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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 365 | Agosto 2012
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Nicaragua

“El narcotráfico ya ha desarrollado mucho músculo y está generando mucho dinero”

Roberto Orozco, investigador y experto en seguridad del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), compartió con Envío datos recientes y reflexiones preocupantes sobre los avances de las actividades del narcotráfico en Nicaragua, en una charla que transcribimos.

Roberto Orozco

Centroamérica es considerada hoy la región más violenta del mundo. Esa violencia tiene que ver con la activa presencia del crimen organizado en nuestros países. Los índices de homicidios crecen anualmente en Centroamérica. Honduras es el país con los más altos: 86 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2011. Esto no es casual: se debe a la notable presencia del crimen organizado en Honduras, un país que más que nunca antes es considerado la plataforma del narcotráfico en Centroamérica. A Honduras llega el 80% de los cargamentos aéreos de droga y es desde ese país de donde sale más droga hacia Estados Unidos procedente de nuestra región.

Cuando hablamos de crimen organizado todo el mundo piensa sólo en el narcotráfico, porque es la más penetrante de las expresiones del crimen organizado, la que provoca mayor corrupción en las instituciones de los Estados, la que más dinero mueve y la que más está socavando la seguridad democrática de Centroamérica. Sin embargo, debemos aclarar que en Centroamérica tenemos otras muchas expresiones del crimen organizado que no tienen nada que ver con el narcotráfico. En Nicaragua, por ejemplo, tiene importantes dimensiones el tráfico ilegal de madera que viene de la Costa Caribe. Es una actividad ilícita que tiene penetradas todas las instituciones que tienen que ver con el cuido, el control, el transporte, la distribución y la venta de maderas preciosas. Es un delito que ha provocado muertos durante años, muertos que no llaman la atención porque no fueron víctimas del narcotráfico. Otro ejemplo de crimen organizado es el robo de cables telefónicos y del tendido del alumbrado eléctrico. Es un delito que ocurre en todo el territorio nacional y que tiene detrás todo un entramado organizado, que va desde quienes los roban y los venden hasta quienes son sus cómplices dentro de las instituciones dueñas de estos materiales y equipos.

Pero hablemos del narcotráfico. Hace algo más de año y medio, en una reunión como ésta, decíamos que el narcotráfico había penetrado ya el tejido social nicaragüense y había logrado una legitimación social. Decíamos que esa legitimación se expresaba de manera más clara en la Costa Caribe, en las comunidades indígenas en las que se estaban asentando las estructuras internacionales del narcotráfico. En esa extensa zona de Nicaragua viven comunidades abandonadas por el Estado y en extrema vulnerabilidad económica, gente que jamás ha tenido estructuras económicas que le permitan aprovechar la pesca, la madera y sus ricos recursos naturales para su propio beneficio. Sólo han conocido proyectos de explotación de esos recursos que llegan, se benefician de los recursos, despojan a la comunidad, la empobrecen más y se van, sin dejar nunca algún rédito a las comunidades y a sus habitantes.

A esas comunidades el narcotráfico les deja mucho dinero. Es fundamentalmente el narcotráfico colombiano
el que actúa en el Caribe nicaragüense llegando hasta nuestras costas desde las islas de San Andrés. Los colombianos llegan con mucho dinero y le pagan a los comunitarios por sus servicios: los comunitarios los abastecen de combustible y de comida, y sobre todo, les dan seguridad y refugio temporal. Desde hace años el narcotráfico ha venido desarrollando un brazo muy fuerte en todo el Caribe centroamericano porque han sabido explotar las condiciones de abandono y pobreza al inyectar en las comunidades recursos económicos. A la postre, los comunitarios no defienden el narcotráfico, lo que defienden son esos recursos económicos. Es ésa la razón por la que decimos que el narcotráfico ha logrado una legitimación social en esas comunidades.

En todo el Pacífico de Centroamérica quienes dominan son los mexicanos y en particular el cartel de Sinaloa, que ha logrado desplazar a otros carteles que también han actuado por aquí: La Familia Michoacana, Los Zetas y el cartel del Golfo. En 2011 la revista mexicana “Proceso”, en una edición especial que tituló “Los rostros del narco”, llamaba al cartel de Sinaloa el “cartel panista” porque, según dicen, en México el gobierno del PAN ha “gestionado” al narcotráfico, apoyando o dejando de apoyar algunas estructuras específicas. Y esa decisión es lo que ha generado la guerra que hoy vemos en México, que todo el mundo sabe es una guerra entre carteles por la hegemonía y el control de territorios y por pugnas internas provocadas por lealtades y deslealtades. Por el apoyo que aparentemente ha recibido en México el cartel de Sinaloa, éste ha venido consolidándose en todo el Pacífico centroamericano, también en Nicaragua, donde ya tenemos estructuras importantes que le dan apoyo a ese cartel mexicano.

La legitimación social que ha logrado el narcotráfico, la vulnerabilidad social y económica de muchas comunidades indígenas y rurales y la fragilidad de nuestras instituciones y de nuestro sistema democrático han permitido que el narcotráfico haya desarrollado ya en Centroamérica un brazo o varios brazos bastante fuertes.

