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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 256 | Julio 2003
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Honduras

Por los bosques, por el agua, por la vida

Saliendo de la catedral de Juticalpa, en Olancho y tras una misa celebrada por el padre Andrés Tamayo, se inició la Marcha por la Vida, en defensa de los bosques hondureños, que durante una semana conmovió al país. Esta lucha debe verse vinculada a la lucha contra la privatización del agua.

Ismael Moreno, SJ

La Marcha por la Vida en defensa de los bosques hondureños, organizada y encabezada por el sacerdote diocesano Andrés Tamayo ingresó a Tegucigalpa en la mañana del 26 de junio. Siete días antes había salido de Juticalpa, cabecera del oriental departamento de Olancho. La caminata fue de 200 kilómetros. Salieron de Olancho unas 2 mil personas. Al entrar a Tegucigalpa eran más de 15 mil. “Madereros, maderitos: ¡con Tamayo cuidadito!”, decía una manta. En Tegucigalpa se les sumaron los pobladores de las comunidades y de los barrios, que salieron a las calles conformando una interminable muralla de simpatía militante hacia los caminante y hacia la causa que enarbolaban. “Por el bosque y por la vida, esta marcha no se olvida”, decía otra manta.

UNA VOZ EN EL DESIERTO SE CONVIERTE EN VOZ NACIONAL

Muchos años atrás, siendo párroco de San Francisco de la Paz, el padre Andrés Tamayo había comenzado a advertir al gobierno hondureño del peligro que representaba para el agua y para la vida de la población la tala indiscriminada de los bosques olanchanos, los más extensos del país. De acuerdo a cálculos de los ambientalistas de Olancho, esta explotación irracional de la madera ha generado nada más y nada menos que 45 mil millones de dólares en los últimos 20 años, convirtiéndose así los árboles en una auténtica mina de oro para las pocas familias que controlan este negocio con la protección del Estado hondureño.

Al comienzo, las palabras del padre Andrés Tamayo se las llevaba el viento. Sus homilías eran escuchadas muy atentamente por la gente de su parroquia, pero para las autoridades públicas su voz resonaba en el desierto. Con el tiempo, esa voz fue abriendo surcos en la mente de sus parroquianos, en los de otras parroquias y en pequeños y nacientes grupos ambientalistas. Sus mensajes en defensa de los bosques alcanzaron por primera vez una dimensión pública con la elección de Carlos Luna como regidor municipal en el municipio de Catacamas, siempre en Olancho.

La urgencia de salvar los bosques alcanzó con Luna la agenda municipal. Las consecuencias no se hicieron esperar: en mayo de 1998 Carlos Luna fue asesinado por los madereros. Los asesinos materiales recibieron órdenes directas y precisas del yerno del entonces Presidente del Congreso Nacional, vinculado hasta el fondo en el pingüe negocio
de la madera.

40 MIL DÓLARES POR SU CABEZA

La Marcha por la Vida tenía un objetivo específico: detener a los madereros de Olancho y a los de todo el país. Los caminantes han exigido al gobierno declarar de inmediato una veda en el corte de madera como condición para iniciar un diálogo que establezca las responsabilidades del Estado y las de la sociedad civil en la protección de los bosques y en el compromiso con una explotación racional de la madera.

Dos meses antes de la marcha, a comienzos de mayo, los madereros le enviaron al padre Tamayo un aviso: o abandonaba el país antes del 31 de mayo o lo pagaría con su vida. Tamayo denunció que los madereros ofrecían 40 mil dólares por su cabeza. La denuncia de esta amenaza le dio a la persistente lucha del sacerdote una definitiva proyección nacional e internacional. Y cuando convocó a la Marcha por la Vida se le unieron no sólo las comunidades de Olancho. Recibió aprobación y apoyo de muchos sectores de la Iglesia católica y de las Iglesias evangélicas y de organizaciones sociales y populares de todo el país. Andrés Tamayo tiene 47 años, nació en San Vicente, El Salvador. Llegó a Honduras en 1983 y desde entonces trabaja en Olancho, últimamente como párroco de Salamá, población de 70 mil habitantes.

