¿Por qué no funciona la democracia?

Todas las políticas públicas, la justicia penal, la educación, la seguridad social, la salud, la seguridad, la vivienda, los impuestos y muchas más, transmiten sutiles mensajes que le enseñan a la ciudadanía al servicio de quiénes están esas políticas y al servicio de quiénes no lo están, a quiénes benefician y a quiénes excluyen. Le dicen a la gente si participar en el proceso democrático vale o no vale la pena y si los encontronazos humillantes y las decepciones con el gobierno son la norma o son la excepción. Pasa en Estados Unidos y pasa en todo el mundo.

Helen Ingram

La democracia está en problemas, y una causa importante de muchos de sus padecimientos actuales son los mensajes que sobre la participación y el compromiso envían las políticas públicas a los ciudadanos. En los contextos políticos degenerativos en los que opera hoy la mayoría de las democracias, los mensajes sutiles de muchas políticas mueven con fuerza a algunas personas a participar, mientras que desalientan y marginan a otras, que no sienten ninguna motivación democrática para movilizarse y demandar que se respeten sus derechos.

CUANDO LA DEMOCRACIA EXISTE EN EL PAPEL...

Así como en Estados Unidos, “la bandera, la maternidad y el pastel de manzana” son símbolos aceptados por todos, a menudo la democracia es también un símbolo invocado para hacer que la gente se sienta bien, aunque no reflexione a profundidad sobre su significado.

La democracia es un sistema de gobierno en el que los miembros de una comunidad participan, directa o indirectamente, en la toma de decisiones que los afectan. Desafortunadamente, ese sistema existe más sobre el papel que en prácticas reales y efectivas cuando las políticas ejercen una discriminación reiterada contra ciertos tipos de ciudadanos, que se sienten marginados.

Aunque en la democracia se supone que todos los puntos de vista de todos los ciudadanos sobre las políticas públicas deben ser atendidos, la triste realidad es que son muchos los ciudadanos que se comprometen lo menos posible en el ejercicio democrático. Actúan así, en gran medida, por los mensajes negativos que han recibido en sus experiencias con la política.

Muchos países clasificados como democráticos son, a lo sumo, democracias raquíticas donde sólo las voces de los notables y privilegiados influyen y resuenan, mientras que los ciudadanos comunes apenas emiten susurros y son ignorados por los diseñadores de políticas.

Un punto de partida medular es que todas las políticas públicas, la justicia penal, la educación, la seguridad social, la salud, la seguridad, la vivienda, los impuestos y muchas más, tienen sutiles mensajes imbricados. Esos mensajes le enseñan a la ciudadanía al servicio de quiénes están esas políticas y al servicio de quiénes no lo están, a quiénes benefician y a quiénes excluyen. Le dicen si la participación en el proceso democrático vale o no vale la pena y si los encontronazos humillantes y las decepciones con el gobierno son la norma o son la excepción.

LA BAJA PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Entre las políticas que constituyen un foco habitual cuando se plantea mejorar el ejercicio democrático están las relacionadas con los procesos electorales, el derecho al voto, los mecanismos electorales y los procedimientos administrativos que posibilitan la participación ciudadana.

Desde 1960, en promedio, menos del 56% de la población estadounidense en edad de votar acude a las urnas y, por el sistema de cálculo que impera en todo el país, excepto en dos estados (el voto indirecto, que permite que gane el partido que obtenga más electores y no más votos de los ciudadanos), es posible que un candidato acceda a la Presidencia con el apoyo de menos del 25% de la población apta para votar.

La baja participación alcanza profundidades mayores que las soluciones de los mecanismos y procedimientos electorales. A no ser que los mensajes que otras políticas envían a los ciudadanos contribuyan a estimular la participación política, un cambio en este sistema electoral probablemente no llegará nunca a la raíz del problema de la baja participación en el ejercicio democrático electoral.

