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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 204 | Marzo 1999
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Nicaragua

En el vórtice de otro huracán: la corrupción

La lucha por la transparencia emprendida por la Contraloría General de la República es una lucha inédita en la historia nacional. Ha afectado ya directamente al Presidente de la República. ¿Qué pasará? En cualquier caso, los resultados del esfuerzo de la Contraloría por el bien común serán de largo plazo.

Equipo Nitlápan-Envío

Mientras Managua tiende a olvidarse de las heridas que nos abrieron las aguas del Mitch, el país entero sufre los embates de otro huracán. Más de un mes de nuevas agresiones del titular del Poder Ejecutivo y Presidente de la República Arnoldo Alemán al Contralor General de la República, a los medios de comunicación social y a toda la sociedad han servido de dramática señal de alerta sobre el grave peligro que corre Nicaragua si las instituciones y la sociedad no reaccionan a tiempo y toman medidas eficaces para defenderse del devastador huracán de la corrupción.

El escenario del lamentable proceder presidencial es el que nos dejó el Mitch: un país con la economía de sus ciudadanos más pobres arrasada, necesitado de la cooperación externa y abierto, como nunca desde hace años, al monitoreo de la comunidad internacional.


Batalla inédita en la historia nacional

Varias investigaciones "espinosas" ha llevado adelante la Contraloría General de la República (CGR) en los más de dos años de gobierno liberal. Prácticamente, todas las que desembocaron en el señalamiento de responsabilidades -administrativas o penales- a altos funcionarios del actual gobierno, quedaron reducidas a hazañas testimoniales que sólo sirvieron para mostrar el arduo camino a recorrer en la necesaria lucha contra la corrupción. Los señalados en las auditorías de la CGR se acogieron a la inmunidad con que sus cargos los protegen y privilegian, continuaron en sus puestos, fueron ascendidos, y hasta se permitieron descalificar -a veces burlescamente- a la CGR y al Contralor Agustín Jarquín. Pero no todo ha sido en vano. Mientras la impunidad domina en las cúpulas del poder, en las bases de la sociedad ha ido creciendo la conciencia de qué cosa es la corrupción, de cómo afecta a todos y del vínculo que existe entre la corrupción y el empobrecimiento que padece la mayoría de los nicaragüenses. Se trata de una conciencia aún naciente, pero prometedora. Relacionar la corrupción de los funcionarios públicos con la pobreza de los ciudadanos es una novedad en la cultura política nicaragüense. También lo es el empezar a entender que no sólo se trata de erradicar la extrema pobreza sino que empieza a ser cada vez más urgente el frenar la extrema riqueza de la minoría que gobierna.

Empieza tal vez a comprenderse que no se trata de un pleito entre dos personas -Jarquín y Alemán- ni tampoco de un choque por falta de armonía entre dos instituciones democráticas -Ejecutivo y Contraloría-. Se trata de una inédita batalla en la historia política nacional, pues jamás se luchó así por la transparencia desde el Estado. Por tocar tan profundamente el terreno de la cultura política, este esfuerzo tendrá resultados -buenos o malos- de muy largo plazo. Nada asegura hoy que los resultados inmediatos sean los mejores. La debilidad del resto de instituciones estatales que no son la Contraloría y la pasividad social obran en contra de un final positivo.

El retorno del latifundio

Desde mucho antes de la inesperada llegada del Mitch se hablaba de que el Presidente Alemán estaba comprando tierras por varias zonas del país. Decenas de cooperativas entregadas a ex-militares a partir del año 90, arruinadas después por falta de créditos y apoyo, y parcelas sin titular de campesinos pobres eran compradas a precios ridículos. En su mensaje al Presidente Clinton, los productores organizados cifran en mil las cooperativas vendidas de esta forma.

Se sabía también que entre quienes compran a los pobres rurales no sólo está el Presidente con sus familiares y allegados en el gobierno. Dirigentes -altos y medios- del FSLN y de sus organizaciones afines también están comprando, junto a antiguos terratenientes y capitalistas centroamericanos y estadounidenses cercanos al entorno presidencial.

Con "capitales oscuros que nadie sabe de dónde salieron -denunció a inicios de febrero Alvaro Fiallos, vicepresidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)- se está realizando una verdadera contrarreforma agraria". Según Fiallos, "todas las políticas de crédito favorecen a los inversionistas extranjeros y al gran capital nacional". Y por eso, un millón de hectáreas -precisó- ya están en manos de "nuevos latifundistas". Lo que está ocurriendo, añadió, es que Nicaragua vive en "una democracia política dominada por una dictadura económica". Y al frente de ella, "más que a un Presidente vemos a un patrón de finca". Diagnóstico acertado que posteriores informaciones y las declaraciones y reacciones presidenciales confirmarían ante toda la nación.

Confusión legal y abandono

La reconcentración de la tierra expresa la voracidad, el oportunismo y la insensibilidad social que "adornan" el modelo neoliberal que se aplica en un país como el nuestro. Pero esa reconcentración no es totalmente "ilegal". Está muy favorecida por cambios legales e institucionales que trajo la aprobación, en septiembre de 1998, de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Algunos de estos cambios han pasado desapercibidos para la mayoría, a pesar de que sus repercusiones en relación con el tema de la propiedad agraria son dramáticas.

