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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 214 | Enero 2000

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Nicaragua

Después del pacto: la suerte está echada

El "centro" no ha sido abierto por ideologías sino por una coyuntura política e histórica dramática. Los próximos meses y las elecciones municipales serán una prueba inicial y decisiva para quienes, después del pacto, nos quedamos en el centro.

Equipo Nitlápan-Envío

Con 1999 no sólo terminó para Nicaragua el siglo XX y el segundo milenio. Terminó también "la transición" iniciada con tantísimos límites en 1990, tras la derrota electoral del FSLN y el inicio del gobierno Chamorro. Las cúpulas del PLC y del FSLN han pactado nuevas reglas de juego que dan por cerrada esa transición. El acuerdo Alemán-Ortega generó muchísimas resistencias. Todas resultaron ineficaces. El pacto se consumó, cerrando espacios. Próxima parada: las elecciones municipales de noviembre. ¿Será posible una alternativa verdaderamente nacional que vaya reabriendo lo que ahora se ha cerrado, que esté decidida a construir una democracia donde haya lugar para todos? Ninguna pregunta de mayor trascendencia en los próximos meses.


No es pacto de caballeros

La aprobación, en primera y segunda legislatura, de las reformas constitucionales y electorales concluyeron el pacto Alemán-Ortega en sus aspectos visibles. Todos los Poderes del Estado tienen ya un sello bipartidista. Ambas partes tenían prisa en dar por concluida tan cuestionada negociación. Según Daniel Ortega, porque pasados los ardientes debates que el pacto suscitó en los medios y en algunos foros, "la gente se olvidará de todo esto y se concentrará en las elecciones". Tanto en las dos votaciones -fines de la primera legislatura (diciembre 99) e inicios de la segunda (enero 2000)- el procedimiento estuvo marcado por la prisa. Escaso debate en el plenario del Parlamento. Inmediata proclamación de las reformas por el Presidente. Publicación en tiempo récord en La Gaceta de la Constitución y la Ley Electoral reformadas. El 18 de enero, día en que Nicaragua conmemora el nacimiento de Rubén Darío, el pacto estaba consumado. ¿Contiene esta coincidencia alguna promesa de futuro? ¿De esta humillación surgirá luz, como de la humilde Metapa surgió un genio?
¿Quién ganó y quién perdió con este pacto, los alemanistas o los orteguistas? Llovieron análisis en uno y en otro sentido. Lo que quedó demostrado en los días siguientes es que no se trata precisamente de un pacto de caballeros y que, "legalizado" el acuerdo, pueden ser cada vez mayores las cuotas de obscenidad política.
La elección en el Parlamento de los cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema, de los dos nuevos magistrados del Poder Electoral y de los cuatro nuevos contralores de la Contraloría colegiada -todos altos cargos nacidos del pacto- resultó reveladora. De la insultante falta de independencia del Legislativo y del control bicaudillesco que padece. De la escasa preocupación de los negociantes por el profesionalismo o la ética de los nombrados. De las desconfianzas y oportunismos que dominan a la clase política. De lo instalada que está la corrupción -sobornos, tráfico de influencias- entre un buen grupo de diputados. De lo inestables que son los acuerdos del pacto y de lo orientados que están a un bipartidismo excluyente y en permanente confrontación. Tanto por lo que se lee en el papel como por lo que empezó a demostrar la práctica es difícil creer que el pacto contribuya a la gobernabilidad de Nicaragua.