RELACIÓN DE DOBLE VÍA
ENTRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y CIUDADANÍA

Es normal suponer que los ciudadanos de un país democrático influyen en las políticas públicas. Sin embargo, es tan importante esto como la influencia de esas políticas en los ciudadanos. Esta relación de doble vía es más obvia cuando las políticas afectan el derecho al voto, pero también se revela en los mensajes sutiles, a veces subliminales, de las políticas de bienestar social, justicia penal, impuestos y otras. Y como las regulaciones gubernamentales y las leyes afectan directamente las vidas de los trabajadores, consumidores y comunidades, importa mucho detectar las señales sutiles sobre quiénes son regulados y cómo lo son.

La agenda y la formulación de políticas públicas influyen en la identidad, la orientación, el compromiso y las capacidades de la ciudadanía. A su vez, la influencia de la ciudadanía en las agendas y la formulación de políticas puede ser estimulada mediante alternativas de representación que la alienten a participar.

Foros, paneles y otros mecanismos incrementan de forma significativa la participación. Pero, como los mensajes son de doble vía, la ausencia de este tipo de mecanismos que motivan a involucrarse envía un mensaje que le “dice” a la gente que, en realidad, no es deseable ampliar la contribución de la ciudadanía. Pero las agendas de políticas públicas y su formulación no se quedan ahí. Hay otras relaciones laterales y otras en el fondo del ciclo que debemos considerar. Porque todas las relaciones funcionan en una dinámica de doble vía donde la retroalimentación de las políticas comunica señales importantes.

En cada etapa del ciclo de políticas públicas, el discurso con que son formuladas, la ubicación de sus beneficios materiales y de sus cargas, las disposiciones legales y sus reglamentos, las maneras en que esas leyes son implementadas y el impacto que tengan transmiten mensajes poderosos que le “enseñan” a la ciudadanía si responden a mejorar el bienestar público o si deben buscar soluciones por su cuenta. Le “dicen” si van a ser tratados con respeto o ignorados o castigados. Le indican si el tiempo y los recursos que inviertan en participar políticamente serán fecundos o estériles.

Las políticas públicas pueden imponer costos excesivos o suponer reglamentaciones invasivas que afectan negativamente a sus destinatarios en aspectos de los que no solemos ser conscientes. También hay políticas demasiado generosas o demasiado mezquinas o que ocultan beneficios que envían mensajes antidemocráticos. Ese trato desigual e injusto, el que favorece a unos sobre otros sin ninguna racionalidad que justifique su conexión con los objetivos legítimos de las políticas públicas, lo encontramos en muchos países a lo largo y ancho del mundo.

EL MENSAJE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DEMASIADO GENEROSAS

Formular políticas públicas que otorguen beneficios excesivos e irracionales solamente en favor de algunos es injusto, costoso y dañino.

En Estados Unidos los préstamos y subsidios fiscales para los propietarios de viviendas estuvieron originalmente justificados como un camino para construir comunidades estables, pero ya no sirven a ese propósito. La mayoría de los propietarios de hoy en día consideran las viviendas como una inversión y las compran y venden para incrementar su fortuna. Los costos quinquenales de los beneficios fiscales que reciben los ciudadanos por las viviendas que poseen y habitan suman más de un billón de dólares. Para poner esta cifra en una perspectiva que dé cuenta de sus dimensiones socioeconómicas, consideremos que un año de esos beneficios fiscales supera la sumatoria de los presupuestos discrecionales de los ministerios de educación, seguridad nacional, energía y agricultura. A esto añadamos que esas subvenciones ni siquiera incrementan la tasa de propiedad de las viviendas y tienen un alto sesgo que favorece a los habitantes más pudientes de las zonas residenciales.

Esas políticas no sólo son injustas, sino que les “enseñan” a los propietarios de viviendas que son más dignos que los inquilinos y que deben tomar sus decisiones sobre la vivienda en base a la normativa tributaria.

EL MENSAJE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
DEMASIADO MEZQUINAS

Las políticas públicas que otorgan beneficios demasiado miserables a los desfavorecidos les envían el mensaje de que sus necesidades son relativamente insignificantes para el gobierno. Y así, ciudadanos que son tan dignos como los propietarios, pero carecen de poder político, reciben beneficios tan pequeños que no pueden ser considerados como tales.

