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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 365 | Agosto 2012
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Nicaragua

Pragmáticos y cortoplacistas

La concesión por el gobierno de Estados Unidos del waiver de la propiedad al gobierno de Daniel Ortega, después de dos meses de mucha expectativa y tensión, y la imparable marcha del proceso electoral, de previsibles resultados, reveló pragmatismos y cortoplacismos tanto en Washington como en Managua.

Equipo Envío

La decisión del gobierno de Obama de conceder o no al gobierno de Nicaragua la dispensa (waiver) de la propiedad era esperada al filo del plazo fatal: el último día de julio. Unos días antes, el 26 de julio, el gobierno de Ortega recibió por fin la comunicación oficial: concedido.

Hasta julio de 2013 el gobierno nicaragüense no será sancionado por la aplicación de los contenidos de la ley Helms-Burton (1994), que hubiera obligado a los representantes de Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales a cuestionar, votar en contra o bloquear cualquier préstamo solicitado por Nicaragua, en razón de que existen en nuestro país ciudadanos estadounidenses con propiedades que fueron confiscadas y no les han sido devueltas o no han sido indemnizados por ellas.

La otra dispensa que otorga Estados Unidos a los países con los que coopera, el waiver de la transparencia fiscal, le fue negado a Nicaragua en junio, porque el presupuesto nacional “no refleja completamente y con certeza los fondos originados en Venezuela” y porque “los fondos públicos no se deben usar para fines partidarios y deben estar siempre sujetos al escrutinio de la Contraloría”. La millonaria cooperación venezolana que el gobierno recibe desde 2007 ha sido privatizada por la familia Ortega y el partido de gobierno y se administra con secretismo.

NEGOCIACIÓN
TRAS BAMBALINAS

Este año, por primera vez, Ortega estaba en problemas con ambos waivers debido a una cierta “fijación” que existe en Washington, tanto entre congresistas republicanos como demócratas, con lo que está ocurriendo en Nicaragua. A diferencia de años anteriores, los criterios políticos primaban más que los técnicos en la decisión de sancionar o no a Ortega.

Cuando le negaron el waiver de la transparencia fiscal -no da buena imagen internacional a Nicaragua, pero tiene muy poca repercusión económica nacional-, Ortega respondió con una encendida y amenazante retórica anti-imperialista. A la espera del segundo waiver, y sabedor de los trastornos económicos de gran envergadura que hubiera causado al país y el costo político que hubiera pagado si no contaba con la segunda dispensa, el Presidente actuó con pragmatismo. Ordenó a la Procuraduría General de la República, encargada de resolver los casos de propiedades confiscadas, que pisara el acelerador. Y de sólo 4 casos que tenía resueltos en enero de 2012, la PGR logró solucionar 65 casos de 31 ciudadanos estadounidenses, todo un récord.

Además de este indiscutible y positivo saldo técnico, hubo también seguramente una negociación política, pragmática por ambos lados: Ortega pondría algún orden en la deshecha institucionalidad nacional -¿eligiendo a algunos de los altos funcionarios con cargos vencidos que hoy mantiene en su gobierno?- y a cambio Estados Unidos no lo sancionaría.

La negociación fue tras bamba-linas. En el escenario, ante sus simpatizantes y frente las cámaras, en la celebración del 33 aniversario de la Revolución el 19 de Julio, este año dedicado “a la juventud eterna, a la juventud de todos los tiempos”, Ortega, conociendo que en una semana le concederían el waiver, no dejó de acudir a la retórica, aunque sin mencionar a Estados Unidos: “¡Este pueblo ni se vende ni se rinde! ¡Que lo tengan claro los que piensan que con amenazas o con sanciones de cualquier tipo van a doblegar a este pueblo! ¡Este pueblo no va a renunciar a seguir luchando por su libertad!”

