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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 197 | Agosto 1998
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Guatemala

Gerardi: un crimen político que amenaza el proceso de paz

Aunque la investigación del asesinato de Monseñor Gerardi ha tomado un rumbo inesperado y escandaloso, no puede dudarse de que se trató de un crimen político. ¿Presentarlo como un crimen pasional no será una pieza clave en un rompecabezas hábilmente diseñado en los círculos del poder militar? En el esclarecimiento de los hechos está en juego el futuro del proceso de paz.

Juan Hernández Pico, SJ

La primera pista seguida por el ministerio público para esclarecer el asesinato del obispo Juan Gerardi terminó, como muchos temieron ya en el primer momento, en un callejón sin salida. Carlos Enrique Vielman, un borrachín pendenciero encausado como consecuencia del dudoso reconocimiento que de él hicieron en base a fotos del gabinete de identificación de la PNC dos mendigos del parque San Sebastián, fue puesto en libertad el 29 de julio a petición del fiscal especial encargado del caso por falta de pruebas y la investigación del crimen tomó un rumbo escandaloso.

¿Crimen "pasional"?

Mientras Vielman estuvo en prisión, su abogado defensor, Mario Menchú, se dedicó no sólo a pedir su libertad sino a subrayar a los medios una y otra vez que el asesinato era un "crimen pasional", insinuando que el sacerdote Mario Orantes, coadjutor de Gerardi en la parroquia de San Sebastián, estaba implicado en el asesinato. Aunque el Ministro de Defensa lo ha rechazado, muchas fuentes informativas afirman que ésta fue la versión que, pocas horas después del asesinato, el G 2 del Ejército la inteligencia militar habría presentado al gabinete político del Presidente Alvaro Arzú, reunido de emergencia. "Lío de huecos", habrían concluido ("hueco" en jerga vulgar guatemalteca significa "homosexual").

Inicialmente se insinuó una relación entre el obispo y el sacerdote, lo que llevó a pedir al forense que practicara al cadáver un examen llamado técnicamente "flaccidez anal". El examen excluyó toda evidencia de relación sexual o violación. Después se propagó la especie de que Gerardi, al llegar a su casa la noche del 27 de abril, habría encontrado a su coadjutor en situación comprometida con otra persona, le habría reclamado, y habría sido asesinado en un paroxismo de cólera. Varias veces, en mayo y junio, fuentes del Ministerio Público anunciaron que iban a llamar a declarar ante el juez encargado del caso al sacerdote Mario Orantes.

Toda esta secuencia de hipótesis culminó el miércoles 22 de julio con el arresto provisional de Orantes como sospechoso del asesinato del obispo, para ser indagado por el juez. Setenta y dos horas hábiles después, el 27 de julio, el juez decretó prisión inconmutable para el sacerdote, acusado de asesinato, y encausó el proceso. También encontró méritos para decretar prisión conmutable para la cocinera de la casa parroquial, Margarita López, por el delito de encubrimiento.

Sin duda, un crimen político

Contrasta con esta decidida acción del Ministerio Público el hecho de que en ningún momento esta institución haya investigado con seriedad la sospecha de que el asesinato de Monseñor Gerardi fue político y que los sospechosos de haberlo planeado habría que buscarlos en ambientes militares, sospecha que tiene una sólida base en que Gerardi fue asesinado 48 horas después de haber entregado públicamente en la Catedral de Guatemala el informe "Guatemala: Nunca más", resultado de la investigación que durante tres años promovió la Iglesia dentro del proyecto. Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), buscando dejar constancia de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado de 1961 1996.

Tanto la Iglesia Católica en Guatemala la mayoría de sus instituciones y de su pueblo como una parte importante de los analistas siguen inclinados a considerar que el asesinato de Monseñor Juan Gerardi fue un crimen político mientras no se demuestre lo contrario. Temen que se trate de un ataque directo a la decisión de la Iglesia Católica de recuperar la verdad para contribuir a minar la impunidad con que en este país se han violado en forma brutal los derechos humanos de la población civil y el derecho humanitario de guerra. Sospechan además que se trata de un atentado directo a la gobernabilidad del país: un crimen político disfrazado de delincuencia común, que deje el desnudo la impotencia del Estado guatemalteco para combatir la impunidad y llegar al fondo de las cosas. En última instancia, se trataría de un atentado indirecto contra todo el proceso de transición hacia un pleno Estado de Derecho y contra el cumplimiento efectivo de los acuerdo de paz. Aun cuando se probara alguna participación en el asesinato, en cualquier grado o nivel, del sacerdote acusado habría que seguir rastreando la probabilidad de que ésta encajara, como una pieza importante, en el rompecabezas de una conspiración hábilmente tejida para conseguir y a la vez enmascarar los objetivos mencionados.

