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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 390 | Septiembre 2014
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Nicaragua

¿El País mas seguro de Centroamérica?: “La politización de las instituciones es el mayor riesgo a nuestra seguridad”

Roberto Orozco, experto en seguridad ciudadana y narcotráfico, analizó la situación de seguridad e inseguridad en Nicaragua tras el atentado contra simpatizantes sandinistas el 19 de Julio, para concluir que la politización de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua está originando brotes de violencia política que podrían provocar que dejemos de ser el país más seguro de Centroamérica. Transcribimos su charla con Envío.

Roberto Orozco

Después de los lamentables sucesos del 19 de Julio, cuando caravanas de autobuses que regresaban a municipios del Norte luego de celebrar en Managua el 35 aniversario de la Revolución, fueron tiroteadas, con el trágico resultado de cinco personas muertas y una veintena heridas, y observando algunos otros indicadores, es justo, además de condenar este hecho de violencia, preguntarnos si Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Y sobre todo, si lo seguirá siendo.

¿Tenemos hoy en Nicaragua un modelo de seguridad ciudadana o lo que tenemos es un modelo de seguridad del Estado? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos modelos? Hay que partir del significado de estos conceptos para analizar más adecuadamente lo que está ocurriendo en Nicaragua… y lo que podría ocurrir relativamente pronto.

El discurso oficial nos dice que Nicaragua se ha apuntado al modelo de seguridad ciudadana. De acuerdo con Naciones Unidas, la seguridad ciudadana está estrechamente vinculada al progreso humano, un proceso en el que los individuos gozan de libertades que el Estado se encarga de garantizarles. El concepto de progreso humano está relacionado con el concepto de seguridad humana, porque las amenazas al progreso humano son las mismas que amenazan la seguridad humana: desastres naturales, epidemias, criminalidad, hambre, pobreza extrema, dictaduras, totalitarismos… La seguridad ciudadana es un componente principal de la seguridad humana. Y una condición básica para que pueda haber seguridad ciudadana es que en el país existan instituciones de seguridad con un claro control democrático, que deben garantizar las condiciones de seguridad humana que el Estado debe proveer: la paz, la estabilidad y el bienestar de todos los individuos sin exclusiones por razones políticas, religiosas, culturales o étnicas.

Frente a los conceptos de seguridad ciudadana y seguridad humana hay otro concepto: la seguridad del Estado o Seguridad nacional, conceptos que son similares desde el punto de vista doctrinal. El concepto de seguridad nacional se refiere básicamente al tratamiento que el Estado da a las amenazas tradicionales y a las amenazas asimétricas que ponen en peligro la estabilidad y la paz. Amenazas tradicionales son la agresión militar de otro país, la insurgencia, el caos generalizado… Amenazas asimétricas son el narcotráfico y el crimen organizado, entre otras.

Debemos partir de estos conceptos para analizar lo que pasa en Nicaragua, teniendo en cuenta también, como dice siempre un amigo, que hay dos Nicaraguas. Una es la Nicaragua formal, la institucional, la de las leyes que rigen el funcionamiento del Estado, la que protege los derechos humanos, y la otra es la Nicaragua real, la que nunca hace lo que le dice la Nicaragua formal. Por eso, las dos Nicaraguas están desasociadas.

¿Cuál es el modelo de seguridad en la Nicaragua real? Para responder a esta pregunta debemos analizar dos cambios fundamentales que contiene la reforma hecha finalmente en 2014 a la Ley 228, Ley de la Policía Nacional. La nueva Ley 872, “Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de la Seguridad Social de la Policía Nacional”, regula toda la vida institucional de la Policía. Un cambio fundamental que trajo la reforma fue suprimir una disposición taxativa y clara que aparecía en la ley anterior, que prohibía a los miembros de la Policía Nacional hacer proselitismo político y tener militancia en partidos políticos. Esa apoliticidad le daba a la institución un carácter nacional e imparcial.

La reforma suprimió esa prohibición, y como no conozco a ningún policía que sea miembro del Partido Liberal Independiente o del Partido Conservador, podemos asegurar que ahora la Policía, a través de la militancia de sus miembros, adquiere institucionalmente un compromiso político partidario expreso y directo con el partido en el poder. Uno de los efectos claros de este cambio puede observarse en las delegaciones distritales y municipales de la Policía Nacional. En sus paredes internas y en sus muros externos se muestra, sin ningún pudor político, propaganda del Frente Sandinista. La participación de uniformados en actividades partidarias de lo que muchos denominan ya como “orteguismo” es también una muestra del cambio en la Ley.