OÍDOS SORDOS A CALLAHAN

En los días previos a la decisión de Obama, el ex-embajador de Estados Unidos en Nicaragua Robert Callahan asumió con beligerancia la misión de reclamar que Ortega fuera sancionado. Escribió sendos artículos en espacios de opinión estadounidenses haciendo ver la doble utilidad que tendría denegar el waiver de la propiedad este año.

Por un lado, le pondría un freno a Ortega, que “tiene la intención de crear una versión de la dictadura somocista y si se le deja sin control transformará a Nicaragua en su feudo personal, que heredará a sus hijos”. Por otro, alentaría a la oposición a unirse y a trabajar unida por el restablecimiento de “la transparencia, la rendición de cuentas y el imperio de la ley”.

Callahan repartió críticas a diestra y siniestra: calificó a Ortega de “nepótico y corrupto” y lo comparó a Calígula y a Mussolini, y de la oposición dijo que eran “incapaces de unirse en torno a una persona, un proyecto o una idea”. Sugería sancionar sólo por este año, como un test, y si la sanción era eficaz, si frenaba a Ortega y unía a la oposición, “Estados Unidos debería considerar restituir el waiver en el plazo de un año”.

NO FUE FÁCIL

La administración Obama no le hizo caso.Predominó el pragmatismo. Como indica el propio documento del Departamento de Estado, la decisión “se fundamentó en el interés nacional de los Estados Unidos y en los esfuerzos realizados por el Gobierno de Nicaragua para dar solución a los reclamos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses”.

Pesaron, pues, los criterios técnicos -los 65 casos resueltos- y pesó el interés nacional de Washington, que se basa en tres aspectos, que Nicaragua viene cumpliendo: respeto a las leyes del libre mercado, control de los migrantes que pasan por Nicaragua queriendo llegar al Norte y colaboración en la lucha contra el narcotráfico.

Una vez conocida la decisión de Washington, funcionarios del gobierno y la élite empresarial nicaragüense afirmaron que era esperable, lógico y justo que con tan excelentes resultados técnicos, Obama diera el waiver y que la ansiedad y las dudas previas habían sido sólo una fabricación de los medios. Sin embargo, la decisión no estuvo nada fácil y aunque no lo reconozca el gobierno, esa negociación política tras bambalinas tuvo que darse para encender la luz verde al waiver.

CHÁVEZ: EL SOCIO ÚTIL

El pragmatismo de Washington tiene también otras razones. Obama prefiere esperar a lograr su reelección. Esperar también lo que suceda en Venezuela tras la reelección de Chávez, del que ya ha dicho que no constituye “una amenaza” para Estados Unidos.

No le falta razón. Si se analiza pragmáticamente, Chávez ha actuado más bien como “socio útil” de Estados Unidos. Además de que provee y vende con total normalidad petróleo a Estados Unidos, dejando enormes ganancias en el Norte, el petróleo subsidiado que reparte por toda la región del Caribe, el que ofrece privilegiadamente a Nicaragua y parcialmente a Honduras y El Salvador funciona como un poderoso estabilizador social en países con conflictos latentes de todo tipo.

La generosa ayuda de Chávez ha evitado mayores problemas sociales y mayores oleadas de emigrantes. ¿Le convenía a Obama una crisis en Nicaragua ahora, antes de los procesos electorales en su patio y en el venezolano?

No, por eso Obama decidió pragmáticamente, sin dejar de advertir en el documento que el Departamento de Estado envió al gobierno de Ortega la “preocupación” de su gobierno por “los nuevos casos de invasiones de tierras u otras formas de usurpación de propiedad que ponen de manifiesto la condición de deterioro del Estado de Derecho en Nicaragua”.

CON LA MISMA MAQUINARIA
Y LOS MISMOS MAQUINISTAS

El deterioro del Estado de Derecho se pone de manifiesto en la maquinaria institucional que nos conduce a las elecciones municipales de noviembre. Se mueve igual y lo hace con los mismos maquinistas que mueven los mismos engranajes que nos llevaron a las elecciones generales en 2011.

