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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 334 | Enero 2010
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Nicaragua

“Las similitudes de este gobierno con la dictadura somocista dan escalofríos”

Hugo Torres, General de Brigada en retiro del Ejército de Nicaragua, uno de los responsables de varias de las hazañas del FSLN en la lucha contra Somoza: la toma de la casa de Chema Castillo en 1974 y la toma del Palacio Nacional en agosto de 1978, actual diputado suplente del Movimiento Renovador Sandinista, compartió con Envío su visión sobre los retos que enfrenta el Ejército en el contexto de la difícil coyuntura nacional, en una charla que transcribimos.

Hugo Torres

En la historia de Nicaragua, antes del que hoy tenemos, todos los ejércitos tuvieron el sello del caudillo o del partido que les dio vida. Por eso es que nuestra historia es rica en guerras civiles entre un partido y otro, tradicionalmente entre conservadores y liberales. Por eso es que los ejércitos nacían y morían con el caudillo. La Guardia Nacional que derrocamos el 19 de julio de 1979 nació con el primer Somoza al amparo de la intervención norteamericana y murió con el último Somoza. Aunque fue un ejército que nació con la intención de darle a Nicaragua un ejército profesional, muy pronto Somoza García se apropió de la Guardia y le imprimió su sello.

La dictadura de los Somoza, que duró casi 45 años, logró mantenerse construyendo un tejido que el primer dictador fue elaborando cuidadosamente. Convirtió a la Guardia Nacional en su ejército, un ejército pretoriano que tuvo la función de ser, a la vez, ejército y policía. Además, Somoza organizó fuerzas de choque para reprimir a sus opositores. Somoza se apropió también del Partido Liberal y le imprimió su sello, convirtiéndolo en el Partido Liberal Nacionalista, que terminó siendo el partido de Somoza. Otro de sus logros fue comprar y someter a su adversario político, el Partido Conservador, dándole cuotas de poder hasta convertirlo en un cómplice, en un partido “zancudo”. Somoza estrechó también una relación con la jerarquía de la iglesia católica de esa época -con algunas excepciones- logrando que no cuestionara a su régimen. Igualmente, consiguió anular en términos políticos a la empresa privada dándole espacios para hacer negocios con tal de que no se metiera en política. La dictadura tuvo políticas públicas populistas que le permitieron desarrollar un extenso clientelismo político y una dinámica social de corrupción, sembrando de esta forma en el imaginario social un sistema corrupto, individualista, ventajista y oportunista, de obediencia ciega y sumisión a la autoridad. Gozó también del amparo de los gobiernos de Estados Unidos en aquellos años. A través de este tejido, el somocismo lo controló todo y se mantuvo casi medio siglo en el poder, generando una cultura prebendaria, de chantaje, de sojuzgamiento de voluntades y de pérdida de libertades.

Hay tantas similitudes entre el gobierno actual de Daniel Ortega y el tejido que logró armar la dictadura somocista que da escalofríos. Daniel Ortega se ha apropiado del partido de la revolución, el Frente Sandinista, lo ha desnaturalizado y lo ha convertido en su partido, en un partido familiar. Ortega ya tiene organizadas y entrenadas fuerzas de choque, que se estrenaron públicamente en torno al fraude electoral de noviembre de 2008. A través del pacto con Arnoldo Alemán, Ortega ha ido convirtiendo al PLC en su propio partido zancudo, dándole a estos liberales cuotas de poder, lo que le permite vender la imagen de legitimidad porque tiene “oposición”, mientras mantiene dividida al resto de las fuerzas políticas opositoras. Sus políticas públicas son clientelistas y buscan el control social. No ha podido con el conjunto de la jerarquía de la iglesia católica, pero en ese esfuerzo atrajo al Cardenal Obando, chantajeado, convirtiéndolo en cómplice de sus fechorías. También ha venido manejando las mejores relaciones con el gran capital, con la misma máxima del somocismo: “Dedíquense ustedes a sus negocios y déjenme a mí la política”. Y el gran capital está tranquilo haciendo negocios y no cuestiona al régimen. Y por si fuera poco, Ortega alimenta un mesianismo y un culto a su personalidad escandalosos, superior al que practicaron los Somoza.

