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  Número 380 | Noviembre 2013
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El Salvador

El cierre de Tutela Legal del Arzobispado: un apagón de luz

En una decisión arbitraria y autoritaria, sin previo aviso, el arzobispo de San Salvador decidió cerrar Tutela Legal del Arzobispado, oficina donde se conservan archivos que documentan las miles de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años de guerra. Las víctimas de entonces, defensores de derechos humanos y sectores de Iglesia manifestaron su indignación por la medida. ¿Qué intereses hay detrás de la decisión del arzobispo?

Elaine Freedman

Qué cerró el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas cuando echó llave a Tutela Legal del Arzobispado y despidió a sus trabajadores el 30 de septiembre? Cerró uno de los más brillantes capítulos de la historia de la Iglesia salvadoreña. Los 31 años de existencia de Tutela Legal eran el legado de Monseñor Romero y de María Julia Hernández, dos de los mejores hijos que ha parido la Iglesia Católica que está en El Salvador.

LOS ANTECEDENTES

Roberto Cuéllar cuenta en su libro “Hablan de Monseñor Romero “que el antecedente de Tutela Legal, Socorro Jurídico Cristiano, nació en agosto de 1975 adscrito al colegio de los jesuitas Externado San José. Lo coordinaba el sacerdote jesuita Segundo Montes, asesinado en 1989.

“El planteamiento inicial era simple -relata Cuéllar-: prestar asistencia legal gratuita a personas que no tenían cómo pagar un abogado y lograr, al mismo tiempo, que los jóvenes estudiantes de clases acomodadas se empaparan de la realidad. Trabajaron bajo ese lineamiento durante un año y medio. Pero el asesinato del padre Rutilio Grande lo alteró todo. Sólo Socorro Jurídico se atrevió a representar a la Iglesia católica. Tras superar sus recelos iniciales ante la inexperiencia de la mayoría de sus integrantes, Monseñor Romero terminó no sólo aceptando el ofrecimiento, sino que vio tanto potencial en aquella oficina que a los pocos meses Socorro Jurídico Cristiano se convirtió en Socorro Jurídico del Arzobispado.

Después de la muerte de Monseñor Romero en 1980 y de la desarticulación del Socorro Jurídico del Arzobispado, en plena guerra y conmovido por las manifestaciones más crueles de la represión, el arzobispo Arturo Rivera y Damas, sucesor de Monseñor Romero, creó en 1982 Tutela Legal del Arzobispado, para la defensa de los derechos humanos. No dudó en aceptar la sugerencia de Monseñor Ricardo Urioste de poner a María Julia Hernández al frente de este esfuerzo. Tutela Legal nació por Decreto Eclesial. Su fin: “La búsqueda de la justicia y la paz”, una tarea “que no se circunscribe a un tiempo definido, que es permanente”, confirma el ex-director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio González, quien trabajó en esta institución desde 1989 hasta el día del cierre.

MARÍA JULIA HERNÁNDEZ:
TUTELA ES SU LEGADO

María Julia Hernández encarnó el proyecto de Tutela Legal. Doctora en Filosofía, reconocida con varios Doctorados Honoris Causa e incansable luchadora por la defensa de los derechos humanos, empezó a trabajar en el Arzobispado en el equipo de Monseñor Romero, grabando sus homilías y transcribiéndolas. Tuvo la acertada visión de que el arzobispo conservara un archivo de sus homilías.

Mirna Perla, víctima de tortura, viuda de Herbert Anaya Sanabria -Presidente de la Comisión de Derechos Humanos cuando fue asesinado por escuadrones de la muerte en 1987- y ex-magistrada de la Corte Suprema, explica: “Al principio, llegaba la gente a contarle sus problemas a Monseñor y él trasladaba esas quejas de la gente al gobierno y a la oligarquía por la amistad que tenía con ellos. Pero cuando rebalsó la situación, y desfilaban ríos de feligreses por sus oficinas a contarle sus sufrimientos, Monseñor optó por usar el púlpito como foro de denuncia. María Julia comenzó a investigar los casos que Monseñor denunciaba en sus homilías”.

