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  Número 380 | Noviembre 2013
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Nicaragua

Rearmados en el Norte y reformas constitucionales

El modelo autoritario, el cierre de espacios, las políticas de exclusión y control social en zonas que vivieron la guerra de los años 80, han provocado que grupos campesinos vuelvan a armarse. Las reformas que se harán a la Constitución, profundizando el autoritarismo y la concentración de poder en el Presidente de la República, no abonan a desactivar este problema. Pueden agudizarlo.

Equipo Envío

En vísperas del Día de los Muertos conocimos lo que los diputados del FSLN habían conocido y respaldado con sus firmas un día antes: el proyecto de reformas a 39 artículos de la Constitución Política enviado a la Asamblea Nacional por la Presidencia de la República. Las reformas constitucionales, de las que el gobierno ha venido hablando desde hace bastante tiempo, se plantean en un momento en que la población de zonas rurales de nuestro país vive en incertidumbre y zozobra.

“ESTAMOS ACOSADOS”

El 9 de octubre, un enfrentamiento entre tropas del Ejército y hombres rearmados en la comarca Anisales 3, municipio de Pantasma, Jinotega, dejó como saldo a uno de esos rearmados muertos y a un campesino “muerto en el fuego cruzado” según el Ejército, “torturado y ejecutado” según la comunidad. Más de mil de sus paisanos enterraron al campesino, Yairon Díaz (28), después de contemplar con indignación la saña que se apreciaba en su cadáver: herido de bala en una pierna, con una estocada cerca del corazón, desnucado y con la mitad de la cabeza destrozada a golpes.

“Pantasma tiene ochenta y cuatro comunidades y cuatro barrios y todo el mundo se ha dado cuenta de que mataron a un campesino, un hombre conocido y querido por todos”. Nos habla así Julio Mesa, de 61 años, “nacido, criado y vivido toda la vida” en Pantasma. “Yo lo he llorado como si fuera familia mía, como si hubiera salido de mi sangre -dice-. No era un rearmado, era un campesino desarmado, que araba la tierra y nos daba de comer. No era un delincuente. Que digan de él eso nos ha dolido en el corazón. Y estamos con pánico, pensando quién va a seguir el camino de él”.

Don Julio también se declara poeta y nos suelta la copla que compuso tras la tragedia: “Nos encontramos con temor / en un callejón sin salida / Lo que nosotros queremos / es que se nos respete nuestra vida / El miedo no ha pasado / no son cosas del destino / El hombre que asesinaron / era un pobre campesino / La pobreza no es delito / pero estamos acosados / No hay labores en el campo / porque estamos asustados”.
Una sencilla rima que resume lo que viven hoy varias comunidades del Norte del país.

“HAY REARMADOS”

Desde el año 2009 los obispos católicos de Nicaragua han hablado de la presencia de grupos rearmados en zonas rurales en oposición al gobierno de Daniel Ortega. No respaldándolos, sino alertando sobre la necesidad de poner atención y freno a esta realidad.

Fue cinco meses después que la Conferencia Episcopal de Nicaragua denunciara el fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008, cuando varios obispos afirmaron que las evidencias del fraude habían motivado a algunos grupos a armarse en las montañas del Norte. El Ejército minimizó la información diciendo que eran “focos delincuenciales” que operaban desde hacía 15 años en varias zonas del país. En aquella ocasión fue el obispo de Estelí, Abelardo Mata, quien insistió: el descontento rural por razones políticas estaba derivando hacia la violencia armada.

Desde entonces Monseñor Mata no ha dejado de referirse a la presencia de grupos rearmados en su diócesis. Cuando en 2011 apareció muerto en extrañas circunstancias “Yajob”-seudónimo de un dirigente de esos grupos- y en 2012 le tocó la misma suerte a otro, “Pablo Negro”, el obispo de Estelí reiteró su llamado a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. El reciente enfrentamiento en Pantasma puso de nuevo en boca de los obispos y ante el país la realidad de la presencia de rearmados por motivaciones políticas en el campo.

Ciertamente, el perfil político del obispo Mata atrae sobre sus declaraciones, siempre incisivas y muy articuladas intelectualmente, obvias suspicacias. Monseñor Mata estuvo al frente del comité que defendió la inocencia del ex-Presidente Arnoldo Alemán, acusado de graves actos de corrupción, y también fue activo en la defensa de Byron Jerez, ex-director de la DGI y mano derecha de Alemán durante su administración (1997-2001).