La Constituyente en el horizonte

Reveladora resultó también la reacción del Presidente Alemán en las mismas vísperas de la definitiva aprobación de las reformas constitucionales. El mandatario volvió a hacer público su verdadero proyecto: suspender las elecciones presidenciales del año 2001 sustituyéndolas por elecciones para diputados a una Asamblea Constituyente, que con facultades absolutas como máximo Poder del Estado elaboraría durante dos años una nueva Constitución. Sólo el hecho de lanzar la idea deja al desnudo el total coyunturalismo prebendario de las actuales reformas: reformar la Constitución sólo por unos meses para lograr un total control del Estado desde el que cambiar después toda la Constitución.
El proyecto de una Constituyente encubre el deseo de Alemán de ser reelegido. Se lo prohibe la Constitución, y esta baza no la ganó en el pacto. Con la Constituyente -donde participaría el propio Alemán y probablemente una mayoría de diputados leales- "mataría dos pájaros de un tiro": despojaría a la actual Constitución de toda huella de sandinismo, y crearía un "paréntesis legal" que le facilitaría la reelección. La idea también tiene su base en el temor del Presidente a que el PLC pierda las elecciones presidenciales del 2001, para las que aún no logra perfilar ningún candidato liberal "potable" ni para la población ni para sus propios intereses personales y familiares.


¿Un sistema parlamentario?

Humberto Ortega, estratega del pacto, viene proponiendo desde hace meses una Constituyente. En nombre del "nuevo consenso" que el país necesita. Daniel Ortega viene abogando porque se haga una reforma constitucional que establezca en el país un sistema parlamentario. "Sería una verdadera revolución", ha dicho. Vale recordar que a fortalecer los poderes del Parlamento se orientaron las reformas constitucionales de 1995, tan denostadas entonces y ahora por el PLC y el FSLN. Esas reformas han sido violadas en la práctica por el Presidente de la República quien, con un presidencialismo cada día más en desuso en la aldea globalizada, ha hecho de la Asamblea su sucursal. Tal vez profundizar el actual "parlamentarismo", tan funcional a este tipo de presidencialismo, es lo que resulta tentador a caudillos como Ortega y Alemán.
La realidad es que el pacto tiende, entre otras muchas cosas, al anti-parlamentarismo al cerrar, por ejemplo, toda posibilidad a la elección de diputados nominales -una fórmula que fortalece la democracia representativa en el Parlamento-, estableciendo que los candidatos a diputados sólo podrán presentarse en planchas cerradas de partidos políticos.


FSLN: crisis irreversible

El pacto Alemán-Ortega, por el bipartidismo excluyente al que se orienta, y por el manto con que pretende encubrir la bi-corrupción de los dos grupos negociantes, fue prolongada, consistente y detalladamente criticado por prácticamente todos los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad. La catarata de opinión pública no detuvo la maquinaria. En la Asamblea, unos 20 diputados de los oscilantes partidos minoritarios votaron contra las reformas con más o menos lucidez y fuerza en sus argumentaciones públicas.
Al final, sólo cuatro diputados del FSLN votaron en contra. Es evidente que el pacto ha profundizado la confusión y la dispersión al interior del sandinismo, ya muy disperso desde hace años. Más allá de sus aspectos institucionales, el solo hecho de haber negociado asuntos tan trascendentales con un hombre como Alemán ha lacerado la conciencia de las bases sandinistas.
La crisis generada en el FSLN tiene visos de irreversible. Aunque resulta difícil avizorar escenarios futuros a nivel nacional, no puede descartarse que el FSLN obtenga buenos resultados en las elecciones municipales, especialmente por el desempeño positivo de muchos de los alcaldes sandinistas en estos cuatro años, y no porque las estructuras del partido o su dirigencia se hayan vinculado con ellos. Más bien, fueron abandonados a su suerte durante estos años y han podido hacer cosas por sus comunidades gracias a sus ingentes esfuerzos y a la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales.
Otra cosa es Managua. En vísperas de Navidad, una nueva crisis vino a "abrirle los ojos" a un sector del sandinismo aún alineado con las posiciones danielistas. El sandinismo de los sectores más pobres de la capital resultó gravemente confundido con los sucesos que pusieron fin a la Radio YA dirigida por Carlos Guadamuz. Nadie más danielista que Guadamuz, vocero durante años -ahora lo ha confesado- de innumerables campañas orientadas por el propio Daniel Ortega a desprestigiar a otros dirigentes sandinistas.



