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  Número 422 | Mayo 2017
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Nicaragua

¿Cómo librarnos de algo tan grave?

La iniciativa de ley “Nica Act” es una grave amenaza para nuestro país y para la mayoría de sus gentes, que no tienen responsabilidad alguna en que esto haya ocurrido. Negar la realidad, adoptar la táctica de los cusucos, no evitará ni su aprobación ni su aplicación. Y no vemos en el gobierno señales de rectificación para librar a Nicaragua de algo tan grave.

Equipo Envío

Como habían advertido varios analistas conocedores de las bambalinas políticas del Norte, desmintiendo a asesores gubernamentales que llamaban a la calma y negaban la realidad, la presión del Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno Ortega-Murillo sigue ahí, vigorosa y determinada. El 5 de abril la “Nica Act” llegó de nuevo a manos de los representantes y unos veinte días después a las de los senadores.

Entre esa legislación que amenaza y la Venezuela chavista que agoniza, la necesidad de un cambio de rumbo en el modelo autoritario impuesto por el gobierno desde hace más de una década parece cada vez más urgente.

“ESTADOS UNIDOS NO DEBE CERRAR LOS OJOS”


La nueva versión de la Ley Nica (“Nica Act”) llega reforzada, en relación a la primera versión que en julio de 2016 fue presentada a la Cámara de Representantes por diez congresistas, encabezados por la republicana Ileana Ross Lehtinen y el demócrata Albio Sires, ambos cubano-americanos, quienes la llevaron a la Cámara, donde fue aprobada por unanimidad el 21 de septiembre, en un proceso expedito y sin debate. El 23 de septiembre el senador republicano Ted Cruz, también cubano-americano, la presentó al Senado. El proceso caducó al concluir el período legislativo en el Congreso.

En pocos meses la Nica Act ha regresado a la Cámara, esta vez presentada por 25 representantes, 15 republicanos y 10 demócratas, encabezados nuevamente por Ross Lehtinen y Sires. Una versión similar fue presentada el 27 de abril en el Senado por Ted Cruz, ex-candidato presidencial republicano. Al presentar la ley al Congreso, Albio Sires externó su preocupación por “la monarquía de facto” instalada por Ortega en Nicaragua y por la riqueza que “sigue acumulando Ortega y su familia”. Al presentarla al Senado, Ted Cruz dijo que “Estados Unidos no debe cerrar los ojos ante este brutal vandalismo”, como califica al gobierno de Ortega.

Las diversas declaraciones que vienen dando los impulsores de la legislación no dejan duda sobre su determinación e interés en que sea aprobada pronto y aplicada con rigor. Los ana¬listas que advirtieron que la Nica Act no estaba muerta anuncian que podría aprobarse en ambas cámaras en pocas semanas, antes de mediados de año.

DESPUÉS DE “UN PROCESO FALLIDO”


La primera versión de la Nica Act precedió a las elecciones nicaragüenses del 6 de noviembre de 2016. En la segunda sección de la nueva versión, endurecida a la vista de lo que se vio en aquellos comicios, la Nica Act hace un recuento de hechos conocidos por los congresistas, que los enlistan como evidencias de la falta de democracia en Nicaragua y, por tanto, de la necesidad de esta ley.

El recuento inicia en 2008, cuando posteriormente al fraude electoral municipal de aquel año, Washington le suspendió a Nicaragua los beneficios financieros de la Cuenta Reto del Milenio. En la lista de hechos de los años siguientes, entre los que los congresistas incluyen la sentencia que Ortega ordenó a la Corte “controlada por él” -así dicen- para poder reelegirse, concluyen -y esto es nuevo- lo ocurrido en las elecciones de noviembre de 2016, que consideran “un proceso fallido”, precedido por acciones del gobierno que “degradaron aún más su legitimidad”. Esta sección incluye los recientes informes del Departamento de Estado sobre derechos humanos, transparencia fiscal y corrupción judicial. Incluye también la resolución de febrero de 2017 del Parlamento Europeo sobre “el deterioro” de la situación de los derechos humanos en el país.