Pero no es sólo el obispo Mata. El obispo de Matagalpa, el arzobispo de Managua, el obispo auxiliar de Managua y el obispo de Jinotega han respaldado a lo largo de estos años las declaraciones del obispo de Estelí.

LOS OBISPOS COINCIDEN:
“HAY QUE DIALOGAR”

En el Norte de Nicaragua, Matagalpa y Jinotega, donde están las principales rutas del “corredor de la Contra”, zona de guerra en los años 80, zona de los rearmados, los religiosos franciscanos han tenido una permanente presencia pastoral desde hace décadas. Conocen estos campos y a sus pobladores mejor que muchos otros trabajadores sociales o funcionarios públicos que han estado en esa zona.

Por eso son de destacar las palabras que en un breve texto el obispo de Jinotega, el religioso franciscano Carlos Enrique Herrera, hizo público a los dos días del enfrentamiento en Pantasma, territorio de su diócesis, hecho que fue precedido por el asesinato de José Cruz (54), secretario político del FSLN en Aguas Rojas, Wiwilí, un crimen de clara venganza política. Días después le tocó el turno a un miembro del Gabinete de Familia, Trinidad Cano (56), víctima también de un crimen político en otra comarca de Wiwilí, también en la diócesis de Monseñor Herrera.

Resulta extraño que el FSLN no haya ni mencionado estas dos muertes ni haya reivindicado a sus dos militantes. Tal vez porque hacerlo implicaría aceptar que hay motivaciones políticas en quienes les quitaron la vida.

En su comunicado, Monseñor Herrera pide “de todo corazón al Ejército de Nicaragua que actúe con respeto a los derechos humanos de los civiles. Les recuerdo que los civiles no tienen culpa de que anden personas armadas en esos lugares”. Invita “al gobierno a que actúe con sabiduría para realizar un verdadero diálogo”. E invita “a los rearmados a reflexionar que las armas no son el instrumento eficaz para reclamar sus derechos, hay que hacerlo de una manera cívica”.

Con esas u otras palabras, en esos tres mensajes han coincidido los obispos, que sugieren al gobierno un diálogo con los rearmados, como mecanismo que desactive un movimiento que han visto crecer en estos años.
No hay análisis, ni apasionado ni ponderado, que se haga actualmente sobre la situación de Nicaragua que no mencione el peligro de que el cierre de espacios democráticos para protestar, reclamar, debatir y disentir, haga ganar espacios al camino violento en mentes y corazones de quienes, en extensas zonas del Norte, del Triángulo Minero y también en el centro del país hacia el Caribe Sur no comparten el rumbo del actual gobierno, saben usar las armas y tienen vivo el recuerdo de la guerra de los años 80.

PANTASMA:
UNA TRÁGICA HISTORIA

Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) estuvo en Ani-sales 3, Pantasma, después del enfrentamiento, con un equipo del CENIDH. Calcula que una cuarta parte de la población que vive hoy en el municipio vivía ya allí cuando Pantasma fue escenario de la guerra en los años 80. A Carrión le tocó hacer en Pantasma el servicio militar meses después de que ocurrieran allí algunos de los hechos más trágicos de la guerra.

¿Cuáles hechos? Sólo meses después del triunfo de la Revolución, “Dimas” inició un alzamiento campesino contra el nuevo gobierno en Yalí, a unos 60 kilómetros de Pantasma. Eran las MILPAS (Milicias Populares Antisandinistas).

¿Qué había provocado este temprano brote de descontento armado? Quienes lo investigaron en el terreno, ya en 1980, refieren una combinación de factores que provocaron en la población un gran temor a la irrupción con fuerza inusitada del nuevo y poderoso Estado sandinista en la zona y en sus vidas. El Estado confiscó tierras y se hizo terrateniente. El Estado pasó a controlar monopólicamente el comercio de todos los productos agropecuarios de la zona. El Estado sustituyó los liderazgos comunitarios, en manos de finqueros de la zona, imponiendo su liderazgo.

Un factor que se sumó al descontento fue que durante la insurrección contra Somoza había participado en Jinotega, al mando de Germán Pomares, una columna campesina comandada por “Macondo”, que lideraba a campesinos sin tierra y que esperaba que la Revolución les diera parcelas de tierra individuales. Pero el proyecto de la Revolución era estatizar las tierras que confiscaba. Era un proyecto colectivista.

