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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 334 | Enero 2010
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Guatemala

¿Qué ilumina el caso Rosenberg?

Rodrigo Rosenberg planificó su propia muerte. Las inesperadas conclusiones de la investigación de la CICIG conmovieron a Guatemala. También arrojaron luz sobre la violencia a la que recurren las clases privilegiadas del país. Los crímenes violentos no son patrimonio de los pobres, de las maras o de los narcos. Extorsiones, sicarios y redes de silencios y complicidades también están presentes en las alturas sociales.

Juan Hernández Pico, SJ

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU facultado por el Congreso guatemalteco para investigar delitos graves que amenazan con quedar impunes y para actuar como querellante adhesivo junto al Ministerio Público (MP) en los juicios de sentencia, saltó a titulares de la prensa internacional cuando asumió y cuando el hizo público el resultado de sus investigaciones sobre el caso de la muerte violenta de Rodrigo Rosenberg. Anteriormente, estuvo en los titulares nacionales cuando logró que se aceptara buena parte de sus vetos a los nuevos miembros de la Corte Suprema presentados a elección por el Congreso.

LA VIOLENCIA QUE EMPLEA
LA CLASE ALTA GUATEMALTECA

Las conclusiones de la CICIG en el caso Rosenberg, aunque éstas no tengan todavía carácter definitivo mientras no sean sustentadas por un tribunal de sentencia después de escuchar también a la defensa, merecen análisis y reflexión.

Tal vez lo más importante de las conclusiones de la CICIG sobre el caso Rosenberg es que iluminan la altura social a la que ha llegado la violencia en Guatemala. Esas conclusiones inducen a pensar seriamente que los crímenes violentos no son patrimonio exclusivo de los delincuentes comunes, criados en las capas más bajas de la sociedad -lumpen los llaman no pocos analistas-, ni tampoco de las pandillas juveniles o maras, ni de los narcotraficantes, sus cárteles y sus propios “ejércitos”, ni de los promotores y ejecutores de los linchamientos de delincuentes ni de policías corruptos. Los crímenes violentos están también al alcance de personas pertenecientes a las clases altas del país, al empresariado o a destacados profesionales, capaces de comprar sicarios para deshacerse de otras personas y tomarse así la justicia -o la injusticia- por su mano, de acuerdo a sus intereses.

Esto no es de hoy. Ya la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) se expresó así en 1999 en los puntos 144-146 de sus conclusiones sobre el conflicto armado interno: “En vinculación con el enfrentamiento armado, también ciudadanos particulares cometieron hechos de violencia en defensa de intereses propios, instigando estas acciones o participando directamente en ellas. Por lo común, los autores eran personas económicamente poderosas en el ámbito nacional o local. En numerosos casos de violaciones de los derechos humanos cometidas en las zonas rurales hubo participación de grandes propietarios agrícolas. Algunas de estas violaciones las perpetraron juntamente con agentes estatales para resolver con violencia conflictos con los campesinos. En otras ocasiones, si bien la ejecución directa estuvo a cargo de agentes o sicarios del Estado, el móvil fue proteger los intereses de dichos propietarios. En el ámbito urbano, variadas violaciones de derechos humanos que afectaron a sindicalistas y asesores laborales, que fueron ejecutadas materialmente por agentes del Estado o personas que actuaron bajo su protección, con su tolerancia o aquiescencia, derivaron de la estrecha colaboración entre poderosos empresarios y las Fuerzas de Seguridad; fueron cometidas para la protección de intereses empresariales, en concordancia con políticas gubernamentales abiertamente antisindicales”.

ROSENBERG PLANEÓ
SU PROPIO ASESINATO

El día 12 de enero, siete meses después del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, Carlos Castresana, fiscal y juez español, comisionado de la CICIG, comunicó en conferencia de prensa que Rosenberg había planeado su propio asesinato. Esta inesperada conclusión golpeó profundamente a la opinión pública. Provocó una larga y profusa serie de comunicaciones interactivas en las páginas electrónicas de los medios. Aproximadamente la mitad de quienes se comunicaban creía las conclusiones -La “CICIG dio un ejemplo de justicia en este país”-, mientras que otra mitad pensaba que la CICIG estaba encubriendo a Colom y engañando a la gente, hasta comparándola con los conquistadores de hace cinco siglos: “Carlos Castresana, ¿pretende vendernos espejitos?”. La enorme mayoría de instituciones privadas y de personas con claridad de juicio y prestigio público, incluidas todas las organizaciones Pro-Justicia y en lucha por los Derechos Humanos, así como casi todos los medios, coincidieron en la calidad científica de la investigación y alabaron el seguimiento científico de las pistas. El Presidente Colom comentó rápidamente las conclusiones, y su alivio -y en algún momento incluso triunfalismo- fueron evidentes.