Lo mismo que Ortega hizo con el partido FSLN, privatizándolo y convirtiéndolo en instrumento al servicio de sus intereses, ha hecho con todo el Estado. Hoy todas las instituciones del Estado -Poder Judicial, Poder Electoral, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría de Derechos Humanos- están subordinadas políticamente a su voluntad. Y la subordinación que ha logrado Daniel Ortega en las instituciones del Estado es mayor que la que logró Somoza, porque en tiempos de Somoza había algún grado de independencia en el Poder Judicial y había jueces que se le paraban firmes a Somoza y actuaban con la Ley en la mano.

¿Qué queda fuera de su control? Un pequeño reducto de la Asamblea Nacional, parte de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. ¿Qué le falta a Ortega para terminar de parecerse a los Somoza? Una Guardia Nacional. Hasta ahora no la ha necesitado, porque con sus grupos de choque ha reprimido cuando ha querido a la población que se ha manifestado en las calles en reclamo del respeto a sus derechos civiles.

No tiene una Guardia Nacional, pero no le ha faltado ni voluntad ni esfuerzos para convertir a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas de Nicaragua en instrumentos a su servicio. Desde el primer momento en que en 2007 asumió el gobierno, cuando juramentó ese día a la jefatura del Ejército y de la Policía, les recordó en su discurso a ambos cuerpos armados sus orígenes revolucionarios y sandinistas, como que alguno de estos oficiales lo ignorara o se avergonzara de ese origen. No, lo hizo con una intención bien definida: enviarles el mensaje de cuál debía ser la posición del Ejército y de la Policía en el nuevo gobierno. Les enrostró eso, se lo restregó a ellos y a todo el país. Desde entonces, Ortega no ha dejado de manifestar su voluntad de controlar a las dos instituciones armadas, para desnaturalizarlas y convertirlas en instituciones subordinadas a su proyecto político.

En el caso de la Policía ha logrado avances importantes. Ciertamente, este proceso de desnaturalización de la institucionalidad policial lo inició Arnoldo Alemán durante su Presidencia. Alemán empezó a influenciar los relevos en la Policía nombrando como Jefe de la Policía a Edwin Cordero, un muchacho que fue compañero mío en la guerrilla y que después se enredó en la telaraña de Alemán, haciéndole mucho daño a la institución policial. Alemán sacó también de las filas de la Policía a cuadros muy profesionales que no tenían edad para el retiro: al Comisionado Eduardo Cuadra -que iba en línea directa al relevo en el mando policial-, al Comisionado Pedro Aguilar, al Comisionado Palacios, entre otros. Fue un verdadero desperdicio renunciar a estos hombres.

Creo que desde entonces inició un problema que Ortega ha profundizado. Y es que hay un sector de la clase política nacional -del que Alemán y Daniel Ortega son los principales exponentes- que no tiene una visión de nación, que no ve más allá del círculo estrecho de sus intereses personales y de grupo, y que usa el poder para enriquecerse, para amasar grandes capitales y así poder seguir jugando en política permanentemente.

En Nicaragua todavía tenemos una buena Policía. Si la comparamos con las de otros países de Centroamérica, sigue siendo una Policía bastante eficiente, aunque nos quejemos cada vez más de ella. El índice de resolución de delitos es más alto en Nicaragua que en Honduras, Guatemala y El Salvador, a pesar de las grandes limitaciones materiales y técnicas que tiene la institución. Sin embargo, y me duele decirlo, creo que la Policía que hoy tenemos no es mejor que la que tuvimos hace cinco o diez años atrás, en relación a su adhesión a la Constitución y a la Ley.

Ortega ha venido metiendo las manos en la Policía para descomponerla. Una de sus acciones más significativas ha sido -igual a la que hizo Alemán- sacar de las filas policiales a oficiales muy profesionales que no estaban en tiempo de retiro, por considerar que no respaldaban su proyecto político. Y no sólo hizo eso, sino que, a la vez, ascendió en grado a otro grupo de oficiales a los que no les tocaba ese ascenso, colocándolos ya en línea de sucesión para cuando termine su período la Primera Comisionada Aminta Granera. Entre ellos, ascendió a Francisco Díaz, ahora su consuegro, porque en enero 2010 la hija de Díaz se casó con un hijo de Ortega.

Los ascensos decididos por Ortega fuera de tiempo han forzado las estructuras de la Policía Nacional, porque la ley establece que no se pueden dar ascensos si no hay cargos a ser ocupados. Tanto en el Ejército como en la Policía, el grado militar es el aspecto visible del grado de calificación de un oficial para ocupar un determinado cargo. A cada cargo le corresponde un grado y no puede suceder que un grado superior ocupe un cargo inferior. Al ascender oficiales de la Policía sin tener cargos para ser ocupados por los ascendidos -porque ya están ocupados por otros oficiales- se crea un conflicto en la Policía, que no tiene en sus estructuras cargos donde ubicarlos. Esta discrecionalidad presidencial ha comenzado a afectar ya la vida institucional de nuestra Policía Nacional, una institución a la que aprecio mucho y lo menos que deseo es que se descomponga, porque si esto sucede perderíamos todos.