Carlos Guadamuz lo perdió todo

En 1996, Guadamuz aspiró a ser candidato del FSLN a la Alcaldía de Managua. Y aunque en la consulta interna del FSLN -especie de "primarias"- le hicieron fraude, ganó esa candidatura. Al llegar las elecciones nacionales, las estructuras del FSLN orientaron a los militantes a no votar por Guadamuz. A pesar de esa "línea", Guadamuz "ganó", aunque al final resultó perdedor ante el candidato de los liberales, Roberto Cedeño, por el cúmulo de anomalías que caracterizaron aquellos comicios, especialmente en Managua.
Para las elecciones del 2000 Guadamuz volvió a lanzar su candidatura para las primarias del FSLN. En la búsqueda de firmas que lo respaldaran como candidato, fue dándose cuenta de la gran confusión y rechazo que el pacto estaba generando entre el pueblo sandinista de Managua. Con su vehemente estilo descalificador e insultante, empezó entonces a criticar desde la radio, y por la libre, el pacto.


Una gruesa gota colmó su vaso. Entre los varios impopulares acuerdos del pacto quedó incluida la división de Managua en tres municipios -Managua, El Crucero y Ciudad Sandino-. Desde hacía meses, Guadamuz venía organizando una apasionada campaña contra esta división, haciendo con ella la primera bandera de su campaña por la alcaldía capitalina. Daniel Ortega había asegurado públicamente que Managua no se dividiría y el FSLN había apoyado públicamente el referéndum organizado por Guadamuz para que el pueblo decidiera. Sin embargo, la división fue aprobada a mediados de diciembre. Se trata de un capricho de Alemán, basado en el miedo a un fracaso del PLC en Managua en las municipales y al "desequilibrio" que causaría a sus planes la victoria de un alcalde no liberal en el último año de su presidencia.
Como francotirador desesperado, Guadamuz insultó sin piedad a los diputados que aprobaron el destace de Managua y a Daniel Ortega como artífice del pacto. Llegó tan lejos en sus insultos como había llegado siempre, con la misma seguridad que le daba su estrecha amistad con Ortega. Pero los tiempos post-pacto han cambiado muchas reglas de juego. En 48 horas, Guadamuz lo perdió todo. Le quitaron la radio, la frecuencia de la radio, la militancia del FSLN y, por tanto, la posibilidad de su candidatura a alcalde dentro del Frente.


Radio YA: prueba de que funciona el pacto

En el caso de Radio YA el pacto funcionó públicamente por primera vez fuera de los muros de la Asamblea. El acelerado e irregular embargo de la radio -alegando motivos laborales por la demanda de un grupo de trabajadores- y su entrega inmediata, precisamente a los trabajadores demandantes, resultó un caso inédito en la historia de los conflictos laborales del país. Ni este proceder, ni la ocupación violenta de la radio por policías antimotines para resguardar el embargo, ni la cancelación de la frecuencia de la emisora alegando deudas, hubieran sido siquiera imaginables sin que las instituciones estatales actuaran en plena colaboración con las estructuras del FSLN, decididas a desembarazarse del candidato y del crítico, ya que, tanto en campaña, como en un cargo, como ante los micrófonos, Guadamuz no sirve para nada en el post-pacto y se estaba convirtiendo en un incontrolable estorbo. Así, el Estado resolvió de forma expedita, e ilegal, un problema interno del FSLN, haciendo realidad en horas una decisión partidaria del círculo de Daniel Ortega.


Los medios en la mira de los pactistas

El caso de la Radio YA resultó un preocupante precedente contra la libertad de expresión y contra la libertad de empresa -la radio era propiedad de Guadamuz y así consta en cartas y documentos del FSLN-. Sustentó la imagen de la nueva "dictadura de dos cabezas" con la que ha sido descrito el resultado global del pacto. Y alerta sobre lo que podría pasar con otros medios de comunicación escritos, radiales o televisivos en la medida en que sus críticas contra los dos partidos hegemónicos molesten más de la cuenta a una de esas dos cabezas. Un proyecto político alternativo tiene que tener en cuenta esto como uno de los primeros puntos de agenda.
Tanto Alemán como Ortega han coincidido en críticas y descalificaciones a los medios de comunicación, espacios de poder donde impera una casi total libertad -a veces también una negativa tendencia al libertinaje y al venadeo- y que escapan al control de ambas cabezas. Tal vez no haya actualmente ningún país en América Latina, donde los medios en su conjunto estén en una línea de tan franca oposición política, como Nicaragua.

