaciones y reformas, también ha pasado bajo control directo de la Presidencia la gestión de la cooperación externa y la coordinación de la política económica gubernamental. Luis Durán, asesor económico del Presidente y ex funcionario del Fondo Monetario, ha asumido formalmente el rol de coordinador de la política económica, tarea que ya había venido desempeñando en todas las negociaciones con los organismos financieros internacionales. Es significativo que su principal rival en estos terrenos, Noel Ramírez, Presidente del Banco Central, entrara a formar parte, como Secretario de Planificación, de la nueva directiva del PLC.

Ramírez ha partidarizado al extremo al Banco Central, purgando a todos los que tuvieron o tienen aún alguna vinculación con el sandinismo, estableciendo contratos temporales que sólo se prolongan en base a lealtades políticas, instalando incluso a un "comisario político" dentro del BCN con el fin de controlar a los funcionarios. Todo esto violenta la tradición tecnocrática de esta institución, que se remonta a su fundación durante la dictadura somocista.

A 19 años de la revolución

Ocho días después de la Convención Liberal, el FSLN conmemoró el 19 aniversario de la revolución. La celebración fue utilizada por el danielismo para empezar a preparar a sus bases para un eventual pacto con el liberalismo en el poder. Se había anunciado con bastante insistencia que, en su discurso en la Plaza de la Revolución, Daniel Ortega haría públicas las bases para una propuesta de Acuerdo Nacional, discutida con las bases sandinistas, con todos los partidos políticos y con la sociedad civil. Había expectativas sobre el contenido de esta propuesta. Pero, como ya ha sucedido en otras ocasiones, nada se anunció y las expectativas quedaron diluidas como sal en agua, sin que se diera ninguna explicación convincente sobre este vacío.

Daniel Ortega se presentó en la tribuna con notable retraso en la hora programada con su esposa Rosario Murillo y con todos sus hijos, a los que presentó uno por uno, buscando proyectar la imagen de una familia unida. En su discurso, se refirió a lo mucho que la revolución hizo por los derechos de las mujeres. Fueron sus únicas alusiones al problema ético y político que enfrenta y elude desde que en marzo la mayor de las hijas de Murillo, Zoilamérica Narváez, lo denunciara por un prolongado proceso de graves abusos sexuales. Unas 25 mil personas escucharon el discurso de Ortega, en el que combinó una vez más retórica pacifista para llamar a un Acuerdo Nacional con demagogia guerrerista sobre la posibilidad de "otra revolución" armada, advirtiendo al gobierno que los sandinistas estaban dispuestos a resucitar "las escuadras y comandos guerrilleros" con las que enfrentaron al somocismo.

El engañoso mensaje central que captaron los oyentes fue que, tanto un acuerdo o pacto con los liberales como la lucha armada contra ellos, tendrán como único y justificable objetivo la defensa de las propiedades que la revolución entregó a los pobres. Sin duda, esta celebración fue la peor organizada de los últimos años y fue evidente, más que en años anteriores, que quienes llenaban la plaza eran los sandinistas de los estratos más empobrecidos del campo y de la ciudad. Son ellos los más afectados por el modelo económico neoliberal implantado por el gobierno Chamorro y continuado con similar dureza y aún más corrupción por el gobierno liberal. Después de la amplia convocatoria social lograda por el FSLN en la campaña electoral de 1996, hace tan sólo año y medio, resulta notable la acelerada pérdida de capacidad de convocatoria hacia otros sectores sociales que experimenta el partido rojinegro.

FSLN: ¿suicidio político?

El pueblo sandinista está ajeno o ha sido o será confundido sobre los verdaderos alcances del pacto entre el FSLN y el PLC. Dentro de ese pacto, las estructuras danielistas que controlan el FSLN están aún divididas sobre si es o no negociable la reforma al artículo constitucional que prohibe la reelección presidencial.

La izquierda del FSLN considera que, en las actuales circunstancias, un pacto con el PLC con esa variante o sin ella es un suicidio político. "Castraría la autoridad moral del FSLN para hacer oposición y es totalmente inconveniente en un momento como el actual, cuando el FSLN está tan debilitado: golpeado Daniel por la acusación de su hijastra, atomizadas y confusas las bases y desacreditados los líderes intermedios", dice un sandinista de esta tendencia.

La fracción danielista que controla las estructuras del partido cree que aún más debilitado está Alemán y esto le permitiría sacar ventajas económicas y políticas en un acuerdo, pues en estos momentos Alemán está dispuesto a conceder lo que sea con tal de comprar gobernabilidad y estabilidad y de que le allanen el camino a la reelección. Entre ese "lo que sea" pudiera estar la no desaforación de Daniel Ortega para evitar que acuda a los juzgados a responder por la demanda presentada por su hijastra Zoilamérica. Sin embargo, en la Convención Liberal, Alemán se pronunció rechazando "inmunidades e impunidades", en clara referencia al caso, y pudiera ser que se viera obligado a no orientar en ningún sentido el voto de los diputados liberales en este polémico y emblemático caso, que volvió al debate público al reanudarse el 18 de agosto las sesiones de la Asamblea Nacional.