En Guatemala son 7 los grandes grupos a los que podríamos llamar mini-carteles. No quisiera llamarles carteles, porque eso lleva a pensar en Colombia y en México y en estructuras transnacionales de mayor fortaleza y con más dinero. Los guatemaltecos son grupos familiares o con vínculos familiares que se han estructurado para el negocio de la droga y han adquirido tanto poder que dominan la zona rural donde viven y los poblados vecinos. Dominan territorios específicos de Guatemala. Uno de esos grupos, el de los Lorenzana, fue debilitado en 2011 por la acción del Estado. Capturaron al jefe, al padre y a sus tres hijos, que controlaban toda la estructura. Pero, después de capturados, el grupo se atomizó. Ése es un fenómeno muy frecuente: cuando el Estado opera sobre una célula del narcotráfico lo que provoca es que se atomice y se multiplique. Entonces, los jefes secundarios o terciarios de la estructura pasan a dominar otras zonas y surgen nuevos carteles. Además del grupo de los Lorenzana, está el de Zacapa, el de Sayajché, el de Luciano -que opera básicamente en Retalhuleu y Suchitepéquez-, el grupo de los Mendoza, el de los Salteños y el de los León. Todos son apellidos y todos desarrollan actividades muy importantes.

En Honduras, nuestro país vecino, operan 11 grupos, que también se han estructurado para este negocio y que han desarrollado una fuerza tal que han convertido a Honduras en la plataforma principal de la droga que desde nuestra región transita hacia México y hacia Estados Unidos. Según las zonas que dominan, los grupos hondureños son el de las islas de la Bahía, el de Gracias a Dios, el de Colón, el de Copán, el de El Florido, el del Valle de Sico, el de Palacios, el de Belén, el de Bruce Laguna, el de Olancho y el de Ánimas. En El Salvador tenemos tres grandes grupos: el de Texis, el de Santa Ana y el del Golfo, aunque probablemente haya otros más pequeños.

En Nicaragua tenemos 25 grupos. ¿Cómo tenemos esta información? El IEEPP es sólo una ONG, no somos autoridad y no manejamos información de inteligencia. Esta información, y otras, las vamos construyendo a partir del monitoreo local y del monitoreo de la información que las propias instituciones del Estado producen. Después de la reunión de mandos de las Policías de Centroamérica de abril de 2012, la Directora de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Granera, declaró que la prioridad de nuestra Policía en la zona del Pacífico es desarticular 17 bandas criminales que dan apoyo al narcotráfico internacional. Esas 17, más 4 que hay en el Caribe Norte y 4 en el Caribe Sur, hacen un total de 25 grupos nacionales de apoyo al narcotráfico internacional, ubicados en los cuatro puntos cardinales por donde la droga pasa. Seis de estos grupos actúan en Rivas.

En el Caribe Norte los grupos están en Sandy Bay, en la laguna de Bismuna y en Bilwi, donde Kelvin Morris, buscado por la justicia, era el jefe y por eso los llamaron Los Morris. Otro grupo que opera también en Bilwi es el de Los Muller. Otro que se dice que ya se pasó a Honduras es el grupo de Los Mendoza. Uno de estos Mendoza fue el que articuló a todos los grupos de esta zona, junto con otro de apellido Fagoth.

Kelvin Morris, una de las personas más adineradas de Bilwi, dirigió un grupo que generó mucha violencia: en 2011 tenían ya varios homicidios. A Morris lo capturaron en mayo de 2012 y ahora habrá que ver si su grupo se atomiza. Yo estaba en Bilwi cuando me di cuenta del operativo contra Morris y fui a presenciarlo. Fue el Ejército el que allanó la casa donde vivía Morris. Por primera vez veía yo al Ejército en actividades policiales: allanando, con orden de búsqueda y captura, levantando información de inteligencia…Quiero llamar la atención sobre esto. Desde hace unos tres meses el mensaje que nos está dando el Ejército es que son ellos quienes tienen la vanguardia en la lucha contra la droga en Nicaragua y no la Policía Nacional. Ese mensaje comenzó a darlo el Ejército a partir de una entrevista con Carlos Fernando Chamorro en su programa “Esta Semana” del Jefe de la Fuerza Naval y del Jefe de la Inteligencia del Ejército, Adolfo Zepeda. A partir de entonces todos los altos militares repiten que es el Ejército el que está luchando aquí contra el narcotráfico y no la Policía. Eso me llama mucho la atención porque pudiese ser, en la interpretación que podemos hacer del lenguaje no dicho, que la Policía está pasando a segundo plano en esta lucha.

En la Región Autónoma del Atlántico Sur cuatro grupos dominan toda la zona, desde Bluefields hasta San Juan de Nicaragua. Están los Reñazcos, que viven en la ciudad de Bluefields y que en 2004 fueron relacionados con el asesinato de cuatro policías en la sede policial de Bluefields, un crimen muy impactante que conmocionó al país y que sacudió a la Policía Nacional. Están los Herrera, que también viven en Bluefields. Y los Aragón, conocidos como Los Tarzanes, que fueron los que causaron el conflicto limítrofe con Costa Rica cuando se alegó que en una operación de persecución a este grupo el Ejército de Nicaragua había penetrado en territorio costarricense.