Los mismos magistrados electorales, similares medidas administrativas para favorecer al partido de gobierno, nuevas declaraciones de las autoridades tratando de hacer calzar la realidad al discurso oficial de normalidad, armonía y consenso…

Lo que da un tono distinto al paisaje pre-electoral de este año son por un lado la apatía, confusión y desencanto del electorado, más agudos que en 2011. Y por otro, la ausencia de candidatos decididos a serlo -también apáticos- y las tensiones y protestas entre los que sí aspiran a serlo, compitiendo este año por el incrementado número de cargos de elección popular: en noviembre se votará por 153 alcaldes y vicealcaldes y, por primera vez, por casi 6 mil concejales entre propietarios y suplentes. Y también por primera vez, la mitad de todos los electos serán mujeres.

UNOS TEMEN, OTROS RECLAMAN

Es cierto que siempre las elecciones municipales provocan menos pasión que las generales, por el presidencialismo de nuestro sistema: no se siente igual elegir a un Presidente que a un alcalde y a su equipo. Pero también es cierto que en los municipios todo mundo se conoce y eso brinda la posibilidad de una cercanía directa que debe animar a votar. Lo que parece más cierto a la hora de medir el desaliento pre-electoral que se advierte son tres fraudes consecutivos (municipales 2008, regionales caribeñas 2009, generales 2011), que le indican, pragmáticamente, a buena parte de la población que pierde su tiempo porque sus votos no se contarán bien y porque aunque vote no elegirá.

“El sistema electoral nicaragüense ha colapsado, tenemos el peor sistema electoral de América Latina”. Esta valoración, que el organismo de observación electoral nicaragüense Ética y Transparencia, pronunció ya antes de las elecciones de 2011, sintetiza la falta de neutralidad que se espera y se teme del próximo proceso electoral y que permite augurar una gran abstención.

En el bando del partido de gobierno, el favorecido por la falta de neutralidad y de transparencia, no han cesado de expresarse inconformidades por los candidatos impuestos “por dedazo” desde arriba, desestimando encuestas previas, desoyendo protestas y denuncias de corrupción que las bases del FSLN de distintos territorios presentan en Managua a las puertas de la residencia presidencial.

Este mes llegaron a la capital delegaciones de Masaya, Jalapa, Potosí, Nagarote, Tisma, Madriz, Nindirí, Niquinohomo, Masatepe, El Jicaral, Somoto, Telpaneca, Tipitapa, El Realejo y Ciudad Sandino protestando por las candidaturas que se les imponen, denunciando la actuación de los secretarios políticos y amenazando con un “voto castigo” o con la abstención si no son escuchadas sus voces. Grupos de otros municipios que no llegan hasta la capital plantean lo mismo.

¿QUIÉN LOS IMPONE?

Mientras la mayoría de quienes llegan a protestar ante la secretaría del FSLN, solicitan con megáfonos, mantas y cartulinas “al Comandante Daniel y a la compañera Rosario” ser atendidos y escuchados, confiando en que ambos no saben lo que sucede en los municipios, otros, más cautelosos, han declarado a los medios que cubren esas protestas que los candidatos del “dedazo” están siendo seleccionados por la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía.

Si es así, como dicen los que lo dicen, sería un paso más en la recomposición del FSLN en la que Rosario Murillo está empeñada desde 2007 organizando y dirigiendo a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), nombrando o cambiando secretarios políticos, seleccionando a candidatas y candidatos a diputados, relegando a cuadros históricos del Frente y dando cada vez más protagonismo a mujeres que le son incondicionales y a jóvenes sin ninguna trayectoria política: los nacidos en los 80, los que serán el 65% de los votantes en las elecciones de 2016. ¿Se garantiza así la base de apoyo para su candidatura presidencial ese año? Pudiera ser.

¿ANTICIPADA
MEDICIÓN DE FUERZAS?

En ese sentido llamó mucho la atención la aparición en distintos puntos de Managua y en oficinas públicas a inicios de julio de un afiche de propaganda en el que Murillo promociona su propio liderazgo en una foto en la que aparece sola, sin hacer dupla con Ortega. ¿Campaña personal anticipada? ¿Medición de fuerzas al interior del partido de gobierno? ¿Tan pronto esa medición?

