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  Número 260 | Noviembre 2003
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Nicaragua

El economista Néstor Avendaño compartió con Envío, en una charla que transcribimos, opiniones y reflexiones sobre la condonación de la deuda externa de Nicaragua dentro de la iniciativa para países pobres muy endeudados (HIPC) y sobre los grandes vacíos del Plan Nacional de Desarrollo, con el telón de fondo del TLC con Estados Unidos.

Néstor Avendaño

Se nos viene anunciando que en el mes de diciembre Nicaragua llegará por fin al punto de culminación flotante en la iniciativa para países pobres y muy endeudados (HIPC). En este mes de octubre, el Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el economista indio Anoop Singh, visitó Managua y afirmó que ese momento “ya está muy cerca”. Ojalá sea cierto. Considero que la mejor cooperación que puede recibir Nicaragua en el corto y en el mediano plazo de la comunidad internacional es ésa: un sustancial perdón de su deuda externa.

Llegar al punto de culminación de la iniciativa HIPC no será un logro del actual gobierno, será un logro de toda la nación. En el trabajo de reducir la deuda externa, sin y con iniciativa HIPC, han participado muchos funcionarios nicaragüenses, encabezados por Erwin Krüger durante el gobierno de doña Violeta Barrios viuda de Chamorro; por Noel Ramírez durante el gobierno de Arnoldo Alemán; y hoy por el Ministro de Hacienda Eduardo Montealegre.
Éste ha sido un esfuerzo logrado con el sacrificio de toda la población nicaragüense, tras 16 años de un continuo ajuste económico.
La última firma la pondrá el Ministro Montealegre, pero no será un logro personal, ni lo será de este gobierno ni de su gabinete económico, ni de los pasados gobiernos. Es un logro de la nación nicaragüense. Creo que una de las razones por las que el ministro Eduardo Montealegre no renunció a su cargo directivo en el PLC cuando se lo exigió su partido, fue porque quiere aparecer como quien llevó a Nicaragua al punto de culminación de la iniciativa HIPC. Cuán equivocado está si pensara así. Las organizaciones de la sociedad civil tienen la obligación de aclarar a los funcionarios públicos que este tipo de logros pertenecen a la nación y no a un gobierno o a varios gobiernos, mucho menos a un grupo de personas o a una sola persona.

¿Qué se nos va a perdonar en la iniciativa HIPC? La propaganda gubernamental y los políticos afirman que al llegar Nicaragua al punto de culminación se le condonará el 80% de su deuda externa. No es exactamente así.
La iniciativa HIPC ampliada, discutida por el Grupo de los Siete en la ciudad alemana de Colonia en junio de 1999, amplió el porcentaje de condonación a los países pobres y muy endeudados hasta el 90% o más si fuera necesario. Tampoco se nos condonará toda la deuda, sino solamente la deuda sujeta a reestructuración, que es la contratada hasta el 31 de octubre de 1988, según el Club de París. La nueva deuda que hemos ido adquiriendo a partir de entonces no se nos condona por ser muy concesional. Concesional significa que es deuda a 40 años plazo, a 5-10 años de gracia, y con tasas de interés que varían entre el 0% -así son los préstamos concesionales que nos hace el Banco Mundial- y un 2% anual, que es lo que nos cobra el BID por sus préstamos. Nicaragua no tiene capacidad para endeudarse en el mercado internacional, sólo tiene capacidad para este tipo de préstamos concesionales.
Nicaragua no obtiene suficientes recursos por exportaciones para pagar sus obligaciones externas. Según el criterio de la iniciativa HIPC -sin discutir si es correcto o no-, la relación entre el saldo de la deuda y el valor de las exportaciones de bienes y servicios de un país no debe superar el 150% para que su deuda externa sea sostenible. Nicaragua exporta anualmente en bienes 600 millones de dólares, y en bienes y servicios 850 millones de dólares. Un saldo sostenible de nuestra deuda, teniendo en cuenta el criterio del 150%, sería de unos 1,500 millones de dólares. Nicaragua debe hoy
6,400 millones de dólares, un monto totalmente insostenible. Para hacer sostenible nuestra deuda nos deberían condonar unos 5 mil millones de dólares. La iniciativa HIPC establece también que únicamente se condona
el valor presente de la deuda -o sea, descontándola a una tasa de interés determinada por las contrataciones
de la deuda-.