EL HILO PRINCIPAL
DE LA INVESTIGACIÓN

Castresana habló claramente de la situación de deterioro síquico de Rosenberg. La palabra que Castresana usó fue “desesperación”. Desde su muerte, en círculos cercanos a Rosenberg se hablaba de que padecía trastorno de personalidad bipolar. En los días previos a su asesinato se amontonaron sobre su siquismo su segundo divorcio y las grandes dificultades que su ex-esposa ponía para que viera a sus hijos, con quienes ella se había trasladado a México. Además, el reciente fallecimiento de su propia madre. Finalmente, el asesinato de Khalil Musa y de la segunda hija de éste, Marjorie, casada, y con quien Rosenberg mantenía una relación, considerando casarse con ella. Castresana afirmó que Rosenberg, quien “se sentía culpable del asesinato de los Musa”, inició “una indagación desesperada en todas partes para dar con los asesinos de los Musa”, sin llegar a ninguna prueba. En los días previos a su asesinato, Rosenberg escribió un correo electrónico a una persona amiga comunicándole que estaba “desintegrándose poco a poco, muriéndose”.

Éste fue el hilo que llevó a los investigadores de la CICIG a salir del laberinto en que parecía haberse convertido el asesinato de Rodrigo Rosenberg. Según Castresana, la CICIG contó con la máxima colaboración, tanto de la familia de Rosenberg como del bufete donde el abogado era socio principal, Rosenberg-Marzano-Marroquín. En el inventario de sus papeles no se encontró prueba alguna para sustentar las acusaciones de Rosenberg en el video que se dio a la publicidad después de su asesinato. Castresana expresó que Rosenberg estaba lleno de “desesperación y desinformación”.

EN LA ESCENA DEL CRIMEN

Fue importante el examen a tiempo de la escena del crimen. Era inverosímil que una persona amenazada de muerte -como decía Rosemberg en el video- saliera sola a dar un paseo en bicicleta un domingo por la mañana en vísperas de viajar fuera del país para escapar de la amenaza. La forma como se encontró su cadáver indicaba que Rosenberg estaba sentado sobre la acera y oyendo música. Eligió ser un perfecto blanco inmóvil.

En la zona correspondiente a la escena del crimen la CICIG ubicó cuatro cámaras de seguridad instaladas en diversos edificios. La observación de las imágenes que en ellas se grabaron permitió identificar, tanto una parte del recorrido de Rosenberg en bicicleta como el ingreso de tres automóviles en los que se conducían los sicarios encargados del crimen. Uno de ellos pudo ser captado más tarde en el sector residencial Villa Hermosa por una cámara de la Empresa Metropolitana de Tránsito (EMETRA), de la alcaldía de la capital, y fue sometido a seguimiento a distancia. Investigada también la propiedad del vehículo, se encontró que estaba registrado a nombre de William Gilberto Santos Divas, ex-agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Investigando las comunicaciones en las antenas cercanas, se estableció también que uno de los dos teléfonos celulares utilizados por Santos Divas estuvo comunicándose en el área de la escena del crimen. Se siguió investigando el tráfico telefónico celular y se identificaron otros trece teléfonos que se comunicaron en el área. El análisis de las comunicaciones llevó a la identificación, el 8 de septiembre de 2009, de los integrantes de la organización criminal que cometió el asesinato. Detenidas estas personas se incautaron más de treinta teléfonos celulares y se estableció su propiedad ubicándose el nombre del intermediario entre la banda y la persona que los contrató para el asesinato: José Manuel Cardona Medina.

El estudio de otro teléfono que mantuvo comunicación en la escena del crimen el día del asesinato llevó a la ubicación
y detención de Cardona Medina, primo de uno de los ya detenidos miembros de la banda. Otro de los miembros de la banda, Lucas Josué Santiago López, confesó haber sido la única persona que disparó contra el blanco -sin saber que era Rosenberg- matándolo de cinco balazos, tres en la cabeza, uno en el cuello y otro en el tórax.

ITINERARIO DE SU DESESPERACIÓN

La investigación centró también sus esfuerzos en examinar el teléfono celular desde el que se hacían las amenazas y desde el que se contactaba a los sicarios. Se averiguó, por declaración del piloto de Rosenberg, Luis López Florián, que el propio Rosenberg le encargó la compra con factura a consumidor final de dos teléfonos celulares en dos comercios distintos, aunque López Florián los compró en un mismo centro comercial, La Pradera, y fue filmado y grabado por las cámaras de vigilancia de ese centro.