En su triunfalista informe ante la Asamblea Nacional, el 10 de enero, al inaugurar el cuarto año de su gobierno, el Presidente Alemán defendió el pacto con una descarga retórica contra los medios: "Este diálogo político fue satanizado a priori, de manera irracional y furibunda, por irrelevantes minorías e intereses familiares monopólicos incrustados en el negocio de la comunicación social, que además de beneficiarse de cuestionables privilegios fiscales, otorgados en la pasada administración, se aprovechan para lucrarse de la más irrestricta libertad de prensa que protege mi gobierno. Para algunos mercantilistas de esta actividad parecieran no existir valores, respeto alguno ni patriotismo".

Se refería específicamente a la firme oposición que le llega a diario desde las páginas de La Prensa, y que parece ser la que más le ofende, por provenir de gentes "de apellido", con quienes tiende a establecer comparaciones para ufanarse de sus logros económicos, políticos... y hasta sentimentales.
El proyecto de ley enviado a la Asamblea por la Presidencia y destinado, según Alemán, "a dignificar al periodismo", que establece para los periodistas salarios mínimos que resultan impagables para la mayoría de los medios, busca realmente restringir, por la vía económica, la "irrestricta" libertad de expresión de la que se ufana el Presidente.



Desinhibiendo, inhibiendo

Desde sus inicios, el pacto tenía orientación y metas electoreras. Ortega quería eliminar de la Constitución el requisito de la segunda vuelta electoral, y Alemán quería eliminar la prohibición de la reelección en períodos consecutivos. No lo lograron. Ortega consiguió que le bajaran en 10 puntos el porcentaje para ganar en primera vuelta. Y Alemán logró pasar automáticamente de Presidente a diputado cuando termine su período.
Muchos de los acuerdos del pacto tienen que ver con "rayar el cuadro" para las próximas elecciones: candidaturas, inhibiciones, magistrados, partidos, alianzas, juntas receptoras de votos... Las nuevas reglas de juego tienen dos objetivos: bipartidarizar los órganos electorales y encauzar a la fuerza la voluntad de los votantes hacia el bipartidismo. Y tienen una filosofía: las mayorías se imponen, las minorías no se respetan.



Pedro Solórzano fuera del juego electoral


Entre otros acuerdos, el pacto "desinhibió" a un grupo de presidenciables del PLC, y ha buscado inhibir a presidenciables o a "alcaldables" de varios colores. Guadamuz, con muchas posibilidades de victoria, fue inhibido por la fuerza. El siguiente en la lista era Pedro Solórzano, con mayores posibilidades de victoria. Tenía que ser inhibido por "la ley".
Contra Solórzano se produjeron todo tipo de anomalías en las elecciones de 1996, cuando se presentó como candidato por la asociación de suscripción popular Viva Managua. Al final, perdió, y ni siquiera alegó por las anomalías que le afectaron. No quiso, no pudo, o no supo dar la batalla.
Ahora, la división de Managua, con la definición de nuevos límites municipales, fue instrumentalizada burdamente para sacarlo del juego. El pacto no admite competencia. O te sumas o te descalifican. En este caso, el pacto funcionó con la colaboración entre los diputados pactistas en la Asamblea Nacional y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.
La defunción pactada de la suscripción popular en las elecciones municipales mostraba ya la nada democrática tendencia a forzar el bipartidismo. Ahora, la reforma constitucional de último momento destinada a inhibir a Solórzano mostró el peso que en lo concreto tendrán los miedos, caprichos y estados de ánimo de los círculos de poder pactistas. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que las resoluciones de la nueva Contraloría colegiada o del nuevo Consejo Supremo Electoral serán usadas para inhibir, de uno en uno, a candidatos con posibilidades?


