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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 422 | Mayo 2017
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Nicaragua

“El colapso institucional también afecta algo tan vital como el agua”

Desirée Elizondo, agrónoma con especialidad en suelos y aguas, compartió con Envío sus reflexiones en torno a los complejos desafíos que representa garantizar, conservar y cuidar el agua en nuestro país, contrastándolos con el colapso institucional para responder a ellos, en una charla con Envío que transcribimos.

Desirée Elizondo

Reflexionar sobre el agua, sobre su calidad, sobre sus usos, sobre cómo se distribuye o se emplea, ha sido central en mi carrera profesional. Desde estudiante aprendí a valorar el agua como un bien común y público, esencial para la vida. También tuve la oportunidad, como funcionaria pública, trabajando en distintas instituciones, de ver la responsabilidad que tienen las políticas públicas sobre todo lo relacionado con el agua.

Veamos primero el agua desde la perspectiva más amplia posible, la perspectiva planetaria. Lo primero que hay que decir es que el agua es un recurso finito. Desde hace miles de millones de años, algunos dicen que desde el origen de la Tierra, la cantidad de agua que circula en nuestro planeta en lo que conocemos como el ciclo del agua, es siempre la misma. Cuesta creerlo, pero es así. Y lo segundo que debemos saber es que de toda esa inmensa cantidad de agua que hay en el planeta menos del 3% es agua dulce. La proporción entre agua salada y agua dulce es de 40 a 1. Y de ese pequeño porcentaje menor del 3% sólo el 0.3% está en forma líquida sobre la superficie del planeta. El resto permanece almacenada en acuíferos subterráneos o está en la superficie en forma sólida, en los glaciares y en la nieve.

De acuerdo al National Geographic, sólo el 0.007% del agua del planeta está disponible para producir energía y alimentos para los 6 mil 800 millones de personas que hoy habitamos la Tierra. Según el informe de 2015 de World Water Development, una instancia de Naciones Unidas, para el año 2025 más de 1 mil 800 millones de personas vivirán en zonas del mundo donde el agua será escasa y dos tercios de la población mundial vivirá en áreas con problemas de estrés hídrico.

Hoy la humanidad está ante una crisis mundial por el agua porque no todos los países están dotados con las mismas cantidades de agua. Los países del norte de África y los de Medio Oriente son los que tienen las mayores carencias de agua. Esto ha generado desplazamientos masivos, hambrunas y guerras, realidades que no conocemos en América Latina, donde no tenemos suficiente conciencia del privilegio que tenemos al disponer de tanta agua. Ya desde 1977 se celebró la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el agua. Y con los años, de la creciente conciencia mundial sobre los problemas del agua, ha ido surgiendo una extensa legislación internacional.

El agua que los seres humanos podemos aprovechar aparece superficialmente en ríos, lagos, lagunas y manantiales o está donde no la vemos y es agua subterránea. El agua subterránea juega un papel fundamental para sustentar las necesidades humanas. 2 mil 500 millones de personas y centenares de millones de agricultores dependen de acuíferos subterráneos. Más del 50% de la población del mundo, nada menos que la mitad de la población del planeta, recibe agua potable proveniente de acuíferos que están bajo tierra. Es agua subterránea la que se usa en el 43% del riego de las tierras agrícolas del mundo. Aprovechar sosteniblemente los acuíferos que no vemos porque están bajo la tierra requiere de instituciones científicas que los estudien, conozcan sus flujos y su potencial e investiguen su calidad. La cantidad de agua subterránea que tenemos, cómo se distribuye y se usa, es usualmente información de dominio exclusivo de instituciones públicas y es el Estado quien la concede a terceros para que hagan uso de ella.

La agricultura consume el 70% del agua dulce disponible en el planeta. Y lo hace de forma muy ineficiente. Un ejemplo nos lo da una pinche hamburguesa que alguien se come en Estados Unidos, que en promedio necesita para llegar a ese consumidor unos 1 mil 300 litros de agua, por el riego que necesita el pasto, por el agua que consume el ganado y por todos los pasos de la cadena industrial necesaria hasta llegar a ser hamburguesa. Si las actividades productivas que hoy conocemos y los patrones de consumo actuales no cambian, está previsto que en el ya cercano año 2030 se necesite un 40% más de agua para mantener esos mismos niveles.

