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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 214 | Enero 2000
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Nicaragua

Noticias del mes

Equipo Nitlápan-Envío

PACTO ALEMÁN-ORTEGA
El 18 de enero, en una sesión de tres horas, fueron aprobadas en segunda legislatura por 70 de los 93 diputados las reformas a la Constitución de la República y las reformas a la Ley Electoral pactadas entre el partido de gobierno y el FSLN. Al aprobarlas, quedaron convocadas las elecciones municipales para el 5 de noviembre, contradiciendo así públicamente la Asamblea Nacional al Consejo Supremo Electoral, que las había convocado oficialmente, días antes, para el 12 de noviembre. Con su publicación en La Gaceta el 19 de enero, entró en vigor la Constitución reformada; y el 24, la Ley Electoral reformada.


PACTO ALEMÁN-ORTEGA: CONSEJO SUPREMO ELECTORAL Y CONTRALORÍA
El 1 de febrero fueron elegidos por los diputados pactistas los dos nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, para elevar el número de magistrados de cinco a siete. Por los liberales, fue electo el diputado Silvio Américo Calderón. Por los sandinistas, el ex-Coronel Emmet Lang. El 4 de febrero, en una inesperada reunión y con cinco de los siete votos, fue separada de su cargo de Presidenta del CSE Rosa Marina Zelaya, sustituyéndola el magistrado Roberto Rivas, jurista que llegó hace años al CSE con el respaldo del Cardenal Obando. Haciendo una arbitraria interpretación de la Constitución, se decidió en el pacto que Zelaya y otros tres magistrados concluyan su período en julio del 2000, tan sólo tres meses antes de las elecciones municipales. Zelaya ha anunciado que recurrirá por inconstitucionalidad. El 1 de febrero fueron electos también los cuatro nuevos Contralores que, al inicio junto a Agustín Jarquín, integrarán el nuevo Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Por los liberales, fue electo el ex-vicecanciller Guillermo Argüello Poessy, el ex-asesor de la Presidencia Francisco Ramírez, y el contador Juan Gutiérrez. Por los sandinistas, el siquiatra José Pasos Marciaq. El 2 de febrero, Argüello Poessy fue electo para presidir el Consejo de la Contraloría. En sus primeras declaraciones defendió la auditoría ordenada irregularmente por el Legislativo para investigar la gestión de Jarquín.


FSLN CONTRA RADIO YA Y CARLOS GUADAMUZ
El 21 de diciembre, y por una demanda por pagos atrasados interpuesta por cuatro empleados, una jueza de Managua decretó tres embargos preventivos contra la popular Radio YA, dirigida por el sandinista-danielista Carlos Guadamuz. Los embargos fueron ejecutados con el apoyo de un notorio despliegue policial. La toma de la emisora causó altercados callejeros que protagonizaron los simpatizantes de Guadamuz, quien había sido expulsado una semana antes del FSLN -de forma arbitraria e irregular- por llamar "cochinos", "traidores" y "prostitutas" a los diputados del FSLN que habían aprobado la división de Managua y que estaban aprobando el pacto Ortega-Alemán. 45 trabajadores quedaron sin empleo tras los incidentes. En pocas horas, la emisora pasó a manos de los trabajadores demandantes, todos de orientación danielista, que "fundaron" de inmediato la "nueva" Radio YA. Guadamuz -que responsabilizó de toda la operación judicial-policial a Daniel Ortega, del que dijo era "el nuevo Somoza de Nicaragua"- perdió también las dos frecuencias que tenía a su nombre, en AM y en FM. La Radio YA era propiedad de Carlos Guadamuz y así es reconocido en documentos oficiales del FSLN. Temeroso de represalias de parte de Ortega, Guadamuz abandonó la batalla jurídica por defender sus derechos como militante del FSLN.

PEDRO SOLÓRZANO FUERA DEL JEUGO ELECTORAL
En la sesión de aprobación de las reformas constitucionales y electorales resultó escandalosa la reforma pactada entre sandinistas y liberales a un artículo constitucional referido a las atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE) con el único fin de inhibir como candidato a alcalde de Managua al popular empresario Pedro Solórzano, inventor y promotor de las carreras Ben-Hur, evento festivo en el que participan anualmente los carretoneros de la capital con sus escuálidos caballos. Antes de esta reforma, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales había trazado las líneas divisorias de los tres municipios en que fue dividido, por el pacto, el municipio de Managua, de tal manera que la casa de Solórzano quedara por fuera de Managua y en el nuevo municipio de El Crucero, lo que imposibilita -por razón de la reforma- que aspire a la alcaldía capitalina. Los criterios usados para trazar estos límites fueron políticos y no técnicos. Solórzano interpuso un recurso ante el CSE. En todas las encuestas Solórzano aparece como el candidato con mayor potencial de votos, por encima de los candidatos del PLC y del FSLN.

DIVISIÓN DE MANAGUA
El 15 de diciembre fue aprobada la división del municipio capitalino de Managua en tres municipios: Managua, El Crucero y Ciudad Sandino, a la que se le pretendió cambiar el nombre por el de San Francisco Javier, ya que muchos de sus pobladores desean tener un santo patrón al que celebrar una fiesta anual. Diez de los 36 diputados sandinistas se opusieron a que se le cercenaran a la capital 300 kilómetros cuadrados de su territorio histórico. Un estudio financiado por el BID concluyó que los dos nuevos municipios creados serán inviables económicamente.