Contraloría colegiada ¿corrupción garantizada?

La comunidad internacional coincide con la opinión pública nacional en que uno de los resultados más preocupantes del pacto es el cambio hecho en la Contraloría General de la República (CGR), estableciendo en su dirección a cinco contralores, seleccionados entre Alemán y Ortega.
Se calcula que el gasto adicional en el Presupuesto por la colegiación de la Contraloría será de unos 700 mil dólares. Pero no es la carga financiera lo que más negativamente pesa. La colegiación arriesga que las investigaciones se seleccionen balanceando los intereses políticos de quienes eligieron a los nuevos contralores y que los resultados de los estudios técnicos se diluyan al someterse a los votos de la "mayoría" de los contralores.
Con un contralor se agiliza más el trabajo, con varios puede hacerse más lento. Los más optimistas consideran que, como técnicamente no puede afirmarse que sea mejor uno o cinco contralores, tampoco puede asegurarse de antemano que la función de la CGR se "desnaturalizó" al colegiarla. Por eso, consideran que hay que dar un plazo a ver lo que en realidad sucede. "Hemos expresado nuestras preocupaciones al gobierno y nos han dado explicaciones. Vamos a tener que observar lo que sucede, porque no es por la receta que uno determina si el pastel es bueno. Cuando se hornea y se prueba es cuando se verifica su calidad": así se expresó el jefe de la misión diplomática de Dinamarca en Nicaragua, Christian Oldenburg.

Todos los beneficios de la duda se han puesto sobre la mesa que contiene "el pastel". Pero para nadie es un secreto que la colegiación no fue decidida tras un debate técnico sino como fruto de un conflicto institucional que el Presidente transformó en una obsesión personal. Con la nula tradición de control que existe en Nicaragua y tras la guerra del Presidente contra la Contraloría -que incluyó el injusto apresamiento del Contralor, medida que llenó de estupor al país y a la comunidad internacional-, hasta un colegial puede imaginar que la Contraloría colegiada eliminará un conflicto que tensionó al país pero no necesariamente eliminará la corrupción, que lo está carcomiendo.


El Contralor Agustín Jarquín en la mira

El Presidente Alemán ha expresado, con obras no con palabras, que uno de sus objetivos como gobernante es no ser fiscalizado ni controlado por nadie, ni por las instituciones estatales, ni por las organizaciones de la sociedad, ni por los medios, ni por su propio partido, del que como presidente honorario tiene un control absoluto. En cuanto a los temas de corrupción y transparencia, la cúpula del FSLN padece del mismo mal. Desde hace muchos años el FSLN no alza la bandera de la ética -la moral de los funcionarios públicos, el necesario vínculo entre vida pública y vida privada- ni lucha contra la corrupción. Comparte con los gobiernos que lo antecedieron y con los dos que le han sucedido la concepción del Estado patrimonial, y sus dirigentes han aprendido a manejarse con más o menos habilidad con un doble discurso y una doble moral.
El día 20 de enero, promulgadas y publicadas las reformas constitucionales, Agustín Jarquín cesó en su cargo de Contralor. Por pagar un menor costo político, el FSLN decidió que quedara como uno de los cinco contralores hasta el fin de su período, abril del 2002. Los hechos posteriores mostraron que el dejarlo en la CGR no era más que otra forma de mantenerlo "encarcelado".

El objetivo es que Jarquín quede "manchado" legalmente, y por tanto inhabilitado para aspirar a cualquier cargo público: abriéndole nuevos juicios, auditoriando su gestión en la Contraloría para "echarle pelos en la sopa", atacándolo públicamente en costosos campos pagados, creando un cerco de dudas en torno a él, relegándolo, menospreciándolo. Descalificar a Jarquín es un objetivo pactado entre Alemán y Ortega.