Pero si este cambio es grave, otro lo es aún más. La reforma suprimió el control democrático de la autoridad civil sobre la institución policial. Ahora, el Presidente de la República es director de la Policía, su jefe supremo, es la persona que manda y decide planes y operaciones, la que incide directamente sobre el cuerpo policial. Y lo hace sin ningún tipo de control civil y sin la intermediación del Ministro de Gobernación, que era la figura democrática antes establecida. En palabras del doctor José Pallais, en términos jurídicos, la Policía Nacional ha pasado “de la subordinación legal
a la sumisión personal”.

La Policía Nacional es una institución reciente, tiene apenas 35 años de existencia. Nació el 5 de septiembre de 1979 como Policía Sandinista, cuando la Revolución la separó del Ejército, ya que ambas instituciones armadas estaban unidas durante el Somocismo. Esa separación fue una decisión acertada y muy positiva. Desde su nacimiento en 1979 hasta 2007, cuando asume el gobierno Daniel Ortega, la Policía no había sido dirigida por una sola persona. Desde entonces la ha dirigido el Presidente Ortega y ahora, la reforma ha institucionalizado la dirección unipersonal.

El modelo policial que tuvimos desde 1990 hasta 2007 era el de una Policía con un control civil democrático a través del Ministro de Gobernación. Ese modelo garantizaba que las discrecionalidades que el Presidente de la República pudiera ejercer sobre el cuerpo policial no fueran efectivas. En el período anterior, el del gobierno revolucionario, la Policía Sandinista estaba bajo el mando del Ministro del Interior, en un modelo casi igual al iniciado en 1990, por cuanto la Policía Sandinista era una dirección del Ministerio del Interior y el Ministro del Interior era uno de los nueve miembros de un cuerpo colegiado que se llamaba Dirección Nacional y era dentro de ese cuerpo colegiado que se tomaban las decisiones más importantes en materia de seguridad. En aquellos años la Policía Sandinista dependía de un hombre que a su vez pertenecía a un colectivo que tomaba las decisiones. Así que en la historia de Nicaragua sólo ha habido una institución de seguridad dirigida directamente por un único hombre que influía en ella de forma determinante. Me estoy refiriendo a Anastasio Somoza Debayle y a su Guardia Nacional, que era su guardia pretoriana. Con la reforma a la Ley de la Policía, el modelo ni siquiera retrocede a lo que sucedía en los años 80, retrocede
al modelo de Somoza.

Estamos retrocediendo en el modelo de seguridad ciudadana y el régimen ha ido construyendo un híbrido, una combinación entre la seguridad del Estado, la seguridad nacional y la seguridad del Presidente de la República. Si en los años 80 vivimos la fusión Estado-partido, hoy vivimos la fusión Estado-persona. Porque aquí la seguridad del Estado es la seguridad del Presidente Ortega… ya que “el Estado soy yo”. En Nicaragua todo el sistema de seguridad se ha montado para proteger a la cúpula gobernante. Eso es lo que explica por qué la Policía Nacional actúa de la forma en que está actuando. ¿La Policía se sesgó partidariamente? Lamento decir que sí. ¿Continúa siendo Policía Nacional?

No. ¿Protege la Policía a la ciudadanía de acuerdo al modelo de seguridad ciudadana? No. ¿Garantiza la Policía las libertades de todos los ciudadanos nicaragüenses? No. ¿Los órganos de seguridad del Estado están garantizando las libertades que el Estado debe garantizar en el proceso de progreso humano y en el modelo de seguridad ciudadana? No.

Del 2007 al 2013 se han producido en el país más de 25 acciones directas de la Policía Nacional reprimiendo a la sociedad civil y a los partidos políticos para desarticular, desmantelar y neutralizar expresiones políticas de oposición al gobierno. ¿No es eso lo que hacía la Guardia Nacional? Y no estamos contando los hechos que no se investigan porque llega una orden de arriba para que no se investiguen y queden en absoluta impunidad. Y la impunidad es otro factor que genera violencia.

Estos cambios, plasmados en la reforma a la Ley de la Policía, son para mí el factor de mayor riesgo para la seguridad ciudadana que hoy tenemos en Nicaragua. ¿Por qué? Porque ante la acción de politizar la institución de seguridad las reacciones serán de naturaleza política.