Rosenberg se quedó con uno de los dos teléfonos. Y comenzó así a planear su propio asesinato. La CICIG averiguó que entre el 20 de abril y el 10 de mayo, Rosenberg se desahogó con sus empleados en el bufete porque “en Guatemala no hay justicia” -refiriéndose al asesinato de los Musa-, compró dos nichos en un cementerio privado, uno para él y otro para Marjorie Musa, redactó su testamento, dejó su bufete a cargo de uno de sus socios, ordenó a su piloto comprar los dos celulares (el 5 de mayo), habló a su amigo Luis Mendizábal sobre la llamada que había recibido de Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia, insistiéndole en que no siguiera esparciendo el rumor de que el gobierno había asesinado a los Musa, otorgó mandato de sus bienes a favor de sus hijos con su primera mujer (6 de mayo).

El mismo día almorzó con un sacerdote amigo suyo y le compartió sus tres penas: la emocional por la muerte de Marjorie, la emocional-económica porque su ex-esposa le pedía 10 mil dólares mensuales para dejarle ver a sus hijos y la de las amenazas que pendían sobre él. En ese mismo lapso de tiempo, se reunió con algunos amigos, ante quienes lloró desconsoladamente por la culpa que sentía por el asesinato de Marjorie, además de hablarles de las amenazas que le acosaban por los “casos gruesos” que estaba investigando, le entregó (9 de mayo), a Luis Mendizábal, tres cajas con CD del video donde acusaba de su asesinato, si sucedía al Presidente Colom, a su esposa Sandra Torres, a Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia, y a varios empresarios y banqueros y le dijo que pensaba viajar a Washington.

LO QUE ILUMINA ESTE CASO

Mientras tanto, Rosenberg contactaba a dos hermanos, Francisco Valdés Paiz y José Estuardo Valdés Paiz , amigos suyos y primos de su primera esposa, para informarles que estaba siendo extorsionado y les pidió ayuda para “anticiparse” al extorsionador asesinándolo. La CICIG ha averiguado que estos dos amigos de Rosenberg pidieron a su guardaespaldas, Nelson Wilfredo Santos Estrada, que los ayudara a contratar sicarios para que se ocuparan del “asunto”. Santos Estrada contactó a Jesús Manuel Cardona Medina, quien -de acuerdo a “Prensa Libre”- contrató “a toda la organización delictiva liderada por William Gilberto Santos Divas”. Otra cámara de EMETRA captó en la Avenida Hincapié un pickup en el que viajaban juntos Santos Estrada y Cardona Medina. Tanto Cardona Medina, el intermediario, como otros dos de los miembros de la banda se habían convertido ya, después de haber sido apresados, en “colaboradores eficaces”, figura jurídica que hace de ellos testigos protegidos y probables beneficiarios
de reducción de penas.

Tanto la petición de Rosenberg de “anticiparse” al extorsionador matándolo, como la presunta colaboración de los hermanos Valdés Paiz en la ejecución del asesinato del “extorsionador” -cuya verdadera identidad ignoraban- es lo que ilumina la manera criminal con que personas de altas esferas resuelven sus asuntos. Y puede que arroje también luz sobre la que se ha llamado de forma terriblemente eufemística “limpieza social”.

LA CONSUMACIÓN DEL DRAMA

Rosenberg guardó para sí mismo uno de los celulares (57759747) comprados por su piloto Luis López Florián y entregó, también por medio de su piloto, a uno de los hermanos Valdés Paiz el otro (53720265) para que lo trasladadara a los sicarios. Con el primer teléfono Rosenberg llamaba varias veces al número telefónico de su domicilio para dejar grabadas en él las amenazas del “extorsionador”. Castresana afirmó en la conferencia de prensa que, “de acuerdo con las lecturas de cobertura realizadas por ingenieros de radiofrecuencias, existe una “alta probabilidad” de que el celular de las amenazas efectuó y recibió llamadas desde el interior del apartamento de Rosenberg”.

El 10 de mayo, cuando Rosenberg, fue asesinado, después de llamar el día anterior a la hermana de la fallecida Marjorie Musa, Aziza, y de comunicarle que “daré una gran vuelta en bicicleta para desestresarme”, llamó también desde el 57759747 al teléfono 53720265, que sabía estaba ya en manos de los sicarios, indicándoles el itinerario del ciclista -que sería el “extorsionador”-, su forma de vestir y la hora en que estaría en un lugar propicio para el crimen. Poco después se consumó el drama.