Oposición a los acuerdos de paz

En Guatemala existe aún una sorda y, en algunos casos, abierta y descarada oposición a los acuerdos de paz firmados el 29 de diciembre de 1996. Solamente uno de ellos el que sentaba las bases de la reconciliación entre las fuerzas contendientes en el conflicto armado interno ha sido hasta el momento reforzado por el Congreso con una Ley de Reconciliación que exime de responsabilidad penal los crímenes cometidos por los contendientes. Los demás acuerdos tuvieron, el rango de compromisos políticos destinados a consolidarse como política de Estado y no sólo de gobierno y a servir de base para una reforma del proyecto de nación que ha configurado tradicionalmente a Guatemala y que ha excluído a la mayoría. Los acuerdos tuvieron, además, la importancia de ser acogidos por la comunidad internacional como fundamento de la futura cooperación con el país.

Reducirlos, deslegitimarlos

Cada vez más fuerzas políticas y cada vez más voces en los medios intentan reducir los acuerdos a puras fórmulas de papel, desvirtuarlos con la mezcla de otros objetivos generalmente partidistas, frenarlos y retrasar su aplicación indefinidamente, o deslegitimarlos como esquemas irreales, inaplicables a Guatemala e impuestos por la intervención extranjera.

Por un lado, los acuerdos de paz representan importantes reformas estructurales políticas, culturales, económicas y especialmente en las instituciones de justicia y de derecho del país, con consecuencias de largo plazo. Pero por otro lado, las necesidades inmediatas percibidas en el país y sobre todo la de aliviar o superar la pobreza y la de poner frenos a la inseguridad ciudadana y a la corrupción presionan al Estado con el reclamo de resultados de corto plazo. Entre reformas estructurales y necesidades inmediatas la conexión no es evidente para muchos y este desfase proporciona la oportunidad a los enemigos de las reformas para atacarlas sin que las repercusiones en la opinión pública sean graves. Los acuerdos de paz no están en el primer plano de la conciencia masiva popular.

El miedo a la verdad

En un primer lugar de los acuerdos está la misma Ley de Reconciliación Nacional. No se trata de una ley de amnistía absoluta, de punto final, como ya ha habido otras en América Latina. La Ley excluye de la exención de responsabilidad penal por crímenes o violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado a los crímenes de lesa humanidad por ejemplo, las desapariciones forzadas y excluye explícitamente los genocidios y las torturas. Un proyecto como el de REMHI, que arroja luz sobre este tipo de crímenes y que por su fecha de publicación unos meses antes de que salga a la luz el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) pactada en los acuerdos de paz constituye un precedente inevitable para ésta, supone una amenaza para la fama de no pocos militares retirados y para las carreras de muchos militares en activo que eran oficiales de baja graduación y libraron la guerra sucia de la década de los 80. Desprestigiar el informe REMHI serviría a sus intereses. Cualquier investigación seria debe partir de la pregunta cui bonum: a quién favorece el crimen. Por añadidura, Tomuschat, el coordinador de la CEH nombrado por la ONU a petición del gobierno de Guatemala y de la URNG ha señalado repetidamente que el Ejército se muestra moroso en la entrega de los archivos que permitan esclarecer la verdad.