Tampoco el Ejército se escapa de esta politización. En la práctica, también el Ejército está sufriendo la misma Involución institucional que la Policía, aunque no en su cuerpo normativo. En ese sentido, el Ejército es muy cuidadoso, es garantista de su cuerpo normativo y lo defiende. Por eso es que no vemos cambios en la institucionalidad del cuerpo castrense. Sin embargo, eso es lo que sucede en la Nicaragua formal. En la Nicaragua real estamos viendo lo que Samuel Huntington llamaría un “control subjetivo” del Presidente de la República sobre los miembros del Ejército. Huntington explica que el control objetivo es el cuerpo normativo, son las leyes, y señala que hay también un control subjetivo que se ejerce por otras vías. El Presidente Ortega está ejerciendo un control subjetivo directo en el Ejército, concediéndole a los oficiales prebendas, otorgándoles beneficios institucionales, dándoles participación en negocios, nombrando a militares activos o retirados en las instituciones del Estado, nombrando a esposas de militares en las instituciones del Estado… El gobierno de Daniel Ortega es el que más beneficios ha procurado al Ejército de Nicaragua. Ni Violeta Barrios de Chamorro ni Alemán ni Bolaños fueron tan prebendarios con el cuerpo castrense. Ortega les ha permitido participación en negocios, inversiones en proyectos y en megaproyectos, los ha beneficiado en el sistema judicial en casos de reclamos serios, como fue el caso Mokorón.

No hay institución más pragmática que la de los militares: Hoy estamos contigo, somos cuates y nos damos una palmadita en el hombro, pero una vez que se vaya Ortega, si acaso se va, esa fidelidad va a desaparecer y le van a dar la palmadita en el hombro al que venga a ocupar el gobierno. Además, que el Ejército de Nicaragua subsista como institución no depende ya de correlación política. Depende de sus negocios. Hace unos años se hizo un estudio que estableció que en Nicaragua no tenemos ya a “políticos en uniforme” sino a “empresarios en uniforme”. Y demostró que los empresarios en uniforme son el quinto o sexto grupo económico más poderoso del país.

¿Hay señales de inconformidad interna, de disensión en el Ejército, en la Policía? Hay muchos policías que aman la institución y que defienden su desarrollo profesional, apolítico e imparcial. Se quejan y expresan desacuerdo ante el hecho de que quienes mandan en la institución son una cúpula que garantiza fidelidad al Presidente. Cuando vi que el Presidente Ortega nada más llegar a la Presidencia en 2007 despidió de la Policía a cinco Comisionados que eran leales a la Primera Comisionada Aminta Granera, cuando veo que ha creado una cúpula policial que le garantiza fidelidad personal, recuerdo las disensiones que existían en la Guardia Nacional y que ahora se conocen por diferentes autores que las han hecho públicas y que pertenecieron a esa institución. La causa parece ser la misma: el desacuerdo por la conducción institucional y la coacción interna que ejerce un grupo leal al Presidente. ¿Hay disidencia en las instituciones armadas? No exactamente. Lo que hay es una inconformidad expresa. Y la comunidad donante que colabora con la Policía sabe de esa inconformidad porque muchos funcionarios internacionales han recibido quejas de oficiales de la Policía que no están de acuerdo con la actual conducción, gestión y administración de la institución.

Con este contexto presente, preguntémonos si somos el país más seguro de Centroamérica. Recientemente me han visitado periodistas de Estados Unidos y Europa y siempre hacen la misma pregunta: “¿Qué condiciones explican que Nicaragua tenga indicadores de seguridad tan distintos a los de los países del triángulo norte de Centroamérica? ¿Qué hace la diferencia?” Este tema nunca ha sido estudiado a profundidad y lo que podemos decir son hipótesis subjetivas. Podríamos decir, por ejemplo, que antropológicamente la sociedad nicaragüense es una sociedad muy conservadora y culturalmente muy religiosa. ¿Es eso lo que influye en menores niveles de violencia? Podríamos decir también que la legitimidad de la que todavía gozan las instituciones de seguridad en nuestro país también influye en menores índices de violencia. La legitimidad que tiene la Policía Nacional en Nicaragua, aún ahora, no tiene nada que ver con la que tiene la Policía hondureña, con niveles de legitimidad ínfimos, casi inexistentes. Igual sucede en Guatemala, donde aún menos legitimidad tiene el ejército de ese país. Ése puede ser otro factor. Debe haber otros, porque así como la Violencia tiene razones multifactoriales, también la seguridad tiene explicaciones multifactoriales.

Más allá de éstas y otras hipótesis, observando la historia de Nicaragua, la conclusión a la que uno llega es que en nuestro país los índices de violencia social son bajos, pero los de violencia política son altos. Somos un país con criminalidad social muy baja, pero somos un país muy violento en términos políticos. Incluso, cuando uno revisa la historia, ve que la tasa de homicidios se eleva en Nicaragua cuando el país está agitado políticamente. La historia de Nicaragua ha sido una historia de violencia política, y aunque en el himno nacional cantamos que “ya no se tiñe con sangre de hermanos el glorioso pendón bicolor”, teñirlo con sangre es lo que más hemos hecho a lo largo de nuestra historia.

