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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 247 | Octubre 2002
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México

El estado contra sus raíces: diez millones de indios

“Los indios no queremos dejar de ser indios, queremos dejar de ser pobres”. Con la Ley Indígena, refrendada por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y ahora, por el Poder Judicial, el Estado mexicano les ha dado una bofetada. No los respeta como indios y no los apoya para que superen la pobreza.

Jorge Alonso

El Poder Ejecutivo aparentó querer resolver el conflicto de Chiapas, mandó al Congreso como iniciativa de ley la propuesta de la COCOPA, aceptada por los zapatistas por representar una traducción de los Acuerdos de San Andrés. El Congreso desvirtuó esa propuesta, eliminando de ella elementos esenciales. Los pueblos indígenas mexicanos y los zapatistas rechazaron el engaño. Desde entonces, el EZLN respondió con el silencio. Muchos municipios indígenas hicieron intervenir a la Suprema Corte de la Nación, al interponer más de trescientas ontroversias constitucionales en contra de la aprobación de la ley indígena mutilada.

Pendiente el fallo de la Corte, y cuando se pensaba que el zapatismo se había debilitado, una de sus lecciones prendió en el mismísimo Valle de México. La comunidad de Atenco, después de haber conseguido que el gobierno abandonara el proyecto de un aeropuerto en sus tierras se pronunció por constituir su comunidad como un municipio autónomo. La autonomía ha sido la forma que las comunidades zapatistas han encontrado para consolidar su resistencia. Se trata de construir un poder popular con autonomía directa, con horizontalidad y con autogestión en proyectos productivos, de salud y de educación. Ahora, la Suprema Corte se pronunció. Y se pronunció evidenciando que el Estado mexicano está contra los indios. En vísperas del fallo, México vivió un proceso lleno de expectación.

ACOSO MILITAR,TENSIÓN, INCERTIDUMBRE

En junio, el grupo encabezado por el obispo Samuel Ruiz, que en un tiempo operó como Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) para el diálogo entre el gobierno y los zapatistas, convocó a un encuentro nacional que hallara nuevas estrategias civiles por la paz, la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en Chiapas. El prelado advirtió que había que actuar previniendo la violencia. Este Foro por la paz se llevó a cabo a principios de julio, con más de tres mil asistentes, miembros de 285 organizaciones de varios estados de México y de otros países. Se planteó allí que las crecientes tensiones en Chiapas eran producto del rechazo del Estado mexicano a reconocer los derechos de los pueblos indios y a la continuidad de la ofensiva contrainsurgente. Y se vio que no habría condiciones para el diálogo mientras no existieran condiciones de paz con justicia. Las comunidades autónomas zapatistas denunciaron el constante
y creciente acoso de los paramilitares y del ejército y un clima de tensión e incertidumbre, expresión de una fase ajustada a la doctrina contrainsurgente estadounidense.

PLAN PUEBLA PANAMÁ:NO DAR NI UN PASO

El dirigente perredista Cuauhtémoc Cárdenas apuntó que desde los círculos oscuros del poder público se estaba alentando y sosteniendo la agresividad de los grupos paramilitares en contra de las comunidades y en favor del acaparamiento ilegal de tierras para romper la cohesión de los pueblos indígenas. El académico Pablo González Casanova exhortó al Poder Judicial a rechazar las reformas indígenas por su carácter anticonstitucional. Propuso utilizar todo diálogo y negociación para hacer cumplir los Acuerdos de San Andrés y para exigir que no se diera un solo paso en el Plan Puebla Panamá sin antes reconocer las tierras de las comunidades indígenas. El obispo Samuel Ruiz resaltó que en Chiapas hay una sociedad civil que entiende perfectamente que la paz no es un regalo sino una conquista. Ruiz calificó a Fox como gobernante débil, e interpretó el silencio zapatista como fruto de la decepción provocada por el gobierno.

CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA PARAMILITARIZACION

El Foro se constituyó en una sinfonía de voces plurales que llamaba la atención del gobierno para que solucionara el conflicto. El Secretario de Gobierno de Chiapas le reconoció ese valor, afirmando que el gobierno federal debía cambiar su postura sobre la ley indígena. El Foro concluyó con una serie de acuerdos. Seguir presionando al gobierno para que cumpliera las tres señales exigidas por los zapatistas.

Luchar por conseguir que la Suprema Corte llegara a un fallo favorable a los pueblos indígenas. Demandar un proceso integral de desmilitarización de las comunidades -militarización y paramilitarización-, desmantelamiento y castigo de los grupos paramilitares, creación de condiciones de retorno para los desplazados, liberación de los presos de conciencia, y reconstrucción del tejido social. Construir mecanismos de diálogo para evitar la lógica de la guerra. Luchar por la eliminación de planes gubernamentales que dividen y desorganizan a las comunidades. Fortalecer la autonomía de los municipios zapatistas. Propiciar una nueva cultura política a partir de una ética que respete la diversidad de culturas de México.