Trabadas las reformas políticas

En segundo lugar, aparecen pactadas en los acuerdos de paz reformas políticas, que necesitan de cambios constitucionales y el procedimiento para lograrlos pasa por su aprobación en el Congreso con mayoría cualificada y por un referéndum nacional. Las reformas constitucionales incluyen, fundamentalmente, un cambio en las funciones del Ejército: transferir a una estructura totalmente civil de un Ministerio de Gobernación renovado sobre todo, con una Policía Nacional Civil desmilitarizada y liberada de la corrupción tanto la responsabilidad habitual de la seguridad interna como la recolección y análisis de información estratégica para mantenerla; posibilitar que un funcionario civil encabece el Ministerio de Defensa; cambiar la doctrina de defensa del instituto armado y su repercusión en la formación de los soldados y de los oficiales; y sustituir el Estado Mayor Presidencial encargado de la seguridad del Presidente y su entorno por otro organismo también civil. Una mesa de negociación multipartidaria, convocada para formular propuestas legislativas que cumplan con estos y otros objetivos, experimentó trabas operativas casi insuperables al interferir con ellos otro tipo de propuestas de cambios constitucionales de alcance partidario. Por ejemplo, la modificación de un artículo constitucional que impide la postulación presidencial de ciudadanos que hayan ejercido la dirección del país mediante golpe de Estado y procribe la reelección presidencial.

En el capítulo de acuerdos políticos entran también las reformas a la Ley Electoral de rango constitucional que se enfrentan a intentos de maquillarlas para que resulten intrascendentes a la hora de impedir costumbres antidemocráticas y de favorecer el descenso de la abstención, por ejemplo por el voto articulado alrededor del vecindario inmediato. La mesa de propuestas se ha estancado por más de un año y no es seguro que en el Congreso el partido de gobierno logre las alianzas necesarias para conseguir la mayoría cualificada necesaria para aprobar todas las importantes reformas pactadas en los acuerdos de paz.

Los privilegios fiscales

Existen otros compromisos contenidos en los acuerdos de paz que resultan altamente controvertidos. Uno de ellos es el de lograr para el año 2000 una transformación en la estructura impositiva del país y en las condiciones de eficacia para la recaudación de los impuestos. La carga fiscal del país la porción de ingresos estatales proveniente de los impuestos debe subir del 7% del PIB en 1995 al 12% en el 2000. Esto significa gravar socialmente a quienes obtienen mayores beneficios del funcionamiento de la economía y de los bienes y servicios que el Estado proporciona. La oposición a este proyecto por parte de la iniciativa privada sobre todo de los que dominan su organización gremial en el CACIF (Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) ha sido encarnizada, intolerante y a veces combativa, llegando al paro patronal colectivo y a la movilización de los cuarteles. Por otro lado, el Ejército, con su tradicional concesión de puestos directivos aduaneros a algunos de sus altos oficiales, es sospechoso de evadir impuestos y de conseguir exenciones y privilegios fiscales que provocan indebidos enriquecimientos personales e institucionales. La manipulación de masas campesinas con que el FRG, partido del General Ríos Montt en cierto modo fachada de los intereses militares y de las posturas políticas y económicas, autoritarias e intransingentes, que conforman la mentalidad militarista de algunos civiles logró movilizaciones contra una estructuración más equitativa de los impuestos y, tergiversándola, provocó su derogación.

El racismo de los ladinos

En tercer lugar, los acuerdos de paz exigen modificaciones de la Constitución, con una definición del Estado guatemalteco como "multiétnico, pluricultural y multilingüe". Las consecuencias que esto tiene para la administración plurilingüe de la justicia, para la admisión del derecho consuetudinario de las comunidades mayas como procedimiento legítimo de resolución de conflictos, etc., provoca escalofríos en una población "ladina" que ha estado acostumbrada a tratar con la mayoría indígena, más que con una segregación racial legislada con la discriminación económica y política y con la imposición de una pretendida superioridad cultural. En este punto, incluso el Partido de Avanzada Nacional se muestra recalcitrante con los acuerdos de paz que firmó su dirigente, el Presidente Alvaro Arzú.

Los intereses en torno a la tierra

En cuarto lugar están los acuerdos socieconómicos, que aunque no formulan una reforma agraria moderna ni se comprometen con ella, sí embarcan al Estado en la revisión de todo el régimen de propiedad agraria a través del levantamiento de un catastro que puede poner al desnudo los abusos cometidos con tantas fincas apropiaciones indebidas, despojos, extensión ilegal de límites, manipulaciones del Registro de la Propiedad, etc . Estos acuerdos suponen también el compromiso del gobierno con la constitución de un Fondo de Tierras redistribuíble por mecanismos de mercado que serían vigilados socialmente por el Estado , con la creación de una Comisión de resolución de conflictos de la tierra, y con unas condiciones de accesibilidad al desarrollo agrario: al crédito, a la tecnología, etc., que hagan viable a la pequeña y mediana propiedad campesina y la independicen de sus excesivas servidumbres estructurales con las grandes explotaciones agroexportadoras. Los intereses creados en este terreno se encuentran amenazados si el proceso de paz avanza y los acuerdos se cumplen.

