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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 370 | Enero 2013
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Centroamérica

Detenidos y deportados: xenofobia y dólares

“¡Que no nos agarre como juguete, que cumpla sus promesas!”. Así le reclamaba a Obama un latinoamericano el 21 de enero, día de su toma de posesión para un segundo mandato. Y en la manifestación, una silla vacía exhibía una cifra escandalosa: 1 millón y medio de deportados en el primer mandato de Obama. Este texto recoge otras cifras escandalosas, que reflejan graves violaciones de derechos humanos y sustantivas ganancias en el “negocio” de las redadas, las detenciones y las deportaciones de inmigrantes.

José Luis Rocha

En Jena Detention Facility los migrantes indocumentados allí retenidos vestían uniformes de tres
colores -azul, anaranjado y rojo-, que advertían de sus niveles de peligrosidad. Azul para los inofensivos. Anaranjado para los de cuidado. Rojo para los temibles. Era ésta una segunda segmentación de los seres humanos. La primera y más radical era la dicotomía “legales” e “ilegales”. En Jena están encerrados los ilegales, nueva cabeza de turco del Estado-nación y enemigos número uno de la seguridad nacional, arrinconados en el mismo banquillo junto a terroristas y narcotraficantes.

Les corresponde el lugar que ocuparon los “rojos” desde fines del siglo 19 hasta el ocaso de la Guerra Fría, cuando ser tenido por comunista fue el más mortífero estigma en muy diversas latitudes, como expone el escritor brasileño Graciliano Ramos, cuando en sus Memórias do Cárcere narra su detención y encarcelamiento en 1934. Durante el arresto le espetaron la acusación que justificaba su confinamiento: -Comunista. Espanto, inmenso desprecio, la convicción de encontrarse en presencia de un traidor. Una palabra apenas, y la indignación, el asco, la rabia fría manifiesta en ligeras arrugas: -Comunista. Ese epíteto me aniquilaba. Ingrato. Y cualquier añadido, de gesto o palabra, era redundancia. Los guardianes del orden ahora gritan “ilegal”. Y cualquier gesto o palabra que añadan es redundante.

ILEGALES=INDUSTRIA DE LAS DEPORTACIONES

La construcción de la “ilegalidad” ha sido tarea relativamente reciente en la historia de Estados Unidos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 recibió un vigoroso empujón que la mantiene en estado de permanente aceleración. Desde México y Centroamérica, oteando hacia el norte, notamos el filtro de hierro -no impenetrable, pero sí multiplicador de los riesgos- que produce la combinación del reforzamiento del muro fronterizo en la guardarraya mexicano-estadounidense, las políticas migratorias que penalizan el cruce ilegal de la frontera, la fungosa proliferación de leyes xenófobas que muchos legisladores han regalado a sus estados, la avalancha de fondos para infraestructura de detención, deportación y patrullaje fronterizo, el reforzamiento del patrullaje por grupos de civiles paramilitares (Minute Men, Ranch Rescue, entre muchos otros) y la aplicación del programa “Comunidades seguras”, incubado por Bush, pero aplicado con fervorosa diligencia por Janet Napolitano, lugarteniente de Obama en el Department of Homeland Security. La combinación de todos estos elementos da por resultado la industria de las deportaciones que tiene como “daño colateral” la multiplicación de las detenciones de migrantes.

USA: LA MAYOR INFRAESTRUCTURA
DE DETENCIÓN DEL PLANETA

Los informes sobre las condiciones en los centros de detención se han disparado en los últimos seis años. Los autores parecen suponer que la reclusión de migrantes no escapa a las leyes productivas: un repentino y acelerado incremento de las detenciones sin instalación adicional de capacidades, deviene en deterioro de las condiciones. Ésta es una posibilidad. Otra, mucho más temible e irreparable, es que las condiciones jamás fueron óptimas ni se ajustaron a los estándares legales porque tales estándares nunca han sido establecidos de forma efectiva: existen enormes áreas sin ser normadas, hay políticas etéreas sin polo a tierra, muchas normas que carecen de obligatoriedad jurídica, el monitoreo interno es débil y autocomplaciente.

Si un informe del Migration Policy Institute, construido sobre la base de datos del Immigration and Customs Enforcement (ICE), reveló en 2009 que había un ciudadano chino detenido desde hacía cinco años -y otros casos de personas con mucho más tiempo que el cacareado promedio de 31 días-, eso significa que el problema de violentar los derechos humanos de los migrantes y tratarlos como criminales convictos tiene raíces que preceden al monitoreo que hoy informa de ellos tan prolijamente.

En cualquier caso, los informes de los que daré cuenta han sido muy elocuentes. Para empezar, mostraron que Estados Unidos mantiene la mayor infraestructura de detención de migrantes de todo el planeta. En 2012, la capacidad de detención de migrantes alcanzó su pináculo: un promedio de 34,069 camas ocupadas y más de 400 mil procesados al año (225,390 con cargos criminales), dejando muy atrás a las 6,785 camas de 1994 e incluso a las 27,500 de 2006. En los últimos 18 años, la maquila de las detenciones creció a razón de 1,512 camas al año y casi 126 al mes. A los más de 30 mil encarcelados, en 2009 había que añadir los 5,400 monitoreados mediante un localizador espacial ceñido al tobillo por una banda, el famoso grillete electrónico.

Un informe del Migration Policy Institute, recién salido del horno en enero de 2013, reveló que entre 2005 y 2012 el presupuesto del ICE -agencia estadounidense encargada de detener, custodiar y deportar migrantes- creció en un 87%: de 3.1 a 5.9 miles de millones de dólares. El ICE, el Customs and Border Protection -responsable de la vigilancia fronteriza- y el Visitor Immigrant Status and Infor-mational Technology (VISIT) -fundamentalmente los sistemas de identificación biométrica- acapararon 18 mil millones de dólares: superaron los 14.4 mil millones del FBI, la DEA, el Servicio Secreto, el US Marshals Service y el Buró para el control del alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos.

En 2013, 1.96 mil millones de dólares serán destinados sólo a sufragar los costos de mantener detenidos a los migrantes irregulares. Los migrantes aparecen en el presupuesto como la amenaza más acuciante y onerosa a erradicar. El número de detenidos por el ICE en 2010 quintuplicó la cifra de criminales procesados por delitos federales. En 2011 el ICE realizó 642 mil aprehensiones, repatrió a 324 mil migrantes sin orden de deportación y mantuvo detenidos a 429 mil indocumentados, con un peso considerable en los 288,581 mexicanos, 38,450 guatemaltecos, 26,416 hondureños y 23,792 salvadoreños.

2009: PRIMERA DENUNCIA CONTUNDENTE

Este avasallador crecimiento trajo consigo un mayor interés de la sociedad civil estadounidense en lo que estaba ocurriendo con los detenidos. En marzo de 2009, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un informe titulado Jailed without justice: immigration detention in the USA. En cuestión de días, más de 10 millones de personas supieron de las violaciones a los derechos humanos que estaban teniendo lugar diariamente en los centros estadounidenses de detención de migrantes. Cientos de congresistas recibieron copia del informe. Los ánimos se crisparon. Y no era para menos.

El informe arrancaba con la narración del caso de Mr. M, albanés beneficiario de asilo en Estados Unidos, con más de 12 años de residencia legal y tres hijos estadounidenses al momento de su detención. Acusado de haber comprado un vehículo robado y haber llenado con información falsa un formulario de préstamo para vivienda, Mr. M fue clasificado como carne de deportación. La primera acusación debería ser desechada por el principio del tercero adquiriente de buena fe, que desde la Edad Media eximió de responsabilidad a los compradores de objetos robados. La segunda acusación apunta a un delito muy común y de discrecional determinación. Después de cuatro años de arresto, Mr. M pudo salir por fin de prisión para esperar la resolución final de su caso.