AMBIENTALISTAS ASESINADOS

Entre las demandas de la marcha se exigía también al gobierno identificar y enjuiciar a los madereros responsables de amenazar de muerte a los defensores de los bosques y del medio ambiente. Una demanda no limitada al caso del padre Tamayo. El sistema de justicia hondureño tiene ya en este terreno un sombrío historial, pues supo levantar todas las barreras necesarias para evitar el enjuiciamiento de los asesinos materiales, y sobre todo intelectuales, de los ambientalistas Janeth Kawas, Carlos Luna, Carlos Escaleras y Carlos Flores, los tres primeros asesinados en la segunda mitad de la década de los 90 y el último asesinado hace menos de dos años, muy cerca de la parroquia del padre Tamayo.

LO PRIMERO DEBE SER UNA VEDA

Hay sectores que critican la veda como condición para dar paso a nuevas medidas para la protección de los bosques. Argumentan que una veda no resuelve el problema, que los árboles tienen que ser cortados para bien del mismo bosque, y que una veda vendría a afectar a miles de personas que comen gracias al trabajo en los aserraderos.

El padre Tamayo insiste: “Primero debe ser la veda. Después sería la auditoría y luego la metodología de recuperación, en donde debemos saber cuánto se invertirá en reforestación y quién la pagará”. La veda, como condición previa, es importante también como una señal que indique que existe voluntad política de poner fin al abuso forestal. No es la solución definitiva al problema, pero es un requisito y una señal. Obviamente, esta veda se deberá reglamentar para evitar que se convierta en instrumento que perjudique al campesino pobre que corta árboles para leña o para construir su casa. La veda propuesta es en sentido comercial, y debe detener la dinámica destructora que engorda la fortuna de unos pocos sin importarles el daño que nos causan a todos.

La veda es condición necesaria y urgente mientras se realiza una auditoría. Frenar las motosierras y el corte ilegal permitirá definir lo que corresponderá hacer a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), y dará paso a la discusión y aprobación de una nueva Ley Forestal. A partir de ahí, se trazará el camino a seguir.

De acuerdo a otro de los sacerdotes olanchanos vinculados a esta lucha, “la veda no es una medida empírica, no es tampoco una propuesta emocional, hay técnicos que determinaron que es necesaria y que dará resultados inmediatos”.

EN DOCE AÑOS YA NO HABRÁ BOSQUES

Los ambientalistas olanchanos saben por qué demandan la veda inmediata como condición previa a cualquier diálogo: el corte de unos 40 mil árboles diarios ha significado la desaparición, en los últimos veinte años, del 70% de los bosques de Olancho. Cada hora se pierden en el departamento de Olancho 44 hectáreas de bosques, más de
400 mil al año.

A este ritmo, en el 2015 habrán desaparecido todos los bosques. Y con los bosques, desaparecerá el agua y hasta las comunidades. Donde hubo un paisaje verde y frondoso con el rumor de ríos y quebradas, hoy ya empezamos a ver un cementerio de árboles, un interminable monumento de piedras y sequedades. Los ambientalistas olanchanos saben que tras la deforestación se desatará la violencia social provocada por la escasez de agua, que obligara a la población a emigrar masivamente hacia los centros urbanos.

OLANCHO, EL VERDE DE HONDURAS

Olancho es el departamento más grande de los 18 que tiene Honduras. Su superficie, más de 24 mil kilómetros cuadrados, es más extensa que la de El Salvador. De las más de 11 millones de hectáreas de bosques que tiene el país, cerca de 2 millones y medio están en Olancho, en donde se encuentra la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, patrimonio de la humanidad.