En junio de este año fue desarticulado en Bluefields el poderoso grupo de Ted Hyman, que ya había cometido entre 2010 y 2011 siete homicidios, algunos tipificados como asesinatos, todos vinculados al negocio interno de la droga. El grupo de Hyman ya había organizado en el Caribe Sur, además del apoyo al tránsito internacional de la droga una especie de sicariato local para actuar al servicio del negocio del narcomenudeo en Bluefields. El grupo de Hyman controlaba la distribución y venta de la droga en Bluefields y era responsable de abastecer gran parte de la cocaína que se negocia en las ciudades del Pacífico, especialmente en la principal plaza, que es Managua. Para el sicariato contrataban a campesinos con experiencia militar para que mataran a personas o que les habían robado droga o que habían sido desleales informando a la Policía o sólo por el control hegemónico de la ciudad. Podríamos decir que el grupo de Ted Hyman llegó a tener un dominio tan importante de la ciudad de Bluefields, de las autoridades y del negocio interno de la droga, que podemos considerarlo como un cartel de relevancia en el ámbito de la droga en Nicaragua.

Los grupos del Caribe Sur fueron responsables de provocar en el año 2011 una tasa de 42.7 homicidios por cada 100 mil habitantes en esa zona, una tasa mucho más elevada que la de Guatemala a nivel nacional, que ese año tuvo 38.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. La Región Autónoma del Atlántico Sur, siendo un territorio mucho más pequeño, superó la cifra guatemalteca.

Un tema de enorme importancia es la relación entre narcotráfico y armas. Hay un estudio del BID de 2007 que concluyó que el narcotráfico es la gran estructura internacional vinculada al tráfico internacional de armas. En nuestras investigaciones tenemos otra percepción. El narcotráfico no necesita mover grandes cantidades de armas para procurarse seguridad. Los estudios de casos en Centroamérica han demostrado que los grandes cargamentos de droga no vienen custodiados por muchas armas. Pueden venir con dos o tres pistolas, un M-16, un AKA, pero no viene el gran alijo de drogas con el gran alijo de armas, como pretende el estudio del BID. Y esto es así porque el narcotráfico se alimenta actualmente de la venta legal de armas en cada país centroamericano por donde pasa.

En Centroamérica ya no hay conflictos bélicos. Cuando los había, los grandes importadores de armas eran los Estados, fundamentalmente el Estado de Nicaragua. Al término de la guerra, en Nicaragua quedaron grandes cantidades de armas y durante los años 90 se dio un tráfico ilegal de grandes proporciones, sobre todo hacia Colombia para apoyar a las FARC y al ELN. Pero el lote se agotó. Y ahora, en Nicaragua, como en toda Centroamérica, el gran importador es el comercio legal de armas, que es el que indirectamente está armando al narcotráfico. Los estudios de casos lo demuestran. Uno reciente: un piloto hondureño que trabajaba para la empresa “La Costeña” vino a Masaya y compró con licencia de portación diez pistolas Glock automáticas 9 milímetros, salió por un punto ciego a la Moskitia hondureña y ya la célula narco asentada allí tenía diez nuevas pistolas para operar.

La economía legal es la que está alimentando a las estructuras mafiosas que operan en la región. En 2011 en España capturaron dos grandes lotes de armas pequeñas y ligeras que venían de forma ilegal a alimentar el negocio legal de armas que existe en Nicaragua. Conclusión: el tráfico ilegal de armas es en cierta medida promovido por el negocio legal.

Todos los grupos nacionales que trabajan con el narcotráfico internacional generan ganancias, pero no podemos medir cuántas son. Lo que podemos es valorar las propiedades que tienen, pero calcular las ganancias que hay detrás y qué cantidad de economía mueven con ellas es muy difícil. Tendríamos que diseñar un instrumento metodológico para poder medir esto, si es que acaso lo podemos medir.

Hace un par de años calculamos que Managua producía ganancias de unos 170 mil dólares semanales a la gente que vende droga en la capital, lo que suma unos 8 millones 160 mil dólares anuales. Esa cantidad representa un 0.13% del PIB nacional. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que Nicaragua tiene ya una economía narco en crecimiento y ya empieza a haber cálculos de lo que esta actividad representa en el PIB nacional. Naturalmente, son porcentajes incomparables con lo que genera esta actividad en México, donde la droga produce ganancias anuales de 41 mil millones de dólares, cantidad que supera las ganancias de la exportación petrolera. El 47% de la economía formal mexicana, el 47% de su PIB, es economía narco, de acuerdo a las conclusiones a las que han llegado los estudios internacionales hechos en ese país.