“AQUEL HOMBRE VEÍA ALZADOS
POR TODOS LADOS”

En Pantasma, el Estado confiscó la finca Estancia Cora a un famoso somocista, Ricardo Argüello Pravia. Y en la casa hacienda de la finca se estableció el secretario político del FSLN, Carlos Barquero. El fanatismo revolucionario de aquel hombre, venido de Managua y ajeno a la realidad campesina contribuyó al descontento. Era un eximio representante del FSLN urbano, de mentalidad autoritaria, atrapado en un discurso ideológico, y hasta ostentando el ingrediente de su ateísmo.

“Barquero veía alzados por todos lados”, recuerdan testigos de entonces. Y aunque no había consenso entre las autoridades políticas del FSLN de Jinotega y Matagalpa sobre cómo enfrentar el alzamiento campesino, para obtener información, para intimidar, también para reprimir, Barquero torturó y ejecutó a muchísimos campesinos, arrojando sus cuerpos a fosas comunes. Barquero fue responsable de innumerables crueldades y terminó juzgado y condenado a 30 años de cárcel en 1984, sentencia que no cumplió en su totalidad. El Informe de junio de 1981 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó alguno de aquellos crímenes.

UNA MEMORIA QUE SIGUE VIVA

El 18 de octubre de 1983, Mike Lima, al frente de una fuerza de tarea de 500 hombres, con la Contrarrevolución ya mejor organizada con el financia¬miento del gobierno de Estados Unidos, se tomó Pantasma, destruyendo toda la obra que la Revolución había hecho -cooperativas, escuela, banco-, para borrar el “pecado original” de Barquero. “Pero no pudo borrarlo. El Frente nunca pudo seducir a aquellos campesinos, tampoco se les pudo imponer. Por eso, Mike Lima fue recibido por muchos en el valle de Pantasma como un liberador”, opinan testigos de entonces. Durante casi siete años más Pantasma siguió siendo cruento escenario de guerra.

La memoria de aquellos años sigue viva en Pantasma, un municipio en el que, por esta historia de heridas aún sin cicatrizar, el FSLN no se atrevió a alterar los resultados electorales de 2012. Según miembros de su familia, la alteración que sí hizo el FSLN en el cercano municipio de Wiwilí motivó a “El Flaco” a alzarse en armas contra el gobierno. Gerardo de Jesús Gutiérrez, “El Flaco” es hoy uno de los finqueros más perseguidos por el Ejército en la zona.

REARMARSE: LA SALIDA

Otros municipios cercanos a Pantasma comparten, transmiten y construyen recuerdos similares a los de aquellos hechos. Alimentan las firmes raíces que tiene el antisandinismo en la zona, desde los años de la guerra entre Revolución y Contrarrevolución. Una guerra que concluyó con votos y posteriores actos oficiales de desarme, sin que nunca faltaran a lo largo de todos los años 90 grupos de rearmados rurales, de un bando y de otro, reclamando tierras para trabajar, salud para curar sus heridas de guerra, oportunidades de trabajo para reinsertarse en la vida civil, todo lo que se dio en llamar entonces el “dividendo de la paz”, el que nunca se materializó en la postguerra nicaragüense. Y hasta el sol de hoy seguimos viendo reclamos de veteranos de aquella guerra reclamando medicinas, trabajo, vivienda, pensiones…

Recurrir a las armas, rearmarse para reivindicar derechos, para reclamar espacios políticos y oportunidades económicas ha sido casi una tradición. El profesor y politólogo Salvador Martí escribía en 1998 en Envío: “Muy pronto en los lugares que en los 80 fueron escenarios bélicos regresó “la guerra en paz”. Matiguás, Pantasma, Waslala, Wasaka, San Juan de Limay, Wiwilí, El Cuá, Yalí, El Ayote, Quilalí, El Jícaro, La Concordia, La Trinidad, Yolaina, Río Blanco... volvieron a conocer la violencia. En su balance semestral de mediados de 1992, el Ejército estimó que, entre recontras y recompas, los rearmados sumaban 21 mil 905 hombres y disponían de 13 mil 980 fusiles automáticos, además de ametralladoras, minas y hasta misiles antiaéreos y antiblindados. Los rearmados con quienes hablé en La Patriota (Matiguás) me confirmaron que, al desmovilizarse oficialmente sólo habían entregado el armamento viejo. ‘Les dimos los fusiles descachimbados, hicimos sólo la mueca’”.