Tensiones hay. Ya advirtió de ellas en francas palabras hasta entonces no dichas tan claramente dentro del FSLN, el comandante guerrillero Manuel Calderón, defenestrado como alcalde de León en enero de 2012 y su hermana Estela. “Fue Rosario Murillo quien me quitó del cargo -dijo Manuel Calderón-. Ella fue quien bajó las orientaciones. Fui obligado a renunciar porque no obedecía la línea política que se estaba perfilando a partir de las elecciones nacionales, a favor de ella. La compañera Rosario Murillo aspira a ocupar la Presidencia y actualmente trabaja en acomodar las condiciones a su favor”.

Y su hermana, la poetisa Estela: “La destitución de mi hermano se debe a las ambiciones personales y desmedidas de la Primera Dama Rosario Murillo. Ella es la principal causante de la división interna del Frente Sandinista, poniendo a un lado a hombres revolucionarios que han construido la historia de este país. La respeto como mujer y como poetisa, pero no como líder del Frente. Ese mérito es de Daniel Ortega. Ella ha venido fabricando un montón de candidatos, funcionarios y operadores políticos “rosado chicha”, fieles a ella, que no tienen nada que ver con el liderazgo rojinegro”.

Tal vez para poner punto final a los reclamos por “el dedazo”, para encubrir o solventar cualquier tensión por esa hipotética medición de fuerzas, el 3 de agosto, y después de años de inactividad total, el FSLN convocó de un día a otro a la Asamblea Sandinista Nacional para que ratificara ante el propio Ortega las alianzas electorales del FSLN en las municipales. El 15 de agosto, el Congreso Sandinista, también paralizado durante años, aprobará las listas de todas las candidaturas municipales que Ortega presentará personalmente a los congresistas.

UN NUEVO MODELO

La reorganización del FSLN emprendida por Murillo ha ido alterando la correlación de fuerzas en el partido de gobierno, favoreciendo su liderazgo. Según Dora María Téllez, Daniel Ortega “ha perdido y ha cedido poder” en este su regreso al gobierno. En su segundo período se aprecia más la pérdida y la cesión: mientras Ortega sólo figura, el diario trabajo del gobierno lo asume totalmente Murillo. La Asamblea Sandinista y el Congreso del FSLN institucionalizarían los cambios experimentados por el partido de gobierno, con la presencia y la anuencia de Ortega, que los validaría formalmente.

¿Ortega-Murillo según el modelo de los Kirchner en Argentina? Tal vez. Es un modelo que ha prendido también en Centroamérica (en El Salvador Mauricio Funes-Vanda Pignato, en Guatemala Álvaro Colom-Sandra Torres, en Honduras Manuel Zelaya-Xiomara Castro).

A este modelo se refería el escritor Sergio Ramírez cuando comentaba: “América Latina en el siglo 21 es un paisaje muy heterogéneo, muchas veces grotesco, dominado por el fenómeno del tráfico de droga, el enriquecimiento ilícito, la fascinación por el dinero fácil, la ambición por el poder y ahora también por el poder matrimonial que surge: los caudillos... y sus esposas”.

¿SER O NO SER?

Participar o no participar, ser o no ser partícipe del juego electoral de noviembre -un juego que inició con los mismos dados cargados-, era el dilema de la oposición en estos meses. De los 18 “partidos” -casi todos son sólo ya membretes y banderas- que el Poder Electoral mantiene con vida en el mapa electoral para dar imagen de pluralismo, 7 irán en alianza con el FSLN y 6 irán solos, entre ellos el PLC, aún gobernado por Arnoldo Alemán.

La expectativa real, la que provocó un intenso debate en los medios, y la que mantuvo al FSLN a la expectativa, era lo que decidiría el PLI (Partido Liberal Independiente). El 23 de julio el PLI se presentó ante el Poder Electoral para confirmar que irán a las elecciones.