¿A cambio de qué?

Más que la desaforación o no de Ortega, interesan a ciertos dirigentes del FSLN otras concesiones de Alemán: garantizarse espacios de poder con buenos y seguros salarios en las juntas directivas de los entes de servicios públicos y en la banca, en el Poder Judicial y en el Consejo Supremo Electoral. Se habla también de que en el pacto el FSLN aceptaría la creación del Senado como una segunda cámara legislativa y el establecimiento de senaturía vitalicia e inmunidad vitalicia para los ex Presidentes de la República. Interesa sobremanera al FSLN una tregua fiscal para las empresas de capital sandinista y una solución más definitiva para algunos casos de importantes propiedades "de los trabajadores", en la mira de algunos dirigentes sandinistas.

Los conflictos por determinadas propiedades valiosas siguen abiertos y todos los días nuevas propiedades confiscadas en los años 80 son reclamadas por nicaragüenses que se radicaron en Estados Unidos y que hasta ahora no habían obtenido su ciudadanía estadounidense. El gobierno liberal, en lugar de negociar con el gobierno de Estados Unidos una solución definitiva a este problema ha optado por endeudar más al país con el objeto de compensar a estos nicaragüenses. La deuda pública nacional ha aumentado en más de 50 millones de dólares desde que llegó al poder Alemán, con el fin de indemnizar a 479 ciudadanos de Estados Unidos, la gran mayoría de ellos de origen nicaragüense, "gringos caitudos", como los llamó hace unos años Antonio Lacayo.

Escenario electoral del año 2001

Las concesiones económicas de Alemán a los dirigentes del FSLN y una eventual no desaforación de Daniel Ortega no explican por sí solas las razones por las que el FSLN estaría dispuesto a permitirle una eventual reelección a Alemán. Hay también, detrás de esta apuesta, un cálculo político sobre el posible escenario electoral en el año 2001. En este escenario, Alemán sería incapaz de alcanzar el mismo porcentaje de votos que logró en las elecciones de 1996 porque habría por lo menos un candidato que arrastraría los votos de la derecha criolla y tendría capacidad de restarle votos al PLC.

La oligarquía nacional difícilmente apoyará la reelección de Alemán porque éste ha utilizado abierta y burdamente el poder estatal para disputarle espacios económicos y favorecer la acumulación del capital liberal. Hoy, cuando en todos los terrenos de la economía los limpios y los sucios la disputa es feroz, quien controla el Estado puede sacar ventajas estratégicas sobre todos sus rivales.

Un sector importante de la población con más altos niveles de educación que votó por Alemán en 1996 estaría en contra del continuismo en el poder. En este escenario, si el voto antisandinista se divide, el FSLN podría tener mejores posibilidades, especialmente si logra preservar la proporción de votos que alcanzó en el 96. Para la izquierda del FSLN, no habría ninguna explicación para que el FSLN allanara el camino a la reelección de Alemán entre la base sandinista. Peor aún: si Alemán consiguiera realmente reelegirse, esto significaría la liquidación del FSLN. Y no es del todo improbable su reelección en un contexto de empobrecimiento y deseducación tan agudo, enfrentadas ambas realidades a los millonarios fondos estatales que el gobierno partido del PLC derrocharía alegremente en populismo electoral durante su campaña.

La izquierda del FSLN considera que el liberalismo es seguro perdedor sin Alemán, única figura capaz de dar cohesión al conjunto de fuerzas heterógenas que constituyó en el 96 la Alianza Liberal. Y calcula que la derecha no se presentará unificada a las elecciones porque los liberales y la oligarquía jamás tendrán un candidato común. En este otro escenario, el FSLN podría aprovechar la división de la derecha y, poniendo caras nuevas en su fórmula electoral, recuperar el poder del Estado. Una decisión de este tipo podría ser un elemento de convergencia entre el grupo de izquierda y el grupo de empresarios del FSLN, que parecen coincidir mayoritariamente en que sería desastrosa en términos electorales la candidatura de Daniel Ortega. Por muchos caminos sin necesidad de incluir el de la ética se puede converger en la necesidad política de apartar a Daniel Ortega de la conducción del FSLN, para tratar de detener el proceso de deterioro en el que este partido se encuentra atrapado, al parecer sin salida.

¿De nuevo doña Violeta?

La realidad es que la eventualidad de una reelección de Arnoldo Alemán está en marcha y en la coyuntura actual no se vislumbra aún ninguna fuerza política capaz de detenerla. Desde hace un tiempo se rumora con insistencia que Violeta Chamorro estaría dispuesta a ser de nuevo candidata a la Presidencia de la República y ya resulta obvio que esta posibilidad preocupa grandemente a Arnoldo Alemán y al PLC.

¿Sólo Violeta Chamorro podría aglutinar a tantos dispersos, inconformes y desesperanzados? Tal vez. Aunque las elecciones son aún algo lejanas en el tiempo, las turbulencias diarias de un país con tan torpes timoneles como los actuales tiende a acercar en la imaginación y en el deseo una fecha que, con toda seguridad, ya está marcada por la incertidumbre.

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