Según ese criterio, la condonación que nos correspondería sería unos 4 mil millones de dólares en términos de valor presente, equivalentes, en términos nominales, a 5 mil millones de dólares porque Nicaragua es el país pobre más endeudado del mundo, en términos de su producción y en relación a sus habitantes. Es importante tener todo esto en cuenta porque podrían aparecer funcionarios públicos del actual gobierno ufanándose de su éxito, que traten de engañar con un falso discurso: “El gobierno de la Nueva Era tiene tal reconocimiento y ha hecho un esfuerzo tan grande que conseguimos 1 mil millones más en condonación”.
¿Qué nos queda aún pendiente para llegar al punto de culminación en la HIPC? La condición general es que Nicaragua no pierda su estabilidad macroeconómica. Para mantenerla, el gobierno se comprometió a garantizar al menos 50 millones de dólares por la venta de los activos de los bancos intervenidos para que el Banco Central pagara
70 millones de dólares a los banqueros privados en concepto de deuda interna por subastas de CENIs (Certificados Negociables de Inversión). De hecho, ésta era la columna vertebral del programa monetario para el año 2003 y el gobierno no cumplió con esta condición. Sin embargo, no hemos escuchado ni un mea culpa público del gobierno por este incumplimiento. A pesar de todo, ya ha habido señales de que esto no será obstáculo para llegar al punto de culminación.
Además de mantener la estabilidad de precios y la estabilidad cambiaria -eso es lo que se conoce como estabilidad macroeconómica-, para llegar al punto de culminación de la iniciativa HIPC el gobierno tiene pendientes otras condiciones: aprobar el presupuesto del año 2004 con una reducción significativa del gasto, privatizar el 49% del capital accionario de ENITEL, privatizar la planta hidroeléctrica HIDROGESA, y emitir la Ley de Servicio Civil y la Ley de Endeudamiento Público, tanto externo como interno.

¿Será posible que Nicaragua cumpla estas condicionalidades en tan poco tiempo? El hecho de que todas estas condiciones estén en manos de los políticos permite imaginar que ellos cumplirán sacando el máximo provecho partidario y personal de la situación. De todas las condiciones, la privatización de HIDROGESA es la que parece más conflictiva por estar vinculada al tema más amplio de la privatización del agua, en torno al cual existe una creciente sensibilidad social. Sin embargo, los políticos del FSLN, partido opositor que actúa como partido de apoyo al gobierno, han declarado que en el tema de HIDROGESA el FMI mostrará “flexibilidad”. Me sorprendió esta declaración, porque desde que soy economista conozco al FMI como un policía financiero internacional inflexible. De hecho, ningún buen policía es flexible: aplica la ley, y punto. Entre las pocas virtudes que tiene el FMI está ésa: ser implacable al exigir el cumplimiento de las condiciones que impone -dejando a un lado si son o no correctas-, sin dejarse sobornar.
La llegada de Nicaragua al punto de culminación de la iniciativa HIPC está vinculada al Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia de Reducción de la Pobreza que le precedió. Según los actuales principios de la comunidad internacional, se le condona la deuda externa a los países pobres para que reduzcan su pobreza humana, no para que paguen la deuda pública interna a los banqueros nacionales. Y señalo esto porque a inicios del año 2003 informé a las organizaciones de la sociedad civil y manifesté públicamente que el gobierno de Nicaragua estaba desviando recursos del alivio interino de la deuda externa para el pago de la deuda pública interna. Estar en camino al punto de culminación en la iniciativa HIPC le dio a Nicaragua desde el año 2002 un alivio interino del pago de los intereses de su deuda externa. Este alivio consiste en la condonación del 80% del pago de intereses y amortizaciones, especialmente los
debidos a los países del Club de París, que han establecido que lo que así ahorre un país HIPC lo asigne el gobierno exclusivamente a proyectos destinados a reducir la pobreza humana.
En 2003, los países del Club de París, el Banco Mundial y el BID, principalmente, le perdonaron a Nicaragua
215 millones de dólares en concepto de alivio interino. Sin embargo, de esta cantidad el gobierno sólo destinó 90 millones a proyectos para reducir la pobreza. ¿A dónde fueron los otros 125 millones? Suponemos, con fundamento, que al pago de la deuda pública interna. ¿Por qué el FMI, de forma complaciente, autorizó el desvío de recursos del alivio de la deuda que nos donan especialmente los países europeos al pago a los banqueros nacionales?
¿Al pago de una deuda interna que tiene tres grandes orígenes ilícitos: las confiscaciones injustas de los años 80, las quiebras bancarias fraudulentas de los años 90 y algunas operaciones de mercado abierto en las postrimerías del gobierno de Alemán?
Este año ocurre lo mismo. De los 200 millones de dólares en alivio interino que se nos están perdonando para el año 2004, sólo 120 millones aparecen en el presupuesto asignados a proyectos para la reducción de la pobreza. ¿A dónde irán los otros 80 millones? ¿A los más ricos de este país? ¿Por qué en la propuesta de presupuesto que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional no aparece de forma transparente cómo se asignarán los recursos liberados por la condonación de la deuda? Siendo un hecho tan grave que el gobierno se comprometa a dedicar recursos para unos fines y los desvíe para otros, los representantes de la comunidad internacional deberían responder a esta inquietud, ya que el gobierno nunca ha querido darnos una respuesta.