María Julia fue Directora de Tutela Legal durante 25 años hasta su muerte en 2007. La recuerdan como una mujer del pueblo, valiente, honesta, implacable. En el libro “María Julia Hernández en el Tiempo”, Monseñor Urioste afirma: “Puedo dar fe que María Julia trabajó infatigablemente, que logró establecer diversos mecanismos que no existían, para enfrentar diversidad de situaciones complejas. Ante el hecho de que el sistema judicial no funcionaba, estableció que Tutela empleara todos los recursos jurídicos que la ley otorga a fin de insistir ante las diversas instancias, como Corte Suprema de Justicia, Juzgados de Paz, Juzgados militares, llegando a desarrollar el uso de mecanismos no jurisdiccionales de investigación de las violaciones a los Derechos Humanos, a fin de fortalecer los casos y que resultaran irrefutables ante los juzgados correspondientes”.

EDUCAR EN DERECHOS HUMANOS

Sigue Urioste en su libro: “María Julia recurrió a los tres sistemas de protección a los Derechos Humanos que El Salvador ha aceptado (el del Sistema de Naciones Unidas, el de la Organización de Estados Americanos y el de Ginebra con el Derecho Internacional Humanitario). Creó sus propios mecanismos de protección a las víctimas, llegando incluso a inventar, bajo la autoridad del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, el carnet de identidad de los repobladores, debido a que las autoridades competentes no se querían hacer cargo de la debida re-documentación de los miles de desplazados que decidían retornar al país, que en su urgencia por salvar la vida en su momento, habían salido corriendo sólo con lo que tenían y sin documento de identidad alguno”.

“Observando que nuestro pueblo desconocía todo lo relativo a sus derechos, María Julia ideó establecer un plan educativo que abarcaba el Derecho Internacional Humanitario y la Constitución de la República de El Salvador, a fin de proporcionarles las herramientas básicas para ubicarse en aquel contexto”. Además de dedicarse a dar seguimiento a casos ya abiertos y a investigar nuevos casos, Tutela Legal comenzó a formar equipos parroquiales en educación en derechos humanos.

LAS BALAS QUE LOS MATARON

María Silvia Guillén, directora ejecutiva de FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho) recuerda: “En 1989, cuando mataron a los jesuitas, al llegar al lugar de los hechos, María Julia ve que están regados los casquillos de las balas disparadas. Los recoge y los echa a su cartera. Después explicó: “Yo estaba segura que las autoridades iban a perder esta evidencia”. La entregó a la Fiscalía, denunciándose ella misma. Ella protegió esta evidencia sin medir el costo que le podía traer. Era una mujer consecuente y valiente. Tutela Legal tenía una fuerza nacional e internacional muy grande por su persona.”

EN LA GUERRA Y SIN LA GUERRA

Cuenta Monseñor Urioste: “Después de los Acuerdos de Paz, Monseñor Rivera y Damas le dijo a María Julia: “Mirá, María Julia, ya no es necesaria la Tutela Legal porque los Acuerdos de Paz ya se firmaron, el Ejército va a volver a sus cuarteles, la guerrilla ya ha entregado las armas, así que… ¡Monseñor! -dijo ella- ¿Cómo puede pensar eso? Aquí va a ser siempre necesario continuar esa obra porque siempre, desgraciadamente, va a haber violaciones a los Derechos Humanos. Y Monseñor la escuchó y Tutela Legal siguió adelante.

MÁS DE 50 MIL EXPEDIENTES

En la postguerra, Tutela asumió casos emblemáticos de derechos humanos, como la representación de las víctimas de contaminación por plomo por la fábrica Baterías Record y el caso de 300 policías depurados sin debido proceso bajo el gobierno de Francisco Flores.

Tutela ha llevado casos como el asesinato de Monseñor Romero y la masacre del Mozote a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando fallos a favor de las víctimas. Ha capacitado a cientos de promotores y miembros de comisiones de derechos humanos en parroquias de todo el país.