Con este caso emblemático y otros AI mostró al pueblo estadounidense que el crecimiento descomunal de la industria de las deportaciones significaba que las autoridades migratorias habían tenido que suscribir contratos con alrededor de 350 cárceles estatales y condales para poder “hospedar” a los migrantes procesados. El 67% son alojados en esas prisiones, mientras el restante 33% quedan detenidos en centros federales o bajo contratistas privados, a un costo promedio de 95 dólares al día por detenido. La proliferación de las detenciones ha derivado en multiplicación de los abusos. El informe mencionó que existen alternativas de detención que mantienen una tasa de 91% de cumplimiento de sus compromisos en la corte y que tienen un costo de apenas 12 dólares al día. A pesar de esta evidencia, las formas convencionales de detención continúan vigentes a costa de los derechos humanos y de los bolsillos de los contribuyentes.

DEPRESIONES, EXTORSIONES, SUICIDIOS...

Un informe del ICE -autoridad estatal para velar por la aplicación de la legislación migratoria-, mencionó un tiempo de detención promedio de 37 días. Pero AI reveló que para gran parte de los migrantes su detención había durado meses o incluso años. Más aún: un estudio anterior, realizado en 2003, mostró que los solicitantes de asilo -los que sí lo obtuvieron- habían pasado un promedio de 10 meses detenidos. Y algunos aguardaron hasta 3.5 años un proceso de incierto final.

Con frecuencia los migrantes detenidos desesperan de su situación y se sumergen en letales depresiones. Crece el número de quienes cometen suicidio, sin que las autoridades puedan anticiparlo o prevenirlo. AI narra el caso de Geovanny García-Mejía, joven hondureño de 27 años, detenido en el Newton County Correctional Center de Texas. Remitido a la unidad médica, fue encontrado escribiendo en el suelo con su propia sangre, y fue retornado a la galería común después de que un psicólogo anotara en su expediente: “No tengo idea de por qué está en la celda de suicidio.” Doce días después, el 12 de marzo de 2006 -día de su 27 cumpleaños-, su cuerpo sin vida fue encontrado colgando en su celda. El sheriff local concluyó que los guardias, que deberían haberlo estado chequeando cada 15 minutos, no hicieron rondas nocturnas.

AI expone ampliamente casos sobre las sumas exorbitantes que los jueces piden como fianza a quienes enfrentarán juicios migratorios y tratan de recurrir a esa opción para evitar la prisión. Son frecuentes los casos de 15 mil y 25 mil dólares. Una vez la tarifa alcanzó los 80 mil dólares. La arbitrariedad y abuso de los jueces fue patente en casos como el que enfrentó un hijo de madre estadounidense, con excelente récord de trabajo y comportamiento, y con más de diez años de residir en Estados Unidos, a quien el juez pidió 30 mil dólares. También reveló el informe lo que se creía imposible: la deportación de residentes legales y de ciudadanos, acusados de haber cometido delitos menores que sirvieron como excusa barata para expulsarlos del país en el que habían vivido la mayor parte de sus vidas.

EL DEDO EN LAS LLAGAS

El informe de Amnistía dio a conocer que, según estimaciones del Departamento de Justicia, el 58% de los inmigrantes enfrenta un proceso de deportación sin representación legal. Esta cifra asciende al 84% entre los migrantes detenidos. Semejante indefensión es excepcional en un sistema político que ofrece representación legal gratuita a quienes carezcan de medios para costearla. Pero el migrante -o el estadounidense cuya ciudadanía sea puesta en tela de juicio- pertenece a otra categoría distinta de los ciudadanos de pleno derecho: si no puede pagar un abogado, estará librado a su propia y flaca suerte.

Más aún: mientras en el pasado era posible aplicar a una reapertura del caso alegando la falta de efectividad del representante legal, actualmente es imposible rectificar los errores de los abogados mediante ese recurso. Los migrantes no tienen previsto el derecho a un abogado y si tienen uno que se equivoca, el error y su rectificación ya no están previstos en la ley. Buena o mala, la asesoría legal es determinante: está demostrado estadísticamente que quien tiene representación legal enfrenta su juicio con cinco veces más probabilidades de éxito que quien no la tiene. Los que osan autoasesorarse enfrentan la dificultad de que los manuales, compendios de leyes y explicaciones del sistema legal estadounidense muy pocas veces se encuentran disponibles en sus lenguas en las mal abastecidas bibliotecas de los centros de detención.

Entre otros abusos, negligencias y deficiencias a corregir, AI también denunció el inapropiado y excesivo uso de aparatos para restringir el movimiento -esposas y cadenas en el abdomen-, el limitado acceso a teléfono y a contactos con familiares y abogados, la reclusión mixta de migrantes y criminales, el precario acceso a medicinas y atención médica, la falta de ejercicio físico y el abuso verbal y físico.

A pesar de que el informe de AI descansaba, en su mayor parte, en testimonios individuales y pocas veces en datos con representatividad estadística, puso el dedo en la llaga, fue enormemente revelador y estableció los parámetros que luego habrían de seguir otros informes. Dio un paso más allá de los precedentes al desafiar el principio de soberanía colocado por encima de los derechos humanos. En una perspectiva del derecho más amplia que la que concede al principio de soberanía licencia para abusar, conculcar derechos y encarcelar a extranjeros, estableció su oposición al uso de la detención como herramienta de control migratorio: toda persona tiene derecho a libertad y seguridad, incluyendo la protección contra el arresto arbitrario y la detención, independientemente de su estatus legal, de acuerdo al artículo 9 de la Convención Internacional de la ONU sobre derechos civiles y políticos.

2006: CÓMO CAPTURAR “ILEGALES”

Ya en 2006 se había disparado el interés de la opinión pública estadounidense hacia las políticas migratorias y las detenciones. Hubo dos detonantes en forma de proclamas. En noviembre de 2005 el Department of Homeland Security (DHS) anunció un plan llamado Secure Border Initiative, orientado a reforzar la aplicación de las políticas migratorias para reducir la migración “ilegal”. En abril de 2006 el DHS develó una faceta desconocida del plan: el ICE expandiría sus operaciones para capturar a todos los trabajadores indocumentados e individuos que hubieran violado las leyes migratorias, abarcando refugiados, migrantes con residencia legal permanente y aquellos que, aunque con permiso de residir en Estados Unidos, hubieran sido acusados de cualquiera de los delitos consignados en una extensa lista, incluyendo robo no violento, hurto, consumo o comercio de drogas, falsificación, recibir propiedad robada, perjurio, fraude, engaño y evasión fiscal.

Todos estos delitos serían causa suficiente para la detención y deportación, de acuerdo a leyes aprobadas en 1996: la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act y la Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act, que sólo diez años después encontraron plena aplicación. A los residentes legales se les privó de las audiencias a las que anteriormente podían recurrir. Y el ICE empezó a usar la categoría “fugitivos migratorios” -immigration fugitives, que clona aquella de fugitive slaves y recuerda demasiado a la Fugitive Slave Act de 1850- para referirse a quienes fueron sentenciados con una orden de deportación, pero rehusaron cumplir la orden. No importa si la sentencia -como se ha comprobado en muchos casos- fue dictada en ausencia y enviada por correo a una dirección equivocada.

Con el avispero alborotado y muchas miradas escrutadoras encima, en 2006 la Office of Inspector General (OIG), perteneciente al DHS, realizó un estudio sobre las condiciones de detención en cinco centros del ICE. La mayoría de los hallazgos se limitaron al funcionamiento del sistema: preocupaciones sobre el ambiente sanitario y la seguridad en tres de los cinco centros, ausencia de manuales sobre derechos y deberes de los reclusos en dos centros, e inadecuación respecto de lo que el ICE ha normado sobre las condiciones generales, sobre todo en la política disciplinaria, inventario de la propiedad personal de los reclusos, clasificación de los reclusos y alojamiento con confinados de distintos niveles de peligrosidad.