40 MIL DÓLARES EN PAGO

La CICIG informó que desde Panamá llegó el día 11 al bufete de Rosenberg un cheque por 40 mil dólares de la financiera Durling&Durling, firmado por Luis Alejos, ex-ministro de comunicaciones. Según “Siglo XXI”, Alejos explicaría más tarde que se trataba de una deuda contraída por él con Rosenberg, de quien es socio. Rosenberg había dejado instrucciones a su secretaria para que entregara el cheque a Francisco Valdés Paiz para pagar a los sicarios. Habiendo estado el 11 de mayo en el entierro de Rosenberg, su secretaria lo recibió y entregó el 12. Valdés lo tuvo en sus manos el 13 y, atemorizado, lo destruyó. Ya había pagado a los sicarios “con dinero de su empresa” (“El Periódico”) o “de su bolsa” (“Siglo XXI”) 300 mil quetzales, el equivalente a 40 mil dólares.

“Prensa Libre” informó que, “a criterio de Castresana, los hermanos Valdés se prestaron para planificar la muerte de “alguien’, por lo que son sindicados de asesinato y podrán tener acceso al expediente una vez que se presenten a los tribunales”. Castresana había pedido -y la jueza había concedido- que se mantuviera el “secreto del sumario” hasta el 11 de enero de 2010. Hizo públicas las conclusiones de la CICIG el 12 de enero. La defensa de los hermanos Valdés Paiz alega que sus defendidos tenían derecho a que sus abogados vieran el expediente desde el momento de la acusación y no sólo desde el momento de hacerse presentes los acusados en el juzgado, según el derecho penal guatemalteco, y señalan que Castresana pretende seguir restringiendo este derecho a los defensores apoyándose en el derecho penal español.

“NO HUBO CONSPIRACIÓN”

Dos amigos de Rosenberg, Mario Fuentes Destarac, prominente abogado, y Jorge Briz, comerciante acaudalado y ex-ministro de Relaciones Exteriores con el Presidente Berger, escucharon hablar a Rosenberg sobre la “extorsión” de la que estaba siendo víctima, y le recomendaron alejarse del país inmediatamente. Otro amigo, Luis Mendizábal -antiguo operador clandestino de “La Oficinita”, relacionada con el Estado Mayor Presidencial- y el abogado y radioperiodista Mario David García, le recomendaron grabar un video. Mendizábal también le aconsejó salir del país. El video fue grabado en las oficinas de los abogados Mario David García y asociados, pues Mendizábal había recomendado a García como filmador. El video fue filmado y grabado el 7 de mayo de 2009, menos de tres días antes del asesinato.

A pesar de esto, Castresana negó la existencia de ninguna clase de conspiración: “Aquí no hay ningún político ni ministro ni jefe de policía. No hubo conspiración Rosenberg actuó solo. Pagó un precio de sangre”. Castresana informó también, según “El Periódico”, que “la familia de Rosenberg me pidió que hablara de la honorabilidad de Rodrigo Rosenberg si en verdad lo creía, y lo creo... Fue una acción desesperada de Rodrigo por buscar justicia”.

HAY ESLABONES SUELTOS

Castresana, informó también que en el curso de las investigaciones se descubrió que el entonces ministro de Gobernación, Salvador Gándara -hoy, después de su destitución, ha recuperado la alcaldía de Villanueva para la que fue electo- intentó despistar a la CICIG con la compra de un testigo falso -no “quiso pasar la prueba del polígrafo”- para acusar del asesinato de Rosenberg a personeros del Partido Patriota (PP), sobre todo a Otto Pérez Molina, ex-candidato presidencial, y a Roxana Baldetti, diputada jefa de la bancada del PP, con el fin de culpar de él al Presidente Colom y a personas cercanas a él. Castresana afirmó que las responsabilidades de esta actuación le corresponderá determinarlas al Ministerio Público. Queda, pues, suelto este eslabón.

Castresana también aclaró que la CICIG no puede por el momento informar con competencia de las investigaciones sobre el asesinato de Khalil Musa y su hija Marjorie, entre otras razones porque fue precisamente el asesinato de Rosenberg el que permitió la hipótesis de que ambos crímenes estuvieran conectados, y, habiendo ocurrido éste un mes más tarde que aquél, la CICIG llegó a la escena del crimen de los Musa un mes después de que se hubiera cometido. De ahí el retraso en las investigaciones.

Finalmente, Castresana enfatizó que su exposición no significaba el final del caso. “Esta etapa -dijo- la consideramos cerrada. Creemos que los responsables de la muerte de Rodrigo Rosenberg son las personas que ya mencionamos -sicarios y autores intelectuales-, pero el caso estará completamente cerrado cuando se dicte en los juzgados”.

