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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 206 | Mayo 1999
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Nicaragua

Violencia: ¿un ciclo interminable?

Ansias de lucha y anarquía sin metas. Búsqueda de salidas y burda manipulación. Conflictos sociales y descomposición social. Problemas económicos a los que el "camino correcto" del neoliberalismo no da respuestas. El autoritarismo presidencial que no negocia. Y las debilidades de una sociedad, rehén del miedo que imponen dos caudillos. Todo esto estuvo presente en el conflicto que volvió a paralizar el país.

Equipo Nitlápan-Envío

Mientras la gente de buena voluntad de todo el mundo asiste perpleja a la tragedia de Kosovo y al poderío con que Estados Unidos y la OTAN imponen la guerra y la violencia en el corazón de Europa, en Nicaragua estalló de nuevo una violencia que refleja el drama político de nuestra pequeña nación. Cuando los damnificados del Mitch, muy lejos de la convulsionada Managua, continuaban esperando promesas y sufrían los desastres que las primeras lluvias causaron en lo ya "reconstruido", y cuando el gobierno preparaba su viaje a Estocolmo para "representarlos" ante la comunidad internacional, una violencia, tan explicable como insensata, se adueñó la capital.

Protestas universitarias + violencia artificial

Las protestas iniciaron el 9 de abril con grupos de estudiantes universitarios que reclamaban al gobierno entregar a las universidades estatales el 6% del presupuesto nacional, según manda la Constitución. Los alrededores de la Asamblea Nacional -escenario de la protesta- se convirtieron en un campo de batalla entre policías antimotines que lanzaban gases lacrimógenos y balines y manifestantes que tiraban piedras y hacían estallar morteros. La protesta de ese día marcó la pauta de las de los días siguientes: mezclados con los manifestantes, actuaban elementos que buscaban provocar incidentes con la policía. El 14 de abril, unos 400 estudiantes se tomaron el edificio de la Cancillería durante dos horas. El 19, los estudiantes irrumpieron en el Banco Central. Ese día, la Policía hizo un uso desproporcionado de su fuerza y un antimotines mató a un estudiante de derecho atravesándole el corazón con una bala de goma que le disparó a escasa distancia. Tres policías resultaron heridos, setenta universitarios fueron detenidos y tres vehículos ardieron. El entierro del estudiante Roberto González fue masivo. Siguieron las protestas. Las manifestaciones aparecían sembradas artificialmente de una creciente violencia.

Los reclamos por el 6% se hicieron con el tradicional disparo de morteros que acompaña siempre las movilizaciones callejeras, pero incluyeron, a partir de un momento, y en creciente cantidad, las destructivas bombas de contacto de fabricación artesanal que no se habían vuelto a ver desde los tiempos de la insurrección contra Somoza. El 25 de abril, una de esas bombas, abandonada en los jardines de la UCA, hirió a cuatro niños, mutilando el brazo y cegando un ojo a uno de ellos. Los niños la encontraron y, sin saber lo que era, jugaron con ella.

Huelga del transporte + pandillas

El 29 de abril, sin resolverse el problema universitario, los trabajadores del transporte público iniciaron una huelga indefinida que anunciaron desde inicios de abril, reclamando al gobierno que bajara el precio del diesel, el más caro de Centroamérica. En los tranques que los huelguistas hicieron en distintos puntos de Managua buscando afectar la circulación vial, comenzaron a actuar las pandillas juveniles más activas de la capital. Distraían a las fuerzas policiales, apoyaban a los huelguistas o los atacaban, se enzarzaban en pleitos unas con otras. Hay indicios de que el FSLN buscó pandilleros y que los liberales hicieron lo mismo. El FSLN para "respaldar la lucha popular", el PLC para desprestigiar a los huelguistas y actuar contra ellos. (Sobre la lógica de las pandillas y su actividad en esta coyuntura, ver otro artículo en este número de envío).

Fueron días inciertos. Por rachas, los barrios más pobres de la capital quedaron a merced de la violencia de las pandillas. Piedras, puñales y armas de fuego se unieron a los morteros y bombas de contacto. Delincuentes, manifestantes, huelguistas, pandilleros, francotiradores y curiosos aparecían mezclados en las calles de Managua, en una explosiva mezcla de intereses en la que era difícil mediar, negociar o imponer el orden. A la vez, la Policía empezó a capturar de forma ilegal en sus casas, acusándolos ante los tribunales sin el debido proceso, a decenas de dirigentes barriales de un sector del FSLN.