El actual gobierno se vanagloria afirmando que es muy transparente en el uso de los recursos. Sin embargo, considero que es muy oscuro en la formulación del presupuesto nacional. No basta la transparencia en decir gano 19 mil dólares mensuales -como lo dice el Presidente de la República-, porque no es ésa la transparencia que necesita Nicaragua. Necesitamos transparencia en el uso de los recursos que van destinados a la población más pobre del país y hay que exigir esa transparencia en la formulación del Presupuesto Nacional de la República.
Porque la iniciativa HIPC vincula la condonación de la deuda externa a la reducción de la pobreza podemos vincularla al Plan Nacional de Desarrollo (PND), presentado por el Presidente de la República y su gabinete de gobierno a mediados de septiembre como una propuesta. Sin embargo, el gobierno habla de él como un plan que ya está establecido y que incluso ya se está ejecutando. Un cambio acelerado e inadecuado, porque en la presentación del PND el gobernante se comprometió a someterlo a discusión a lo largo de un año. Esto constituye una falta de respeto a los gobernados, que merecemos, y debemos exigir, rendición de cuentas y no imposición de cuentas.
El 25% de la población nicaragüense, algo más de 1 millón 300 mil personas, no sabe leer ni escribir, no tiene acceso a servicios de salud ni a la educación, no tiene agua potable, padece de severa desnutrición y tiene una alta tasa de mortalidad antes de los 45 años. Diplomáticamente, a estas personas se les llama “pobres extremos”, pero en el español de Cervantes son “miserables”. ¿Para qué usar dos palabras cuando basta con una? ¿Cuál es la política del Estado para sacar de la miseria a este millón trescientos mil nicaragüenses? Sorprende que en el Plan Nacional de Desarrollo esta gente quede excluida del desarrollo por vivir en territorios que no producen nada, según el diagnóstico del PND, que enfoca el desarrollo del país en seis zonas, territorios para seis conglomerados (“clusters”) productivos, siguiendo la teoría que hace varios años formuló el profesor de Harvard Michael Porter.

La miseria se puede erradicar por dos vías: rescatando de la miseria a los miserables o abandonándolos a su suerte. Oficialmente, en el PND el gobierno parece haber optado por la nefasta segunda vía. El coordinador del PND, Mario de Franco, afirma que no habrá problema porque la población de las zonas descartadas en el PND como improductivas
-prácticamente, toda la franja central del país- se trasladará a las zonas productivas de los conglomerados. ¡Solamente si un dictador obliga a esta población a desplazarse! ¿Cómo trasladar a un millón trescientos mil nicaragüenses de sus lugares hacia los polos de desarrollo que promoverá el PND? ¿Satélites de pobreza girando en torno a grandes unidades productivas, maquiladoras para la exportación, con buena tecnología venida del exterior? Y hay aquí
un gran vacío: ¿dónde está la Costa Atlántica en el PND? ¿Dónde están las etnias del Caribe en el PND? ¿Dónde están las comunidades pobres de las orillas de los grandes ríos de la Costa Atlántica?
No aparecen. En Nicaragua no necesitamos que la población se traslade. No puede ser el propósito favorecer la migración sino detenerla. No sólo hacia Costa Rica y Estados Unidos, sino hacia las ciudades del país, que ya no dan abasto con la migración interna. ¿Qué puede detener la migración interna? Hacer más productivas las zonas calificadas de “improductivas” partiendo de un adecuado programa de inversiones públicas: agua potable, escuelas, centros de salud, servicios básicos, un mercado... Hay infinidad de zonas rurales en Nicaragua en donde no existe un mercado. Llega uno y pregunta: ¿Dónde está el mercado? Y te contestan: ¡Ya pasó, ya se fue! Y es que el “mercado” es sólo una camioneta que pasa algunas veces cargada con comestibles y vestuario.