La Nica Act fue elaborada para de¬mandar al gobierno de Nicaragua procesos electorales justos y también res¬peto a los derechos civiles y políticos, de organización y movilización, no sólo de los partidos y de los miembros de la sociedad civil, como aparecía en la primera versión. En esta versión también se tendrá en cuenta el trato que el gobierno dé a periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y representantes y activistas de ONG.

PARA “OPONERSE A PRÉSTAMOS INTERNACIONALES”


La Nica Act condiciona al gobierno de Nicaragua: propone “oponerse a préstamos en instituciones financieras internacionales para el gobierno de Nicaragua, a menos que esté dando pasos efectivos para celebrar elecciones libres, justas y transparentes, y para otros propósitos”.

La ley exceptúa los préstamos “destinados a necesidades humanas básicas o a promover la democracia” y también indica al Departamento de Estado y a la AID el deber de “priorizar” programas de “democracia, gobernabilidad y derechos humanos” que ayuden a la sociedad civil nicaragüense.

La iniciativa de ley señala las instituciones financieras internacionales en las que Estados Unidos ejercería su voto, influencia o poder de veto. Las fundamentales son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se citan otros nueve bancos europeos, africanos y asiáticos, en menor medida vinculados a la economía de Nicaragua.

Esta segunda versión de la Ley Nica confirma una primera aplicación de la ley, al señalar que en noviembre y diciembre de 2016 la Junta Directiva del BID pospuso un préstamo de 65 millones de dólares para el gobierno de Nicaragua porque la misión de Estados Unidos en el BID “expresó serias preocupaciones por la falta de transparencia, corrupción sistemática y falta de libertad y elecciones justas en Nicaragua”.

La posposición, un efecto demostrativo de cómo se aplicará la Nica Act, se superó meses después, seguramente al hacerse público el acuerdo de Ortega con la OEA.

UN INFORME SOBRE LA CORRUPCIÓN


Los “otros propósitos” a los que se refiere la Nica Act son igualmente importantes, incluso pueden serlo más que los económicos, al afectar política y moralmente a quienes participan en el gobierno Ortega-Murillo.

Aparecen en la sección 7 de la iniciativa de ley. Se solicita al Secretario de Estado que, al aprobarse la ley y “a más tardar en 90 días” -en la versión de 2016 el plazo era de 120 días-, “en consulta con la comunidad de inteligencia” presente al Congreso un informe “sobre el involucramiento de funcionarios de alto nivel del gobierno, incluyendo a miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el Sistema Judicial en actos de corrupción pública o violaciones a los derechos humanos”.

El informe debe ser enviado en “forma desclasificada, aunque podría contener un anexo clasificado”. Se indica que la sección desclasificada estará disponible al público.

¿Qué es lo que más preocupa hoy al gobierno? ¿Los recortes de préstamos y sus consecuencias en la economía nacional? ¿O esa “lista” que se hará pública, o que aun manteniéndose clasificada, tendrá consecuencias en las vidas y economías personales de algunos de ellos? ¿Está ya elaborada esa lista? Es probable.

Uno de los analistas que ha advertido con mayor precisión del curso que ha seguido, y que a su juicio seguirá, esta legislación, el ex-embajador de Nicaragua Bosco Matamoros, quien pone como ejemplo de lo que podría resultar de esa lista la acusación por lavado de dinero y narcotráfico que una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos hizo en febrero de este año contra el Vicepresidente de Venezuela Tareck El Aisami, embargándole inmuebles y cuentas millonarias en Estados Unidos.

El economista independiente Néstor Avendaño ha señalado acertadamente que la dimensión de la Nica Act referida a la lista de funcionarios vinculados a negocios ilícitos no sólo tendrá consecuencias económicas personales para quienes en ella aparezcan. Las tendrá para todo el país: “La lista de corruptos que ya debe tener elaborada Estados Unidos -dice- va a afectar la confianza jurídica en Nicaragua y el flujo inversionista que llega a nuestro país”.

ALMAGRO – ORTEGA: UNA COREOGRAFÍA POLÍTICA


La Nica Act resucitó en uno de los momentos más álgidos y críticos del fin del modelo chavista en Venezuela, estando Luis Almagro jugando, al frente de la OEA y respaldado por el Presidente Trump, un papel protagónico en la construcción de una salida que logre adelantar las elecciones generales, en el entendido de que Maduro las perderá.