En nuestras investigaciones nosotros estamos tratando de entender el fenómeno del narcotráfico desde la teoría económica. Pienso que la mejor teoría que explica el crimen organizado es la teoría económica. Creo que la teoría penal tiene límites para entender este fenómeno porque se reduce simplemente a explicar la tipología delictiva que genera el crimen organizado y a colocar esa tipología en consonancia con la política oficial que persigue esos delitos. La teoría económica explica el fenómeno desde un punto de vista más integral. Lo hace, por ejemplo, al explicar el factor de la oportunidad económica, que combinada con un ambiente criminal se convierte en un importante incentivo para el desarrollo de actividades del crimen organizado. El factor de la oportunidad resulta clave a la hora de entender cómo se monta una estructura del crimen organizado. En nuestros países las oportunidades sobran: la debilidad de las instituciones de seguridad,la debilidad y la incapacidad de las instituciones de justicia, la falta de presencia del Estado en zonas del país, la pobreza de una mayoría de la población…

La pobreza no es un factor esencial para generar delitos comunes y eso se demuestra en Nicaragua, que es el país más pobre de Centroamérica y tiene buenos niveles de seguridad. Sin embargo, para el crimen organizado la pobreza sí es un factor de mucha importancia. Porque el narcotráfico ofrece a la gente pobre un incentivo muy grande, un incentivo muy poco rechazable, a menos que la gente tenga arraigados valores humanos, arraigados valores religiosos y arraigados valores educativos y familiares. No resulta fácil rechazar el incentivo económico, la oportunidad de riqueza inmediata que ofrece el narcotráfico.

Veámoslo en la concreta: un kilo de cocaína vale en Managua 8,500 dólares. A un expendedor de cocaína le enseñan a “bautizarlo”, lo que en el lenguaje del narco significa mezclarla con otras sustancias. De ese kilo al expendedor le saldrán dos kilos más. De un kilo hará tres y ya no tendrá 8,500 dólares, sino 25,500 dólares, una ganancia del 200% en cada kilo. Es un incentivo de ganancia inmediata, por el que, a la vuelta de la esquina, alguien que no tenía nada puede tener un ingreso de 80 mil córdobas mensuales o más. Es contra ese incentivo que las autoridades no pueden luchar sólo con políticas de interdicción.

En el IEEPP pensamos que es importante la interdicción del Estado, la mano dura contra las organizaciones criminales. Pero la mano dura debe ir acompañada de un proceso integral para reducir las vulnerabilidades sociales y económicas: educación, creación de fuentes de empleo…Con la interdicción se alivia el problema, pero si no hay transformaciones económicas el incentivo siempre va a estar ahí. Personalmente, creo que el fenómeno del narcotráfico es irradicable y a lo más que se puede aspirar es a reducirlo a la mínima expresión.

No estamos de acuerdo en la política de mano dura contra las pandillas o los grupos juveniles, mano dura en el sentido de criminalizar a la juventud y violar sus derechos humanos. Pero en el caso del narcotráfico que genera tanta violencia, estamos de acuerdo en que el Estado endurezca sus medidas de interdicción, aunque respetando siempre los derechos humanos, porque es en el marco de respeto a los derechos humanos que se legitima la acción del Estado. Pero a la par de la mano dura deben proponerse y cumplirse medidas sociales y económicas que beneficien a las comunidades y reduzcan sus vulnerabilidades.

En Nicaragua, el Estado debe mirar al Caribe y procurar incentivos productivos y económicos para las comunidades, debe promover proyectos económicos que beneficien a las comunidades. Todo eso ya está establecido en la Ley 445, pero no se cumple. Hay que crear incentivos económicos que aparten a las comunidades más empobrecidas del incentivo económico que para ellas representa vincularse al narcotráfico.

Tenemos ya 40 años de guerra contra el narcotráfico y en esos 40 años las cosas sólo han empeorado. Hace 40 años Estados Unidos comenzó esta guerra con una única agencia de combate a las drogas. Hoy Estados Unidos tiene 72 agencias de combate a las drogas y la situación sigue empeorando y el presupuesto de Estados Unidos para sostener esas 72 agencias sigue creciendo. Es por eso que ha surgido la tesis de la legalización del consumo de las drogas buscando una política más eficiente. Se trata de una propuesta muy compleja, en la que no voy a entrar, para concentrarme en otros aspectos de esta realidad.

El incentivo que genera el narcotráfico es económico y ha logrado calar y es el factor determinante por el que el narcotráfico ha logrado penetrar el tejido social centroamericano y el nicaragüense, ha conseguido legitimarse y ha adquirido una importante base logística hasta tener organizados ya 40 grupos locales de apoyo al narcotráfico en Centroamérica. La razón es económica. Y es por razones económicas que en Centroamérica, también en Nicaragua, el narcotráfico nacional ha desarrollado brazos, ha desarrollado músculo, y está generando mucho dinero.

Veamos algunos datos que lo demuestran. En noviembre de 2010 hice en una reunión como ésta el recuento de las personas vinculadas al narcotráfico capturadas en Nicaragua entre 2004 y 2009. Actualicemos los datos: si en 2009 fueron capturadas 4,646 personas, en 2010 fueron 4,872. Del total de los capturados en 2009 el 4% eran extranjeros. De los capturados en 2010, que fueron más, sólo eran extranjeros el 2.2%. En 2011 fueron capturados 3,378 y la tasa de extranjeros fue similar: 2.5%.

Esto es un índice de que los extranjeros que participan en el narcotráfico en Nicaragua se están reduciendo. Una posible deducción de este dato es que muy probablemente son ya los nicaragüenses los que se están haciendo cargo del negocio y en esos 25 grupos de apoyo son cada vez menos los mexicanos, los colombianos y los guatemaltecos y son cada vez más los nicaragüenses. Eso quiere decir que los narcos internacionales ya están confiando el manejo y el tránsito en manos de nicaragüenses.