“NO QUEREMOS DEJARDE SER INDIOS”

El 9 de agosto, día internacional de las poblaciones indígenas, en el acto al que asistió el Presidente Fox, los indígenas demandaron al gobierno y a la sociedad nacional asumir el compromiso de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como personas normales de derecho público. “Los indios no queremos dejar de ser indios, queremos dejar de ser pobres”, subrayaron. Según un estudio del Consejo Nacional de la Población, más de la mitad de las localidades indígenas permaneció estancada y una tercera parte aumentó sus niveles de pobreza en estos años. Fox les respondió que su gobierno buscaba romper con la tradición paternalista y autoritaria. Y ofreció a los indígenas una relación basada en el diálogo.

MILES DE DESPLAZADOS

A la par, se multiplicaban las denuncias sobre el incremento de la presión castrense en Chiapas, con claros signos de pre-guerra, considerando muchos que la situación era similar a cuando el PRI tenía la Presidencia. Organizaciones civiles constataban que los acuerdos de paz de finales del 2001 y principios del 2002 promovidos por el Ejecutivo habían quedado en pura escenografía, pues continuaba la falta de justicia y persistía la impunidad. Casi a diario se denunciaban agresiones a los municipios en resistencia. Entre ellas,
se denunció que aviones y helicópteros arrojaban cajas con moscas sobre las comunidades zapatistas, provocando enfermedades. El Centro Fray Bartolomé de las Casas declaró que la guerra sucia había provocado 12-14 mil desplazados y que existía un acuerdo militar para acosar a las comunidades.

¿SAN JUAN DIEGO O SAN ANDRÉS?

Entre la jerarquía, eclesiástica, no había mucha sensibilidad ante los reclamos indígenas. En su visita a México, el Papa enfatizó: “México necesita a los indígenas”. En Guatemala había pedido justicia para los indígenas de Guatemala y de América. Algunos interpretaron que con estas palabras el Papa había interpelado a la Iglesia mexicana para que se comprometiera con los indígenas.

La Coalición de Organizaciones Autónomas Indígenas de Ocosingo señaló que los promotores de la canonización de Juan Diego eran activos opositores al movimiento indígena y en carta abierta al Episcopado Mexicano y al Papa demandaron otra señal más necesaria que esta canonización: el respeto a los Acuerdos de San Andrés. La Asamblea de Migrantes Indígenas del Distrito Federal envió también un mensaje al Papa exponiéndole el abuso y la represión que sufrían. Al despedir al Papa, el Presidente Fox le dijo que su visita dejaba un compromiso renovado para trabajar por los indígenas, los pobres y los desposeídos, respetando sus costumbres y tradiciones.

UN FOCO DE INESTABILIDAD: CHIAPAS SIN PAZ

Los organismos nacionales han seguido apoyando a las comunidades de Chiapas. En la primera semana de agosto, el FZLN envió varias caravanas a la zona de conflicto con comida y medicinas. Los organismos internacionales han seguido con atención la evolución de la situación. El encargado de derechos humanos para los pueblos indígenas en la ONU Rodolfo Stavenhagen consideró que era muy difícil lograr la paz en Chiapas. Representantes de Amnistía Internacional visitaron Chiapas a mediados del 2002, investigando la militarización y la paramilitarización. En agosto, el órgano ejecutivo de la Unión Europea planteó que el Poder Legislativo mexicano había fracasado en la solución de las demandas indígenas, señalando que el problema indígena y la falta de pacificación en Chiapas representaban dos focos que generan inestabilidad en México.

PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE DIVIDEN LAS COMUNIDADES

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos hizo público a finales de julio el informe de su visita a México, resaltando que las reformas constitucionales aprobadas en 2001 no cumplían con las demandas de los pueblos indios.

La Comisión planteó que los programas de desarrollo enfocados en la lucha contra la pobreza eran, en muchas ocasiones, discriminatorios, no tenían en cuenta el crecimiento integral de la comunidad y se utilizaban como formas de proselitismo electoral. En una situación de suspensión del diálogo y de incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, estos planes se convertían en una forma de contrainsurgencia menos llamativa, pero con gran eficacia para dividir a las comunidades, incidiendo en la destrucción de un ya de por sí frágil tejido social. Otro punto que destacó este organismo fue el del Plan Puebla Panamá, haciendo ver que las tierras de los indígenas se van a convertir en blanco de grandes intereses económicos. La comisión exhortaba a crear apoyos productivos que no fueran utilizados para generar divisiones ni como táctica contrainsurgente.