En los últimos años, realizaba esfuerzos en el campo de la prevención de la violencia entre jóvenes, entendiendo como violación de los derechos humanos la estigmatización, agresión y acoso que sufre la juventud. El informe semanal de Tutela Legal -que sirvió durante años de base para que Monseñor Rivera y Damas realizara sus denuncias- fue un texto de rigor para ser consultado hasta el día del cierre de Tutela. Al ser cerrada, Tutela Legal contaba con proximadamente 50 mil expedientes en sus archivos, incluyendo muchas de las 227 masacres en las que más de 10 mil salvadoreños fueron asesinados por militares y paramilitares durante la guerra.

“SIN PREVIO AVISO”

Ovidio Mauricio González habla así sobre el cierre de Tutela: “Nosotros no teníamos ninguna noción de que podría ser cerrada nuestra oficina. Habíamos logrado gestionar fondos que contaban con el aval del arzobispo para presentar los proyectos. Teníamos su aval para abrir cuentas bancarias a nombre del Arzobispado para el depósito de esos fondos y nunca nos lo había negado o condicionado. Sólo habíamos oído rumores de que a algunos sacerdotes nuevos no les gustaba el trabajo de Tutela Legal. Decían que trabajar en el campo de la prevención de la violencia no era de nuestra competencia. Actualmente teníamos proyectos con Cáritas de Bilbao-Asturias, con Adveniat y con Cáritas Nacional financiada por Caritas Noruega. En ningún caso había señalamientos sobre la ejecución de esos proyectos.

Nunca nos dijo el arzobispo, ‘Tal cosa está mal’ ni ‘Si siguen en eso les voy a despedir’. Nunca hubo una evaluación de nuestro trabajo que dejara pensar lo que ha pasado. Éramos doce compañeros en planilla y había otras personas que colaboraban puntualmente a cambio de un reconocimiento”.

“El lunes 30 de septiembre, como de costumbre, llegamos a la oración para abrir la semana en la capilla. Al final, el padre Carlos Chavarría pidió que los de Tutela pasáramos al auditorio. Allí un compañero nuestro nos dijo que su llave no entraba en la puerta porque habían cambiado la cerradura. Ya habíamos notado al entrar la presencia de dos vigilantes de seguridad privada, lo que no era normal. Antes, sólo estaba un vigilante en el portón del arzobispado, pero no adentro”.

Después, los fueron llamando uno por uno para anunciarles que estaban despidos. Cuando el grupo comenzó a cuestionar el procedimiento que estaban usando, uno de los vigilantes que estaba en el pasillo les obstaculizaba la salida. “Fue entonces que nos dimos cuenta que el arzobispo había disuelto Tutela Legal”, dice González.

LAS RAZONES DEL ARZOBISPO

Cuando González se negó a firmar una declaración jurada, donde expresaba su supuesta satisfacción con la indemnización económica que le dieron, le entregaron otra, que decía que el cierre se debía a que en la oficina de Tutela Legal habían “cesado los fines temporales para los cuales dicha oficina fue creada”, desconociendo que los fines de Tutela Legal nunca se definieron como “temporales”.

Cuarenta y ocho horas después del cambio de llaves, Escobar Alas cambió el discurso. Alegó en un comunicado que no se trataba del cierre de Tutela Legal, sino de una “readecuación”, para adaptarla a los nuevos tiempos y para que cumpliera mejor su rol.

A los cuatros días, hubo todavía una nueva explicación de la máxima autoridad eclesiástica del país. El arzobispo aseguró al periódico digital “El Faro” que el cierre de Tutela Legal se debió a actos de corrupción, irregularidades y desnaturalización de la institución. Y hasta amenazó con denunciar judicialmente a algunos ex-empleados.

LAS VÍCTIMAS RECLAMAN

No tardaron en expresarse reacciones totalmente antagónicas, como suele suceder en nuestro país.