Más de 50 años después de que el Presidente Lyndon Johnson declarara la guerra a la pobreza en Estados Unidos, los programas, políticas y ayudas financieras dedicadas a esa guerra son todavía insuficientes para tocar la raíz del problema. La pobreza brotó como un tema de debate en el país cuando el predecesor de Johnson, John Kennedy visitó en las elecciones primarias de 1960 Appalachia, una localidad del estado de Virginia. A Kennedy le impactó la pobreza que descubrió en una región que, al estar ausente de los intereses presidenciales, carecía de poder.

En 2015, tras medio siglo de esfuerzos federales, la tasa de pobreza de las familias con hijos residentes en Appalachia era aún del 43%, mientras en el resto del país es del 22%. El ingreso medio familiar en Estados Unidos es de casi 60 mil dólares y en Appalachia es de apenas 22 mil.

La pobreza y los beneficios mezquinos para erradicarla son retos considerables en otras democracias desarrolladas. En Gran Bretaña, donde sus valorados beneficios sociales -en particular, aunque no exclusivamente, el fondo público de servicios de salud, que ya fue drásticamente reducido- están padeciendo renovadas embestidas de los conservadores y, como resultado, al menos la sexta parte de los hogares son considerados pobres y una quinta parte de la población enfrenta la crisis económica con suma dificultad. En muchos países los servicios de salud, la educación pública gratuita y la seguridad social en caso de accidente, enfermedad o pérdida del trabajo, beneficios que solían ser considerados como derechos, son ahora considerados apoyos que se otorgan a discreción o que se pierden con el repliegue del estado de bienestar.

La condición de inmigrante pobre incrementa la probabilidad de obtener muy pocos beneficios públicos. En Dinamarca, por ejemplo, los inmigrantes que llegaron como trabajadores temporales en los años 60 y se establecieron en ese país, reciben críticas por haber recibido beneficios sociales más generosos de los que hubieran obtenido en sus países de origen y son masivamente considerados menos merecedores de esos beneficios que quienes nacieron en Dinamarca.

EL MENSAJE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
CON BENEFICIOS OCULTOS

Un cabildeo influyente puede apuntalar complicadas exenciones de impuestos y lagunas reglamentarias que benefician a los grupos de poder, mientras los ciudadanos comunes quedan en la sombra. Tanto los beneficios ocultos, como la regulación que no se aplica a poderosos grupos de dudosa reputación, “enseña” que el tráfico de influencias y las presiones bajo la mesa pesan más que los procesos legales que se desarrollan a la vista pública.

Carentes de información sobre quiénes son los beneficiarios de las subvenciones fiscales, los ciudadanos comunes son incapaces de movilizarse contra las políticas injustas. Las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses corporativos tienen un impacto sustancial sobre las políticas públicas, mientras las organizaciones populares y el ciudadano promedio tienen poca o ninguna influencia.

Los intentos por frenar las prácticas turbias de los poderosos que abusan de sus posiciones a menudo fracasan. Como quedó retratado con claridad en la película “The Big Short”, nominada al Oscar en 2016, los bancos estadounidenses son claramente vistos como los responsables del colapso financiero de 2008-2009, por haber sido receptores de bonificaciones excesivas y de otros incentivos perversos que los alentaron a arriesgarse a prestar dinero a clientes no aptos. A pesar de eso, las acciones correctivas que se han tomado son débiles. No existen límites a los salarios de los ejecutivos y la implementación de la reforma regulatoria está siendo socavada.

TENER PODER ES MERECER

Los diseñadores de políticas públicas seleccionan y tratan a los grupos meta sobre la base de varios criterios. Entre los criterios está hasta qué punto esos grupos tienen una conexión con los objetivos de las políticas públicas. El poder moldea fuertemente la selección, y por eso quienes tienen poder pueden hacerse con los beneficios de las políticas y evadir sus costos.

En un sentido clásico, el poder incluye la autoridad, las habilidades, los recursos económicos y otros recursos, y también la capacidad para distribuir apoyo electoral entre los políticos. Cada vez más la construcción social de los grupos meta como merecedores o no merecedores también influye sobre cómo esos grupos son escogidos y tratados.