En el caso del Ejército, el propósito de Ortega ha sido el mismo que con la Policía. ¿Lo logrará? Repasemos sintéticamente la historia de nuestro Ejército para imaginar lo que perderíamos todos.

El Ejército de Nicaragua es heredero del Ejército Popular Sandinista. Nació y comenzó a tener vida institucional con el triunfo de la revolución. Su embrión fueron las columnas guerrilleras e insurreccionales del FSLN. Hasta hoy celebra su día el 2 de septiembre porque ese mismo día de 1927 el General Augusto Sandino dio vida al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que luchó contra la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Asumimos ese día como propio porque asumimos el legado ético, moral y político de Sandino.

Cuando triunfamos contra la Guardia Nacional de Somoza, lo que nosotros sabíamos era ser guerrilleros. Pero un ejército regular es otra cosa. Desde el inicio nos dimos a la tarea de conformar lo que debía ser el nuevo Ejército de la nación nicaragüense, sabiendo que éramos también el corazón armado de la revolución.

Las primeras unidades del naciente ejército las fuimos conformando con el apoyo de internacionalistas chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, que tenían nociones por haber recibido cursos en academias militares en la URSS y en Cuba. Con esa asesoría conformamos los primeros batallones. Después, con la asesoría militar, principalmente de Cuba, y después de la URSS, fuimos dándole forma al Ejército Popular Sandinista. Fuimos creando las unidades, las escuadras, los pelotones, las compañías, los batallones, las brigadas y todas las unidades de apoyo: de artillería, de morteros, de artillería antiaérea, de ingenieros... Creamos también la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval e inauguramos las primeras escuelas militares en Nicaragua. Enviamos a formar a nuestros oficiales en el exterior, principalmente en Cuba, en donde llegamos a tener una escuela militar sólo para nicaragüenses. Teníamos una cantidad menor de oficiales formándose en las mejores academias soviéticas y un contingente de pilotos estudiando en Bulgaria y en la URSS.

Ese ejército regular que íbamos formando tan aceleradamente se vio forzado a combatir de nuevo muy pronto. Desde 1980, los remanentes de la Guardia Nacional, que habían huido a Honduras, se fueron conformando como lo que después fue la Contrarrevolución o Resistencia Nicaragüense, primero asesorados por militares argentinos y después con la asesoría, el equipamiento y el respaldo directo de militares de Estados Unidos. Los contras llegaron a constituir un formidable ejército guerrillero que tuvo hasta unos 18 mil hombres sobre las armas y que contó con una amplia base social en Nicaragua.

Siempre coincidió esta guerra con esfuerzos de negociación del gobierno revolucionario con el gobierno de Reagan. Llegó un momento en que los gringos nos dijeron que no nos atacarían a condición de que no ayudáramos al movimiento revolucionario salvadoreño y no les suministráramos armas. Un condicionamiento para nosotros imposible en aras del internacionalismo, de la solidaridad. Además, los salvadoreños nos habían dado armas para luchar contra Somoza y además, en términos de estrategia, creíamos que al internacionalizar el conflicto en Centroamérica, avivando la lucha armada en El Salvador y en Guatemala, sería más difícil para Estados Unidos tratar de resolver sus contradicciones con nosotros por la vía militar. Seguíamos la máxima del Che: crear “uno, dos, tres Vietnam” para empantanar a las tropas norteamericanas si agredían a uno de nuestros países.

Las cosas se nos fueron complicando por no haber hecho, después del triunfo revolucionario, una lectura apropiada de cuál era el modelo económico, político y social que necesitaba Nicaragua. Éramos novatos. Habíamos sido guerrilleros con alguna formación política, pero manejar un país es otra cosa. Además, pecamos de soberbios. No asumimos con humildad la tarea, no supimos hacer una lectura apropiada de cuáles eran las contradicciones de la sociedad nicaragüense y creímos que, porque la mayoría de la población se involucró en la lucha contra la dictadura y apoyó la lucha armada que lideraba el FSLN, nos daba una patente para que desarrolláramos un modelo de país que la gente no conocía y que nosotros mismos no lográbamos definir. Y aunque fue novedoso que proclamáramos los tres pilares de ese modelo -economía mixta, pluralismo político y no alineamiento-, en la práctica fuimos actuando autoritariamente y poco a poco negando el régimen democrático.