¿HOY SE PARECE A AYER?

¿Es este choque que se dio entre la cultura campesina con la cultura autoritaria de la Revolución lo que alimenta a los rearmados de hoy?
Los tiempos han cambiado mucho y aunque el Estado ya no confisca ni es terrateniente, en algunas zonas rurales los negocios del ALBA sí tienen el perfil de privilegio monopólico que tienen los terratenientes. En zonas campesinas del país es una constante que quienes tienen vínculos con el FSLN y con sus autoridades gozan de claras ventajas en la red comercial de intermediación de productos agropecuarios y han adquirido un creciente poder en el comercio de granos básicos, cultivo al que se dedican miles de familias del corredor de la Contra.

Hay, pues, suficiente caldo de cultivo económico para alimentar el descontento rural. Y además del control social y de la exclusión política y económica de quienes no están con el gobierno en estas zonas, el precio del frijol bajó, el precio del café cayó, la plaga de la roya llegó a los cafetales…

El caldo de cultivo político para atizar la memoria colectiva y para que el descontento, la frustración y la cólera opten por la vía armada tampoco falta. Mencionan estos campesinos que no les entregan la cédula de identidad a quienes simpatizan con la oposición, mencionan los fraudes vistos, sentidos y resentidos, mencionan también la ilegal reelección de Daniel Ortega. Seguramente comenzarán a mencionar las reformas constitucionales... Viven a diario algo muy similar a lo que vivieron en los años 80: los secretarios políticos del FSLN siguen siendo los todopoderosos intermediarios entre la población y el Estado.

Cuando se reflexiona sobre los rearmados, hay que tener en cuenta que el cierre de los espacios democráticos para la libre expresión, movilización, reunión y organización se siente con más fuerza en el nivel municipal y en el nivel local que en el nivel nacional. También en el campo son mayores el miedo y la impunidad.

¿DELINCUENTES?

A los rearmados de hoy -quienes se oponen al gobierno de Daniel Ortega- el Ejército los llama “grupos delincuenciales” dedicados al robo de ganado y a la extorsión de las familias campesinas. Insiste el Ejército en negar que en el país haya rearmados por motivaciones políticas.

“Recuerdo que desde mi participación como fundador de uno de los primeros movimientos armados en aquella época, denominado MILPAS, se nos llamó primeramente delincuentes, después guardias somocistas, mercenarios y finalmente contrarrevolucionarios. Con todos esos calificativos no pudieron esconder la realidad”, rememora estos días Oscar Solbavarro, firmante de los Acuerdos de Paz de 1990 que pusieron fin a la guerra que inició con las MILPAS.

Y explica Sobalvarro: “La causa que más incidió en que miles de campesinos se sumaran a la lucha armada fue la represión a personas civiles y la tortura. Y por supuesto, el asesinato de civiles inocentes, todo con el argumento de que eran colaboradores de lo que el FSLN llamaba en esos momentos grupos delincuenciales”.

UN CONFLICTO “MILITARIZADO”

Las gentes de esas zonas hablan de grupos de unas 20 personas que se desplazan bien armados y uniformados y que no asaltan ni roban, sino que pagan la comida que necesitan en ventas y casas que encuentran en los montes por donde caminan. El obispo Mata -que reconoce que “el bandolerismo” ha estado presente siempre en estas zonas- insiste en que éstos no son “bandoleros” y afirma haber sabido que hay entre 25 y 38 grupos, formados por no menos de 10 y no más de 20 hombres.

Gonzalo Carrión, del CENIDH, considera que usar la palabra “delincuente” se asocia en la mente de la población a una descalificación y “lleva a pensar que el delincuente no tiene derechos”. El Ejército refuerza ese prejuicio cuando afirma que va “detrás de ellos para cazarlos” y habla de “aniquilarlos”, de “exterminarlos”. Carrión es taxativo: “Si se tratara de delincuentes comunes, la obligación de la Policía sería capturarlos para juzgarlos por sus delitos. Sin embargo, es el Ejército el que está en la zona militarizando este conflicto”.