Una pasajera mención de que no existen procedimientos para que los detenidos puedan denunciar las violaciones a los derechos humanos fue el hallazgo que más abiertamente rompía con el sentido común de lo que se puede o no conceder a los migrantes indocumentados. La principal denuncia ligada a la condición de los latinos fue constatar que en tres de los cinco centros los manuales de orientaciones y procedimientos no estuvieran en español.

2007: LA SALUD EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN

En 2007 Human Rights Watch realizó el estudio Chronic Indifference: HIV/AIDS Services for Immigrants Detained by the United States, donde quedó en evidencia el pobre monitoreo realizado por el ICE para prevenir muertes por VIH/SIDA, proporcionar cuidados básicos a quienes estaban afectados y supervisar esos cuidados. Consecuencias: infecciones no tratadas, creciente resistencia a los medicamentos y muertes. El estudio da cuenta de los muertos por “indiferencia crónica”, que pudieron haber sobrevivido con tratamientos oportunos y a quienes la negligencia del sistema no palió sus sufrimientos y les quitó la vida.

En contraste con estos hallazgos, y quizás con la voluntad de desmentirlos, en 2008 el OIG del DHS emitió otro informe sobre las políticas del ICE relacionadas con la muerte de los detenidos y la supervisión de los centros de detención. 33 migrantes detenidos murieron entre enero de 2005 y mayo de 2007. Únicamente se analizan dos casos y se concluye que esas muertes fueron ocasionadas por malas condiciones de salud previas a la detención.

Un año después, el Custody Florida Immigrant Advo¬cacy Center dio a luz su informe titulado Dying for Decent Care: Bad Medicine in Immigration Miami, donde da a conocer variedad de testimonios de acceso a tratamiento médico denegado o retardado, prescripciones médicas denegadas o erróneas, tratamiento no adecuado para pacientes con enfermedades mentales, conducta abusiva y cruel de parte del personal médico, condiciones insalubres en las instalaciones y ausencia de monitoreo independiente. El informe indica que, en contraste con el costo de más de 100 dólares por detenido, hay alternativas a la detención que costarían no más de 12 dólares. En 2009 el ICE destinó a estas alternativas apenas el 3.7% (63 millones de dólares) de su presupuesto anual.

También en 2009, Human Rights Watch presentó Detained and Dismissed: Women’s Struggles to Obtain Health Care in United States Immigration Detention, un informe sobre la atención médica a las mujeres en los centros de detención del ICE. Este informe profundizó en la casi total insatisfacción de necesidades específicamente femeninas por negligencia y reducción de costos. Las internas no tenían acceso a mamografías prescritas antes de ser detenidas, a papanicolaou, a anticonceptivos, a cuidados durante el embarazo, a extractores de leche materna y ni siquiera a suficientes toallas sanitarias. Con estos dos informes, carentes de represen¬tatividad estadística, pero ricos en testimonios específicos, la credibilidad del autocomplaciente informe del ICE fue rigurosamente cuestionada.

NACIONES UNIDAS,
LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACADEMIA DENUNCIAN

En marzo de 2008 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes presentó un informe de su misión en Estados Unidos. Hace valientes denuncias, con particular énfasis en los arbitrarios traslados de los migrantes hacia centros donde se les dificulta el contacto con sus familias, redes sociales y abogados. La prohibición de trabajar se convierte, para muchos, en imposibilidad de pagar abogados y ganar el juicio migratorio. Insiste en el efecto aterrorizante de las redadas en las comunidades y entre los hijos pequeños de los migrantes.

Pero, al concentrarse en los efectos negativos de la correcta aplicación de las leyes migratorias, su informe cae en una comprometedora ambigüedad. Por un lado, al censurar la aplicación de las leyes -incluso en su versión más apegada a derecho- emite una condena global de las actuales políticas migratorias estadounidenses y, en ese sentido, su denuncia es penetrante y sistémica. Por otro lado, al no desarrollar los abusos y violaciones de los derechos humanos abiertamente opuestos a la legislación vigente -o al hacerlo de forma muy somera, a pesar de la abundancia de fuentes disponibles a un Relator de la ONU- difunde tácitamente la falsa percepción de que las actuaciones del ICE siempre están ceñidas a derecho. Ulteriores denuncias mostraron que no existe tal pulcritud legal en el ICE.

Seis meses después, la rama de Massachusetts de la American Civil Liberties Union (ACLU) dio otro deliberado bofetón al ICE con un extenso informe titulado Detention and Deportation in the Age of ICE, en el que dedica una sección a exponer la inadecuada provisión de servicios médicos en los centros del ICE. En 2004-2007 murieron 66 personas bajo la custodia del ICE. Un migrante murió de cáncer, mientras sus guardianes hicieron caso omiso de sus dolores. La autopsia reveló que tenía la espalda fracturada. Todos los entrevistados por la ACLU dijeron aguardar semanas para conseguir una cita con el médico. La gravedad de esta situación adquiere dimensiones letales sabiendo que no se permite el ingreso de medicamentos y la tylenol es la única medicina accesible sin prescripción médica.

El informe de ACLU hizo revelaciones aún más estremecedoras: migrantes tratados con sedantes y físicamente sometidos, obligados a firmar y estampar sus huellas digitales en documentos que no podían leer o entender, deportados sin previo aviso, encarcelados por años mientras esperaban la resolución de laberínticos procesos legales, alojados de tres en tres en celdas apenas aptas para un interno o hacinados en galerías sobrepobladas donde durmieron amontonados en el suelo, maltratados por cancerberos malhumorados que les gritaron insultos racistas y les negaron el acceso a los baños, obligados a compartir celdas con violentos criminales, desnudados para revisiones periódicas, mal alimentados y bebiendo agua sucia, privados del acceso a una biblioteca de leyes, servicios educacionales, periódicos y otros materiales de lectura. ACLU denunció que el auto-monitoreo del ICE se efectúa anunciando las visitas a los centros para darles tiempo a que presenten su mejor rostro y que se concentra en la metafísica de las políticas y no en las condiciones reales de los detenidos.

A inicios de 2009, la Universidad de Arizona dio a conocer su informe Unseen Prisioners: A Report on Women in Immigration Detention Facilities in Arizona. Mostró hallazgos idénticos a los del Relator de la ONU y la ACLU. El coro anti-ICE había sumado voces de variados registros: Naciones Unidas, la sociedad civil y la academia.

MÉXICO: CARCELERO DE CENTROAMERICANOS

Con hallazgos similares, un informe de la International Federation for Human Rights (FHR) de marzo de 2008 logró profundizar en la situación específica de los migrantes -mayoritariamente centroamericanos- detenidos en México.

El objetivo era dar cuenta de las violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados en su tránsito hacia Estados Unidos y por eso dedicaba amplio espacio a las muertes en el desierto, a los peligros en el cruce de la frontera y a los abusos durante el arresto. También abarcó las violaciones a los derechos humanos en los centros de detención de México. La FHR visitó 3 de los 119 centros de retención migratoria mexicanos, 51 permanentes y 68 adicionales para temporadas altas con abundancia de extranjeros “que no pueden demostrar su estatus legal” y señaló la incompatibilidad de la normativa del Instituto Nacional de Migración, que establece para las detenciones un máximo de 90 días -y en algunos casos reclusión indefinida- y el artículo 21 de la Constitución mexicana, que limita las sanciones administrativas a un máximo de 36 horas. También denunció que los menores estaban siendo sometidos a los mismos períodos de detención que los adultos, amparados en un cuerpo legal que no establece distinciones ni excepciones, salvo para exacerbar su rigor.

Reportó extorsiones, maltratos, abuso sexual, ofensas verbales y robos contra los migrantes en las estaciones migratorias, que suelen estar sobrepobladas y pobremente dotadas de servicios de salud. La estación de Tapachula destaca por su hacinamiento: los migrantes deben dormir en los corredores y exponerse a enfermedades por servicios sanitarios saturados, comida de baja calidad y falta de acceso permanente a agua potable. En ninguno de los centros existen mecanismos para que los migrantes puedan presentar sus quejas.