Contraloría: el fin de una experiencia

Dirigiéndola, Agustín Jarquín dio credibilidad a la institución fiscalizadora. Y desde ella comenzó a crearse una inédita conciencia ciudadana acerca de los males sociales que para una sociedad tan empobrecida como la nuestra se derivan de la corrupción de los funcionarios públicos. El experimento ha durado muy poco, el tiempo ha sido escaso para dar solidez a esa conciencia. Aunque en sus tres años y nueve meses de funcionamiento, la CGR logró mejorar los sistemas de control interno de las instituciones estatales, "salvó" millones de dólares en recursos del Estado deteniendo contratos y señalando irregularidades y anomalías en los procedimientos institucionales, y aunque presentó abundantes y suficientes pruebas sobre las "raterías" y las nada pequeñas operaciones ilícitas de altos funcionarios del actual gobierno, la realidad es que ninguno de los señalados fue removido, juzgado o sancionado. Sólo los "sancionó" la opinión pública creada en torno a los medios, ventanas que han impedido que se asfixie la nueva conciencia ciudadana. Especialmente, la CGR investigó el desmesurado incremento patrimonial del Presidente Alemán, probando así que en Nicaragua el Estado "facilitador" que impone y propone el modelo neoliberal dedicó a un buen número de sus instituciones de servicio -agua, luz, carreteras, tecnología agrícola, topografía, créditos, titulación, catastro...- a "facilitar" los negocios privados del gobernante y su familia.



Jarquín: solo ante el peligro


La CGR investigó y probó. Pero no pasó nada. En la conciencia de la población, esto fue restando a la institución la legitimidad que ella misma se iba ganando. ¿Cuál es el balance final: la institución ha hecho surgir una nueva conciencia democrática o ha ahondado la conciencia de impotencia alimentada por la tradicional cultura política, que establece que quien tiene el poder tiene también el derecho a robar y a no dar cuentas de lo que hace?
La Procuraduría General de Justicia y un buen número de las dependencias del Poder Judicial no tuvieron ni la autonomía ni la misma agenda ética de la CGR. La realidad es que estos años fueron el escenario del drama "solo ante el peligro". Una sola institución del Estado -apoyada por los medios- enfrentando a un Poder Ejecutivo con control sobre el resto de instituciones y a una generalizada cultura, a contra corriente de la transparencia, muy arraigada en la población.
El tema de la ética del servidor público, de la transparencia, del control a los funcionarios públicos, tiene que ser central en la propuesta que haga la fuerza política alternativa que desafíe a alemanistas y orteguistas en las próximas elecciones. Esto supone no sólo seleccionar candidatos creíbles por su trayectoria honesta, sino el reconocimiento público y ejemplar de los errores cometidos en este terreno y durante estos años por candidatos y por partidos. Hay que serlo y hay que parecerlo. Y también hay que reconocerlo, cuando no ha sido así.



Población: anomia y anemia

La cultura política de la mayoría del pueblo nicaragüense favorece las justificaciones con que el PLC y el FSLN le "venden" el pacto. El empobrecimiento de la mayoría ayuda. Hay anomia y hay anemia. Los temas de la sobrevivencia económica y no los temas institucionales o legales son los que de verdad duelen y preocupan a la población, aun cuando ni siquiera en estos momentos estos temas -continuas alzas de los productos básicos, falta de empleo y de oportunidades- la movilizan para luchar. Prevalece la pasividad, con la excepción de un sector de empleados públicos -los pésimamente mal pagados trabajadores y trabajadoras de la salud y de la educación- que reclaman periódicamente mejores salarios.
La parálisis movilizativa se da en todos los terrenos y es la base sobre la que se asienta la impunidad que ostentan sin pudor los pactistas. Es más fácil cambiar las reglas de juego cuando son pocos los que juegan o cuando están muy dispersos los que entran limpiamente al terreno de juego. Desmoralización, desmotivación, confusión. No existe aún cultura cívica y ciudadana en torno a la cual movilizar conciencias y prácticas. Temas fundamentales para la democracia -y por esto, para que el mercado funcione más democráticamente y favorezca más a los pobres- como la autonomía de las instituciones, el respeto a las leyes, una ley como la de lo contencioso-administrativo, las diputaciones nominales, la opción por la suscripción popular, le suenan a "chino" a la mayoría de la población, acostumbrada cuando más a análisis ideologizados o muy politizados pero que nunca reflexionan sobre estas vías. La mayoría no entiende bien el significado de estos avances, ni sus ventajas, ni los vínculos que podrían tener con la salida de su propia miseria. Que la gente se vaya apropiando de una cultura ciudadana requiere de un largo proceso educativo, que no puede ni empezar ni terminar con los procesos electorales. Es una apuesta de largo plazo.