COLOM: “EL PUEBLO COBRA
ESAS FACTURAS”

Las reacciones de los presuntamente implicados en la muerte de Rosenberg no se hicieron esperar. El Presidente Álvaro Colom, quien compareció en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura ante los medios, acompañado de la Primera Dama Sandra Torres y de su secretario privado y financista de su campaña electoral Gustavo Alejos, se pronunció así oficialmente: “Mi profunda fe católica, durante mis 58 años, me ha enseñado que siempre la bondad domina a la maldad… El 11 de mayo del año pasado fuimos acusados de una trágica muerte, sin pruebas y sin fundamentos. Durante meses he esperado en silencio y con enorme paciencia este día, donde finalmente se clarifica este crimen…”

Sólo el Presidente tomó la palabra. Después de felicitar al Ministerio Público y a la CICIG por su trabajo, agradeció a su esposa y a su secretario privado: “Quiero agradecer esa valentía de Sandra y Gustavo, que hemos soportado este calvario de ocho meses de infamia”. No comentó la acusación a su ex-ministro de Gobernación, Salvador Gándara, por haber implantado presuntamente un testigo falso que desviara las sospechas del asesinato de Rosenberg hacia sus adversarios, los líderes del Partido Patriota. Reconoció, en cambio, que el caso Rosenberg “hizo temblar a Guatemala”.

Un día después reaccionó en su programa radial, “Despacho presidencial”, contra un radioescucha que le pidió “por favor que ya no se hiciera la víctima”: “El amigo dice que no me haga la víctima, pero en realidad yo fui la víctima, no es que me haga. No soy sólo yo, también fue el Estado de Guatemala”. Colom fue más allá y acusó a sus opositores de “aprovecharse de la crisis generada por el caso Rosenberg… Hay líderes supuestamente nacionales que se sobrepasaron, no tienen criterio y sólo tienen la debilidad del oportunismo”. El Presidente fue aún más lejos y advirtió a sus adversarios: “El pueblo les cobrará en su momento, debido a su oportunismo… El pueblo cobra esas facturas”. Y terminó aseverando que “Guatemala ha dado un paso contra la impunidad”. Días después, Colom continuó afirmando que a estos adversarios oportunistas los podría demandar judicialmente por “sedición”.

COLOM EN LAS ENCUESTAS

Las ambiciones de Álvaro Colom de entroncar no sólo con el legado socialdemócrata de su asesinado tío, Manuel Colom Argueta, sino también con la herencia de la Revolución Guatemalteca democratizadora (1944-54), se reflejan en el título escogido para su programa radial semanal. “Despacho Presidencial” es el título de las Memorias del Presidente Juan José Arévalo (1945-51), publicadas en 1998.

La encuesta de la Consulta Mitosky sobre los mandatarios latinoamericanos, publicada en enero 2010, ubica a Colom con una evaluación intermedia: 46% de aprobación. Vox Latina le da una aprobación de 43%. Borge y Asociados le da una nota de 5.1 sobre 10. Excluyendo a Jorge Serrano (1991-93), de los siete presidentes civiles desde 1986, sólo Alfonso Portillo (2000-2004) recibió una nota tan baja. Así pues, ambiciones no son lo mismo que realidades.

CASOS PENDIENTES

Los medios han advertido al Presidente Colom que no se ufane antes de tiempo ni sea triunfalista, puesto que aún quedan por investigar el caso Musa y la actuación de Salvador Gándara mientras era ministro de Gobernación.

Está también el caso del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Guatemala está en vías de sustituir como documento de identidad las vetustas cédulas de vecindad, otorgadas por las alcaldías y fácilmente alterables o incluso falsificables. La importancia de esta iniciativa es innegable: con la cédula se empadrona la población, con ella se vota y con ella se puede salir del país y retornar a él. RENAP, otorgante de los nuevos documentos personales electrónicos de identidad (DPI), es, obviamente, además de una necesidad modernizadora un pingüe negocio. Cuando Rosenberg acusó al Presidente Colom, a la Primera Dama, al secretario privado de la presidencia y al empresario Gregorio Valdés estaba aludiendo no sólo al caso Musa, también -según Castresana- a la sustitución, hecha por Colom, de Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, por Salvador Gándara, en la Navidad de 2008, presuntamente para facilitar la adjudicación de la operación RENAP a la empresa Easy Marketing de Valdés.

El contendiente principal era Luis Mendizábal, para cuyos trabajos de “información” el RENAP constituiría una base de datos inmejorable. Rosenberg era amigo y abogado de Mendizábal, cuya empresa La Luz ya se ocupaba de la expedición de los pasaportes. Cuando le fue concedida a Valdés la licitación del RENAP, Rosenberg, a través de su piloto Luis López Florián, quien puso al frente de una nueva empresa, Landosa Digital S.A., interpuso un recurso a favor de la empresa La Luz de Mendizábal ante la Corte de Constitucionalidad y lo ganó. Como consecuencia de la resolución del amparo en su favor, Mendizábal ganó nuevamente la licitación de RENAP.