Por la nueva ley, la facultad para la resolución de conflictos de tenencia sobre la tierra pasó de la jurisdicción del Ministerio de Agricultura -ahora Ministerio Agrícola y Forestal (MAG-FOR)- y del Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -antes Ministerio de Finanzas-, donde se creó una oficina de la propiedad rural, "homóloga" de la oficina de ordenamiento de la propiedad urbana creada por el gobierno Chamorro.

Y aunque el MAG-FOR mantiene aún por ley la competencia para "administrar tierras rurales nacionales, incluyendo la facultad para otorgar títulos de propiedad, para resolver conflictos de tenencia sobre la tierra y para formular las políticas de distribución, propiedad y uso de tierras rurales, en el marco de las políticas nacionales de desarrollo agropecuario", la nueva ley de reorganización del Estado otorgó esas mismas facultades a la nueva oficina, exceptuando únicamente la relacionada con las políticas de desarrollo agropecuario. Por otra parte, al desmantelar el INRA, el gobierno no le dio a ninguna instancia algunas de sus facultades, entre ellas la de resolver los conflictos de las tierras indígenas, cuyo futuro queda ahora en el limbo... o en el infierno de la arbitrariedad y el racismo (ver en este mismo envío el artículo de la página 14).

Lo más grave no es esta confusión legal y de competencias, sino que la nueva oficina no está haciendo otra cosa que resolver los trámites de compensación de los confiscados que han presentado reclamos. Todas las tareas relacionadas con garantizar la propiedad o con titular a los campesinos -beneficiados o no por la reforma agraria- que tienen problemas de precariedad en la tenencia de su tierra han sido abandonadas. Está claro que reorganización y abandono están orientados a facilitar el proceso de reconcentración de la tierra. En la práctica, la política del gobierno es: "No arreglemos nada, dejemos que lo arregle el mercado porque en el mercado controlamos nosotros".

Además de los innumerables conflictos de propiedad no resueltos, estaba pendiente también en el agro el problema de las cooperativas endeudadas. Durante el gobierno Chamorro -estando Alvaro Fiallos al frente del INRA- había una permanente presión para resolver la carga de esas deudas. Ahora, lo de las deudas ni se tiene en cuenta y lo único que interesa es titular las cooperativas. Porque teniendo el título ya pueden vender. Y hay un grupo listo para comprar. Todo apunta al mismo objetivo: facilitar el proceso de reconcentración de la tierra.

Entre otros males, esa reconcentración se revela como el mayor de los obstáculos que tiene delante el necesario reordenamiento territorial que desde la sociedad civil se ha propuesto, especialmente tras los estragos del Mitch, con el fin de mitigar la vulnerabilidad de los pobres de varias zonas rurales. En realidad, aunque la situación creada por el Mitch indica la necesidad de una nueva reforma agraria, lo que está ocurriendo es lo contrario, una disolución de las reformas agrarias de los años 80 y 90.


Banco Mundial: proyecto paralizado

Durante el gobierno Chamorro, el Banco Mundial había negociado un proyecto para apoyar el establecimiento de un catastro nacional vinculado al registro nacional de la propiedad rural, inexistente en el país. El proyecto se puso en marcha, pero estos cambios institucionales lo han paralizado. Desde el punto de vista legal, el Banco Mundial firmó un convenio con una institución que ya no existe, el INRA. Desde el punto de vista práctico, no existe en la nueva oficina de ordenamiento de la propiedad rural ni asomo de voluntad política para ejecutar los componentes ya definidos en ese proyecto.

El Banco Mundial ve esto con preocupación. Según una misión del BM, la reorganización del Estado, que incluyó el cambio en la jurisdicción del manejo de la propiedad rural, "contribuye a generar mayor dispersión de orden normativo e institucional al crear la oficina de titulación rural con facultades de titular las tierras rurales a nivel nacional, aunque no es claro cuál sería su rol en la resolución de conflictos de tenencia o respecto a la titulación de tierras indígenas." Dentro de la lógica del BM, para que pueda haber mercados transparentes y competitivos, es fundamental ordenar jurídicamente el agro, pero en la práctica el gobierno le está diciendo: "No nos interesa ordenar nada. Lo que nos interesa es apropiarnos".


Alemán: "Tengo derecho a comprar"

El contexto de una cultura política primitiva, la voracidad de tradicionales y nuevos capitalistas vinculados al gobierno -por afinidad o por pacto-, la vocación presidencial al autoritarismo y a la falta de transparencia y este marco legal confuso contribuyeron a colocar al país en el vórtice del huracán de la actual crisis.

Desde finales de enero, el diario La Prensa -que ha dado un plausible giro hacia el profesionalismo y hacia una oposición comprometida- informó sobre cientos de manzanas de tierra que estaba comprando el Presidente por Rivas. Alemán reconoció la compra, aunque se lamentó de que no fueran tantas las manzanas de su nueva finca, como el diario informaba. Días después no sólo reconocería de nuevo que compraba, sino que se jactó del negocio redondo que había hecho: le vendían cooperativas quebradas a precios de ganga. Increíble ostentación de insensibilidad social y también de ilegalidad, porque según la polémica Ley de Propiedad, promovida por el propio Presidente hace apenas un año, no se pueden comprar tierras de cooperativas hasta después de cinco años de haber sido tituladas.

