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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 303 | Junio 2007
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Guatemala

El crimen organizado está enquistado en el poder público

El asesinato el 19 de febrero de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano en Guatemala -uno de ellos el hijo el fundador de Arena, Roberto D´Aubuisson-, es el caso más revelador de que el crimen organizado está instalado, enquistado, en las instituciones públicas guatemaltecas.

Juan Hernández Pico, SJ

El 9 de septiembre la población guatemalteca acude a las urnas para elegir nuevo Presidente, diputados y alcaldes. Según la tercera encuesta realizada por Vox Latina para “Prensa Libre” del 12 al 20 de mayo, el número de indecisos crece: 42.5% de los encuestados no decide aún por quién votará, pero afirma que quiere votar. La mayoría de los indecisos se ubica entre las personas mayores de 56 años y con menor escolaridad.

A la cabeza de las preferencias se mantiene Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con una simpatía del 20.6% de los consultados. La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, candidata por Encuentro por Guatemala, obtiene apenas un 2.9%.

¿ENTIERRO DE LA IZQUIERDA?

Menos de una semana antes se habían publicado los resultados de otra encuesta, esta vez encargada por “El Periódico” a Borge y Asociados. En ella, las preferencias electorales se conservan para Colom y Pérez Molina, aunque con porcentajes mayores que en la encuesta de Vox Latina: casi 26% para Álvaro Colom y 15% para Otto Pérez Molina. Giammattei, de la gobiernista GANA, aparece en cuarto lugar (5.6%), superado por Rigoberta Menchú (6.2%). Los demás candidatos se reparten el 6% de la intención de voto. Un 41% está indeciso o no votará.

En ambas encuestas es destacable que el candidato de MAIZ (Movimiento Ampliado de Izquierda), Miguel Angel Sandoval, ni siquiera aparece con alguna intención de voto. Encuentro por Guatemala (Nineth Montenegro y Rigoberta Menchú) rechazó un pacto con ellos antes del lanzamiento de la campaña. MAIZ engloba a la URNG y a otras personalidades de izquierda independiente o disidente de la URNG. Si esta situación se mantiene, las elecciones de 2007 podrían ver el entierro de la izquierda más tradicional de Guatemala, a menos que MAIZ logre alguna diputación.

EL CASO MÁS REVELADOR

La secretaria general de Encuentro por Guatemala, de centro-izquierda, Nineth Montenegro, considera que la campaña electoral ha empezado con “mucha violencia”, declaraciones que hizo tras el ametrallamiento el 27 de mayo, frente a la puerta de su casa, de Liberaldo Granados, secretario departamental de EG y candidato a la Alcaldía de Zacapa, uno de los departamentos del país más penetrados por el crimen organizado.

En este contexto adquiere especial relevancia el documento elaborado por las organizaciones de Derechos Humanos miembros del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, a los tres meses del asesinato de tres diputados salvadoreños del PARLACEN y su chofer en Guatemala el 19 de febrero, considerado por estas organizaciones como “el caso más revelador en los últimos años de que el crimen organizado se ha enquistado en nuestras instituciones”. Y ése es precisamente el título que han dado a sus “consideraciones” las organizaciones sociales: “Crimen organizado enquistado en el poder público”.

UN PROBLEMA CRUCIAL Y PENDIENTE

Las organizaciones de derechos humanos se refieren al contexto histórico en el que hay que situar la actual violencia institucionalizada: “Algunos de nuestros países -Guatemala, El Salvador y Honduras- estuvieron involucrados en la década de los 70 en conflictos armados en donde las estructuras policiales y militares fueron cómplices de graves violaciones a los derechos humanos, ya que durante los regímenes militares jugaron un rol de defensa de los intereses de los grandes poderes económicos”.

“Aún en los países centroamericanos en donde no hubo conflictos armados el problema del sometimiento de las instituciones policiales y militares a la ley y al respeto de los derechos humanos siempre ha sido una preocupación. Con la finalización de los conflictos armados en la región, y con las firmas de acuerdos de paz en algunos de nuestros países, nuestras instituciones militares y policiales fueron sometidas a procesos de redefinición y reestructuración, en donde el eje central de la discusión fue la separación entre la seguridad nacional y la seguridad pública y la idea de establecer una policía de carácter civil. La mayoría de nuestros países han pasado por esos procesos y los avances en estos años han sido importantes. Sin embargo, hoy en día se puede afirmar que la mayoría de las instituciones de seguridad en la región sigue violando los derechos humanos de la población”.

QUÉ ES EL CRIMEN ORGANIZADO

La impunidad y la histórica convivencia con la impunidad han hecho fracasar estos procesos. Así lo afirman los organismos de Derechos Humanos: “Un factor que ha impedido el éxito de estos procesos ha sido la corrupción, y la incapacidad de nuestras instituciones de depurar y deducir responsabilidades sobre los responsables de crímenes de lesa humanidad en el pasado reciente, lo que ha ido complejizándose con el fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado”.

Y asumen la definición que de “crimen organizado” brinda el Código Penal alemán: “Crimen organizado es la violación planificada de la ley al objeto de adquirir beneficios económicos o poder, cuyos delitos son independientemente, o en su conjunto, de especial gravedad y se llevan a cabo por más de dos participantes, que cooperan en el marco de una división laboral por un período de tiempo prolongado o indeterminado utilizando (a) estructuras comerciales o para-comerciales, o (b) violencia u otros medios de intimidación, o (c) influencia en la política, en los medios de comunicación, en la administración pública, en el sistema de justicia y en la economía legítima”.