Los migrantes detenidos en México no sólo carecen de información básica sobre su proceso (por qué fueron detenidos en México, el tiempo de la detención, los procedimientos a seguir, la resolución tomada) y de acceso a representación legal, sino que también -con frecuencia- son amenazados por los oficiales (subdirectores de centros, personal de custodia y agentes de servicios sociales) con una detención prolongada si emprenden una acción legal, como recurrir a un juicio de amparo o presentar cargos criminales contra los oficiales que reiteradamente violan sus derechos. La organización Sin Fronteras declaró que jamás había encontrado un solo deportable que tuviera en sus manos una orden escrita de deportación.

OTROS DOS INFORMES PRUEBAN
QUE MIGRAR ES UN DELITO

Con el informe de Amnistía Internacional de 2009, el monitoreo recibió una guía de qué analizar y con qué medios. Florecieron entonces dos monitoreadores que se han mantenido en el tiempo y han hecho un esfuerzo por proporcionar cuestionamientos con representatividad estadística, basados en las bases de datos del ICE.

El Global Detention Project denunció que de los 32 mil immigrantes detenidos que había en marzo de 2009, casi el 60% no tenía cargos criminales, ni siquiera el cargo de haber ingresado ilegalmente al país o haber cruzado la frontera sin documentos. Tengamos presente que en Estados Unidos la detención sólo es obligatoria para personas con récord criminal. Más de 400 internos sin récord criminal habían guardado prisión por al menos un año. Una docena, por tres años o más, y un inmigrante de China tenía más de cinco años de estar recluido. Casi 10 mil habían permanecido más de 31 días, la cifra promedio con la que el ICE ilustra su eficiente manejo de las detenciones. El tiempo promedio de reclusión se catapultó desde los 2.7 a 26.3 días, 874% de aumento entre 1978 y 1992. En 2009 alcanzó los 114 días, si sumamos los días previos y posteriores a la orden de remoción.

En septiembre de 2009 Donald Kerwin y Lin Yi-Ying dieron a conocer un devastador informe sobre las detenciones: Immigration Detention. Can ICE Meets Its Legal Imperatives and Case Management Responsabilities? Algunos hallazgos son similares a los del Global Detention Project. Otros son aún más espeluznantes. Según las estimaciones de Kerwin y Yi-Ying sobre la base de datos del ICE, de los 32 mil detenidos que había en centros del ICE el 25 de enero de 2009, 18 mil 690 eran inmigrantes con casos pendientes. En promedio tenían 81 días de confinamiento. El 74% tenía menos de 90 días, el 13% entre 90 días y seis meses, el 10% entre seis meses y un año, y el 3% un año o más. Los 10 mil 873 detenidos que habían recibido órdenes finales de remoción tenían un promedio de 72 días de reclusión posteriores a la orden de deportación. El 58% de los detenidos no tenía cargos criminales. Cuando los tenían, los cargos más serios eran el coyotaje (13%) y ofensas inmigratorias (6%). En la era de la búsqueda de terroristas, migrar se había convertido claramente en un delito.

NIÑAS Y NIÑOS CAPTURADOS Y RECLUIDOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un extenso informe en 2010: Inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso. El texto reafirma la posición esencial de Amnistía: “La detención migratoria debe ser excepcional y atender a circunstancias procesales muy específicas como asegurar la comparecencia del o la inmigrante o a la necesidad de proteger la seguridad pública en casos muy limitados”. La crítica de fondo: en ausencia de un sistema de detención civil, los migrantes reciben el tratamiento de convictos penales. El punto de la OEA: mientras se encuentren detenidos por el ICE, incluso los migrantes con antecedentes penales deben estar sometidos a una detención civil. La OEA observó que, pese al insuficiente monitoreo del ICE, esta institución desaprobó en 2008 y 2009 el cumplimiento de los estándares de detención en el 40% de los centros.

Además de reiterar estas violaciones, siguiendo el mismo esquema de AI, la OEA añadió una nueva e imprescindible problemática: la detención de niños con sus familias o no acompañados. La OEA denuncia casos de padres que han perdido la custodia de sus hijos tras haber permanecido detenidos poco más de un año. La Ley Federal de Adopción y Familias Seguras establece que, cuando un niño o niña ha permanecido bajo la custodia del Estado durante 15 de los últimos 22 meses, el padre y/o la madre pierden la custodia.

En los años anteriores al informe, la patrulla fronteriza detuvo un promedio anual de 90 mil menores no acompañados. La OEA mostró su preocupación porque, debido a su ubicación rural, muchos albergues para niñez no acompañada tienen notorias dificultades para contratar y retener personal calificado en las áreas de salud, trabajo social y otras. Pero su principal queja apuntaba a problemas más graves: carencia de un sistema de observación efectiva y confidencial, y demandas judiciales por abusos físicos y sexuales.

“SENTÍA Y CREÍA, QUE YO ERA MALO”

El antecedente de estas denuncias fue un informe de la Women’s Refugee Commission titulado Halfway home: Unaccompanied Children in Immigration Custody, publicado en febrero de 2009. El informe fue hecho en coautoría con una firma legal que incluye a 1,100 abogados de 21 oficinas en Asia, Norteamérica y Europa. Sus clientes incluyen 100 empresas de la lista de Fortune. El trabajo de campo del informe denunció condiciones de las patrullas fronterizas inapropiadas para niños, cantidad de menores no trans-feridos a los albergues en el establecido plazo de 72 horas, concentración de los albergues en áreas rurales que afectan su calidad, albergues proporcionando información al DHS, lo que dificulta la reunificación familiar, carencia de representación legal y ambientes con excesivas restricciones.

Retomando con apasionamiento esta bandera en 2012 la International Detention Coalition lanzó su informe Captured Chilhood, que recoge testimonios de menores detenidos en diversos centros alrededor del mundo. Carolina -hondureña de 16 años, detenida en Estados Unidos- cuenta: “Teníamos libertad en esa casa, como qué comer, cuándo jugar, pero no podíamos salir. Yo lloraba mucho porque eso me recordaba cuando fui encerrada durante mi secuestro”. Inmeditamente después de su captura, Sergio, salvadoreño de 16 años, fue enviado a la “caja de hielo”, un cuarto sin ventanas ni luz natural. El aire acondicionado estaba tan fuerte que no podía dormir. Fue sometido a esa estrategia de los patrulleros fronterizos para desincentivar su ingreso irregular en Estados Unidos. Los efectos psicológicos de estos confinamientos son devastadores. Carlos, hondureño de 16 años, relata que lo pusieron en “el hoyo” -un cuarto sin ventanas- por tres días: “Me sentía como un animal. Sentía, yo mismo creía, que yo era malo, que yo tenía algo que otra gente podía ver y yo no. Y por eso ellos me hicieron creer que yo actué mal, que me comporté mal, que merecía estar ahí. Empecé a creer que lo merecía”.

SECUELAS FAMILIARES DE LA DETENCIÓN

Con la preocupación por los menores detenidos se fue gestando una creciente atención por las secuelas que la detención sedimentaba en los menores y las consecuencias para su vida familiar. Destaca el informe In the Child’s Best Interest? de la Universidad de California, que reveló que no sólo los migrantes irregulares estaban siendo afectados. La aplicación de la Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act significó que entre abril 1997 y agosto 2007 el gobierno estadounidense deportó a 87,884 migrantes con residencia legal permanente, una cuota promedio anual de aproximadamente 8,700 migrantes. Más de la mitad tenían al menos un hijo.

Esa marejada anti-inmigrante expulsó del país a los padres de 103,055 niños, de los cuales 88,627 (86%) eran ciudadanos estadounidenses. Más de la mitad de esos niños (44,422) no tenía siquiera cinco años de edad cuando su padre y/o madre fueron repatriados. A la afectación de esos niños hay que sumar la de 217,068 familiares estadounidenses: maridos, esposas, hermanos y hermanas.