“MI ESPOSO ESTABA ALZADO”

En julio, después de otro enfrentamiento entre Ejército y rearmados ocurrido en Tamalaque, Pantasma, en el que murió un militar y otro resultó herido y uno de los campesinos quedó también herido de gravedad y fue capturado y hoy tiene una condena de 30 años, la esposa y el hermano del campesino capturado afirmaron categóricamente en Managua que él pertenecía a un grupo de “alzados” contra el gobierno.

Era la primera vez que familiares de “alzados” hablaban tan claramente. A pesar de que estas declaraciones las dieron ante el CENIDH, este organismo de derechos humanos concluyó entonces: “No podemos asegurar que son grupos armados con fines políticos, pero tampoco se pueden descalificar como grupos delincuenciales”. Hoy, después de lo ocurrido en Anisales 3 y de los asesinatos políticos de activistas del FSLN en Wiwilí, el CENIDH ha levantado más alta su voz considerando “sumamente grave la situación” y afirmando que es “imperativo evitar la militarización del conflicto”.

POR UN DIÁLOGO “SINCERO”

Parece imperativo tomar en serio este conflicto antes de que crezca y se haga mayor. El obispo Fray Herrera se lamenta: “El gobierno lo toma como una cosa muy pequeña, de poca importancia”. Monseñor Herrera y el resto de obispos lo dimensionan como algo grave y proponen un diálogo entre las autoridades y estos rearmados, del que debería salir una rectificación en la política de control y de marginación que ha practicado el gobierno en zonas de tradición antisandinista.

Monseñor Herrera afirma que estaría dispuesto a mediar “si se diera un diálogo sincero” y menciona algunos puntos que deberían tenerse en cuenta para una rectificación, al referirse a que a estos pobladores rurales no les entregan cédulas, a que los caminos que enlazan las comarcas campesinas están abandonados, a que no tienen apoyo para la producción.

Si “tenemos que lograr que Nicaragua consolide su armonía, sus alianzas, su modelo de diálogo, alianzas y consensos”, como escribió la Secretaria de Comunicación y Ciudadanía en su texto de junio “Los nuevos tiempos”, ese diálogo debería ser posible.

UNA ALERTA ROJA

Entre las más recientes declaraciones que ha hecho el obispo Mata una de las que suena más preocupantes es ésta. “Sospechamos que las armas que reciben estén conectadas con el narcotráfico”.

Es la misma alerta que el investigador en temas de seguridad, Roberto Orozco, ha hecho a la publicación digital “Insight Crime” cuando dice: “Los puntos geográficos de las operaciones de estos grupos armados son áreas donde el crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas, tiene una gran presencia y control. El narcotráfico mueve recursos suficientes para cooptar a estos grupos armados. Se teme que el narcotráfico pueda estar suministrando esas armas, pero hasta el momento es sólo un temor”.

Si este “alzamiento” no tiene ninguna posibilidad ni nacional ni regional ni internacional de convertirse en una alternativa política (“Me parece una decisión suicida y así se los he dicho a quienes me han venido a ver”, dice el obispo Mata), el encuentro y el cruce de los intereses políticos de estos grupos con los intereses económicos, y también políticos, de grupos regionales del narcotráfico, que buscan controlar nuevos territorios en Centroamérica, convertiría este conflicto en algo explosivo, inmanejable y también trágico.

¿REFORMAS SÓLO “PARCIALES”?

Las reformas constitucionales diseñadas en la Presidencia de la República llegaron al Parlamento el 4 de noviembre. El diputado del MRS Víctor Hugo Tinoco dijo de ellas: “Son una carreta cargada de leña seca colocada al lado de los brotes de fuego que han encendido los grupos de rearmados en las zonas rurales. Son una amenaza para el país, alimentan la violencia política”.

La Presidencia las etiqueta como “reformas parciales”. Sin embargo, en “la exposición de motivos” se afirma que se hacen buscando “la institucionalización y el fortalecimiento de un nuevo modelo… del modelo de gobierno que se está aplicando en el país en un contexto donde la democracia va tomando un nuevo giro… donde podemos hablar de un constitucionalismo en evolución”. Sólo por eso, las reformas son bastante más que parciales y ameritarían un amplio debate, incluso una Constituyente. Sin embargo, lo que ya conocemos del “nuevo modelo” nos permite imaginar que serán aprobadas en primera legislatura antes del 15 de diciembre y en segunda en enero de 2015.

