Nicaragua
Alemán: entre el FMI y el FSLN
No existe en la Nicaragua de hoy ninguna fuerza militar, política, social o económica capaz de imponer su hegemonía sobre las demás. Lo que la crisis de julio dejó aún más claro que nunca es que el gobierno de esta Nicaragua empobrecida no puede tener ni la primera ni la última palabra.
Equipo Nitlápan-Envío
Ante dos puyas, no hay toro valiente". Este dicho del refranero nicaragüense resume la situacion del gobierno liberal en sus siete primeros meses de gestión. Las dos F, la del Fondo y la del Frente, han funcionado como un par de poderosas pinzas y el gobierno comienza a ceder ante las presiones del FMI y del FSLN, dando pasos para llegar a acuerdos a los que se resistió durante meses. En agosto han aparecido las primeras señales de ese cambio.
Propiedad: acercamiento Gobierno FSLNLa primera señal pública de un acercamiento entre el gobierno y el FSLN, después de que en mayo se suspendieran las llamadas "mesas de trabajo", fue el reconocimiento, por ambas partes, de que continuaban, aunque sin publicidad, las conversaciones alrededor del tema de la propiedad, el más conflictivo en las relaciones entre el Ejecutivo y el FSLN y una de las fuentes de mayor inestabilidad política en el país.
Estas pláticas se han venido realizando entre las comisiones jurídicas creadas desde febrero. La discreción con que se continuaron las conversaciones sobre este tema, a pesar de la aparente ruptura Ejecutivo FSLN, terminó cuando el diario La Tribuna publicó en primera plana el 29 de julio que los encuentros continuaban.
Ni el FSLN ni el Ejecutivo negaron la existencia de las pláticas o el respaldo oficial con el que contaban. Los dirigentes sandinistas y los del gobierno declararon que era falso su supuesto secretismo y trataron de restar un carácter definitivo a los acuerdos que de allí podrían salir, insistiendo en que sólo serán propuestas jurídicas que tendrán que ser sometidas a la aprobación de otras instancias.
La "crisis del alemanazo"Una de las razones que parece haber facilitado el entendimiento entre los juristas del gobierno y los del FSLN fue la decisión de dejar fuera de las discusiones el tema de la privatización de más de 350 empresas estatales durante la administración Chamorro. Así, los acuerdos tendrán que ver principalmente con las tierras urbanas y rurales y las casas que distribuyó la revolución durante los años 80.
Sobre el capítulo de la privatización de empresas, el gobierno no parece estar interesado aún en lograr una negociación política. Según sus propios cálculos, espera poder ganar esa batalla llevando cada caso de privatización ante los tribunales de justicia. Es un gran riesgo. Porque sus esfuerzos para anular la privatización de estas empresas estatales estuvo avalada por las instituciones financieras multilaterales de las que el gobierno no puede prescindir, dada la gran dependencia de la ayuda externa que tiene Nicaragua. Y porque ese objetivo crea gran incertidumbre entre los inversionistas nacionales y extranjeros, de los que tampoco puede prescindir.
El gobierno ha comenzado a ceder. No quiere que se repita la "crisis del alemanazo", cuando, en medio de los disturbios callejeros entre universitarios y policías an timotines, dirigentes sandinistas y de otros partidos de oposición barajaban abiertamente la posibilidad de derrocar a Alemán por las vías por las que fue derrocado en Ecuador Abdalá Buracam.
Cediendo ante el FMI: el BANADESLa "crisis del alemanazo" fue la que le dio el empujón final al gobierno para decidirse a llegar a un acuerdo con el FMI lo más pronto posible. El caos callejero de julio con repercusiones tan negativas en la confianza de los empresarios nacionales y extranjeros sobre la viabilidad de sus inversiones en Nicaragua obligó finalmente al gobierno a ceder ante el FMI sobre varios puntos que el gabinete económico consideraba inaceptables.
