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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 252 | Marzo 2003
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Honduras

Fragilidades, desigualdades y complicidades

Prevalece la sensación de que el país se mueve sin brújula económica. Crece la impresión de que el Presidente Ricardo Maduro no logrará concluir su mandato. Y se generan dudas sobre el trasfondo de la lucha anticorrupción.

Manuel Torres Calderón

Veinte años después de que los civiles sustituyeran en el poder a los militares, la gobernabilidad de Honduras sigue sostenida frágilmente en una sociedad de extremas desigualdades, en la que la crisis golpea de forma directa a los grupos sociales más debilitados, mientras en el otro extremo unos cuantos se enriquecen hasta la opulencia. Las estadísticas son tan frías como la indiferencia: el 20% más pobre de la población sólo obtiene 2.65% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico se queda
con 57.3%.

La única “respuesta” institucional a este abismo es la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), presentada teóricamente como la más importante propuesta nacional de carácter social, que en la práctica prosigue sin aplicarse y que, aún teóricamente, no toca las desigualdades.

El desafío es inmenso. La última Encuesta de Hogares reveló que 64.4% de los hogares se encuentran bajo la línea de la pobreza y 47.4% en la categoría de extrema pobreza. En la zona rural el porcentaje de pobres supera el 70%. En términos prácticos, uno de los pocos resultados de la ERP en 2002 fue integrar el Grupo Consultivo de la Estrategia, con cinco representantes de la sociedad civil, uno de los gobiernos municipales, seis del sector gubernamental y uno de la cooperación internacional.

¿COMBATIR LA POBREZA O SÓLO REDUCIRLA?

El choque de dos enfoques caracteriza el debate hondureño sobre cómo afrontar la pobreza. Por una parte, la estrategia oficial: focalizar acciones de compensación social en 80 de los 297 municipios del país, algunos de ellos en condiciones de vida similares a las peores de Africa. Por otra, la propuesta ciudadana de impulsar estrategias regionales para combatir la pobreza, y no simplemente para reducirla.

Hasta ahora la experiencia muestra que los delegados de la sociedad civil en el nuevo Grupo Consultivo no han podido articular acciones efectivas de incidencia. Salvo algunas excepciones, existe incluso desconocimiento en varios representantes -los de sectores obreros y campesinos- de qué es la ERP.

Por otro lado, las mismas propuestas regionales que buscan ser alternativas requieren de más trabajo, y hasta ahora siguen el formato de la versión oficial: índices, ejes estratégicos, etc., sólo variando los contenidos. El mismo concepto de “región” está todavía en construcción. Quizá lo que comparten, tanto la estrategia oficial como la propuesta ciudadana, es la ausencia de un proyecto de país. Realmente, no se advierte aún en ninguna de estas dos visiones un modelo de sociedad diferente al actual.

UNA SED DE IMPUESTOS

El impacto del modelo de ajuste neoliberal en las familias hondureñas sigue generando desintegración. Se está construyendo un país orientado a desdibujar las tradicionales formas de expresión solidaria entre la gente para instalar, aún dentro de la misma familia, posturas individualistas e indiferentes basadas en el “sálvese quien pueda”.
Medidas gubernamentales como la Ley de Equilibrio Financiero y Compensación Social han terminado de agudizar los problemas, destinando más impuestos a un Estado que dedica el 11% del PIB a mantener una burocracia, en su mayoría excesiva, costosa e inefectiva.

La carga tributaria es pesada: el porcentaje de los ingresos tributarios en relación al PIB es de 18%, cifra que los sectores empresariales consideran está ya en el límite tolerable.

El gobierno asegura no tener intención de establecer nuevos impuestos, pero la presión por obtener más recursos para atender sus gastos corrientes es intensa. En 2003 la meta oficial es recaudar unos 23 mil millones de lempiras por la vía de los tributos. Las municipalidades manejan su propia política tributaria y en los casos de San Pedro Sula y Tegucigalpa, los más representativos, los alcaldes mantienen con los impuestos costosas campañas mediáticas para alimentar sus ambiciones políticas.

La creciente cosecha de tributos está sirviendo para que el Estado, desde el gobierno central hasta ciertas alcaldías, sufraguen sus gastos a costa de hundir más la economía en la recesión que desde hace años la afecta.

UNA ECONOMÍA SIN BRÚJULA

El desempleo, el subempleo, la inseguridad laboral, los bajos salarios, la diaria devaluación del lempira frente al dólar y el alza de precios de los productos de la canasta básica afectan gravemente a la familia hondureña.