La muralla de la corrupción

Finalmente, en quinto lugar, se encuentran las reformas a las instituciones de justicia. Implican, entre otras muchas cosas, el establecimiento de un Consejo de la Judicatura que independice el nombramiento de los jueces de las propuestas tanto de los partidos como el Ejecutivo; el establecimiento de la carrera judicial; la profesionalización del Ministerio Público; la transferencia de la función judicial de las burocracias todopoderosas y anónimas de los juzgados a los mismos tribunales; el aumento del presupuesto del Organismo Judicial y del Ministerio Público, de manera que tanto las mejoras tecnológicas de la investigación criminalística como las remuneraciones salariales se constituyan en frenos a la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción; el recorte de la posibilidad de interponer recursos sin fin que sólo retrasan indebidamente los procesos y la ejecución de las sentencias; la coordinación de nuevas políticas de seguridad para el corrupto sistema de penitenciarías; la agilización de procesos que impida la permanencia indefinida en las cárceles de presos sin juicio y sin sentencia, etc. También estas reformas se enfrentan a grupos de intereses creados y a una inmensa muralla de corrupción institucionalizada.

Todo esto y mucho más está en juego en el proceso de cumplimiento de los acuerdo de paz, imposible de llevar adelante sin gobernabilidad, y amenazado por el desprestigio del gobierno si no puede esclarecer un magnicidio como el del obispo Gerardi. Desde el lado de la sociedad civil, la gobernabilidad está amenazada también por la falta de credibilidad que se cerniría sobre el informe REMHI y sobre otros importantes esfuerzos para ir reduciendo la impunidad si el asesinato de Gerardi logra hacerse ver como un sórdido crimen común, lo que cubriría con una sombra protectora a quienes lo planearon y ejecutaron.

Un círculo diabólico

Si en Guatemala continúa siendo imposible aclarar crímenes tan brutales y con tantas consecuencias como el del obispo Gerardi, la comunidad internacional puede ir regresando a actitudes de escepticismo sobre el proceso de paz y sobre las posibilidades de construir un Estado de Derecho y puede disminuir o cerrar la cooperación económica que el gobierno necesita para impulsar el mismo cumplimiento de los acuerdos de paz. Este es el círculo diabólico en el que este país corre el riego de enredarse.

Sería aún peor si el mismo círculo resultara reforzado por la insuficiente voluntad política del gobierno guatemalteco para presionar a los mandos del Ejército a investigar a fondo si de sus filas o de su entorno surgieron el plan o la ejecución, el encubrimiento o la utilización conspirativa del asesinato de Gerardi. Significaría esto que se habría agotado ya la autoridad con que, al principio de este período presidencial, se afrontó la meta de subordinar al Ejército a los legítimos poderes de la República.

Una investigación confusa

En la investigación del asesinato del obispo Juan Gerardi reina hoy la confusión. Esa confusión se impuso desde el comienzo por algo que difícilmente puede ser interpretado de otro modo que como incompetencia o negligencia del Ministerio Público (MP). Según declaraciones de empleados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), presentes en el lugar del crimen, el MP no protegió bien el escenario del asesinato en la madrugada del 27 de abril. No se clausuraron las dependencias de la casa parroquial donde ocurrió el crimen. El área de 24 metros cuadrados que se rodeó con cinta protectora fue continuamente violada hasta por un fotógrafo de la inteligencia militar. Las huellas no fueron recogidas con instrumentos especiales para superficies rugosas. La "piedra" arma presunta del delito fue manipulada sin guantes. Funcionarios del MP pisotearon la sangre. El fiscal perdió "la cadena de custodia" de los elementos de prueba algunos los conservó él y otros quedaron en manos de la Policía, varios de ellos no debidamente sellados . Pero sobre todo, una vez fue levantado el cadáver y trasladado a la morgue para la necropsia, el MP no dejó custodia en el área, facilitando así que estuviera ya lavada en la mañana del 27 de abril. Las mismas fuentes sostienen que el fiscal, Otto Ardón, elevado más tarde a la calidad de "fiscal especial" para el caso, era asesor jurídico del Ejército con sueldo aún en el momento en que se hizo cargo de la investigación y tiene un hermano militar. Dadas las sospechas de que se trataba de un crimen político, ¿no debería el MP haber asignado el caso a un fiscal sin posible conflicto de intereses? Las fuentes afirman también que toda la investigación ha sido dirigida desde las sombras por la inteligencia militar.