El informe de la Universidad de Berkeley insistió en la vulnerabilidad de los derechos de esos niños y en la perniciosa impronta que la separación había dejado sobre su salud física y mental. Pero, al enfocarse exclusivamente sobre los residentes legales -quizás buscando un golpe de efecto sobre la opinión pública estadounidense, mejor predispuesta hacia este grupo que hacia los indocumentados- el informe había vuelto a trazar una línea que otros informes, activistas y académicos se habían esforzado en borrar: la línea donde un documento y una autorización estatal son los únicos salvoconductos para garantizar el ejercicio de los derechos.

Cualquiera que sea la justificación para ese enfoque exclusivo en residentes legales permanentes, puede ser refutada con la propuesta de analizar todos los casos, distinguiendo entre la situación y cifras de cada grupo de migrantes: naturalizados, residentes, trabajadores con permiso temporal, indocumentados con menos de dos años de haber llegado e indocumentados con más de dos, cinco, diez, veinte años de residir.

El Centro de Derechos Humanos y Justicia Internacional del Boston College ha realizado análisis anuales de esta temática, pero con una óptica no excluyente, pues la mayoría de sus encuestados y entrevistados son indocumentados. El trabajo con familias deportadas en Guatemala y El Salvador dio lugar a por lo menos a dos trabajos científicos sobre el impacto de la detención y la deportación en los niños migrantes latinos y sus familias. Entre sus hallazgos señalaron que los padres con mayores niveles de vulnerabilidad legal reportan un mayor impacto en el ambiente familiar durante la detención y deportación que afecta su bienestar emocional, su capacidad para proporcionar ingresos y el mantenimiento de sus relaciones familiares. Sus hijos a menudo tienen problemas en la escuela.

Estos estudios también revelan que muchos hijos de inmigrantes viven en familias de “estatus mixto”, donde uno de los progenitores es indocumentado y el otro es residente o ciudadano estadounidense. Entre los latinos, el 40% de los niños migrantes de segunda generación tienen un progenitor indocumentado. Son los más propensos a que sus familias terminen fragmentadas o incluso desintegradas por la deportación. La política de dejar a los niños estadounidenses hijos de deportados viviendo en Estados Unidos, adoptada para que “prevalezca el interés del menor”, termina produciendo un enorme daño, con períodos de detención que empobrecen a las familias y llenan a los niños de furia, confusión y ansiedad.

2012: VUELVE AMNISTÍA INTERNACIONAL

En 2012, con la Operación “Comunidades seguras” trabajando a todo gas -pues aunque Bush la engendró, Obama le regaló opíparos banquetes-, Amnistía Internacional publicó un nuevo informe: En terreno hostil: Las violaciones de los derechos humanos en la aplicación de las leyes de inmigración en el suroeste de los Estados Unidos.

La sección dedicada a las detención es relativamente breve, pero contiene testimonios muy elocuentes, como el de un mexicano de 33 años -que reside en Estados Unidos desde 1998- describiendo su experiencia en un centro de procesamiento de detención en Tucson, Arizona: “Ellos me explicaron algunos de mis derechos, pero me dijeron que no tenía derecho a estar en este país, que mi país es México, que estaba perdiendo mi tiempo con el proceso inmigratorio porque era imposible. Yo sentí como que estaban tratando de lavarme el cerebro. Me dijeron que yo tenía que estar en la cárcel por lo menos seis meses si yo quería un juez de inmigración. Trataron de poner mi huella del pulgar en una hoja de papel. El agente me torció un brazo atrás de mi espalda y me jaló el otro brazo hacia adelante cuando traté de poner las manos en mi bolsillo. Él continuó preguntando por qué yo no firmaba, ya que no tenía ningún derecho a estar en el país. Él me estaba gritando para asustarme y hacerme firmar”. Este mexicano no había cometido ningún delito. Otros detenidos, cuyos testimonios acopia el informe, habían cometido delitos menores. Entre 2010 y 2012 hubo una creciente criminalización de conductas antes permitidas y ONG y periodistas profundizaron en la trayectoria y las razones económicas de esa multiplicación de lo criminal.

EL NEGOCIO DE LA DETENCIÓN:
UNOS SUFRIENDO Y OTROS GANANDO

Las prisiones solían ser un monopolio del Estado-nación. En la mayor parte de los países -si no en casi todos- las cárceles son propiedad del Estado y únicamente pueden ser administradas por sus funcionarios, entrenados y acreditados como miembros de la policía o del sistema judicial. En la era neoliberal, los empresarios emprendedores ofrecen servicios de confinamiento al gobierno estadounidense. Alquilan celdas y cancerberos.

Entre 1999 y 2010, las cárceles privadas en Estados Unidos pasaron a acoger del 10% al 16% de todos los detenidos. El emprendedurismo no tiene límites. Ofrece lo que jamás se pensó que tendría un comprador: vende cautiverio. Es decir, vende un servicio cuyo consumo el Estado impone a ciertos individuos. El Estado sigue determinando quién ha de consumirlo, pero renunció a la exclusividad de su provisión. La privatización de la seguridad ciudadana ha llegado a este extremo, que parece extraído de una novela de Orwell.

¿Por qué esa renuncia? El gobierno federal de Estados Unidos sostiene que la subcontratación deriva en una reducción de costos: en las cárceles administradas por el ICE el costo diario por detenido fue de 119 dólares en 2007 y el sector privado de las mazmorras cobraba menos: 88 dólares por cliente. Los bajos salarios obraban el milagro: los carceleros privados reciben un salario de 28,790 dólares anuales, mientras los públicos tienen un salario medio de 38,380.

Pero la factura que las cárceles privadas transfieren a los contribuyentes se ha venido abultando. Hace una década el gobierno pagó 760 millones a las empresas privadas. En 2012 el costo a los contribuyentes sobrepasó los 5 mil millones, cancelados en 13 contratos de variada duración por custodiar a 23 mil “criminales inmigrantes”. El costo unitario por día, que fue de 80 dólares en 2004, llegó a 166 en 2012. Y ahora el gobierno no puede decir no a los carceleros privados. Para costear esta ola creciente, Barack Obama -carnal de los latinos cuando está en campaña- solicitó 97 millones de dólares extra en 2011 y otros 50 millones más en 2012.

Corrections Corporations of America (CCA) es el consorcio que más contratos obtiene por vender encarcelamientos. Su página web proclama que es el America’s Leader in Partnership Corrections y, curándose de la lluvia de ataques, advierte: “Bienvenido a CCA, el líder nacional en proporcionar soluciones correccionales al gobierno federal, estatal y local. Nuestra compañía -la primera en su tipo- fue fundada en 1983. Nuestro enfoque de sociedad pública-privada en correcciones combina la reducción de costos y la innovación en los negocios con el seguimiento de estrictas directrices y una supervisión gubernamental sostenida. CCA beneficia a los Estados Unidos protegiendo la seguridad pública, empleando a los mejores con sólidas carreras, rehabilitando internos… Todo ello mientras ahorra los dólares de los esforzados contribuyentes”.

GEO: LÍDER MUNDIAL EN CÁRCELES PRIVADAS

El activista Peter Cervantes-Gautschi nos dio a conocer que “en los últimos cuatro años aproximadamente un millón de inmigrantes han sido encarcelados en peligrosos centros de detención en el sistema privado de cárceles. Un número creciente de reportes e investigaciones confirman que para muchos de los empujados a este sistema, es una gran pesadilla. Niños fueron abusados, mujeres fueron violadas, y hombres se murieron por falta de atención médica básica. Estos centros son manejados por dos empresas apoyadas por Wall Street: CCA y el Grupo GEO. Recientemente, GEO acordó pagar indemnización por el abuso físico de sus empleados hacia presos que fueron desnudados y registrados en Pennsilvania, Illinois, Texas y Nuevo México. En otro caso GEO tuvo que pagar 40 millones de dólares por la muerte injusta de un preso detenido en Raymondville, Texas. GEO también ha enfrentado una demanda de siete niños que fueron abusados sexualmente por un guardia durante su detención en un centro de GEO”.

