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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 236 | Noviembre 2001
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Nicaragua

El camino a las elecciones: un proceso fraudulento

4 noviembre 2001: participación masiva y transparencia en el conteo. Ambos datos -expresiones de democracia- legitimaron un proceso antidemocrático, nada transparente, basado en la exclusión y diseñado para la polarización. No hubo fraude en los comicios, el fraude ocurrió antes.

Equipo Envío

Desde finales de 1997 comenzaron a escucharse las primeras noticias -fragmentarias- y los primeros rumores sobre el pacto que se estaba fraguando entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Desde el primer momento, tras este pacto se adivinaban motivaciones económicas ocultas y explícitos objetivos electorales de ambos dirigentes. En los tiempos en que se comenzó hablar de este acuerdo bipartidista, la popularidad de ambos y de sus partidos iba en picada. En varias encuestas, el 60% de la población expresaba rechazo tanto a Alemán como a Ortega y tanto al FSLN como al PLC.

Desde un comienzo, la filosofía política del pacto, en sus aspectos institucionales y legales, fue la exclusión del resto de partidos para imponerle al país el bipartidismo. Estaban ya en marcha algunas iniciativas de alianzas entre partidos buscando conformar una "tercera vía". En junio 98 había surgido el Grupo de Centro, que integró a seis partidos (MRS, PC, MDN, PLI, APC y Resistencia) y que anunció participaría en las elecciones municipales del 2000 y en las generales del 2001 "bajo una sola bandera". Por el antisandinismo fundamentalista de la dirigencia del Partido Conservador, este Grupo derivó en el Movimiento Patria, separándose de él el MRS.

Durante la Convención Liberal de julio 98 Alemán enfatizó la relevancia del FSLN como su único rival político, argumentando que entre ambos partidos habían sacado más del 90% de los votos en las elecciones de 1996. En esta ocasión, Alemán descalificó groseramente a todos los otros partidos, llamándoles "fantasmas que persisten en continuar medrando de la democracia como microorganismos parasitarios".

Con el mismo argumento del 90% de los votos, el FSLN compartió con Alemán esta filosofía excluyente y de menosprecio a las opciones políticas "pequeñas". Pero el primer argumento público esgrimido por el FSLN para pactar cambios constitucionales, institucionales y legales con Alemán era la contradicción entre la "agenda social" y la "agenda institucional". Se argumentaba que para poder lograr "cambios sociales" los sandinistas debían tener presencia en las instituciones y que las instituciones debían integrarse bipartidistamente.

La primera expresión electoral del pacto fueron las reformas ad hoc que diputados del PLC y del FSLN hicieron en 1997 a la Ley Electoral aplicándolas ya en las elecciones celebradas en marzo 98 para elegir los gobiernos autónomos de la Costa Atlántica. Todas las reformas se orientaron a la bipartidización de los órganos electorales.

El consenso sobre el bipartidismo institucionalizado en los órganos electorales fue amplio entre la dirigencia y las bases del Frente Sandinista, que esgrimían como argumento que "así no nos volverán a robar las elecciones", dando por verdad probada que el FSLN perdió las elecciones presidenciales de 1996 como consecuencia de un fraude organizado por los liberales con la complicidad del Consejo Supremo Electoral (CSE). Después de las reformas, el FSLN perdió las elecciones costeñas de marzo 98.

A lo largo de 1998, aunque el pacto seguía en marcha tras bastidores, la retórica antisandinista de Alemán y el discurso antialemanista de Ortega se mantenían vibrantes en los escenarios públicos, en un permanente pulso teatral destinado a generar confusión.

En octubre 98, la situación de emergencia provocada por el devastador huracán Mitch abrió un compás de espera y ofreció a Alemán y a Ortega un nuevo argumento para "entenderse": la "gobernabilidad". Ante el desastre nacional, los más altos representantes del FMI y del BID ejercieron una intensa presión sobre ambos líderes para que Nicaragua garantizara gobernabilidad en la reunión del Grupo Consultivo para Centroamérica que iba a celebrarse en Estocolmo para conceder una ayuda especial a la región y a nuestro país. La "unidad" de todos en la "hora de patria" abierta por el Mitch alimentó con un nuevo combustible retórico el pacto.