El 28 de abril, el Presidente Alemán ordenó al ejército unirse a la policía para enfrentar "una sincronizada escalada de la violencia" y "actos provocativos detrás de los que podrían haber intereses exógenos". El ejército actuó con gran discreción y apenas se hizo visible.
El 30 de abril, la dirigencia estudiantil firmó un acuerdo con el gobierno y cesaron las protestas universitarias. Ese mismo día, el gobierno -intentando detener el serio desgaste económico causado por la huelga del transporte- firmó un acuerdo con una fabricada minoría de transportistas. La huelga continuó. El 4 de mayo, el gobierno tuvo que llegar a un acuerdo con el cohesionado gremio de los transportistas. Tras tres semanas y media de tensiones, incertidumbre y violencia, la calma volvió a Managua. Sólo la calma, no la paz.

El rito anual del 6%

Desde 1991, y año tras año, ninguna lucha reivindicativa ha tenido más persistencia y organización que la de los universitarios, que reclaman la partida del presupuesto que la Constitución ordena entregarles. Otros sectores, para quienes la Constitución establece también partidas fijas -que el gobierno incumple y no entrega- son conscientes de esta ilegalidad, pero no pueden -o no logran- luchar de la misma forma por su derecho. Los estudiantes han hecho de esta lucha casi un mito, un ritual político movilizador que cada año convoca a un sector de la juventud.

La mayoría de los jóvenes nicaragüenses necesita una universidad subsidiada para convertirse en profesionales, a pesar de que el "modelo" -que cada día excluye a más- ha ido cambiando bastante el panorama de comienzos de los 90. Mientras 50 mil muchachos y muchachas estudian en las 10 universidades que se benefician del subsidio estatal, del 6%, las 22 nuevas universidades privadas -que han florecido estos años en todo el país, como hongos tras el diluvio neoliberal- acogen ya a 30 mil estudiantes.

La lucha por el subsidio estatal a las universidades es legal -más, es constitucional-, es legítima y es uno de los muchos esfuerzos por construir una sociedad más equitativa, donde todos puedan acceder a una educación superior de calidad si ésa es su vocación. Para un gobierno basado en un modelo no equitativo, y obligado por sus compromisos internacionales a recortar gastos, el mandato constitucional del 6% se ha convertido en una pesadilla recurrente.

Con una clara tendencia a no cumplir las leyes, el gobierno no entrega a las
universidades el 6%, sino bastante menos. Lo mismo ocurrió durante los años del gobierno Chamorro, cuyos funcionarios argumentaban que el 6% constitucional debía calcularse sobre el presupuesto de ingresos ordinarios -los impuestos- y no sobre el de ingresos extraordinarios -el que incluye las donaciones y los proyectos financiados por la comunidad internacional-. Aunque se trata de una falacia, porque en el país sólo existe y se ejecuta un único presupuesto, este argumento lo ha seguido esgrimiendo el gobierno liberal.

Las razones del gobierno

El gobierno tendría de donde sacar recursos financieros para cumplir con el 6% constitucional. Lo que no tiene es voluntad política para orientar esos recursos en esa dirección. Para los "tecnócratas" del gobierno, el monto del 6% es exagerado e irreal, dadas las condiciones del país, y resulta desproporcionado en relación al gasto estatal en la justamente priorizada educación primaria, secundaria y técnica. Según el gobierno, a quienes se está subsidiando desmesuradamente con el 6% no es precisamente a los sectores más pobres, sino a los sectores medios urbanos. Además, según el diagnóstico de la tecnocracia, existen claros índices de ineficiencia y derroche en las universidades subsidiadas y al gobierno le es imposible ejercer controles sobre los recursos que les entrega, por el freno que le impone la autonomía universitaria. La resistencia de la tecnocracia liberal se asienta en estas razones, las mismas que sostuvo la tecnocracia chamorrista.

Para los "políticos" del gobierno liberal el 6% es uno de los rubros del gasto público más cuestionado. Porque no obtienen de él ningún rédito político, no construyen con estos recursos ninguna clientela partidaria. Peor aún, ese subsidio fortalece la clientela rival: las universidades son siempre cantera de opositores, y ellos ven en los actuales claustros de profesores a influyentes remanentes del sandinismo.