Salvadas todas las distancias entre los contextos sociales y económicos que se viven hoy en Venezuela y en Nicaragua, Almagro sabe de sobra que el modelo nicaragüense es gemelo del venezolano y confía en que el desenlace de la crisis venezolana determine en gran medida la evolución de la crisis nicaragüense. Eso también lo sabe Daniel Ortega, que sigue con enorme preocupación lo que ocurre en Caracas y en Washington, pero debe ser más cuidadoso que nunca en sus declaraciones y decisiones.

Es por lo que saben ambos y por la desconfianza que ambos se tienen, que Ortega y Almagro respondieron a la nueva Nica Act en una suerte de coreografía política en la que cada uno dice lo que le corresponde, cuidándose del otro y defendiendo lo suyo.

LUIS ALMAGRO:“NO ES CONSTRUCTIVO”


Aunque la nueva versión de la legislación que afectará a Nicaragua recoge las recomendaciones que la misión de observación electoral de la OEA hizo para reformar el sistema electoral nicaragüense después de presenciar las fraudulentas elecciones presidenciales de 2011, y aunque la Nica Act pide al Presidente de Estados Unidos que “abogue vigorosamente” porque la OEA observe las próximas elecciones presidenciales de 2017, la iniciativa de ley no menciona el reciente acuerdo que Ortega hizo con la OEA, a pesar de que todos conocen que Daniel Ortega decidió negociar con la OEA precisamente para detenerla. ¿No creen los congresistas en ese acuerdo, no le dan importancia, o también participan, de una manera o de otra, en la “coreografía”?

Almagro cumplió su papel en ella pidiendo tiempo y espacio y distanciándose de los congresistas. Tan sólo minutos después de que el 5 de abril se conociera que el proyecto de ley había revivido y estaba de nuevo en la Cámara de Representantes, expresó su “preocupación ante la reactivación del proceso legislativo”, considerando que “no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país” e invitaba a los legisladores patrocinadores de la ley a “reconsiderar los aspectos necesarios” que permitan al gobierno de Nicaragua y a la OEA “los tiempos y espacios necesarios para llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes”.

GOBIERNO DE NICARAGUA: “ES SINIESTRO”


Horas después de que hablara Alma¬gro, habló el gobierno de Nicaragua. Tenía que hablar con extremo cuidado. El gobierno Ortega-Murillo atraviesa uno de sus más difíciles dilemas en estos años. Ve agonizar a su socio Nicolás Maduro, el heredero de su gran padrino Hugo Chávez, sostén incondicional durante años del modelo orteguis¬ta. Pero sabe que no le conviene confrontarse con Almagro porque desconfía de sus planes. Sabe que tampoco debe hacer mucha alharaca en la OEA, porque en ese espacio la correlación de fuerzas le es cada vez menos favorable, tanto a Maduro como a él. Mucho menos quiere tener algún problema con Estados Unidos, porque el impredecible Presidente Trump ya ha expresado que respalda a Almagro y a la OEA en el papel que juegan en la crisis venezolana.

Tampoco quería Ortega dar la mínima señal de ceder, de conceder o de retroceder. Y eso es lo más preocupante. Porque para librarnos de algo tan grave, de algo que nos afectará a todos y que todos rechazamos, el gobierno debe asumir la responsabilidad que tiene en esta crisis.

La respuesta oficial fue la de siempre: apelar a la historia y rechazar el injerencismo del Norte. Éstas son apenas unas frases del extenso y retórico texto con que el gobierno respondió: “La Nica Act 2017 és una amenaza más, de las muchas que a lo largo de la Historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro País. Es un nuevo intento de concederse el Derecho de intromisión des¬truc¬tiva en nuestros Asuntos nacionales.… La pretensión irracional, inoportuna e improcedente de este grupo de Congresistas de conocidas posiciones extremas, sólo apunta a desestabilizar un País donde las Personas somos prioridad, donde vivimos tranquil@s, en el arraigo de una valiosa Cultura Religiosa, Familiar y Comunitaria, que cultivamos como Patrimonio Especial”. Días más tarde el gobierno Ortega-Murillo enviaba un mensaje a los países del Alba pidiendo solidaridad ante “el afán maligno y siniestro de bloquear económicamente al país”.