Los desafíos del agua son muchos: de disponibilidad, de administración, de distribución. Hay países que pueden darse el lujo de disponer de mucha agua y países que no se pueden dar ese lujo. Igualmente, hay personas que podemos darnos el lujo de disponer de suficiente agua todos los días y personas que no pueden dárselo. Los países pobres y los países ricos se diferencian por el consumo promedio de agua por habitante. Igual sucede con las personas. Una persona que vive en extrema pobreza consume como máximo 5 litros de agua diarios, mientras que una persona rica puede consumir hasta 350 litros diarios. Esa brecha de 5 litros a 350 litros nos indica la enorme desigualdad que existe en el consumo personal del agua.

Como subcontinente, América Latina está muy bien dotada de recursos hídricos y en algunos países hasta se tiene una situación de privilegio. Por eso, los expertos afirman que cualquier crisis de agua en América Latina no se debe a causas físicas, de escasez del recurso, sino a causas institucionales. Según el organismo de Naciones Unidas UNECLAC, la mayoría de nuestros países tienen una limitadísima capacidad institucional y poca fiscalización de los instrumentos administrativos disponibles para manejar con sostenibilidad y equidad este vital recurso.

La debilidad institucional tiene enormes consecuencias y es de suma importancia para garantizar agua a todos. Por eso, el mensaje central que quisiera transmitirles es que el agua es un bien público y que todos los problemas en torno al agua tienen solución en la capacidad de las instituciones públicas y en la pertinencia de las políticas públicas. La crisis de gobierno que estamos viviendo hoy en Nicaragua y la total ausencia de instituciones también repercuten en un bien tan vital como es el agua. Y ya sabemos que son las poblaciones más pobres, las más ausentes en los servicios públicos, las que sufren principalmente por la escasez de agua. Y no porque no haya agua o porque no haya posibilidades de brindarles agua, sino porque no le interesa a las empresas que manejan los acueductos llevar el agua hasta poblaciones que no pueden pagar por el agua… porque el agua es también un negocio que requiere de inversiones, a veces de grandes inversiones. Llevar agua segura a poblaciones pobres y rurales deja de ser un negocio y se convierte en una inversión de responsabilidad social.

La región centroamericana tiene una excelente dotación de agua. En Centroamérica, Panamá y Nicaragua son los dos países que tienen mayor cantidad de agua superficial por razones de su hidrografía. Sin embargo, a excepción de Costa Rica, todos los países centroamericanos aprovechan menos del 10% de su oferta hídrica. Incluso Panamá, con todo y el canal, aprovecha sólo el 7% de su oferta total de agua. En Costa Rica, donde más se aprovecha el agua, el 94% del volumen aprovechado se emplea para generación hidroeléctrica.

Nicaragua es el país centroamericano donde menos se aprovecha el agua que el país tiene disponible. Según publicaciones de Global Water Partnership, sólo aprovechamos el 1.03%. ¿Y cómo se distribuye el agua que usamos? El 80% se emplea en riego en la agricultura y el 14% tiene un uso industrial. Sólo el pequeñísimo resto que queda es para consumo humano. Esta desigualdad en el uso y en la distribución del agua nos indica que hablar del agua es hablar de políticas públicas, porque la distribución del agua y las decisiones sobre los usos que se le dará al agua, que es un bien común, es un asunto de una política nacional: después de garantizar agua para toda la población, que es el uso que debe prevalecer sobre cualquier otro, se debe discutir cuánta agua tendrá la agricultura, cuánta la industria, cuánta otros usos.

Nicaragua es un país premiado por la dote per cápita de agua que tenemos. Nuestra hidrografía es privilegiada con el lago Cocibolca, ahora bajo la amenaza de la construcción de ese canal interoceánico del que no hemos vuelto a escuchar. El Cocibolca forma parte de la cuenca del río San Juan, la más importante de Centroamérica, y tiene plena capacidad de suministrar agua potable a toda la población del país y hasta podríamos exportar agua a los países vecinos como lo ha repetido el doctor Jaime Incer Barquero. Ya toman agua del lago las poblaciones de Juigalpa y San Juan del Sur. Las otras dos cuencas de importancia en el país son la del río Grande de Matagalpa, que alimenta a varias centrales hidroeléctricas, y la del río Escondido, la cuenca más deforestada de las que desembocan en el Atlántico. El 93% del agua superficial de Nicaragua drena hacia el Atlántico.