La crisis de la Asamblea

Con altibajos según las coyunturas, el FSLN, en su conjunto, siempre ha respaldado la lucha por el 6% para las universidades. Fue el FSLN quien, al dejar el gobierno, dejó establecida esta disposición legal.
Tres razones tenía el sector que controla el FSLN para respaldar -y manipular- este año, con especial calor, la lucha por el 6%. La crisis en la Asamblea Nacional en torno al presupuesto para 1999. La crisis nacional motivada por la corrupción gubernamental, que ha empezado a generar nuevos consensos y liderazgos. Y la propia crisis interna del FSLN.

En 1999 la Asamblea Nacional apenas ha funcionado más de una semana seguida con normalidad. El debate político se ha ido transformando en altercados de estéril violencia verbal. Son múltiples los factores que han llevado a esta situación. En primer lugar, la escasa calidad política y ética de un gran número de los diputados electos. Otro factor fundamental es la actitud del Presidente de la República quien, desde que llegó al gobierno en 1997, ha hecho de la Asamblea una sucursal del Ejecutivo, donde la mayoría de los diputados leales que mantiene -o que fabrica a diario y ad hoc- son usados como meros ejecutores de sus proyectos. Esta actitud la justifica implícitamente el Presidente cuando argumenta permanentemente con el resultado de las elecciones de 1996. Una errada interpretación de su victoria electoral -si gané en las urnas puedo hacer lo que quiero- domina su relación con el Legislativo.

Por si esto fuera poco, desde enero de 1999, la bancada de diputados del FSLN, al estar dirigida por Daniel Ortega, ha ido plegándose a la dual estrategia del Secretario General del FSLN, contaminándose de su ambigüedad y empobreciéndose políticamente. Mientras un sector de diputados del FSLN podría ampliar consensos con propuestas y alianzas, Ortega monopoliza el escenario y ha hecho de la Asamblea la barricada institucional donde reafirmar su liderazgo y dirimir los altibajos por los que atraviesa el pacto que ha establecido con Alemán.

"Las actitudes antidemocráticas no se resuelven con formalidades democráticas", comentó estos días el ex-Canciller de la República, Emilio Alvarez Montalván, analizando las diversas crisis institucionales que afectan a diario y cíclicamente con mayor violencia al país. La de la Asamblea es una más entre ellas. Todas son expresiones de una cultura política no democrática que las instituciones de la democracia aún no logran ni siquiera moderar.

Los estilos políticos de Alemán y de Ortega, tan similares, han tensionado al extremo al país. También al Parlamento, convirtiéndolo en un espacio en donde los dos caudillos miden periódicamente sus fuerzas. La extrema polarización de la Asamblea y la falta de pensamiento propio que predomina en un gran número de los diputados liberales, sandinistas -y en los del resto de partidos- ha ido desnaturalizando las funciones del Legislativo.

Dos caudillos que se necesitan

El Presidente Alemán tiene a Ortega atrapado con la solicitud de desaforación por la denuncia de abuso sexual que pende sobre él, y con los vaivenes del pacto que ambos han acordado. Lo sabe debilitado por la denuncia y cada vez más atacado dentro del FSLN por el pacto. Y juega con él: amenaza y afloja, promete y no cumple. Insulta a los sandinistas llamándolos en sus discursos "ladrones, necios y sinvergüenzas". En la esquina contraria del cuadrilátero, Daniel Ortega sabe que Alemán está obligado a una política económica antipopular, y que se ha desgastado aceleradamente por sus muchos errores. Lo sabe débil y conoce la cobardía de quienes le rodean. Y juega a asustarlos con la desestabilización callejera, amenazando en sus discursos con "tomar las armas para derrocarlo".

El doble juego de Ortega, que negocia y amenaza, alternativamente, es cada vez más obvio. Como es cada vez más burdo el esquemático juego presidencial que acusa de todo lo malo que ocurre en el país a "la noche oscura" del sandinismo. La verdad es que Alemán necesita como rival a un dirigente desprestigiado, que requiere el discurso antisandinista para aglutinar a sus bases. Igual Ortega. Necesita como rival a un Presidente debilitado, y busca en el discurso de guerra de los años 80 la vía para conservar a sus bases. Ambos caudillos se alimentan del conflicto ideológico, porque sólo en ese conflicto brillan sus liderazgos. Ambos intentan grabar a fuego en la conciencia de la gente que ellos dos son los que deciden, que sólo ellos dos mandan. Ambos reducen la "democracia" y la "revolución" de la que hablan a sus respectivos triunfos -recientes o futuros- en la contienda electoral.