En medio de la crisis, una comisión gubernamental presidida por Noel Ramírez, Presidente del Banco Central, viajó a Washington para reunirse con directivos del FMI. A su regreso a Nicaragua, Ramírez declaró que el gobierno había acordado iniciar conversaciones para un nuevo acuerdo ESAF con el FMI antes de diciembre. Pocos días después, el gobierno dio la primera señal que indicaba que la firma del ESAF II iba en serio: Ramírez informó que el gobierno procedería de inmediato al "redimensionamiento" del BANADES (Banco Nacional de Desarrollo). El proceso culminaría en 1998 y sería financiado por el BID y el Banco Mundial con 50 millones de dólares.
Como parte del cumplimiento de sus promesas electorales, Alemán había cancelado el programa de recuperación de la deuda de los productores con el BANADES, conocido como "la Cobra", programa que había sido establecido durante el gobierno Chamorro para cumplir con la condicionalidad exigida por el FMI para el primer ESAF. Además de matar a "la Cobra", el gobierno liberal anunció en abril un programa de crédito más generoso que el de 1996 para el ciclo agrícola. Todo esto creó tensiones con el FMI, que exigió de forma enérgica el cierre del BANADES, institución que considera inviable a corto y a largo plazo.
Después de una tensa polémica interna entre políticos y tecnócratas liberales, el gobierno decidió reducir considerablemente las dimensiones del actual BANADES, con el argumento central de que la operación le ahorrará al Estado 50 millones de dólares anuales, cantidad que el BANADES venía reportando en concepto de pérdidas anuales desde 1991. Una vez "redimensionado" se suprimirán 42 sucursales, que serán vendidas a la banca privada, quedando sólo 15 en zonas rurales, se despedirá a unos mil empleados , el BANADES se dedicará exclusivamente a ofrecer financiamiento a los pe queños y medianos productores agropecuarios.
Al final, no prevaleció la posición tecnocrática más radical en el gobierno, representada entre otros por el Vicepresidente Enrique Bolaños, que demandaba, desde una concepción fondomonetarista ortodoxa, la desaparición completa del Banco estatal. Se impuso un punto de vista intermedio, el del sector gubernamental que considera que una desaparición total del BANADES podría hacer perder al alemanismo un importante sector de su base social en las zonas rurales.
A la par del redimensionamiento del BANADES, el gobierno creará un instituto de fomento para subsidiar a los campesinos más pobres y pequeños, los que no reúnan las características exigidas por las normas bancarias y no sean sujetos de crédito en lo que quede del BANADES. La creación de este instituto de fomento campesino institución de beneficencia rural, que buscará competir con muchas ONGs dedicadas al crédito agrícola cuenta con el visto bueno del FMI y dependerá orgánicamente del Ministerio de Agricultura (MAG).
El "efecto pinolillo"Hay varias razones que explican el cambio de postura del gobierno Alemán ante el FMI y ante el FSLN. El Ejecutivo está decidido a evitar que se produzca en Nicaragua un colapso económico como consecuencia de la imposibilidad del Estado de contar con los montos de divisas necesarias para honrar sus compromisos financieros con los inversionistas. A este colapso económico, los economistas nacionales lo han llamado el efecto pinolillo, comparándolo jocosamente con el efecto tequila del que tanto se habló cuando la economía mexicana colapsó en diciembre de 1994.
Uno de los compromisos financieros del Estado nicaragüense cuyo incumplimiento podría desencadenar el efecto pinolillo es el que tiene que ver con el pago de los certificados de inversión emitidos por el Banco Central de Nicaragua. El gobierno emitió estos certificados como una forma de atraer capitales al país. Para conseguirlo, estableció tasas de interés atractivas para quienes adquiriesen estos documentos. Y tuvo éxito: hasta mayo, el gobierno había emitido 1,800 millones de córdobas en certificados de inversión (unos 200 millones de dólares).