La pregunta del millón respecto al agua es por qué si en Nicaragua tenemos tanta agua hay tanta escasez en muchas zonas geográficas, es tan deficiente el servicio y tanta gente consume agua sin suficiente calidad. Abordar esta compleja realidad requiere en primer lugar preguntarse cuánto sabemos como ciudadanos de esta problemática. Y al llegar aquí es necesario fijar una frontera: un antes y un después del año 2007, cuando entró a gobernar el actual gobierno. Porque ha sido a partir de ese año que inició un cambio en cuanto a la disponibilidad de información, que ahora no existe; en cuanto a la relación con las instituciones, que cada vez es más difícil; en cuanto a la presencia de instituciones públicas en todo el país, que actúan siguiendo lineamientos centralizados en Managua; y en cuanto a los espacios de participación ciudadana, que cada vez son más cerrados.

Hemos vivido más de dos décadas de reformas institucionales hasta llegar a la instalación de la Autoridad Nacional del Agua. Recordemos algo de esa historia institucional. Una preocupación que siempre existía en la administración pública en esos años era el traslape de funciones que existía en las instituciones en cuanto al agua. Porque había varias legislaciones, todas con perspectiva sectorial. El Ministerio de Salud tenía su legislación sobre agua desde el punto de vista de la salud pública. El INAA (Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) tenía la suya desde la perspectiva de la administración de los acueductos de agua potable que gestionaba. El Ministerio de Agricultura tenía una legislación sobre agua desde la perspectiva del riego y de la producción agropecuaria. El INE (Instituto Nicaragüense de Energía) se ocupaba del agua como recurso energético. Esto creaba algunos conflictos institucionales en cuanto a la normación, la regulación y la fiscalización de los recursos hídricos nacionales. Desde el MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) siempre insistíamos en la necesidad de tener una única institución rectora y un plan nacional de recursos hídricos. Desde entonces se tuvo en la mira esos dos logros de política pública.

Esa aspiración existía, aunque ya desde 1983 había una Comisión Nacional de Recursos Hídricos. Participé en esa comisión en 1987, cuando trabajaba en el MIDINRA (Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria) y pude comprobar que la comisión veía el agua principalmente desde la perspectiva de la agricultura. En 1994, ya en otra etapa política, cuando trabajé en el MARENA, la comisión fue reformada con una visión más amplia, al menos en el papel, como un espacio de planificación y de armonización de todas las políticas sectoriales relacionadas con el agua, en donde pudieran resolverse los conflictos por el uso del agua. La integraron instituciones estatales y ministerios y no había allí representación de organizaciones de la sociedad civil.

Detrás de esta reforma lo que estaba era el inicio de la privatización de algunos servicios públicos. Fue en ese tiempo cuando se privatizó la distribución de la energía eléctrica y las telecomunicaciones y la agenda incluía separar institucionalmente las funciones de servicio de las funciones de normación. Este objetivo dio fuerza política a la comisión, por la importancia de fortalecer las funciones de regulación, y así surgió la separación: por un lado, INAA, entidad estatal rectora del agua y ENACAL (Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados), empresa estatal encargada del suministro de agua potable. Ambas comenzaron a operar en 1998 con un marco legal propio. El INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) y el MARENA quedaron con la responsabilidad de ver el agua como recurso natural. Y es precisamente ahí donde ha estado siempre el talón de Aquiles.

Por la importancia fundamental del recurso hídrico, y por la necesidad de resolver los conflictos sobre los usos del agua, durante aquellos años se siguió insistiendo en la necesidad de tener en el país una supra-institución estatal con un marco jurídico que superara las normas sectoriales sobre el agua que habíamos tenido durante años. Esa institución era el sueño de muchos. Esa autoridad nos ayudaría a entender en dónde estábamos y cómo estábamos en relación al agua. Desde la promulgación de la Ley Ambiental (1996), el MARENA comenzó a trabajar en una Ley de Aguas y en un Plan de Gestión de Recursos Hídricos. Para hacer realidad todos aquellos sueños hubo cantidades de dinero de donantes y se hicieron todo tipo de propuestas y de planes. Hasta se impulsó un Plan Regional de Recursos Hídricos. Y desde entonces opera una subsidiaria del Global Water Partnership en Centroamérica bajo el auspicio de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del SICA (Sistema de Integración Centroamericana). La cooperación danesa y el Banco Mundial acompañaron todo este proceso. Por fin, la Política Nacional de Recursos Hídricos se aprobó en 2001. Y finalmente, en mayo de 2007, y después de varias versiones, se aprobó por fin la Ley 620, Ley de Aguas y se creó la esperada Autoridad Nacional del Agua (ANA), que no comenzó a operar hasta el año 2010.