LA SUPREMA CORTE RECHAZA PRUEBAS

La vía de reclamo legal ante la Suprema Corte no resultó fácil. El diálogo con los magistrados fue complicado, pues se rechazaron pruebas testimoniales y periciales que los pueblos indígenas intentaron presentar para sustentar sus argumentos. Tampoco hubo una posición única por parte del gobierno federal ante las controversias presentadas por los indígenas. El representante legal de la Presidencia pidió a la Corte que fallara contra los pueblos, comunidades y municipios indios. Alegó que no se había violado el convenio 169 de la OIT, dado que una reforma constitucional estaba por encima de simples medidas legislativas, a las que se refería el convenio, y que sólo debía tenerse en cuenta la opinión de los indígenas en las constituciones locales y en la legislación secundaria. La PGR tuvo posiciones en concordancia con los alegatos de la Presidencia. Sin embargo, solicitaba a la Corte definir el alcance de los tratados internacionales cuando se enfrentaban a postulados establecidos en la constitución.

“AHORA LE TOCA AL PODER JUDICIAL”

El 7 de agosto, la Suprema Corte analizó si tenía facultad para resolver las controversias interpuestas por los indígenas. A principios de agosto, se reunieron representantes de diversos pueblos indígenas y emitieron una declaración en la que plantearon que el Poder Ejecutivo había simulado atender los reclamos de los pueblos indígenas, pero que les había fallado; que el Poder Legislativo había demostrado no ser respetuoso de los procedimientos establecidos para legislar en materia indígena y no había representado la voluntad de los pueblos indígenas; y que ahora el Poder Judicial tenía la posibilidad de reivindicar al Estado mexicano, haciendo justicia a los pueblos indígenas, a pesar de que no había aceptado las pruebas testimoniales y periciales que ellos le presentaron.

También reclamaron a la Suprema Corte que escuchara la palabra indígena, que cumpliera con su responsabilidad histórica dando un fallo positivo a las controversias constitucionales presentadas por municipios indígenas; que reconociera el convenio 169 de la OIT como suprema ley, y que hiciera respetar los Acuerdos de San Andrés. La declaración de los indígenas estableció con mucha claridad que un fallo negativo acabaría con la confianza que los indígenas habían depositado en la Corte, y se pidió a la sociedad civil actuar como vigilante de la Suprema Corte. El movimiento indígena sabía que una decisión favorable de la Corte fortalecería su lucha; pero que un fallo desfavorable no los desanimaría, sino que los radicalizaría.

OPERATIVO PARAMILITAR EN EL CALIENTE AGOSTO

Mientras el movimiento indigenista esperaba la resolución de la Corte, la situación en la zona zapatista se fue tornando más problemática. Conviene revisar los acontecimientos de los últimos meses. En el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, paramilitares -apoyados por el ejército- trataron de capturar a un miembro de la comunidad autónoma e hirieron a siete bases de apoyo del EZLN. Diarios chiapanecos emprendieron campañas contra las bases de apoyo zapatistas tergiversando las agresiones. En agosto, indígenas pertenecientes al grupo Las Abejas alertaron sobre la permanencia en comunidades vecinas de miembros del grupo armado que había masacrado a sus compañeros en Acteal en 1997.

El gobierno federal había dejado pendientes 27 órdenes de arresto contra miembros de ese grupo paramilitar, que se estaba armando de nuevo. Varios autores materiales e intelectuales de la matanza de Acteal seguían libres, y se temía que el suceso se repitiera.

El caliente agosto fue también un período de calentamiento del conflicto en Chiapas. A principios del mes, un zapatista fue asesinado. Según las autoridades, se trataba de una confusión durante una cacería. Los zapatistas exigieron se esclareciera el caso. Posteriormente, varios priístas dirigidos por un diputado atacaron bases zapatistas que mantenían un retén para impedir la salida de maderas preciosas, y la entrada de alcohol y de drogas. Según observadores, se trató del operativo paramilitar más grande desde la masacre de Acteal. Fue evidente que se habían creado nuevos grupos paramilitares y se habían reactivado los viejos.

“¿NOS QUIEREN MATAR DE UNO EN UNO?”

El 20 de agosto, siete de los municipios autónomos en rebeldía (Olga Isabel, Che Guevara, 17 de Noviembre, Vicente Guerrero, 1 de Enero, Miguel Hidalgo y Lucio Cabañas) hicieron público un comunicado: no aceptarían la impunidad. Denunciaron tres asesinatos, acusaron a los paramilitares, ganaderos y empresarios, y a la seguridad pública, la policía, los presidentes municipales y los poderes estatal y federal de estar generando la violencia. Días después sobrevino otro hecho violento con muertos y heridos que los zapatistas denunciaron como una emboscada de paramilitares. La versión oficial atribuyó la violencia a conflictos interfamiliares.

Ese mismo día, en otro municipio autónomo, un grupo paramilitar ajustició a un zapatista. Los zapatistas denunciaban que la actuación impune de los paramilitares protegidos por el ejército mostraba una acción concertada y bien planeada y que el gobierno tenía responsabilidad. “¿Nos quieren matar de uno en uno?”, se preguntaban.