Quien participará no es la Alianza PLI, sino el partido PLI, “ocupado” hegemónicamente desde hace dos años por los liberales de “Vamos con Eduardo”, dirigidos por Eduardo Montealegre y con una representación parlamentaria de unos 20 diputados. El PLI anunció que irían en alianza con un minúsculo partido nacional, PAC, y dos pequeños partidos caribeños: PAMUC y PIM.

Se rompe así oficialmente la alianza electoral que encabezaron Fabio Gadea y Mundo Jarquín, especialmente valiosa por ser un experimento plural inédito, lo que le permitió competir con éxito con Ortega en las elecciones de 2011, obligando al FSLN a hacer un fraude bastante mejor organizado que el de 2008.

Dos de los integrantes de la Alianza PLI, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD) no participarán en las elecciones. El MRS había anunciado desde febrero que si no se cambiaba a todos los magistrados electorales no participaría. No se cambió a ninguno. Lo ratificó en julio en su Convención y lo volvió a expresar con firmeza en vísperas de que Montealegre tomara la pragmática decisión de participar.

Tanto el MRS como la UCD llamaron a la ciudadanía a repudiar “la farsa electoral” y a no participar en ella votando. Ambos afirman que su participación consistirá en no cansarse de denunciar lo que ocurre en el país. Gadea, entrevistado una y otra vez, reitera que él no ve sentido a participar y afirma que él no irá a votar.

HAY RAZONES DE AMBOS LADOS

Dentro de esta fragmentada alianza electoral hay razones pragmáticas de quienes participan y de quienes no lo hacen. El MRS fue despojado hace ya cuatro años de su personalidad jurídica y sus bases urbanas, los más informadas, encabezan el desencanto que conduce a la abstención. No pierden, sólo ganan si no participan.

La situación del PLI es distinta. Los liberales aglutinados en el PLI-incluidos los que encabezó Maximino Rodríguez, que se desgajaron del PLC- lograron en 2011 desplazar al PLC del corazón de una gran cantidad de votantes rurales liberales y anti-FSLN.

Esa gente es la base sobre la que el PLI puede continuar manteniéndose estructurado y activo como alternativa. Si el PLI no participa pueden perder a esa gente, mucha de la cual está en unas 40 alcaldías ubicadas en lo que se llama “el corredor de la Contra”, gobernadas hasta hoy por liberales, que quieren participar y conservarlas, disputándoselas al partido de gobierno. No quieren entregarlas a cambio de nada, quieren luchar.

Pierde más el PLI si no participa, aunque participando no gane todo lo que espera, porque ya no cuentan con la figura de Fabio Gadea, fundamental para arrancarle al PLC a ese electorado liberal y rural.

RESULTADOS PREVISIBLES

La situación del PLI es frágil. ¿Tendrá un buen tendido de fiscales que vigilen todas las mesas electorales? El grupo que, tras el fraude de 2011, se denominó “Fiscales Indignados” ha anunciado que no participará, como lo hizo, incluso corriendo riesgos físicos, hace un año. ¿Tendrá el PLI suficientes recursos para que sus candidatos hagan campaña en 153 municipios?

Lo previsible de los resultados y la falta de competitividad que esto anuncia (“El FSLN ganará con cualquier candidato que ponga”, “Ya sabemos los resultados, lo único que falta son las elecciones”) obra en contra de la decisión de votar, de candidatearse, de la decisión de gastar recursos, de la de dedicar energías…

Por eso, el PLI, sus dirigentes y Montealegre se han visto obligados a justificar su participación con muchos argumentos. El que no han expresado públicamente permite imaginar que esperan conseguir que el partido de gobierno les asigne antes de las elecciones al menos dos magistraturas que hay vacantes en el Poder Electoral, por defunción de dos magistrados. Ortega lo haría para poner una pizca de legitimidad a los comicios ante la comunidad internacional y especialmente ante Washington. Y el PLI aceptaría esos dos cargos afirmando que en política nunca hay espacios vacíos (“Si no los aceptamos nosotros pondrán a otros”) y que el proyecto de Ortega hay que irlo frenando de paso en paso.