En menos de 24 horas, un grupo de víctimas de violaciones de derechos humanos, muchas de ellas con expedientes en Tutela Legal, acompañadas por defensores de los derechos humanos, iniciaron protestas frente al Arzobispado. Las manifestaciones públicas se intensificaron a lo largo de todo el mes de octubre. Reiteradas concentraciones frente a Catedral han reclamado al arzobispo por su decisión y por no haber consultado ni a las víctimas, ni a otros organismos de derechos humanos, ni al clero, ni a las estructuras de derechos humanos de la Iglesia. También lo critican por la falta de transparencia al argumentar las razones del cierre. Además de los nombres de los victimarios, los expedientes de Tutela contienen los nombres de los testigos, hecho que coloca en una posición muy vulnerable a estas personas. Una pancarta, con Monseñor Romero diciendo “Desde aquel 24 de marzo no había vuelto a sentir este dolor en mi pecho”, expresaba la indignación y el dolor de miles de víctimas que habían confiado sus historias a Tutela Legal.

Los sobrevivientes y familiares de la masacre del río Sumpul se presentaron ante el Arzobispado de San Salvador para entregar una carta dirigida al arzobispo, pero no fueron recibidos y mucho menos tuvieron respuesta a su carta.

PROTESTAS Y RECHAZOS

Aunque no se ha visto una reacción organizada del clero en oposición a la decisión del arzobispo, y no pasan de rumores las afirmaciones de que existe un grupo de sacerdotes que se reúne para canalizar su inconformidad con ésta y con otras decisiones tomadas por el arzobispo de manera inconsulta, varios religiosos y religiosas han acompañado a las víctimas en sus actividades, algunos participando activamente en organizaciones como la Concertación Monseñor Romero y la Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los Pobres (CEIPES), actores claves en el movimiento de resistencia y rechazo al cierre. En una parroquia capitalina, un sacerdote rezó en la misa dominical para que “Monseñor Escobar Alas recapacite y reconsidere su decisión de cerrar Tutela Legal”.

La mayoría de organismos de derechos humanos nacionales han acompañado las actividades de las víctimas y han coordinado cómo respaldarlas. Entre otras acciones, se realizó una conferencia de prensa y se hizo un pronunciamiento público de rechazo firmado por diversas organizaciones de derechos humanos, comunidades de base, organizaciones sindicales y organismos de mujeres y de jóvenes.

“CABEZAS CORTADAS
POR CRITERIOS SUBJETIVOS”

También se conoció de una carta pública dirigida a la Nunciatura firmada por una diversidad de organizaciones sociales. Esta carta señala los “exitosos resultados” de la labor realizada por el actual equipo de Tutela Legal, realzando como auténticos logros las sentencias de la CIDH en el caso de Monseñor Romero y en el de la masacre del Mozote. Concluye la carta: “Ante la inexistencia de verdaderas evaluaciones técnicas que justifiquen un despido masivo y sorpresivo, no queda otra opción sino considerar que las cabezas del personal fueron cortadas por criterios subjetivos.”

Las víctimas también han contado con el apoyo internacional de organismos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fundación Permanente de Derechos Humanos (CPDH), WOLA, (Washington Officein Latin America), el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina Oscar Arnulfo Romero y Amnistía Internacional.

HABLAN EL PRESIDENTE FUNES
Y EL PROCURADOR

El Presidente Mauricio Funes se solidarizó con las víctimas y los despedidos de Tutela Legal. Se confesó “preocupado” por la “mala señal enviada por la Iglesia Católica y particularmente el Arzobispado de San Salvador, quien no está decidido a acompañar las causas justas de este pueblo, como es el funcionamiento de una oficina tan importante para la defensa y vigencia de los derechos humanos”.

A los dos días, el Procurador de Derechos Humanos, quien fuera trabajador de Tutela Legal, emitió medidas cautelares para el arzobispo Escobar Alas, quien “como responsable de la Arquidiócesis de San Salvador, debe garantizar la preservación de los archivos históricos de Tutela Legal del Arzobispado, así como debe adoptar medidas de administración del mismo organismo, a efectos de facilitar bajo los criterios de seguridad necesarios y garantizar la cooperación con los tribunales de justicia y la Fiscalía General de la República”.