El pacto según Alemán


Cuando Alemán presenta el pacto a la población en general y al pueblo no sandinista en particular como un esfuerzo por la "gobernabilidad", entendida ésta como "haberle torcido el brazo" o "haber hecho desistir" -da igual- a los sandinistas, para que de una vez renuncien a asonadas y a barricadas callejeras, el pacto es bien acogido, representa un alivio en medio de los problemas diarios. Nadie en Nicaragua quiere guerra, nadie apoya los métodos de lucha violentos, nadie quiere barricadas ni morterazos. Ni sandinistas ni no sandinistas.
Y aunque el FSLN no podría, aunque quisiera, convocar masivamente al pueblo a la violencia contra el gobierno -ni tampoco a expresiones masivas de lucha cívica, como las de Ecuador-, sí mantiene capacidad para alterar permanentemente el orden público con grupos de choque que den la apariencia de "luchas populares". En momentos de crisis en el pacto no pueden descartarse este tipo de manifestaciones violentas y puntuales. Por las mismas razones, y para aglutinar a sus bases con el cemento que las cohesiona -el antisandinismo-, seguirán presentes en boca del Presidente Alemán y de sus funcionarios continuas diatribas contra "!la noche oscura" de la "década pasada". Extraña rivalidad asociada: así la ha llamado un lúcido analista.


El pacto según Daniel Ortega: un abuso político

Cuando Daniel Ortega presenta al pueblo sandinista el pacto como una hábil negociación en busca de la "gobernabilidad", entendida ésta como "haber conseguido para el FSLN los espacios institucionales que se merece como segunda fuerza política", y cuando mueve la fantasía de sus bases presentando el pacto como pasaporte para ganar las elecciones y volver al poder, el pacto es bien acogido. Representa un alivio poder soñar con que al cabo de sólo dos años habrá un gobierno que la gente imagina como el de los 80, con el trabajo, la salud, la educación y las oportunidades de aquellos años, y ya sin guerra.
El pacto es un abuso político. Ambos caudillos abusan del pueblo de Nicaragua, insensibles ante la pobreza que lo paraliza, conscientes de la escasa cultura democrática que la historia ha dejado en el país. El pacto se ha gestado como se gesta el abuso dentro del hogar: inmadurez y dependencia del niño o la niña abusada, irrespeto e irresponsabilidad del abusador, premeditación, desigualdad de poder, engaño, humillación enmascarada con la protección, mala intención.



Tan dependientes

Nicaragua es un país extremadamente dependiente de los créditos y donaciones de la comunidad internacional. Ninguna tendencia indica que esté dejando de serlo o que haya proyectado dejar de serlo. En 1999, las exportaciones nacionales fueron inferiores a los desembolsos que envían como cooperación los países ricos, y apenas superaron las remesas familiares que envían como herramientas de sobrevivencia los nicaragüenses pobres que emigraron.
Nicaragua es un país casi inviable sin el respaldo internacional. También es una especie de "país ruleta" donde la comunidad internacional ha apostado sucesivamente desde hace años: a que construya una revolución original, a que resista, a que haga la transición hacia la democracia, a que sea viable... Ultimamente, después del Mitch, a que se reconstruya. Y más últimamente, hasta el FMI y el Banco Mundial y el BID han empezado a apostar a que haya en el país dosis verificables de gobernabilidad y de transparencia.
El Presidente Alemán no se ha acostumbrado a este último cambio en las reglas del juego de los organismos multilaterales. En su informe de tres años de gobierno ante la Asamblea Nacional se permitió resistirse a este giro y lo expresó incluyendo esta crítica irónica en su discurso: "El conocido, debatido y tan antiguo término de la gobernabilidad, ha venido a ser inusitadamente insertado, como una moderna herramienta de aparente reinvención reciente, en ciertas agendas sui géneris de algunos países y organismos internacionales, caracterizados estos últimos, al menos hasta hace poco, como especializados en asuntos básicamente financieros."