Almagro y Ortega cumplieron así la coreografía teatral que necesitaban hacer ambos... hasta que se levante de nuevo el telón y haya que volver al escenario.

LA NICA ACT: UN TEMA NACIONAL


Desde septiembre de 2016, la Nica Act, su origen, sus causas, sus consecuencias, el proceso que seguirá, ha sido motivo de comentarios y discusiones en todas partes. No hay nadie en ningún rincón del país que no tenga ya alguna opinión sobre esta grave herramienta de presión que pende sobre el gobierno Ortega-Murillo.

Quienes respaldan incondicionalmente al gobierno responsabilizan de la iniciativa de ley a los políticos que a lo largo de 2016 hicieron visitas a Washington para informar sobre lo que estaba ocurriendo en el país. Los llaman “malos hijos de Nicaragua”, “servidores del imperio” y “vendepatrias”. Edén Pastora, quien fuera comandante guerrillero sandinista, después guerrillero de la contrarrevolución y hoy funcionario de Ortega, dijo que marcaría sus casas para que el pueblo los identificara y actuara. Posteriormente, afirmó que con un grupo de juristas los acusará en los tribunales por alta traición a la patria.

Quienes no respaldan al gobierno, junto a políticos y personalidades opositoras insisten en afirmar que de esta legislación, que nos afectará a todos, el único responsable es Daniel Ortega por haber destruido la institucionalidad democrática, por negarse a garantizar elecciones libres y competitivas y por su falta de voluntad política para transformar el modelo autoritario que le ha impuesto al país.

JUSTOS POR PECADORES


Algunos de éstos no dejan de acentuar que los principales afectados por la Nica Act no serán Ortega y los suyos, sino los más pobres del país y pagaríamos “justos por pecadores”.

Otros insisten en que sólo un diálogo nacional realmente inclusivo, del que surja un “cambio de rumbo” en el modelo político -diálogo propuesto por los obispos en 2014- puede contribuir a detener la Nica Act.

Dos voces coincidentes en reclamar apertura y no más exclusión son las del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez y la de Roberto Sansón, ex-presidente de los empresarios agre¬mia¬dos en AMCHAM. Dice Álvarez: “Aquí la palabra la tiene el gobierno central, el Ejecutivo, si ellos tienen voluntad política de cambiar las cosas pueden abrir las puertas para que Nicaragua se democratice”. Y dice Sansón: “El gobierno debe actuar con mucha inteligencia y a la vez suficientemente humilde para entender que debe cambiar el rumbo y buscar más involucramiento y acercamiento con todas las fuerzas políticas por muy pequeñas que sean”.

Aunque los aliados empresariales del gobierno, junto a la mayoría, rechazan la Nica Act porque perjudicará económicamente al país, minimizan la realidad y obvian el origen de esta legislación: la falta de democracia y la corrupción generalizada. Anuncian que “cerrarán filas” en defensa de los acuerdos de Ortega con la OEA, a pesar de lo impreciso de sus contenidos, que no han tenido desde hace meses una sola concreción fuera del papel y que plantean cambios en un plazo de tres años, cuando ya la Nica Act estaría aplicándose.

COSEP: BASTA LA OEA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO


Al igual que el gobierno, la cúpula empresarial no se cansa de repetir que el “escudo” frente a algo tan grave es el crecimiento económico de Nicaragua, mayor que el del resto de países de la región, fruto del modelo de alianza corporativa que mantienen con el gobierno. Hacen así eco a la justificación que aparece en la retórica respuesta oficial con que el gobierno Ortega-Murillo respondió a la reintroducción de la ley: “Nuestra probada Capacidad para gobernar manejando responsablemente la Economía, nos ha convertido en un País con Crecimiento Sostenido, donde los Avances en la Lucha contra la Pobreza son visibles e innegables”.

