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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 214 | Enero 2000
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Panamá

Los fantasmas de las bases militares

El Canal y las bases militares son ya de Panamá. Con el cambio de dueño, se abre un abanico de desafíos grandes, medianos, pequeños. Uno de ellos, dejar o no que regresen a territorio panameño los militares de Estados Unidos

John Lindsay - Polland

En vísperas de la transferencia del Canal de Panamá a los panameños, la derecha de los Estados Unidos, en un intento por mantener el control sobre el istmo, invocaba el fantasma de un caos inminente. Vendía como justificaciones para mantener la presencia militar estadounidense en Panamá las inversiones hechas por China continental en el área del canal, y una posible extensión a los países vecinos del conflicto armado en Colombia. Aunque la entrega del canal y de las bases militares el 31 de diciembre era prácticamente indetenible, en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, los alegatos de la derecha crearon condiciones para que futuros gobiernos norteamericanos traten de recuperar control en el territorio panameño.


Por orgullo nacional

Desde septiembre de 1998, cuando las negociaciones para mantener la presencia militar norteamericana en Panamá colapsaron formalmente, tras tres años de altibajos, los congresistas republicanos no dejaron de lanzar críticas contra el gobierno Clinton. Las negociaciones se habían centrado en la posibilidad de usar la Base Aérea Howard transformándola en un Centro Antidrogas. Panamá rechazaba esta oferta porque Estados Unidos insistía en que se incluyeran en el mandato del Centro misiones que nada tenían que ver con la lucha antinarcóticos.

Según la Constitución panameña, un acuerdo sobre el establecimiento o no de este Centro tenía que pasar por la prueba de un plebiscito popular. Después del NO, el PRD, partido en el gobierno -que había hecho prematuros anuncios favorables a la instalación del Centro-, le dio la espalda al tema. Tanto la población como las élites rechazaron el Centro Antidrogas entendiéndolo como una base militar apenas disfrazada que violaría el espíritu de los Tratados Torrijos-Carter. Panamá propuso que el acuerdo se limitara solamente a tres años y a misiones exclusivamente anti-drogas, pero la propuesta era inaceptable para Washington. Como dijo el negociador norteamericano Thomas McNamara, "prevaleció un error de cálculo entre nuestros militares: pensaron que los panameños aceptarían algún tipo de presencia militar norteamericana".

No fue así. Ha sido una sentida aspiración del pueblo panameño el asumir el control del canal y de las bases, tanto por orgullo nacional como por desarrollo material. Hay mucho debate en Panamá sobre cómo utilizar la Zona del Canal de manera que garantice una mayor equidad social. Cuando se le preguntó a grupos de estudiantes cómo se debía utilizar el territorio que Panamá recuperaba, respondieron con convicción que debía servir para levantar escuelas, bibliotecas y centros turísticos. La infraestructura de las bases militares -con un valor de 4 mil millones de dólares según el Banco Mundial- podría servir para proyectos de este tipo y por eso, para contribuir a reducir la brecha entre pobres y ricos. Pero si estos valiosos recursos no se canalizan hacia inversiones sociales, representarían únicamente una nueva y gran oportunidad para hacer aún más ricos a los ricos.


Hoteles y universidades

El uso de las tierras de la Zona del Canal con un objetivo de desarrollo social tiene un límite en la política neoliberal del gobierno. Aunque la nueva Presidenta Mireya Moscoso se ha comprometido a suspender la orgía de privatizaciones realizada por el gobierno anterior, es poco probable que dé marcha atrás a la venta del patrimonio nacional, que ahora incluiría el colocar en el mercado la mayoría de los bienes que Estados Unidos ha devuelto a Panamá. Moscoso, viuda del tres veces Presidente de Panamá Arnulfo Arias, venció en las elecciones a Martín Torrijos, hijo de quien hizo posible los Tratados de 1977 sobre el canal. El nombramiento hecho por Moscoso de Ricardo Martinelli para el Ministerio encargado del Canal ha intensificado los temores sobre nuevas privatizaciones. Martinelli, empresario y ganadero, se hizo famoso en los primeros años 90 cuando intentó privatizar el sistema de seguridad social y de salud del país. Quien dirigirá la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) -instancia que tiene la responsabilidad del manejo de las tierras del área del canal- es Nicolás Ardito Barletta, un ex-vicepresidente del Banco Mundial. Es previsible que su trabajo sea "vender". "Barletta mira el país como una gran caja registradora -comenta un empleado de la ARI-. Sólo quiere saber cuánto se puede sacar de ella".