ARGUMENTOS
Y CONTRA-ARGUMENTOS

Otros argumentos han agitado el debate público sobre el “ser o no ser” en estas elecciones. Si no van a las elecciones -dice el PLI- el partido perdería su personería jurídica, ya que así lo establece la Ley Electoral. La UCD les responde: “La historia demuestra que los partidos políticos no han necesitado el reconocimiento jurídico oficial para existir y desarrollar una lucha vigorosa en contra del sistema dictatorial que los excluye”.

Argumentan también que “mientras más delitos cometan más rápido se van”: así lo declaró el jefe de bancada del PLI en el Parlamento, Luis Callejas, insistiendo en que es necesario documentar el nuevo fraude y para poder hacerlo hay que participar.

Con un lenguaje tremendista otros dirigentes del PLI advierten que la alternativa a la participación electoral sería la guerra. O los votos o las armas: ése también fue el meollo de un reciente discurso de Ortega para legitimar las elecciones. Pero nada en la actual Nicaragua permite vislumbrar la posibilidad inmediata o cercana de una guerra contra Ortega.

Un argumento cercano a la alternativa de un caos violento la expresó Eliseo Núñez Morales, dirigente del PLI, quien afirma que como la gente no sale a las calles a protestar ni a presionar a Ortega no queda otro camino que el de ir a las elecciones. Le respondieron así sus ex-aliados de la UCD: “Lo de elecciones o guerra es un falso dilema. Existen muchas formas cívicas y pacíficas de luchar, que pueden combinarse con el aprovechamiento inteligente de los espacios institucionales legítimamente ganados. Esta otra vía, de lucha cívica y movilización ciudadana, es la que no se ha querido desarrollar…Escudarse en la apatía ciudadana es simplemente renunciar a la responsabilidad de ser un líder político”.

Nada en la actual Nicaragua permite vislumbrar que están ya dadas las condiciones para una lucha cívica masiva que presione a Ortega. Tras este señalamiento de la UCD se percibe una alusión tácita a la “agenda oculta” Montealegre-Ortega, PLI-FSLN, que consistiría en una re-edición del “zancudismo” histórico. De eso comenzó a hablarse desde mayo: el PLI transaría consensos parlamentarios y legitimidad electoral a cambio de espacios institucionales que le permitan a Montealegre afianzarse como líder de la oposición y llegar como tal a candidato presidencial en 2016.

FSLN: CON O SIN ALEMÁN

Tres meses antes de las elecciones el FSLN aparece más fuerte que nunca y se alista a ganar más de las 109 alcaldías que ya gobierna. Pero hay fuertes tensiones en su seno. Y por eso la cúpula ha hecho tan pocos cambios en la selección de sus candidatos. El FSLN va por la reelección de las mismas insípidas autoridades en Managua y en un buen número de municipios confía en los mismos que han gobernado los últimos cuatro años. Los lleva a la reelección inconstitucionalmente como inconstitucional fue la reelección de Daniel Ortega. Mientras más incondicionalidad probada, menos problemas.

El PLC, su socio en el pacto durante tres lustros, busca revivir en estas elecciones. Y no es extraño que algún oxígeno consiga. Fabio Gadea no está ya para disputarle votos al PLC en las zonas rurales. Respondiendo a análisis como el del ex-Ministro Humberto Belli, que insiste en que si el PLI no participa quien saldrá ganando es Alemán, contra-argumenta la UCD: “El mono de la resurrección de Alemán es un recurso que siempre estará en las manos de Ortega, con o sin elecciones. Ortega ya tiene estudiado el mapa electoral y ya ha designado qué alcaldías se robará y cuales cederá a los partidos que participen, incluido el PLC”.