¿Qué nos ha quedado de todo este proceso? Los recursos financieros en donaciones para que Nicaragua elaborara y tuviera un marco legal e institucional del agua han sido cuantiosos. Debería existir una contabilidad de todos los fondos empleados y de su impacto, pero lamentablemente no la hay. Todavía el día de hoy, en tubería, el Banco Mundial tiene un proyecto para elaborar un nuevo plan nacional de gestión de los recursos hídricos. Habría que preguntarse si es oportuno seguir elaborando planes en esta etapa, cuando han colapsado todas las instituciones públicas relacionadas con el agua. Mi recomendación al Banco Mundial sería no seguir gastando en papel mojado, porque, ¿para qué un plan si no tenemos instituciones que lo implementen con honestidad y responsabilidad? Esperemos, al menos, que los estudios de base que alimenten esta nueva etapa de planificación se hagan públicos y sirvan en el entorno académico.

Durante años, a lo largo de todo este prolongado proceso institucional, el INETER ha jugado un papel clave. Es la institución central en el tema del agua como recurso. Tiene el mandato de hacer los estudios sobre agua superficial y agua subterránea, el de manejar las cuencas hidrográficas, el de atender la red de pluviómetros en todo el país, el del ordenamiento territorial. En comparación con instituciones similares de Centroamérica, y las conozco todas, el INETER fue hasta 2007 una institución modelo por el nivel científico de su equipo y, porque concentrando todas las direcciones técnicas, tenía capacidad para responder y gestionar un sinfín de funciones estratégicas para el desarrollo urbano y rural del país.

Corresponde al INETER estudiar la disponibilidad de agua superficial y de agua subterránea. Y dado que el manejo del agua que tenemos es nacional, pero a la vez es tan local, resulta de suma importancia que los municipios y sus comunidades conozcan exactamente la situación del agua en su zona y en su región. No hay ningún otro recurso que sea tan vulnerable y tan sensible a la administración in situ como el agua. Cualquier desarrollo, pozo, infraestructura vial, carretera, plantación agrícola, alteración topográfica, despale, muro… puede afectar, y de hecho afecta, los sistemas de agua. Desde el punto de vista del manejo, las cuencas hidrográficas pueden ser tan chiquitas, como la cañada de una finca. Cada fuente de agua, por pequeña que sea, tiene su propio sistema de captación de agua y de drenaje. Y eso convierte el abastecimiento de agua en un asunto extremadamente local. Lo que hace el vecino de una finca que está en lo alto de la cuenca puede dejar sin agua al vecino que está abajo. Por eso, conocer y gestionar las cuencas hidrográficas es importantísimo, sobre todo en la zona central y norte del país, donde la población depende del agua superficial, que se maneja siempre dentro de una cuenca hidrográfica, espacio donde se capta el agua de lluvia, donde se infiltra el agua, donde el agua alimenta los ríos y donde son las alcaldías y las comunidades las que administran acueductos rurales y comunitarios, los CAPS (Comités de Agua Potable y Saneamiento), 5 mil 200 en todo el país. Usualmente, las fuentes de agua que usan estos pequeños acueductos rurales es superficial: el río, la quebrada, el manantial, aunque también hay muchos pozos bajo administración local.

El INETER y el MARENA deberían dar a cada municipio, a cada alcaldía, información de cómo están todas sus fuentes de agua. Ésa es una de sus principales tareas. Pero desde 2007 todo cambió y la información científica que hasta entonces publicaba el INETER comenzó a reducirse. Cada vez hay menos información pública y ya nadie se atreve a dar cifras sobre la situación de los recursos hídricos en Nicaragua. Hoy todos los estudios y publicaciones sólo reciclan información desactualizada porque no hay información oficial. Del MARENA cada día sabemos menos, y me pregunto cómo la titular puede ser al mismo tiempo ministra y diputada. Parece que ninguno de estos dos cargos es importante o que ninguno de ellos amerita un trabajo de tiempo completo.

Entiendo que con el proyecto del canal interoceánico el gobierno encomendó al INETER estudiar el estado de las cuencas hidrográficas del país, pero toda esa información no se ha publicado, no está disponible. Durante los años de este gobierno el INETER ha sido descabezado unas cinco veces. Actualmente, en su página web lo único que uno encuentra son textos de leyes e información administrativa y no aparece información técnica, como la que la institución brindaba antes y tanto valorábamos.