El Nuevo Diario -fiel a prueba de todo al antisomocismo- comenzó a informar de otras compras, de otras fincas y de los trabajos que instituciones estatales de servicio público -agua, luz, petróleo, caminos, carreteras, tecnología agraria- realizaban en las fincas del presidente. Alemán atribuyó a "la casualidad" la presencia en sus tierras de vehículos estatales y los directivos de las instituciones implicadas en la instalación de servicios o negaron los hechos o señalaron que atendían al Presidente "como a cualquier otro productor". También se demostró que -¿por casualidad?- varias de las nuevas propiedades del Presidente estaban cerca de zonas de próximas multimillonarias inversiones turísticas. Alemán alegó que era su deber fomentar "el progreso".


El Estado-Finca de la familia Alemán

Cuando empezaron a identificarse mejor las nuevas propiedades de Alemán y las que adquirían sus cuatro hermanos, el Presidente llamó a una insólita conferencia de prensa para demostrar, con las declaraciones de impuestos de su hermano Alvaro, médico residente en Estados Unidos, que éste era un profesional de cartera solvente y dotado de suficiente capital para invertir en Nicaragua y así fomentar "progreso".

El escándalo creció al saberse que el director del estatal Instituto de Desarrollo Rural (IDR) aparecía como administrador de las fincas presidenciales y que era el Subprocurador de Justicia quien hacía los trámites de compraventa de nuevas tierras. Una confusión Estado-Presidente jamás vista. Las múltiples informaciones brindadas a diario por los medios escritos, hablados y televisados confirmaban la realidad del Estado-Finca. Como si el reloj del tiempo regresara hacia atrás, hacia los tiempos en que Nicaragua era conocida en todo el mundo como la hacienda de otra familia...


Jugando "a la bola recia"

Desmentido y cuestionado a diario por prácticamente todos los medios, el 8 de febrero, el Presidente estrenó un método de propaganda que nunca había usado hasta ahora: pagó un espacio de casi una hora en cadena en todos los canales de TV para aclarar que él y su familia, como todos los nicaragüenses, tenían "derecho a adquirir los bienes que podamos adquirir". Brindó su interpretación de lo que estaba ocurriendo: habló de "una malévola campaña" orquestada por los medios de comunicación, por los partidos "microbio" -así calificó días después a quienes no son ni PLC ni FSLN- y por un sector del sandinismo que, "acostumbrado a vivir en la incertidumbre y en las orillas de la violencia", se niega al diálogo que él sostiene con Ortega.

El mensaje cayó en el vacío. No cesaban las informaciones, que regresaban a la opinión pública a la otra interpretación, la de la "geofagia" presidencial -mucho se usó este término-. Estando ausente del país Daniel Ortega, el dirigente y diputado del FSLN Víctor Hugo Tinoco aprovechó para solicitar a la Contraloría General de la República una investigación sobre las propiedades del Presidente. La CGR la inició.

Cuando funcionarios de la CGR investigaban in situ una de las propiedades presidenciales, La Chinampa, dotada de las mejores infraestructuras, ocurrió el incidente de "la bola recia". De forma impulsiva, el Presidente Alemán insultó telefónicamente al Contralor Jarquín, diciéndole que si quería "guerra" la tendría y que jugaría con él "a la bola recia".

Ambas metáforas -la bélica y la beisbolera- y el tono en el que fueron expresadas, llevaron a Jarquín a pedir a Alemán una "explícita aclaración" sobre las mismas, y a la vez a denunciar las amenazas presidenciales ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), que elevó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo medidas cautelares para proteger al Contralor. La CIDH solicitó información al gobierno de Nicaragua e inició el proceso para establecer esas medidas. Nicaragua volvía así a la noticia internacional como consecuencia de los vientos huracanados de una arraigada cultura caudillesca -y por eso, proclive a la corrupción-, donde el que gobierna se siente intocable y trata de prevalecer sobre leyes e instituciones.

¿Cuál fue la explícita aclaración que hizo el Presidente de su metáfora? A su regreso de un rápido viaje a Estados Unidos, exclamó en un improvisado mitin político en el aeropuerto: "No nos dejaremos intimidar. Es inadmisible hoy, como lo fue ayer, y lo será siempre, el uso de procedimientos totalitarios, abusivos y propios del pasado." Calificó de esta forma el derecho que asiste a la Contraloría para fiscalizar los bienes públicos. El mensaje era claro: a mí no me toca nadie.


¿Responsabilidad o injerencia?

Quienes en la comunidad internacional proclaman su apuesta por las instituciones democráticas en los países pobres y "en transición" debían tomar nota de este caso. La democracia electoral -en la que tanto insisten- resulta totalmente insuficiente, como se demuestra en Nicaragua. Tampoco se democratizan las instituciones con donaciones de sistemas computarizados o con planes de "modernización" como el que hoy financia el BID en el Ministerio de Salud, que no garantiza la transparencia y que genera desempleo y promueve una salud pública de baja calidad y sólo para los indigentes... Democracia y modernización deben ser realidades cargadas de otros contenidos más adecuados a la realidad nacional.