La gente empieza a sentirse cansada de estar presa entre estos dos fuegos estériles. Y encuesta tras encuesta, sondeo tras sondeo, la mayoría de los nicaragüenses comienza a expresar, en índices crecientes, que no se identifica hoy ni con Alemán ni con Ortega, que no se siente representada por ellos, que no los considera creíbles, que los considera corruptos. Es por esto que ningún acuerdo bilateral entre el PLC y el FSLN -que ambos caudillos controlan- puede garantizar estabilidad al país ni puede conducir a una solución nacional. Es por esto que resulta urgente estructurar un movimiento plural de gente honesta que garantice otro modo de hacer política y que eche a andar un verdadero proyecto para toda la nación y para todos sus ciudadanos.

La crisis del presupuesto

Paralizada la Asamblea, contaminada su actividad por estilos autoritarios y por acuerdos secretos y bilaterales cocinados fuera de la Asamblea entre la cúpula del FSLN y la del PLC, el Presidente Alemán intentó aprobar a la fuerza, y con los métodos con los que habitualmente "teledirige" a sus diputados, el notablemente retrasado Presupuesto para 1999. La sesión del 13 de abril terminó en un tumulto con golpes, amenazas y gritos entre sandinistas y liberales. Y el presupuesto no se aprobó. Para en- tonces, ya estaba en marcha la anual protesta universitaria en reclamo del 6%.

Como resultado de 21 días de crisis en la Asamblea en torno al presupuesto, el gobierno de Nicaragua funcionó desde el 31 de marzo hasta el 5 de mayo -cuando se aprobó el presupuesto- en la más absoluta ilegalidad, una situación que no tiene precedentes. Que el gobierno haya podido seguir actuando así indica hasta qué punto es débil e incapaz de reaccionar la nueva institucionalidad del país y hasta qué punto resulta cada vez más infuncional ante los poderes de hecho y ante esa arraigada cultura política sellada por la impunidad en los que mandan, y por la indefensión en los que no tienen poder.

Estancado el debate presupuestario en un callejón sin salida, Daniel Ortega y el sector
del FSLN que lo apoya vieron la oportunidad de trasladar por unos días la barricada parlamentaria a las barricadas callejeras. Esto explicaría, en alguna medida, la violencia "sembrada" en las protestas. En alguna medida, porque el sector no danielista del FSLN también apoyó la lucha de los estudiantes por el 6%.

Lo que desnudó el Mitch

Si el huracán Mitch reveló en pocas horas la fragilidad del "modelo" de desarrollo que prevalece en Nicaragua, los eventos políticos posteriores al huracán fueron mostrando las profundas debilidades del gobierno: su ineficiencia, su incapacidad, su insensibilidad. También su corrupción. Aunque no puede afirmarse que la tragedia la incrementara, sí la dejó completamente al desnudo. Los torrenciales aguaceros del Mitch, que devastaron una buena parte de la Nicaragua rural, que hoy sigue olvidada, han contribuido a hacer germinar una nueva sensibilidad social ante ese mal estructural que ha atravesado toda la historia nacional, la corrupción.

Ha brotado una nueva percepción en diferentes sectores de la sociedad, que empiezan a entender los vínculos entre el desfalco de los bienes públicos y el atraso económico, entre la extrema riqueza que amasan quienes gobiernan y la extrema pobreza que padece la mayoría, que aprecian con nueva lucidez la contradicción existente entre el bienestar privado de quienes gobiernan y el bien común al que prometen consagrarse cuando son elegidos.

Una convergencia anti-corrupción

La lucha contra la corrupción tiene potencialidades para convertirse en una bandera que aglutine hoy a una buena parte de los nicaragüenses. Es un carril en el que puede congregarse la oposición, tan dispersa. Y los liderazgos honestos -los hay en las instituciones y fuera de ellas, los hay en el sandinismo, en el antisandinismo, y en ese amplio centro que no se identifica con ninguno de estos dos grupos-, tienen en este escenario potencialidades para convocar esa urgente alianza amplia, que proponga una salida viable a tan agotador ciclo de violencias bélicas, políticas, sociales, económicas, y también domésticas, las de la vida privada, caldo de cultivo de todas las demás.