Militares en la mira

Después de que fuera detenido Carlos Enrique Vielman, pocos días después del asesinato, y una vez que entró a ayudar en la investigación el FBI, se tomaron pruebas de vellos, de cabellos, de sangre, etc., al encausado y se enviaron para su análisis a los Estados Unidos. El FBI volvió a examinar la escena del crimen, utilizando luminol para descubrir huellas no perceptibles por otros medios.

A fines de junio y durante las primeras tres semanas de julio, fueron apareciendo en los medios diversos señalamientos acerca de la responsabilidad de militares en el crimen. Primero fue la denuncia contra 27 militares hecha por la estadounidense Jennifer Harbury compañera del guerrillero Efraín Bámaca, cuya presunta tortura y ejecución extrajudicial después de haber sido hecho preso por el Ejército ha sido denunciada por Harbury en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en base a la confidencia de alguien supuestamente implicado en el crimen. El Ministro de la Defensa pidió que se presentaran pruebas y se afirmó que el fiscal y la ODHA irían a Washington a entrevistarse con el confidente de Harbury. Otra denuncia surgió en Madrid de parte del director de la ODHA, Ronalth Ochaeta: dos militares, uno retirado y otro de alta en el Estado Mayor Presidencial estarían implicados en el crimen. Días después, el Coronel Otto Noack, militar en activo, antiguo portavoz del Ejército, declaró a Radio Netherlands que, en el combate contra la guerrilla, el Ejército "había sobrerreaccionado" y, como consecuencia, había cometido "excesos" no justificables contra la población, que deberían ser reconocidos. Noack fue inmediatamente puesto bajo arresto de 30 días por haber transgredido la disciplina castrense, que no pemite opinar sobre el Ejército a oficiales en activo que no sean el Ministro de Defensa o el Encargado de Relaciones Públicas del Ejército.

El temor a los militares

Era la primera vez que un alto oficial del Ejército de Guatemala hablaba de reconocer "excesos", algo similar a decir la verdad sobre lo sucedido y a pedir disculpas por la responsabilidad en ello. Tomuschat, coordinador de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, dijo que el paso dado por Noack era significativo y que esperaba que otros oficiales actuaran en la misma línea. Esta intervención provocó una reacción pública de inmediata molestia en el gobierno. Detrás de ella está el temor de que una invitación a la indisciplina militar aún en este campo de la revelación de la verdad se contagie a otros campos. Que despierte tentaciones de un golpe de Estado. De hecho, en los días anteriores al asesinato de Gerardi corrieron rumores de golpe, provocados al parecer por el disgusto de oficiales del arma de infantería tradicionalmente la más importante del Ejécito por la preeminencia de oficiales de la aviación y de la marina en los puestos de dirección del Ejército. Un último hecho: el 20 de julio, fue atacado y herido a balazos el sacerdote de apellido Crestani, que prestaba servicios a los militares en función de capellán. Toda la secuencia de denuncias, declaraciones públicas y este atentado, dirigió la atención de la población hacia los militares, vinculándolos al asesinato del obispo Gerardi.

Un giro sorpresivo

El 22 de julio la investigación del asesinato y el contexto coyuntural sufrieron un giro sorpresivo y, para la población católica mayoritaria, escandaloso. En horas tempranas de la tarde, a plena luz, alrededor de 60 elementos de las fuerzas especiales de la Policía acordonaron una extensión de tres cuadras a la redonda de la Parroquia de San Sebastián protegiendo la irrupción en la casa parroquial del fiscal especial, Otto Ardón, avalado por orden judicial. Hicieron un registro en la habitación del padre Mario Orantes y capturaron al perro pastor llamado Balú. El mismo Orantes que no se encontraba en la casa tuvo que abrirse paso con dificultad a través del cordón policial. Una vez dentro, fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Fue esposado y conducido a prisión. Todo este operativo propio para la captura de un criminal con historial peligroso ocurrió frente a las cámaras de la televisión y a reporteros de prensa y radio.