UNA SITUACIÓN INSÓLITA

En este escenario, el PLI buscará retener su estatus de “segunda fuerza” asegurando que está mejor preparado que en 2011, mientras paga un alto costo político entre los sectores urbanos mejor informados.

La situación pre-electoral es insólita. Unos han propuesto suspender las elecciones. Otros proponen que el PLI no presente candidaturas en las cabeceras departamentales y sí en los municipios pequeños porque las cabeceras ya están robadas y sólo en las pequeñas localidades puede haber una competencia real.

Es continuo el cruce de mensajes. Mientras la influyente jerarquía católica anuncia que este año “no llamará a votar” y lo dejara “a la conciencia” de cada uno, unos afirman que votar es un derecho y un deber, mientras otros expresan que abstenerse es un derecho y en estas circunstancias sería un deber. Unos dicen que participar es la única manera concreta de responder hoy al poderío creciente del FSLN, otros insisten en que participar es sólo legitimar la farsa electoral y otros aseguran que “no habrá elecciones”… porque las impedirán.

COMPASES DE ESPERA

La decisión de Obama de concederle a Ortega el waiver, la decisión de Ortega de ceder algún espacio en una negociación tras bambalinas con la administración Obama y la decisión del PLI de participar en las elecciones son decisiones pragmáticas y también son cortoplacistas.

Si Obama es reelecto eso no suprimirá la “fijación” que en Washington existe sobre Nicaragua ni hará armónicas las relaciones de la Nicaragua de Ortega con los Estados Unidos de Obama reelecto, menos con Romney. La Casa Blanca seguirá concentrando su atención en Nicaragua, guardando su arsenal de presiones y sanciones para más adelante, fijada especialmente en el rumbo de las elecciones presidenciales de 2016. El otorgamiento del waiver habrá sido sólo un compás de espera.

Si el PLI participa en las elecciones logrará tal vez documentar un nuevo fraude y quedarse con algunas alcaldías y con concejales en otras, pero tal vez salga de esta incursión fragmentado y con un capital político erosionado, profundizando los problemas que aquejan hoy a la oposición nicaragüense. La decisión del PLI de participar electoralmente habrá abierto sólo un compás de espera.

Si Ortega hace algunos cambios en el Consejo Supremo Electoral y elige por fin, en consenso o sin consenso, ahora o después de los comicios, a todos o a algunos de los funcionarios que hoy ocupan cargos con período vencido -porque eso fue lo que negoció a cambio del waiver- eso disminuirá el diapasón a algunas voces críticas, pero sólo temporalmente.

El control social, el autoritarismo político y la hegemonía económica-sólo un dato: los Ortega controlan ya el 60% de la generación eléctrica en el país-, son consustanciales a su proyecto y seguirán generando malestar social, resistencia y oposición.

Ortega se habrá permitido sólo un compás de espera, que seguirá atravesado por la gran incertidumbre que sí le atormenta: cómo se desarrollará la inevitable transición en la Venezuela post-Chávez, sin duda el factor que puede afectar más seriamente su proyecto.

EL LARGO PLAZO

Con el evento electoral no se terminará la historia en la que parecemos estar atrapados. Ni empezará una nueva historia. El día después de las elecciones los problemas de largo plazo de Nicaragua -políticos, económicos, ecológicos, sociales, culturales- que parecen irresolubles por un déficit de voluntad transformadora y un superávit de resignación, estarán todos ahí, en el lugar de siempre, como lo estaban el día previo a las elecciones.

Jorge Reichmann, ecologista, evoca la queja del novelista Oscar Wilde cuando decía que “el socialismo cuesta demasiadas tardes libres”, para concluir que “la democracia tiene esa misma dimensión temporal: lleva tiempo, mucho tiempo. El tiempo necesario para el contraste de pareceres, el uso público de la razón, el debate libre, la formación de consensos, la revisión de las decisiones, la exigencia de responsabilidades”. Y dice que éstos y otros procesos, si son vividos con calidad “son incompatibles con la prisa”. Incompatibles con el pragmatismo corto-placista.

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