Esta verde zona de nuestro país es la zona más severamente deforestada. De acuerdo a informaciones públicas, en el 80% de los árboles que se cortan en Olancho no se cumplen las regulaciones de la actual Ley Forestal. La COHDEFOR ha sido incapaz de controlar los planes de manejo y las zonas donde se deforesta. Esta institución no sólo ha demostrado su incapacidad, sino que es conocido que algunos de sus funcionarios se han confabulado con los madereros para participar en los beneficios de “la tala inmisericorde”, como la califica el padre Tamayo.

EL PADRINAZGO DE “LOS BARONES DE LA MADERA”

Así como existen en Honduras regiones bajo el control casi total de los narcotraficantes -es el caso de Colón y Gracias a Dios en el noreste hondureño-, el departamento de Olancho, y buena parte del de Gracias a Dios, se encuentran bajo control de los depredadores de bosques. Los candidatos a alcaldes y a diputados por el departamento de Olancho reciben financiamiento de los “barones de la madera”, de manera que una vez elegidos como funcionarios públicos se vean en la obligación de devolver los favores recibidos.

No pocos se convierten de inmediato en promotores de la destrucción de los bosques y en beneficiarios directos de este negocio. Cuando un candidato que no acepta financiamiento llega a un cargo de elección popular sin el padrinazgo de los madereros, el desenlace es inevitable: o renuncia o cae muerto, como sucedió en el caso del regidor de Catacamas Carlos Luna.

LA IGLESIA RECUPERA CREDIBILIDAD

La Marcha por la Vida se inició en la diócesis de Olancho a propuesta de la Pastoral del Medio Ambiente y con el liderazgo del padre Andrés Tamayo. Hacía muchos años que no se veía en Honduras una movilización de tanta magnitud como ésta, que mantuvo a todo el país conmovido durante una semana. Con esta iniciativa, la Iglesia católica retomó uno de los caminos que parecía haber perdido: la acción y la palabra profética en temas de urgencia nacional. A diferencia de otras movilizaciones masivas que incluyen el factor religioso y evaden el compromiso por transformar la realidad, ésta ha contribuido a recuperar la credibilidad en la misión de la Iglesia.

En la celebración en 2002 del quinto centenario de la Primera Misa en tierra continental, la Iglesia convocó multitudes en el puerto de Trujillo, pero se trató únicamente de un operativo para favorecer la imagen de la Iglesia Católica. En esta Marcha, la Iglesia católica convocó multitudes, pero no para una celebración con la institución eclesiástica en el centro, sino con una bandera en la que se expresa la misión esencial de los cristianos: defender la vida.

EL PRESIDENTE NO LOS RECIBE

La Marcha por la Vida llevaba un pliego de demandas para presentarlas a las máximas autoridades del gobierno hondureño. Los dirigentes de la movilización fueron primero al edificio del Congreso Nacional. Pero la Comisión Permanente del Legislativo estaba ausente, atendiendo compromisos “de mayor relevancia”. La Marcha siguió entonces a Casa Presidencial, que estaba acordonada por decenas de policía antimotines. Agotados y con los pies magullados, los sacerdotes Andrés Tamayo y Osmín Flores; el obispo de Juticalpa (Olancho), el franciscano Mauro Moldoon, y representantes de casi 30 organismos ambientalistas, de derechos humanos, de estudiantes, de indígenas, de trabajadores, esperaban ser recibidos por el Presidente de la República.

El Presidente Maduro se rehusó a recibirlos, delegando a funcionarios intermedios. “O nos recibe el Presidente o no hablamos con nadie -dijo el padre Tamayo-. Llevamos años conversando con funcionarios de la COHDEFOR y con funcionarios de otras dependencias del Estado, y nunca hemos encontrado voluntad de escuchar, mucho menos capacidad de decidir. Si no hablamos con el Señor Presidente, estaríamos perdiendo el tiempo y seguiríamos en lo mismo”. El Presidente Maduro se cerró en banda y esa misma tarde dio declaraciones a la prensa diciendo que la manifestación había sido innecesaria porque él ya había girado instrucciones para proteger los bosques y para sancionar a quienes no cumplan con la ley.