La guerra subió de intensidad y desde el primer momento nos obligó a destinar la mayor parte del presupuesto nacional a hacerle frente. Eso significó que todas las buenas intenciones de nuestro programa económico y social -que había comenzado con una magnífica campaña de alfabetización, aplaudida en el mundo entero-, se vieran frenadas.

Entre los muchos errores, fruto de las novatadas y de un paternalismo absurdo, comenzamos a condonar una y otra vez las deudas a los productores del campo, a las cooperativas, a los campesinos. Se fue creando así una mentalidad de “no pago” y, en consecuencia, de “no trabajo”, porque si me van a condonar, ¿para qué trabajar? En el campo llegó a haber jornadas laborales de sólo dos o tres horas diarias, con el argumento de que “los pobres ya están en el poder”. Fueron equivocaciones gravísimas, que, aunque parezca mentira, se siguen repitiendo hoy en el gobierno de Daniel Ortega.

También hubo equivocaciones tremendas que afectaron a los pequeños y medianos productores, que son mayoría en Nicaragua. Era en el campo donde permanentemente se manifestaba la discrecionalidad en el uso del poder, y cada secretario político del Frente Sandinista, en cualquier comarca o municipio, aplicaba la ley como se le ocurría. Eso provocó gravísimos problemas. En las zonas rurales de montaña se expropió al pequeño ganadero que tenía veinte vacas y casa con techo de zinc porque si tenía todo eso ya era “un rico”. Errores como éstos, multiplicados a lo largo y ancho del país, fueron creando mucha inconformidad, mucho resentimiento y se tradujeron en que miles de campesinos se fueran incorporando a las filas de la contrarrevolución. Y cuando nos dimos cuenta, ya era muy tarde. Algunos no se dieron cuenta nunca, algunos no aprendieron nada. Entre ellos, Daniel Ortega, que no ha aprendido nada.

Me atrevería a decir que ya desde 1983-84 la guerra se manifestó como una guerra entre el campo y la ciudad. Las filas de la Contra eran mayoritariamente campesinas. Y las del Ejército Popular Sandinista eran en gran medida urbanas, aun cuando tuviéramos miles de campesinos con nosotros. La mayoría de nuestras tropas venían de los centros urbanos, sobre todo a partir de que en 1983 se aprobó la ley del Servicio Militar Patriótico y los jóvenes comenzaron a engrosar el Ejército.

Teníamos que conformar un ejército numeroso, permanente y capaz de repeler la embestida contrarrevolucionaria y una eventual invasión de Estados Unidos. En aquellos años vivimos con esa amenaza: ser intervenidos por tropas de Estados Unidos. El gobierno de Reagan preparó en ejercicios continuos y maniobras militares en Honduras a más de 100 mil de sus militares. Todas las unidades que están hoy en Irak y la que tomó el aeropuerto de Haití después del terremoto -la 82 División Aerotransportada- se prepararon para una eventual invasión a Nicaragua. La 101 División de Asalto Aéreo, la 24 División de Infantería Mecanizada, el Séptimo Regimiento de Rangers, entre las unidades militares que ahora recuerdo, se prepararon para invadirnos. No lo pudieron hacer porque el gobierno de Reagan nunca encontró el espacio político internacional, tampoco en Estados Unidos, para llevar a cabo esa operación. La revolución nicaragüense gozaba de mucha simpatía en el mundo y también en Estados Unidos. Y, además, teníamos el gran paraguas de la URSS, que todavía existía. Y aunque inicialmente no habíamos querido, en aquellos tiempos del conflicto Este-Oeste quedamos inscritos en el campo soviético.

Para equipar nuestro ejército buscamos la cooperación de la URSS y la encontramos. Todo el armamento provino de la URSS y proviene aún de ahí. Tener un ejército regular significó adquirir todo tipo de armas para una guerra regular. Y por las características de la guerra contrarrevolucionaria, siempre tuvimos también unidades irregulares para la lucha guerrillera: entre ellos, los batallones de lucha irregular (BLI) y los batallones ligero cazadores (BLC).