Ése es un dato al que hay que ponerle mucha atención. Porque el factor que vulnera la seguridad de cualquier Estado en cualquier país donde las estructuras del narcotráfico se han desarrollado no es el factor extranjero, es el factor nacional. En los años 80 no vimos a ningún mexicano ni a ningún centroamericano haciéndole la guerra al Estado colombiano. Fue un colombiano, Pablo Escobar, y fueron colombianos quienes pusieron en jaque al Estado colombiano con sus actividades de narcoterrorismo. Hoy no estamos viendo ni a colombianos ni a centroamericanos poniendo en jaque al Estado mexicano. Son los mexicanos los que lo hacen. Y quienes matan gente en Honduras no son mexicanos, son hondureños. Son hondureños los que han provocado esa altísima tasa de homicidios: 86 por cada 100 mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud y los organismos internacionales identifican que una sociedad es sana en relación a los delitos cuando la tasa de homicidios no supera los 8.8 por cada 100 mil habitantes. Cuando pasa de 10 se considera ya un problema epidémico. En Nicaragua tenemos 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, más de tres puntos por encima del estándar internacional. Tenemos, pues, una sociedad enferma en cuanto a seguridad y a delito.

Nuestra Policía identifica como “gran éxito” la reducción de la tasa de homicidios en el país. Y ciertamente, siempre que las tasas se reducen es una buena noticia. Pero cuando habló recientemente de esta reducción, la Comisionada Granera afirmó que Nicaragua estaba mejor que Costa Rica en el índice de homicidios por habitantes. No es cierto: Costa Rica tiene 10.3 homicidios por cada 100 mil habitantes y en Nicaragua tenemos 12, así que en ese punto Nicaragua no es el país más seguro de Centroamérica, aunque naturalmente tenemos niveles de seguridad mejores que los de Panamá y que los de los países del llamado Triángulo Norte.

Veamos otros datos: las incautaciones de cocaína se han ido reduciendo en Nicaragua. 2008 fue el año más productivo en cuanto a decomiso de droga: ese año las autoridades nicaragüenses lograron incautar 15.3 toneladas de cocaína. En 2009 lo incautado se redujo a la mitad: 8.1 toneladas. En 2010 se incrementó un poco: 10.4 toneladas. En 2011 esa cantidad se redujo casi a la mitad: 6.9 toneladas de cocaína decomisada. A partir de 2009 la cantidad de cocaína incautada ha mantenido una tendencia a disminuir.

La marihuana es la droga ilegal que más se consume en Nicaragua. Después está el crack y después la cocaína. Nicaragua es un país productor de marihuana. Hay producción autóctona en el Triángulo Minero (Siuna, Bonanza y Rosita), en Bosawás, en Waslala y en Terrabona. La Policía Nacional destruyó en 2011 casi 4 mil plantas de marihuana e incautó casi 700 kilos de marihuana y una buena cantidad de semillas para la producción. El tráfico de marihuana cuenta con otras estructuras diferentes a las del tráfico de cocaína, que tienen sus propios matices, aunque en el mercado al por menor ambos se unen en un mismo punto: el expendio.

La Primera Comisionada Aminta Granera ha explicado que la política de las instituciones de seguridad nicaragüenses se basa en golpear las estructuras nacionales para impedir que se desarrollen tanto como para que puedan manejar el tráfico por el territorio y, a la par, buscan incidir para que los narcotraficantes internacionales no utilicen el territorio nacional, sino que circulen por aguas profundas y así la droga no entre al territorio nacional, porque cuando los narcotraficantes extranjeros usan la plataforma nacional parte de la droga se queda en el país por el efecto “derrame”. Y así es: si, por ejemplo, van trasladando 1,500 kilos de cocaína la meta es que 1,200 lleguen al mercado de Estados Unidos y 300 se distribuyan entre los colaboradores necesarios con los que cuentan en Centroamérica.

Los 25 grupos nacionales de apoyo al narcotráfico internacional que ya existen en Nicaragua son mantenidos económicamente con la droga con que los narcotraficantes extranjeros les pagan. Esos grupos necesitan convertir esa cocaína en dinero líquido y esa cocaína termina circulando en el mercado nicaragüense. Lo que la Policía pretende es que ese ciclo termine y pretende lograrlo quebrando el tráfico transnacional y golpeando a las bandas nacionales.

Aunque es una estrategia interesante que puede dar resultado, hay que tener en cuenta lo desigual del esfuerzo. La producción anual de cocaína se ha mantenido en los últimos 7 años en 950 toneladas anuales. Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú producen cocaína, siendo Colombia y Perú los mayores productores. Esa producción total, esas 950 toneladas, los narcotraficantes necesitan venderla en el mercado internacional, principalmente en el mercado estadounidense.

Para llegar al mercado de Estados Unidos toda la droga que llega a Panamá tiene que pasar por Costa Rica, Nicaragua, Honduras o El Salvador, Guatemala y México. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el 90% de esa cantidad total, 855 toneladas, pasan por territorio centroamericano. Si a esas 855 toneladas les restamos el 20% en incautaciones, que es lo que capturan anualmente las autoridades centroamericanas (171 toneladas), quedan libres 684 toneladas que circulan por el territorio centroamericano. Por Nicaragua pasa anualmente un enorme volumen de cocaína.