Y repito: ése es precisamente el riesgo que corremos con la politización de los órganos de seguridad, con el retroceso del modelo de gestión de la seguridad al modelo de la época de Somoza. Tengo conversaciones con algunos ex-militares sandinistas que defendieron la Revolución y que ahora se sienten desplazados. Ellos dicen: “A la larga Somoza nos ganó la guerra”. Y lo explican así: “Porque la antítesis de Somoza se ha convertido en el nuevo Somoza y al final Somoza nos venció ideológicamente”. Y eso lo están diciendo sandinistas de cepa, gentes que pasaron años en el frente de guerra sin tiempo de tener familia ni de atenderla, gente que estuvo en la línea de fuego durante muchos años.

Esos sentimientos son un caldo de cultivo para la violencia política. Las condiciones políticas están volviendo a calentarse en Nicaragua y desde hace algunos años ya tenemos expresiones de violencia política. Eso fue la masacre del 19 de Julio, aunque la Policía, el Ejército, la Inteligencia y la Contrainteligencia insistan en que ese ataque no fue una acción política. ¿Cómo no va a ser político atacar a tiros a militantes y simpatizantes sandinistas un 19 de julio, en el 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista? Esa acción enviaba un mensaje político. ¿Dirigido a quién? Son las cosas que hasta ahora la Policía Nacional no ha aclarado.

Conforme pasa el tiempo es más frecuente escuchar que existen en zonas rurales del Norte del país grupos armados con motivaciones políticas. ¿No son esos grupos una reacción natural a la politización de las instituciones? El gobierno niega la existencia de grupos armados con motivaciones políticas y los llama bandas delincuenciales. En los años 70, las acciones del Frente Sandinista en la lucha contra Somoza -asaltos, secuestros, robos, también asesinatos- tenían motivaciones políticas, pero Somoza las calificaba de criminales. Está pasando ahora algo similar.

Los objetivos de los grupos armados actuales no son los de la delincuencia común. Todas las acciones que han realizado tienen un mensaje político, son grupos integrados por miembros que fueron eminentemente antisandinistas, la mayoría provienen de zonas rurales y sabemos que la guerra de los años 80 a quien más hirió fue al campesinado y que las acciones del Ejército Popular Sandinista y de los aparatos de seguridad del Ministerio del Interior provocaron crímenes de lesa humanidad en las zonas rurales.

Las causas por las que estos grupos se han organizado y alzado en armas son causas políticas. Para analizarlas hay que acudir a sus medios de comunicación. La Coordinadora Guerrillera tiene su Facebook, algunas de sus comunicaciones aparecen en Internet, hay una radio en Internet que se llama “La voz del pueblo” y llegan a los medios nacionales algunos de los comunicados que publican. ¿Qué dicen ellos en sus comunicaciones? Dicen que se han alzado por la violación a la Constitución y a las leyes que comete este gobierno, por la reelección de Daniel Ortega, por los fraudes electorales, por la violencia política ejercida en el campo por simpatizantes del Frente Sandinista apoyados presuntamente por la Policía Nacional, por el cierre de los espacios políticos y por la intención de Daniel Ortega de perpetuarse en el poder. ¿De qué índole son estas causas sino de índole política?

Aunque el gobierno diga que no hay grupos armados con motivaciones políticas la verdad parece ser que sí los hay. No somos un país criminalmente violento, pero políticamente somos muy violentos y la intolerancia política marca a nuestro país. Por eso, la politización de los órganos de seguridad es un factor de riesgo altísimo para la seguridad. Y por eso, el pronóstico preliminar es que podríamos ver este país incendiado dentro de cinco años. Y aún antes podemos verlo con muy serios problemas de seguridad causados por el cierre de los espacios políticos.

Tengo informaciones que provienen de las comunidades, de pobladores, de corresponsales de prensa en los departamentos y de otras fuentes. Estas fuentes aseguran, con informaciones en el terreno, que hay movimientos armados. Por el monitoreo que hago tengo contabilizados combates que ya han dejado más de 30 víctimas mortales y 40 heridos, tanto entre rearmados como entre soldados del Ejército. Tengo identificadas zonas de combate, víctimas mortales, daños colaterales, acciones puntuales que indican que en ese lugar hay presencia de armados. El gobierno oculta estos hechos a la opinión pública para mantener una imagen de estabilidad.

En 2013 hubo al menos ocho combates registrados. Combates serios. Las zonas de conflicto están alrededor de la Región Autónoma del Atlántico Norte, especialmente en el Triángulo Minero, también en Jinotega. Teatros de operación han sido Waslala, Coperna, Las Nubes, El Cacao, Pantasma, El Naranjo, Bosawás, Wapí, El Tortuguero, San Miguel en Siuna… Si en un mapa pusiéramos estrellitas rojas en todos estos lugares veríamos que militarmente estamos ante lo que se conoce como un conflicto de baja intensidad que podría aumentar en intensidad dependiendo de muchos factores. O que estamos en una etapa de violencia política embrionaria, que podría desembocar en una etapa de violencia política más grave.

Si Nicaragua está ya en presencia de un conflicto de baja intensidad, ¿seguimos siendo el país más seguro de Centroamérica? Probablemente sí en términos delincuenciales, pero en términos políticos no, sobre todo si los factores que han provocado este conflicto continúan desarrollándose en el tiempo. Lamento ser el transmisor de un mensaje pesimista y negativo. Pero no puedo ocultar lo que estoy viendo desde el análisis de la realidad. Sería autoengañarme.

La acción del Estado no es hoy justa, no es pareja, no es equitativa. Vivimos en un país muy inseguro para una parte de la población y seguro para otra parte, pero en un país en donde se está generando un conflicto que, a la larga, puede repercutir en la seguridad de la parte que hoy está segura. Ya han sido asesinados secretarios políticos del Frente Sandinista en el campo: en Coperna, en Ayapal… y los secretarios políticos que viven en los corredores por donde pasan los grupos armados han mandado cartas a sus dirigentes pidiéndoles seguridad porque experimentan una inseguridad que tiene causas políticas.

Después de hablar del riesgo de seguridad que tenemos hoy desde el punto de vista político, quiero señalar otros indicadores de seguridad ciudadana que nos muestran que no somos un país tan seguro, que la seguridad en Nicaragua es relativa.

El análisis que podemos hacer partiendo de las condiciones sociales, de los indicadores y de la respuesta del Estado, nos dice que Nicaragua no está sufriendo la criminalidad que sufren los países del triángulo norte de Centroamérica, una criminalidad vinculada al crimen organizado. El índice de homicidios por cada 100 mil habitantes es impactante en esos tres países centroamericanos. En 2012 y 2013 Honduras tenía uno de los indicadores más altos del mundo en homicidios. Nicaragua no tiene esos índices de criminalidad. En nuestro país un delincuente te puede robar amenazándote con un arma o con un puñal, pero no te mata. En Honduras, en Guatemala, en México, para robarte primero te matan. En Nicaragua la mayoría de los muertos en los robos ocurren porque hacen resistencia o por varias contingencias.

Como prueba fundamental de que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica la Policía Nacional presenta siempre el indicador de homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero con eso dice una media verdad y, por tanto, eso encierra un cincuenta por ciento de mentira. Otros indicadores niegan ese eslogan, de por sí ya desgastado. Si analizamos, por ejemplo, la tasa histórica de violaciones sexuales por cada 100 mil habitantes, vemos que es tres veces más alta que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Y si la Organización Mundial de la Salud nos dice que con una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes estamos ante una epidemia de violencia desde el punto de vista de la salud, una tasa histórica, desde el 2004 hasta hoy, de 30 violaciones sexuales por cada 100 mil habitantes nos indica que en Nicaragua estamos ante una pandemia de delitos sexuales. 30.3 mujeres por cada 100 mil han sido violadas desde 2004 hasta 2013 como promedio histórico, una tasa tres veces más alta que la tasa de homicidios. Por lo tanto, este país no es seguro para las mujeres.

Existe una muy marcada violencia sexual en Nicaragua. Somos un país sexualmente violento. Más grave es el dato que
nos indica que la cifra de violaciones sexuales asciende cuando hablamos de niñas y niños menores de 14 años. La tasa histórica promedio en esas edades es de 40 violaciones por cada 100 mil habitantes, cuatro veces mayor que la tasa de homicidios. El 50% de todas las violaciones sexuales que se cometen en Nicaragua son contra menores
de 14 años, contra niños y fundamentalmente contra niñas. Y venimos observando que cada año las violaciones sexuales van en ascenso. Éstas son cifras oficiales, tomadas del anuario estadístico de la Policía Nacional. Nicaragua no es, entonces, un país seguro para niñas, niños y adolescentes. La Policía siempre nos presenta un único indicador,
el de homicidios por cada 100 mil habitantes y lo compara con ese mismo indicador en Guatemala, Honduras y El Salvador y quedamos bien en la comparación. Ciertamente, en ese indicador estamos mucho mejor que los demás países. Pero, ¿por qué no dan el indicador de violencia sexual en comparación con los demás países? En Honduras, un país tan violento, por ejemplo, la tasa de delitos sexuales fue de 41 por cada 100 mil habitantes en 2012.

Veamos otro indicador: la tasa histórica de robos por cada 100 mil habitantes. En Nicaragua es 35-40 veces más alta que la tasa de homicidios. Tenemos 300-400 robos por cada 100 mil habitantes. ¿Cuál es el truco que hace la Policía ante este dato? La desagregación estadística. 300-400 robos son todas las modalidades de robo: el robo con intimidación, que es un asalto a mano armada; el robo con fuerza, que es cuando se te meten a la casa a robar;
y el robo con violencia, que es cuando en la calle te arrebatan el bolso o el reloj o el celular. Las tres modalidades dan esa cifra tan alta, pero la Policía desagrega las estadísticas y, aunque reconoce que la tasa de robos es alta, afirma que hay que diferenciar entre delitos mayores y delitos menores y elige sólo las cifras del delito mayor, que es el robo con intimidación, el que pone en peligro la vida. Así obtiene una cifra baja con relación a los otros países. Con esos trucos estadísticos la Policía manipula los datos y presenta una realidad que es cierta… hasta cierto punto.

Otro indicador de la inseguridad del país son las muertes y lesiones por accidentes de tráfico. En un período de diez años hemos tenido lesionados casi de la misma gravedad, aunque no en la misma proporción, que los que provocó la guerra de los años 80. Gravedad porque son muchos los que quedan parapléjicos o hemipléjicos, como si les hubieran pegado un tiro en la columna vertebral. Esos accidentes se concentran en la población económicamente activa y el Estado tiene que asumir de manera indirecta o directa los costos de esas lesiones. Desde 2004 hasta hoy los accidentes de tráfico provocan, entre muertos y lesionados, una tasa histórica de 100 víctimas por cada 100 mil habitantes. Entonces, este país no es seguro ni para los peatones ni para los conductores de vehículos.

Éste y otros indicadores nos dicen que el eslogan del “país más seguro de Centroamérica” es una verdad a medias y que no es la verdad absoluta que pretende la Policía Nacional, que en base a esa verdad a medias está exportando hoy su modelo policial a otros países como si ese modelo fuera la panacea a nivel latinoamericano frente al delito.

Repasemos ahora un dato del crimen organizado, uno de los factores que provoca inseguridad ciudadana. De acuerdo a los indicadores, algo pasó de 2012 a 2013 porque de repente la Policía y el Ejército redujeron la incautación de cocaína en un 91.5%. En 2012 ambos cuerpos armados incautaron 7,751 kilos, casi 8 toneladas y en 2013 apenas incautaron 656 kilos, una reducción del 91.5%. ¿Qué pasó? Lo único que puedo decir es lo que no pasó: no dejó de transitar droga por Nicaragua. Es completamente absurdo pensar que esa reducción en las incautaciones de droga se deba a que los narcos no están pasando ya droga por Nicaragua en su tránsito desde Colombia a Estados Unidos. Porque lo que pasa desde Colombia por Panamá y Costa Rica y llega a México tiene que pasar por Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. La ruta de tránsito es todo el istmo centroamericano. Es completamente absurdo pensar que si los narcos tienen una producción anual de 800 toneladas de cocaína -creo que ahora se ha reducido a unas 750- no van a pasar unas 500-600 toneladas por nuestros países. El narcotráfico es una empresa que tiene que vender su producto en el mercado principal y más rentable, el de Estados Unidos, y en el mercado secundario, el de Europa. En esa lógica comercial la ley que impera es que el tráfico no se detiene.

¿Cuáles son entonces las causas por las que hubo una reducción tan drástica de incautaciones de un año a otro? Me llama la atención porque en años anteriores las reducciones eran mínimas y hasta había incrementos
de un año a otro. ¿Será que los órganos de seguridad dejaron de ser efectivos o será que estuvieron concentrados en otras tareas? Debe haber múltiples causas y una puede ser que nuestros órganos de seguridad han estado concentrados en otras prioridades.

Después de lo ocurrido el 19 de Julio se hicieron redadas a nivel nacional y se capturó a personas que pertenecieron en los años 80 a la Contrarrevolución y hoy a la oposición política. Los organismos de derechos humanos que han tenido acceso a los detenidos y a sus familiares han escuchado de ellos que en los interrogatorios se les preguntaba con insistencia: ¿Dónde están los grupos armados? ¿Quiénes los integran? ¿Dónde operan? ¿Quiénes los apoyan?
Podría ser que los órganos de seguridad y de inteligencia hayan estado concentrados desde hace un tiempo en la persecución de los grupos armados y no en la incautación de droga.

Otra razón para la reducción en las incautaciones podría ser que ahora el narcotráfico esté usando más la vía aérea o la marítima y Nicaragua no tiene suficientes medios aéreos o navales. Hay razones múltiples que nos indican que en Nicaragua se ha producido un cambio respecto al crimen organizado. Y ya Estados Unidos ha expresado cierta inconformidad porque Nicaragua está reduciendo sus niveles de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Podría ser también que la persecución de los grupos armados se haya convertido en la prioridad de los órganos de seguridad del Estado. Esto no sería positivo porque el combate al narcotráfico es garantía de mayor seguridad ciudadana.

Nicaragua es un país de tránsito. Y el daño principal que el narcotráfico provoca en un país de tránsito es la corrupción que genera. Ningún elemento externo provocó la narcoguerra contra el Estado colombiano. Fueron los mismos colombianos de los cárteles los que la provocaron. No son ahora los colombianos los que están provocando la narcoguerra en México, la provocan los narcos de los cárteles mexicanos. El narcotráfico y el crimen organizado corrompen a las sociedades. Las mafias del crimen organizado corrompen por donde pasan, precisamente para poder pasar. Si quieren pasar droga por Nicaragua tienen que corromper a agentes policiales, a militares, a órganos de seguridad, a políticos. En Centroamérica estamos viviendo ya un fenómeno que se llama narcopolítica. ¿Por qué el narcotráfico es una empresa tan exitosa en Centroamérica? Porque aquí siguieron el ejemplo de Pablo Escobar, que entendió que meterse a político era la única manera de lograr impunidad. Y llegó a ser diputado. Eso lo estamos aprendiendo en Centroamérica, donde ya tenemos narcodiputados. En El Salvador, Honduras y Guatemala ha habido evidencias. ¿Será distinto en Nicaragua?

El crimen organizado está realmente muy organizado y la legalización de la droga no sería la solución. Con la legalización el negocio de la droga sí sufriría una transformación drástica porque el Estado lo asumiría, la droga pagaría impuestos como otros productos los pagan, se controlaría el precio… Pero las estructuras del crimen organizado no sufrirían una transformación drástica porque están muy organizadas y si les quitan el producto droga mantendrían las redes que ya tienen para traficar con otros “productos”: armas, mujeres, personas…

El otro daño que hace la droga al pasar por un país es la creación de un mercado local. La Policía lo llama “derrame”. Al mismo tiempo que el narcotráfico necesita corromper autoridades para pasar por el país, necesita también crear estructuras locales que le brinden apoyo y hagan circular la droga en el tráfico interno: “Mirá, llevame esta droga desde Sapoá, en la frontera con Costa Rica, hasta el Guasaule, en la frontera con Honduras y después ya nosotros la agarramos en Honduras”. Antes ese servicio lo pagaban en dinero, ahora lo pagan en especie. El “derrame” es la cantidad de droga que los narcos pagan a los narcos locales para que ellos la vendan después en el mercado local. Necesitan tener mercado y hacen mercado creando adicción, que muy pronto se convierte en un problema de salud pública y de seguridad ciudadana.

El narcomenudeo se está haciendo ya visible en el PIB de Nicaragua. La venta de droga en el mercado local es ya el 0.8% del PIB, lo que significa que uno de los bienes que ya está punteando en la economía nacional es la droga. Esto provoca inseguridad interna. Y en un cierto plazo podemos esperar que sean los narcos nicaragüenses los que podrían declararle la guerra al Estado nicaragüense, como sucedió en Colombia, como está sucediendo en México y en Honduras.

Los narcos agarran más y más fuerza en la medida en que va creciendo su poder económico. Tienen entonces capacidad de pagar su ejército privado y comienzan a disputar la hegemonía de la ruta. Y si tienen un contrincante narco que les quiere quitar esa hegemonía ejercerán violencia.

El lenguaje narco es la violencia. En el año 2012 las cifras oficiales de homicidios por causa del narcotráfico en Bluefields, una ciudad, superaron la tasa total de homicidios en Guatemala, un país entero. 35 muertes vinculadas al narcotráfico hubo ese año en la ciudad caribeña de Bluefields, mientras que la tasa nacional de homicidios en Guatemala por todas las causas fue de 32 cada 100 mil habitantes.

¿Cómo se paró ese brote de violencia letal en Bluefields? ¿Con la acción estatal? No, lo paró un acuerdo entre los narcotraficantes locales, que pactaron no pelearse más entre ellos por las rutas porque tanta violencia los estaba haciendo demasiado visibles. Los narcos son inteligentes y saben que la violencia los visibiliza y atrae la atención del Estado, que se ve obligado a intervenir.

Una preocupación legítima es quién financia a los grupos armados con motivaciones políticas, quién los avitualla y provee de armas. El último combate del que tengo información ocurrió en El Naranjo, al noreste de Waslala y al suroeste de Siuna. Una patrulla móvil de infantería del Ejército andaba en búsqueda de un grupo de 120 hombres armados y chocó con ellos. Por la información extraoficial que se maneja, ese grupo le plantó fuego al Ejército durante media hora de combate. El Ejército tuvo cuatro muertos y se tuvo que replegar. La ciencia militar calcula la capacidad de fuego necesaria para sostener media hora de combate. La información que tengo es que esos 120 hombres iban con uniformes y armas nuevas, que iban armados hasta los dientes y el repliegue del Ejército indica que tenían un temple y una disposición de combate altísima, decididos a matar o a morir.

Llama, pues, la atención la logística y el avituallamiento que tienen los grupos armados y eso debe provenir de una entidad con capacidad. ¿Honduras, Colombia, Costa Rica, países que tienen conflictos limítrofes con Nicaragua,
los estarán armando? Tengo mis dudas. Que un país se involucre en financiar a un grupo irregular que lucha para derrocar un gobierno establecido es una agresión de un Estado contra otro Estado según el derecho internacional. Me quedo entonces con la idea de que los financia un agente no estatal con capacidad de proveer armas y con dinero. El narcotráfico es una entidad con presencia, recursos y estructuras en toda Centroamérica. Es una hipótesis.

Cerremos estas reflexiones volviendo al atentado del 19 de Julio. ¿Qué vimos en la respuesta estatal a ese ataque? Vimos acciones extremas, abusos, violaciones a las garantías procesales, allanamiento de hogares sin orden judicial, secuestros... Vimos casi un estado de excepción. Las acciones de la Policía y del Ejército -porque el Ejército participó en las redadas y en las capturas- trascendía el hecho al que respondían. La Policía no escatimó nada, aun cuando su accionar dañara su buena imagen y su legitimidad nacional o internacional. Lo único que parecía importar era dar por resuelto el caso, sin interesar la pérdida de cuotas de legitimidad o el costo político. Desde arriba venía la orden de “resolver” eso al costo que fuera.

Al ver la respuesta desproporcionada de los órganos de seguridad, una tesis que está sonando con bastante fuerza es que lo del 19 de Julio fue una operación de justificación para reprimir. ¿Se trató de una acción preparada para justificar una reacción? En las operaciones de inteligencia y contrainteligencia esas acciones son práctica común. El arte de conspirar no consiste en otra cosa que en provocar hechos que conduzcan a determinados resultados. Si esa tesis es cierta, aunque no está corroborada, algo estaba ocurriendo en Ciudad Darío que se estaba convirtiendo en una amenaza para los órganos de seguridad y para la estabilidad de la cúpula del gobierno. Porque mientras el discurso oficial de la Policía insistía en que el ataque era un acto delincuencial, las respuestas que dieron los cuerpos armados indicaban que lo veían como un asunto de seguridad nacional.

Todos los capturados y ahora acusados están vinculados al Partido Liberal Independiente, menos uno, ahora prófugo. Se trata de un ex-militar, Pablo Manuel Martínez Ruiz, quien fue capitán del Ejército Popular Sandinista y perteneció a las tropas especiales. Su perfil indica que era un sandinista acérrimo. Su participación en esta acción se puede interpretar como una operación de infiltración para capturar a adversarios políticos. Pero también se puede interpretar de otra forma: a mí me parece, y yo sospecho, que lo que pasó ahí es que los extremos de la oposición y los extremos del sandinismo histórico se pueden estar uniendo.

Hay hoy en Nicaragua una buena cantidad de ex-militares que en los años 70 y 80 dieron su vida y su sangre por la Revolución, a los que el “moderno” Frente Sandinista, el de la juventud, ha excluido totalmente. Son combatientes históricos, lucharon en la insurrección contra Somoza, lucharon contra los contras y hoy ya no los tienen en cuenta, ya no tienen lugar en el Frente Sandinista…

Que los extremos se estén uniendo es peligroso. Soy pesimista. Veo sombrío el panorama de Nicaragua dentro de poco tiempo. Y lo veo así al analizar el contexto, al recopilar información, al acudir a reuniones de reflexión. Todo me resulta en un único escenario: violencia política dentro de un corto plazo. Sí, dejaremos pronto de ser el país más seguro de Centroamérica si la situación política continúa como ahora.

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