Después de la conferencia de prensa de Castresana, Gregorio Valdés publicó en los medios un comunicado en el que afirmaba que la verdad siempre acaba por brillar y que nunca le ha interesado ocuparse empresarialmente de la tramitación de los pasaportes.

EL ASESINATO DE LOS MUSA:
UN CASO EXPLOSIVO

El caso Musa tiene un trasfondo que puede resultar explosivo. Khalil Musa, de 74 años, industrial, importador de textiles y cafetalero, fue asesinado en su automóvil el 14 de abril de 2009. Su hija Marjorie, de 47 años, que lo acompañaba, fue también asesinada por el rebote de una bala y no parece haber estado en la mira de los sicarios.

Parece ser que Khalil Musa era miembro de la Junta Directiva de Anacafé y de Banrural, de este último a pedido del Presidente Colom. También parece ser que Rodrigo Rosenberg aconsejó a Khalil Musa que renunciara a esos puestos. Según Castresana, entre los papeles de Rosenberg aparecieron tanto la carta de nombramiento como la de renuncia de Khalil Musa, que obviamente no constituían ninguna prueba para las acusaciones de Rosenberg contenidas en el video que preparó. Estas acusaciones indicaban que Musa habría renunciado a sus puestos porque no quería ser cómplice de presuntos manejos financieros corruptos de Banrural. Sólo se encontraron dos cartas referentes a Khalil Musa: una en la que, en palabras de Castresana, “obtiene información del nombramiento de Khalil” a la junta directiva de Anacafé y Banrural, y otra en la que el mismo Khalil renuncia al nombramiento. El sentimiento de culpabilidad de Rosenberg provino, según Castresana, de que “fue él quien le recomendó a Khalil renunciar al cargo que le habían ofrecido y que él había aceptado en Anacafé y Banrural”, pues Rosenberg representaba legalmente a los Musa.

La explosividad del caso Musa atañe al hecho de que en Banrural ha depositado el gobierno de Guatemala no pocos fideicomisos de los que hace uso para sustentar bastantes de sus programas públicos. Entre ellos parece que se encuentran 53 cuentas de Cohesión Social, entidad dirigida por la esposa de Colom, Sandra Torres. Además, Banrural gestiona los fideicomisos de “Mi Familia Progresa” y del Fondo Social de Solidaridad, depositados ahí por la Comisionada de Cohesión Social, Sandra Torres. Según la CICIG -que aún continúa la investigación- los fondos atañen a “200 mil beneficiarios no suficientemente identificados y con muchos pagos en efectivo”.

¿LA CANDIDATURA
DE SANDRA TORRES?

Estos fideicomisos fueron aparentemente ofrecidos en primer lugar al Banco Industrial -el más importante Banco guatemalteco-, que los rechazó. La sospecha que corre en Guatemala de boca en boca, y que puede tener tan poco fundamento como las acusaciones que vertió Rosenberg al culpar de su propio asesinato a otros, es que de esos fideicomisos de Cohesión Social -que sustentarían dos programas populistas y populares del gobierno, “Mi Familia Progresa” y “Bolsa Solidaria”- la Comisionada de Cohesión Social estaría separando fondos para formar el principal respaldo financiero autónomo de su probable candidatura presidencial y de la campaña electoral que la acompañaría.

Por desgracia, estas sospechas las convirtió Rodrigo Rosenberg en certezas, de donde sacó las acusaciones de que el Presidente, la Primera Dama y el secretario privado de la Presidencia habrían asesinado a Khalil Musa -y de rebote a su hija Marjorie- para impedir que los presuntos descubrimientos hechos por él en Banrural acabaran siendo denunciados públicamente.

Naturalmente, en dos años (2008-2009) en los que Guatemala ha sufrido los duros impactos de la crisis financiera y económica mundial, los proyectos de Cohesión Social del gobierno de Colom representan, casi por carambola, los únicos programas que han suavizado el sufrimiento de las clases empobrecidas de Guatemala, actuando como paliativo, por ejemplo, del grave descenso de las remesas de los emigrantes. De esa guisa, constituyen un fuerte capital político para una probable candidatura presidencial en 2011 de Sandra Torres.

La encuesta encargada a Borge y Asociados por “El Periódico” indica que en este momento el general retirado Otto Pérez Molina, candidato presidencial vencido en 2007 por Colom, tiene una intención de voto de 20.6%, habiendo descendido desde enero de 2009, cuando alcanzaba un 29.9%.