La marcha contra la corrupción que tuvo lugar en Managua el 25 de marzo fue una incipiente y esperanzadora demostración de un nuevo momento coyuntural. La marcha resultó inesperadamente masiva, totalmente pacífica y claramente plural. Su respaldo al liderazgo de Agustín Jarquín y al de la institución que encabeza marcaban un rumbo. Había mucho que analizar y decidir a partir de este primer paso.

Un sector del movimiento sandinista empezó a analizar las posibilidades de incrementar la lucha cívica para ir acumulando fuerzas y estableciendo alianzas con la oposición no sandinista con el fin de enfrentar al gobierno en su momento de máxima debilidad y configurar una convergencia anti-corrupción, que excluya, por ahora, consideraciones electorales y de candidaturas y cuya meta sea encauzar al país en la institucionalidad democrática y organizar a la opinión pública.

"Corazón" económico del pacto

Al sector danielista del FSLN -que se opuso a la marcha- le preocuparon las características que ésta tuvo y su éxito. En primer lugar, porque la lucha contra la corrupción ni ha sido, ni puede ser, bandera para este sector del FSLN. Prueba de ello es que los diputados del FSLN no han querido impulsar el enjuiciamiento de Arnoldo a Alemán en la Asamblea Nacional a causa de su desmesurado enriquecimiento hasta probar que era ilícito, a pesar de que existen pruebas y posibilidades de hacerlo.

La corrupción no puede ser bandera para el FSLN porque en el "corazón económico" del pacto Alemán-Ortega hay un trueque: valiosas propiedades agropecuarias e industriales aún en disputa quedarán en manos de dirigentes sandinistas a cambio de encubrir la corrupción del gobierno liberal, que a su vez se compromete a encubrir determinadas corrupciones de sus rivales.

En esta situación -debilidad del gobierno, emergencia de nuevas banderas-, el sector que domina al FSLN necesitaba recuperar las calles. La lucha por el 6% brindaba la mejor ocasión. Daniel Ortega salió de la Asamblea a las calles para apropiarse del ritual de la lucha universitaria, con convocatoria tradicional y bases aseguradas.

Transportistas a la calle

La protesta de los transportistas de carga y del transporte público, que culminó en una huelga nacional de seis días, y que coincidió en el tiempo con la protesta de los universitarios, tiene un contexto económico y político diferente al de la lucha por el 6%. El reclamo de los transportistas era más difícil de resolver para el gobierno. No se trataba de reasignar unos fondos u otros en el presupuesto. El reclamo tocaba uno de los terrenos más sensibles para el gobierno: los ingresos fiscales.

Desde hace meses, los transportistas se movían entre dos presiones del gobierno. Por un lado, el alza de los precios internacionales del petróleo disparó el precio nacional de los combustibles. Por otro lado, el gobierno se negaba a subir el precio del pasaje a los usuarios. Asfixiados entre ambas presiones, los transportistas exigieron al gobierno compartir los costos del alza del petróleo sin tener que subir el pasaje a la población.

Una razonable reivindicación.

Al comienzo, la reacción del gobierno fue drástica, con una mezcla explosiva de autoritarismo provocador y neoliberalismo a ultranza. No sólo no se bajaría el diesel, sino que se liberalizaría totalmente el sector transporte, hoy regulado estatalmente. Es el riesgoso estilo del gobierno. La toma de decisiones en política económica, con formas prepotentes, sin sondear, sin explorar posibilidades, sin consensuar, genera violencia.

Algunos creen que el Presidente amenazó con la liberalización del transporte porque su margen de maniobra para reducir el precio del diesel era muy poco. Tocar la política impositiva de los combustibles -central en la recaudación total de impuestos- es prácticamente poner en cuestión todo el esquema macroeconómico de la actual política gubernamental. Tocar los ingresos fiscales es tocar el ESAF. Estos "toques" son hoy más graves porque con el huracán Mitch se desplomaron todas las proyecciones del gobierno en cuanto a ingresos fiscales, poniendo en cuestión la posibilidad de reducir el déficit fiscal, piedra angular de los compromisos del ESAF.

