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  Número 255 | Junio 2003
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Nicaragua

Noticias del mes

ZAPADORES A IRAK
El 23 de mayo, el Inspector General del Ejército de Nicaragua informó que, respondiendo a la iniciativa del Presidente Bolaños, preparaban a unos 50 expertos zapadores para viajar a Irak a realizar allí tareas de desminado. El contingente, que estaría a las órdenes de las fuerzas estadounidenses que invadieron Irak, irá acompañado de una brigada médica. El Ejército calculó el costo de la operación en dos millones de dólares, cantidad que deberá pagar el gobierno de Nicaragua. Es al Poder Legislativo al que corresponde autorizar el envío de militares nicaragüenses a Irak. Los diputados afines al Ejecutivo anunciaron su respaldo. También lo anunciaron los liberales del PLC, que aunque en oposición al Ejecutivo, declararon que lo harían “por principios”. Los diputados del FSLN rechazan la iniciativa. El Ejército de Nicaragua tiene 588 expertos en desminado. Bolaños los ha calificado como “los mejores del mundo”. El Programa de Desminado de Nicaragua, que debe concluir en 2005 con la erradicación de todas las minas sembradas durante la guerra de los 80, es financiado por la OEA y otros países donantes. El representante de la OEA en Nicaragua, Sergio Caramagna, aclaró que la OEA no respaldará ni con financiamiento ni con equipo el plan de trasladar zapadores nicas a Irak.

CARIBE: NARCOTRÁFICO
Durante todo el mes de mayo la opinión pública fue conociendo, unas tras otra, noticias cada vez más precisas y graves sobre la extensa penetración del narcotráfico en la Costa Caribe. La acuciosa investigación del diario “La Prensa” se inició informando sobre la complicidad del jefe antidrogas de la RAAS en el tráfico de cocaína procedente de Colombia. Varios periodistas fueron amenazados de muerte. La Policía Nacional realizó una investigación. El 4 de junio, como primer resultado, demostró “responsabilidades administrativas muy graves” en cuatro funcionarios policiales antidrogas de Bluefields. Los trabajos periodísticos destaparon a diario otros vínculos del narcotráfico con los más variados sectores del Caribe norte y sur. Días después del inicio de los reportajes, fue asesinado en Managua, al más clásico estilo de los crímenes relacionados con la narcoactividad, Lino Orozco, empresario maderero, colaborador de la Policía en la Costa. El Ejército de Nicaragua se declaró carente de recursos para enfrentar el narcotráfico, al que vincula al tráfico de madera. Una delegación de alto nivel de la Procuraduría de Derechos Humanos visitó la Costa e hizo un diagnóstico de la situación social: desempleo masivo, empobrecimiento creciente con opulencia entre la gente vinculada al narcotráfico, trabajo infantil generalizado y “niveles indecibles” de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.

PENSIONES VITALICIAS
A mediados de mayo fueron presentadas en la Asamblea tres iniciativas de reformas a la Ley de Inmunidad con un mismo objetivo: eliminar las pensiones vitalicias que reciben desde 1990 los ex-Presidentes y ex-Vicepresidentes de la República: unos $8 mil y $7 mil mensuales respectivamente. La meta es que las pensiones dejen de ser vitalicias y se entreguen sólo durante el año siguiente a haber abandonado el cargo. Otra meta es que nadie reciba más de un salario del Estado. El caso más polémico es el del Presidente Bolaños, con salario como Presidente y pensión vitalicia como ex-Vicepresidente. De no aprobarse las reformas, cuando termine su gestión Bolaños recibirá del Estado cuatro salarios: dos vitalicios (de ex-Presidente y de ex-Vicepresidente) y dos más durante cinco años, pues pasaría automáticamente a ser diputado al Parlamento Centroamericano y diputado al Parlamento nacional. Al anunciarse el proyecto, Bolaños no disimuló su malestar. “¿Es una ley patriótica o tiene nombre y apellido, sólo para quitarme un derecho que yo me gané?”, dijo, sin descartar que podría vetar las reformas. Lo que sí aprobaron ya los diputados fue eliminar las pensiones vitalicias que se habían otorgado los magistrados de la Corte Suprema: unos $6 mil mensuales, además de los $1,500 que ya reciben como jubilación por el seguro social.

SUBASTA DE PROPIEDADES
El 21 de mayo el Banco Central subastó unas 900 propiedades (rurales y urbanas de todo el país, la mitad de ellas fincas, la quinta parte en Matagalpa) y una cartera de unos 5,500 créditos (unos $206 millones), activos embargados tras la quiebra fraudulenta en los últimos años de siete bancos estatales y privados. A la subasta se presentaron 110 ofertas de compra, la mayoría hechas por nicaragüenses. Recuperar dinero público a través de estas subastas es una más de las condiciones del FMI para condonarle a Nicaragua parte de su deuda externa dentro de la Iniciativa HIPC. La subasta fue precedida de contundentes protestas de dirigentes del sector agropecuario, quienes alertaron sobre la inestabilidad que este despojo crearía en el campo y la ruina a la que llevaría a pequeños, medianos y grandes productores rurales. La presión crecía a diario y el 16 de mayo, el Presidente Bolaños cedió: sólo se subastarían los activos de los mayores deudores: 2,874, los que tienen compromisos en mora de unos 100 mil dólares en promedio cada uno. Bolaños dio así otra oportunidad a los que tienen deudas de menos de 10 mil dólares: 32,132 deudores pequeños. La subasta de sus propiedades se hará en lo que resta del año. Al abrir las ofertas, se conoció que el Banco Central apenas recuperó el 7% del total subastado y no hubo ninguna oferta para comprar propiedades rurales.