Estos certificados tienen plazos de vencimiento, y al vencerse estos plazos, los poseedores de los documentos pueden solicitarle al Banco Central que les devuelva los dólares que pagaron al adquirirlos. Más los intereses, por supuesto. Los certificados emitidos vencen hacia octubre o noviembre de 1997. Así que, si todos los poseedores de estos documentos financieros se decidieran a pedir en tres meses que se les devuelva todo su dinero, el Banco Central estaría obligado a utilizar parte de sus reservas internacionales en dólares para responder a esta demanda.
Si esto ocurriese, y podría llegar a ocurrir si la inestabilidad política del país aumenta la incertidumbre de los inversionistas, el Banco Central se vería enfrentado a una grave escasez de divisas y la frágil estabilidad económica del país se desplomaría de la noche a la mañana. El gobierno se vería obligado a devaluar la moneda y a elevar las tasas de interés para hacerle frente a la crisis. Guardando las debidas distancias, algo así fue lo que ocurrió en México en 1994, cuando los inversionistas extranjeros principalmente estadounidenses que tenían bonos de corto plazo del gobierno se retiraron masivamente del mercado financiero mexicano.
Para conjurar un eventual efecto pinolillo, el gobierno anunció la reducción de la tasa de interés de los certificados de inversión y ha hecho esfuerzos para conseguir a toda costa divisas líquidas. Logró hacerlo cuando incluyó en el Presupuesto de la República para 1997 una "misteriosa" deuda de 900 millones de córdobas, cuyo origen el Presidente del Banco Central nunca ha explicado con claridad, entre otras razones para no provocar pánico y desconfianza entre los inversionistas.
Como parte de esta misma operación, para respaldar la inclusión de los 900 millones en el Presupuesto, el Banco Central tuvo que conseguir 100 millones de dólares en divisas, con las que aumentar sus reservas internacionales. Solicitó entonces un préstamo por 100 millones de dólares al Hamilton Bank, conseguido gracias a la intermediación del grupo del poderoso empresario estadounidense cubano Jorge Mas Canosa y del grupo nicaragüense estadounidense de los Fernández Hollman. Ambos grupos obtuvieron una jugosa ganancia en esta transacción.
El Banco Central actuó a sabiendas de que estaba violando las leyes de Nicaragua la Contraloría lo señaló públicamente y a sabiendas de que la operación contravenía las disposiciones del FMI de no solicitar préstamos a bancos privados, cuyas exigencias son siempre más onerosas para las finanzas del país, en razón de sus muy cortos plazos y de sus altas tasas de interés. Probablemente, el gobierno no tenía otra salida y tuvo que embarcarse con el Hamilton Bank, aceptando el préstamo a un año de plazo y con una tasa de interés del 15%.
La grave carencia de divisas ha colocado al gobierno Alemán en una situación de extrema vulnerabilidad ante las presiones callejeras del FSLN y ante los condicionamientos macroeconómicos del FMI, obligándolo a hacer concesiones importantes a ambas partes y, en menor medida, a otros sectores políticos y económicos de la sociedad nicaragüense (partidos políticos, rearmados, algunos empresarios, etc). En este paisaje, la firma de un "estabilizador" ESAF II que le garantizaría la estabilidad macroeconómica al gobierno liberal hasta el año 2000 aparece como una de las prioridades más urgentes para el Ejecutivo.
Más ingresos, más gastosNo se conoce aún el monto de la recaudación fiscal que el gobierno ha obtenido con la aplicación, a partir de junio, de la polémica Ley Tributaria, que fue el primer paso dado por el gobierno para mejorar sus relaciones con el FMI. Según estimaciones bastante optimistas del gobierno, esta ley debe incrementar en un 25% los ingresos fiscales del Estado, cifra ante la cual el FMI mostró desde un comienzo sus reservas.
Independientemente del aumento que consiga la nueva Ley Tributaria, las estadísticas oficiales indican que en el primer semestre de 1997 los ingresos fiscales se incrementaron en un 17%, demostrando que el gobierno ha logrado una real eficiencia en el cobro de los impuestos. Un logro que se ha visto mermado, porque este aumento fue completamente absorbido por el alza en el gasto público. De enero a julio de este año, el gobierno ha gastado 424 millones más de córdobas que los 2 mil 786 millones que se gastó en 1996 en el mismo período. Así, la consigna gubernamental pareciera ser "recaudemos más para gastar más".