La construcción social es un proceso por el que los valores y significados quedan atados a personas y grupos de los cuales se supone que emanan las razones por la forma en que son tratados. La combinación de poder y esa construcción social moldea frecuentemente las políticas, de tal forma que se envían mensajes perniciosos que indican que quienes tienen ciertas características de poder y una imagen positiva siempre obtienen beneficios, mientras que otros casi nunca los consiguen. Según los casos, ese mecanismo alienta o desalienta la lucha de las personas en defensa de sus propios intereses y de sus propias convicciones.

ETIQUETAS, ESTEREOTIPOS Y ESTIGMAS

Los encasillamientos de grupos particulares, a menudo inspirados por emociones y visibles en etiquetas, estereotipos y estigmas, juegan un papel destacado en la determinación de quiénes son merecedores o no de ciertas políticas.

En Rumania, por ejemplo, sólo uno de los 314 miembros de la Cámara baja del Parlamento pertenece a la etnia romaní (gitanos), la minoría étnica que ocupa el segundo lugar en número en el país. Su escaño es fijo y a fin de garantizar el control casi monopólico de la palabra de este pueblo en los asuntos públicos, este funcionario ha desalentado la movilización de los electores romaníes que podrían elegir a otros.

En América Latina y en otras partes del mundo las democracias también están amenazadas por los sesgos que tienen sus políticas públicas. México ejemplifica el fracaso en la implementación de leyes que protejan a los más vulnerables.

En Estados Unidos los estereotipos y estigmas están particularmente arraigados contra minorías raciales, sobre todo contra jóvenes delincuentes afroamericanos, sujetos a políticas punitivas llamativamente severas. Aproximadamente el 25% de los jóvenes varones negros entre 16 y 24 años que no terminaron la secundaria guardan prisión en centros de detención juvenil o cárceles, en contraste con sólo el 6% de los jóvenes varones blancos de esas edades.

Cuando la policía encuentra a jóvenes afroamericanos emplea contra ellos comentarios ofensivos y hace uso de las armas. Durante más de tres años la ciudad de Chicago no permitió que se diera a conocer el video que mostraba a un adolescente negro desarmado en el momento en que era baleado al huir de la policía. Los abogados de la madre de la víctima, Linda Chatman, presentaron una demanda de homicidio imprudente contra los policías y exigieron se difundieran públicamente los videos como prueba. La policía y la administración gubernamental de la ciudad se opusieron enérgicamente a darlo a conocer al público, lo que sólo se logró con una orden judicial.

Este tipo de experiencias con el sistema de justicia penal tiene en Estados Unidos un considerable impacto negativo en la participación política y mueve a la gente a no votar, a no involucrarse en movimientos cívicos y a desconfiar del gobierno. No sólo sucede esto en el entorno de la gran cantidad de jóvenes afroamericanos que guardan prisión. También encontramos sentimientos similares entre los muchachos al final de su adolescencia. Y por supuesto, a los delincuentes no se les permite votar cuando guardan prisión y muchos ex-convictos son privados de este derecho para siempre.

Una vez que los ciudadanos estigmatizados son marginados y alejados de la participación política resulta cada vez más fácil ignorarlos o darles un trato negativo. Y en la siguiente ronda, los diseñadores de políticas públicas reproducirán las mismas patologías, incluso otras más extremas, que quedarán enquistadas aún más en los procesos políticos e institucionales.

POLÍTICAS PÚBLICAS
CLARAMENTE NEGATIVAS Y SESGADAS

Los costos, incluyendo multas, confinamiento y regulaciones negativas, muestran aún mayores sesgos en su asignación a los grupos políticamente impotentes y despreciados.

Limitados por restricciones presupuestarias, los funcionarios públicos son actualmente menos capaces de captar una base electoral distribuyendo ciertos beneficios entre los segmentos más poderosos y los que han sido objeto de una construcción social positiva.