Esto es suficiente incentivo económico para que los grupos nacionales de apoyo se mantengan vivos y no desaparezcan. Quiebran a uno y nacen tres, quiebran a tres y nacen seis. La política de interdicción de las instituciones del Estado de combatir las estructuras locales es buena, pero es necesario que incluyan otras medidas Socioeconómicas que eviten que las células quebradas se conviertan en nuevas células de apoyo al narcotráfico, que esas células se atomicen y continúen actuando. Sin esas otras medidas los quiebres no servirán de mucho. El incentivo económico es enorme. Enfrentarlo es una lucha desproporcionada, gigantesca.

¿Cuánto pesa la economía narco en la economía centroamericana? No sabemos. ¿Cuánto del PIB centroamericano proviene ya de la economía narco? Aún no lo sabemos. ¿Cuánto lavado de dinero hay en Nicaragua? Podemos suponer muy superficialmente que en Nicaragua se lava dinero del narcotráfico. Hay quienes afirman que eso es imposible, porque nuestro sistema financiero es muy pequeño y por eso se puede detectar inmediatamente cuándo el narcotráfico inyecta en la banca nacional una gran cantidad de dinero. ¿Y si lo hiciera en la banca extranjera? Hay quienes afirman que el dinero del narcotráfico se lava en Nicaragua especialmente con el contrabando comercial y que los prósperos nicaragüenses que lo lavan por esa vía tienen su dinero en bancos de las islas de Gran Caimán, un paraíso offshore, un paraíso fiscal.

Otra actividad en la que podemos sospechar que se está lavando mucho dinero del narcotráfico en Nicaragua es en la construcción de residenciales de lujo. Recientemente vi que en el canal de televisión Fox Life estaban mostrando residencias lujosas en el mundo, y a la par de casas en la Riviera francesa y en las Islas Canarias aparecieron residencias en San Juan del Sur, casas que valen 3 millones de dólares, 1 millón 200 mil dólares, 800 mil dólares…y extranjeros que vienen a comprarlas aquí.

La construcción y venta de ese tipo de viviendas está en franco desarrollo y crecimiento en Nicaragua. Casas de 2 millones de dólares se venden hoy en toda la periferia de Managua. ¿Quiénes compran esas casas, que no son ni tres ni cuatro, sino que son condominios enteros? Supongamos que las compran funcionarios del gobierno. Pero, ¿cuántos funcionarios tienen capacidad económica para comprarlas? Tal vez el lavado de dinero nos lo puede explicar. La realidad es que el lavado de dinero ya está inyectando recursos a la economía nicaragüense. La realidad, repito, es que en Nicaragua el narcotráfico ya ha desarrollado brazos, ya ha desarrollado músculo y está generando dinero y aunque no podamos constatar cómo se lava ese dinero, ya se produce y ya se lava mucho dinero aquí.

Para detectar el lavado de dinero se acaba de aprobar en Nicaragua una nueva entidad, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. En todos los países en donde se ha creado una institución semejante los resultados han sido muy positivos. En Panamá, por ejemplo, donde fue recién creada, y en Ecuador, que la creó hace un año. Una institución como la Unidad de Análisis Financiero es muy necesaria en Nicaragua. Lo es sobre todo en los países que están en la ruta del narcotráfico. Pero el IEEPP ha puesto los puntos sobre las íes sobre la forma acelerada y sin consenso en que se promulgó la ley y sobre algunos aspectos que tendrá la UAF. Uno de los que más nos preocupa es que las instituciones que componen la UAF estarán regidas por el Ejército, que coordinará toda la actividad investigativa de esa institución.

Poner al Ejército al frente de la inteligencia financiera del país es preocupante y ha exacerbado los ánimos de muchos sectores nacionales. Porque la UAF debe ser una entidad especializada, compuesta por auditores, financistas, gente experta en asuntos de banca, gente que conozca del mundo de las finanzas y que por eso pueda generar inteligencia financiera. El Ejército de Nicaragua no tiene esa capacidad ni esa especialidad y el manejo que va a hacer podría ser discrecional. La UAF es una entidad necesaria en Nicaragua, pero tal como está diseñada no va a funcionar adecuadamente. Creemos que se necesita no una reforma de la ley, sino una nueva ley con otro diseño. Lo prudente sería derogar esa ley recién aprobada y crear una nueva UAF, aunque creo que no hay condiciones para que eso suceda.

También recientemente el gobierno anunció que Nicaragua se prepara para construir un Gran Canal Interoceánico. Hay quienes se inquietan pensando que esa nueva ruta será aprovechada por el narcotráfico internacional. Considero que la construcción de ese canal es sólo una hipótesis y no creo que se haga realidad porque nadie, ni el Estado, ha presentado estudios de factibilidad financiera. Pero si se llegara a construir, sea seco o húmedo, el narcotráfico naturalmente lo aprovechará. Hay que tener en cuenta que el narcotráfico siempre aprovecha la infraestructura desarrollada en cualquier país. La idea de que el narcotráfico actúa en las selvas, escondiéndose en los lugares más recónditos, es errónea. El narcotráfico usa siempre las vías establecidas que existen en cada país: las aéreas, las terrestres, las marítimas, y las va usando corrompiendo a los sectores locales que controlan esas vías. Si aquí se construyera ese Canal el narcotráfico lo usaría, tal como ahora el narcotráfico ya utiliza el Canal de Panamá.