El conflicto de los años 80 fue muy intenso. Lo magnificó el apoyo del gobierno de Reagan. Sobre Nicaragua volaban diariamente aviones de la inteligencia de Estados Unidos. El más famoso fue el Pájaro Negro, el SR-71, que ya está desactualizado, ya no vuela y ya está en los museos de Estados Unidos. Era un avión de exploración radioelectrónica. Lo hacían volar sobre Nicaragua a más baja altura de lo normal y por eso oíamos su estruendo. Eso lo hacían para atemorizarnos, era parte de la guerra sicológica. Cuando oíamos el estruendo, ya no estaba sobre Nicaragua, porque era un avión que volaba a 2,500 kilómetros por hora. En cada pasada fotografiaban cada pedacito del territorio nacional: Estados Unidos sabía exactamente dónde teníamos nuestras unidades de tanques, nuestra artillería, sabían todo, tenían cuadriculado el teatro de operaciones que era Nicaragua. Y toda esa información se la proveían a la Contra.

La identificación Estado-Partido-Ejército -y agreguémosle Sindicatos y muchos etcéteras- fue la característica política principal de la década revolucionaria. Aún antes de la derrota electoral de 1990, en la Comandancia del Ejército ya veníamos platicando sobre la conveniencia de transformar el Ejército Popular Sandinista, al EPS, en un ejército profesional, separando al ejército del Frente Sandinista, aunque siempre fuera el ejército de la revolución. Tras la derrota, este proceso se aceleró drásticamente.

Aunque en 1990 se firmó con doña Violeta el Protocolo de Transición entre su gobierno y el FSLN, para garantizar un clima de seguridad y lograr un tránsito hacia el nuevo régimen de la manera menos traumática, había gente que azuzaba a la Presidenta para que destituyera a Humberto Ortega como jefe del Ejército y para que hiciera desaparecer el EPS. Por suerte, esos planteamientos no privaron y se impusieron las posiciones sensatas de uno y otro lado. No era posible que Humberto saliera del Ejército mientras no lo tuviéramos más cohesionado.

Con doña Violeta se diseñó un plan de reducción del Ejército, que en algunos momentos llegó a tener hasta 100 mil hombres, entre unidades permanentes (profesionales), unidades de reserva (voluntarios) y unidades de milicias. Fue una reingeniería muy difícil. El plan de reducción era para cinco años, pero lo hicimos en dos años y medio. Preferimos hacerlo pronto. Fue una reducción brutal: quedaron 14 mil 500 hombres. Después, 12 mil 200, la cantidad que tenemos hoy, el ejército más pequeño de Centroamérica.

La reducción representó un trauma. Sacamos a la calle a más de 10 mil oficiales y los sacamos sin seguro social. Yo tuve oficiales que me rogaban no salir, que me decían que habían soñado toda la vida con ser militares. Además, era salir a la calle en las peores condiciones: en un país con una economía destruida y polarizado políticamente. Vendimos parte de nuestro armamento a Perú y a Ecuador, países que tenían un conflicto en la zona amazónica. Los seis helicópteros de combate MI-25 se los vendimos a Perú y a Ecuador le vendimos artillería, entre ella las famosas Katiushkas (BM-21). Con esa venta creamos el fondo para asegurar la reinserción social de los miles de oficiales que iban a retiro y para crear el capital semilla del Instituto de Previsión Social Militar. Porque el gobierno no estaba en capacidad de aportar nada ni creo que tuviese voluntad de hacerlo.

Las gestiones internacionales que hicimos para respaldar el retiro de tantos militares no dieron resultado. Solamente el gobierno de España nos aportó 5 millones de dólares, cantidad insuficiente porque el primer plan de retiro costó 18 millones de dólares, aun con indemnizaciones pequeñas: un mínimo de 6 meses de salario para los oficiales más recientes y 36 meses de salario para los más antiguos. Noruega nos aportó 1 millón 150 mil dólares para cursos de mes y medio de capacitación en microempresas para los oficiales que se retiraban. Se les daba, además del curso, 1 mil dólares a cada uno para que comenzaran su pequeña empresa, pero nadie comenzó nada, sino que con ese dinero pagaron deudas y se les fue en un abrir y cerrar de ojos. Lo que nos dio el gobierno fue una cantidad de fincas de café, de ganado y de agricultura, para que las repartiéramos entre una parte de la oficialidad. Con ellas apenas favorecimos a unos mil quinientos oficiales. Dependiendo del tamaño, las fincas las repartimos entre dos, entre tres, entre seis oficiales. La mayoría de esas fincas ya no están en manos de ellos. Las vendieron por necesidad, porque no las supieron trabajar o porque no tuvieron financiamiento para hacerlas rendir.