Condición: austeridadEsto pone en evidencia que el gobierno no ha cumplido con el Plan de Austeridad que el propio Presidente Alemán anunció en enero con bombo y platillo ante los medios de comunicación. Estos mismos medios presentaron a fines de julio un documento que habría elaborado el Ministerio de Finanzas con datos que probaban que la Presidencia se habría excedido con creces, en varios cientos de miles de dólares, en sus gastos en el primer semestre del año, en relación a lo previsto en el presupuesto. Verdadero o falso, abultado o no, las cifras del controvertido documento no lograron ser desmentidas convincentemente por el Ministro de Finanzas.
Como la noticia hacía aparecer al Presidente como el primer gran derrochador del erario público, en momentos en que las negociaciones con el FMI iban mal para el gobierno y el país se enfrentaba a la hambruna por la anunciada sequía, Alemán se enfureció tanto que amenazó con llevar a los tribunales al periodista que comenzó a dar publicidad al documento. Al final, el Presidente se vio obligado a retirar sus airadas amenazas y quedó en ridículo.
El aumento en los gastos del Estado ha producido un incremento del déficit fiscal, lo que resulta preocupante para los diseñadores de la política económica del gobierno y también para el FMI. El Fondo busca aplicar un severo Plan de Austeridad, con el que reducir drásticamente el desequilibrio entre los ingresos y los egresos estatales. Esto implica una mayor cantidad de empleados públicos despedidos, recortes en salud y educación, etc. La poca austera actuación en materia de gastos que ha tenido el gobierno, ha debilitado la capacidad de negociación con la que trata de persuadir al FMI para que reduzca las metas de su Plan de Austeridad.
La privatización parcial de las empresas de servicio público está prevista también dentro de este polémico Plan de Austeridad. Desde hace muchos años, el FMI ha considerado que la ineficiencia de estas empresas (tarifas que no reflejan los costos reales de los servicios prestados, sumas millonarias adeudadas por grandes clientes morosos, pérdidas ocasionadas por el uso de maquinaria y equipos obsoletos, etc.) implican altos costos para el Estado. Y estos costos plantea el FMI deben ser eliminados para reducir el déficit fiscal.
Sequía en el horizonteComo si no tuviera suficientes problemas con el FMI y el FSLN, la corriente de el Niño vino a terminar de complicarle las cosas al gobierno de Arnoldo Alemán. El retraso que este fenómeno natural y periódico produjo en el inicio de la temporada de lluvias, ha comenzado ya a mostrar su impacto en muchas zonas del campo y a crear un clima de incertidumbre en todo el país, en especial entre los productores agropecuarios.
El mal invierno ha combinado sus efectos con la falta de crédito que padecieron los productores este año y con la inseguridad que padecen desde hace años a causa de la actividad de las bandas de rearmados. Como resultado, el 87.4% de las tierras cultivables del país se ha quedado sin sembrar, según el informe del Banco Central de mayo.
Algunos funcionarios menores del MAG se apresuraron a hacer públicas sus primeras estimaciones sobre la producción en julio, tratando de contrarrestar las noticias, según ellos demasiado alarmistas, sobre las pérdidas ocasionadas por la sequía. Según estos funcionarios, en junio y julio muchos productores se habrían decidido a sembrar, con el resultado de un incremento en el número de manzanas sembradas en relación a mayo. Pero son estimaciones muy preliminares y habrá que esperar a que el MAG o el Banco Central publiquen sus datos oficiales. La realidad es que el ya confirmado mal invierno no ha dejado de provocar preocupación en el gobierno.