Ante la imposibilidad de aplicar esa estrategia, muchos de ellos han optado por distribuir perjuicios entre quienes son objeto de una construcción social negativa, a menudo recurriendo a políticas adversas hacia las minorías vilipendiadas. Se ha descubierto que las autoridades de la República Checa han violado los derechos humanos de los niños gitanos en escuelas de ese país, donde son segregados de la educación que se da a los demás y se les imparten clases en aulas, edificios e incluso escuelas exclusivamente para gitanos e incluso se llega al extremo de ubicarlos en escuelas para niños con discapacidad mental.

Entre los años 70 y mediados de los 90 la guerra contra la delincuencia en Estados Unidos implicó la aplicación de penas irreductibles y de prolongados períodos en prisión para sancionar muchos delitos. Como los costos de las penitenciarías y de los lugares de confinamiento se dispararon, los legisladores redujeron las condenas prolongadas, pero no flexibilizaron arrestos y multas, la privación de ciertos beneficios y la suspensión de derechos civiles.

Las acciones policiales y las políticas relativas a la justicia penal envían permanentemente mensajes de que los prisioneros son indignos de un trato equitativo. Esas políticas crean una demarcación duradera entre ciudadanos respetuosos de las leyes y quienes son catalogados como abe¬rra¬dos.

LA DISCRIMINACIÓN
CONTRA LOS MUSULMANES

Pese a que las reglas invasivas y excesivas impuestas sobre las personas carentes de poder los han alienado del gobierno, muchas políticas que permiten invadir la privacidad y limitar la libertad son presentadas como supuestas promotoras de democracia y de una ciudadanía buena y responsable. La discriminación contra los musulmanes y otros extranjeros está ampliamente extendida en Europa y en otros países.

En Francia, tras los asesinatos en “Charlie Hebdo”, un semanario satírico e irreverente atacado en 2015 por publicar material que ofendía a los musulmanes, los estudiantes y sus padres deben firmar ahora el estatuto de Laicité, un principio constitucional que en Francia establece la laicidad en los asuntos públicos, prohibiendo expresiones públicas religiosas como el uso del velos o las túnicas femeninas. Para la mayoría de la población francesa, esas leyes y normativas son esenciales para la democracia, mientras que los musulmanes sienten que los victimizan y se sienten particularmente ofendidos porque las autoridades encuentran acepta¬ble el uso de cruces cristianas y la kipah judía.

Los “terroristas” son el ejemplo por antonomasia de un grupo particular sometido a una sobre-asignación de los costos. Las reacciones contra los sospechosos de terrorismo o, como en el caso de los musulmanes, contra la gente que sólo comparte un grupo étnico o una identidad religiosa, han crecido excesivamente en muchos países.

Son muchos los musulmanes que afirman no sentirse respetados en Occidente. En particular, el 52% de los musulmanes estadounidenses y el 48% de los musulmanes canadienses dicen que Occidente no respeta sus sociedades. De acuerdo a una académica musulmana estadounidense, miles de musulmanes están hartos de ser colectivamente responsabilizados por los actos terroristas. Afirma ella: “Cuando me entero en las noticias de una acción terrorista no me identifico con la persona que lo justifica en el Islam. Y pienso que lo mismo ocurre con la gente de otras minorías o de otros grupos cuando los delitos son cometidos por algún miembro de su grupo. ¿O acaso los estadounidenses blancos sienten alguna responsabilidad o alguna necesidad de pronunciarse cuando un acto de violencia se comete en nombre del Cristianismo? Evidentemente no”.

EL BIENESTAR SOCIAL:
UN SISTEMA QUE HUELE A DEGRADACIÓN

Las condiciones requeridas para que los ciudadanos puedan ser destinatarios de las políticas de bienestar social son otro ejemplo de normativas excesivas e invasivas.

Se supone que la reforma al bienestar social en Estados Unidos debía reducir la dependencia de esos beneficios y colocarlos en trabajos productivos. De hecho, el número de beneficiarios se ha reducido. Pero en muchos estados la reforma ha ido mucho más allá de exigir trabajo y limitar la extensión de los períodos en que los pobres pueden recibir pensiones.

Los diputados de muchos estados han requerido tests del uso de drogas entre los potenciales destinatarios de diversos tipos de beneficios sociales. En algunos estados, hasta un 20% de la reducción de la asistencia pública se debe a estos tests, pese a que una investigación reveló que otros problemas -enfermedades mentales, reducidas habilidades académicas y una salud física deficiente- son causas más determinantes de la pobreza que la adicción a las drogas.