CCA, con sede en Nashville, Tennessee, y el Grupo GEO, con sede en Boca Ratón, Florida, son las dos mayores empresas en el negocio de la reclusión. Obtuvieron 1.73 y 1.6 mil millones de ganancias en 2011. Según Cervantes-Gautschi, juntas son la fuerza más potente tras las bambalinas de los esfuerzos legislativos anti-inmigrantes. George Zoley, presidente de GEO, ayudó a recaudar más de 100 mil dólares para las campañas de Bush-Cheney en 2000 y 2004. Por eso, fue premiada en 2003 con un contrato para manejar el Campamento de Detención de Guantánamo en Cuba.

Se trata de un negocio transnacional: GEO es el mayor proveedor mundial de prisiones: 101 centros, 73 mil camas y 18 mil empleados en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Sudáfrica. Se anuncia con la verborrea comercial y la conciencia libre de culpa de quien vende refrigeradoras o pañales biodegradables: “Como proveedor líder en la industria desde 1984, ofrecemos a nuestros clientes alta calidad, servicios con costos eficientes, programas innovadores y enfoques revolucionarios”. Lo sepan o no, lo quieran o no, los estadounidenses son los mayores compradores de los servicios de GEO. En Estados Unidos GEO tiene 59 centros y 61,279 camas. Con este cliente, GEO logró pasar de un ingreso neto de 16.9 millones en 2000 a 78.6 millones de dólares en 2012.

11 DE SEPTIEMBRE:
EL PARTEAGUAS SALVADOR

El 11-S operó un milagro. Fue el parteaguas salvador en el mercado de las reclusiones. Steve Logan, antiguo CEO de Cornell, en una conferencia a inversionistas comentó sobre el futuro de la industria carcelaria: “Es claro que los eventos del 11 de septiembre dispararán las detenciones en las fronteras y al interior de los Estados Unidos. Más gente será capturada. Y eso es positivo para nuestros negocios. Los eventos del 11 de septiembre elevarán el nivel de esos negocios.” El 11-S los salvó de la bancarrota, al borde de la cual se encontraban a fines de la década de los 90. La persecución contra los migrantes desatada tras el ataque a las Torres gemelas los rescató.

Ahora sí sabemos por quién doblan las campanas. No por el luto, tocan a rebato celebrando el triunfo de los mercenarios de las ergástulas. Las cifras cantan solas: en 2002-2011, el número de reclusos en prisiones privadas creció en un 355%, en contraste con un crecimiento del 28% y 67% en el sector público federal y estatal. Seis estados alojan a más del 25% de sus presos en centros privados: New Mexico (46%), Montana (36%), Hawaii (35%), Vermont (34%), Alaska (29%) y Idaho (29%), según un informe que en 2009 emitió CCA. Casi 2 millones y medio de migrantes han recalado en estos centros de detención desde 2003.

CÓMO CRECE UN “MERCADO CAUTIVO”

Este nuevo dinamismo del mercado no ocurrió por generación espontánea. CCA declaró en su informe anual de 2010 que “la demanda de nuestros centros y servicios puede ser adversamente afectada por la relajación de los esfuerzos en aplicar la ley, la indulgencia con los convictos o los estándares de libertad bajo palabra y el tipo de sentencias o la descriminalización de ciertas actividades que son actualmente proscritas por nuestra legislación penal”. Ergo: la clave está en extender el área de lo jurídicamente punible. Por eso, en diciembre de 2006, coincidiendo con -o alentando- la ola de redadas, GEO y CCA sacaron de sus monederos 6 millones de dólares para presionar a los políticos hasta lograr que se aplicara la legislación de 1996 con todo su rigor: los capturados en las redadas fueron procesados por delitos como portación de documentos falsos, fraude en sus declaraciones fiscales, suplantación de identidad, etc.

De esta forma se creó un “mercado” potencial -¡un mercado cautivo, nunca mejor dicho!- de más de 35 millones de nuevos delincuentes en un abrir y cerrar de atónitos ojos. La inmensa clientela podía incluir a los más de 10 millones de indocumentados y a muchos más millones de residentes e incluso ciudadanos penalizados por su portación de rostro. Para proporcionar carne de celda en 2007 el ICE organizó 30,407 redadas, el doble que en 2006, y por eso el número de inmigrantes detenidos saltó de 256,842 a 311,169.

Esta repentina “demanda” tuvo un impacto que se reflejó en el termómetro de Wall Street: las acciones de CCA, que en 2004 se cotizaban a 12.15 dólares, en marzo de 2008 fueron elevadas a 26.86 por la confianza de los inversionistas, quienes saben que CCA sabe hacer un cálculo costo-beneficio a ojo de buen carcelero: en algunos casos cobra 200 dólares al día por cada detenido, cuando el promedio nacional es de 54 dólares.

Los costos para los contribuyentes se dispararon. De 2006 a 2012, el presupuesto del ICE para la captura, detención y deportación de inmigrantes se incrementó en 51%. En 2011, el sitio web Seeking Alpha, ducho en análisis de Wall Street, reportó que el ingreso de GEO por servicios de cuidado de salud en las cárceles llegó a 1 mil millones de dólares en marzo de 2009, una ganancia de 5.8%. El margen de ganancia para CCA, en el mismo período y en 19 estados, fue superior a 1 mil 900 millones de dólares. Así se consolidó una tríada concatenada por la división del trabajo: los migrantes penando, los carceleros ganando y los contribuyentes pagando.

CARCELEROS, POLÍTICOS Y LEGISLADORES:
INTERESES COMUNES

Por descabellado que parezca, esta bonanza no bastó para retener a los peces gordos como J.P. Morgan, uno de los principales accionistas de GEO. Calculando que había terminado el tiempo de las vacas gordas -posiblemente alarmado por las presiones de los migrantes que se manifestaron en 2006, valorando equivocadamente la victoria de los demócratas y temiendo la insuficiencia de personal policíaco para sostener un número creciente de capturas-, J. P. Morgan vendió sus acciones. Wells Fargo -nuevo accionista mayor de GEO- y Bill Ackman -director de Pershing Square, dueño principal de CCA, junto con Bank of America- no se quedaron de brazos cruzados. GEO y CCA volvieron la vista hacia el nivel estatal y local.

Así se incubó la ley SB1070 de Arizona. Jan Brewer, gobernadora de ese estado, recibió financiamiento de CCA y en su equipo, como asesores principales, tenía a dos antiguos cabilderos de CCA: Chuck Coughlin y Paul Sensman. Russell Pearce, ex-senador de Arizona que funcionó como pieza clave en el impulso a la SB1070, era entonces miembro ejecutivo de la fuerza de tarea sobre seguridad pública y elecciones del American Legislative Exchange Council (ALEC), presidida por la National Rifle Association e integrada, entre otros, por CCA. Con más de dos mil legisladores estatales en su bolsillo -un tercio del total-, ALEC es la más voluminosa asociación no partidaria de legisladores estatales, según tamborilea su bullicioso sitio web. Las 200 corporaciones y grupos de interés que la integran también la convierten en la mayor asociación pública-privada, con socios de tanta prosapia como Exxon Mobil, Blue Cross, Boeing y Wal-Mart.

Antes de someterla al Senado de Arizona, Pearce sometió su propuesta de ley a la habitual revisión de 30 días por parte de los abogados de ALEC, representantes de corporaciones y legisladores. El borrador de la temida SB1070 se cocinó en los hornos de ALEC. Investigadores han mostrado que, tras cada asamblea de ALEC, cada legislador regresa a su terruño con mil proyectos de ley, 20% de los cuales logran cristalizar en leyes.