He leído las más de 500 páginas del extenso documento que es el PND y en mi opinión, además de esta filosofía excluyente tan discutible desde el punto de vista humanista, el Plan tiene dos grandes defectos, que arriesgan su futuro.
No ha sido discutido por la sociedad nicaragüense y no cuenta con un respaldo político. Desde el mismo comienzo falla por un detalle simbólico: en la portada del documento del PND y en la propaganda en los medios aparece
este sello: “Gobierno Bolaños, Nueva Era”. Nicaragua necesita un plan “de propiedad nacional”, sin ninguna etiqueta gubernamental, para que sea aceptado por los futuros gobernantes del país.
El PND está huérfano. Se elaboró y se formuló a espaldas de los principales agentes económicos del país, los productores nacionales, que no conocen por qué fueron escogidos los seis “clusters” o conglomerados productivos a los que apuesta el Plan (turismo, café, carne y lácteos, forestal y productos de madera, pesca y acuicultura, minas, textiles y vestuario, energía). Y ninguna fuerza política importante se da por conocedora de este Plan, lo que resulta preocupante, porque el Plan propone importantes y necesarias reformas institucionales -con las que estoy totalmente de acuerdo-, las que sin consenso político están condenadas al fracaso.
Estas dos perturbaciones hacen muy vulnerable al PND. Fue hecho en un escritorio público para después dejarlo caer sobre la población nicaragüense como algo ineludible e inevitable. Con estas características resulta también sorprendente que, a finales de octubre, el PND fuera presentado por el gobierno a decenas de representantes de la cooperación internacional reunidos en Managua en un Grupo Consultivo buscando obtener de ellos respaldo político y apoyo financiero. Podemos preguntar a los representantes de la comunidad internacional: ¿Cómo vienen a Nicaragua a conocer un plan de desarrollo que no conoce la mayoría de la población nicaragüense cuando ellos mismos han manifestado la necesidad de una creciente participación de la sociedad civil para la solución de los problemas económicos y sociales de los países
a los que brindan su cooperación?
El principio de la participación de la sociedad civil en los planes gubernamentales emanó de la reunión del Grupo de los Siete en Colonia. Emplearon entonces la palabra “empoderamiento”: que la sociedad civil se empodere de los planes oficiales. Prefiero la palabra “apropiación”: que la sociedad civil se apropie, se adueñe, se sienta dueña y se haga sentir como dueña de esos planes. La comunidad internacional no puede violentar sus propios principios. Sin embargo, el Grupo Consultivo reunido en Managua le dio el visto bueno al Plan del gobierno de Nicaragua, expresándole respaldo político. Y mientras la comunidad internacional habla con insistencia de la necesidad de una mayor coordinación en la entrega de recursos a Nicaragua, actúa descoordinadamente frente a la nación nicaragüense, que desconoce el Plan, lo que es inaudito e inadmisible.
Para garantizar que la sociedad civil discutiera el PND, el gobierno colocó el texto en una página web de Internet para que allí fuera leído... y debatido. Hasta pagó anuncios en los periódicos anunciando la dirección de esta página web. Considero que esto es una ofensa a la población de Nicaragua. ¿Quiénes tienen computadora y acceso a los servicios de Internet en este país? Teniendo en cuenta que el documento es muy extenso y de no fácil lectura, lo que debió haber hecho el gobierno es una síntesis en una edición sencilla y breve para publicarla en un suplemento de los dos grandes periódicos nacionales. El gobierno tiene obligación de poner a disposición de toda la población información económica veraz. Y no lo hace. Incluso, quienes tenemos acceso a los servicios de Internet, no conseguimos saber el índice de inflación de la última semana, porque hay un atraso de un mes en la información que el gobierno coloca en sus páginas web. Si, como reitera el gobierno, el mercado es sabio, un mercado sin información no sabe nada.
En el PND hay cosas positivas que rescatar. Es el mejor compendio de diagnósticos económicos y sociales elaborados por los últimos cinco gobiernos. El actual gobierno logró ordenar adecuadamente muchísimos diagnósticos nacionales, planteando algunas vías para lograr el desarrollo. Y esto merece un aplauso. Sin embargo, el PND no plantea lo esencial: cuáles serán las políticas públicas que el gobierno va a implementar para que Nicaragua se desarrolle.
Lo que se lee en el PND son algunas ideas y medidas sueltas, pero no un cuerpo coherente de políticas públicas. ¿Cuál será el papel del Estado en la economía para impulsar el crecimiento económico de Nicaragua? La respuesta a esta pregunta crucial aparece totalmente difusa en el PND, lo que encaja con la lógica del Consenso de Washington:
reducir no sólo el tamaño del Estado sino también su incidencia en la economía.