La insoportable deuda externaNicaragua es uno de los países más seriamente endeudados del planeta. Desde 1996, el FMI presentó a la comunidad internacional una iniciativa HIPC son sus siglas en inglés destinada a reducir hasta en un 90% la deuda externa de los países gravemente empobrecidos y altamente endeudados. Nicaragua fue incluida en esta categoría de países. Pero para poder llegar a ver su deuda reducida, nuestro país debe someterse al programa de ajuste estructural del que salió desde 1995, por incumplimientos del gobierno Chamorro. Para entrar en el programa, Nicaragua debe firmar y debe cumplir el ESAF II.
La deuda externa de Nicaragua sobrepasa los 6,400 millones de dólares. En relación con la población del país, representa 1 mil 430 dólares per cápita. El pago del servicio de la deuda externa se ha convertido en una carga insoportable para Nicaragua. En los primeros siete meses de 1997, y en gran medida por no tener firmado un acuerdo ESAF con el FMI, el gobierno liberal ha pagado 730 millones de dólares en intereses, cantidad que es el doble de los intereses que pagó el gobierno Chamorro en 1996: 330 millones. Esto significa que el pago de los intereses de la deuda está absorbiendo casi un tercio de los ingresos fiscales de 1997, mientras que en 1996 consumió menos de la décima parte de los mismos.
Resistencia de Alemán al ESAF II¿Por qué el gobierno de Arnoldo Alemán se ha resistido tanto a las exigencias del FMI para firmar el ESAF II, aun sabiendo que este acuerdo representa la puerta de acceso a préstamos blandos y a la reducción de la deuda externa? Una de las principales razones es que el gobierno liberal considera que algunas de las exigencias del FMI le obligarían a incumplir las promesas que hizo a los sectores sociales que le dieron mayoritariamente sus votos.
El gobierno ha tratado de resolver con el FMI esta contradicción presentándole propuestas alternativas, proponiéndole postergar algunas de sus exigencias o dosificarlas paulatinamente a lo largo del tiempo. Pero el FMI, aferrado a los criterios que aplica en cualquier otro país, considera que postergar decisiones o acciones de ajuste implica aumentar los costos económicos de su realización. Es obvio, por ejemplo, que el aumento en los servicios de electricidad, agua y teléfonos demandados por el FMI afecta a alemanistas y a no alemanistas por igual. Y que los alemanistas se han sentido traicionados por Alemán al recibir las primeras facturas aumentadas. "¿Para esto votamos por Alemán?", han dicho muchos usuarios quejándose de las alzas.
100 mil empleos o 10 mil desempleosLo mismo ocurre con los recortes en la planilla estatal. El FMI le ha propuesto al gobierno despedir a 10 mil empleados públicos. La cifra es tan alta que no afectaría únicamente a los sandinistas empleados por el Estado. También tocará a muchos que votaron por Alemán confiando en su promesa más publicitada: crear 100 mil empleos durante su primer año de gestión. Esta promesa siempre fue vista con malos ojos por el FMI, pues suponía un esfuerzo importante del Estado para generar empleos a través de inversiones públicas en infraestructura, lo que aumentaría sensiblemente el gasto público.
Para reducir el impacto político desfavorable del despido de miles de empleados públicos, el gobierno le propuso al FMI reducir el número de desempleados de 10 mil a 3 mil, con la esperanza de que lograría cumplir con esta cifra despidiendo únicamente a empleados sandinistas. Pero el FMI no aceptó, considerando que para reducir el déficit fiscal es necesario despedir a muchos más que a 3 mil. Así, Alemán se encuentra "en la sin remedio", y tendrá que dar a beber el trago amargo del desempleo a muchos de sus votantes y simpatizantes, e incluso a muchos militantes del liberalismo.
Resulta evidente que ante otra condicionalidad del FMI, la venta de las acciones de las empresas estatales que deben ser privatizadas telecomunicaciones (ENITEL), electricidad (ENEL), agua y alcantarillados (INAA), petróleo (PETRONI C) o la venta de los dos bancos estatales (BANADES y BANIC), el gobierno ha tratado de hacer compatibles las exigencias del FMI con su voluntad política de beneficiar con estas privatizaciones a inversionistas extranjeros que, como Mas Canosa, le brindaron tanto apoyo financiero en su campaña electoral. El gobierno ha empleado diversos subterfugios con la esperanza de poder "amarrar" la venta de las empresas antes de su licitación pública o lograr que los demás compradores potenciales pierdan su interés en adquirir estas empresas.