Los datos oficiales evidencian que el crecimiento económico comienza a lentificarse o a desacelerarse. Y en este mes de abril un estudio de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) pone en duda las cifras oficiales de reducción de la pobreza que viene presentando el gobierno de Nicaragua y sugiere que sean revisadas. La CEPAL recomienda que el diseño, la evaluación y el monitoreo de las políticas públicas para reducir la pobreza superen el enfoque monetario que aplica el gobierno y tengan en cuenta el enfoque multidisciplinario, las múltiples dimensiones que tiene la pobreza (vivienda, agua, energía, ingreso, empleo, niños en la escuela, saneamiento…), porque tenerlas en cuenta cambia de forma significativa los resultados que se obtienen.

LA CORRUPCIÓN ES TAMBIÉN TEMA DE LA NICA ACT


La cúpula empresarial ha enviado a algunos de sus representantes a cabildear en Washington para detener la Nica Act. Parecen no haber tenido nin¬gún¬ éxito. Sin asumir responsabilidades para detenerla en Managua, siendo ellos el único sector nacional al que el gobierno escucha y siendo los principales aliados, y beneficiados, de un modelo de crecimiento económico sin libertades democráticas, parecen no querer ver el otro gran tema que plantea la Nica Act: la corrupción generalizada.

¿No saben que la Nica Act se refiere a información que han brindado los empresarios sobre lo comunes que son en el país los “sobornos, decomisos ilegales, avalúos arbitrarios de las autoridades de aduana y de la dirección de impuestos y otras formas de corrupción”, como se lee en el texto?

En febrero, el jurista liberal José Pallais, actual coordinador del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), confirmaba esto al decir en una entrevista en televisión que en el origen de la Nica Act no sólo estaba el visible colapso electoral de Nicaragua, sino la extendida corrupción. Narró Pallais que funcionarios de la OEA le habían informado a representantes del FAD que “staffers” del Congreso habían visitado Nicaragua en 2016 para hablar con empresarios no ligados al COSEP y habían escuchado de ellos quejas “por la corrupción, la competencia desleal, la falta de oportunidades y la represión fiscal y regresaron a Washington convencidos de que en Nicaragua las cosas estaban peor de lo que imaginaban”.

NO ESTÁ EN SU AGENDA


“La única virtud que tiene la Nica Act -comenta el periodista Carlos Fernando Chamorro- es que obligará a la so¬cie¬dad nicaragüense, y en particular al sector privado que mantiene una alianza económica con el régimen autoritario, a confrontarse con el cáncer de la corrupción y la falta de transparencia pública, lo que por ahora no forma parte de su agenda”.

Si el reclamo por la transparencia no parece estar en la agenda de la cúpula empresarial, empieza a entrar en la agenda de la ciudadanía. Con una dosis de optimismo, el sociólogo Óscar René Vargas comenta sobre la arraigada “trama de la corrupción” que enlaza en Nicaragua a grandes empresarios y a políticos y que documentan los pocos medios independientes y, cada vez más, las redes sociales.

Dice: “Cada día hay más personas, profesores, periodistas, funcionarios que ya no se callan, personas dispuestas a filtrar la información de la corrupción que ellos observan y unos cuantos miles de ciudadanos comienzan a tomar conciencia y se encuentran demasiado indignados como para tener miedo”.

EL GOBIERNO SÍ TIENE PLAN B


¿Cuál está siendo la respuesta de Ortega ante algo tan grave que amenaza al país y nos amenaza a todos? ¿Es “responsable, prudente, sabio y experimentado el liderazgo de nuestro Presidente”, como concluye el texto con que el gobierno respondió a los congresistas que promueven esta legislación?

Representantes y voceros del gobierno insisten en que el gobierno no necesita un Plan B y está preparado porque así lo demostró en la crisis global de 2008 y 2009. Alegan también que la economía nicaragüense se ha transformado y no deja de atraer nuevas inversiones y ha firmado nuevos tratados de libre comercio con distintos países.

La información que todos comparten es que, de aplicarse, la Nica Act afectará fundamentalmente el programa de inversión pública, que depende en un 52% de préstamos de los organismos financieros internacionales. Y aunque se repite que el gobierno no tiene un Plan B, desde el 2016, cuando se anunció la Nica Act, el gobierno ha procurado contratar varios préstamos previendo que caiga sobre el país el filo de esa espada.

ANTE EL RECORTE DE PRÉSTAMOS


Según informaciones oficiales publicadas en “el19digital”, en noviembre de 2016 el BID aprobó al país un préstamo por 87 millones de dólares y el BCIE uno por 67 millones, ambos para mejorar la infraestructura vial. En 2017 se logró que el BID no continuara posponiendo la aprobación del préstamo de 65 millones para apoyo a la productividad, el que es mencionado en la Nica Act.

Consiguió también el gobierno un préstamo del Keximbank de Corea del Sur por 70 millones de dólares y otro por 30 millones del Eximbank de la India, ambos para mejorar infraestructura vial. Además, el FIDA de Naciones Unidas le aprobó a Nicaragua un préstamo de casi 22 millones de dólares para la adaptación de la población del corredor seco al cambio climático.

Según el economista Néstor Aven¬daño, desde la crisis de 2009, el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) Nicaragua dispone de un fondo de 1 mil millones de dólares para estabilizar su economía y desde fines de 2016 hasta marzo de 2017 el gobierno ya había contratado 600 de esos millones.

SE ACABÓ EL TIEMPO DE LAS VACAS GORDAS


Aunque el gobierno lo niegue, también hay Plan B por el declive del crédito petrolero que tan generosamente Venezuela le concedió a Nicaragua durante años y, que por sus características extremadamente concesionales, dejó en manos de Ortega un promedio de 500 millones de dólares anuales durante unos seis años.

De esos millones no dieron cuenta a nadie. Sin esa millonaria suma nunca este gobierno hubiera llegando donde llegó. Con esos recursos, usados responsable y honestamente, hubiera cambiado estratégicamente el subdesarrollado rostro de nuestro país.

Ahora, con la agonía que vive el proyecto chavista en Venezuela, y la profundización de la crisis en ese país donde ha disminuido drásticamente la producción petrolera y con el progresivo aumento de los precios del petróleo, el esquema de financiamiento con el que inició el convenio petrolero Caracas-Managua empezó a cambiar desde 2015 y cambió drásticamente en 2016.

Desde ese año, Nicaragua compra poco petróleo a Venezuela, ya no exporta alimentos a Venezuela como pago por el petróleo que ha recibido y paga cada vez montos mayores de la deuda petrolera a Venezuela, ejerciendo todos estos cambios una gran presión sobre las reservas internacionales de divisas del Banco Central, que se han venido reduciendo.

Después de años en que el crédito petrolero dejó 500 y más millones de dólares en el país, en 2016 esa cantidad se redujo a 91.3 millones de dólares, casi 70% menos que en 2015. Y en 2017 Nicaragua tendrá que pagar algo más de 214 millones de dólares por la deuda que ha venido acumulando con Venezuela. Conclusión: se acabaron las vacas gordas.

UN COLCHÓN PARA ALIVIAR LA CRISIS


Cuando hace unos años el FMI pidió al gobierno que transparentara el uso que daba al millonario crédito petrolero supimos, aunque de forma muy general, que el 38% lo destinaba a “proyectos sociales” (principalmente al “bono solidario” para mejorar el salario de los empleados estatales peor pagados y al subsidio al transporte colectivo en Managua y Ciudad Sandino, y el sobrante a programas sociales menos costosos, como “plan techo” o “usura cero”).

El 62% del crédito petrolero se destinaba a proyectos con fines de lucro, sin que se conociera nunca información alguna sobre la viabilidad, pertinencia o rentabilidad de esos proyectos y a quiénes llegaban sus beneficios.

El economista Adolfo Acevedo señaló este mes que desde un comienzo el gobierno fue separando, tanto de los negocios como de los proyectos sociales, una reserva, que entre 2010 y 2016 calcula que totaliza un monto de 550 millones 800 mil dólares, que el gobierno tiene en depósito. ¿En el Bancorp, el banco corporativo de los negocios del Alba? Acevedo se pregunta si esa cantidad fue siendo apartada “como colchón para las épocas de las vacas flacas”.

Otro camino más reciente que el gobierno viene adoptando como Plan B para prepararse a la crisis ha sido ir incorporando al presupuesto nacional, recortando sus recursos, algunos de los programas sociales que financiaba con dinero venezolano.

SON MUCHOS LOS DESAFÍOS ECONÓMICOS


¿Serán suficientes estos colchones y los nuevos préstamos? ¿Podrá el gobierno mantener a la cantidad de empleados públicos supernumerarios que hoy tiene y que son parte de su clientela política?