Provocación o no, los tecnócratas del gobierno buscan la liberalización del transporte porque "creen" en ella. Piensan que los transportistas reciben excedentes excesivos, a los que no accederían si el mercado fuera totalmente libre, sin ninguna regulación. Y a eso aspiran. Analizar de esta manera el mercado del transporte supone tener una posición neoliberal a ultranza, porque ni en los países más desarrollados se liberaliza totalmente el sector del transporte colectivo, en el que históricamente ha existido una firme intervención del Estado. Ni veinte años de revolución neoliberal en marcha han sido capaces de modificar sustantivamente esta realidad.

Una lucha autónoma

Los transportistas detuvieron -¿de momento?- la liberalización, consiguieron una modesta rebaja en el precio del diesel para su sector, lograron defender el modelo cooperativo con el que trabajan mayoritariamente, alcanzaron un compromiso del Banco Central con el sistema financiero que les permitiría facilidades en créditos para capitalizarse y mejorar el pésimo parque vehicular con el que funcionan. Hicieron retroceder al Presidente, tanto en sus formas autoritarias como en el fondo de las propuestas en las que se acantonó para no negociar.

Logro especialmente valioso de esta huelga fue la unidad alcanzada por el gremio, la capacidad negociadora que demostraron, y la autonomía con la que lograron distanciarse de las manipulaciones de la cúpula del FSLN. Y no sólo lograron todo esto porque una gran mayoría de los transportistas son de filiación liberal, sino porque se evitó en todo momento y por todos los medios el caer en esta trampa, desde el inicio de la huelga hasta su desenlace.

Después de la huelga de los médicos en 1998, esta huelga es la segunda que consigue independizarse de la ambigüedad manipuladora con la que el FSLN se ha apropiado o ha fabricado luchas populares o brotes de luchas desde 1990. Manipulación y ambigüedad que, entre otras muchas causas, han puesto en crisis el rol opositor del FSLN.

El FSLN y el sandinismo

Es obvia la crisis del FSLN. La mayoría de los militantes del FSLN están por fuera de las estructuras y no se sienten representados por los dirigentes electos. Las interminables pugnas que desgastan hoy estas estructuras son fundamentalmente pleitos por cargos partidarios, enfocados casi siempre a estar mejor situados para aspirar a candidaturas en las elecciones nacionales. No hay otro "programa" que ganar elecciones. En un país saturado de desempleo o de empleos mal pagados, ser "político" resulta demasiado apetecible: buen salario, estatus, viajes, figuración...

Dora María Téllez compartió con envío sus reflexiones en torno a la crisis del FSLN. "El problema del Frente Sandinista -dijo- es su orfandad programática, su desnaturalización como fuerza política, su disolución como partido para seguir al líder, su fragilidad ética, su falta de un cuerpo de principios, y el colapso de una expresión orgánica y una vinculación con la realidad social que tenía que ver con la época de los 70 y que ya no tiene nada que ver con el próximo siglo. Se trata de una crisis total, que puede durar años en resolverse".

Lo más grave, a su juicio, es que esos déficits del FSLN han arrastrado, hasta hoy, a todo el sandinismo, incluidos los sectores de dentro del FSLN que crecientemente se están oponiendo a esta situación. Cree ella -como cree cualquier persona sensata en Nicaragua- que no es posible encontrar una salida a la crisis nacional sin contar con el sandinismo. Por eso, ya es hora -dice- de articular lo que llama la "refundación del sandinismo". "Si no logramos esta refundación política, ética, filosófica, programática, orgánica, y una nueva vinculación con el movimiento social, el sandinismo se hundirá en la historia, lastrado por el ancla del actual FSLN y estarán dadas las condiciones para que aparezca otra fuerza que haga una revolución contra las nuevas paralelas históricas: el liberalismo y el FSLN que pactó con él."

FSLN: el peso del pacto

El pacto del Secretario General del FSLN Daniel Ortega y del sector que lo apoya con el Presidente Alemán -iniciado con tanteos desde hace mucho, consumado ya como acuerdo estratégico con varias medidas iniciales, y retrasado por el inesperado Mitch- agudizó al extremo todos los problemas nunca resueltos en el FSLN y priorizó en la debilitada agenda de este partido el forcejeo de un sector de su cúpula por sacar mayores ventajas económicas y políticas en el pacto con el gobierno liberal.

Aunque haya fuertes divergencias en el FSLN, es de notar que en el "corazón político" del pacto converge todo el FSLN, danielistas y no danielistas. La esencia política del pacto es interpretar -e imponer- que, como segunda fuerza electoral, el FSLN tiene derecho a determinadas cuotas de poder institucional: que los cargos en las instituciones deben "repartirse" proporcionalmente a los votos en las elecciones, prevaleciendo las lealtades partidarias por sobre los méritos profesionales. La esencia es que el Estado debe "bipartidizarse". Esta visión de la política impide al resto de sectores opositores hacer alianzas con el FSLN y al FSLN en su conjunto trabajar realmente por un consenso nacional.

El sector danielista va mucho más allá. Convertir todos los episodios de la vida nacional en una constante medición de fuerzas y en un permanente pulso con Alemán es el objetivo central de la estrategia de Ortega, que tiene en su horizonte personal el reforzar su cuestionado liderazgo para desafiar, como candidato presidencial, a Alemán -o al candidato de Alemán- en las elecciones del 2001, y vencerlo. "Tengo la disposición de asumir el reto de una candidatura y creo que las posibilidades de victoria son mucho más favorables que en 1996 y que es inevitable el triunfo sandinista en las próximas elecciones", declaró Ortega en los mismos días de la protesta universitaria.

Violencia con raíces profundas

El reclamo de los universitarios es justo, el de los transportistas también. Los universitarios tienen energías para ocupar las calles, los transportistas supieron organizarse para reclamar lo suyo. No faltan en la empobrecida Nicaragua de hoy problemas sociales gravísimos que puedan alzarse como banderas de protesta por los más diversos sectores. La crisis los encuentra desorganizados. Hay hambre y desempleo. La pobreza se ha transformado en miseria por todo el país. Los salarios están congelados desde hace años. Los servicios públicos de salud y de educación son cada vez más deficientes para los pobres que no pueden pagarlos. Es permanente el alza en los servicios de agua y luz. La avalancha de los impuestos, aplicados discrecionalmente, ahoga a los medianos, a los pequeños, y también a los grandes no liberales. No existe comunidad en el país que no esté sobreviviendo gracias a los emigrantes que se fueron hacia Estados Unidos o hacia Costa Rica, al no ver oportunidad ninguna en su patria.

En muchas zonas rurales -donde abundan los conflictos por las tierras y por los bosques, y nunca han cesado los secuestros o asaltos a productores- el Mitch "llovió sobre mojado". En las ciudades, los jóvenes sin oportunidades de estudiar, de trabajar o de dirigir sus energías al deporte, al ocio sano o a un compromiso colectivo, se convierten en pandilleros. En este mar de tan extrema pobreza, las islas de extrema riqueza de una minoría, que no tiene pudor en ostentarla, convocan a la violencia. Una violencia que tiene más de descomposición social y anarquía que de respuesta organizada.

La violencia de estos días hunde sus raíces más profundas en una histórica injusticia social, en las desigualdades crecientes, en la extrema inequidad que siguió a la extrema violencia de la guerra de los 80 y en la insolidaridad que caracteriza nuestro sistema político y económico.

¿Derrocar al gobierno?

Cuando la huelga de los transportistas -que venía decidiéndose hace semanas y anunciándose a la par que iniciaron las protestas universitarias- se añadió a la crisis, la situación se tensó al extremo. Era lógico que algunos "leyeran" en esta coyuntura que estaban dadas las condiciones para derrocar al gobierno, sumando sector inconforme tras sector inconforme hasta concluir en una incontenible insurrección en las calles. Un sector del FSLN hizo esta lectura y creyó que, efectivamente, era posible derrocar al gobierno. Y, con ingenuidad, irresponsabilidad o voluntarismo, sin establecer alianzas con otros sectores opositores no sandinistas, sin valorar a cabalidad los problemas de "el día después" y con las huellas de una concepción vanguardista que ya no funciona, se dispuso a empujar las cosas en esta dirección. "Están las condiciones dadas para una huelga general indefinida, para una desobediencia civil masiva, para una insurrección popular sin armas pero con toda la capacidad transformadora", decía el pronunciamiento hecho llegar a envío por un grupo inspirado en esta convicción.