INSUFICIENCIA RENAL
Después de dramáticas movilizaciones de centenares de trabajadores del Ingenio San Antonio con los graves síntomas de la insuficiencia renal crónica, que ellos atribuyen a los agroquímicos usados en la zafra azucarera del Ingenio, la Asamblea Nacional aprobó el 16 de mayo una ley que incorpora esta enfermedad al Código del Trabajo en la lista de dolencias que atiende el seguro social como riesgo laboral. La reforma permite también a los afectados reclamar indemnización a sus patronos. En este caso, a la familia Pellas, dueños del San Antonio y el capital más poderoso del país, estrechamente vinculado al gobierno Bolaños. La dirección del Ingenio argumentó, con estudios que vienen realizando desde hace años, que la insuficiencia renal crónica es multicausal: factores genéticos, malnutrición, diabetes, hipertensión, etc.; que es una enfermedad tan extendida entre la población masculina rural de todo el Pacífico que “presenta un comportamiento de epidemia nacional”; que el Ingenio San Antonio no emplea químicos que produzcan esa enfermedad; y que muchos de quienes participaron en las manifestaciones no han trabajado como cañeros en el Ingenio. Los empresarios agrupados en el COSEP pidieron a Bolaños vetar la ley. El 4 de junio, el Presidente la vetó parcialmente buscando “incorporar conceptos que aseguren su viabilidad y mejoren su validez jurídica”. Diputados sandinistas y liberales rechazaron el veto.

VOLCÁN BASURERO
A mediados de mayo, el Alcalde de Managua Herty Lewites lanzó la idea de trasladar “la Chureca”, el gigantesco basurero al aire libre de la capital, al área del volcán de Masaya, para así poder utilizar el magma ardiente de uno de los cráteres de este volcán como incinerador natural de miles de toneladas de basura. Con la ventaja -añadió- de obtener energía de esta combustión. La descabellada idea del alcalde fue rechazada por los masayas y su alcalde, por científicos, ecologistas, turistas y por todas las personas sensatas que con estupor supieron de ella. El Presidente Bolaños la consideró “razonable” y dijo que debía discutirse. El volcán Masaya es uno de los mayores atractivos turísticos que tiene Nicaragua y forma parte de un hermoso parque nacional desde los años 70. El historiador y científico Jaime Incer Barquero calificó esta iniciativa de “inverosímil, absurda y peligrosa”. “Cualquier científico profesional y en sus cinco sentidos sabe que un volcán no es un brasero continuo donde se puede echar basura para quemar. Resulta increíble que se piense convertir un lugar turístico en basurero. Sería repetir lo que pasó con el Lago de Managua, convertido en cloaca de aguas negras, y lo que ocurrió con la Laguna de Tiscapa, convertida en desembocadura de los cauces de la capital que arrastran basura. Nicaragua es el único país del mundo donde se hacen proyectos de envergadura para ensuciar los más bellos paisajes.”

JEREZ: PRIMERA CONDENA
En la noche del 6 de junio, Byron Jerez, ex-director general de ingresos y mano derecha de Arnoldo Alemán, fue sentenciado como culpable de fraude en perjuicio del Estado por un jurado de conciencia. Jerez, preso desde abril del año 2002, es el primer funcionario del gobierno Alemán condenado por un caso de corrupción (“los checazos” de la DGI). La pena que debe aplicarle el juez por este delito oscila entre dos y doce años. Jerez se mostró muy optimista y expresivo con los periodistas durante el juicio. Tal vez porque de los cinco jurados de conciencia, cuatro eran afines al liberalismo o conocidos suyos. Cuando recibió la inesperada condena, se derrumbó y lloró. A Jerez le toca enfrentar otros siete juicios por diferentes casos de corrupción. El día anterior a la sentencia, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que en la “segunda etapa” de la lucha anticorrupción contará con el apoyo de tres expertos estadounidenses que la ayudarán a ubicar, congelar y repatriar el dinero público robado por funcionarios de los tres últimos gobiernos: George Miller y William Nickerson, ex-Secretario y ex-Subsecretario del Tesoro de EEUU y James Symington, ex-congresista. Dos organismos internacionales no identificados por la PGR financiaron su contratación. Sobre la corrupción de gobiernos anteriores, el Procurador Francisco Fiallos dijo: “Aunque ya hayan prescrito algunos delitos, estamos interesados en que se conozca quiénes han usufructuado dinero del pueblo.”

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