Quienes en la comunidad internacional intervienen abiertamente para imponer un diseño de política económica debían tomar nota de este caso y no lavarse las manos en nombre de la "gobernabilidad" y de la no injerencia, negándose a intervenir con mayor decisión y de forma más visible en crisis como la que vive hoy Nicaragua.

El patrimonio presidencial

El 25 de febrero, la CGR hizo públicas las tres declaraciones de probidad de Arnoldo Alemán que obran en poder de esa institución: la de 1990, cuando Alemán resultó electo Alcalde de Managua; la de 1995, cuando dejó la Alcaldía para lanzarse como candidato presidencial por la ya desaparecida Alianza Liberal; y la de 1996, cuando tomó posesión de la Presidencia de la República. La comparación de estas tres declaraciones demuestra que en estos años el patrimonio declarado del Presidente se incrementó en 900%. En 1997 tenía como patrimonio propiedades por valor de 26 mil dólares. En 1995 eran ya de 309 mil y en 1997 habían llegado a un millón de dólares. La CGR informó también de una sociedad anónima, GENINSA , que compra tierras para el Presidente y para su familia y que tiene al frente a un funcionario estatal, Eduardo Mena, directivo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR).

La CGR dio un plazo al Presidente para que aclarara contradicciones y vacíos en sus declaraciones de probidad y para que informara sobre compras o ventas de bienes con posterioridad a su llegada a la Presidencia. También anunció que la investigación continuaría para determinar si las instituciones públicas habían sido utilizadas para habilitar servicios en las propiedades presidenciales. Más adelante, informó que si el Presidente no presenta lo que se le solicita se iniciará un proceso sumario.

El 26 de febrero, ostensiblemente tranquilizado con sedantes, el Presidente compareció, acompañado del gabinete ministerial, de funcionarios amigos y de toda su familia, para responder al informe de la Contraloría. Contradiciendo anteriores declaraciones hechas a lo largo de todo el mes, el Presidente insistió en que no había comprado una sola pulgada de tierra desde que llegó al gobierno, atribuyó a la herencia de sus abuelos la mayoría de sus extensas propiedades actuales, justificó con "la plusvalía" el aparente incremento de su patrimonio, y dejó en manos de "un Dios que está allá arriba" el futuro del Contralor Jarquín.

Ese día afirmó que no entregaría a la Contraloría ninguna información, porque la Ley de Integridad de los Funcionarios Públicos -que reglamenta un precepto constitucional-invocada por la CGR, estaba -a su arbitrario juicio- ya derogada, sabiendo todos que está vigente. Días después, visitó al Cardenal Obando para poner en sus manos toda la documentación sobre su patrimonio y el de sus hermanos. El Cardenal se manifestó complacido por el gesto del mandatario.

El Contralor, por su parte, puso en las manos de los diputados de la Asamblea Nacional el informe sobre el patrimonio presidencial como primer fruto de una serie de investigaciones de la CGR. No sin perplejidad, la ciudadanía escuchó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por los liberales, y a varios directivos de la bancada de diputados del FSLN -incluido Tinoco, quien había solicitado la investigación- afirmar que no darían trámite al informe de la CGR por ser "inconcluso" y "sin los requisitos de ley". Mientras el FSLN abandonaba una vez más su papel de oposición responsable, dirigentes de otros partidos pidieron la desaforación y la destitución del Presidente.

"Hechos que constituyen delitos"

El 9 de marzo, el CENIDH hizo público un documento sentando su posición, señalando que el informe de la CGR reúne todos los requisitos legales para ser tenido en cuenta. El CENIDH detalla una serie de "hechos constitutivos de delitos" cometidos por el Presidente Alemán, que se desprenden del informe de la CGR, afirmando conclusivamente que estos hechos "son contundentes respecto de que el Presidente de la República y altos funcionarios de su gobierno obtuvieron con ventaja concesiones y lucro personal de entidades del Estado". Los delitos presidenciales son -según el Código Penal- estelionato, fraude y peculado. En la legislación nicaragüense no están tipificados aún delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias o el lavado de dinero.

El CENIDH señala también que el Presidente violó la Constitución de Nicaragua, que establece que los funcionarios públicos no pueden obtener concesión alguna del Estado. Ante "estos bochornosos actos de corrupción", el CENIDH insta al Contralor a iniciar de inmediato el proceso sumario y a emitir una resolución y demanda que los diputados ante la Asamblea Nacional "cumplan con su deber una vez que tengan la resolución de la Contraloría".

En nombre de la armonía y la imagen

La lamentable exhibición presidencial y la nueva y ejemplar actuación del Contralor Jarquín y del equipo de la Contraloría a favor de la transparencia y, por eso, en nombre de los más empobrecidos de Nicaragua, no sólo ha generado polémicas políticas y jurídicas. Ha dado lugar a una tensa batalla ideológica, cuyos resultados sólo podrán verse en el largo plazo.

Han sido muchos los argumentos y contrargumentos esgrimidos. Alemán insiste en crear en la opinión pública la impresión de que se trata de un conflicto personal entre el Contralor y él, motivado porque Jarquín quiso ser Alcalde de Managua y no lo consiguió y ahora aspira a ser Presidente y lo quiere conseguir.