El sector que controla las estructuras del FSLN jugó, como siempre, un doble juego. Mientras Daniel Ortega se reunía con el Presidente Alemán, quiso hacer creer en las calles que derrocar al gobierno era posible y manipuló esta lectura de los acontecimientos para, en el río revuelto, pescar varias presas: reacomodar el pacto acorralando más al Presidente, desgastar al gobierno, imponer partidaria y nacionalmente el liderazgo de Ortega, y "quemar" al otro sector del FSLN. Las detenciones masivas de sandinistas en los días de la crisis no parecen ajenas al conflicto interno del FSLN entre estructuras burocráticas y activistas de base.

Fragilidades antes de Estocolmo

Todo esto sucedió en las mismas vísperas de la reunión de fines de mayo en Estocolmo, donde los gobiernos centroamericanos van a acordar con la comunidad internacional los montos de ayuda financiera que deben garantizar la reconstrucción de las zonas de la región que devastó el huracán Mitch.

En Nicaragua, resulta lamentable constatar que el gobierno acudió a solicitar fondos para la reconstrucción, después de deficientes o nulas inversiones en las etapas de emergencia y de rehabilitación. En Posoltega, lugar emblemático del desastre, la gente, que aún busca a sus muertos, sigue viviendo en champas de plástico y se queja del hambre. En decenas de comarcas campesinas de la extensa área devastada la situación es parecida. Hay hambre -falta aún lo más básico-, mientras alimentos y medicinas de aquella primera hora permanecen embodegados por ineficiencia, centralismo y politiquería.

El gobierno fue incapaz de formular -menos aún, de echar a andar- un programa de rehabilitación de la economía agropecuaria devastada por el huracán. Y la rehabilitación de caminos y de puentes -el logro más proclamado en la costosa propaganda oficial-, se puso ya en entredicho con los tres primeros aguaceros del invierno, a comienzos de mayo. Las lluvias destrozaron tramos de la "reconstruida" carretera panamericana, y pusieron al descubierto la fragilidad de los caminos rurales "rehabilitados" al dejar a comunidades enteras de Las Segovias, Matagalpa, Jinotega, León y Chinandega aisladas. "Si el invierno es tan copioso como han advertido los pronósticos, si vienen los nueve huracanes anunciados, el desastre en muchas zonas campesinas va a tener proporciones de tragedia", confió a envío la directora de un organismo de ayuda que trabaja en las comarcas más olvidadas del territorio por el que se paseó a fines del pasado invierno el desastroso Mitch.

El gobierno llegó a Estocolmo con fragilidades similares a las de los caminos que rehabilitó. No logró presentar una estrategia coherente de reconstrucción con claras prioridades, sino una cartera en la que incluyó una lista de 300 proyectos para los próximos tres-cuatro años, marcados gran número de ellos por propósitos electorales, que hagan realidad el sueño del PLC de "convertir a Nicaragua en una sola mancha roja" en las próximas elecciones municipales, como expresó el Presidente en uno de sus discursos antes del viaje a Suecia. Es el mismo "sueño electoral" que explica muchas de las inconsistencias y discrecionalidades del presupuesto aprobado para 1999. Ese voluntarismo excluyente, ese electoralismo permanente polariza y genera violencia.

Atrapados ¿sin salida?

Las raíces de la violencia no las erradicarán montos de ayuda internacional, por colosales que sean. Tampoco las podrá erradicar un grupo nacional, por buena voluntad que tenga o por más justo que sea el programa que defienda.
Un gobierno que sólo gobierna para un grupo dedicado a acumular riquezas genera violencia. Una oposición controlada por quienes sólo aspiran a "darle la vuelta a la tortilla" a esa situación para pasar a gobernar ellos genera violencia. Una sociedad que hace sólo diez años estaba desgarrada por la guerra tiene a buena parte de su gente marcada por la violencia. Una cultura política basada en la impunidad de los poderosos y en la impunidad que garantizan a "los suyos" es violenta. Un país en cuyos hogares impera la violencia de los varones sobre las mujeres y la violencia de los adultos sobre niñas y niños está enferma y augura más violencias...

Son muchas las razones de la violencia en Nicaragua. Y son muchas y diarias las tareas para quienes se decidan a parar los ciclos de las violencias. Sólo se detendrán con sacrificio y ejemplaridad personal, virtudes ausentes de la cultura neoliberal. Sólo si son muchos, muchas quienes dan ese paso habrá salida.

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