¿Se cumple la Ley de Aguas? Uno de los avances más importantes plasmado en la Ley de Aguas aprobada en 2007 fue la conformación de los organismos de cuenca. En Nicaragua tenemos 21 cuencas hidrográficas principales. Aunque las cuencas hidrográficas son primordialmente un tema científico-técnico, son también muy importantes administrativamente porque permiten distribuir el agua con justicia y castigar a los contaminadores. ¿Cuánta agua disponible hay en la cuenca? ¿Qué calidad tiene? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuáles son los conflictos en el uso de esas aguas? Ésas son algunas de las preguntas básicas que debe responder cada autoridad de cuenca. ¿Se está cumpliendo esta tarea actualmente? Creo que si un avance tan importante como fue la autonomía municipal se ha derrumbado, ¿cómo pueden trabajar autónomamente los organismos de cuenca, que en principio deberían ser dirigidos por los gobiernos municipales con autonomía, descentralización y eficiencia?

El gran tema de la Ley de Aguas es el de las concesiones y cánones de agua. De hecho, a la Autoridad Nacional del Agua, con un director nombrado en 2010 y con una institución con presupuesto propio, se le asignaron funciones trascendentales: tiene que inventariar todos los recursos hídricos del país, tiene que dar las concesiones para abrir pozos y tiene que cobrar los cánones por el agua que se consume en esos pozos. ¿Qué hace la Autoridad del Agua? No lo sabemos. Lo que sabemos es que no tenemos un inventario de recursos hídricos actualizado y público. Lo que sabemos es que sí se han dado concesiones de agua, pero no sabemos con qué criterios y bajo qué normas. ¿Y el cobro de los cánones? No existe ninguna norma ni regulación sobre este tema tan trascendental. ¿Cuántos pozos privados existen en el país, qué cantidad de agua extraen, cuánto pagan por esa agua? Mientras la ANA no haga públicas sus normas y nos presente los inventarios de agua, y nos diga cuantas concesiones ha dado, y establezca tarifas, yo diría que es una institución de papel y un fraude institucional.

Yo considero que el agua en Nicaragua ya está privatizada desde hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta que el principal uso que tiene el agua en nuestro país es para fines privados, el 80% para la agricultura y el 14% para la industria, y teniendo en cuenta que esa cantidad de agua para usos privados nunca se ha inventariado ni nunca se ha cobrado, hay que afirmar claramente que en nuestro país el agua está privatizada. El sector privado ha venido usando gratuitamente la mayor cantidad de agua que se emplea en el país. El agua para riego agrícola se obtiene de pozos que no pagan esa agua. Y es el sector privado el que tiene más pozos: la empresa estatal ENACAL administra unos 200 pozos para abastecer de agua potable a la población. Y las empresas privadas administran 300 pozos perforados de los que sacan cantidades de agua para sus negocios agrícolas e industriales, sin contar los innumerables pequeños pozos artesanales que hay por todas partes. Por eso afirmo que en Nicaragua el agua está privatizada, y eso es demasiado importante, porque esa agua privatizada que sale de los pozos privados es agua subterránea y de agua subterránea vivimos casi todos en Nicaragua: el 90% de los acueductos de agua potable del país se abastecen de agua subterránea.

Después de este recorrido, entremos al tema del agua potable, que institucionalmente suele aparecer vinculado siempre al tema del saneamiento. A lo largo de los años, este sector ha tenido su propia dinámica y sus espacios de coordinación, con el objetivo central de articular inversiones en sistemas de agua potable para las comunidades. Por eso, en estos espacios ha habido mayor participación de ONG nacionales e internacionales y de organismos comunitarios. Actualmente, a falta de información institucional sobre la situación del agua potable en comarcas y barrios tenemos que informarnos por los medios de comunicación. Por los medios oficiales, que ofrecen algunos datos de cobertura, y por los independientes, que informan de los problemas que van conociendo.

Se dice que el 60% de los usuarios de agua potable en zonas urbanas son atendidos por ENACAL y que el 30% de los usuarios en áreas rurales es atendido por los 5,200 CAPS que existen en el país. Un 10% lo son por empresas departamentales o municipales. Se dice, pero creo que es más propaganda que verdad y que no son datos confiables, que el 93-97% de la población de zonas urbanas del país y que entre el 40% y el 67% de la población de zonas rurales tiene cobertura de agua potable “segura”. Una mejor fuente es la encuesta de ENDESA (Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud) de 2011/2012, la última que se hizo, que informa que el 66% de las viviendas del país accede a la red de agua potable y segura, con llave en el patio o con tubería dentro de la vivienda. El porcentaje varía drásticamente por zonas geográficas: el 91.2% dispone de ese servicio en las zonas urbanas y sólo el 30.5% en las zonas rurales. Confío más en estos datos, los más actualizados hasta hoy, porque la encuesta fue hecha por la OPS (Organización Panamericana de la Salud). Las zonas menos conectadas a las redes de agua potable son las dos regiones del Caribe, aunque eso no significa que no tengan agua, porque en el Caribe hay abundante agua superficial y muchos pozos artesanales. Allí lo importante a saber es la calidad del agua de la que disponen. La zona más crítica está en los municipios del corredor seco, una zona que atraviesa el país desde el Norte y Las Segovias hasta la región central.