La baja escolaridad promedio del hondureño (4.5 grados) y la desintegración familiar, con el consecuente aumento de madres solteras, ha supuesto la incorporación creciente de mujeres al mercado informal y al formal, donde están sujetas a trabajos mal remunerados, jornadas extenuantes y escasas o ninguna garantías laborales.

En su primer año de gestión, el equipo gubernamental de Ricardo Maduro se dedicó a impulsar la maquila, el turismo y un programa de construcción de viviendas -con el que calculaba generar 50 mil nuevos trabajos por año-. Pero hasta ahora, prevalece la sensación de que el país se mueve sin brújula y en la incertidumbre en la economía, entre indecisiones y expectativas que no se cumplen. En su primer año, el nuevo gobierno no pudo ponerse de acuerdo con el FMI. Las principales metas incumplidas con el Fondo son de tipo fiscal: nivel de gastos en sueldos del gobierno central y financiamiento nacional neto al sector público.

Las discrepancias gobierno-FMI no son de fondo, sino de forma y de plazos. Están de acuerdo ambos en el despido masivo de empleados públicos, pero mientras Maduro teme la factura política que debería pagar por esa decisión, al FMI sólo le interesan los números. Lo previsible es que la Carta de Intenciones con el FMI se firme en el primer semestre de 2003 y que la ciudadanía no será tomada en cuenta en el proceso.

TENEMOS CON QUÉ SALIR DE LA POBREZA

Es evidente que Ricardo Maduro recibió una economía en malas condiciones de manos de su antecesor Carlos Flores (1998-2002), pero también lo es que el nuevo equipo no hizo mucho en 2002 para afrontar las cosas. Salvo ciertos rubros, la actividad productiva continúa reflejando una tendencia decreciente en el sector agropecuario y en el industrial, pese a lo cual la inflación y la devaluación de la moneda se mantienen bajo relativo control.

Las finanzas públicas están afectadas por la tendencia hacia la baja de los precios internacionales del café, el banano y el camarón. Las autoridades atribuyen parte de la crisis a la desaceleración de la economía de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Pero la recesión hondureña es de vieja data y se volvió crónica. La esperanza oficial inmediata está depositada en un repunte de la maquila, en una mejoría de los precios del café, en el crecimiento del sector turismo y, sobre todo, en el incremento de las remesas familiares de los hondureños que trabajan en Estados Unidos y que en 2003 enfrentarán el fin de la tercera prórroga del Estatus de Permanencia Temporal (TPS).

El auge de la migración al Norte, estimulada desde el mismo Estado, confirma la incapacidad de Honduras para retener a su propia población. Lo dramático es que este país tiene con qué salir de la pobreza, pero no se pone de acuerdo en cómo lograrlo.

Es en el agro donde más se puede detectar esta contradicción. En su conjunto, el sector rural se mantiene en una grave crisis, de la que no pudo sacarlo el limitado alcance de una Ley de Solidaridad con el Productor Agropecuario que tuvo un lento mecanismo de ejecución y que no da la asistencia crediticia esperada a los pequeños o medianos productores.
Las expectativas de los agricultores no fueron satisfechas en 2002 y sus demandas están pendientes de solución, entre ellas el acceso de los campesinos a la tierra, justa aspiración a la que hoy por hoy sólo “responde” el mercado.

La política oficial se concentra en la titulación de tierras ya adjudicadas o comunitarias. Sin embargo, y pese a las dificultades, la agricultura continúa siendo el principal sector de absorción de fuerza de trabajo (35%), especialmente para los hombres, y en mucha menor medida para las mujeres (6%), que encuentran mayores posibilidades de inserción en las actividades urbanas.

LA DECEPCIÓN DE SIEMPRE

En lo que atañe al panorama político, el año de relativa tregua ya terminó y los aires de confrontación se perfilan con nitidez, como lo prueba el análisis crítico que hizo el Partido Liberal de la gestión de Maduro. Los liberales le exigieron al gobierno que haga todo lo que ellos, en los últimos ocho años, no hicieron desde el poder. Pero en el país la política no se mueve por escrúpulos o consideraciones éticas, sino por el más simple cálculo de intereses.

Para hacer frente a la “oposición”, el Partido Nacional cuenta ya con mayoría simple en el Congreso Nacional, al mantenerse la alianza que suscribió con la bancada de la Democracia Cristiana y con el diputado Filiberto Isaula, desertor de las filas del Partido Unificación Democrática. Esa alianza tiene efectos que van más allá de la simple votación en el Congreso.