Analizando la actual situación económica de Nicaragua apreciamos que no es muy distinta a la de hace dieciséis años. Nicaragua ha transitado por dieciséis años consecutivos de ajuste, desde que el gobierno sandinista dio el primer paso de ajuste macroeconómico el 14 de febrero de 1988, al decretar un cambio de moneda.
Sin ningún recurso externo, el gobierno sandinista ejecutó un ajuste que la misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calificó como el más draconiano de los efectuados en América Latina. A pesar de tantos sacrificios, el ajuste en las finanzas públicas de Nicaragua aún no ha concluido y le toca al actual gobierno concluirlo, ingrata tarea política, aún mayor si el altísimo costo social y político del ajuste se combina con algunas de las ideas exuberantes del PND, que propone, por ejemplo, la construcción en Nicaragua de “carreteras inteligentes” cuando lo que Nicaragua necesita con urgencia son personas inteligentes.
¿Cuál debe ser el papel del Estado para impulsar el crecimiento económico de Nicaragua, tema tan difuso en la propuesta del PND? Como profesional y estudioso de la economía de Nicaragua considero que son cinco los papeles que debe cumplir el Estado en nuestro país, además de crear mercados donde no existen, si quiere impulsar el crecimiento económico y el desarrollo con el objetivo de reducir nuestra pobreza humana.

Primer papel: educación. Pero no desvalorizando la educación universitaria y afirmando que carece de recursos incluso para la educación primaria. El papel estratégico del Estado debe concentrarse en la educación técnica media y superior para incrementar la productividad laboral. El actual gobernante repite que Nicaragua es el país de Centroamérica que más atrae la inversión extranjera directa por lo barata que resulta nuestra mano de obra. Resulta ofensivo.
La preocupación gubernamental debe ser elevar la calidad técnica de la mano de obra nacional y no congraciarse con la idea de que aquí habrá mayor inversión porque nuestra mano de obra es más barata... únicamente por ser la más ignorante.
Segundo papel: transferencia de tecnología a propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas. La gran empresa privada tiene oportunidades de comprar tecnología, pero no la comparte, la emplea para su propio beneficio. Nicaragua posee un gran número de propietarios de microempresas y pequeñas empresas. Son la mayoría. ¿Quién se responsabiliza de transferirles masivamente tecnología? Debe ser el Estado. Esta idea, fundamental, no aparece por ninguna parte en el Plan. Lo que plantea el PND es una decidida facilitación estatal para que vengan al país inversionistas extranjeros directos y para que se instalen en los territorios seleccionados como altamente productivos, sede de los conglomerados, todo con el fin de desarrollar el modelo típico de producción que es funcional al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o sea el modelo de la industria maquiladora para la exportación.
Y aquí surge otra pregunta crucial: ¿dónde está expresada en el PND la preocupación gubernamental por reglamentar la inversión extranjera directa, entre otras cosas para vincularla con las cadenas de producción locales de Nicaragua? En ninguna parte. Yo le he preguntado a empresarios del COSEP: ¿por qué apoyan ustedes plenamente el PND si el Plan no se preocupa por la facilitación a los empresarios nacionales sino a los extranjeros? ¿Están conscientes ustedes de que toda la facilidad es para que los inversionistas extranjeros vengan a instalarse en este país como si fuera su propio patio, sin ninguna reglamentación, sin garantizar que impulsarán el crecimiento económico? Naturalmente, se espera que vengan a “generar más empleos”, como dice el gobernante actual, pero no sólo necesitamos más empleos sino también “mejores” empleos.
Realmente, a Nicaragua no ha llegado aún la verdadera inversión extranjera directa: sólo hemos visto inversión en maquila (zonas francas) y cambios de dueños de plantas productivas. La transnacional italiana Parmalat le compró a
La Perfecta -empresa nicaragüense de productos lácteos- toda su infraestructura productiva y empezó a operar en el país. Igual ha hecho la transnacional Cargill, que compró su infraestructura productiva a la empresa avícola nicaragüense Tip-Top. Igual hizo la transnacional española Unión Fenosa, que compró el tendido eléctrico de la empresa estatal, sin ampliarlo aún. Mal llamamos inversión extranjera a lo que es simplemente un cambio de dueño: de dueños nicaragüenses a dueños extranjeros. La verdadera inversión extranjera directa debería venir a expandir nuestro aparato productivo nacional y debería venir a vincularse con la producción local para potenciarla.