Evidentemente, todas estas maniobras no han sido del agrado del FMI, que ha expresado su interés en que las licitaciones sean públicas y transparentes, de tal forma que las acciones sean vendidas realmente al mejor postor y a los inversionistas que presenten el programa más racional y eficiente para el manejo de las empresas licitadas.
Lo único que quiere el FMILa discrecionalidad que ha mostrado Alemán en el manejo de los recursos del Estado es otro de los puntos sobre el que existen divergencias entre los intereses políticos de los liberales y las exigencias del FMI en materia de austeridad fiscal. La discrecionalidad transgrede la disciplina presupuestaria que exige el FMI gastar solo lo presupuestado y aumenta el déficit fiscal.
Por todos lados resulta obvio que existe un serio conflicto de intereses entre el FMI y el gobierno, a pesar de la presunta ideología liberal o neoliberal que comparten ambos. Son varias las exigencias del FMI que representan un serio obstáculo para mantener y ampliar la base social que ganaron los liberales durante las elecciones y que debe garantizarles el triunfo en sucesivos comicios. Perder base y potenciales votos es sumamente preocupante para Alemán, sobre todo cuando todas las encuestas indican que ha perdido el apoyo del 20% de sus electores y que su popularidad podría continuar yendo cuesta abajo y de rodada.
Para el FMI, todas las consideraciones de política interna de la Alianza Liberal que desde el 11 de julio se llama Gran Partido Liberal carecen de importancia. Para el FMI lo único que cuenta es que el gobierno se comprometa a alcanzar determinadas metas macroeconómicas (reducción del déficit, aumento de la recaudación fiscal, etc.), independientemente de cuál sea el costo político que tenga que pagar para lograrlo.
Diálogo Nacional: dos tiros erradosEl 21 de julio, el Presidente Arnoldo Alemán y el grupo moderador, Etica y Transparencia, dieron oficialmente por inaugurado el Diálogo Nacional que trata de buscar una salida a la crisis del país. Con este Diálogo, el gobierno buscó originalmente dos metas. Una, quitarle capacidad de presión al más importante de sus opositores, el FSLN, obligándolo a sentarse en una mesa de negociación en donde las propuestas del partido sandinista serían atemperadas o neutralizadas con las propuestas de otros sectores políticos y sociales. Otra meta: el Diálogo era el esfuerzo desesperado del gobierno para dar la imagen de estabilidad política que le ha venido exigiendo el FMI como condición para proceder a la firma del ESAF II. El FMI considera que si no hay estabilidad política no puede haber estabilidad económica. Y sin ella, al FMI le parece que dar apoyo financiero es como echar dinero en saco roto. El FMI difícilmente suscribe acuerdos con gobiernos que no garantizan un mínimo de estabilidad política y social que garantice que los acuerdos podrán ser ejecutados.
Previsto para durar 60 días plazo bastante largo teniendo en cuenta la urgencia que tiene el país de llegar a un acuerdo nacional el Diálogo parecía más bien una táctica dilatoria que le permitiría al gobierno llegar al día de la firma del ESAF II con este proceso de "negociación" aún en marcha. Táctica dilatoria con la que trataba de matar dos pájaros de un solo tiro: no hacerle ninguna concesión a la oposición en particular al FSLN antes de firmar el ESAF II y darle al FMI la imagen de ser un gobierno preocupado por sentar las bases de la estabilidad política.