Someter a test de drogadicción a todos los indigentes, sin ningún indicio o sospecha de que consumen drogas, es ultrajante y alienante. Semejante política presenta a los beneficiarios como los principales responsables de sus problemas y no dignos de comprensión. Son colocados entre el estatus de vulnerables que merecen ayuda y el de descarriados que merecen poco o nada. Existe la falsa y muy extendida percepción de que la mayoría de las madres que reciben asistencia social son alcohólicas y drogadictas.

Las libertades de expresión y de reunión, derechos esenciales en una democracia, pueden ser restringidas a quienes reciben asistencia social. En un estado de Estados Unidos, un legislador sugirió que las familias cuyos hijos participaron en las protestas por la muerte de Freddie Gray, un afroamericano muerto a manos de la policía, ya no deberían recibir subsidios alimenticios. En un programa de radio de Baltimore, Maryland, alguien llamó para preguntarle al legislador si sería posible “quitarles los beneficios a sus padres si recibían asistencia pública”. El legislador respondió asintiendo: “Esa idea podría convertirse en ley. Creo que se puede argumentar que ahí hay incapacidad para la crianza y el subsidio posibilita esa situación”. Y sugirió que necesitamos un estudio científico para comprender las formas de pensar de quienes protestan, a quienes definió como “nación de matones”, afirmando que “esos jóvenes son violentos, son salvajes, su manera de pensar es disfuncional hasta el punto de constituir un peligro. Tenemos que estudiar, investigar y buscar qué es lo que está en juego”.

Un beneficiario de la asistencia pública en Estados Unidos lo sintetizó así: “Creo que la esencia cabal de las subvenciones públicas puede resumirse en una palabra: estigma. Hay un estigma desde el instante en que cruzas la puerta del edificio de la seguridad social, cuando presentas tus bonos alimenticios en la tienda para comprar tu comida, cuando enciendes tu televisor… ¡y ahora hasta aparece incluso en los anuncios comerciales! Cada político aspirante a un cargo público lanza su campaña como si la asistencia pública fuera el único tema inquietante del planeta”.

“YO JAMÁS HE VOTADO”

La mayoría de quienes reciben asistencia pública en Estados Unidos señalan que se sienten humillados y vulnerables en las oficinas de la seguridad social, que para ellos se han convertido en ubicuas amenazas en sus vidas. Y, como no es de extrañar, esas personas tienen niveles de participación política marcadamente más bajos que los del resto de la población.

Una mujer se expresó así sobre la beneficencia pública: “No sé si los que trabajan en el gobierno serán sensibles a mi caso… Para mí, la seguridad social, el Department of Social Services, el Department of Child Protection, la Juvenile Court, forman parte del mismo sistema. Y no he tenido suerte con ese sistema… Yo espero el mismo tipo de trato del Congreso o lo que sea”.

En su libro “Our Kids”, Robert Putnam da a conocer la reacción de un adolescente en un ghetto cuando le preguntaron sobre el compromiso cívico. “Nuestras preguntas sobre esos temas provocaron una mirada perpleja y una breve res¬puesta, como si hubiéramos preguntado sobre Mozart o sobre la cacería del zorro. Pregunta: ¿Alguna vez has votado? Respuesta: Jamás. ¿Sabes si tus padres están involucrados en política? No hablo con ellos sobre eso”.

Estas personas están profundamente distanciadas unas de otras porque tienden a tragarse los estereotipos negativos sobre su grupo, y ese distanciamiento hace menos probable que, en tanto receptores de la beneficencia pública, perciban que su grupo está siendo objeto de una injusticia colectiva. En lugar de eso, aceptan la idea de que sus conciudadanos que también reciben ayuda del Estado tienen problemas porque se los han buscado. Uno de ellos dice de los demás: “Son realmente perezosos y no hacen más que sentarse a esperar ese dinero año tras año. Sí, reciben ese dinero y aprenden a depender de eso y hasta buscan que otra gente los ayude y todo el dinero se lo gastan en drogas y alcohol”. La alienación de sus pares los hace extremadamente reacios a movilizarse.