Analicemos ahora algunos datos del caso de narcotráfico más reciente, el caso más conflictivo y revelador: el caso Cabral–Fariñas–Osuna. En julio de 2011 fue asesinado en Guatemala el cantautor argentino Facundo Cabral. Los disparos no iban contra él, sino contra el nicaragüense Henry Fariñas, que manejaba el vehículo. Fariñas era conocido en Centroamérica como empresario de clubes nocturnos. Según las versiones oficiales, el narco costarricense Alejandro Jiménez, alias El Palidejo, mandó a unos sicarios a matar a Fariñas, pero sólo lo hirieron. A partir de estos hechos, de todos conocidos, hemos sabido y entendido muchas cosas, hasta ahora encubiertas u ocultas.

Lamentablemente, tuvo que morir Cabral para que Nicaragua se pudiera dar cuenta del grado de corrupción interna y de la penetración del narcotráfico en nuestras instituciones. La primera revelación de la muerte de Facundo Cabral es que el narcotráfico ya ha penetrado instituciones del Estado nicaragüense como el Consejo Supremo Electoral, sugiriéndose también por los medios de comunicación, una penetración en la Policía Nacional, a pesar de que las autoridades policiales lo niegan.

Henry Fariñas fue capturado en Nicaragua ocho meses después de la muerte de Cabral. ¿Por qué tanto retraso? Por profilaxis o por prevención, la Policía Nacional debió capturarlo enseguida que regresó al país después del atentado para interrogarlo, sabiendo como se supo desde el principio que el atentado iba dirigido contra él y no contra Cabral. Siendo un nicaragüense, y conocido como exitoso empresario centroamericano, debía interesarle a la Policía conocer cuáles eran sus conexiones en Nicaragua. ¿Por qué nunca lo capturaron y lo interrogaron para sacarle información? ¿O lo hicieron y no lo sabemos? Lo que sabemos es que después de recuperarse de las heridas del atentado, Fariñas andaba tranquilamente por Nicaragua y sólo fue hasta que la presión, primero de Argentina y después de Guatemala, y hasta que el caso llegó a la Interpol, que decidieron capturarlo aquí para que no lo capturaran en otro país. Decidieron que era mejor tenerlo guardado en Nicaragua. Pareciera que su captura obedece más a prevenir un escándalo más grande que se nos pudo haber venido desde el extranjero. Algo de eso es lo que ha dado a entender también la familia de Fariñas.

Ya preso, Fariñas habló y denunció que al interior de la Policía Nacional actuaba una “estructura paralela” vinculada al narcotráfico, que lo estaba amenazando a él para que no hablara. La denuncia de Fariñas pudo ser un chantaje, una especie de “si me echaron a mí a los leones yo voy a destapar la estructura paralela”. Podría interpretarse como la declaración de un presunto narco resentido, pero no por ser narco lo que Fariñas dijo podría ser falso.

Cuando Fariñas denunció esto y los medios recogieron su denuncia, la situación se volvió extremadamente delicada para la Policía Nacional, que pareció administrar el momento para lograr desenfocar la atención pública sobre esa información y para re-enfocarla en otra dirección. Si analizamos la línea de tiempo en el caso Cabral veremos que sólo tres días después de que Fariñas habló de la estructura paralela, la Policía Nacional apresó con gran despliegue de publicidad al magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna, acusándolo de estar vinculado al grupo narco de Fariñas y de El Palidejo. Inmediatamente, los medios dejaron de hablar de la denuncia de Fariñas y todos se concentraron en el caso Osuna, considerándolo el caso más emblemático del narcotráfico en Nicaragua, sin darse cuenta de que desatendían una denuncia aún más grave, de la que después del caso Osuna, ya no se volvió a hablar.

La Policía detuvo a Osuna acusándolo de narcotráfico con la prueba de una escritura de un acta de constitución de una sociedad anónima que Osuna había hecho con un mexicano, David Patrón, vinculado al grupo de narcos mexicanos llamado Los Charros. Pero esa acta constitutiva de esa sociedad circuló desde antes de que mataran a Cabral y el diario “La Prensa” ya la había publicado.

Para poder entender mejor cómo funciona el crimen organizado y cómo el crimen organizado penetra a los Estados, recomiendo leer a Edgardo Buscaglia, experto internacional en la materia. Este investigador, escritor, analista, jurista y experto en seguridad uruguayo-estadounidense, tiene un equipo que ha hecho 150 investigaciones en 40 países del mundo: Italia, Japón, México, Colombia, China... Buscaglia es quien en una entrevista con la CNN retó al Presidente de México Felipe Calderón a que le demostrara que su gobierno y el Estado mexicano no estaban penetrados por el narcotráfico.