¿Tendrá que recortar el gasto público, tendrá que aumentar los impuestos? ¿Y a quiénes los aumentará?

¿Cómo enfrentará la crisis del INSS, que en unos pocos años podría quebrar, si no decide el gobierno impopulares reformas estructurales? ¿Se decidirá el gobierno a recortar por fin las exoneraciones y exenciones fiscales que privilegian a los grandes empresarios, sus aliados?

No son sencillos los muchos desafíos que el gobierno Ortega-Murillo se empeña en no ver, considerando en la Nica Act sólo una amenaza política, un siniestro injerencismo estadounidense, e insistiendo en que nada de eso importa porque el crecimiento del país continúa “robusto”.

El economista Néstor Avendaño señala que la economía ya ha comenzado a desacelerarse, que no existe alternativa alguna a los abundantes recursos que dejaba en el país el crédito petrolero, y que desde el segundo semestre de 2016 se viene observando una contracción del dinero circulante por la pérdida de reservas internacionales.

“Creo -dice que el presidente del Banco Central se dejó llevar por la alegría política al decir que un crecimiento de algo más del 4% este año sería “robusto”. Los economistas serios tenemos la responsabilidad de admitir que aún si fuera así, ese crecimiento es insuficiente para reducir las altas tasas de desempleo, subempleo y pobreza que tenemos en este país. Tenemos que decir que tendríamos que crecer anualmente en más del 6% para reducirlas ¡en un solo punto!”

MÁS INCERTIDUMBRE, MENOS DIVISAS


Coinciden los economistas que tan sólo el anuncio de que se ha reintroducido la Nica Act ya provocó incertidumbre inversionista. Y consideran que más que el recorte de los préstamos de 250 millones de dólares anuales que dan a Nicaragua los organismos financieros internacionales, lo que más afectará a la economía nacional es que esa incertidumbre frenará el flujo de la inversión extranjera directa, primera fuente para alimentar las reservas internacionales del país.

A la errada táctica de minimizar las consecuencias de la Nica Act todos los “economistas serios” están alertando de la urgencia de que el país se prepare adecuadamente, con información sustantiva de la realidad económica y con la inclusión política de todas las voces para encontrar cómo librarnos de algo tan grave.¬

LA MARCHA CAMPESINA


Sin ver ninguna señal de cambio que toque las raíces de una legislación que afectará a toda Nicaragua, lo que vimos este mes fue lo contrario: la reiteración de la represión política.

Para el 22 de abril, en celebración del Día de la Tierra, el movimiento campesino agrupado en el Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, había anunciado desde hacía dos meses que haría en Juigalpa la marcha nacional número 6 y la número 87 de todas las que ya ha hecho desde 2013 para exigir la derogación de la ley 840, la ley canalera, que ha entregado las tierras y los recursos acuáticos del país durante cien años al empresario chino Wang Jing para hacer el Canal, los ocho subproyectos que la ley incluye y cualquier otro proyecto que quiera añadir a éstos.

Hasta el día anterior a la marcha varias razones permitían esperar que ésta se desarrollaría con normalidad. Los campesinos no llegarían a Managua, en donde ya en tres ocasiones se les ha impedido con fuerte represión. Ya en Juigalpa se había celebrado hace dos años una marcha nacional sin ningún problema. La actuación del gobierno está en el radar de Estados Unidos y en el de la OEA y una res¬pues¬ta represiva no le conviene. Y Francisca Ramírez, la líder del Consejo que convoca las marchas ha sido recientemente nominada para un premio internacional de derechos humanos y la resolución de febrero del Parlamento Europeo la nombra específicamente, instando al gobierno de Nicaragua a respetarle sus derechos.

NO LLEGARON A JUIGALPA


Todas las expectativas de que la marcha sería masiva y podría celebrarse fallaron. El gobierno instaló tranques con policías armados en todos los accesos que del país conducen a Juigalpa para impedir que llegaran quienes iban a sumarse a la marcha nacional. Y cercó con centenares de antimotines armados todas las zonas rurales de donde iban a salir los camiones con campesinos para reunirse en Juigalpa. Nunca pudieron llegar.