COMPROMETER A QUIENES ESTÁN
POLÍTICAMENTE ALIENADOS NO ES TAREA FÁCIL

Decidir si votar o no votar, incluso si participar en política, no es sólo una acción en interés propio, es también una expresión de identidad.

Para bien o para mal, las políticas públicas influyen en la construcción de identidades ciudadanas. Puesto que diversas políticas envían el mismo tipo de mensajes a quienes tienen un nivel de poder y una imagen social semejantes, a no ser que todas esas políticas cambien, la identificación con el gobierno y la participación política no se incrementará entre quienes no están comprometidos, aunque les vaya mucho en eso.

A lo largo del mundo y del tiempo, los políticos tienden a acercarse a quienes en otras circunstancias ignorarían repartiéndoles regalías por razones clientelistas, intercambiando esos favores por votos. Un mensaje así no cae en saco roto y poco hace por mejorar la reputación de la democracia.¬

El cinismo y la alienación se profundizan con frecuencia en poblaciones que han sido marginadas e ignoradas sistemáticamente por tantas de las razones que he mencionado. Los diseños de políticas, incluyendo técnicas, reglas y lógica, deben ser coherentes al dar respuestas a objetivos políticos justificables y no emitir mensajes paternalistas y dar limosnas.

¿POR QUÉ LOS POBRES NO VOTAN?

Este año el espectáculo de la campaña electoral de Estados Unidos está proporcionando abundante materia prima para un estudio a profundidad sobre este tema.

Hillary Clinton, la candidata de los demócratas, ganó las elecciones primarias en la vasta mayoría de los estados con los mayores niveles de desigualdad de ingresos. Paradójicamente, el ampuloso multimillonario Donald Trump puso en movimiento a votantes varones de la clase obrera y de mediana edad con mensajes que algunos han tildado de “paleoconservadores”. Y Bernie Sanders, quien prometió una “revolución política” con educación universitaria gratuita, servicios públicos de salud para todos y otras propuestas políticas progresistas, argumentó que no logró encabezar las elecciones primarias porque “los pobres no votan… y eso es lo que tenemos que transformar”.

Varios analistas electorales han sugerido que el intento de Bernie Sanders de llegar a ese segmento del electorado había fracasado. Pero no en esta ocasión, esto viene de atrás. Los datos de la oficina del censo muestran que el 50% de estadounidenses con un ingreso inferior a los 10 mil dólares anuales están empadronados para votar, pero sólo el 25% lo hace.

El problema es mayor porque parte del 30% de las personas en edad de votar no se ha registrado o su información no figura en las bases de datos que se usan en las campañas y ese segmento está probablemente integrado por pobres que apoyarían políticas como las que Sanders está promoviendo.

A no ser que se revisen seriamente las profundas razones por las cuales “los pobres no votan” incluso cuando los mensajes han sido dirigidos principalmente a ellos, analizando cómo ellos han experimentado las políticas públicas a lo largo del tiempo, el país no hará ajustes a su problemática democracia, a su sociedad fracturada y al poder sin restricciones del que disfruta su creciente élite.

Obviamente, transformar las políticas para atender mejor las necesidades públicas de manera que se aliente el compromiso y la participación ciudadana no resolverá todos los problemas de la democracia. En un mundo donde el poder ya está concentrado en unos cuantos individuos y en corporaciones internacionales que no están obligadas a rendir cuentas, las voces de algunos continuarán siendo mucho más influyentes que las de otros.

En este mundo, tal y como la revolución sandinista creyó y predicó en sus primeros años, quienes no ejercen influencia individualmente podrían, en compensación, ejercerla a través de su organización con la potencia que el número les da para defender sus intereses. Sin embargo, también en esos núcleos de poder colectivo existen siempre las mismas reglas de participación democrática y se emiten también los mismos sutiles mensajes, para bien o para mal.

PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA.
TEXTO BASADO EN SU PONENCIA EN LA APERTURA
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, MILÁN, JULIO 2015.

traducción y edición de envío.

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