Una de las vías por las que Panamá espera obtener ingresos es el ecoturismo. Medio millón de turistas visitan Panamá cada año. Ahora, el país quiere incrementar ese número aprovechando los centenares de especies de aves autóctonas y la presencia anual en Panamá de aves migratorias, y el millón y medio de hectáreas de parques nacionales para atraer ecoturistas. Los nuevos proyectos turísticos son variados. Desde un antiguo lugar para radares en la cima de una montaña, convertido en un pequeño hotel para los aficionados a los pájaros, hasta un gran proyecto -valorado en 300 millones de dólares y respaldado por capital coreano- que convertirá la Fortaleza Amador, ubicada en la entrada al canal por el Pacífico, en un complejo con hotel y casino, con su propio sistema de transporte. En el lado caribeño del istmo, inversionistas españoles están dedicando 20 millones de dólares a la remodelación de los abandonados edificios de la nefasta Escuela de las Américas. Dentro de poco, este lugar, donde se capacitaron militares y torturadores que violaron los derechos humanos en todo el hemisferio, será un hotel de cinco estrellas con mirador al Lago Gatún por tres de sus flancos.

Uno de los retos más grandes para Panamá será la reconversión de las tres grandes bases militares que están frente a la Ciudad de Panamá, al otro lado del Canal. Entre las tres constituyen casi la mitad del total de la infraestructura de las bases. Panamá espera convertir la más grande de las tres, la Base Aérea Howard, en un centro de múltiples modalidades de transporte, incluido el aéreo y el marítimo. Quizás el proyecto más ambicioso de reconversión de bases es la llamada Ciudad del Conocimiento, un complejo de instituciones públicas y privadas de investigación universitaria que ocupará el antiguo cuartel del Ejército de Estados Unidos en la Fortaleza Clayton.


¿Nuevas esclusas?

Antes de la devolución, el Canal contaba con una fuerza laboral -en un 94% panameña- que lo manejaba con eficiencia dando paso a 38 embarcaciones diarias. Respecto al Canal, el asunto de mayor envergadura -algunos lo definen como la decisión más importante que enfrenta el nuevo gobierno- es el tercer conjunto de esclusas: si hay o no que construirlas y cómo hacerlo. Desde los años 30 la idea ha sido tema de discusión. Se hace necesario dar espacio a las embarcaciones más anchas y pesadas, manteniendo el mismo ritmo de paso, en un mundo en el que se ha incrementado el comercio marítimo. El alto costo del proyecto, 8 mil millones de dólares, ha postergado siempre la decisión. La Presidenta Moscoso dice que apoyará el proyecto y gestionará los fondos, después de hacer estudios sobre la capacidad adicional de agua dulce que requieren las nuevas esclusas.

El gobierno tendrá que enfrentar también el tema ecológico en la cuenca del Canal, un área que lo alimenta con agua dulce y que está en proceso de deterioro. La deforestación de la cuenca aumenta la sedimentación y reduce la capacidad de los lagos, que alimentan el canal con sus aguas. Mientras el índice de deforestación se ha reducido considerablemente en los últimos años, la urbanización y las presiones demográficas siguen atrayendo a esta cuenca a campesinos pobres que emigran de la zona rural y que son empleados por madereros que despalan y erosionan los suelos.


Peligrosos armamentos abandonados

Para estos madereros y para los futuros ecoturistas, los miles de morteros y granadas no detonados que permanecen dispersos en tres de los antiguos campos de artillería en la ribera oeste del canal constituyen un grave peligro. A pesar de que los tratados obligan a Estados Unidos a eliminar de estos terrenos todas las amenazas a la seguridad y a la salud, Washington esperó hasta 1998 para iniciar las investigaciones in situ y para poner en marcha la limpieza de más de 3 mil hectáreas de terrenos contaminados por explosivos. En Estados Unidos limpiezas similares se han prolongado hasta por 15 años. Unos 21 panameños han muerto en accidentes causados por explosivos abandonados en el área. Panamá ha insistido en que es responsabilidad de Estados Unidos continuarla limpiando aún después del vencimiento de los tratados el 31 de diciembre de 1999.