La cultura política nacional, excesivamente centrada en las personas -y desconocedora de proyectos, leyes e instituciones- abre campo a esta falacia. De lo que se trata en esta crisis es de la necesidad de empezar a ejercer control sobre los funcionarios públicos, de que la institución del Estado que tiene el derecho y el deber de realizar esta tarea es la Contraloría y de que, por primera vez en la historia nacional, está determinada a hacerlo, mientras que los funcionarios públicos, empezando por el de más alto rango, se resisten a ser controlados.

Desde varios sectores -económicos, políticos, eclesiásticos, sociales, de los medios- se ha planteado también con insistencia que el Presidente y el Contralor deben sentarse a dialogar para llegar a un entendimiento y convenir en una solución armónica que ponga fin a un conflicto que perjudica al país.

La cultura política nacional, acostumbrada a arreglos, pactos o amarres que se hacen debajo de la mesa y que pasan por encima de leyes e instituciones, da espacio a este discurso. Invocar la armonía para cerrar una crisis, cuando de lo que en ella se trata es de abrir el camino que lleva a la responsabilidad de los funcionarios con el bien común y no con sus bolsillos significa el mayor de los perjuicios para nuestro país. Alguna vez hay que empezar a abrir brecha en este camino. Y todo indica que ahora es la hora, que no es tiempo de armonía sino de aceptar el reto histórico que esconde este conflicto.

Se aduce desde el poder económico y desde otros poderes simbólicos -religiosos y partidarios- que el conflicto entre la Contraloría y la Presidencia debe terminar porque daña la imagen del país.

La nueva cultura postmoderna que se vende universalmente -y que ha sido comprada acríticamente por las élites nicaragüenses-, centrada desesperadamente en la apariencia de las imágenes, abre rutas a esta trampa. Porque lo que debe interesar a la mayoría de los nicaragüenses es la realidad nacional y no la imagen nacional en la pantalla internacional. Porque es con realidades y no con imágenes que podrán resolverse la miseria, el desempleo y tantos atrasos. En todo caso, si de imágenes se trata -como acertadamente señaló el Contralor- beneficia mucho a la imagen de Nicaragua el que el mundo observe a una institución del Estado decidida a luchar por la transparencia en la gestión pública.

¿Qué inversionistas se ahuyentan?

A diario han repetido otros que este conflicto debe superarse porque ahuyenta a los inversores y aleja la inversión extranjera. Quienes venden como un nuevo dogma que son los inversores quienes desarrollarán al país, encuentran arado el camino para diseminar esta media verdad. Porque lo que más ahuyenta a un inversor serio es la corrupción institucionalizada, la inseguridad jurídica y la falta de reglas de juego en el mercado y en la economía o, más exactamente, el que exista una sola regla de juego: la que dicta arbitrariamente el gobernante. Los únicos inversores que serían ahuyentados porque en Nicaragua haya transparencia son precisamente los que no han dejado de llegar en estos dos años a Nicaragua, los que vienen a reconcentrar tierras y oportunidades estimulados por el favor del gobernante.

Desde los escasos medios de comunicación leales al Presidente se repite otro lamentable argumento: los gobiernos anteriores también robaron, y robaron más, así que... O se declara con impotencia que en Nicaragua siempre ha existido corrupción y que la corrupción ha sido siempre muy difícil de comprobar.

La desconfianza hacia los políticos, tan extendida en estos tiempos, abona el terreno a este fatalismo, que conduce a la pasividad y a que, con la lógica de que todos somos "pecadores" o todos somos "chanchos", se termine tolerándolo todo. Se frenan de esta manera las posibilidades de que la lucha contra la corrupción sea asumida no sólo por una institución estatal sino por toda la sociedad.

Desviar la atención del Presupuesto

Argumentos van, argumentos vienen. El precio de esta lucha es alto. Hacia la cabeza del Contralor Agustín Jarquín apuntan las "bolas recias". Las acusaciones infundadas fabricadas en octubre de 1998, antes del Mitch, por el Procurador General de Justicia -quien depende directamente del Presidente- podrían llevar al Contralor a los tribunales acusado de una larga lista de "delitos". Como con esta "bola recia" no bastaba, en vísperas de que la CGR hiciera público su patrimonio, Alemán anunció que a las acusaciones formuladas por el Procurador, él mismo añadiría otra: trató de presentar un simple arreglo de pago realizado en septiembre de 1996 por 1.3 millones de córdobas entre la CGR y el instituto de seguridad social, para resolver atrasos en las cotizaciones al seguro de los empleados de la CGR, acumulados durante su anterior administración, como un abusivo préstamo favorable que Jarquín habría exigido, usando en provecho propio sagrados fondos de los pobres jubilados...

Golpes bajos. Golpes altos. Documentos apócrifos con sellos oficiales, amenazas, filtraciones. Vale todo. El objetivo final de Alemán es destituir al Contralor desacreditándolo en el camino lo más posible. En el actual contexto de pacto Gobierno-FSLN la única piedra en el zapato de su proyecto es la Contraloría y su actual titular.