Conocedores de las interioridades del diálogo bilateral que llevaban en secreto los grupos de poder organizados en torno a Alemán y a Ortega señalaron desde un comienzo que en las reformas constitucionales que se estaban pactando el interés fundamental del Presidente Alemán era suprimir el artículo que prohibe la reelección presidencial consecutiva, y el interés fundamental de Daniel Ortega era eliminar la segunda vuelta electoral. Se perfilaban así unos comicios en que ambos caudillos se enfrentarían como candidatos, reeditando el escenario electoral del 96. Meses después, al finalizar las negociaciones, ni Alemán consiguió la reelección ni Ortega se libró de la segunda vuelta electoral. De todas formas, fueron conformando un escenario bipartidista cada vez más excluyente eliminando todas las opciones que resultaran competitivas y alternativas.

En abril 99 Daniel Ortega declaró por primera vez estar dispuesto a asumir la candidatura del FSLN en el año 2001, afirmando: "Es inevitable el triunfo sandinista en las próximas elecciones".

En junio 99, inmediatamente después del regreso del Presidente Alemán de la reunión de Estocolmo, él y Ortega empezaron a dar detalles sobre las negociaciones bilaterales que hasta ese momento negaban, minimizaban o encubrían con discursos confrontativos o ambiguos y que atribuían a rumores y especulaciones. Ortega afirmó en aquel momento: "Yo no me adelantaría a llamar a esto un pacto, porque pactar es cuando se tienen acercamientos con una dictadura para obtener provechos personales, como ocurría en el pasado. El Presidente Alemán es un Presidente democrático, que fue electo cívicamente, y su gobierno es de corte civil. Alemán no es Somoza." Ese mismo día, Alemán le correspondió declarando: "Ortega ha evolucionado enormemente, es un hombre sensato". El pacto estaba consumado.

Pactar unos comicios donde se eligiera a diputados a una Asamblea Constituyente en sustitución de las elecciones generales del 2001 fue un tema muy presente en la mesa de las negociaciones bipartidistas. Alemán mantuvo vigente esta idea -con el fin de reelegirse más pronto- hasta noviembre 2000, después de celebradas las elecciones municipales. También en el FSLN hubo momentos en que Ortega y otros dirigentes defendieron la idea de la Constituyente.

Aunque con divergencias en algunos aspectos, en el "corazón político" del pacto convergió todo el FSLN, danielistas y no danielistas: interpretar -e imponer- que, como segunda fuerza electoral, el FSLN tenía derecho a cuotas de poder institucional y que, por eso, los cargos en los Poderes del Estado y las instituciones públicas debían repartirse proporcionalmente a los votos en las elecciones, prevaleciendo entre quienes fueran nombrados para los altos cargos las lealtades partidarias más que los méritos profesionales.

Los contenidos del pacto Alemán-Ortega se cocinaron primero en secreto para ser servidos después en el menú público. En la noche del 17 de agosto de 1999 se hicieron públicos los 33 acuerdos surgidos del pacto liberosandinista. Todos, orientados a consolidar el bipartidismo y el bicaudillismo. Todos, cambios destinados a oxigenar a los dos caudillos, que traducían las debilidades de ambos grupos negociantes y la incapacidad de cada uno para imponer al otro sus intereses. Nada ni nadie logró detener el pacto ni modificar sus contenidos. Ni las críticas al interior del FSLN, ni las voces de alarma de sectores sociales y pensantes en los medios de comunicación ni las encuestas de opinión pública ni las tímidas advertencias de algunos sectores de la comunidad internacional.

El pacto aumentó la burocracia estatal de altos funcionarios con megasalarios, causando un notable incremento en el presupuesto y bipartidizando todas las instituciones: en el CSE los magistrados pasaron de 5 a 7, en la Corte Suprema de Justicia los magistrados pasaron de 12 a 16 y la Contraloría General de la República se conformó con 5 contralores en vez de uno.