ASEDIO PARAMILITAR, CONFLICTOS COMUNALES Y DROGAS

Comités de derechos humanos locales informaron de importantes movimientos del ejército. Eran movilizaciones normales de tropas, dijeron las autoridades militares. Los organismos civiles de la zona argumentaron que eran acciones de contrainsurgencia mal encubiertas como conflictos intercomunitarios.

A finales de agosto la COCOPA anunció que analizaría la situación de los asesinatos de zapatistas y de los movimientos de tropas. Después de una semana de visita a Chiapas, el representante de la ONU para desplazados internos señaló que el problema de los desplazados chiapanecos era multifacético y había sobrepasado la capacidad del Estado, lo que no eximía al gobierno mexicano de su obligación de lograr la paz. El alto funcionario apuntó tres causas principales del desplazamiento: asedio de grupos paramilitares, conflictos comunales y pugnas por tráfico de drogas.

A finales de agosto y principios de septiembre, proseguía impune la actividad de los paramilitares. Organizaciones no gubernamentales denunciaron que entre ellos había antiguos miembros del ejército y de la seguridad pública. El gobierno chiapaneco interpretó los conflictos comunales como problemas propios de “la cotidianidad”, negando que fueran conflictos políticos, y atribuyó las muertes a accidentes o a conflictos por tierras. Fue enfático en negar que existieran grupos contrainsurgentes y en que se hubiera incrementado la presencia militar en la entidad. El Procurador de Chiapas sólo aceptó que los responsables de las muertes eran bandas de delincuentes.

“EL MUNDO ESTÁ MIRANDO”

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el PRD propuso un punto de acuerdo para frenar la escalada de violencia en Chiapas en contra de zapatistas, pero el PAN y el PRI no aceptaron. Organismos de derechos humanos demandaron al gobernador de Chiapas que dejara de hacer el juego a la impunidad negando la existencia de bandas armadas ligadas al PRI. Interpretaron la escalada de violencia como un intento para frenar el proceso de autonomía de las comunidades zapatistas y como un primer paso para quitarle obstáculos al Plan Puebla Panamá. Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro y Fray Bartolomé de las Casas junto con otros organismos de la sociedad civil hicieron un llamado urgente al pueblo de México y a la sociedad civil nacional e internacional para una movilización urgente que frenara enfrentamientos, hostigamientos, asesinatos en comunidades indígenas, nuevos desplazamientos y reactivación de acciones violentas de paramilitares con el cobijo del ejército mexicano.

“El mundo está mirando”, advirtieron activistas de derechos humanos de organizaciones internacionales desde París, Ginebra, Barcelona, Madrid, Estados Unidos, Canadá... Personalidades de 18 países, entre ellos José Saramago, Manuel Vázquez Montalbán y Giulio Girardi hicieron un llamado para mantener el apoyo internacional a la causa zapatista. En la coyuntura del segundo informe de gobierno de Fox, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, exigió el cese de la represión. En su viaje a la Cumbre de Desarrollo Sustentable celebrada en Johannesburgo, Fox incluyó en su discurso la necesidad de atender a los indígenas.

VOCES DE ALARMA Y DE ESPERANZA

A mediados de agosto, la Procuraduría General de la República capturó a 25 integrantes de la agrupación paramilitar Paz y Justicia, responsable de varias decenas de asesinatos. Uno de sus dirigentes, un ex-militar, tenía armas de uso exclusivo del ejército. En desafío al gobernador, la agrupación renovó su dirección. La Procuraduría detuvo entonces al principal apoyo financiero de ese grupo, un ex-alcalde.

El PRI chiapaneco justificó la existencia de las bandas armadas bajo su amparo y presionó para que fueran liberados. Organizaciones no gubernamentales alabaron la acción gubernamental, pero señalaron que había otros grupos paramilitares que seguían sin ser tocados.

A finales de agosto, bases de apoyo zapatistas lanzaron voces de alarma por nuevos ataques, porque aprovechando la confusión, las fuerzas de seguridad amenazaban con capturar a indígenas zapatistas, lo que incrementaba la tensión y el miedo en la región norte de Chiapas. El obispo emérito Samuel Ruiz planteó que si la Suprema Corte fallara favorablemente a las controversias de los municipios indígenas ese fallo daría base para superar tanto deterioro.

FALLO DE LA SUPREMA CORTE: CONTRA LOS INDIOS

Vanas esperanzas. El 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes las controversias presentadas por los grupos indígenas. Ocho magistrados votaron en el sentido de no examinar dichas controversias. Tres votaron porque sí se examinaran, aunque concluían que la reforma aprobada por el Congreso era válida. De esta forma la Corte se declaró incompetente para resolver las más de trescientas controversias recibidas y las desechó en paquete, aun cuando no habían sido mal presentadas.

Los magistrados alegaron que se habían apegado a criterios jurídicos y que no podían sustituir una acción constituyente del Poder Legislativo. La Corte argumentó que no había entrado en la discusión sobre los errores de procedimiento en la reforma indígena para que no se le tachara de activismo judicial y para evitar constituirse como un poder supremo sobre los demás poderes. No podían sustituir al órgano reformador que representaba el Legislativo. Aunque hubo abogados que afirmaron que la actuación de la Corte era correcta, abogados defensores de los pueblos indígenas condenaron el proceder de los magistrados. El abogado del pueblo mixe Adelfo Regino Montes hizo ver que los ministros de la Corte se habían negado a escuchar a los indios, limitándose a recibir escritos, y así, sin pruebas, no podían emitir un juicio correcto.

UN PELIGROSO PRECEDENTE

La Corte hizo una interpretación restringida de las normas constitucionales. Las implicaciones de su proceder son graves. Al determinar que el procedimiento y adiciones a la Constitución Federal no es susceptible de control jurisdiccional, y que la controversia constitucional es improcedente para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución Federal, permite a los legisladores poder reformar la Constitución, aun cometiendo vicios e irregularidades, sin que nadie pueda intervenir para remediarlo. Con este precedente, se podría modificar la Constitución sin importar si se hace o no correctamente. Se trata de una posición que niega principios democráticos como la división de poderes y el sistema de contrapesos para el equilibrio de los mismos.

TOCARON LA ÚLTIMA PUERTA Y LES DIERON LA ESPALDA

Otro abogado indígena, Francisco López Bárcenas, planteó que al haber optado la Suprema Corte por la vía fácil de no entrar a examinar las controversias, no había asumido su responsabilidad de hacer cumplir la ley y le había fallado a los pueblos indios. Los pueblos indígenas no pedían favores, pedían que se restituyera el orden constitucional. Tocaron la última puerta en busca del reconocimiento constitucional, porque el Congreso les había dado la espalda con la reforma y el Ejecutivo también al haberla publicado. Este abogado señaló que se había evidenciado la incapacidad del Estado para transformarse, fallando las instituciones y la política. Otros abogados enfatizaron que no se trataba de que la Corte juzgara el contenido de la reforma en materia indígena, ni que la modificara o señalara el sentido que debería tener, sino de que revisara el procedimiento que se había llevado a cabo para llegar a esta reforma constitucional.

EN LOS ANALES DE LA HISTORIA

Las controversias cuestionaban la legalidad del acto que había conducido a la reforma. En particular, destacaban que México ha firmado un tratado que, según el artículo 133 de la Constitución, forma parte de la misma. En este tratado se establece que las decisiones legislativas en materia de pueblos indígenas no pueden realizarse sin consultar a esos pueblos. Las controversias probaban que esas consultas no se habían hecho. Otro punto cuestionado en las controversias tenía que ver con que muchos congresos locales que sí habían aprobado las reformas no lo habían hecho con los votos de las dos terceras partes de los legisladores locales, una obvia irregularidad de procedimiento.

Ante el argumento de la Corte de que el órgano reformador de la Constitución no es susceptible de ningún control judicial, respondían estos abogados que los ministros habían hecho una interpretación restringida de las normas constitucionales, puesto que los que integraban ese órgano reformador eran autoridades que al momento de participar en un proceso de reforma constitucional lo hacían como autoridades, y por lo tanto, sus actos debían sujetarse a la ley y a la propia Constitución. Por eso la Corte sí podía revisar sus actos.
Especialistas en derecho indígena señalaron que el fallo no había sido jurídico sino político. La Suprema Corte adoptó una decisión que quedará en los anales de la historia como una abierta medida contra los pueblos indígenas. El Poder Judicial se erigió como escollo para no reconocer los derechos de los pueblos indios. Las controversias significaron un gran reto para la Corte. En un correcto esfuerzo de interpretación, la Corte hubiera generado nuevos espacios y posibilidades. No lo hizo. No dejó de denunciarse que los ministros de la Corte no eran ajenos a la influencia de los líderes del Congreso y mantenían vínculos con ellos desde sus despachos privados.

OTRO INGREDIENTE PARA MANTENER LA ZOZOBRA

Ante el fallo de la Corte, la posición del gobierno federal fue ambivalente. El Consejero Jurídico de la Presidencia, Juan de Dios Castro, declaró que el país debería alegrarse con la decisión de la Corte porque mostraba que las instituciones funcionaban. La Secretaría de Gobernación subrayó que para el Presidente era prioridad el tema indígena y que Fox continuaría trabajando en la construcción de una nueva relación con los pueblos indígenas. Sin embargo, el Comisionado para la Paz consideró que la actuación de la Corte añadía un ingrediente para mantener la zozobra en Chiapas.

La encargada de la oficina gubernamental para la atención a los indígenas, Xóchitl Gálvez, declaró que la Corte se había quedado corta en el análisis de las controversias y que su fallo dificultaba el proceso de pacificación. Evidentemente, creció el temor de que se reactivaran los movimientos armados. Fue hasta el 23 de septiembre, y ante comunidades indígenas que le reclamaban que no se habían respetado los Acuerdos de San Andrés, que Fox prometió buscar nuevos acuerdos políticos para perfeccionar la ley indígena, aunque advirtiendo que mientras no se cambiara habría que acatarla y verla como “un paso hacia delante”.

“REVIVEN CINCO SIGLOS DE OPRESIÓN”

Legisladores del PAN y del PRI se mostraron complacidos por la resolución y anunciaron que era ya el momento de elaborar las leyes reglamentarias correspondientes, tocando ahora a los congresos locales buscar las condiciones legales que más se adaptaran a los pueblos indígenas que vivían en sus entidades.

La Presidenta del PRD señaló que la paz en las comunidades indígenas quedaba como asignatura pendiente, previendo nuevos brotes de violencia. Legisladores perredistas plantearon la necesidad de hacer “una reforma a la reforma”, y anunciaron que en breve presentarían una nueva iniciativa de ley que incorporaría los puntos medulares de la propuesta de la COCOPA. El coordinador de los diputados perredistas expuso que era necesario que el EZLN emprendiera de nuevo un viaje a la ciudad de México para abrir la puerta del diálogo que había cerrado la Corte. El jefe de gobierno del Distrito Federal consideró que había sido un error el que la Corte hubiera ratificado lo aprobado por el Congreso.

Cuauhtémoc Cárdenas reconoció que no había sido frecuente en la historia de México que la Suprema Corte se manifestara en relación a cuestiones tan visibles y de tanto impacto en la vida política. Señaló que la decisión de la Corte planteaba muchas interrogantes y que lo que quedaba claro era que revivía cinco siglos de opresión, explotación, desigualdad y discriminaciones, dejando abierta la herida social que impide la unión de los mexicanos en el respeto a su diversidad, y ofendiendo a diez millones de mexicanos.

UN FALLO “RACISTA Y ARROGANTE”

Varios miembros de la COCOPA, temiendo que la herida abierta agudizara la situación en la zona de conflicto, hicieron un llamado al organismo para que actuara rápido. Aun priístas integrantes de la COCOPA veían necesario reabrir la discusión para analizar las impugnaciones contra la ley presentados por los indígenas. Algunos proponían que se legislara de nuevo, aunque la correlación de fuerzas para que esta propuesta avanzara fuera desfavorable.

Agrupaciones de solidaridad con los pueblos indígenas en España, Austria, Suiza, Italia y Alemania protestaron por el fallo de la Corte, calificándolo de racista y arrogante. Organizaciones de derechos humanos de Europa y de Estados Unidos exigieron que se adecuara la legislación indígena a los Acuerdos de San Andrés, dado que la reforma vigente se había convertido en un obstáculo para reanudar el proceso de paz y avanzar hacia la solución del conflicto en Chiapas.

El escritor portugués José Saramago y el escritor argentino Ernesto Sábato enviaron una carta al diario “La Jornada” en la que afirmaban que los pueblos indígenas habían recibido otra “bofetada de desprecio.” Destacaron que el Estado mexicano veía en los pueblos indios al “enemigo interno”. Ese Estado, “que ha dado tan pocas muestras de pundonor nacional ante las implicaciones vejatorias tanto políticas como económicas que le llegan de fuera, ha usado su musculatura judicial contra la parte más débil de la nación mexicana.”

“BOFETADA A LA ESPERANZA”

Danielle Miterrand manifestó tristeza por un fallo que era “una bofetada a la esperanza indígena.” Mitterrand se comprometió a seguir defendiendo la causa justa de los zapatistas y a seguir caminando con ellos. Ante éstas y otras muchas declaraciones de personalidades internacionales, el legislador panista Diego Fernández de Cevallos, uno de los principales promotores de la ley indígena validada por la Corte se mostró desdeñoso, argumentando que “una francesa y dos portugueses (sic) emitían declaraciones con posiciones preestablecidas por Marcos”. Con tono despótico, remarcó que no se podía hacer una ley “al gusto de un obispo (refiriéndose a Samuel Ruiz) o al de un guerrillero.”

OBISPO LONA: “EL TIRO DE GRACIA”

En la jerarquía católica no hubo una postura unificada. El obispo Onésimo Cepeda, ligado a grupos de poder económico y político, defendió a la Corte. El obispo de San Cristóbal de las Casas pidió primero que se respetara el fallo de la Corte, y posteriormente aclaró que la ley podía ser mejorada. Desde la zona indígena del Istmo, el obispo Arturo Lona sintetizó el sentir de los pastores cercanos a los indios: “Que Dios nos ayude; ya dieron el tiro de gracia”. Un vocero del episcopado resaltó que los pueblos indios merecen un reconocimiento a su cultura y autonomía y que no era posible seguir viviendo en un país dividido por el racismo y la discriminación. El obispo emérito Samuel Ruiz prosiguió su labor con grupos promotores de la paz. El Párroco de Ocosingo lamentó la resolución de la Corte, la que calificó de “grave y peligrosa” y de arriesgar el “llevar a la desesperación” a los zapatistas. “Se ha reafirmado la injusticia, se ha mantenido la exclusión de los pueblos indios”, declaró, enfatizando que la determinación de la Corte había desconocido la problemática indígena, que va mucho más allá del conflicto chiapaneco.

En un segundo momento, pareció que al interior del episcopado ganaba espacio la línea de respaldar las declaraciones papales en México. La Comisión de Pastoral Social propuso un diálogo nacional sobre la situación jurídica de los pueblos indios y sobre sus condiciones económicas y sociales, sin discriminar a nadie. Y en el Congreso de Pastoral Maya cuatro obispos pidieron reconocer la autonomía de las etnias.

UNA “INFAMIA” SEGÚN “LA CEGUERA COLONIALISTA”

Varias personalidades mexicanas cuestionaron la determinación de la Corte. Para la escritora Elena Poniatowska fue una “verdadera infamia”. La luchadora social Rosario Ibarra de Piedra acusó a la Corte de haber “servido al Ejecutivo”. El ex-rector de la UNAM Pablo González Casanova lamentó que la Corte no hubiera tenido “la sensibilidad” de dar un fallo que contribuyera a la solución, practicando “la ceguera colonialista”. El filósofo Sánchez Vázquez reflexionó que la consecuencia inmediata del fallo sería favorecer las pretensiones del Plan Puebla Panamá con “la redistribución del territorio nacional”.

El escritor Carlos Montemayor apuntó que la Corte había optado por “no enfrentarse con la ideología racista predominante entre los legisladores ni con la ceguera e indiferencia del Ejecutivo”. Luis Villoro escribió que el fallo de la Corte había acabado de demostrar “la incapacidad de los tres poderes para resolver un problema crucial de la nación”, había revelado “una democracia excluyente”, y un Estado “ciego a las diferencias y a una pluralidad que no sea la de los partidos políticos”.

Otros intelectuales destacaron que la Corte había perdido la oportunidad de demostrar que había independencia entre los Poderes, y había manifestado el atraso de la sociedad política ante la sociedad civil. En un escrito firmado por integrantes de organismos civiles y diversas personalidades intelectuales y del arte se denunciaba que al igual que durante los 71 años de la dictadura priísta, los actuales órganos del gobierno mexicano no estaban del lado del pueblo mexicano, sino de sus propios intereses, de los del gran capital transnacional y de los del gobierno de los Estados Unidos.

HUMILLADOS, FRUSTRADOS, TRAICIONADOS

Los primeros sentimientos que expresaron los organismos indígenas fue que los habían humillado, que estaban ofendidos, lastimados y decepcionados. Se sentían traicionados. Se habían frustrado las esperanzas que habían depositado en el Poder Judicial. Habían creído en la vía legal y se les había defraudado. Ahora entendían que en la Corte se habían recibido sus controversias sólo por cumplir un trámite, pero sin querer escucharlos, ni menos pretender hacerles justicia.

Otra gran preocupación que expresaron fue que se les habían cerrado los espacios legales y, al parecer, también la vía pacífica. Algunos grupos llegaron a afirmar que el fallo equivalía a una invitación a la violencia generalizada, dando así la razón a la vía que en 1994 había elegido el EZLN. Al haber quedado excluidos legal y políticamente, muchos pueblos indios se preguntaban qué camino les quedaba. No estaban dispuestos a seguir soportando el colonialismo interno ni la situación de indignidad a que se les condenaba. Aunque un escenario previsible era el de respuestas violentas, la opción del movimiento indigenista fue la resistencia y la no violencia.

MARGINADOS Y DISCRIMINADOS JURÍDICAMENTE

Una salida inmediata es la salida jurídica internacional. Muchas organizaciones indígenas anunciaron que combatirían ese fallo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y la OIT, por haber violado la reforma indígena vigente tratados internacionales y derechos indígenas.

Otra salida es presionar por una solución legislativa: que el Congreso vuelva a legislar en el sentido de los Acuerdos de San Andrés.

Una tercera salida fue apuntada por el escritor especialista en temas indígenas, Miguel León Portilla, quien hizo una síntesis del estado de la cuestión. Desposeídos, marginados, discriminados y parias en su propia tierra, los pueblos indígenas habían subsistido penosamente durante cinco siglos. El estallido del EZLN había obligado al Estado mexicano a buscar el diálogo. Un punto clave en los Acuerdos de San Andrés había sido el reconocimiento de los pueblos indios como entidades de derecho público con autonomía en sus respectivos territorios, de cuyos recursos ellos debían ser beneficiarios. Tendrían también el derecho a estar representados en los órganos legislativos, y a preservar sus lenguas y diferencias culturales.