La segunda intención de voto corresponde hoy a Sandra Torres de Colom con un 9.5%. Le sigue de cerca el también ex-candidato presidencial Eduardo Suger con un 7%. Los resultados de Vox Latina para “Prensa Libre” indican que el 60.7% de la población tiene buena opinión del programa “Mi Familia Progresa” (35.8% tiene mala opinión) y que un 40.4% estaría de acuerdo con que Sandra Torres fuera candidata a la Presidencia en 20011 (58.6% en desacuerdo).

No faltan analistas político-económicos que están convencidos de que Sandra Torres vencería a Otto Pérez Molina, aunque creen que sería derrotada por otros de los probables contendientes, como el evangélico Harold Caballeros o Alejandro Giammatei.

UN CONFLICTO DE INTERESES

Según un artículo firmado por Luis Solano en Inforpress Centroamericana, el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) se ha colocado en estos últimos años como el segundo banco del país con más depósitos, el tercero con más activos, y el que más agencias tiene abiertas en los departamentos de Guatemala. Es decir, uno de los más rentables. Todo ello, basado en el Informe de la Superintendencia de Bancos (SIB) de Guatemala. Según otro Informe de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Banrural controla el 75% de las remesas que pasan por sistema bancario del país. Los problemas internos de Banrural, vistos en el complejo contexto del sistema bancario de Guatemala desde que bancos tan importantes como Bancafé empezaron a quebrar durante el período presidencial de Oscar Berger (2004-2008), dan pie a otra hipótesis sobre el asesinato de los Musa.

La hipótesis se centra alrededor de los intereses que se juntan en Banrural y de cuyo manejo sospechoso de falta de transparencia e incluso de corrupción Khalil Musa habría estado enterándose. En Banrural -sucesor en 1997 del Banco estatal de Desarrollo Agrícola (Bandesa)- el Estado tenía originalmente el 30% de las acciones, el movimiento cooperativo el 20%, organizaciones campesinas e indígenas el 20%, entidades no lucrativas el 10%, asociaciones de pequeños y microempresarios el 10%, y un fondo para pagar el pasivo laboral a antiguos empleados de Bandesa, el otro 10%.

Así pues, el Estado, el movimiento cooperativo y las organizaciones campesinas e indígenas, contaban con un 70% del capital original. En cambio, los demás grandes bancos del sistema, el Banco Industrial, el Granai&Townson Continental, el Agro Mercantil y el Reformador representan netamente el poder del capital empresarial. Por otro lado, en la Asociación Nacional del Café (Anacafé) el capital privado tradicional está representado junto al capital cooperativista. El plato está servido para un conflicto de intereses.

LA EXTRAÑA INVERSIÓN
EN EL WACHOVIA BANK

Cuando Rosenberg denunció en su video al presidente del grupo financiero Banrural, José Angel López Camposeco, cafetalero de origen cooperativista, y al presidente de Banrural, Adolfo Fernando Peña, el CACIF se apresuró a solicitar que se sometiera a Banrural a una auditoría independiente de la Superintendencia de Bancos. Parece ser que José Angel López dejó entrever que efectivamente estarían dispuestos a tal auditoría y además, la exigirían también para los demás bancos del sistema en Guatemala. Esta reacción hizo que nadie volviera a insistir en la auditoría a Banrural. Sin embargo, las denuncias de Rosenberg lograron que algunos usuarios de la red sugirieran que el mejor castigo a los denunciados sería retirar los depósitos de Banrural y forzar una crisis monumental en sus estructuras financieras.

Luis Solano afirma en su artículo de Inforpress que Musa mantuvo correspondencia con otro de los denunciados en el video de Rosenberg, el cafetalero también cooperativista Gerardo de León, y mencionó la quema de la finca La Esmeralda, aparentemente de propiedad de familiares de Musa, así como los fondos que Anacafé habría invertido en el extranjero. Estos fondos -11.5 millones de dólares- habrían sido invertidos en el Wachovia Bank de Estados Unidos, ya cuando el Wachovia estaba en grave peligro de quiebra. Un grupo de pequeños cafetaleros denunciaron esta irregularidad de Anacafé en septiembre de 2008 ante la Contraloría de Cuentas. Gerardo de León, representante del Estado en Anacafé, renunció a raíz de la publicidad alcanzada por el video de Rosenberg. Castresana afirmó que continúa la investigación sobre los fideicomisos en Banrural del sector caficultor, las inversiones de Anacafé en el Wachovia Bank y los créditos a la Federación de Cooperativas Cafetaleras de Guatemala.