Del proceso de reducción pasamos a un acelerado proceso de profesionalización y de institucionalización para que naciera el nuevo Ejército de Nicaragua. Aceleradamente nos convertimos en el Ejército que nunca tuvimos: profesional, apartidista, no deliberante, apegado a la Constitución y a la Ley. Es ese Ejército el que Ortega intenta controlar. ¿Cómo lo hará?

El hecho de que el Ejército sea una institución permanente del Estado debería darle más fuerza para resistir. Pero los tiranuelos como Ortega tienen un arsenal de recursos para tratar de minar una institución como el Ejército: el halago, los abrazos, los amiguismos, los compadrazgos, la presión, el chantaje, las oportunidades de hacer negocios…Van trabajando a oficiales a quienes puedan cooptar poco a poco a través de todos estos mecanismos: recordándoles sus orígenes, tocándoles su “corazoncito”, comprometiéndolos en situaciones complicadas y delicadas, favoreciéndolos a la hora de un negocio, agarrándolos en algún desliz para después chantajearlos o haciéndose de la vista gorda cuando les descubren el desliz...

En el uso de este instrumental no hay escrúpulos. Hace rato pasaron -al comienzo tal vez por supervivencia política- la raya de la ética, y como les salió bien la jugada, la volvieron a pasar y a pasar, hasta que llegó un momento en que se les borró la raya y comienzan a autojustificarse, como una necesidad existencial para encubrirse ante sí mismos por lo que hacen.

El apego estricto a la Constitución y a la Ley es la mejor defensa para el Ejército. Y la mejor forma de cuidar y defender a esta institución es siendo críticos con ella. Permanentemente críticos cuando se estén saliendo de su mandato constitucional. No tolerarles nada si se salen de ese marco. Porque -y no nos quepa la menor duda- Daniel Ortega va a tratar poco a poco de sacarlos de ese marco, de influenciar al Ejército para arrastrarlo a su terreno.

¿Cómo lo hará? Siempre su estrategia ha sido la de un bulldozer: te va empujando, te va empujando, te va empujando... viendo hasta dónde lo dejás llegar. Si lograste pararlo en un punto, a partir de ahí negocia o recompone las cosas, pero ya no retrocede. Eso es lo que hace con sus adversarios políticos. En su esfuerzo por sojuzgar al Ejército, por controlarlo, eso es lo que está haciendo ya, aunque de forma menos ostensible.

En tres años no ha nombrado Ministro de Defensa, un ministerio que se creó para que se fuera perfilando mejor la subordinación de la institución militar al poder civil. Daniel Ortega no respetó eso y nombró a Ruth Tapia como secretaria general con rango de ministro, lo que es un absurdo. Esta señora dirige un cuerpecito institucional casi haciendo nada. Ortega lo hizo así porque quiere y le conviene tener una relación y una influencia directa con el Ejército.

Después, ha ido sometiendo al Ejército a pruebas menores, que no parecen poner en riesgo la legalidad, pero que si se las permiten preparan el terreno para que mañana la prueba sea mayor y después aún mayor. Ha expuesto al Ejército a situaciones incómodas. En abril de 2008, Ortega “alquiló” un avión del Ejército de Nicaragua para que trasladara a nuestro país a las muchachas que sobrevivieron en el campamento guerrillero de las FARC, exponiendo al Ejército a un delicado conflicto internacional. Ante esto, ¿qué hace el Jefe del Ejército? ¿Contradecir al Presidente? Lo puede acusar de insubordinación y destituirlo. ¿Reclamarle y decirle que lo que ha hecho no es legal y que así pone en entredicho la institucionalidad del Ejército?

Después ha habido otros eventos: la entrada de la armada rusa en aguas territoriales sin autorización de la Asamblea, y el envío a Haití de la brigada militar nicaragüense después del terremoto -decisión totalmente justificada y loable-, pero también sin autorización, y sin siquiera consulta, con la Asamblea, como ordenaba la ley. ¿Qué le costaba consultar, solicitar una reunión de urgencia, quién iba a decir que no? Pero todo eso lo hace Ortega porque quiere dejar claro que se limpia con la institucionalidad y que impone su voluntad.

Lo último que ha hecho Ortega va en esa misma línea. El 3 de diciembre, en un mitin, habló de la necesidad de extender los períodos de los oficiales del Ejército, para que no pasen a retiro militares calificados que aún tienen edad para seguir aportando a la institución. ¡Y lo dice después que él sacó a la calle a oficiales calificados de la Policía Nacional que podían aportar mucho a la institución y que no estaban siquiera en tiempo para retirarse!