AGUSTÍN JARQUÍN SALE DE LA CÁRCEL

Tras 44 días de encarcelamiento, el Contralor General de la República, Agustín Jarquín, fue liberado el 24 de diciembre en la tarde, al dictar el Tribunal de Apelaciones sobreseimiento definitivo en el proceso donde se le condenó por supuesto delito de fraude en perjuicio del Estado. Fueron también sobreseídos el presentador de TV Danilo Lacayo y el funcionario de la Contraloría que acusó a Jarquín, Néstor Abaunza. Jarquín valoró su prisión como "un largo retiro espiritual", anunció que cuando se viera obligado a abandonar la Contraloría, se dedicaría a consultorías privadas y a trabajar para que surja en Nicaragua "un proyecto de nación". En lo inmediato, Jarquín propuso la idea de someter a un referéndum las reformas constitucionales. Daniel Ortega y Arnoldo Alemán minimizaron la iniciativa. El Consejo Supremo Electoral la consideró viable. La recogida de las 50 mil firmas se inició en enero, cuando ya estaban en vigencia las reformas, y continuó realizándose por su carácter testimonial, movilizador y educativo.

AGUSTÍN JARQUIN SIGUE EN LA MIRA
Antes de que se cumpliera un mes de que el Contralor Agustín Jarquín saliera de la cárcel, la Procuraduría de Justicia, dependiente del Ejecutivo, presentó un recurso extraordinario de casación en el Tribunal de Apelaciones para revertir el sobreseimiento dictado a favor de Jarquín. Posteriormente, Néstor Abaunza -cuya declaración sirvió de base para iniciarle en abril de 1999 el proceso a Jarquín- acusó al Contralor de nuevos delitos en perjuicio del Estado. La Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional aceptó de inmediato investigar estas denuncias. Posteriormente, y al reformarse la Constitución para instalar una Contraloría colegiada, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, sin seguir los procedimientos legales para seleccionar y contratar auditores, ordenó hacer una auditoría operativa en la Contraloría, con el evidente fin de "encontrar" nuevos cargos contra Jarquín. En los primeros días de funcionamiento de la nueva Contraloría colegiada, a Jarquín se le quitó la tarea que inicialmente se le había asignado -ser responsable de la planificación del trabajo del ente fiscalizador- para darle la de simple asesor, como una forma de desplazarlo y humillarlo.

ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA ANTES DEL PACTO
El 18 de enero, horas antes de dejar de ser Contralor General de la República a causa de la colegiación de la Contraloría pactada entre Alemán y Ortega, Agustín Jarquín dejó iniciado el proceso sumario administrativo contra el Presidente de la República por negarse a informar a la Contraloría sobre el incremento de su patrimonio personal y familiar desde que asumió el poder, según se lo ordena la ley. El inicio del proceso sumario fue notificado a Alemán, que contestó a Jarquín una carta, señalándole que ya no tiene ninguna competencia por ser "ex-Contralor". En la misiva, Alemán afirma que la decisión de Jarquín refleja "un criterio obnubilado y animado de una voluntad enfermiza de causar daños" y concluye su retórico texto con esta invocación: "Calma, ¡oh Dios!, odios petrificados en algunas personas, odios que se han diseminado en toda la histología suya, odios inveterados que yo perdono e ignoro". Desplazado Jarquín de la Contraloría, al colegiarse ésta, Alemán anunció que presentaría su declaración de bienes a los nuevos contralores, por su confianza en los mismos. Los nuevos contralores expresaron que el asunto del patrimonio presidencial no era prioritario para la institución.

SILVIO AMÉRICO CALDERÓN: ESCÁNDALO EN EL LEGISLATIVO
Cuando el diputado del PLC Silvio Américo Calderón iba a ser elegido como nuevo magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), el ex-gerente en Nicaragua de la poderosa transnacional de telecomunicaciones Bellsouth reveló que hacía unos meses la empresa había contratado a la esposa de Calderón para hacer un estudio que implicaba conseguir que fuera aprobada en la Asamblea Nacional la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales con cláusulas favorables a los intereses de la Bellsouth. La Ley fue aprobada de esta forma a finales de diciembre. Calderón presidía la Comisión que dictaminó y cabildeó los votos necesarios para aprobar la Ley. A pesar del escándalo y de las pruebas del caso, Calderón fue elegido por liberales y sandinistas como uno de los dos nuevos magistrados del CSE.


PRIMERA DAMA: SIGUE EL NEPOTISMO
La Primera Dama María Fernanda Flores de Alemán asumió el 10 de enero la dirección de los Ministerios que integran el Gabinete Social, desplazando así a Yamileth Bonilla, titular de la Secretaría de Acción Social, de un cargo que le corresponde según la Ley. Los Ministerios del Gabinete Social son los de Educación, Salud, de la Familia y Agropecuario y Forestal, y las Secretarías Técnica y de Acción Social. Flores defendió con firmeza su derecho a ocupar ese cargo por ser esposa del Presidente y empleó la formalidad de "coordinación" en vez de la de "dirección", buscando disimular así una decisión que resulta inconstitucional por su carácter nepótico.

CIERRA EL BANCO DE CRÉDITO POPULAR
A inicios de enero, y alegando irregularidades en su desempeño, la Superintendencia de Bancos decidió que el estatal Banco de Crédito Popular cerrara definitivamente sus operaciones. Esta entidad era el último banco estatal, después de la desaparición total del BANADES y de la capitalización (privatización) del BANIC, operación que fue cuestionada por la Contraloría General de la República por falta de transparencia. La Constitución de Nicaragua establece que el Estado debe garantizar el funcionamiento de bancos y otras instituciones financieras estatales como mecanismos de fomento, inversión y desarrollo dirigidos especialmente a los medianos y pequeños productores. La única opción estatal que hoy les queda a estos productores es el Fondo de Crédito Rural, que resulta insuficiente e ineficiente.

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