HIPÓTESIS EN OTRO LABERINTO

Hay otras hipótesis sobre el asesinato de Khalil Musa. Parece ser que Musa era objeto de robo de furgones con mercancía para su empresa y obviamente Musa reportaba al seguro la mercancía robada y el seguro le pagaba. Posteriormente, los mismos ladrones le vendían a Musa la mercancía robada y como Musa no les habría pagado, de ahí su asesinato.

Otra hipótesis que unos pocos analistas y la vox populi manejan es la menos sustentada y la más escandalosa de todas, y recrearía una situación similar a la del resultado de las investigaciones de la CICIG sobre el asesinato de Rosenberg. El asesinato de Khalil Musa habría sido una decisión desesperada de su hija Marjorie. El señor Musa -quien ya habría desheredado a su hija mayor Aziza por desobedecerle en asuntos personales- habría también amenazado a Marjorie con la misma medida si le desobedecía y hacía avanzar su relación amorosa con el abogado Rosenberg. Desesperada, Marjorie, que estaba casada, habría contratado sicarios para asesinar a su padre y su muerte habría sido producto del rebote fortuito de una bala no dirigida a ella.

Como hace meses hicimos en las páginas de Envío, al escribir sobre los hilos que podrían hacernos salir del laberinto que parecía el asesinato de Rodrigo Rosenberg, sólo somos escritores tratando de abrirnos camino frente a hechos de violencia que golpean una y otra vez a la población guatemalteca. Sólo la firmeza en la lucha de la justicia contra la impunidad y los resultados de las serias y competentes investigaciones de la CICIG nos sacaron de aquel laberinto. Esperamos que lo sigan haciendo.

LOS MEDIOS ANTE LA SORPRESA

Los medios están queriendo salir en caballo blanco, afirmando que fueron extremadamente cuidadosos en el tratamiento del caso Rosenberg y en las acusaciones vertidas en su video. Releamos lo que publicaron cuando Rosenberg murió. El 12 de mayo, en su editorial, “Prensa Libre” escribía: “El Gobierno de nuevo se equivoca al indicar que sectores interesados en desestabilizar y generar psicosis asesinan a hombres y mujeres, lo cual es cierto, pero es difícil de aplicar en este caso, y que la intención es crear una crisis política y con fines de conspiración. No tiene lógica que una persona como el abogado Rosenberg, conocido por su amplia trayectoria y calidad profesionales, pudiera urdir un plan semejante. Eso significa que a su criterio existieron razones válidas para hacer sospechar de su asesinato, que lamentablemente se materializó”.

Juzgue el lector si en este texto se da el beneficio de la duda al Presidente Colom y a los demás denunciados en el video de Rosenberg, y si no se enfatiza la credibilidad del mismo Rodrigo Rosenberg frente a la firme negativa de Colom de haber participado en los hechos que se le atribuyeron.

Por su parte, “El Periódico”, en una opinión editorial del 13 de mayo titulada “Basta ya de impunidad. Un parteaguas para el gobierno” terminaba con este párrafo: “En todo caso, el repudiable asesinato de Rodrigo, ha venido a significar un parteaguas para el gobierno de Colom, pues a partir de ahora ha perdido su autoridad para hacer gobierno y, en el mejor de los escenarios, su destino será flotar hasta entregar la estafeta al próximo Presidente. En cuanto a la carrera política de Doña Sandra, simplemente está liquidada”.

Será también el lector quien juzgue de la serenidad e imparcialidad de estas expresiones.

¿NO HUBO NINGÚN TIPO
DE CONSPIRACIÓN?

Nos parece que la afirmación de Castresana de que no se puede hablar de conspiración o complot en el caso de Rosenberg, deja de considerar la actuación de Luis Mendizábal, amigo de Rosenberg, quien le aconsejó dejar testimonio de sus denuncias y fue quien distribuyó los videos en el entierro de Rosenberg. Asimismo, pasa por alto la actuación de Mario David García, el periodista que afirmó haber filmado el video y que se expresó así en su programa “Hablemos claro”, radiado por Emisoras Unidas: “Yo fui quien grabó el video. No estén investigando babosadas, busquen a los criminales”. Mario David García ha comentado la declaración de Castresana así: “Me sorprendí, como muchos de los guatemaltecos. Realmente Castresana aportó fundamentación muy interesante que denota investigación. Es interesante que descartara la supuesta conspiración para intentar derrocar al gobierno”.

El doctor Castresana indicó con claridad que producir un video no es ningún delito. Pero es evidente que producir no cualquier video, sino éste, el video de Rosenberg, y distribuirlo, sin tratar de pedir al interesado que presentara pruebas de sus denuncias, es mínimamente sembrar vientos que no podían menos que cosechar tempestades políticas en la frágil institucionalidad democrática guatemalteca.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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