MADEREROS SÍ, PANDILLEROS NO

Con esta actitud arrogante, el Presidente demostró que el medio ambiente y la protección de los bosques no caben en su agenda de gobierno, a no ser que estos temas le lleguen integrados a una propuesta de los organismos internacionales.

Para el Presidente Maduro el tema central sigue siendo la
lucha contra la delincuencia. Al día siguiente de la marcha se hizo ver reunido con sus principales asesores de seguridad para anunciar que continuaría profundizando las medidas en la lucha contra la delincuencia. Esta lucha tiene un exclusivo objetivo: la persecución de la juventud de los barrios marginales de los principales centros urbanos del país.

El Ministro de Seguridad -sobrino del General Álvarez Martínez, de macabro recuerdo en los peores tiempos de la política de la Seguridad Nacional- dirige personalmente la irrupción diaria de hombres armados en las barriadas de Tegucigalpa o de San Pedro Sula, acompañado de medios de comunicación, para sorprender a jóvenes pandilleros o a cualquiera del que se pueda sospechar, por su juventud y vestimenta, por su “portación de cara”, que esté vinculado a maras juveniles. Días después, Maduro envió al Congreso una iniciativa de ley para “prohibir las maras criminales, prohibir su existencia y penar el mero hecho de pertenecer a ellas”.

¿Y EL FUTURO?

Aunque es cierto que el drama de la deforestación viene de atrás y que los depredadores superan a las estructuras y controles estatales, también es cierto que el gobierno de Maduro se sostiene y representa al sector empresarial más vinculado a los grupos que con mayor irracionalidad explotan los recursos naturales, y por ello está comprometido en garantizarles impunidad.

Esto es muy grave. El presente y el futuro de Honduras depende de cómo y cuán pronto sean realmente protegidos los recursos naturales. Por un lado, el empobrecimiento de amplios sectores populares llevará inevitablemente a una creciente depredación de los bosques, con la consecuente pérdida de agua. Por el otro lado, la voracidad de reducidos sectores empresariales conduce a esta misma tragedia. El medio ambiente de Honduras se encuentra amenazado hoy también desde fuera, desde muchos de los proyectos contenidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el Plan Puebla-Panamá y en los planes del Área de Libre Comercio de las Américas.

POR LOS BOSQUES Y POR EL AGUA

La lucha emprendida por la Iglesia y los ambientalistas olanchanos es también un brillante capítulo en la lucha en defensa del agua. Sin árboles no hay agua. Esta lucha por los bosques estuvo vinculada a las luchas en contra de la privatización del agua potable.

El 4 de marzo los legisladores del Congreso Nacional firmaron una resolución en la que se comprometieron a suspender indefinidamente la discusión de la Propuesta de Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento y a poner en marcha un proceso de consulta que desembocara en la formulación consensuada de una propuesta de ley que representara los intereses de los diversos sectores del país. Sin embargo, el 7 de abril los congresistas estaban listos para presentar una propuesta de ley con la misma lógica de la ley anterior. Las organizaciones populares del Aguán, El Progreso, Santa Bárbara y Tegucigalpa escribieron una carta al Congreso recordando a los legisladores sus compromisos e informándoles que las organizaciones populares habían puesto en marcha el proceso de consulta para recoger las ideas de la población hondureña con respecto al agua potable, para con ellas elaborar una propuesta de ley que presentarían a los congresistas en la primera semana de julio.