En síntesis, la reforma constitucional fortalece aún más al Poder Ejecutivo, debilita al Poder Legislativo, fortalece en algunos aspectos del derecho procesal al Poder Judicial, no toca en nada al cuestionadísimo Poder Electoral, desvaloriza la democracia representativa y partidariza la participación ciudadana bajo la fórmula de la “democracia directa”. Con sus variantes y particularidades, las reformas siguen los hilos y la trama de las Constituciones de los países del ALBA.

SE FORTALECE
EL PRESIDENCIALISMO

Las reformas dan rango constitucional a dos decisiones que el Presidente Ortega tomó en contra de la Constitución vigente. Suprime cualquier limitación para la reelección presidencial indefinida. Y establece que los magistrados judiciales, electorales y otros altos cargos del Estado queden en sus cargos hasta que la Asamblea los reelija o sustituya, sin que exista plazo fijo para ello.

Ortega constitucionaliza así, tanto la ilegal sentencia judicial de 2009 que le permitió reelegirse en 2011, como el ilegal decreto que emitió en 2010 para mantener en sus cargos a magistrados afines, que con esta reforma ya no lo serán “de facto”.

Las reformas refuerzan el presidencialismo. Dan al Presidente de la República el poder de dictar “decretos con fuerza de ley en materia administrativa”, terreno éste en el que cabrán muchas decisiones presidenciales. Esta facultad que se le otorga al Ejecutivo le resta facultades al Legislativo. La tuvo Ortega en los años de la guerra de los años 80, cuando una situación de emergencia permanente lo justificaba.

Con las reformas, el Presidente podrá nombrar en cargos civiles (ministros, magistrados, jueces) a militares en activo cuando lo requiera “el supremo interés de la nación”, otra categoría en la que cabe una muy amplia interpretación. Esta reforma constitucionaliza un mecanismo de cooptación de la institución armada y compromete a los militares con “el nuevo modelo”.

Con las reformas, el Presidente será elegido con cualquier porcentaje, siempre que tenga “mayoría relativa” de los votos válidos. Esto modifica el 35% necesario para ganar, pactado entre Ortega y Alemán en el año 2000 y anula toda posibilidad de una segunda vuelta en la elección presidencial.

UN ESTADO CORPORATIVO

Las reformas dan rango constitucional a la alianza entre el gobierno y la gran empresa privada, en el nuevo modelo de co-gobierno corporativo que está desarrollándose en los últimos años. Ya Ortega había anunciado dos meses antes, en su reunión con el COSEP el 4 de septiembre, esta innovación.

Resulta insólito que en la “exposición de motivos” con que la Presidencia justificó el conjunto de las reformas citara al empresario Carlos Pellas para sustentar este cambio constitucional, para comprometerlo de forma explícita con “el nuevo modelo”. “El FSLN pasó del paradigma de Carlos Fonseca al paradigma de Carlos Pellas”, comentó Dora María Té¬llez.

LA “DEMOCRACIA DIRECTA”
EN LA NICARAGUA “CRISTIANA”

En contradicción con el artículo 14 de la Constitución, que establece que Nicaragua como “no tiene religión oficial”, las reformas definen a Nicaragua una nación confesional, cuyos “principios” son “los valores cristianos”. También será, a partir de las reforma un “principio” de la nación “los ideales socialistas”. Esto violenta la laicidad y la imparcialidad ideológica que debe tener un Estado democrático en una sociedad plural.

El ejercicio de la “democracia directa” se establece constitucionalmente a través de referéndums y plebiscitos -nunca se han aplicado en el país- y de los Gabinetes de Familia, nuevo nombre que la Presidencia dio en 2012 a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Con unos u otros nombres estas estructuras partidarias creadas en 2007 y dirigidas desde la Presidencia evidencian a los ojos de cualquiera que siguen “directas” orientaciones desde la Presidencia y responden a una estructura vertical.

Otros mecanismos de “democracia directa” que cita el nuevo texto constitucional son los Consejos Territoriales y los Consejos Sectoriales, ejes del modelo corporativo con el que la élite empresarial co-gobernará en la gestión pública según el modelo etiquetado de “responsabilidad compartida”. Estos mecanismos de “democracia directa”, ahora de rango constitucional, debilitan la democracia representativa que expresa el voto popular al elegir a sus representantes en el Parlamento. En la práctica, Consejos y Gabinetes podrán tomar a diario más decisiones políticas que los propios legisladores.