Ese día Ortega planteó la necesidad de “flexibilizar” los tiempos de permanencia en el Ejército. La carrera militar tiene 30 años. Al cumplir ese plazo, un oficial puede tener cincuenta y pico de años. ¿Irse a la calle a esa edad? Hay un hecho objetivo: cuando se manda a la calle a gente con alto grado de especialización, como el que requieren la Policía y el Ejército, especialidades muy particulares que no se pueden suplir con civiles, no deja de ser un desperdicio para la institución y para el país, después de haber invertido tanto en ellos. Y mientras más alto cargo tiene el oficial que se va, significa que la competencia para llegar a ese cargo fue mayor y que, por tanto, sus capacidades y especialidades han sido más evaluadas y mejor calificadas.

El planteamiento de Ortega tiene, pues, alguna razón, pero viniendo de él se justifica el ponernos ariscos y preguntarnos por qué lo hace. ¿Tiene interés de que permanezcan en sus cargos determinados oficiales más allá del tiempo que les marca la ley? Sólo unos días después, y para aumentar la suspicacia, se anunció que había sido reformada la Normativa del Ejército, que norma la carrera militar, los rangos, los plazos. Se hizo siguiendo el planteamiento de Ortega y estableciendo que la carrera militar será ahora de 35 años “si la institución lo necesita”. ¿Por qué lo anunció primero Ortega y después el Ejército cumplió? Es justificada la suspicacia y aún se hace mayor porque la Policía efectuó, días después, por orden presidencial, la misma flexibilización, extendiendo los plazos de permanencia en sus cargos de algunos oficiales.

Tenemos que confiar en que el nuevo Comandante en Jefe del Ejército, el Mayor General Julio César Avilés, se mantenga firme. Aunque tengo que confesar que me sorprendió, y hasta me asustó, escucharle decir, en sus primeras declaraciones después de ser nombrado por el Presidente en plaza pública el 21 de noviembre, que agradecía el nombramiento al Presidente de la República “y a la compañera Rosario”. Al Presidente, que es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se entiende, pero a la compañera Rosario, ¿a cuenta de qué? ¿Fue un lapsus mental? ¿Alguien que no se identifique plenamente con la pareja diría algo así? Yo espero que, aún con esa identificación, se apegue a la Constitución y a la Ley. Si lo hace estará cumpliendo con su mandato.

Conozco al Mayor General Julio César Avilés. Proviene de la vieja generación que fundó nuestro Ejército. Es un cuadro muy calificado en términos profesionales. Tiene una experiencia militar muy grande, como la tiene también el General Ramón Calderón Vindell, que también podía haber sido nombrado. Yo creo que Avilés está muy capacitado para su nuevo cargo. ¿Su probable grado de identificación con el proyecto político de Daniel Ortega pudiera poner en peligro la independencia del Ejército? Sólo el tiempo lo dirá. Yo confío que en la actual generación de oficiales, sobre todo en los de más tiempo, ha calado lo suficientemente hondo el sentimiento y la convicción de la necesidad del apego estricto a la Constitución y a la Ley como para no desviar de su mandato al Ejército en los próximos cinco años del mandato de Avilés, lo que no quiere decir que no continúen los intentos de Ortega por desviarlos, más intensos si Ortega permanece en el poder cinco años más a partir de 2011.

Caudillos como Ortega se limpian con la Constitución y las leyes pensando que su voluntad lo puede lograr todo, que es su voluntad lo que determina lo bueno y lo malo para sus súbditos y para los ciudadanos. No creen en el régimen democrático, sólo se sirven del régimen democrático para llegar al poder. Sólo así se explica la impresionante sumatoria de arbitrariedades que Ortega ha cometido para asegurar la continuidad de su proyecto político.

El proyecto de Ortega es permanecer en el poder por lo menos los próximos veinte años, y así lo expresan en sus reuniones internas. Ese proyecto está avanzando porque tiene enfrente una oposición fragmentada y penetrada por el cómplice de Ortega, Arnoldo Alemán. Se trata de un proyecto indefinible, que es sólo expresión de su vocación autoritaria y dictatorial. Daniel Ortega no se ve a sí mismo fuera del poder ni se ve fuera de la dirección del Frente Sandinista. Ni siquiera concibe darle el poder a Rosario Murillo. Porque aunque Rosario Murillo tiene hoy mucho poder, sigue siendo Ortega el que manda, entre otras cosas porque Rosario Murillo no tiene arraigo en las filas del Frente Sandinista y ha generado contradicciones con todos en las filas del orteguismo.