Iglesia Católica en la mira

La escena había cambiado. La Iglesia Católica pasaba a la mira del Ministerio Público. No se podía interpretar de otra manera el excesivo despliegue de fuerza con el que se capturó a Orantes y la publicidad con que se rodeó el operativo. Todo orientado a desviar la atención del entorno militar. Gente muy cercana al gobierno opinó que no pocos en ambientes militares y algunos en el mismo gobierno se alegraban con el giro que se le daba así a la investigación. La capital y el resto del país se llenaron de confusión, suposiciones y rumores.

En la indagación delante del juez, con asistencia de MINUGUA (Misión de Naciones Unidas para Guatemala), la ODHA querellante adhesivo en el caso del asesinato de Gerardi , el Procurador de los Derechos Humanos, el abogado defensor del padre Orantes y sus padres, el fiscal expuso las supuestas pruebas en contra del sacerdote. El juez impuso una reserva del sumario durante diez días. Al día siguiente, el Procurador de los Derechos Humanos, Julio Arango, declaró a los medios que las pruebas aducidas por el MP le parecían no concluyentes. Ante la sorpresa general y la indignación de muchos, el director ejecutivo de la ODHA, Ronalth Ochaeta, expresó que las pruebas aducidas por el MP eran, a su juicio, "contundentes" y que "en el Colegio Apostólico ya había habido un Judas". El sucesor de Juan Gerardi en la responsabilidad de la ODHA, Monseñor Mario Enrique Ríos Montt, declaró que la Iglesia estaba a favor de que se buscara a fondo la verdad y no se oponía a la investigación de Orantes, pero pedía que se investigaran todas las hipótesis.
El Arzobispo de Guatemala visitó a su sacerdote en la prisión y declaró que creía en la inocencia de Orantes. El presidente de la Conferencia Episcopal, Arzobispo de Quetzaltenango, declaró que la Iglesia no hablaría mientras durara la reserva del sumario y seguía exigiendo una investigación exhaustiva del asesinato de Gerardi.

¿"Suicidar" a Orantes?


El Procurador de los Derechos Humanos declaró públicamente que había recibido una llamada telefónica del Fiscal General de la República, González Rodas, insistiéndole en que callara sobre el caso. El Procurador expresó que a él, como defensor del pueblo, no se le aplicaba la reserva del sumario. Y habló de que la detención de Orantes se apoyaba en fundamentos endebles. Comunicó que la base de la acusación era un estudio presuntamente realizado a petición del MP por forenses de la Universidad Complutense de Madrid sobre fotografías del cadáver de Gerardi. Aparentemente, ese estudio habría descubierto en el rostro y el cuello de Gerardi heridas producidas por mordedura y arañazos de perro. El Procurador, asesorado pericialmente, afirmó que era ridículo pretender que un estudio computarizado de fotografías podía concluir en la presunción de culpabilidad del padre Orantes. Extraoficialmente se supo que la idea de someter las fotografías a estos estudios y enviarlas a Madrid provino de algún experto de MINUGUA.

Poco a poco comenzaron a filtrarse en los medios datos sobre lo encontrado por el MP en la habitación del padre Orantes: perfumes caros, joyas de considerable valor, etc. Aparecieron también en algunos periódicos transcripciones textuales de declaraciones discrepantes entre sí en varios puntos, hechas por Orantes al MP y al juez antes y después de ser detenido. Corrieron rumores de que en la habitación del padre se encontraron también armas.

Se jugó un doble juego: imponer reserva del sumario, callando a gente que pudiera refutar las acusaciones contra Orantes, y filtrar supuestos indicios de la culpabilidad del padre y de su carácter supuestamente inestable y extraño. La prensa informó que Orantes sufría de migrañas, necesitaba muchos medicamentos, se encontraba deprimido y se temía que pudiera suicidarse. ¿Se estaba preparando el escenario para poder "suicidarlo" y dejar así el caso permanentemente en la sospecha y en las sombras? Siendo verdad que Orantes sufre de migrañas muy agudas, quienes lo visitaron en el hospitalito de la prisión afirmaron que se encontraba de humor y con buen ánimo.