GÉNERO, MADRE TIERRA
Y NUEVOS LÍMITES

Para atraer respaldo y consenso a las reformas, éstas dan rango constitucional a la llamada “Ley 50-50”, que desde 2012 estableció en la Ley Electoral que en todas las listas de candidatos a los cargos de elección popular la mitad sean mujeres. Para atraer todavía más respaldo, las reformas incluyen los nuevos límites territoriales de Nicaragua, según las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, que han ampliado los límites marítimos de Nicaragua en el Mar Caribe. Nadie podría cuestionar ambas adiciones a la Constitución.

Se incorpora también “el texto íntegro de la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, de Naciones Unidas, constitucionalizando los derechos de la Madre Tierra”. Esta Declaración se atribuye al teólogo brasileño Leonardo Boff y ha sido asumida por otros países del ALBA.

¿Y EL CANAL?

La Ley 840, ley de la concesión canalera al empresario chino Wang Jing, de junio 2013, establecía textualmente que en 18 meses (se cumplirían a final de 2014) la Constitución de Nicaragua debía ser reformada para modificar cualquier obstáculo a todas las inconstitucionalidades planteadas en la concesión.
Para sortear la complejidad redaccional que hubiera representado cumplir con esta cláusula y para evitar los costos políticos de semejante cantidad de cambios, la reforma modifica el artículo 102, añadiéndole este párrafo: “Dada la ventajosa posición geográfica del país, a través de Ley el Estado podrá celebrar contrato u otorgar concesión para la construcción y explotación racional de un Canal Interoceánico”. Con esta adición, evitan precisar detalles, pero se constitucionaliza de manera difusa la concesión del Canal. Pero lo que no menciona este frívolo añadido son los ocho megaproyectos concesionados también en la Ley 840 como “infraestructuras asociadas” al proyecto del Canal.

1995 – 2013: UN LARGO CAMINO HACIA LA CONTRARREFORMA

Son éstas algunas de las modificaciones más relevantes en una lectura inicial del proyecto de reformas constitucionales.

En el “nuevo modelo” con que Ortega ha venido gobernando es de esperar que, por el escaso tiempo con que cuentan los legisladores -aprobarlas en primera legislatura antes del 15 de diciembre-, la “consulta a todos los sectores” no pasará de una formalidad y en el debate parlamentario no se harán cambios a la propuesta presidencial. Para incluir modificaciones, la bancada opositora tendría que contar con 31 diputados y sólo tiene 24. Nadie duda de que los 63 diputados del FSLN votarán unánimemente respaldando las reformas.

Con estos cambios constitucionales, Daniel Ortega culmina en 2013 un largo camino. Ya en la oposición, siempre añoró la Constitución de 1987, la de los años de la Revolución, de fuerte presidencialismo, con la que gobernaba por decreto. Ya con el FSLN en la oposición, Ortega rechazó con vehemencia las reformas constitucionales de 1995, cuando diputados sandinistas y diputados de centro lograron conformar una mayoría en la Asamblea Nacional para reformar la Constitución.

Una de aquellas diputadas sandinistas, Dora María Téllez, resumió así para “Envío” en enero de 1997 el sentido de aquellas reformas: “El primero y principal logro fue el equilibrio de poderes. Fundamentalmente, queríamos pasar de un poder presidencial fuerte a un poder más equilibrado. Queríamos darle más independencia y más fortaleza a las instituciones, abrir un poco más los espacios democráticos y colocar ciertos retenes legales a los gobiernos futuros”.

Las instituciones que surgieron más independientes y fortalecidas de aquellas reformas fueron el Poder Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la propia Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República, también el Ejército y la Policía. En relación con aquellas, las reformas actuales también pueden ser leídas como una “contrarreforma”.

¿POR QUÉ QUITARON ESO?

Resulta muy significativo y hasta alarmante que las reformas constitucionales diseñadas en la Presidencia hayan suprimido un importante párrafo del artículo 5 de la Constitución vigente.

El que dice así: “El pluralismo político asegura la existencia y participación de todas las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, sin restricción ideológica, excepto aquellos que pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema democrático”.

Sólo el tiempo nos dirá la medida en que estas reformas constitucionales agudizarán la situación en las zonas rurales que ven pasar a los rearmados por caminos que ya conocieron la guerra.

Otros muchos problemas cotidianos, más inmediatos, le dan a este fin de año un agudo y desabrido sabor a incertidumbre en el Norte. Y en todo el país.

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