El corredor seco ha sido una prioridad para los donantes de recursos. Pero la problemática del corredor seco va mucho más allá y es más compleja que la falta de agua. Esos municipios tienen los mayores índices de pobreza y altos índices de dispersión de la población, lo que dificulta el acceso a servicios públicos y la instalación de acueductos colectivos. Un ecosistema tan seco requiere de métodos eficaces para aprovechar la escasa lluvia que cae y para aprovechar mejor las aguas subterráneas, también escasas. Esas tareas no están al alcance de organizaciones pequeñas. Siempre, la infraestructura necesaria para aprovechar las aguas subterráneas es costosa porque requiere de estudios hidrológicos, de delimitación de los acuíferos, de entender cómo es el flujo entre los acuíferos… y eso las ONG no pueden hacerlo porque se requieren inversiones mayores a sus presupuestos. Lo que las ONG sí pueden hacer es cosecha de agua, que es una medida paliativa. Una familia campesina pobre del corredor seco tendría que tener un sistema de almacenamiento de agua muy grande para poder contar con el agua cosechada durante los cinco o seis meses secos del año. Mejorar la situación en esta zona del país requiere de inversiones públicas y de un manejo de todos los ecosistemas naturales de las zonas secas. Si, como sabemos, los bosques son las grandes carreteras del agua por el sistema natural de evaporación-transportación que pasa por las hojas de los árboles, lograr grandes masas de bosques en el corredor seco sería la forma más eficiente para garantizar agua a esas poblaciones. Reforestar el corredor seco y sus alrededores para crear esa carretera de agua sería una prioridad de cualquier política pública que busque realmente solucionar el problema y mejorar la vida de la gente.

Quiero referirme también al cuido de los bosques, tan vinculado al agua. Podemos ver en los mapas que en los últimos diez años ha habido en Nicaragua una deforestación salvaje. La tasa de deforestación que se había venido controlando más o menos, estabilizando, no digo revirtiendo, ha avanzado aceleradamente. En nuestro país, la expansión descontrolada que tuvieron la ganadería y la agricultura corporativa a partir de 1995 generaron una avalancha tremenda de ocupación de tierras boscosas. Las reservas de bosque más importantes que nos quedan ya son los bosques de los territorios indígenas, zonas del país con grandísimos desafíos y amenazas.

La calidad del agua que bebe la población es otro gran desafío. La calidad varía drásticamente según las zonas del país. Estudios de ENACAL han demostrado grandes variaciones en la calidad del agua de los sistemas de abastecimiento de áreas rurales y urbanas. En 2007 ENACAL realizó una investigación sobre la calidad del agua suministrada a 455 comunidades rurales y determinó que en el 55.3% de los casos el agua tenía coliformes fecales, en el 42% no cumplía con las normas fisicoquímicas, en el 11.5% contenía arsénico en cantidades que excedían las normas permitidas y en el 20% contenía pesticidas.

En Managua toda el agua es suministrada por ENACAL, menos la de los pozos privados abiertos en los nuevos residenciales donde vive gente con alto poder adquisitivo, en donde no llega la red de agua potable de ENACAL. El sistema de abastecimiento de la capital es total responsabilidad de la empresa estatal ENACAL, pero la red es ya tan antigua e ineficiente que estudios de la cooperación japonesa calcularon desde 2005 que el 40% del agua que circula por la red se pierde por fugas. Con sólo modernizar las redes de conducción del agua potable, habría más agua en la capital, porque se eliminarían las fugas.

Desde los años 80 sabemos que el agua de Managua tenía altas concentraciones de metales pesados. Quienes más seriamente han estudiado los acueductos de Managua han sido los funcionarios de la cooperación japonesa. Los últimos estudios de referencia que hicieron en 2004 demostraron que algunos pozos de ENACAL que abastecían a Managua tenían contaminación de arsénico y plomo. Digo contaminación porque las concentraciones encontradas son más altas de las recomendadas por la OPS. Esos estudios fueron contundentes en sus conclusiones y hacían recomendaciones a ENACAL para depurar el agua y mantenerla bajo estricto control y monitoreo. A partir de ese estudio el gobierno invirtió en perforar nuevos pozos para Managua.