También son temas de conflicto los armamentos químicos ensayados por los Estados Unidos y luego abandonados, tanto en la zona del Canal como en otros lugares que ocupó Estados Unidos para pruebas químicas durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de estos lugares es la isla San José, ahora propiedad privada destinada al desarrollo turístico. Washington se niega a entregar los documentos que contienen información sobre los sitios donde pueden estar enterrados esos armamentos químicos, y ha declarado formalmente que Estados Unidos no ha abandonado este tipo de armas en ningún país.

De haberlo hecho, violaría la Convención sobre Armamentos Químicos, que exige a los Estados que la ratifican declarar qué armamentos dejaron abandonados en otros países. En el caso de que alguno de esos "otros países" haya ratificado la Convención, el país responsable del armamento debe retirarlos y destruirlos. En agosto de 1999, la Policía Nacional de Panamá encontró una lata usada para guardar el letal gas sarín. El hecho motivó al gobierno panameño a invitar al secretariado técnico de la Convención sobre Armamentos Químicos, en La Haya, a que inspeccionara los lugares sospechosos de contener químicos. A la par, aparecieron pruebas que demostraban que el Ejército estadounidense había ensayado el agente naranja en Panamá en los años 60 y 70, acusación que siempre ha rechazado el Comando Sur de los Estados Unidos.

El conflicto sobre la limpieza de los armamentos abandonados se ha convertido en el tema más espinoso en todo el proceso de traspaso del Canal. Para muchos panameños, dejar de tener un enclave extranjero en su territorio requiere que esas tierras no contengan un potencial riesgo ambiental. El ejercicio pleno de la soberanía panameña pasa por el cumplimiento por Estados Unidos de sus responsabilidades. Está por ver si Washington las asumirá.


Bases alternativas en América Latina

Después de cerrar en mayo de 1999 la Base Howard -de donde se calcula que la Fuerza Aérea de Estados Unidos habría realizado 2 mil vuelos de espionaje anuales- Washington negoció acuerdos transitorios para utilizar pistas de aterrizaje en Aruba, en Curaçao y en Manta (Ecuador). Con estos nuevos centros de operación Estados Unidos tendría el 80% de la capacidad militar que tenía con Howard. Sin embargo, la negativa del Presidente de Venezuela Hugo Chávez de dar permiso irrestricto a las naves aéreas militares de Estados Unidos para sobrevolar territorio venezolano ha limitado la capacidad estadounidense de un total control regional.

En este contexto, Puerto Rico ha pasado a ser el centro de operaciones del Ejército de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Las Fuerzas Especiales que Estados Unidos tenía en Panamá se han trasladado a Puerto Rico. Estas fuerzas, que dedican una tercera parte de su tiempo a entrenar a militares latinoamericanos, también se entrenarán ellas mismas en varios lugares, incluyendo la portorriqueña isla de Vieques. El entrenamiento en combate en Vieques tuvo que suspenderse en abril de 1999, cuando unas bombas de la Marina que se desplazaban sin rumbo mataron a un guardia puertorriqueño. Las encuestas indican que una mayoría de puertorriqueños quiere que la Marina estadounidense abandone Vieques.


Objetivo: Colombia

Quienes libran la guerra antidrogas en Estados Unidos están furiosos por la salida de las tropas norteamericanas de Panamá. Le echan la culpa al ex-Presidente Pérez Balladares. Barry McCaffrey, el llamado Zar Antidrogas de Estados Unidos, opina que Pérez Balladares engañó a los Estados Unidos y que la "pérdida" de Howard "nos ha metido en un lío". Hay que valorar esta queja recordando su comentario de 1995, cuando dijo: "No hay ninguna de las tareas que hacemos desde Panamá que no podamos hacer en cualquier otro lugar".

Otros protagonistas de la lucha contra el narcotráfico culpan a la administración Clinton. "Estoy profundamente alarmado por la respuesta desarticulada e indiferente que la administración ha dado ante el retiro inminente de las fuerzas norteamericanas de Panamá", dijo, durante una audiencia en mayo, Benjamín Gilman, quien preside el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes.