Visto el operativo, vistas las detenciones que ocurrían en los tranques y vista la decisión de los campesinos de no confrontar a los antimotines, manteniendo actitudes cívicas, desde primeras horas de la noche, ya era claro, por la información que circulaba en las redes sociales, que la marcha había sido abortada.

Con “más maña que fuerza”, unas 300 personas, representantes de organizaciones civiles de todo el país y personas independientes que apoyan el clamor campesino y se oponen al Canal y a la ley canalera, lograron llegar a Juigalpa. Las primeras en llegar, una docena, fueron detenidas y “deportadas” de la ciudad por efectivos de la policía. Las que llegaron después permanecieron en el punto a donde iban a llegar los campesinos tres largas horas, rodeadas por un centenar de anti¬motines armados que se prepararon para atacarlas con bombas lacrimógenas, lo que no llegó a ocurrir por la prudencia con que actuaron los participantes.

Un anciano que logró llegar de Ometepe muy temprano sostuvo durante horas una manta de tela que llevaba escrita estas palabras: “La ley 840 es más dañina que la Nica Act”.

Los hechos del Día de la Tierra demostraron la irracionalidad de la “racionalidad” del régimen, totalmente congruente con una convicción autoritaria y con una secuela histórica. Por un lado, pensar que ceder es ser débil, que conceder es empezar a perder. Por otro lado, el temor a la movilización rural, el temor a los campesinos, a su determinación y convicciones, un temor que ha quedado inscrito en la memoria del grupo en el poder desde los años 80, cuando un ejército campesino desafió al gobierno revolucionario y lo obligó a ceder.

“EL ALIADO IDEOLÓGICO DE RUSIA”


A esta táctica errada de minimizar y restar importancia a las consecuencias de la Nica Act, como si aquí no pasara nada, sabiendo que cuando se aplique esta legislación Venezuela ya no estará ahí para sacarnos del apuro, a la errada táctica de reprimir para intimidar, como si eso no tuviera consecuencias, el gobierno Ortega-Murillo suma otra decisión peligrosa: profundizar las relaciones con Rusia.

A inicios de abril, y durante una semana, una delegación de militares rusos visitó Nicaragua para preparar maniobras tácticas conjuntas de fuerzas aerotransportadas en el Caribe. A partir de esas maniobras militares, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que decidirán la venta de más tanques de combate a Nicaragua.

Ante estas noticias, “The Washington Post” se refirió a declaraciones de Juan González, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental durante el gobierno de Obama: “Estados Unidos y los países de la región -dijo- deberían estar preocupados por esto. Nicaragua ofrece a Rusia una cabeza de playa para que amplíe sus capacidades de inteligencia y para que su intromisión electoral se acerque a Estados Unidos. Mientras Venezuela casi se ha derrumbado económicamente y Cuba ha mejorado sus relaciones con Estados Unidos, el gobierno de Ortega ha surgido como el aliado ideológico más estable de Rusia en el hemisferio”.

“USTED PUEDE TODAVÍA”


Para algunos analistas, no sólo la falta de democracia y la corrupción -los dos grandes temas de la Nica Act-, sino las cada vez más estrechas relaciones Ortega-Putin, aun cuando no hayan sido tema de la primera versión de la ley ni tampoco en la actual, tendrán un peso relevante a la hora de discutir y aprobar esta legislación.

Esta errada incursión de Ortega en la volátil geopolítica mundial (¿en busca de un padrino poderoso como Putin? ¿por la inercia emocional que queda de los gloriosos años 80?) es otro movimiento peligroso que compromete a todo el país.


Ante el cerrado contexto actual y ante la amenaza que se cierne sobre nuestro país, hacemos nuestras las palabras que los obispos de Nicaragua dirigieron a Daniel Ortega en el documento de 2014. “Usted -le dijeron entonces- tiene todavía la posibilidad de demostrar su voluntad de favorecer una auténtica apertura al pluralismo político en la nación; colaborar activamente a replantear el funcionamiento integral del sistema político y buscar caminos de concertación a nivel nacional, restableciendo la normalidad política de un auténtico estado democrático”.

Queremos confiar en que existe esa posibilidad y esa voluntad para librar a Nicaragua de algo tan grave.

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