No dejando de reconocer otros móviles en los acosos personales e institucionales de todo tipo que está sufriendo, Jarquín declaró a envío que la campaña presidencial busca especialmente desviar la atención del tema central en el que se juega la transparencia en el primer trimestre del año, el Presupuesto para 1999, retrasado en su elaboración y en su debate por el Mitch.

El Presupuesto fue presentado a la Asamblea por el Ejecutivo sin atender los señalamientos que había hecho la CGR. La Contraloría pidió al Ejecutivo explicaciones y especificaciones sobre los más de 724 millones de córdobas que aparecen en el Presupuesto destinados a la Presidencia para "imprevistos" y sobre los 647 millones que se destinan al Banco Central de Nicaragua para "política económica". En 1997 el BCN recibió 546 millones de córdobas bajo este mismo rubro, y en 1998 esa partida llegó a ser de mil millones.

Jarquín dijo a envío que hasta la fecha no se sabe en qué se utilizaron estas cantidades, y afirmó que con estos montos sin destino detallado el Ejecutivo crea "una especie de caja chica, que en realidad es muy grande". Considera aún más grave que el presupuesto ni siquiera refleje las transferencias que anualmente las empresas estatales envían al Ejecutivo y que la CGR calcula para 1999 en unos 200 millones de córdobas. "Ahí es total la discrecionalidad -dice Jarquín-, y el Ejecutivo maneja con estos fondos una economía por debajo de la mesa". La "mala imagen" en Estocolmo

Al interpretar como "malévola campaña" de algunos medios la publicación de las noticias que han creado fundadas sospechas sobre su falta de probidad, el Presidente afirmó que esa campaña tenía tres objetivos: impedir la condonación de la deuda externa, detener las "obras de progreso" y el desarrollo que lleva adelante su gobierno, y entorpecer sus diálogos con el FSLN.

No existe ninguna relación entre una eventual "mala imagen" del gobierno de Nicaragua ante la comunidad internacional y el ingreso de nuestro país en la iniciativa HIPC, diseñada por el FMI para condonar parcialmente y renegociar la deuda externa de los países muy pobres y muy endeudados.

Sin embargo, la falta de credibilidad del gobierno sí podría afectar la cooperación externa, ya que para las fuentes de financiamiento bilateral (gobierno a gobierno) es fundamental la transparencia de los gobiernos contrapartes. Especialmente lo es para los países de la Unión Europea -que son mayoría entre los países donantes que se reúnen en mayo en Estocolmo- y muy especialmente lo es para el gobierno de Suecia, anfitrión de la reunión del Grupo Consultivo que decidirá los montos de la cooperación de los países ricos para la devastada Centroamérica.

A pesar de la "mala imagen" que ha dado el gobierno y sobre todo, de la pésima realidad que ella refleja, es posible que en Estocolmo Nicaragua consiga más de lo previsto. Aunque será siempre con límites que tampoco dependen de la imagen, sino de la realidad. El gobierno de Nicaragua no sólo podrá ser cuestionado por su falta de transparencia. También por su probada ineficiencia. Ni las fuentes multilaterales de cooperación ni las bilaterales suelen dar más ayuda que la que creen que puede ser ejecutada. Los países donantes saben cuál es la capacidad de ejecución de este gobierno: sólo un 70% de lo proyectado se ejecuta, según muestran las cifras del 97 y 98 sobre proyectos por valor de unos 400 millones de dólares.

El 30% de la ayuda se pierde por ineficiencia. No sólo se pierde ayuda por corrupción. Se pierde por incapacidad, ineptitud gerencial, falta de profesionalismo. Además, el ajuste estructural ha debilitado la capacidad operativa de todo el Estado, acentuando su inoperancia, como lo demostró el paso del Mitch. En esta situación, Costa Rica podría recibir más ayuda en Estocolmo, no porque tenga más daños o damnificados por causa del huracán, sino simplemente porque tiene mayor capacidad de presentar proyectos y de ejecutarlos.


Deuda externa: estrategia raquítica

No sólo no existe razón alguna para que el ingreso de Nicaragua en la iniciativa HIPC se vea afectado por los escándalos del Estado-Finca, sino que hay espacio para que el gobierno de Nicaragua reclame la cancelación total de la deuda externa, y no sólo el 80%. El gobierno de Alemania, por ejemplo, aboga por una cancelación total de las deudas de Honduras y de Nicaragua, y la HIPC ha sido ya ampliamente cuestionada en los países europeos desde diversos frentes. Sin embargo, el gobierno se aferra a la condonación del 80% que propone la HIPC y la presenta a diario como el arribo a una tierra prometida...

¿Por qué no va el gobierno más allá si podría hacerlo? Porque en su estrategia económica lo irrenunciable es quedar bien con el FMI, con los organismos multilaterales, y éstos se oponen denodadamente a la cancelación total de la deuda de cualquier país, para no dar ese "mal ejemplo" a otros países. La estrategia del gobierno resulta por eso raquítica. En la práctica lo que está diciendo es: "Prefiero estar a bien con los multilaterales, porque de una forma o de otra los bilaterales me van a ayudar. Pero si en el tema de la deuda me pongo a apoyar iniciativas de alguno de los bilaterales, corro el riesgo de enemistarme con los multilaterales. Y eso nunca."