LO QUE HA REVELADO ESTE ASESINATO

En este contexto, los organismos de Derechos Humanos enlistan consideraciones extremadamente graves sobre todos los hechos ocurridos tras el asesinato de los tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano.

“Ahora es claro que dentro del Ministerio de Gobernación y la Policía guatemalteca ha venido funcionado una estructura paralela responsable de actos de limpieza social y conectada con estructuras del crimen organizado. Una carta de uno de los involucrados en el asesinato, hoy prófugo, dada a conocer hace algunas semanas, también señala el involucramiento del Presidente Oscar Berger dentro de esas estructuras”.

“Los mismos involucrados en los asesinatos y en estas estructuras se hicieron cargo de las investigaciones e hicieron todo lo posible por entorpecer la misma: ocultando o destruyendo información, dando versiones falsas o inexactas de los hechos y hasta evidenciando su involucramiento en la muerte de los cuatro policías señalados como autores materiales, que fueron asesinados dentro de una prisión a tan sólo 24 horas de haber ingresado en ella”.

“El resultado de la investigación no ha identificado hasta ahora a los autores intelectuales ni ha despejado las dudas sobre otros funcionarios que puedan estar involucrados, por lo que tememos que debido a la influencia de los grupos ilícitos en nuestras instituciones este caso quede en la impunidad, como tantos otros”. Ante esta ineficacia, los organismos de Derechos Humanos reclaman, especialmente a las autoridades de Guatemala y El Salvador, “una investigación independiente e imparcial que asegure explorar hasta sus raíces los móviles y los involucrados” y que “permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, incluidos los funcionarios involucrados”. Y no descartan que esa investigación independiente aclare “la posible relación o participación de algunos de los diputados asesinados con actividades del narcotráfico o del crimen organizado, tomando en consideración, que en nuestros países hay ya varios casos de diputados o funcionarios involucrados en actividades ilícitas”.

PENETRADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO

Con una visión centroamericana, los organismos de Derechos Humanos concluyen diciendo lo que diversas organizaciones vienen señalando desde hace años: la violencia institucionalizada en los años de la guerra permanece hoy en nuestra región bajo otras modalidades, lo que impide la democracia, el desarrollo y la vigencia de los derechos humanos. Terminaron las guerras, pero el crimen organizado impide la paz.

Dicen: “Este asesinato y su contexto no debería verse como un fenómeno exclusivo de Guatemala. La existencia de estructuras paralelas que funcionan al margen de la ley es un fenómeno que se ha dado en la historia de nuestros países bajo diferentes formas: “escuadrones de la muerte o diversos grupos de exterminio o limpieza social” Y citan un conocido caso de El Salvador de los años 90, el de Víctor Rivera, alías “Zacarías”, que era asesor del Ministro de Gobernación guatemalteco y tenía una estructura paralela del crimen organizado montada con la anuencia del entonces Ministro de Seguridad salvadoreño. “Prácticamente, hay denuncias de la actuación de estos grupos al margen de la ley en la mayoría de países de la región”, afirman los organismos de Derechos Humanos. Y añaden: “Estos grupos ilícitos que funcionan al margen de la ley, que en el pasado fueron parte de estructuras militares, han evolucionado hacía una compleja red de criminales involucrados, ya no sólo en la represión política, sino en el narcotráfico, en el lavado de dinero y en otras formas de crimen organizado. Aunque no se conocen con exactitud los niveles de su injerencia, se considera que estos grupos han penetrado prácticamente todos los niveles de las instituciones de nuestros Estados, considerando los casos de funcionarios centroamericanos que han sido procesados o detenidos por su relación con el crimen organizado en los últimos años”.

Tomando en cuenta que los asesinados eran diputados del Parlamento Centroamericano -una institución supranacional de la integración centroamericana, cuestionada desde diversos ángulos- los organismos de Derechos Humanos reclaman a las autoridades del PARLACEN “contribuir al combate del crimen organizado y su injerencia en nuestros gobiernos, propiciando el desarrollo, el debate y el cumplimiento de las normas internacionales para el combate del crimen organizado y de la corrupción”.

UNA NUEVA INICIATIVA PARA UNA TAREA URGENTE

En este contexto, tiene un gran valor el fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declarando que no es inconstitucional -como algunos sectores interesados pretendían- la propuesta de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un nuevo organismo de lucha contra las estructuras del crimen organizado, que uniría a Guatemala y a la ONU en ese empeño, según el Acuerdo firmado por el gobierno guatemalteco y la ONU en diciembre de 2006.

La Fundación Myrna Mack, que ha respaldado tanto esta iniciativa, considera que “abre oportunidades para que el consenso y la voluntad política primen en pro de iniciar un real combate contra el crimen y la violencia que afectan profundamente a la población y a las instituciones”.

Sin embargo, alerta que, a pesar de esta esperada resolución, la aprobación de la CICIG no está aún garantizada, debido a la resistencia de sectores de poder. Y espera que el arranque oficial de la campaña electoral, plena de proselitismo y de promesas, no retrase este nuevo mecanismo y otros -Ley Marco de Seguridad y otras iniciativas legales estancadas como las reformas a la Ley de Amparo, la Ley de Armas y Municiones y la Ley de Servicios de Seguridad e Investigación Privada-, que considera urgentes “para combatir con eficacia las estructuras clandestinas que generan crimen y violencia de altísimo impacto político y social”. Esas estructuras clandestinas que, ya es evidente, están enquistadas en el poder público.


CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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