En el caso de Parmalat resulta positivo que esta empresa ha transferido tecnología a nuestros productores de leche.
Sin embargo, Parmalat ha introducido en el mercado local jugos de fruta en envases de cartón. ¿Desarrolló vínculos con los productores nacionales de frutas? No. Importa el jugo concentrado de Estados Unidos para venderlo aquí. También Cargill importa casi todos sus insumos de los Estados Unidos. ¿Quién es el responsable de esta desvinculación, que afecta nuestro crecimiento y desarrollo económico?
El responsable es el Estado, que no reglamenta la inversión extranjera directa. Reglamentarla es, entre otras cosas, garantizar el vínculo de la inversión extranjera con las cadenas de producción local para generar ingresos entre la población, especialmente en las zonas rurales.
Los expertos en temas agrícolas insisten que en Nicaragua muy pocas tierras tienen vocación agrícola, que la mayoría tiene vocación forestal. Serían más productivas dedicadas a árboles maderables y frutales. ¿Todas esas zonas rurales discriminadas hoy en el PND por improductivas no podrían dedicarse a producir algunas frutas e iniciar así una cadena de producción local vinculada a esta transnacional que hoy nos vende jugos de fruta importados?
Un tercer papel para el Estado como facilitador del desarrollo es la construcción, ampliación y mejoramiento de toda la infraestructura económica del país. Sin embargo, bajo la ola privatizadora, ¡lo que propone el Plan son carreteras privadas! Como si Nicaragua tuviera un ingreso per cápita anual para darse el lujo de pagar peaje para transitar en carreteras privadas. Esto lo puede hacer Costa Rica, que tiene un ingreso per cápita de 4,300 dólares, mientras que en Nicaragua -según las nuevas cuentas nacionales del Banco Central- es de 735 dólares. ¿Quiénes transitarán por las carreteras privadas?
¿Vamos a presentar éste y otros proyectos del PND a la comunidad internacional y a pedirle recursos para realizarlos? Si en diciembre Nicaragua llegara al punto de culminación en la iniciativa HIPC, ¿creen ustedes que la comunidad internacional, de forma insensata, nos convertiría nuevamente en un país pobre y altamente endeudado en el lapso de un año? ¿Es realista pensar que la comunidad internacional nos va a perdonar cinco mil millones de dólares en diciembre y nos va a endeudar al siguiente año con un mil o dos mil millones para los proyectos de infraestructura del PND? No veo factible, realista, una solicitud de este tipo, y más con un Plan que no goza de participación ciudadana ni de respaldo político.
Un cuarto papel que debe tener el Estado como facilitador del crecimiento económico de Nicaragua es el fortalecimiento del sistema financiero nacional. Si el sistema financiero queda exclusivamente controlado en manos de banqueros privados, nunca se va a fortalecer. Las recientes quiebras bancarias así lo han demostrado. Debe recordar el Estado que la banca privada no garantiza crecimiento económico, sólo garantiza crecimiento de las utilidades de la banca privada. Especialmente en un país como Nicaragua. Porque en otros países y en países desarrollados como Francia, la banca estatal funciona también como banca privada y no olvida el objetivo social. Considero necesario que el Estado se plantee cómo volver a tener presencia en el sistema financiero nacional. En el PND hay algunas ideas sueltas sobre esto, pero falta una definición clara.