Las conclusiones de la investigación científica y empírica que este hombre ha hecho demuestran que el narcotráfico corrompe de arriba hacia abajo, que nunca corrompe de abajo hacia arriba. Eso está demostrado científicamente. El narcotráfico penetra por abajo el tejido social, pero corrompe desde arriba a las instituciones. La Convención de Palermo, que es un texto muy bueno, establece que, para que una célula del crimen organizado pueda ser considerada como tal tiene que estar estructurada, debe permanecer en esa actividad durante un tiempo y debe generar ganancias para esa célula. Para que eso ocurra el narcotráfico necesita haber penetrado en las instituciones del Estado. Y para penetrarlas corrompe a los representantes más altos de las instituciones de justicia y de seguridad.

Esas conclusiones ya están demostradas en toda Centroamérica y ahora ya las vemos demostradas con claridad también en Nicaragua. Tenemos ya evidencias de que Centroamérica es hoy por hoy una zona donde la narcopolítica se ha venido incrementando. Es sencillo comprobarlo. Con el buscador de Google pongan “diputados parlacen narcotráfico” y ahí les van a salir tres casos públicos de diputados del Parlamento Centroamericano vinculados al narcotráfico. El narcotráfico logró poner a tres diputados en una de las instituciones del Sistema de Integración Centroamericano. Hubo también evidencias de que en el caso del bus que llevaba droga y fue incendiado, muriendo muchos nicaragüenses y un holandés, estaban involucrados políticos guatemaltecos. Lean también en el periódico digital “El Faro” de El Salvador el caso del cartel de Texis, el más poderoso y el que más tiempo ha permanecido en actividades del narcotráfico en territorio salvadoreño.

En esa crónica recibirán una cátedra de cómo operan los carteles nacionales en nuestros territorios. ¿Por qué nunca ha sido quebrado el cartel de Texis? ¿Por qué, a pesar de que existen tres informes de inteligencia del Estado salvadoreño sobre las actividades de ese cartel, y a pesar de que esos informes se le han puesto en las manos al Presidente de El Salvador, durante diez años nunca ha prosperado ningún caso contra el cartel de Texis? La información de “El Faro” nos indica que ese cartel está conformado por algunos diputados salvadoreños. Eso ya es información pública. “El Faro” dice que logró el informe de inteligencia sobre el cartel de Texis porque un ministro, cansado de alertar sobre esto sin ser escuchado, se los filtró. Lo publicaron, pero no pasa nada, porque las conexiones que tiene este cartel están tan arriba que impiden tocarlo.

Yo no creo que el magistrado electoral Osuna haya sido “el rey de la droga” en Nicaragua. Creo que él vio una oportunidad en el negocio narco y se metió y le fue muy mal. Pero no creo que haya sido ni la única persona ni la cabeza de esa estructura en Nicaragua junto con Fariñas. No creo tampoco que Osuna haya sido autónomo. Siendo sólo un magistrado suplente no creo que pudo tener tanto poder interno para falsificar tantas cédulas de identidad nicaragüenses para tantos narcos. Eso es imposible.

La lección principal que nos deja el caso Cabral-Fariñas-Osuna es la cantidad de señales que nos brindó de lo penetradas que están ya por el narcotráfico nuestras instituciones, y al más alto nivel.

Cuando el diario “La Prensa” y algunos canales de televisión presentaron fotos de las hermanas de Henry Fariñas abrazadas con varios Comisionados de la Policía, en un primer momento la Primera Comisionada Aminta Granera negó que esas fotos implicaran una penetración del narcotráfico en la Policía y limitó esas evidencias al mundo de las relaciones personales, negando que tuvieran algo que ver con la institución que ella dirige. Pero, poco tiempo después, en una entrevista que Granera le dio a Insight Crime, que visitó Nicaragua, la Primera Comisionada reconoció que las hermanas de Fariñas no sólo eran amigas de los Comisionados, sino que eran sus “novias”. No se trataba, pues, de una relación de amistad sino de una relación íntima. La Jefa de la Policía dice una cosa en Nicaragua y le dice otra a los extranjeros. Maneja un doble discurso. ¿Por qué? Todavía no sabemos.

Si yo, que no tengo ninguna información de inteligencia, me reencuentro con un amigo diez años después de no verlo no tengo por qué saber ni por qué preguntar con cuáles actividades mi amigo se gana la vida. Pero un Comisionado de la Policía Nacional sí tiene información y sí debe de saber con quiénes se relaciona porque él sí debe manejar información de inteligencia. Los funcionarios de la Policía Nacional están obligados a saberlo por la Ley 228, por su Régimen Disciplinario, por su Régimen de Ética Profesional, tres instrumentos institucionales que los remiten a un instrumento internacional que se llama Código de Conducta para los Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley. Todas estas leyes los obligan, les exigen cuidar con quiénes se relacionan. Su uniforme, su investidura y su autoridad les obligan a seleccionar sus amistades y sus relaciones íntimas. También por esto, creo que el caso Cabral ha puesto a la Policía Nacional de Nicaragua en su peor momento.

Otro dato importante: En el caso Fariñas la Policía Nacional jamás se preocupó por darnos la más mínima explicación de la relación que tenían las hermanas de Fariñas con varios Comisionados. Y cuando aparecieron tan sugerentes fotos en “La Prensa” jamás se nos dio una explicación, ni siquiera se nos dijo que iban a investigar para deslindar responsabilidades. Ni siquiera eso. La Policía jamás se tomó la molestia de hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo considera necesario. Porque para la institución policial no parece importante darle explicaciones a la ciudadanía.

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