El pacto reformó la Ley Electoral de diciembre 95, asumiendo, con algunas variantes, la reforma ad hoc pactada para las elecciones costeñas. Esta Ley, que había regido las elecciones del 96, contenía un cúmulo de imprecisiones que demandaban reformas. Pero la crítica más consistente que se le hizo fue la politización partidaria de los órganos electorales en desmedro de su profesionalización. El que la Ley despojara al Consejo Supremo Electoral (CSE) de la potestad de nombrar directamente a los funcionarios electorales -en base a criterios técnicos y profesionales- y se viera obligado a elegirlos de las listas que le presentaran los partidos políticos fue considerado el error más grave de la Ley. En las elecciones de 1996 este cuestionable ordenamiento jurídico conspiró contra la transparencia de las elecciones. Otra deficiencia de la Ley era el excesivo pluralismo político que favorecía y que en 1996 se convirtió en hiper-pluralismo: 23 partidos compitieron en aquellas elecciones.

El pacto reformó esta Ley Electoral en una dirección peligrosa y antidemocrática: la politización partidaria de los órganos electorales se transformó en politización bipartidaria, y el hiper-pluralismo se convirtió en bipartidismo forzado. "Ninguna reforma es profunda, a pesar de que la Ley las necesitaba, todas están orientadas a establecer prohibiciones y a otorgar permisos", opinó el ex-Presidente del CSE Mariano Fiallos. Según una consultoría internacional financiada por Suecia, la Ley Electoral "debilita la democracia" y su objetivo no es otro que "limitar cualquier competencia que pueda afectar la hegemonía compartida de los pactistas."

La reforma electoral pactada actuó contra el municipalismo, la descentralización y el surgimiento de líderes locales, eliminando las asociaciones de suscripción popular en la elección de alcaldes. Actuó contra el pluralismo diseñando obstáculos casi insalvables para el surgimiento de nuevos partidos políticos, para la pervivencia de los existentes y para la creación de alianzas entre los partidos. Actuó contra la democracia representativa y contra la democratización a lo interno de los partidos cancelando la posibilidad de elegir directamente a los diputados y estableciendo que sólo podrán ser candidatos quienes vayan en las "planchas" confeccionadas por los partidos. La Ley redujo el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta de 45% a 40%, e incluso a 35% si el partido del segundo lugar no superará el 30%.

Las reformas constitucionales pactadas fueron varias. Se estableció la doble nacionalidad con cualquier país (orientada a favorecer a algunos que en aquel momento parecían "presidenciables" del PLC: Alvarado, Rizo). Se estableció la votación calificada de dos tercios de los diputados para supenderle la inmunidad al Presidente de la República (orientada a proteger tanto a Alemán como a Ortega, amparados en la inmunidad para evadir delitos).

La más controversial de todas las reformas constitucionales fue la que el FSLN le concedió a Alemán para "agradecerle" la reducción del porcentaje necesario para ganar elecciones: como Presidente saliente ocuparía una diputación en la próxima Asamblea Nacional, sin mediar el voto popular. Con esta concesión, el FSLN "consoló" a Alemán por mantener la prohibición de la reelección consecutiva. El diputado sandinista Bayardo Arce justificó así la diputación regalada: "Así nos lo debe a nosotros".

El pacto dividió el municipio capitalino de Managua en tres municipios. La decisión causó controversia, y en el FSLN aumentó la crisis con la ocupación ilegal, en diciembre 99, de Radio YA para arrebatársela a su propietario, el sandinista Carlos Guadamuz, quien también fue expulsado del FSLN, por ser un abanderado de la oposición a la división de Managua. En esta ocasión, un comunicado del FSLN amenazó con sancionar a los sandinistas que entorpecieran con sus críticas el pacto, que calificaban como una "enorme y patriótica tarea".

El 18 de enero del año 2000, en una sesión de la Asamblea Nacional que duró tres horas, con escasos debates, fueron aprobadas en segunda legislatura por 70 de los 93 diputados las reformas a la Constitución de la República y las reformas a la Ley Electoral -de rango constitucional- pactadas por Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. Sólo cuatro diputados del FSLN votaron en contra de las reformas. Unos meses después, el FSLN los castigaría inhibiéndolos para competir como diputados.