Balú: ¿hilo que lleva a Orantes?

Los forenses que efectuaron la necropsia del cadáver del obispo asesinado reafirmaron que no encontraron en él ningún indicio de mordedura de perro ni en sus ropas huellas de garras o pelos de animal, sino sólo cabellos humanos. Resulta crucial que los informes veterinarios muestran en Balú a un pastor alemán de más de once años en términos caninos un anciano , con daño artrítico serio en su columna y dificultades de movimiento en las patas, lo que fue visible para los televidentes al verlo bajar las gradas de la casa y subir al vehículo que lo transportó. Se presenta al perro como el hilo que habría conducido a Orantes, afirmando que el animal sólo obedece al sacerdote en un código especial. Los familiares de Monseñor Gerardi, sin embargo, afirman que Balú nunca habría atacado a Gerardi, de quien era amigo y a quien conocía desde hacía siete años. Ellos apoyan la inocencia del padre Orantes y se cuentan entre quienes más lo están visitando en la cárcel. Así, el perro parece ser un eslabón muy débil en lo que se teme podría ser un buen montaje para acusar y condenar al sacerdote.

Fuentes creíbles aseveran que los testigos iniciales en el caso los dos mendigos del Parque San Sebastián que dijeron ver salir a un hombre de la casa parroquial en hora coincidente con la del asesinato y afirmaron que lo reconocerían eran informantes de la inteligencia militar. Estas mismas fuentes aseguran que el único testigo verdaderamente independiente es un taxista que recorría las calles cercanas a San Sebastián la noche del crimen y que vio un auto blanco, primero siguiéndole y después parqueado en una calle colindante con el Parque. Estas mismas fuentes certifican a través de una confidencia creíble que se escuchó a un militar retirado discutir, en conversación con otros, la necesidad de cargar con la planeación del hecho ya consumado del asesinato.

En los primeros días de agosto, el fiscal pidió al Ministro de Defensa que investigara al Coronel retirado Byron Lima ex Comandante de la base militar de Chiquimula y a su hijo, capitán en activo, actualmente fuera del país. También informó que el carro blanco visto en las cercanías de San Sebastián la noche del crimen era un Mercedes Benz con placa de la base militar de Chiquimula y afirmó que el Ministro de Defensa investigará y comunicará al fiscal los resultados y que "el ejército no protegerá de la justicia a ninguno de sus miembros que haya delinquido".

Crestani: ¿otro eslabón?

Habrá que esperar a que el padre Crestani, aun en grave estado como consecuencia del ataque a balazos que sufrió, pueda dar su propia versión. Resulta sospechosa la insistencia de médicos del Hospital Militar en trasladarlo del Sanatorio Hermano Pedro, dirigido por religiosas Hermanas de la Caridad, al hospital militar. Las religiosas se han negado al traslado con firmeza. Conservar intactas las facultades de Crestani, especialmente su memoria dicen es crucial. Nadie sabe con seguridad qué dará de sí la investigación del caso Crestani, pero si sus recuerdos se volvieran relevantes tendríamos en su muerte frustrada otro eslabón que pudiera llevarnos a los culpables de urdir el asesinato.

Hablan los obispos

El 7 de agosto, la Conferencia Episcopal de Guatemala hizo público un comunicado en el que los obispos afirman, entre otras cosas: "Expresamente enfatizamos nuestra insatisfacción por la manera como se ha conducido este caso: la inadecuada protección, tanto de la escena del crimen como de la custodia de los medios de prueba, la resistencia a tomar en cuenta las connotaciones políticas del caso así como a investigar a fondo a oficiales y ex oficiales del Ejército presuntamente implicados, el señalar como culpables anticipadamente a los sospechosos capturados hasta ahora y el secreto innecesario en que se han querido mantener ciertas áreas de la investigación".

Y añaden: "Reiteramos nuestra primera petición de que el asesinato del obispo Juan Gerardi se esclarezca cuanto antes. Es deseo de la Iglesia Católica en Guatemala que la investigación del asesinato descubra y lleve a juicio a los autores materiales e intelectuales de este horrendo crimen y que la fuerza de los argumentos con los cuales se responsabilice a los culpables se apoye en pruebas reales, convincentes, sólidas e incriminatorias".

Matar su cuerpo y sus obras

Ante el giro tomado por la investigación afirman los obispos: "El hecho de que un sacerdote aparezca como sospechoso del asesinato no debe llevarnos a buscar al encubrimiento ni a resistir al progreso de la investigación. Más bien debe llevarnos a pedir que las pruebas en que se basa la acusación se hagan públicas y se muestren y comprueben como fehacientes e incriminatorias, que se desvelen las motivaciones y se llegue hasta los autores intelectuales del crimen". Y concluyen: "Estamos convencidos que quienes ultimaron a Monseñor Gerardi no sólo buscaron matar su cuerpo sino también sus obras las más notables de ellas la ODHAG y el Proyecto REMHI, provocando así un grave daño al proceso de paz. Los obispos de Guatemala manifestamos la firme decisión de velar porque esas obras y sus frutos no queden bruscamente interrumpidos".

A pesar de todo

A pesar de todos los escándalos y de toda la confusión, el hecho fundamental que no se puede olvidar es el mismo asesinato del obispo Juan Gerardi. Los cristianos de todos los tiempos también los de este fin de milenio cuando ocurren este tipo de muertes violentas pasamos a venerar como a mártires a quienes son asesinados. No conviene, sin embargo, dejar en la sombra el carácter histórico inmediato en que suceden estos crímenes. Quienes los planifican y perpetran saben que dan en el blanco. Matando a Gerardi, despojaron a la Iglesia Católica de Guatemala de un buscador de la verdad, de un defensor de la justicia y de un amigo de los pobres, con una inteligencia superior y una fortaleza y persistencia en sus propósitos poco comunes.

La Arquidiócesis de Guatemala, la Conferencia Episcopal y el pueblo de Guatemala han sido despojados de una persona difícilmente sustituible. Después del crimen se amenazó a un sacerdote italiano y se lo forzó a abandonar el país, se intimidó con amenazas a miembros de la ODHA, se baleó a otro sacerdote y se acusó del asesinato al padre Orantes. El exagerado y publicitado uso de fuerza para capturar a Orantes e, inevitablemente, marcar a la Iglesia Católica con el escándalo de la sospecha transita por los mismos propósitos. Mientras no se pruebe lo contrario, el asesinato tiene todas las señales de ser un crimen político. La vida y la obra de Juan Gerardi, de Monseñor Juanito como lo llamaban sus colegas obispos siguen siendo un valor inapreciable para el pueblo católico y para toda la gente que en Guatemala busca la verdad, la justicia y la paz. El informe REMHI sigue siendo un monumento a la memoria de las víctimas de un terrible conflicto armado que produjo tanta ofensa al pueblo y tanta humillación. Y sigue estimulando a la Comisión de Esclarecimiento Histórico para ser fiel a sus propósitos y servir a la verdad contribuyendo a fomentar el Estado de Derecho.

Un momento crucial

De nada serviría al bienestar del pueblo de Guatemala que, en esta coyuntura, se reavivaran viejas hostilidades entre el Estado y la Iglesia Católica, como en 1829 con Morazán y el Arzobispo Casáus, en 1871 con los Reformadores, el Arzobispo Piñol y las órdenes religiosas, en 1921 con Orellana y el Arzobispo Muñoz y Capurón, y saltándonos otros ejemplos en los años 70 y 80 con los militares y tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, convencidos de la unión indisoluble entre su fe y su vida, entre su moral privada y su moral pública. Tampoco ayudaría nada que todo lo que está ocurriendo se convirtiera en carne de rencilla y enfrentamiento entre guatemaltecos católicos y evangélicos. Cualquier analista se da cuenta de que estas fracturas son probables en la actual coyuntura. Y de que tratar de impedirlas es una tarea política y humana impostergable para que en Guatemala se siga avanzando por el arduo camino que puede conducir a cimentar el Estado Derecho, una convivencia pluralista tolerante y una mayor participación democrática con las que frenar los planes de quienes, sembrados en el pasado e irredentos, siguen conspirando y atentando contra la humanidad en esta bella tierra centroamericana.

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