El quinto papel del Estado -mencionado con mucha imprecisión en el PND- es la protección ambiental. Tanto el progreso económico como el atraso económico dañan el medio ambiente. Creo que más lo daña el atraso. Pongamos un ejemplo. El PND expresa una gran preocupación por el deterioro del bosque en Nicaragua, pero sólo dice que hay que detener la deforestación, sin formular la más sencilla política pública para lograrlo. Sin ser experto en cuestiones ambientales, creo que mucha gente pobre de las zonas rurales corta los árboles para disponer de leña para cocinar y para venderla a otros para que cocinen. Para detener la destrucción del bosque debemos encontrar sustitutos de la leña para cocinar. El gas propano resulta muy caro. ¿Tal vez el kerosene, que es un subproducto barato del petróleo? ¿Cómo hacer llegar kerosene a las zonas rurales? ¿Cisternas que transporten el kerosene? Sería muy caro el combustible. ¿Tuberías simples para llevar kerosene desde las refinerías hasta las zonas rurales? ¿Qué inversión requiere una red de tuberías de este tipo? Es planteándose este tipo de preguntas y muchas más y buscando respuesta a ellas que el Estado estaría formulando, proponiendo, haciendo políticas públicas.
Es sólo un ejemplo. Lo grave es que no existe en el PND una presentación coherente de políticas públicas para resolver los problemas que este compendio de diagnósticos ubica tan adecuadamente. Está claro que en Nicaragua no es posible dar respuesta a todos los problemas al mismo tiempo porque no tenemos una disponibilidad ilimitada de recursos. Pero también está claro que hay tareas esenciales y básicas que deben ser prioritarias, que demandan respuestas rápidas y de impacto. Sin embargo, el PND no plantea las cosas a partir de las prioridades básicas.
La Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza precedió al Plan Nacional de Desarrollo. La Estrategia fue muy criticada en Nicaragua. Por varias razones. La primera, porque el documento en el que se basó fue escrito primero en inglés y aprobado en Washington y sólo después fue traído a Nicaragua para traducirlo al español y darlo a conocer. Fue muy criticada también por promover programas asistencialistas. Entre las más fuertes críticas que recibió estaba fundamentar la reducción de la pobreza en el crecimiento económico. Planteaba la Estrategia que el PIB del país debía crecer a una tasa promedio anual de 4.8% entre 2001 y 2005 para reducir 3 puntos porcentuales el nivel de pobreza humana de Nicaragua. Pero si un alumno mío de economía me presentara esta idea en una tesis de grado, yo no lo aprobaría. Porque no existe un vínculo automático entre crecimiento económico y reducción de la pobreza. Tan importante es el crecimiento económico como las políticas de redistribución del ingreso. Resolver las inequidades garantiza reducir la pobreza. También resulta importante definir dónde se concentrará el futuro crecimiento económico del país. ¿Entre los pobres, para eliminar su pobreza? A nada de esto respondía la Estrategia.
Fue también criticada la Estrategia porque su coordinador, Luis Durán, vino del extranjero a Nicaragua a desarrollarla con un salario de 23 mil dólares mensuales. Yo denuncié públicamente a Durán afirmando que lo que realmente desarrolló fue la estrategia de reducción de su pobreza personal. Este funcionario continúa reduciendo su pobreza personal aparentando que reduce la pobreza humana, ahora en Paraguay.
Algo ha cambiado. El PND no fue escrito en inglés y es muy positivo que compendie los mejores diagnósticos elaborados por profesionales nicaragüenses en Nicaragua. Sin embargo, no descarto la influencia foránea en el PND. Cuando leí el primer borrador del Plan, cuando conocí sus primeros esbozos, advertí inmediatamente que
se trataba de un reordenamiento de distintas secciones bajadas de las página web de la Universidad de Harvard en todo lo relacionado a la teoría de los “clusters” de Michael Porter, aunque aparecían adornadas con fotos y cuadros estadísticos de la situación de Nicaragua. Muchos -incluida la comunidad internacional- criticamos al gobierno por este proceder, lo que lo obligó a rehacer el PND y a una nueva redacción para darle otra cara, aunque la influencia de las teorías de Porter sigue siendo obvia.