No obstante, el Poder Legislativo había desvirtuado los Acuerdos de San Andrés. Ahora, con el fallo de la Corte, los pueblos indígenas habían quedado de nuevo marginados y discriminados en lo jurídico.
Se abren muchos caminos. Uno, nada desdeñable, es el acatamiento del convenio 169 de la OIT, que debe ser ley en México, por los acuerdos internacionales, y que contiene los reclamos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés. Si el Presidente Fox exigía que se diera cumplimiento a lo establecido por el convenio 169 de la OIT se daría un paso importante para el reconocimiento de los derechos indígenas y para la paz.

“SOMOS UN PUEBLO SIN ESTADO”

La respuesta que siguieron muchas agrupaciones indígenas fue la movilización y la protesta. El 9 de septiembre, integrantes del Congreso Nacional Indígena, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la Unión de Juristas de México, de la Alianza Cívica y de otros organismos civiles y de defensa de derechos humanos se congregaron a las puertas de la Suprema Corte de Justicia para expresar su repudio por la actuación de los magistrados. En esta ocasión, un dirigente mixteco lo sintetizó así: “Los indios de México somos un pueblo sin Estado”. El 10 de septiembre centenares de indígenas simpatizantes del EZLN marcharon en San Cristóbal de las Casas, recalcando que habían recibido el mensaje dejado de la Corte: en México no sirve ni el diálogo ni la negociación para resolver la marginación.

EZLN: TOTAL SILENCIO, REPUDIO ESTRUENDOSO

Hasta finales de septiembre, el EZLN no había hablado. Su último comunicado sobre la ley lo publicaron a finales de abril 2001. Después, el silencio. El EZLN volvió a hablar en octubre 2001 en un comunicado con motivo del asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Desde entonces, no ha habido ningún comunicado oficial. Está lejos este silencio del refrán que dice que “el que calla otorga”. Es un silencio que expresa un repudio estruendoso a la falta de respeto a acuerdos firmados. Además de ese silencio, los zapatistas reforzaron 22 puestos de control en su zona de influencia para evitar que el gobierno avance en su pretensión de derrotarlos dividiendo a sus comunidades. Indígenas simpatizantes del EZLN dijeron que al menos 62 comunidades de la zona de influencia zapatista se sentían molestas por el fallo de la Corte, denunciaban que la resolución había mostrado el rostro racista del Estado y llamaron a las comunidades a multiplicar los municipios autónomos en la zona de conflicto.

POR UNA VÍA NO VIOLENTA

Agrupaciones indígenas de Morelos, Michoacán y Oaxaca, se preparaban a realizar cierre de carreteras y tomas de edificios públicos como protesta por la actuación de los magistrados. Indígenas queretanos, calificando al gobernador de su Estado como un estorbo para el progreso de los grupos étnicos, anunciaron que se sumarían a las manifestaciones contra la decisión de la Corte. Miembros del Congreso Nacional Indígena anunciaron que interpondrían amparos para frenar la aplicación de la ley indígena en sus territorios.

Las agrupaciones indígenas no están aglutinadas en un solo movimiento orgánico. Algunas más radicalizadas, podrían optar por vías no pacíficas. Pero la mayoría se ha manifestado por la vía no violenta y por continuar movilizaciones, y por el reconocimiento de sus derechos y de su autonomía.

En un encuentro nacional de pueblos indios realizado en Guerrero a mediados de septiembre, al que acudieron delegados del Distrito Federal, Oaxaca, estado de México, Sinaloa, Campeche, Yucatán, Sonora, Michoacán, Quintana Roo, Chihuahua, Morelos, Guerrero y Chiapas, se vio la necesidad de aglutinar al movimiento indígena, hoy disperso, bajo un proyecto de nación multicultural. Una de las principales conclusiones fue la llamada Declaración de Chilpancingo, en la que se propone la unificación del movimiento indígena mexicano. Esta resolución fue enviada al Congreso Nacional Indígena, que se encontraba reunido en un Foro de Medicina Tradicional.

DESDE SUS NORMAS Y CON SU FUERZA COMUNITARIA

Tras el fallo de la Corte, adverso a los pueblos indios, tres resultados son evidentes. El Estado ha actuado en contra de los intereses de los pueblos indígenas. La nueva legislación no ha traído paz. Los pueblos indígenas seguirán luchando por sus derechos colectivos y por las autonomías municipales.
Un dirigente indígena lo dijo así: “El presidente Vicente Fox engañó a los pueblos indios, el Congreso de la Unión se burló de nuestra iniciativa y la Suprema Corte acabó con nuestra última esperanza”.

La decisión de la Corte abre otra etapa de lucha para los pueblos indígenas. Ya probado que los tres Poderes del Estado mexicano no les dejan reconstruir sus pueblos en el marco del orden jurídico nacional, impulsarán la autonomía desde los hechos y amparados en sus sistemas normativos propios. Y ya que se les arrincona en la resistencia, desde allí apelarán a la fuerza comunitaria para enfrentar al Estado y a sus instituciones represivas.

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