Tras estos discursos sobre las operaciones anti-drogas están las preocupaciones por el conflicto en Colombia. Un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos admite que los centros de operaciones trasladados a otros países tras el cierre de la Base Howard se usarán para controlar a la guerrilla colombiana. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cruzan desde hace mucho tiempo la frontera para descansar en puntos de la despoblada provincia panameña de Darién. Lo hacen también para evadir los operativos de los militares o paramilitares colombianos. En los últimos dos años, un grupo paramilitar conocido como Unidades Campesinas de Autodefensa de Córdoba y Urabá -subdivisión de las Unidades de Autodefensa de Colombia- ha perseguido a los guerrilleros de las FARC, amenazando y matando a los pobladores sospechosos de darles apoyo. Las incursiones han mostrado la incapacidad de la policía panameña de controlar la frontera. Por su parte, los reportajes de los medios de comunicación globales -que confunden y fusionan las identidades de los guerrilleros y los paramilitares colombianos- han contribuido a que Washington refuerce su enfoque de que las FARC son la principal fuente de inseguridad en la región.

Argumentando que la policía panameña "no está organizada ni está dotada para controlar las incursiones de los insurgentes colombianos en las provincias de Darién y San Blas", el jefe del Comando Sur, General Charles Wilhelm, dijo en junio que el Comando Sur "intensificaría nuestro compromiso" con la policía panameña. Wilhelm ha cabildeado intensamente en favor de un aumento de la ayuda militar a Panamá. Citando las incursiones de las FARC y el Tratado de Neutralidad, afirmó: "Tenemos una responsabilidad bajo el Tratado de Neutralidad, y sabemos que tenemos la obligación de intervenir, o en cooperación con los panameños o unilateralmente, si así lo dictan las circunstancias, y por eso estamos dirigiendo los planes de contingencia hacia ese fin".


China: el último cartucho

La derecha de Estados Unidos también ha jugado con el «factor China». Una semana antes de la toma de posesión de Mireya Moscoso, el jefe de la bancada mayoritaria en el Senado, Trent Lott, envió una carta al Secretario de Defensa William Cohen, preocupado porque China estaba a punto de apropiarse del canal. "Hemos regalado la finca sin tirar un solo tiro", dijo Cohen, haciendo referencia a las concesiones otorgadas por Panamá en 1997 a un conglomerado marítimo con base en Hong Kong llamado Hutchison Whampoa para el manejo de puertos. Hutchison le ganó a la Corporación Bechtel de los Estados Unidos en un proceso de licitación criticado por su falta de transparencia. Hutchison, que maneja sus operaciones en América Latina desde Londres, ha invertido 100 millones de dólares en dos puertos a los dos lados del canal. "Los barcos navales de los Estados Unidos estarán a merced de pilotos controlados por los chinos", dijo Lott, que llegó a escribir: "Además, Hutchinson, brazo del Ejército de Liberación Popular chino, podría negarles el paso por el Canal de Panamá a nuestros barcos".

El "factor China" fue el último cartucho disparado en el esfuerzo por mantener en manos norteamericanas el canal y las bases militares. Fue también una señal más de los dolores de cabeza de la superpotencia y de la influencia que podrían tener en el futuro de Panamá.


"Volveremos ", dice McNamara

Los esfuerzos de Estados Unidos por lograr un acuerdo favorable tras su retiro formal de Panamá no carecen de precedentes. En Filipinas, en mayo de 1999, ocho años después de que el Senado de ese país rechazara un acuerdo con los Estados Unidos sobre bases militares, los dos países ratificaron un acuerdo sobre la presencia militar de Estados Unidos en Filipinas. Thomas McNamara dio a entender una intención similar en julio del 99 cuando compareció ante el Senado norteamericano y habló sobre las negociaciones fracasadas con Panamá. "Recomiendo encarecidamente que los dos países pasen por un período de unos años hasta que baje la temperatura y podamos volver a tratar con Panamá y ver entonces si aceptan o no la presencia militar norteamericana en su territorio", dijo. El Canciller de Panamá, José Miguel Alemán, ha señalado que el nuevo gobierno panameño está abierto a un acuerdo: "Quisiéramos mantener relaciones excelentes con los Estados Unidos y ayudar en cualquier asunto que los Estados Unidos considere de interés para su seguridad nacional". Pareciera que tiene razón el sociólogo panameño Raúl Leis cuando afirma que "los fantasmas de las bases militares siempre nos estarán rondando".

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