El TLC se conecta con la propuesta de los conglomerados y por lo tanto con el Plan Nacional de Desarrollo. El diseño de polos productivos o conglomerados, que es central en El Plan Nacional de Desarrollo, es totalmente compatible con el modelo de “desarrollo” que nos traerá el TLC: industria maquiladora para la exportación que, a diferencia de lo que sucede hoy con las zonas francas, pagará impuestos al Estado. En este diseño encaja también perfectamente el Plan Puebla Panamá, al que se le encarga dotar a la región centroamericana de infraestructura -red vial, energía eléctrica, telecomunicaciones- con el fin de abaratar los costos de producción -no sólo los de internación- de las empresas extranjeras que se instalen en la región.
¿Qué decir del TLC de Centroamérica con Estados Unidos? Todo tratado de libre comercio no sólo tiene ventajas -tal como lo presenta el gobierno en su propaganda-, tiene también riesgos. El esfuerzo que debemos asumir es el de minimizar esos riesgos. Los principales los veo para el sector agropecuario y para el mercado laboral.
Habrá problemas en el mercado laboral, tanto en el de Centroamérica como en el de Estados Unidos. Con el Tratado de Libre Comercio con México, los estadounidenses se quejaron por el desempleo que provocó, ya que muchas empresas se trasladaron a México, donde podían pagar salarios más bajos que en Estados Unidos. En Centroamérica, los salarios son mucho más bajos que los pagados en México. ¿Cuál va a ser la reacción de los sindicatos de Estados Unidos? ¿Cómo van a responder los congresistas vinculados a los sindicalistas? La primera tarea en la agenda de nuestro nuevo embajador en Washington, Salvador Stadthagen -y así lo ha declarado él- es hacer lobby para convencer a unos 40 congresistas de que aprueben el TLC con Centroamérica. Resulta ridículo que la prioridad de Nicaragua, uno de los 41 países más pobres y endeudados del planeta, sea tratar de convencer a los congresistas del país más poderoso del mundo para que firmen un tratado de libre comercio con nuestra región. La primera preocupación del gobierno de Nicaragua debería ser la de negociar con Estados Unidos fondos para elevar la productividad laboral y la inversión tecnológica empresarial con el fin de que la producción y las empresas centroamericanas logren un poco más de competitividad. La primera preocupación del gobierno de Nicaragua debería ser negociar con Estados Unidos fondos para re-entrenar a la fuerza laboral nicaragüense que va a perder sus puestos de trabajo con el TLC. Porque con el TLC llegarán a Nicaragua productos de Estados Unidos que van a beneficiar al consumidor -y no hay que olvidar esta ventaja-, pero que van a destruir puestos de trabajo.
Los problemas serán grandes para el sector agropecuario. Al término de la penúltima ronda de negociaciones del TLC (octubre, Houston), el gobierno nos dio la “buena noticia” de que Nicaragua consiguió libre introducción de sus bienes industriales a Estados Unidos. Pero ¿qué significa esto si Nicaragua no es un país industrial sino agropecuario? Se nos ha presentado también como un gran logro que los productos “sensibles” no ingresarán sin arancel en Nicaragua hasta dentro de quince años, para así proteger los productos nacionales. Pero, si “veinte años no es nada”, como canta Carlos Gardel, ¿qué son quince años? ¿Podremos estar listos para enfrentar la avalancha de “productos sensibles” importados de Estados Unidos dentro de quince años?

Estados Unidos necesitó más de ciento veinte años para llegar al nivel de competitividad que hoy tiene su economía agropecuaria, para que sus agricultores llegaran a ser lo que son hoy. La gigantesca inversión del gobierno federal para impulsar el agro estadounidense no se hizo en quince años... ¡y aquí celebramos que nos den quince años de plazo para prepararnos! ¿Podrá competir un campesino nicaragüense arando su tierra con un par de bueyes flacos con un productor estadounidense, dueño de un par de tractores John Deere, que ni siquiera suda mientras trabaja porque la cabina lleva acondicionador de aire, y que además recibe un jugoso subsidio de su gobierno? ¿Vamos a cambiar esta desigualdad abismal en quince años?
Una vaca japonesa recibe un subsidio diario de 15 dólares, una vaca europea 12-13 dólares, una vaca estadounidense casi 3 dólares de subsidio diario... La mitad de la población nicaragüense tiene un ingreso diario de un dólar... o de menos. ¿Va a cambiar esto en quince años?
Debemos estar claros: el TLC con Estados Unidos no viene a propiciar una mayor competitividad a nuestro sector agropecuario, viene a facilitar la introducción en Centroamérica de empresas agropecuarias estadounidenses que conquistarán nuestros mercados y se aprovecharán de nuestros recursos naturales y que, en el peor de los casos, hasta podrían traer su propia mano de obra y no contratar a la mano de obra campesina de nuestra región con el propósito de no transferir tecnología. Debemos estar claros: tan pronto se dé el pistoletazo de salida del TLC empezaremos a ver grandes problemas en el sector agropecuario nicaragüense. El Plan Nacional de Desarrollo no tiene ninguna respuesta para estos problemas. Simplemente, les prepara el camino.

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