La contaminación con arsénico, que está también reportada en la zona central de Nicaragua, es una contaminación natural. De hecho, Nicaragua tuvo el primer caso de “arsenicismo” en 1996 en la comunidad de El Zapote, en el municipio de San Isidro, al norte del país. Se trata de una lesión cutánea severa producida por intoxicación aguda con arsénico. Estudios realizados por la UNICEF en 2002 y 2003 estimaron que a nivel nacional, un 5.7% de los puntos de abastecimiento de agua del país tienen valores de arsénico total que superan el valor admisible por la OPS. En las zonas de contaminación este valor llega hasta un 28%. Tomando un promedio conservador de 200 personas por sistema de agua, el estudio calculó que aproximadamente 55,700 personas en toda Nicaragua estaban ingiriendo agua contaminada con arsénico en cantidades no aptas para el sistema humano. Esto es serio porque se estima que tomando agua con concentraciones de 50 microgramos de arsénico por litro, las probabilidades de padecer cáncer son cien veces mayores que si se toma agua con cualquier otro contaminante.

Existe también en el país otra contaminación histórica del agua, la que produce la actividad minera, que contamina con plomo, mercurio, cianuro y arsénico. Los municipios del Triángulo Minero y varios municipios de Chontales tienen contaminados sus ríos con estos peligrosos metales. Otra contaminación que entra a los acuíferos es la que producen los plaguicidas, que se usan masivamente en el país en la actividad agrícola. En Nicaragua, más del 90% de los cultivos agrícolas usan productos químicos. Han sido también un riesgo algunas malas prácticas de ingenios azucareros y empresas productoras y comercializadoras de agroquímicos, hasta empresas farmacéuticas, que entierran los desechos y productos vencidos, tapan lo que entierran y después esos tóxicos se trasladan a los acuíferos y enferman a las comunidades cercanas. El MARENA, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura son las instituciones responsables de inventariar, monitorear y evitar esas prácticas, de las que ahora no tenemos información y no sabemos nada. Existen otras muchas fuentes de contaminación: zonas francas, tenerías, industrias aceiteras, que también deberían estar inventariadas.

Otro problema es el de muchas de las áreas de manglares de los departamentos de León y Chinandega, donde están los ingenios de caña de azúcar San Antonio y Monte Rosa, las plantaciones de maní y otros cultivos con riego, que están usando una gran cantidad de agua subterránea lo que podría provocar intrusión salina, malogrando con sal las fuentes de agua potable de esas zonas. Y ya ha habido estudios reportando estos problemas. También tiene problemas el río Grande de Matagalpa, en su largo recorrido recibe las aguas mieles de las zonas cafetaleras. Y los caudalosos ríos que recorren las tierras de la Costa Caribe, que son los principales receptores de toda la sedimentación que se produce en las zonas altas y medias de las trece cuencas hidrográficas que vierten sus aguas en el Atlántico.

Hablemos un poco de los problemas específicos de la capital, una ciudad caótica y muy vulnerable. Managua es una bomba de tiempo. Nuestra capital tiene características tan especiales que requiere de medidas drásticas de ordenamiento territorial y planificación urbana. El drenaje de la ciudad colapsó hace mucho tiempo. El principal acuífero de Managua tiene su recarga en las sierras de Managua y Carazo. Resguardar la Cuenca Sur como zona de protección de la ciudad es una obligación si queremos evitar grandes riesgos. La subcuenca 3 es particularmente importante para Managua porque allí están ubicadas las reservas de agua potable que abastecen a una buena parte de la ciudad. Además, esa área verde es vital para infiltrar agua, y retener sedimentos.

Recordemos que siendo Managua una ciudad todavía poco poblada, fue sepultada hace cien años por un aluvión de lodo que cayó desde esa zona. Aquella tragedia podría repetirse causando daños humanos, materiales, económicos, sociales y ambientales difíciles de calcular.