Pero ambos tiros le salieron por la culata al gobierno. El FSLN no acudió al Diálogo y, a pesar de negarse reiteradamente a asistir, no perdió legitimidad. Al contrario, consiguió mayor capacidad de presión ante el gobierno. La prueba: todos los participantes en el Diálogo, incluidos los moderadores de Etica y Transparencia y hasta el Cardenal Obando, pidieron que el FSLN se incorpore al Diálogo Nacional o que Arnoldo Alemán y Daniel Ortega se vuelvan a sentar a conversar bilateralmente, como lo hicieron en enero y en abril. Todos los sectores políticos y empresariales, presentes o no en el Diálogo, se han pronunciado en la misma dirección. Para todos es evidente incluido para el FMI que, sin el FSLN, cualquier "acuerdo nacional" no ofrece ninguna garantía real de estabilidad política.
¿Tiene el gobierno interés real?Desde antes de iniciarse el Diálogo, el gobierno dio pruebas de que el Dialogo no era más que una estratagema política, destinada a ganar tiempo. En un lenguaje ambiguo y a regañadientes, presionado por Etica y Transparencia y por los sectores de la oposición participantes, el gobierno se comprometió a llevar a la práctica los acuerdos obtenidos en el Diálogo. Pero después, para impedir que fuesen aprobados acuerdos que afecten sus intereses, el gobierno impuso varios mecanismos. Entre ellos, el de que, en vez de aprobarse por consenso, los "acuerdos" se aprueben por mayoría simple. La mayoría de las organizaciones invitadas por el gobierno al Diálogo le son leales o afines. Es obvio que si el gobierno estuviese realmente interesado en un Diálogo que conduzca a su acuerdo nacional, no lo hubiera manipulado de manera tan burda.
Para que el Diálogo Nacional desemboque en una salida honrosa, al gobierno le conviene que el FSLN se incorpore. Sobre todo, cuando las conversaciones entre el gobierno y el FSLN sobre la propiedad y sobre el 6% del presupuesto para las universidades se han desarrollado, con el beneplácito del mismo gobierno, al margen del Diálogo Nacional. ¿Aceptará el FSLN el entrar al Diálogo y qué condiciones, ya expuestas o nuevas, demandará para acudir?
FSLN fortalecidoLos acontecimientos de julio y agosto mostraron que, a pesar de carecer de una estrategia y de sus continuos bandazos tácticos, el FSLN supo sacar partido de las debilidades del gobierno de Alemán y del creciente descontento popular. Por un lado, el FSLN trata de arrebatarle al gobierno concesiones que puedan beneficiar los intereses de la dirigencia y de las bases sandinistas. Por otro lado, busca impedirle al gobierno gobernar mientras persista en su tentativa de querer anular los beneficios que dirigentes y bases sandinistas un 30% del electorado, según las encuestas obtuvieron durante la revolución y durante el gobierno Chamorro.
Si el gobierno alemanista salió debilitado de la crisis de julio que tuvo su centro en el conflicto universitario el FSLN salió de ella fortalecido. En primer lugar, porque ganó una batalla, y nada despreciable por cierto, al haber conseguido que el gobierno comenzara a ceder en puntos importantes: la propiedad de tierras y casas en manos de sandinistas y una nueva suspensión de desalojos a pobladores que ocupan propiedades en litigio.
En segundo lugar, porque la confrontación con el gobierno le permitió soslayar disputas internas nunca resueltas y respaldar con algo más de cohesión el liderazgo de Daniel Ortega. Lo que más cohesiona hoy a los sandinistas de base es su rechazo a ese antisandinismo visceral al que Alemán le cuesta tanto renunciar, en el marco de un creciente empobrecimiento de la calidad de vida y de las oportunidades de mejorarla.
El sandinismo, en todas sus expresiones, trató de sacarle el máximo partido a las celebraciones del 19 de julio. Durante todo un mes fue capaz de actuar en forma ininterrumpida y en diversos frentes tratando de ejercer el máximo de presión sobre el gobierno. Mientras los estudiantes protestaban en las calles de Managua, los combatientes del FUAC (Frente Unido Andrés Castro) y de otros grupos de rearmados se removilizaban, varias de las organizaciones gremiales sandinistas llegaban a participar en el Diálogo Nacional y en el Foro Nacional que se desarrolló en paralelo, y Daniel Ortega establecía contactos diplomáticos con embajadores acreditados en Managua y con los Presidentes y ex Presidentes de Centroamérica. Trabajando hábilmente en todos los frentes, se demostró una vez más que no es posible gobernar Nicaragua sin contar con el FSLN, como pretende Arnoldo Alemán.