¿Por el camino "correcto"?

La "malévola campaña" anti-patrimonio presidencial estaría dirigida -según Alemán- a detener el desarrollo que su gobierno impulsa. Pero la acertada relación que la ciudadanía empieza a hacer entre corrupción y desarrollo económico no conduce precisamente a detener un desarrollo -que si lo hay, es de malls, espuma y hamburguesas en la capital-. Conduce, más bien, a la convicción de que el mejor modelo de desarrollo es el que incluya el control y la transparencia y lleva a opiniones como ésta: "El único programa electoral que sirve en Nicaragua es el compromiso de quienes gobiernan de no robar."

La economía sigue en crisis. ¿Por corrupción o por dogmatismo neoliberal? Realmente, si se suprimieran de la economía los cientos de millones de dólares que los 700 mil emigrantes nicaragüenses envían a sus familias y los cientos de millones de dólares que se "lavan" en Nicaragua, se demostraría que el modelo económico es un fracaso y que lo que impide una crisis mayor es el modelo "sumergido" de las remesas y del narcotráfico.

Las previsiones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sobre el rumbo económico son preocupantes. En 1999 las importaciones seguirán aumentando y las exportaciones seguirán cayendo, configurando una brecha comercial que a finales del año superará los mil millones de dólares (fue de 866.5 millones en el 98 y de 555.2 millones en el 97). Las proyecciones de otros indicadores económicos no son tampoco alentadoras, mientras los indicadores de la economía familiar siguen contribuyendo a un mayor desaliento.

Sin embargo, el vocero económico del gobierno, el Presidente del Banco Central, Noel Ramírez, no deja de costear costosas campañas de cuadros, tablas, flechas y gráficos que buscan demostrar su consigna: "Vamos por el camino correcto."

¿Miles de nuevos empleos?

En ese despliegue de cuadros de colores se viene afirmando que en los dos años liberales se han creado 157 mil nuevos empleos. ¿Dónde?, dicen miles de desempleados sin esperanzas. Teniendo en cuenta que, según cifras del propio gobierno, son medio millón los desempleados en Nicaragua, cuando Noel Ramírez proclama que se crearon tantos miles de nuevos empleos, eso no significa que hayan sido creados realmente en pueblos, ciudades o comarcas campesinas. Son creados matemáticamente en las oficinas de su despacho con un simple ejercicio académico de cálculo: si con equis millones de producto interno bruto tenemos tantas personas empleadas, con un 4% de crecimiento del PIB en 1998 -es la cifra oficial- tenemos 70 mil empleos más en 1998. Así de sencillo. Para 1999 el Presidente Alemán anunció triunfalmente un crecimiento del 7% y, por tanto, la generación de 125 mil nuevos empleos, cifra fabricada de antemano sobre la mesa, expresión de las frágiles bases en las que se asienta el optimismo oficial.

Los dos "conejos" del pacto

El Presidente afirmó también que la malévola campaña contra su gobierno, su persona y su familia estaba destinada a entorpecer el diálogo con el FSLN. Sobre este diálogo -al que un amplio sector del sandinismo llaman pacto- Alemán tiene dos versiones: una elegante y otra ramplona. La elegante es la que incluyó en su mensaje televisado: "Esas pláticas están destinadas a dar gobernabilidad al país y en ningún momento son excluyentes ni han estado orientadas a buscar privilegios personales, ni mucho menos mi reelección presidencial".

La versión ramplona la divulgó en una entrevista radial al contar lo que le había dicho a Daniel Ortega en un cuarto de hotel en Caracas, durante los actos de toma de posesión del Presidente Hugo Chávez, en los que coincidieron. En Nicaragua -le dijo- sólo hay espacio "para dos fuerzas mayoritarias, no hay cabida para un centro de bicicleta, ni para dar respiro. La vida política nicaragüense es como un hueco donde sólo hay cabida para un conejo. Sale uno y entra otro, pero no es cosa de que los dos conejos estén viviendo juntos. Es como dice el proverbio chino: en una colina no cabe más de un tigre."

¿Cómo controlar al Contralor?

En el vórtice del huracán provocado por la corrupción presidencial, las posiciones del sector del FSLN que promueve el pacto han sido a veces ambiguas, a veces contradictorias y por momento oportunistas.

Ambiguas cuando Ortega dice apoyar el Contralor y es uno más de los que aparece muy preocupado por la imagen al señalar que "lo más importante en este conflicto es que se establezcan mecanismos para que no vuelvan a repetirse este tipo de situaciones porque afectarían la imagen de Nicaragua". Debería saber que si por primera vez se lucha desde el Estado contra la corrupción, el país asiste a una revolución, y no hay revolución sin conflictos, crisis y tensiones.

Contradictorias cuando el diputado del FSLN Víctor Hugo Tinoco solicita a la CGR una investigación sobre las propiedades presidenciales y al llegar la investigación a la Asamblea afirma que el Legislativo no puede hacer nada por ser un informe "inconcluso" y toma la "decisión política" de desestimarlo. Oportunistas cuando el sector pactista del FSLN convoca al pueblo a manifestarse en las calles en ocasión de la visita de Clinton "en contra del neoliberalismo y en apoyo al Contralor."