Fue a la luz de estas declaraciones y de las acciones de rechazo de las víctimas que el arzobispo cambió su discurso y planteó que reabriría una nueva oficina de apoyo legal para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Dijo que ya había abierto un Centro de Documentación y Archivos. Posteriormente, formó una Comisión ad hoc con la participación de Monseñor Jesús Delgado y los sacerdotes Jaime Paredes, Luis Cotto y José María Tojeira.

“NO TENEMOS CONFIANZA”

Luis Cotto creció en las comunidades eclesiales de base y Tojeira, quien fue provincial de los jesuitas de Centroamérica, estuvo históricamente cerca de las víctimas. Sin embargo, los demandantes de casos vigentes en Tutela Legal se pronunciaron en un comunicado afirmando: “Nadie, sino nosotras y nosotros como demandantes, decide quién nos representa y sigue nuestros casos. En cuanto a la comisión, no fuimos consultados y no estamos representados… No existe de parte de nosotros ninguna base de confianza”.

Santiago Portillo, miembro de las comunidades eclesiales de base, quien puso en Socorro Jurídico en agosto de 1981 una denuncia cuando desaparecieron a su hijo, Mario Humberto Orellana, valora así a la Comisión nombrada por el arzobispo: “Han acompañado al pueblo en el pasado, pero uno va viendo sus cambios. Si un sacerdote protesta, las jerarquías lo sacan. Es difícil ser valiente.”

Posteriormente, la Secretaria de Cultura de la Presidencia, a solicitud de organismos de derechos humanos, inició el proceso para reconocer el archivo de Tutela Legal como Bien Cultural bajo la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural.

HABLA LA UCA

Fue hasta el 17 de octubre que la Junta de Directores de la Universidad Centroamericana (UCA) emitió un comunicado sobre el cierre de Tutela Legal. Entre otras cosas, afirmaba: “El notable eco que esta decisión, no consultada con el conjunto del pueblo de Dios, ha despertado en amplios círculos de las Iglesias y de la ciudadanía, así como internacionalmente, recomendaría una reconsideración profunda. Los errores o deficiencias en una institución de la Iglesia sugieren no pocas veces su corrección en lugar de la supresión de la instancia”.

“Lejos de perder credibilidad, la Iglesia crece cuando una autoridad es capaz de repensar, revalorar y, dado el caso, modificar una decisión importante. De cualquier manera, sentimos que es cristiana y eclesialmente valioso abrir todo este asunto tan doloroso a consulta amplia de tantas personas que desean que nuestra Iglesia no abandone, ni dé ocasión para que se piense que abandona, a las víctimas de la guerra y a sus familias, y siga esforzándose por defender los derechos humanos y la dignidad del pueblo, especialmente de los más vulnerables, empobrecidos y victimados”.

Las víctimas que se manifestaban ante el Arzobispado esperaban de la UCA más que un texto, por bueno que fuera. Esperaban, por ejemplo, que el padre José María Tojeira o Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, se hubieran acercado a acompañarlas.

¿FUE POR LA DEROGACIÓN
DE LA LEY DE AMNISTÍA?

A los tres días del cierre de Tutela Legal Armando Calderón Sol, segundo Presidente de la República por ARENA (1994-1999) y miembro de la actual Comisión Política de ese partido, había declarado: “El Arzobispo está dando un paso positivo en beneficio de la institucionalidad democrática de El Salvador “por haber clausurado las oficinas de Tutela Legal”.

En las mismas declaraciones opinó: “La ley de amnistía ha cumplido a cabalidad su objetivo y derogarla sería un retroceso”.

Estas declaraciones alimentan la sospecha de las víctimas, sus aliados, amigas y amigos, de que el cierre de Tutela Legal está vinculado a la admisión, por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, fallo ocurrido sólo una semana antes del cierre de Tutela.

¿COMPLICIDAD Y COMPLACENCIA?

“La posible anulación de la Ley de Amnistía habilitaría promover juicios contra perpetradores de los peores crímenes de lesa humanidad cometidos durante el pasado conflicto armado, cuyos nombres aparecen reiteradamente mencionados en los expedientes de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado” rezaba la carta dirigida al Nuncio Apostólico, que añadía: “Estas razones nos permiten acusar al arzobispo de complicidad y complacencia con sectores de mucho poder”.

No es la primera vez que se vincula al arzobispo Escobar Alas a los victimarios en casos registrados en Tutela Legal.
La demandante y ex-magistrada de la Corte Suprema, Mirna Perla, recuerda: “En el contexto del caso de Baterías Record, cuyo anterior dueño, Miguel Lacayo, fue Ministro de Economía de Francisco Flores, el ex-Presidente Flores llegó por lo menos dos veces a hablar con el arzobispo. Lo vieron ahí los mismos empleados”. Al contrario, el arzobispo no recibe a los sobrevivientes de la masacre del Sumpul y sí al ex-Presidente Flores, actual asesor de la campaña electoral de ARENA.

PARA DAÑAR AL FMLN

Un periódico digital de derecha, “El Diario Latino”, dio otra versión del cierre de Tutela Legal, que fue rápidamente difundida por páginas digitales y redes sociales afines. Según una fuente anónima, “en las oficinas de Tutela Legal aún se encuentran los relatos y testimonios relativos a las investigaciones sobre una gran cantidad de crímenes de Mayo Sibrián, conocido como ‘el carnicero de la paracentral’, con el consentimiento de su entonces jefe, Salvador Sánchez Cerén”. El diario acusó al personal de Tutela de estar sustrayendo estos expedientes a fin de mantener el caso en la impunidad.

Esta acusación es sumamente grave, puesto que Sánchez Cerén es el actual Vicepresidente de la República y candidato del FMLN a la Presidencia y alimenta el análisis de los más suspicaces, quienes dudan que la admisión del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, en plena campaña electoral y con una Sala de lo Constitucional que acaba de declarar inconstitucional al Presidente de la Corte Suprema, que pasa permanentemente enfrascada contra el FMLN, sea un acto de buena fe.

¿Quién es el autor de una versión de esta magnitud? Aunque el texto de “El Diario Latino” no lleva firma, el director general de este periódico digital -usurpador del nombre del histórico periódico independiente, actualmente llamado “CoLatino”-, es el periodista Eduardo Vásquez Becker, quien figura en la recién divulgada lista de asesores de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA como “analista de fracción” con un sueldo de 1,500 dólares. Esto le resta credibilidad a la versión.

“NUNCA VI UN CASO DE ÉSOS”

Ovidio González, ex-director de Tutela, responde a la versión: “No conozco estos casos. No sé de dónde han sacado esos nombres. Nunca vi un caso de ésos”.

María Silvia Guillén, directora de FESPAD, comenta: “Yo tengo la plena seguridad de que no existe en Tutela Legal ningún expediente que implique directa o indirectamente al candidato del FMLN. Me preocupa este tipo de comentarios porque podría dar pie a que armen un expediente falso implicándolo. No sabemos lo que está pasando ahí adentro. Hay demasiado hermetismo”.

OFICINA Y ARCHIVOS SELLADOS

El allanamiento de la Fiscalía General a las oficinas de Tutela Legal en la tarde del viernes 18 de octubre complicó más las cosas y fue como sal en las heridas de las víctimas.

El Fiscal General, Luis Martínez, explicó al periódico digital “El Faro que el operativo estaba relacionado” con la decisión de investigar las masacres ocurridas durante la guerra civil salvadoreña y, por lo tanto, con la necesidad de preservar información importante sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos”.

La Fiscalía habla de investigar 34 masacres. Julio Arriaza, Fiscal a cargo del operativo, manifestó a los medios que él notificó de antemano al arzobispo.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, llamó inmediatamente al Fiscal Martínez, “pero no obtuve ninguna disposición de coordinación ni de apoyo.

Tampoco quisieron dar mayor información sobre las razones del allanamiento. Enviamos verificadores de la Procuraduría para acompañar el procedimiento. Y se pidió al Jefe Fiscal que lo dirigía que permitiera su ingreso en cumplimiento con la ley de la Procuraduría, pero el Jefe Fiscal a cargo se negó a dar la autorización. Nuestros observadores trataron de hacer gestiones con Monseñor Urrutia, Canciller del Arzobispado, al efecto de que hiciera gestiones para que entrara la Procuraduría. Monseñor Urrutia se negó a hablar directamente con los verificadores y negó su apoyo para facilitarnos el acceso”.

Esa noche, el Fiscal selló la oficina donde se encuentran los archivos con cinta amarilla y dejó a efectivos policiales de forma permanente para su “custodia”.

¿QUÉ ESCONDEN?

Después vino lo más sospechoso. María Silvia Guillén, quien formaba parte del grupo que esperaba frente al portón de Tutela Legal durante el operativo para ver qué pasaba, recuerda: “A las 8 y media se abre el portón del Arzobispado y salen los carros de la policía, los carros de los sacerdotes que acompañaron y el carro de la Fiscalía. Cierran el portón del Arzobispado y parece que ya terminó todo. Cinco minutos después abrieron la puerta para que saliera a toda velocidad una camioneta de lujo con las placas cubiertas. Uno se pregunta: la Fiscalía no tiene que esconder por qué estaba adentro, tampoco la Policía y tampoco la Iglesia. ¿Quién más estaba ahí y no quieren que nos damos cuenta?”

El Procurador Morales dice que lo del carro con placas cubiertas no es la única denuncia de irregularidades relacionada con Tutela Legal, interpuesta en la Procuraduría de Derechos Humanos. También presentaron algo parecido “las Madres sobrevivientes de la masacre del Sumpul. Dicen que cuando se presentaron al Arzobispado a exigir sus archivos, poco después del cierre de Tutela Legal, las autoridades del Arzobispado ni siquiera les abrieron la puerta. Ellas se desplazaron a otro lugar y aducen haber sido vigiladas por un vehículo no oficial”.

La Procuraduría emitió medidas cautelares para que el Fiscal General “realice acciones que garanticen la preservación de los archivos históricos de Tutela Legal del Arzobispado, y que gire instrucciones para que se permita la verificación del procedimiento por parte de esta Procuraduría”.

¿”COMPADRES HABLADOS”?

En su conferencia de prensa dominical, el arzobispo expresó haberse sorprendido al enterarse del allanamiento. Después se dijo dispuesto a dar su vida para proteger los archivos de Tutela Legal, afirmando que nadie los podrá sustraer del local. Pero su palabra perdió credibilidad ante las víctimas y los defensores de los derechos humanos. Se habla de una relación de “compadre hablado” entre el Fiscal General y el arzobispo. Muchos piensan que él mismo o sus ayudantes fueron quienes llamaron a la Fiscalía. De nuevo, la poca transparencia deja muchas preguntas pendientes.

María Silvia Guillén reflexiona: “Si van a investigar las masacres, qué bueno. Pero en el contexto del cierre de Tutela eso parece muy extraño, increíble”.

UN FISCAL SIN CREDIBILIDAD

La trayectoria del Fiscal Martínez le resta credibilidad entre las víctimas, pues fue funcionario de cada uno de los cuatro gobiernos de ARENA durante 1989-2009. Con Alfredo Cristiani (1989-1994) fue asesor legal del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento del Sistema Financiero, el organismo que se encargó de la re-privatización de la banca. Con Armando Calderón Sol (1994-1999) fue asesor legal del Ministerio del Interior, directivo en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y director propietario en el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) en representación del Ministerio del Interior. En el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) fue asesor legal del Ministerio del Interior. En la administración de Antonio Saca (2004-2009) ostentó tres cargos al mismo tiempo: fue miembro de la Comisión Especial para el Desarrollo del Golfo de Fonseca y asesor legal ad honorem del Ministerio de Agricultura. El tercer cargo que desempeñó fue el de director de la junta directiva del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), cuando esa institución era presidida por Miguel Tomás López (1999-2007). López fue condenado judicialmente en julio de 2013, por actos de corrupción cometidos en el ISTA.Con esta trayectoria es fácil entender por qué las víctimas no confían en el Fiscal General.

MÁS SAL EN LAS HERIDAS
DE LAS VÍCTIMAS

Después de estos hechos, la Sala de lo Constitucional de la Corte aceptó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Iglesia Católica, que anularía el proceso iniciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia para asumir los archivos. Según la Iglesia, reconocer los archivos como patrimonio nacional los expondría “al libre acceso y consulta de la población”, arriesgando así información personal de las víctimas. La Corte dispuso medidas inhabilitando a la Secretaria para avanzar en el proceso mientras se falle el recurso. Resulta curioso que esta Sala haya respondido de manera tan rápida a un recurso de la Iglesia, invocando a las víctimas, cuando fueron las víctimas, respaldadas por los organismos de derechos humanos, las que pidieron la intervención de la Secretaría de Cultura. Además, no tiene lógica pensar que el proceso iniciado por la Secretaría implicaría hacer públicos los archivos. La actitud de la Sala parece querer garantizar que la Iglesia no pierda su poder de resguardarlos.

¿QUIÉN TUTELARÁ LOS ARCHIVOS DE TUTELA?

Durante 31 años de existencia de Tutela Legal a nadie se le ocurrió que no era un lugar seguro para los archivos.
A las víctimas les parecía un santuario donde se resguardaban sus expedientes. A pocos se les ocurrió incluso la posibilidad de un incendio. En los últimos años, de los 50 mil expedientes sólo se pudieron digitalizar unos 500. Entre el alto costo de la digitalización, la gran carga de trabajo en la oficina y la dificultad de gestionar su realización, no se logró completar una labor que podría haber garantizado una copia de los archivos para las víctimas, independientemente de la afirmación del arzobispo que dijo que “el archivo es propiedad de la Iglesia.”

Con la figura incuestionable de María Julia Hernández al frente, y después de su muerte a la sombra de su memoria,
a nadie se le ocurrió que un día podría estar en juego la “propiedad” de expedientes que contienen información valiosa sobre victimarios y testigos.

Por todo eso, el dilema de definir cuál sería el lugar más seguro para los archivos de Tutela Legal es tan difícil. Para las víctimas, la Iglesia Católica dejó de ser un lugar seguro, al cerrar Tutela Legal. Hay quienes propusieron que la Procuraduría de los Derechos Humanos o la Secretaría de la Cultura tomaran posesión de ellos y los conservaran en el archivo nacional. Pero tampoco se puede asegurar que las garantías ofrecidas por las actuales administraciones perduren en el tiempo.

El actual Procurador es el segundo en la historia de esta oficina que cuenta con la plena confianza de las víctimas.
Los otros no se la habían ganado. A pesar de todo, hay otras voces que dicen que los archivos deben permanecer en el Arzobispado, pero con la supervisión de otras instancias y, sobre todo, con la garantía de que las víctimas, demandantes o familiares tendrán acceso a esos archivos.

El equipo de Tutela Legal que fue despedido está actualmente en proceso de convertirse en otro organismo: “Tutela Legal María Julia Hernández”. Se imaginan comenzando de nuevo, construyendo sus propios archivos, partiendo de los demandantes que les han solicitado dar seguimiento a sus casos, como la Asociación de Víctimas del Mozote o los afectados y afectadas de Baterías Record. Son realistas y no se proponen rescatar los archivos de la oficina de Tutela Legal.

Las peticiones hechas por las víctimas y los organismos de derechos humanos a la Secretaría de Cultura y a la Asamblea Legislativa para que declaren los archivos “patrimonio cultural” han sido de consenso general, pero no resuelven el problema de forma definitiva.

LO QUE COMPROBAMOS

Lo que quedó en evidencia con el cierre de Tutela Legal es que la impunidad aún reina en El Salvador. Comprobamos que la institucionalidad -llámese eclesiástica o estatal- no brinda garantías a quienes ya han pagado muchas veces por no quedarse callados, por luchar por sus derechos y por los derechos de todo el pueblo.

En estos tiempos, cuando se ha avanzado en la transición a un Estado nuevo, más alejado de las garras de la oligarquía, el caso de Tutela Legal ha venido a mostrarnos las limitaciones del proceso y lo mucho que hay que caminar todavía para crear un mejor y diferente El Salvador.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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