Es muy probable que, la posibilidad de verse presionado por la fuerza simbólica y política de la minicumbre de Presidentes y ex Presidentes centroamericanos celebrada en Guatemala a comienzos de agosto, haya sido una razón adicional para que Alemán buscara un acuerdo con el FSLN. En este punto, la suerte también acompañó al FSLN. Aunque Alemán había expresado en varias oportunidades su rechazo "nacionalista" a la participación de observadores o mediadores extranjeros en el Diálogo Nacional y en cualquier diálogo bilateral con el FSLN, también en este punto ha tenido que empezar a ceder, diciendo que tal vez no garantes extranjeros, pero sí "asesores".
Era muy difícil que en la minicumbre de Guatemala, alguno de los participantes no quisiese involucrarse en propiciar un acercamiento entre Alemán y Ortega. De hecho, dos ex Presidentes Oscar Arias y Vinicio Cerezo expresaron su disposición a mediar en el conflicto entre el gobierno de Alemán y el FSLN que, naturalmente, afecta cualquier intento integrador en Centroamérica.
¿Confrontación o negociación?La "crisis del alemanazo" vivida en julio ha sido, después de la "crisis de los tranques" (abril), la peor que le ha tocado enfrentar a Arnoldo Alemán en sus siete meses de gobierno. Ambas crisis han demostrado claramente que el recurso a la confrontación incluso verbal desgasta más a quien gobierna que a quien está en la oposición, sobre todo cuando el que gobierna lo hace en un país pobre y no tiene otra perspectiva que imponerle a ese país programas de ajuste estructural. En estas circunstancias, quien gobierna tiene que ir no sólo contra la oposición, sino contra sí mismo, pues como gobierno se encuentra preso de un programa de medidas económicas que genera un profundo descontento social anti gubernamental entre todos, incluidos sus propios simpatizantes.
Un gobierno ideológicamente populista y antisandinista como el de Alemán se enfrenta hoy a tres opciones. La primera: adoptar invariablemente la confrontación como mecanismo para la resolución de los conflictos. Esto lo desgastará más y más, con dos resultados posibles: que sea derrocado por un movimiento cívico, como le ocurrió a Bucaram en Ecuador, o que concluya su período, pero que llegue a la meta cargado con tanta impopularidad que sea incapaz de un nuevo triunfo electoral.
La segunda opción es adoptar la negociación como mecanismo permanente para la resolución de conflictos. Esta opción representa los menores costos políticos para un gobierno que, como el liberal, no cuenta con un control total ni sobre la Policía ni sobre el Ejército. Para que la opción negociadora sea realmente viable para el gobierno, es necesaria una alta dosis de pragmatismo político, lo que implica renunciar al maximalismo en la consecución de sus objetivos.
La tercera opción es recurrir a una combinación de la confrontación y de la negociación para resolver los conflictos que, sin duda, se estarán presentando permanentemente. Por la falta de un control total del Ejército y de la Policía, es bastante probable que esta alternativa implique importantes costos políticos para el actual gobierno, aunque serán siempre menores que los que representa la opción de la confrontación permanente. Para reducir estos costos, serán necesarias también altas dosis de pragmatismo político y de hábil discernimiento, que le permitan al gobierno recurrir a la confrontación cuando la correlación de fuerzas le sea favorable y utilizar la negociación cuando le sea desfavorable.
La crisis de julio puso una vez más de relieve la necesidad de salidas negociadas a los problemas del país. No existe en la Nicaragua de hoy ninguna fuerza militar, política, social o económica capaz de imponer su hegemonía sobre las demás. Lo que la crisis de julio dejó aún más claro que nunca es que el gobierno de esta Nicaragua empobrecida no puede tener ni la primera ni la última palabra.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica