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  Número 303 | Junio 2007
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Nicaragua

“Vamos a defender los espacios de participación ciudadana que ya existen”

Georgina Muñoz, Enlace Nacional de la Coordinadora Civil -la representación más plural de la sociedad civil nicaragüense-, expuso los puntos de vista que sobre la realidad nacional, y tras el cambio de gobierno, tiene esta articulación nacional de redes, movimientos, organizaciones y gremios en una charla con Envío, que transcribimos.

Georgina Muñoz

La Coordinadora Civil es una instancia autónoma de coordinación y concertación de sectores de la sociedad civil nicaragüense, integrada por redes temáticas nacionales, gremios, movimientos sociales, federaciones, asociaciones, fundaciones, cooperativas, redes territoriales y personas individuales. Surgimos en octubre de 1998, a raíz del huracán Mitch, una tragedia que significó también una oportunidad para los procesos de articulación ciudadana. Nuestra misión
es construir ciudadanía activa para incidir en políticas públicas en la construcción de una Nicaragua democrática, equitativa y solidaria. Somos una parte de la sociedad civil organizada que elabora y posiciona propuestas de políticas de transformación social, económica y cultural. Lo hacemos con autonomía de otros poderes y de otros intereses.

Actualmente, nuestros ejes de trabajo se centran en dos grandes objetivos: la democratización de Nicaragua y la justa redistribución de sus riquezas, con un enfoque integral de desarrollo. Para contribuir a estos objetivos hemos precisado ejes nacionales de trabajo: todo lo relativo a la lucha contra la corrupción, el marco jurídico de la participación ciudadana, la elaboración de propuestas de leyes que favorezcan a la ciudadanía, la auditoría social a las estrategias de reducción de la pobreza y a las políticas públicas. En el ámbito económico, nos centramos en los presupuestos públicos
-el nacional y los municipales-, la política fiscal, la política tributaria, la deuda interna y la externa, las condicionalidades de los organismos financieros internacionales. Desde estos ejes buscamos incidir en la ciudadanía, en el gobierno,
en los poderes del Estado y también en la cooperación internacional. Estamos convencidos de que, aunque somos uno de los países más empobrecidos del mundo, tenemos un potencial increíble en recursos humanos y en capacidad
de análisis y propuestas para transformar esta realidad. Y apostamos a generar pensamiento político a partir
de esas propuestas.

La Coordinadora Civil no es una oficina en Managua, esa oficina donde tan sólo trabajamos ocho personas. La Coordinadora es la conciencia crítica de cada uno de sus miembros, de cada una de las más de 600 organizaciones que la integran, en su red de voluntarios y en sus comisiones. Es la organización territorial y sectorial de mucha gente que estamos aprendiendo a participar y a actuar con conciencia ciudadana.

Trabajamos por lo que llamamos “el control de lo público”, considerando que ése es uno de los principales roles de la sociedad civil. Nos podemos imaginar a la Sociedad Civil como una señora grande, fuerte, robusta donde todo el mundo cabe. Somos, en realidad, una parte de esa sociedad, que está organizada, empoderada y apropiada de sus derechos y deberes y que aspira a incidir en los tomadores de decisión reflexionando, criticando con propuestas, demandando, movilizándonos para que las cosas cambien en Nicaragua.

El 23 de mayo, la Coordinadora Civil celebró su Asamblea anual. Participaron más de 460 de las organizaciones
que la conforman.Nos reunimos para reflexionar colectivamente sobre el contexto nacional en los primeros cuatro meses del nuevo gobierno. En Nicaragua, la institucionalidad y la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana, han estado en dependencia de la voluntad y de los intereses de los partidos en el poder. Hoy percibimos retrocesos en estos ámbitos. Y pensamos que si la ciudadanía no defiende lo que hemos conquistado habrá más retrocesos. La institucionalidad democrática es aún muy frágil y los poderes del Estado continúan partidarizados, con cargos que se designan según intereses partidarios y no por razones profesionales. A este grave problema -que deriva del pacto político-económico entre los dos partidos mayoritarios y, que venimos sufriendo desde hace años- sumamos ahora la preocupación por la instalación de los Consejos del Poder Ciudadano, que están organizándose desde el Poder Ejecutivo.

Nos preocupa esta decisión del gobierno porque, a pesar de todo, en muchos territorios y comunidades la democracia participativa ya es real en Nicaragua. Existen localidades donde la ciudadanía organizada ha entrado en interacción directa con las autoridades a partir de sus problemas, ha aprendido a presentar propuestas, pequeños proyectos de inversión local y proyectos más amplios de nivel municipal. Ya hemos comenzado a romper el hielo que nos paralizó en la década de los 90, cuando las organizaciones sociales que trabajábamos con la gente teníamos recelo en relacionarnos con los gobiernos municipales. Este hielo se ha roto con procesos de acercamiento, de diálogo, con metodologías de participación. Y ya hay muchos gobiernos municipales que entienden la importancia de la participación ciudadana. En estos últimos años y en varias alcaldías -no podemos decir que en todas-, la ciudadanía ha alcanzado un nivel de participación importante para hacer sus planteamientos directos, para entrar en un diálogo con las autoridades municipales, para saber cómo se están usando sus recursos. Hay experiencias muy válidas de organización en Totogalpa, en Somoto, en Chinandega, en Carazo, en Estelí, en Bluefields, en El Rama. En estos lugares hay ya ciudadanos y ciudadanas que han apostado a romper los esquemas de gobierno tradicionales que no dan lugar a una participación efectiva..

Sentimos que esa democracia participativa es real y sabemos que se está construyendo a diario. Creemos que eso nos indica un rumbo para transformar este país. Sabemos que una limitante principal para la transformación es la cultura política tradicional, basada en el vínculo entre caudillismo y clientelismo que tanto nos cuesta romper y que nos impide ver con objetividad lo que está ocurriendo en el país. Pero creemos que en estos años hemos avanzado en la construcción de ciudadanía activa, especialmente desde los territorios y desde los municipios.

Un tema de discusión crucial en nuestra Asamblea fue el papel que jugarán los Consejos del Poder Ciudadano promovidos por el nuevo gobierno desde sus estructuras y dirigidos por los liderazgos partidarios, conformando así un claro vínculo Estado-Partido. ¿Qué papel van a tener los Consejos? ¿Vienen a sustituir, a desplazar, a controlar,
a aislar los espacios de participación ciudadana que ya existen, que son los Comités de Desarrollo Municipal y Departamental, los Consejos Regionales de la Costa Caribe y el CONPES a nivel nacional? ¿Vienen a competir con ellos?

La Ley de Participación Ciudadana -que estableció el marco jurídico de estos espacios que ya existen- permite crear otros espacios de participación, pero los nuevos Consejos no pueden sustituir a los que ya funcionan legalmente. Y mucho menos pueden partidarizar las instancias de participación. La fusión Estado-Partido es un error que ya se cometió en Nicaragua y que no debe repetirse. No decimos que no deben existir los Consejos del Poder Ciudadano. Pero tenemos derecho de conocer cómo van a actuar y si van a representar realmente a toda la población o sólo a los militantes y simpatizantes del FSLN. En los municipios de León y Chinandega los promotores de los Consejos están convocando a la ciudadanía a integrarse a los Consejos diciéndole que los Comités de Desarrollo Municipal van a desaparecer.

A la Coordinadora llegó un documento en donde se explica la filosofía con la que se van a construir los nuevos Consejos de Poder Ciudadano, en los que una docena de personas nombradas para cada tema -salud, educación, producción, cultura, deporte, economía, comercio, etcétera- serán como los puentes entre las instituciones del Estado y la ciudadanía. Esto ya nos suena a que el Consejo será una instancia paralela que sustituirá al Comité de Desarrollo Municipal, que es el espacio legal en donde se discuten y se presentan las propuestas al gobierno municipal. Aunque nos dicen que no será así, la visión de quienes ya están construyendo los Consejos es de sustitución o de aislamiento de lo que ya existe. Lo que nosotros proponemos es enriquecer los espacios de ciudadanía que ya están funcionando.

En la Asamblea de la Coordinadora Civil fue un consenso defender los espacios de participación ciudadana que ya existen. No puede ser que después de tantos años y de tantas luchas y esfuerzos que nos costó construir un marco jurídico de participación real -con Alemán, que nos atacó permanentemente y con Bolaños- que venga ahora el actual gobierno a desaparecernos de un tajo estos espacios en nombre de la “democracia directa”. No puede ser. Vamos a defender estos espacios.

Las organizaciones no estamos dispuestas a perder lo que hemos conquistado y vamos a defender los espacios de participación legalmente constituidos. Los Comités de Desarrollo Municipal demandan que los Consejos no sean partidarios ni sustituyan lo que ya hay. Hay alcaldes que han señalado que los Consejos pretenden atropellar el marco jurídico de la participación ciudadana y que han dicho que no lo van a permitir.

El caso del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (el CONPES), es crítico. Fue creado como un organismo de consulta del Presidente de la República, pero siempre pensamos que también debería tener capacidad de incidir en la toma de decisiones de las políticas públicas. Con el gobierno de Bolaños elaboramos una propuesta con ese fin, para mejorar su funcionamiento en esa dirección, pero el Presidente no lo quiso asumir. Ahora, en la misma línea de imponer los Consejos del Poder Ciudadano, el Presidente Ortega nombró a 16 personas afines a gremios sandinistas para que dirijan el CONPES. Esto se hizo sin tomar en cuenta al delegado interino del CONPES, un representante de la Coordinadora en el CONPES, Iván García Marenco, que asumió ese cargo cuando renunció la directora anterior. Mientras estábamos esperando que el nuevo gobierno se reuniera con los miembros del CONPES, llegó el nombramiento presidencial de estas personas para sustituir a los seis directores que según la ley debe tener el CONPES, sin tener en cuenta las normas y los reglamentos y sin que en todo el mes de mayo los nuevos directores se hayan reunido con los miembros plenos del CONPES. Esta forma de actuar nos indica que el nuevo gobierno no piensa dialogar, sino imponerse en el CONPES y por lo visto, con una visión partidaria.

En la Asamblea general de la Coordinadora Civil coincidimos en que estamos ante un gobierno donde la información pública se centraliza y se mantiene en secreto. Falta información o no hay transparencia. No vemos hacia dónde va el Gobierno. Y es urgente saber las metas en salud, educación, infraestructura y producción para los próximos cinco años. No conocemos la proyección del presupuesto público para los próximos años. Tampoco está clara cuál será la inversión en capital social. No tenemos claridad sobre la estrategia de reducción de la pobreza y consideramos que no basta con el programa Hambre Cero.

¿Cuál va a ser la política productiva? Tampoco tenemos clara cuál será la política exterior, qué relaciones internacionales se van a privilegiar y promover. No hay claridad ni precisión. La Coordinadora Civil ha hecho muchas propuestas y recomendaciones y hemos insistido en presentarlas y analizarlas. Pero sólo nos responden: “Estamos trabajando”. No hay justificación para tanta incertidumbre. Y es por eso que mucha gente está planteando que el FSLN estaba preparado para ganar pero no para gobernar.

En la Asamblea de la Coordinadora analizamos que también estamos retrocediendo en el respeto al principio constitucional del Estado laico. La expresión más grave de este retroceso es la penalización del aborto terapéutico. Planteamos la necesidad de reformas constitucionales para reformar el Estado, reformas que surjan de una consulta amplia con la población. Tenemos propuestas para reformar la Ley Electoral, planteamos reducir el número de diputados, prohibir la reelección, establecer que las juntas receptoras de votos no estén en manos de los partidos políticos. Somos conscientes de lo difícil que será lograr todo esto, porque nuestros partidos políticos se han quedado anquilosados y sabemos que con el esfuerzo por construir ciudadanía estamos disputándole a los partidos el espacio social que hasta hace poco ellos dominaban totalmente.

Por eso los caudillos nos descalifican: ¿Quiénes son ustedes -nos dicen-, quiénes los eligieron, a quiénes representan? ¿Quiénes los financian? Nuestra respuesta siempre es la misma: cualquier ciudadano o ciudadana, sólo por el hecho de serlo, tiene derecho a reclamar información, a cuestionar, a proponer, a intervenir en lo público. Y mucho más derecho si está organizado. Nosotros representamos a una parte de la ciudadanía organizada. Y la única ideología que defendemos es la de los Derechos Ciudadanos. La organización a la que pertenecemos es la Ciudadanía. Y la democracia en la que creemos se basa en el ejercicio y la defensa de los Derechos Ciudadanos. Con pocos recursos hacemos mucho. Tenemos una permanente rendición de cuentas y no más concluye el más pequeño proyectito, ahí está la auditoría. Los recursos de la Coordinadora Civil provienen de la Cooperación Europea. No tenemos vínculos con fondos de organizaciones oficiales de Estados Unidos.

En nuestra Asamblea observamos también que las decisiones más importantes de política económica las ha continuado llevando el nuevo gobierno en secreto y a espaldas de la población. No conocemos cuál es el programa económico que el gobierno está negociando con el FMI. La Coordinadora Civil ha ido a Washington a hablar con el directorio del Fondo Monetario Internacional para explicarle cuál es la realidad de Nicaragua y para reclamarle que no pueden seguir esperando únicamente resultados macroeconómicos y sometiendo a Nicaragua a una serie de condicionalidades. Hemos dialogado con ellos. ¿Y por qué no podemos dialogar con nuestro gobierno?

El 26 de octubre de 2006, once días antes de las elecciones, más de 16 mil personas de todo el país, convocadas por la Coordinadora Civil, participamos en Managua en una marcha en la que le reclamamos al FMI que no siga imponiendo condiciones a nuestro país y en la que le demandamos a los cinco partidos en la contienda electoral cumplir con la “Agenda de la Nicaragua que Queremos”. Allí proponemos la reestructuración de la deuda interna, para con estos recursos atender tantas necesidades en salud y educación, allí proponemos una mejor política fiscal.

Tenemos una posición firme frente al Fondo Monetario. ¿Y el gobierno? Aún no sabemos. Le hemos pedido al gobierno un diálogo abierto sobre los temas económicos, pero nos responde a medias. Lo único que hemos conocido es que mantienen todo lo planteado por el gobierno de Bolaños con el FMI para el trienio 2007-2009. Las mismas políticas prácticamente. Entonces, ¿cuál es el cambio? Estamos angustiados. Sabemos cuál era el marco presupuestario de Bolaños, sabemos que en las negociaciones con el FMI se está “cocinando” el futuro del país para los próximos cinco años, pero no sabemos qué está negociando con el FMI el nuevo gobierno.

Desde los territorios tenemos ya información del impacto que ha tenido entre los productores el TLC con Estados Unidos. No ha sido beneficioso, como decía la propaganda. Hoy, sentimos que los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica tampoco van a beneficiarnos. Hemos hablado de esto con los parlamentarios europeos y con las delegaciones de la Unión Europea. La presencia en nuestra región de Centroamericana por el Dialogo (CAD), estructurada desde Belice hasta Panamá, con más de dos mil organizaciones similares a las que integramos la Coordinadora Civil de Nicaragua, nos da fuerza para sentirnos un foro social de interlocución válido que proponga y demande con voz firme e independiente de las estructuras oficialistas.

La cooperación internacional juega un papel muy importante en Nicaragua por la alta dependencia que tenemos de la ayuda externa. Pero esta cooperación, ¿está orientada a nuestras necesidades o nos viene impuesta para promover determinados programas? Tenemos estudios que reflejan que del 60% de la cooperación internacional bilateral que llega a los gobiernos nacionales -el 40% se queda en trámites administrativos del gobierno cooperante- sólo le llega a la gente un 10-15% en forma de proyectos, servicios, insumos, herramientas y créditos. Hemos hablado con la cooperación para que esa proporción cambie. Y luchamos por una cooperación descentralizada, la que llegue directamente a la población, la que es posible a través de hermanamientos y de proyectos transparentes elaborados con la ciudadanía.
En nuestra Asamblea, y sin ningún reparo, respaldamos algunas decisiones del nuevo gobierno. La gratuidad en la educación y en la salud, la voluntad política para la creación del banco de fomento, la reducción de los megasalarios en el Ejecutivo, aunque seguiremos exigiendo que se reduzcan los megasalarios de los otros poderes del Estado. Respaldamos también la nueva campaña de alfabetización, pero queremos saber cuál es la estrategia de sostenibilidad de este proyecto, para evitar que termine en el analfabetismo funcional que hoy padecemos. Respaldamos una estrategia energética de mediano y largo plazo, más allá de las plantas de emergencia que el nuevo gobierno ha traído y que han paliado parcialmente los problemas en el corto plazo. Respaldamos también el aumento del 18% del salario mínimo y exigimos que pronto el salario mínimo cubra la canasta básica. Demandamos una verdadera autonomía para la Costa Caribe. Demandamos que el presupuesto para educación alcance el 7% del PIB, para así poder alcanzar al menos uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: asegurar la primaria universal y gratuita para toda la población. Demandamos que el salario del magisterio alcance pronto el promedio del salario del magisterio centroamericano.

También demandamos que todos los aportes de los convenios firmados con Venezuela aparezcan reflejados en el Presupuesto General de la República. El petróleo que Venezuela nos vende en condiciones tan favorables le dejará a Nicaragua 300 millones de dólares anuales. Es una cantidad que supera lo que aporta el Banco Mundial, el BID y el BCIE juntos. Desde la ciudadanía debemos conocer cómo se emplean estos recursos y debemos poder auditarlos. Si la ayuda venezolana queda fuera del presupuesto se puede generar más clientelismo, más empresas privadas privilegiadas y más necesidades sociales no cubiertas. Además, se estaría violando la ley al no ingresar estos recursos al Presupuesto, atentando así contra la institucionalidad.

La reestructuración de la deuda interna proveniente de las quiebras bancarias y la emisión de certificados de inversión bancarios CENIs ha sido desde hace años una de las banderas de la Coordinadora Civil. Lo seguirá siendo mientras
no se reestructure la deuda, que fue un proceso irregular que afectó y sigue afectando el patrimonio nacional favoreciendo al sistema financiero nacional. Desde hace años hemos llevado adelante una campaña de sensibilización e información hacia la ciudadanía sobre el tema de la deuda interna, convencidos de que así se genera opinión pública y se construye ciudadanía.

La Coordinadora Civil introdujo en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para reestructurar la deuda interna. Una decisión que consideramos urgente si queremos contar con más recursos para inversión social. Proponemos aumentar de 10 a 30 años el plazo de pago y reducir sus intereses del 9% al 3%, según los estándares internacionales. Si lográramos eso, liberaríamos una buena cantidad de recursos para invertirlos en mejorar la educación y la salud, bases fundamentales para el desarrollo. No nos cabe ninguna duda de que hay gente importante de todos los partidos políticos que estuvo involucrada en las quiebras bancarias y en las irregularidades que hubo después en los procesos de reclasificación de las carteras, en la subasta de los bienes de los bancos quebrados, que fueron vendidos a precios irrisorios, y en las decisiones de las juntas liquidadoras.

No vamos a quitar el dedo de esta llaga. Porque creemos que los bancos que se beneficiaron ampliamente con estas quiebras, y con lo que sucedió después, ya ganaron bastante y ahora hay que devolverle al Estado el patrimonio nacional afectado. Nos dicen que habrá una gran inestabilidad política si se “toca” al sistema financiero. Nos han llamado, nos han cuestionado, nos han amenazado. Pero no vamos a quitar el dedo de esa llaga, no vamos a abandonar esta lucha. Demandamos una investigación a fondo sobre los CENIs, una investigación económica, financiera y jurídica y esperamos que las instituciones no encubran a los responsables para que todo quede, como tantas veces, en la impunidad. El Presidente Ortega dijo ya públicamente que hay que reestructurar la deuda interna. Estamos pendientes si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tendrán voluntad política para hacerlo.

Ante esta situación que vive el país, que nos plantea muchas áreas grises de incertidumbre, en nuestra Asamblea General vimos también la necesidad de un acuerdo nacional que surja de un Diálogo Nacional, donde se discutan las diversas propuestas de los diferentes actores y se genere un consenso. Un diálogo sólo entre los partidos políticos y un pequeño grupo de sociedad civil no beneficiaria al país. Nosotros queremos un verdadero Diálogo Nacional y estamos listos para él. Un Diálogo Nacional de este tipo no se ha realizado nunca en Nicaragua.

Trabajaremos por un diálogo que responda a la ciudadanía y que nos quite tantas desconfianzas acumuladas. Creemos que urge un diálogo político que nos lleve a un diálogo estratégico sobre “la Nicaragua que queremos”. Ése es precisamente el título de uno de los documentos centrales de la Coordinadora Civil y es la herramienta número uno que hoy tenemos para monitorear las políticas públicas. Se trata de un documento surgido de un proceso territorial muy amplio y que fue firmado por los cinco partidos participantes en las elecciones de noviembre.

Necesitamos que este gobierno y que los futuros gobiernos respeten un Plan de Desarrollo para los próximos cincuenta años. Estamos conscientes de que es algo muy complejo y nada fácil, pero es un compromiso fundamental que debemos de asumir como país.

Desde nuestro modesto esfuerzo nos comprometemos a continuar defendiendo nuestra autonomía, empoderando a la ciudadanía, fortaleciendo los procesos de investigación, formación política ciudadana y de incidencia en los tomadores de decisión, generando opinión pública, practicando la crítica constructiva, elaborando propuestas y promoviendo
la organización y la movilización social en defensa de los derechos ciudadanos. Por la Nicaragua que queremos.

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