El pacto Ortega-Alemán ha dividido profundamente al sandinismo. Resulta cada vez más inexplicable en la medida en que el Presidente y su gobierno están siendo tan justamente cuestionados. Todo indica que es pieza del pacto el neutralizar al Contralor Agustín Jarquín. No es tarea sencilla. El sector pactista del FSLN calibra perfectamente el costo político que tendría el que los dirigentes sandinistas descalificaran abiertamente al Contralor o el que los diputados del FSLN se prestaran a su enjuiciamiento o a su destitución. En este contexto puede pensarse que podrían elegir otras fórmulas. Una de ellas, la Contraloría colegiada: "controlar al Contralor" rodeándolo de otros contralores -liberales y sandinistas- aprobando los diputados en la Asamblea un nuevo diseño legal para el ente fiscalizador. Hacer esto implica una reforma constitucional y todo indica que las reformas que saldrán del pacto no tienen aún el consenso de las cúpulas liberal y sandinista, y que lo pactado en este momento es no tocar el tema de la reforma a la Constitución hasta después de la reunión de Estocolmo.

FSLN: divisiones e iniciativas

La crisis del sandinismo se ha profundizado especialmente durante este último mes, como consecuencia de las evidencias de corrupción de un gobierno al que el FSLN no hace oposición y, más internamente, por los resultados de las elecciones para cargos en la estructura departamental del FSLN en Managua. Según analistas del FSLN, en este marzo huracanado "se ha cerrado una etapa del sandinismo y Daniel Ortega perdió definitivamente la oportunidad y la posibilidad de encabezar los cambios que necesita el FSLN". A la par, se han abierto posibilidades. Han surgido voces e iniciativas desde distintos ángulos del sandinismo. Convocan a organizarse fuera o dentro de las estructuras partidarias contra el danielismo, a desobedecer a las autoridades electas, y a fortalecer en la acción las divisiones actuales del FSLN para posibilitar construir más adelante y en el camino la sólida unidad que hoy no existe.

Contra estas estrategias conspira el pacto en el que está comprometido un poderoso sector del FSLN, la capacidad de "guerra sucia" que existe en las estructuras del FSLN en torno a algunos de sus dirigentes, y el poder simbólico del FSLN histórico, cuyo capital sigue tratando de manipular y monopolizar a su favor Daniel Ortega.


Estocolmo: control de la ayuda

En abril de 1998 se celebró en Ginebra la reunión del Grupo Consultivo, que a fines de mayo vuelve a reunirse en Estocolmo. En Ginebra -recordó el Contralor Jarquín en un encuentro con envío- "la comunidad internacional puso en la agenda de Nicaragua la necesidad de gobernabilidad y en ese concepto incluyó la transparencia en la gestión pública, la descentralización con el fortalecimiento de los municipios y la participación de la sociedad civil". ¿Cómo pasará este examen en Estocolmo el gobierno de Nicaragua?

Sin un marco legal claro, y con un inicial apoyo financiero del BID, el Presidente Alemán anunció el 10 de marzo el aval del Presidente Clinton para la instalación de una comisión del sector privado -aunque con miembros elegidos por el Presidente- cuya misión será supervisar la ayuda que reciba Nicaragua en Estocolmo y dar recomendaciones para su mejor uso. Esta comisión, de tres miembros, trabajará entre tres y cinco años y uno de sus objetivos declarados es "generar confianza nacional e internacional". Todo indica que su objetivo no declarado es ir preparando el terreno para la sustitución del Contralor Augustín Jarquín. ¿Picará este anzuelo la comunidad internacional?

Por su parte, como presidente de la organización que agrupa a las entidades fiscalizadoras de Centroamérica y el Caribe, Jarquín ha diseñado un proyecto destinado a crear mecanismos que incrementen la capacidad fiscalizadora de las contralorías de la región y a garantizar transparencia en el uso de la ayuda internacional para los países centroamericanos. Presentará este proyecto en Estocolmo. ¿Cómo lo acogerá la comunidad internacional?

ONGs: auditoría social

Como un complemento desde la base a la iniciativa institucional de la Contraloría, las más de 300 ONGs de Nicaragua, agrupadas tras el Mitch en la Coordinadora Civil, no sólo siguen luchando por presentar en Estocolmo proyectos para una auténtica reconstrucción. En vísperas de la reunión, tendrán lista la primera fase de un trabajo de auditoría social que vienen realizando, y en el que han encuestado a 10 mil familias y a 150 líderes y alcaldes de 150 comunidades y barrios en 80 de los municipios afectados por el Mitch. Les preguntan sobre los daños que sufrieron, la ayuda que recibieron o que les faltó, las necesidades que aún tienen, sus condiciones de vida antes del huracán y sus grados de participación en los proyectos de reconstrucción. Según los primeros resultados, la ayuda del gobierno no sólo fue insuficiente, sino que se detuvo muy pronto, y no llegó en los primeros días de la emergencia, que fueron los más trágicos.

Es evidente que el control social sobre los bienes públicos y la lucha por la transparencia y contra la corrupción se han ido incorporando, como temas centrales, en la agenda nacional y en la conciencia de la población. Es un avance enorme. Seguir avanzando es el reto de esta hora.

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