Grupo consultivo: vísperas

Las incidencias que condujeron al pacto Alemán-Ortega tenían que ser seguidas, paso a paso y con mucha atención, por la comunidad internacional. Las reformas constitucionales y electorales tienen vinculación directa con el funcionamaiento más o menos eficiente de los Poderes del Estado -eso es gobernabilidad- y con el uso más o menos correcto de los recursos del Estado -eso es transparencia-.

Desde hace bastante tiempo, el Grupo Consultivo de los países donantes tenía previsto reunirse in situ con los gobiernos centroamericanos entre el 8 y el 11 de febrero, dando continuidad a la reunión de mayo 99 en Estocolmo.
En Nicaragua, el monitoreo de los dos meses previos a esta reunión arrojaba un récord preocupante: el Contralor en la cárcel, nuevos casos de corrupción en el gobierno, leyes postergadas, un pacto político cuestionado unánimemente por la opinión pública, un gobierno semiparalizado por los intereses partidarios en una prematura campaña electoral, acusaciones de "arrogancia" a la comunidad internacional, ostensibles incumplimientos en los compromisos asumidos por el gobierno en Estocolmo: descentralización, combate a la pobreza, lucha contra la vulnerabilidad ambiental, participación de la sociedad civil, gobernabilidad, transparencia.



Alemán aplazado y emplazado


Como si esto fuera poco, en las vísperas inmediatas de la reunión del Grupo Consultivo en Managua, el Presidente Alemán se dedicó a ofender a los representantes de la comunidad internacional en varias comparecencias públicas. Les advirtió, amenazante, que "no les incumbe" analizar las reformas constitucionales. Les exigió pruebas de la corrupción en su gobierno. Los acusó de "prestarse al juego político de quienes tuvieron la oportunidad y no hicieron nada". Los mandó a hacer críticas a sus países.
Un embajador europeo comentó a envío lo increíbles que les resultaban a los diplomáticos los continuos exabruptos del mandatario y sus niveles de irrespeto con los diplomáticos, el lenguaje confrontativo con que tan a menudo los desafiaba. "¿Cómo explicar este comportamiento?", se preguntaba. "No le importan -se respondía- ni las advertencias que le hacemos, ni las amenazas, y no le importan porque sabe que quienes hemos cooperado con el pueblo de Nicaragua durante tantos años no vamos a abandonar nunca a este país, no vamos a permitir que muera de hambre". En opinión de Carmelo Angulo, representante del PNUD en Nicaragua, "el apoyo de la comunidad internacional a Nicaragua forma parte del patrimonio de este país desde el año del terremoto".
Después de los insultos, Alemán fue más allá y anunció que no asistiría a la reunión del Grupo Consultivo porque en esas mismas fechas viajaría, con su habitual extensa comitiva, a México, para conocer de inversiones en turismo. Con plazos mínimos para hacer aportes, el gobierno empezó esos mismos días a "discutir" con representantes de la sociedad civil el documento que sobre la "reducción de la pobreza" presentaría a los donantes. Recibió aportes críticos muy fundamentados, que hacían inviable ninguna modificación sustancial del documento, por cierto el más estratégico, en los pocos días que ya faltaban para la reunión. En este tenso y avergonzante ambiente, el gobierno anunció que la reunión del Grupo Consultivo quedaba suspendida.

¿La suspendió la comunidad internacional para darle al gobierno una nueva oportunidad para ordenarse, rectificar y recuperar algo de sensatez? ¿O la suspendió el gobierno, recuperando los gramos de sensatez imprescindibles para entender que en el examen lo iban a aplazar y a emplazar? En cualquier caso, la señal enviada por Nicaragua es negativa.

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