LAS LEYES ANTI-INMIGRANTES
NUTREN LA INDUSTRIA CARCELARIA

La SB1070 de Arizona provocó un efecto dominó de legislación anti-inmigrante que CCA y GEO supieron empujar y continúan alentando mediante el financiamiento de campañas electorales, a menudo repartiendo parejo entre demócratas y republicanos. Según Cervantes-Gautschi, esta ola legislativa xenofóbica pudo extenderse como mancha de aceite debido a la falta de acción por parte del Congreso federal, ocasionada por una combinación de inversiones de la industria carcelaria en cabildeo y campañas electorales, y a una peligrosa asociación de intereses personales. La mayoría de los miembros del Congreso -dice- tienen inversiones personales en CCA y GEO. Por ejemplo, el Senador de Wyoming, Mike Enzi, es inversionista de Pershing Square, el fondo de protección que tiene el mayor número de acciones en CCA. En el pico de las redadas, el entonces Vicepresidente Dick Cheney estaba invirtiendo sus ahorritos en Vanguard, uno de los accionistas mayores de GEO.

Éstos y otros legisladores reciben miles para sus campañas. El senador republicano de Arizona John McCain recibió 71 mil dólares de parte de CCA para su fallida campaña presidencial. El representante republicano de Kentucky Hal Rogers recibió alrededor de 59 mil dólares. Rogers dirigió el primer subcomité sobre seguridad nacional y a menudo critica al ICE por no disponer de suficientes camas para los detenidos. De 2003 a la primera mitad de 2012, los candidatos a las cámaras estatales y los partidos políticos recibieron más de 5.32 millones de dólares de las compañías privadas de prisiones.

En los 10 estados donde más cabildean, estas compañías llegaron a invertir 8 millones de dólares en los últimos 10 años. En 2003-2010, CCA se hizo con el control de la mitad de las camas con el que el sector privado participa de la industria carcelaria, al invertir 14.5 millones de dólares en cabildeo ante el DHS, el ICE, el Department of Justice, la Office of Budget Management, el Federal Bureau of Prisons y las dos cámaras del Congreso.

Según Detention Watch Network, en 1999-2009 entre las cinco corporaciones que venden servicios carcelarios al ICE destinaron más de 20 millones de dólares al cabildeo. El grueso fueron 18 millones de CCA y 2 millones de GEO. Con estas picas en Flandes, en 2005-2009, por cada dólar que GEO gastó presionando al gobierno federal, recibió 622 en contratos hasta redondear la gordita suma de 996.7 millones. CCA recibió un retorno de 34 por cada dólar invertido en cabildeo hasta llegar a los 330.4 millones.

Los intereses económicos personales de los políticos están tan ligados a las empresas correccionales y éstas ejercen un cabildeo tan agresivo que no es previsible un descenso de la industria carcelaria a corto plazo. En su calidad de miembros del ALEC -colaboración entre corporaciones multinacionales y políticos conservadores-, CCA, GEO y la National Rifle Association hicieron alianza para conseguir la aprobación de dos iniciativas legales: la llamada truth-in-sentencing y la tres strikes y estás out. La primera obliga a que los delincuentes violentos cumplan con al menos el 85% de la pena antes de optar a la reducción de condena. La segunda implica que la tercera condena deberá ser penalizada con cadena perpetua. Ambas apuntan a prolongar el consumo de las prisiones, a dilatar la demanda. Tom Ridge, primer director del DHS, fue miembro de la fuerza de tarea que promovió estas iniciativas. Una investigación de la revista In These Times mostró que los promotores de la SB1070 estaban tan dedicados a la seguridad fronteriza como a la promoción de las fortunas de CCA y GEO.

HÉCTOR, MARIBEL, FABIANA, LETICIA, JOSUÉ...

La aplicación de la SB1070 y de las leyes de 1996 sigue incrementando el encarcelamiento de migrantes, extendiéndose indiscriminadamente desde los indocumentados hasta los ciudadanos. Nadie está a salvo de la denigrante combinación de lo penal con lo venal. La ACLU de Arizona, en su documento In their own words, sobre los abusos en los centros de detención de Arizona, expuso en junio de 2011 historias de migrantes capturados que muestran la expansión del mercado de los cautivos contra tiempo (de residencia), marea y documentos en regla.

Héctor había vivido en Tucson desde que, a los cinco años de edad, fue adoptado por un matrimonio estadounidense. Tiene una licenciatura en ciencias políticas. En 2010 fue detenido por una infracción de tránsito. Con la coartada de que sus huellas digitales no lo identificaban como ciudadano estadounidense, fue retenido durante cinco meses en Florence Correctional Center, una de las cárceles privadas subcontratadas por el ICE.

Maribel fue detenida mientras conducía. Sólo porque sí. No había cometido infracción alguna: “Me detuvo porque tengo pelo oscuro y luzco como latina”. Mostró su carnet de identidad y el policía sentenció: “Ésa no eres tú. El documento es falso”. La enviaron un mes a Florence y sólo pudo salir bajo fianza para continuar peleando su caso.

Fabiana vive en Estados Unidos desde que tenía 12 años. Es residente legal. Madre y esposa de estadounidenses. Fue detenida por la policía de Maricopa durante una redada. Después de un interrogatorio fue transferida a celdas del ICE, de donde la retornaron a las celdas del condado. Al comprobarse su carencia de antecedentes penales, fue retransferida al ICE. En lugar de liberarla, el ICE le recetó tres semanas en Florence hasta que pudo salir bajo fianza para seguir su proceso en las cortes migratorias.

Leticia, guatemalteca madre de dos estadounidenses y con 20 años de residir en Estados Unidos, fue recluida durante 21 meses en Eloy y Florence Detention Centers, ambos propiedad de CCA. El estadounidense Josué fue detenido por conducir bajo efectos del alcohol. A pesar de que presentó su certificado de nacimiento como estadounidense, fue transferido al ICE para hacerle el negocio a las empresas privadas.

EL DELITO DE “PORTACIÓN DE ROSTRO”

También Tennessee acusó la expansión de las detenciones. En Consequences & Costs, ACLU se concentró en lo que estaba ocurriendo en el condado Davidson de Tennessee: conducir se había convertido en un delito en Davidson desde que en 2006 se cortó la emisión de licencias de conducir a indocumentados. El 41% de los extranjeros arrestados lo fue debido a infracciones menores de tránsito, cargos que sólo se imputaron al 20.7% de los estadounidenses bajo arresto. Un policía llegó a decir sobre unos latinos: “No están haciendo nada malo, pero tienen una apariencia sospechosa”.

El look, la portación de rostro, se había convertido en motivo de detención. ACLU denuncia el pronunciado sesgo étnico de los arrestos en Davidson. Las consecuencias comunitarias de esta persecución claramente enfocada fueron: la reducción de las denuncias por desconfianza en la policía (42% de los latinos entrevistados sabían de delitos y no los reportaban) y comunidades aterrorizadas. Las consecuencias para CCA y GEO: más presos a sus cárceles, más dólares a sus arcas.

En el cuestionamiento de este sistema se apela con frecuencia al sentido práctico de los estadounidenses. Es lo que podríamos calificar también como un recurso al egoísmo, visible en informes que no enfatizan o ni siquiera mencionan los abusos a los derechos humanos y que tampoco cuestionan el derecho a deportar y a separar familias, como el emitido por el Immigration Policy Center en octubre de 2011, que calcula que 166 dólares por detenido al día significan 60,590 dólares por detenido al año, y que, en contraste, alternativas a la detención enfocadas en una buena supervisión pueden abaratar los costos desde 14 dólares hasta 30 centavos por persona al día.

LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS
ESTÁN AL SERVICIO DEL CAPITAL

El rechazo del sector más comprometido de la sociedad civil estadounidense a la privatización de la seguridad y sus esfuerzos por eliminarla hunde sus raíces en motivaciones éticas: lucrarse mediante la reclusión de personas, fomentar la creación de un mercado de cautivos y tratar con idéntica asepsia moral la inversión en chocolates que el negocio de las prisiones son razones suficientes para el rechazo, pero no necesariamente se relacionan con una perversidad novedosa en las ambiciones del capital.

Este rechazo a veces llega más allá e implica dos novedades -una práctica y la otra en la concepción de fondo-, que ponen de manifiesto, en este terreno, la contradicción entre la estrategia del capital y el marco liberal de los derechos humanos. La novedad práctica es el deterioro de la calidad de la reclusión, ligado a la privatización de los servicios carcelarios: varios estudios han demostrado que la reducción de costos y el afán de lucro se traducen indefectiblemente en personal menos entrenado, trabajadores frustrados por sus bajos salarios y rotación de empleados, rasgos que a su vez multiplican los casos de violencia, abuso, negligencia y bajos estándares en cuidados de salud. El desmedido afán de lucro también implica que a esa -nunca mejor llamada- “clientela cautiva” se le imputan precios leoninos por servicios elementales. Esos precios imposibilitan el contacto frecuente con familiares y abogados.

El mayor centro de detención de migrantes en Estados Unidos -Stewart Detention Center, prisión administrada por CCA en Lumpkin, Georgia- cobra a los reclusos cinco dólares por cada 12 minutos de llamadas a teléfonos fuera del estado. Las raciones de comida son tan espartanas que algunos migrantes deben pagar 40 dólares semanales por raciones extra. Para poder pagar por estos servicios, a los internos se les ofrece la envidiable oportunidad de ganar entre 1 y 3 dólares al día por jornadas de ocho horas como cocineros, limpiadores y barberos. 1,752 internos son sometidos a este régimen de trata laboral.

También hay otra novedad -con suficiente base empírica pero poca reflexión en los informes- referida a la concepción del sistema de justicia. La aplicación cotidiana de las políticas migratorias estadounidenses ha dado un giro jurídico radical al colocar los derechos humanos bajo la tutela del capital. Este tratamiento mercantil de la punición estatal -cuyos derivados forman parte de la mayor parte de las denuncias expuestas en los informes- no sólo segrega un deterioro de la calidad de vida de los reclusos por mor de la reducción de costos, el fomento de las redadas y las políticas anti-inmigrantes para expandir la demanda y el desbocado incremento del consumo de los servicios carcelarios inducido mediante la extensión de los períodos de reclusión. También coloca las políticas públicas al servicio de particulares y somete los derechos humanos al principio del cálculo costo-beneficio. A la postre, las políticas migratorias son diseñadas en Wall Street y en los mentideros donde cuchichean sus intrigas el conservatismo y los preso-dólares.

“TEME A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”

Existen diversas organizaciones que presentan batalla contras las detenciones en Estados Unidos y globalmente. Destacan el Global Detention Project, la International Detention Coalition, la Detention Watch Network y los reporteros de The Business of Detention. Su lucha más encarnizada se dirige contra la detención de niños migrantes. También suelen tener otras propuestas más abarcadoras. Grosso modo asumen y repiten las atrevidas propuestas que en su informe de 2009 lanzó Amnistía Internacional:

1. La aprobación por parte del Congreso estadounidense de una prohibición de las detenciones a inmigrantes y solicitantes de asilo. La detención sería un último recurso.

2. El gobierno estadounidense debería asegurarse de que medidas alternativas -como reportarse periódicamente o pagar una asequible fianza- estén siempre explícitamente consideradas antes de recurrir a la detención.

3. La aprobación de una ley que asegure a todos los inmigrantes y solicitantes de asilo el acceso individual a audiencias sobre la legalidad, necesidad y adecuación del confinamiento. Podría recurrirse a la detención sólo si el gobierno demuestra -en cada caso individual- que es una medida necesaria y proporcionada. Todas las decisiones de detención deberían estar sujetas a una revisión formal, regular y ceñida a un cuerpo judicial para evitar toda discrecionalidad por parte de los funcionarios del ICE. Los inmigrantes deberán ser aconsejados sobre las opciones disponibles para poner fin a su detención y sobre cómo acceder a las mismas.

4. El gobierno estadounidense debería asegurar la adopción de los estándares de detención compatibles con el ejercicio de los derechos humanos en todos los centros de detención que alojen migrantes. Lo hará por medio de leyes o de políticas y procedimientos de aplicación obligatoria emitidos por el Department of Homeland Security. Deberá haber una supervisión independiente y efectiva para asegurar la compatibilidad con los estándares de detención y la rendición de cuentas por cualquier tipo de violación a los derechos humanos.

Estas propuestas dibujan un horizonte de posibilidades ceñido a derecho. Pero se asientan sobre un tenebroso paisaje donde el temor a los otros va urdiendo una maraña donde unos se recluyen voluntariamente en ciudadelas y otros caen en los reclusorios de alquiler. Teme a tu prójimo como a ti mismo fue el título de una charla con la que el filósofo esloveno Slavoj Zizek buscaba enunciar la filosofía más diseminada de nuestro tiempo. Para Zizek, el ejemplo máximo de la implementación de esa ideología es Estados Unidos, la tierra donde todo puede ser una agresión: “Tocar a alguien, mirarlo demasiado... Igual que queremos pasteles sin azúcar, queremos a un prójimo descafeinado”.

DEL ESTADO DE BIEN-ESTAR
AL ESTADO DE PRESO-ESTAR

El sociólogo polaco Zygmunt Bauman nos recuerda que “Bourdieu observó que el estado de California, elogiado por ciertos sociólogos europeos como el paraíso mismo de la libertad, dedica a la construcción y el mantenimiento de las prisiones un presupuesto que supera de lejos el total de los fondos públicos asignados a la educación superior”. El estado de preso-estar ha sustituido al estado de bien-estar. En este ambiente, no sólo los migrantes están expuestos a esta marea criminalizadora. Las detenciones de migrantes son quizás la manifestación más desvergonzada, pero no la única, de esa propensión a socorrer al prójimo poniéndolo tras las rejas. A las pruebas me remito: USAID concedió a México 28 millones de dólares en 2010. Ese año los deportados mexicanos fueron el 73% de la producción del ICE. Para que la ayuda externa que Estados Unidos brindó a México ese año hubiera sido al menos equivalente al financiamiento de las deportaciones de mexicanos, USAID debería haber transferido no 28 sino 4 mil 179 millones de dólares. Ahí está el detalle.

LA PRISIÓN: RITO SIMBÓLICO DE EXCLUSIÓN

Pero Estados Unidos insiste en que cárcel y deportación es la mejor medicina para la osadía de instalarse en su territorio sin pedir permiso. ¿Por qué? Bauman tiene una respuesta que no va a gustar a muchos: “El confinamiento espacial, el encarcelamiento con diversos grados de severidad y rigidez, siempre ha sido el principal método para tratar con los sectores no asimilables de la población, difíciles de controlar y propensos a provocar problemas. Existían barracas para los esclavos, así como para los leprosos, los locos y los forasteros étnicos o religiosos… En un sentido, todo el proceso policíaco-judicial que culmina en la prisión es un rito extenso y rígidamente estructurado de rechazo simbólico y exclusión física. El rechazo y la exclusión son humillantes con toda intención; su objetivo es que el rechazado-excluido acabe por aceptar su imperfección e inferioridad social”.

Ése es el sentido de los rituales en los que Arpaio -reelegido en 2012 para su sexto período como rudo sheriff del condado de Maricopa- hace circular por las calles de Phoenix a migrantes encadenados: véanlos, migrantes animalizados. Ahora también sabemos que el atavismo ritualizado tiene un sentido práctico: el lucro con los preso-dólares. El grillete que atenaza los derechos humanos de los migrantes tiene dos brazos: xenofobia y capital.

MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.
INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA-PHILIPS
DE LA UNIVERSIDAD DE MARBURG.

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