UNA LEY DEL AGUA NACIDA DEL PUEBLO

Mientras la Marcha por la Vida se dirigía hacia la capital, representantes de los sectores populares defensores del agua para el pueblo estaban reunidos recogiendo los aportes recibidos en la consulta popular y elaborando esta propuesta de ley. El 28 de junio se convocaron asambleas municipales de pobladores para exponer, discutir y aprobar los contenidos de los 58 artículos de esta ley popular sobre el agua potable y el saneamiento ambiental. La propuesta recibió una rotunda aprobación de los representantes de las comunidades y de las organizaciones sociales y populares.

Por primera vez en la historia de Honduras, el día 1 de julio una representación de diversos sectores sociales y populares hicieron entrega de la propuesta de Ley del Agua a los congresistas para que la presenten,
la discutan y la aprueben en el Congreso Nacional.

Lo central en esta propuesta de ley es garantizarle a la población el acceso al agua potable como un bien público y como un derecho humano que debe ser asegurado a las generaciones presentes y futuras. Se propone mejorar la calidad de vida de la población hondureña a través de un eficiente servicio de agua potable y de saneamiento; fortalecer a las instituciones autónomas nacionales y municipales y a las organizaciones comunitarias que administran y prestan los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario; promover la participación de las comunidades para garantizar una eficiente prestación del servicio de agua potable; y establecer mecanismos de protección del recurso agua con la conservación de las cuencas hidrográficas.

LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DEL AGUA

Al contrario de lo que proponen los organismos internacionales con respecto a la explotación y privatización de los recursos naturales, esta propuesta de ley establece que el agua será siempre un bien público, propiedad del pueblo hondureño, y por ello el uso y aprovechamiento del agua potable tendrá como prioridad la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la conservación del medio ambiente.

En sus principios, la propuesta de ley establece que el acceso al agua potable y a servicios de saneamiento básico son derechos humanos de segunda generación y es obligación del Estado garantizar su acceso a la población hondureña. La propuesta de ley se rige bajo el principio del carácter estratégico del agua, estableciendo que no puede ser cedida bajo ningún concepto a personas naturales o jurídicas extranjeras.

La propuesta de ley se basa en varios principios. El principio de equidad: toda la población tendrá el mismo derecho de acceder y disfrutar de los servicios de agua potable y de saneamiento, y el Estado deberá dar prioridad en estos servicios a los sectores sociales que han sido geográfica e históricamente relegados. El principio de solidaridad:
las personas de menores recursos que acceden a los servicios de agua potable y saneamiento serán sujetas a condiciones especiales, prevaleciendo la solidaridad entre los usuarios. El principio de protección de las cuencas: las instituciones y la ciudadanía están obligadas a proteger y conservar el agua en todas sus formas. El principio de consulta popular: la población tendrá derecho a participar en la planificación y ejecución de los proyectos, obras y decisiones que afecten o puedan afectar a los cuerpos de agua, a los sistemas hídricos y al alcantarillado de las comunidades.

DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA

Mucha gente dudó de la Marcha por la Vida. Y la Marcha resultó un éxito y movilizó la conciencia nacional. Mucha gente duda de la eficacia de la lucha legal por el agua. Otros deciden callarse aceptando que las cosas no pueden cambiar. Para las organizaciones sociales, populares y ambientalistas todos los frentes de lucha son urgentes en este tiempo de máxima alerta en la defensa del medio ambiente. Todos los frentes son necesarios. Incluyendo el de las propuestas legislativas. Naturalmente, la propuesta de ley de las organizaciones sociales y ambientalistas hondureñas chocará con la propuesta que viene del gigante del Norte.

Las organizaciones hondureñas han luchado durante nueve meses para detener la aprobación de una ley imperial. Hoy han pasado de la protesta a la propuesta. Y si los congresistas no toman en cuenta esta propuesta, las organizaciones sociales y ambientalistas tendrán el mejor argumento para justificar nuevas etapas de una lucha necesaria en un país que debe construirse desde dentro, con la población hondureña y a favor de los intereses nacionales, y no como se destruye hoy, cuando el presente y el futuro de nuestro país se define fuera del país, sin el país y en contra del país.

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