Estamos en presencia de un régimen con una clara vocación dictatorial. Quien no lo ve es ciego. Daniel Ortega se ha empeñado en abrirnos los ojos todos los días con lo que está haciendo. El General Humberto Ortega -que hace sus apariciones como el cometa Halley-, un personaje importante en la vida del Ejército, que dirigió al Ejército en la época de la guerra haciendo grandes aportes a la estrategia militar, que construyó el nuevo Ejército con él a la cabeza, que supo honrar su compromiso de meter al Ejército por el carril de la institucionalización y se supo retirar en el momento debido, ha expresado recientemente una seria preocupación por el rumbo que lleva este gobierno, haciendo incluso un llamado a la población a manifestar su oposición en las calles. Y es que es tan evidente y descarnado el actuar de Daniel Ortega y su grupo que es difícil no verlo. La influencia de Humberto Ortega en el Ejército ya es muy poca, pero cuando habla, sabiendo de dónde viene y cuál es su historia, llama la atención y hace reflexionar incluso en las mismas filas del Frente Sandinista. En esa medida puede contribuir a que muchos abran los ojos.

Ciertamente, hay aún mucha gente que sigue en el Frente Sandinista de buena fe. Porque creen que el Frente de hoy es el mismo que hizo la revolución y porque creen que Daniel Ortega, a pesar de sus defectos, sigue siendo un líder revolucionario. Es un asunto existencial: es el temor a perder la identidad, a sentirte huérfano. Es un duelo, porque nunca es fácil abandonar un partido, una iglesia, un gremio en donde uno ha desarrollado gran parte de su vida.

¿Y no hay corrupción en el Ejército? Existe la imagen de que en Nicaragua hay dos ejércitos: el que presta ayuda en los desastres y el de los generales empresarios. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de nuestro Ejército, tan distinto a los ejércitos del resto de Centroamérica: ejércitos represores, violadores de los derechos humanos y, en un pasado reciente, hasta criminales. Eso no niega que no tengamos que estar vigilantes para que no caigan en la tentación de desviarse del mandato constitucional. Cuando empiezan a meterse en negocios y le dan más tiempo a esos negocios que a sus deberes corren el riesgo de descuidar su carácter profesional y entran en un conflicto de intereses. Los oficiales, como cualquier ciudadano, tienen derecho a desarrollar una actividad económica y financiera, pero no deben aprovecharse de su cargo y de su influencia para hacer negocios. Lo mismo que hay que detener las pretensiones dictatoriales de Ortega, también hay que estar vigilantes con el Ejército y denunciar cualquier abuso que cometan sus oficiales y soldados. No dejarles pasar ni una. Hoy por hoy, todas las encuestas de los ciudadanos muestran que ésta es la institución más confiable y más querida del país. La mejor manera de quererla y protegerla es siendo críticos con ella.

Hay quienes apuestan a que el Ejército protagonice un golpe de Estado contra los desmanes de Ortega. Cuando los políticos no logran resolver sus contradicciones vuelven siempre su vista a los Ejércitos. Es un error. Hay que dejar a los políticos esa tarea y hay que contar con que la sociedad civil se involucre como actor de primera fila, como lo ha venido haciendo últimamente. Y hay que esperar que todos los actores, políticos, sociales, gremiales, religiosos, si estamos viendo el peligro en que está poniendo a Nicaragua este gobierno, aunemos esfuerzos y sumemos voces y energías para resolver por la vía política esta contradicción.

Invocar la participación del Ejército es peligroso. En la historia de América Latina esto ha sido causa de grandes tragedias. Sólo con Nicaragua al borde del colapso o de una guerra civil, no podría el Ejército quedarse impávido. Entretanto, no podemos pedirle al Ejército que resuelva lo que no podemos resolver nosotros.

Estamos en un momento muy difícil. El esfuerzo tiene que ser por tratar de conformar un gran frente para tratar de cerrarle el paso a Daniel Ortega en 2011. Pero no cualquier frente y no con cualquiera y no con cualquier plan. Porque no podemos aceptar lo que se decía en tiempos de Somoza: “Después de Somoza, cualquier cosa”. No, no podemos aceptar que después de Ortega, cualquier cosa. El reto de establecer en nuestro país una verdadera democracia con justicia social exige mucho más que “cualquier cosa”.

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