Actualmente, el área construida en la capital abarca unos 150 kilómetros cuadrados. En apenas 80 años la ciudad fue destruida por dos violentos terremotos. En esa área, no muy grande, vivimos hoy más de un millón de personas. Y con las pendientes de la zona más alta a la zona más baja de la ciudad, a una distancia de apenas 17 kilómetros de longitud, entre El Crucero, la zona más alta (a más de 900 metros sobre el nivel del mar) y el lago, la zona más baja (a 45 metros sobre el nivel del mar), cuando llueve Managua siempre se inunda. Y siempre se estará inundando mientras no se haga una inversión seria para la retención, infiltración y desagüe de sus aguas. Todos los cauces de Managua por donde se escurren avalanchas de agua de lluvia cada invierno están llenos de mucha basura, lo que limita aún más la capacidad de los cauces, que siempre se desbordan. El crecimiento tan desproporcionado de la ciudad ha venido a empeorar las cosas. A partir del año 2000 las urbanizaciones levantadas en Ticuantepe y Veracruz han convertido la tierra en cemento.

En 2001-2002, siendo alcalde de Managua Herty Lewites, coordiné un estudio para valorar el drenaje de toda esa zona estratégica de Managua y proponer medidas de control, especialmente en el cauce que bajando de El Crucero culmina en el aeropuerto. Ese cauce es el que representa mayor riesgo para la ciudad. El BID nos contrató para estudiar específicamente ese cauce. Hicimos el estudio de las obras hidráulicas necesarias para garantizar un adecuado drenaje en la zona, hicimos planos, diseños, hicimos de todo… ¿Y qué pasó? Que en 2005-2006, cuando ya se había conseguido el financiamiento para hacer esas obras ya no servían los diseños, ya la ciudad había entrado en un proceso de urbanización tan descontrolado que tuvimos que repetir los estudios hidrológicos. Lo que habíamos hecho ya estaba desactualizado porque lo que unos años antes era zona de bosques, agricultura e infiltración de agua, ya era cemento y sobre el cemento el agua se escurría más rápida y violentamente, desbordando más aceleradamente los cauces e inundando las áreas de riesgo con más fuerza. Hubo que repetir todo lo que habíamos avanzado en dos años de estudios científicos y técnicos. En esos años la tasa de urbanización en esa zona se incrementó en un 300%.

En 2005 se repitieron los estudios y en 2007,cuando Ruth Selma Herrera fue nombrada directora de ENACAL, tomó tan en serio toda esta problemática, que comenzó a regular las urbanizaciones en esa estratégica zona de Managua. Ruth Selma hizo una gran campaña, se apoyó en los estudios técnicos de la Alcaldía y de ENACAL y trató de implementar un ordenamiento del crecimiento urbano en esa zona de Managua. También reclamó por las cada vez más costosas y enormes obras de infraestructura necesarias para detener las escorrentías de agua a causa de los nuevos desarrollos urbanísticos y para garantizar la infiltración de agua que después se brinda a la población para su consumo. Pero lo que ella reclamaba era una “papa caliente” porque las fuerzas económicas detrás de esas urbanizaciones son muy poderosas. Y Managua ha seguido creciendo y creciendo descontroladamente. Y sabemos perfectamente que los sedimentos acumulados a 900 metros de altura podrían caer sobre Managua y enterrarnos a todos. Recientemente, la Alcaldía anunció una propuesta de planificación urbana, pero el mismo secretario de la Alcaldía, Fidel Moreno, en declaraciones a “La Prensa” dijo que dudaba tener la capacidad institucional y política para ponerla en práctica.

Hoy el desarrollo urbano de Managua está entrando a la era de los crecimientos verticales y vemos aparecer nuevos edificios de varios pisos no sólo para oficinas, también para viviendas. Considero que faltan estudios del impacto ambiental y social de esta forma de crecimiento urbano y de las medidas que deben acompañar esta nueva forma de edificación social. No es lo mismo tener unos cuantos edificios verticales en una ciudad, que predestinar a esta forma el crecimiento futuro de la ciudad. Hay serias compensaciones que deben ser consideradas e integradas en esos desarrollos, que no pueden dejarse al único criterio de los desarrolladores. Esta discusión apenas inicia y ojalá no se repita la habitual situación de “poner la carreta delante de los bueyes”.

En la Alcaldía de Managua existió un excelente equipo técnico de planificación que trabajó con el alcalde Herty Lewites y con el alcalde Dionisio Marenco. Hay planes de zonificación de Managua, y reglas de uso de suelo que establecen las normas del crecimiento urbano. Pero hemos visto cómo las urbanizaciones han ido penetrando y subiendo hacia la sierra sin medidas de mitigación. ¿Habrá una nueva administración en la Alcaldía de Managua capaz de detener ese avance, dispuesta a conservar una zona verde de protección que sirva de amortiguamiento y resguarde a Managua y a quienes en ella vivimos?


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