La consumación del pacto significó el fin de la transición democrática iniciada, con tantísimos límites, en 1990 tras la derrota electoral del FSLN, el fin de la guerra entre nicaragüenses y el inicio del gobierno Chamorro.

Durante las negociaciones que concluyeron en el pacto, Daniel Ortega pidió siempre "la cabeza" de la Presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, a quien atribuyó siempre el fraude que le habría impedido ser elegido Presidente en 1996. Zelaya fue separada de su cargo el 4 de febrero del 2000, siendo sustituida por Roberto Rivas. Después, de forma inconstitucional, dejó de ser magistrada del CSE el 3 de julio. A cambio, Arnoldo Alemán pedía "la cabeza" del Contralor Agustín Jarquín, por los señalamientos que sobre su enriquecimiento ilícito venía haciendo. Jarquín abandonó su cargo en julio del 2000, después de haber permanecido encarcelado más de 40 días en noviembre-diciembre 99, tras un juicio amañado y ordenado por el Presidente Alemán. Generó perplejidad saber que, al abandonar la Contraloría, Jarquín entró en conversaciones con Daniel Ortega para concretar con él una alianza electoral, que le llevaría después a integrar con él la fórmula presidencial, a pesar de que en julio 2000 había afirmado a envío: "Yo no me veo en una candidatura con Daniel Ortega y no porque tenga algo personal contra él, sino simplemente porque esa candidatura no tiene ninguna posibilidad de triunfo."

Dada la corrupción y la impunidad intitucionalizadas por el gobierno Alemán, el resultado del pacto que más conmoción causó en la comunidad internacional -de cuya cooperación depende la economía nicaragüense-, fue el cambio en la Contraloría General de la República. Como una forma de tomar distancia de la antidemocrática Ley Electoral, la comunidad internacional decidió no aportar financiamiento para las elecciones municipales.

"Rayado el cuadro" bipartidista, el año 2000, año de elecciones municipales en noviembre, vio nacer, crecer y ser matadas nuevas opciones políticas. Reducido al extremo el tablero político empezaron a moverse las fichas hacia un lado y hacia otro. A inicios del año, los banqueros Haroldo Montealegre y Álvaro Robelo se unieron bajo la bandera del partido Arriba la República (antes Arriba Nicaragua). Propusieron dolarizar la economía, suprimir las aduanas y establecer el inglés como segunda lengua, se aliaron al FUAC y buscaron respaldo en Libia. El partido evangélico Camino Cristiano acogió en su seno al sandinista Guadamuz. Surgió un nuevo partido evangélico: Movimiento de Unidad Cristiana. Los conservadores Vidaurre y Solórzano acogieron a los liberales del PLI y a un grupo de socialdemócratas bajo la bandera verde.... Se preveía que la nueva Ley Electoral pactada reduciría los 23 partidos que participaron en las elecciones de 1996 a 5-10 partidos como máximo.

En medio de todos los reacomodos y realineamientos provocados por el pacto destacó el Movimiento Democrático Nicaragüense, una alianza de tercera vía -más exactamente, una herramienta electoral- que aglutinaba a ocho organizaciones políticas y personalidades de centro-derecha y centro-izquierda, y que incluía al sandinismo a través del MRS. Todos estos aliados decidieron cobijarse bajo la bandera del partido MDN, renunciando a sus personalidades jurídicas para constituir una nueva agrupación, "dispuestos a perder como partidos para ganar como nación".

En abril 2000, en un clima de ingobernabilidad creciente, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, los dos artífices del pacto excluyente, propusieron un "diálogo nacional" que incluyera a todos los partidos y sectores para lograr gobernabilidad. El MDN y el Partido Conservador exigieron tres condiciones, entre ellas la revisión de la excluyente Ley Electoral. La ambigua iniciativa del diálogo duró apenas diez días. A partir de entonces, surgieron varias iniciativas demandando la reforma de la Ley Electoral. Tanto en el FSLN como en el PLC, se argumentaba que era imposible cambiar la Ley Electoral pues esto significaría postergar las elecciones, armándose así un cerrado círculo vicioso: si había elecciones serían excluyentes y si no había exclusión no habría elecciones. Las encuestas continuaban mostrando que el 60% de la población no respaldaba ni al PLC ni al FSLN, ni a Alemán ni a Ortega.

En estos primeros meses del año 2000, el Presidente Alemán seguía obstinadamente aferrado al propósito de juntar las elecciones municipales con las generales, convirtiendo éstas en elecciones para una Asamblea Constituyente. La presión de la comunidad internacional influyó en que finalmente se respetara el calendario electoral: elecciones municipales en noviembre 2000 y elecciones presidenciales y legislativas en noviembre 2001.

El camino a las elecciones municipales estuvo signado por la destrucción de cualquier alternativa al bipartidismo. Para ello se emplearon maniobras políticas, disposiciones legales y zancadillas administrativas. La primera alternativa en ser destruida fue la más atractiva, el MDN. En mayo 2000, cuando el MDN ya había inscrito a candidatos a alcaldes en todos los municipios del país y había presentado 86 mil firmas de respaldo, la coalición fue desbaratada por presiones y maniobras de Arnoldo Alemán y del FSLN con la colaboración protagónica del Partido Conservador: 15 dirigentes del histórico MDN -a la cabeza de ellos Ernesto Leal- rompieron los acuerdos suscritos con la coalición pluralista y se aliaron con el PC. La "tercera vía" decidió entonces participar en las elecciones municipales bajo la bandera del MRS y llevando como candidata a alcaldesa de Managua a Dora María Téllez.

Después de establecer en la Ley Electoral pactada que los partidos y alianzas que quisieran competir en las elecciones municipales debían presentar en un plazo muy breve miles de firmas de respaldo en número equivalente al 3% del padrón electoral, el CSE estableció, como otro obstáculo más, un procedimiento informático de verificación de las firmas. El proceso fue realizado en condiciones de nula transparencia. El 18 de julio, por este procedimiento y con decenas de antimotines resguardando las instalaciones del CSE, fueron excluidos de las elecciones municipales todos los partidos y alianzas, a excepción de cuatro partidos nacionales: FSLN, PLC, PC y Camino Cristiano, y dos partidos costeños. El Grupo de los Cinco más Japón expresó al CSE su "preocupación" por las consecuencias políticas del proceso de la verificación de firmas. El CSE ripostó que éste era un tema de "soberanía nacional".

El 29 de agosto, el Consejo Supremo Electoral resolvió por unanimidad rechazar todas las impugnaciones presentadas por los partidos y alianzas políticas excluidos por el proceso de verificación de firmas. Como la Ley Electoral pactada estableció que la no participación en las elecciones es causal para cancelar la personería jurídica a los partidos políticos, el CSE resolvió también ese mismo día cancelar la personería a un total de 26 partidos políticos.

"Con la verificación se ha realizado el primer fraude electrónico que se comete en Nicaragua. Y lo que empezó con fraude terminará con fraude. Ante esta realidad, lo único que queda es revertir todo el proceso electoral", declaró Dora María Téllez, que interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua en contra de los magistrados del CSE por los vicios e ilegalidades con que se había anulado la participación del MRS y cancelado de facto su personalidad jurídica.

En septiembre, el CSE dejó fuera de la contienda electoral municipal en la Región Autónoma del Atlántico Norte y en la Región Autónoma del Atlántico Sur a la organización indígena YATAMA, argumentando, ilegalmente, que no había cumplido los requisitos. Simpatizantes de YATAMA dijeron que la decisión del CSE era "una declaración de guerra a los pueblos indígenas" y advirtieron que las elecciones municipales no se celebrarían en paz en la Costa Atlántica. De hecho, las vísperas electorales estuvieron cargadas de violencia en la RAAN y el día de las elecciones la abstención fue del 65%.

En junio y julio 2000 surgieron dos iniciativas para conformar dos nuevos partidos políticos para competir en las elecciones del año 2001. El ex-Jefe del Ejército Joaquín Cuadra -buscando atraer el voto del sandinismo no danielista en un proyecto de centro-izquierda- anunció el Movimiento Unidad Nacional. Y el tres veces Ministro en el gobierno Alemán, José Antonio Alvarado, anunció la creación, al interior del PLC, del Movimiento Liberales por el Cambio, buscando atraer al liberalismo no alemanista. Poco tiempo después, Alvarado abandonó el PLC y se dedicó a conformar el Partido Liberal Democrático. El 14 de agosto, Alvarado y Cuadra presentaron ante el CSE toda la documentación requerida por la Ley Electoral para obtener personería jurídica para que el MUN y el PLD pudieran participar en las elecciones presidenciales. En octubre, el CSE, valiéndose de argucias legales, negó personería jurídica al PLD.

En enero 2001, y empleando otras argucias, se la negó al MUN. El bipartidismo se imponía cada vez con mano más dura.

Como el Partido Conservador se proponía llevar como candidato a Alcalde de Managua al popular Pedro Solórzano, un candidato realmente competitivo y probablemente ganador, el CSE controlado por el PLC y el FSLN inhibió a Solórzano el 8 de agosto con una estratagema de antología: al dividir Managua, se alteraron los mapas cartográficos para que los límites del municipio de Managua pasaran por el patio de la casa de Solórzano. Esa "raya" hacía de Solórzano un habitante del nuevo municipio de El Crucero, y por tanto lo inhibía para ser candidato por Managua. No valieron justificados alegatos sobre la retroactividad de la ley ni protestas callejeras ni opiniones de expertos en materia electoral para impedir la ilegal inhibición de Solórzano. Así, el CSE garantizó el triunfo al candidato del PLC o al del FSLN.

Las elecciones municipales del 5 de noviembre del año 2000 pusieron a prueba la bipartidización de todas las estructuras del Poder Electoral y la voluntad de los votantes de aceptar el corsé bipartidista diseñado por el pacto. La pericia y malicia del tendido electoral del FSLN (funcionarios, fiscales y activistas) demostraron ser mayores y mejores que las del tendido del PLC.

Las elecciones municipales tuvieron un final lamentable, cuando los dirigentes del PLC postergaron el conocimiento de los resultados finales, al resistirse, con todo tipo de presiones, a aceptar algunos resultados, favorables al FSLN, su socio en el pacto, en municipios estratégicos. El Presidente Alemán demostró su incapacidad para saber perder. Los "fraudes" que hicieron los comandos electorales del FSLN y los activistas del PLC el día de los comicios, y las cifras que negociaron el PLC y el FSLN antes de publicar los resultados preliminares revelaron la peligrosa naturaleza del pacto PLC-FSLN: unidos para excluir, rivales hasta aniquilarse.

En las municipales el PLC ganó cuantitativamente, al obtener mayor número de alcaldías y mayor número de votos -especialmente en las zonas rurales-, y el FSLN ganó cualitativamente, al ganar Managua y 11 de las 17 cabeceras departamentales. Ganadora inesperada fue la abstención, que superó el 40%. Los resultados fueron un gran "empate técnico" y dejaron al país dividido y ya muy polarizado, lo que era uno de los objetivos del pacto bipartidista.

Las críticas nacionales e internacionales a la Ley Electoral arreciaron tras la celebración de las elecciones municipales, cuando se evidenciaron aún más sus límites y peligros. A fines de diciembre, el Centro Carter calificó la Ley de "cerrada y excluyente", pero como este señalamiento coincidió con la crisis electoral en Estados Unidos, que elegía entre Bush y Gore, los dirigentes del PLC y el FSLN desestimaron todos los cuestionamientos.

Doce horas después de conocerse que Herty Lewites, candidato del FSLN había ganado Managua, Daniel Ortega propuso su candidatura presidencial para el 2001. Este voluntarismo irresponsable, sumado a las actitudes y declaraciones arrogantes y triunfalistas con que el FSLN celebró y reclamó sus victorias en varias cabeceras departamentales intimidó al empresariado, a la clase política y a la población votante. Y resultó determinante en varios de los rumbos que tomó desde entonces el proceso que desembocó en las elecciones presidenciales.

El resultado de las elecciones municipales puso fin al plan de la Constituyente. Avizorando resultados reñidos en las elecciones presidenciales, el PLC pactó con el gran capital Pellas -que le impuso a Alemán como candidato a Enrique Bolaños- y buscó un pacto con el PC para enfrentar al FSLN, crecido con sus victorias municipales. El FSLN aceitó a sus 30 mil comandos electorales. Los dos partidos del pacto se prepararon para medir fuerzas en las elecciones presidenciales. Objetivo crucial para ambos era impedir la conformación de una tercera vía viable y atractiva. El FSLN consiguió la eliminación del MUN. Y ambos se dedicaron a evitar que el Partido Conservador cobijara una alianza de "tercera vía".

La selección de diputados en los dos partidos del pacto se hizo con métodos antidemocráticos. En febrero, la elección de los diputados del FSLN, a través de una consulta popular, resultó en un ejercicio fraudulento y lleno de anomalías, según denuncias de los mismos sandinistas. En enero fue Arnoldo Alemán quien eligió, en un simulacro de congreso, a la plancha de diputados del PLC.

Entre diciembre 2000 y abril 2001 hubo varios intentos e importantes esfuerzos orientados a que el Partido Conservador -el tercer competidor en las elecciones- prestara sus sellos y su bandera para cobijar una alianza de tercera vía en lo que se dio en llamar la "casilla universal". La posibilidad de que Violeta de Chamorro encabezara esta alianza como candidata presidencial estuvo viva entre enero y febrero 2001. Antes de declinar, doña Violeta sugirió al Partido Conservador que "en un acto de generosidad patriótica ofrezca su casilla sin condiciones de ninguna clase para lograr la gran unidad antipactista". Nunca hubo señales de esta generosidad. Una encuesta realizada por IDESO-UCA en febrero mostró que doña Violeta candidata tenía el respaldo mayoritario de la población para ganar las elecciones en aquel momento.

La posibilidad de una alianza de "tercera vía" bajo la bandera verde fracasó por la miopía política y el antisandinismo del Partido Conservador y por los esfuerzos calculados, tanto desde el PLC como desde el FSLN, para que esta posibilidad nunca pudiera viabilizarse. Cuando el liberal José Antonio Alvarado, de mucha popularidad, fue seleccionado como candidato a Vicepresidente del PC, en fórmula con Vidaurre, Alemán dio a sus magistrados en el CSE la orden de inhibirlo -como venía anunciando hacía meses-, alegando el CSE el mismo "argumento jurídico" que daba Alemán sobre el procedimiento empleado por Alvarado para recuperar su nacionalidad. La "muerte anunciada" del candidato Alvarado ocurrió en junio.

El proceso de la ilegal inhibición de Alvarado se prolongó durante 15 días, en los cuales, y a la espera de la decisión del CSE, Alvarado permaneció día y noche en la calle, ante las instalaciones del CSE, recibiendo muestras de apoyo popular. El CSE tardó 15 días en decidir la inhibición porque los tres magistrados del FSLN en el CSE decidieron no asistir a ninguna sesión para impedir el quórum de ley. Más que detener la inhibición de Alvarado, el propósito del FSLN era legitimarse ante la opinión pública nacional e internacional como "defensor de la institucionalidad y del pluralismo". Posteriormente la comunidad internacional tuvo que forzar un acuerdo entre los magistrados liberales y sandinistas del CSE para que se comprometiera a no romper nuevamente y por ninguna circunstancia el quórum.

Un último y oxigenante esfuerzo de alianza plural antipacto se dio entonces, cuando el candidato presidencial del PC, Noel Vidaurre hizo fórmula con el sandinista Carlos Tünnermann. Una conspiración alentada por liberales y sandinistas, valiéndose de un sector del PC, dio al traste con ésta fórmula -tal vez competitiva- y el PC optó por concurrir a las elecciones solo. Para entonces, las pugnas internas promovidas desde dentro y desde fuera lo habían deshecho, transformándolo en una opción irrelevante.

El 18 de julio, con la renuncia de Vidaurre y Tünnermann, quedó sepultada la posibilidad de algo parecido a una tercera vía electoral antipacto. Y quedó sellado el carril bipartidista en el que tuvo que moverse, administrando sus miedos, su sabiduría, su caudal de pragmatismo y algunas esperanzas, el electorado nicaragüense.

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