Entre estos efectos está:
- Una relativa gobernabilidad parlamentaria, al posibilitar la toma de decisiones cuando se requiere sólo de mayoría simple.

- La reducción de la capacidad de incidencia del resto de partidos, sobre todo los minoritarios, que esfuma la importancia positiva que tuvo el “voto cruzado” en las pasadas elecciones generales, donde el electorado dio al Partido Nacional el control del Poder Ejecutivo, pero le negó la mayoría del Poder Legislativo.

- La ubicación de la negociación política (la alianza y los acuerdos temporales) por encima de la voluntad política de la sociedad.

- La agudización de la percepción de frustración del electorado con respecto a la democracia.

¿TERMINARÁ SU MANDATO?

El relativo control del Parlamento no le da al gobierno de Maduro la garantía de una gestión estable. Políticamente, hasta en su propio partido afronta contradicciones y conflictos de poder muy fuertes, sobre todo con el alcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor, aspirante por cuenta propia a la Presidencia de la República para el próximo período (2004-2008). Pastor está aglutinando poco a poco al sector no madurista del nacionalismo, que representa una mayoría.

En todo caso, si el primer año le resultó difícil a Maduro, los tres que le restan no se anticipan menos conflictivos. En noviembre de 2002, en una reunión privada, representantes del Foro Ciudadano, un grupo intelectual de oposición, le manifestaron directamente al gobernante la impresión que circula de forma creciente de que no terminará su mandato. Su respuesta fue una sonrisa, lo que no disipa la incertidumbre.
Para no correr riesgos súbitos, Maduro tendría que impulsar una amplia política de alianzas, como la que organizó durante su campaña electoral. En sus planes, vincularse a uno de esos aliados estratégicos, la ciudadanía organizada, es una opción sin fuerza. Desde un comienzo pobló su gabinete de banqueros que no entienden ni la representatividad ni la importancia de la sociedad civil y a la que ven como la continuidad o el reciclaje de sus adversarios ideológicos de los años 80.

No hizo falta mucho tiempo para percibir que la capacidad de diálogo con la sociedad civil que tuvo el Maduro-candidato se redujo en 2002 con las actitudes asumidas por el Maduro-Presidente. Y aunque la convocatoria desde Casa Presidencial a reuniones esporádicas sigue dándose, cada vez hay menos credibilidad en sus resultados.

HONDURAS YA NO ES LA HACIENDA DE UNOS POCOS

Pretender gobernar Honduras como la hacienda de siempre, en manos de unos pocos, ya no se sostiene, ante la evidencia de que la iniciativa ciudadana ya está presente en muchas experiencias locales o regionales de gobernabilidad, incidencia ciudadana, protección del ambiente, comunicación popular, alfabetización, salud materno-infantil, prevención del VIH/SIDA, agricultura sostenible...

En 2003 un buen punto de concertación entre el gobierno y la ciudadanía debiera ser la demanda de descentralización del Estado. Hasta hoy, domina el verticalismo que baja desde el gobierno a la población y que nunca va a la inversa. Y la descentralización favorecida hasta ahora por el Estado se entiende más como privatización o concesión en la explotación de recursos estratégicos -como el agua- que como un mecanismo para potenciar la participación o co-gestión ciudadana. Sin embargo, a nivel de base de la sociedad persisten los esfuerzos por movilizar a las comunidades bajo diferentes figuras organizativas, entre ellas las mancomunidades, y existen ya múltiples experiencias positivas cuyo valor trasciende lo local.

La necesidad que tiene el gobierno de encontrar interlocutores ciudadanos le resultará más indispensable en 2003, año que inicia cargado de alta conflictividad social, una vez que las expectativas iniciales ya recibieron su baño de realismo. El conflicto con los maestros de secundaria y con los caficultores seguirá latente, pero es evidente que la agenda de la conflictividad irá siendo mayor y heterogénea.

VACÍO DE LIDERAZGO NACIONAL

En 2003 se dará un incremento de las protestas en contra del ALCA, con el Bloque Popular encabezando una reacción ciudadana necesaria, aunque aún insuficiente ante los hechos ya consumados. En su dinámica, el Bloque Popular incorporará otras reivindicaciones en su agenda, vinculadas a las privatizaciones. Se trata de un avance importante porque rompe la tendencia tradicional de los sectores organizados y de sus dirigentes de movilizar y de definir su identidad a partir de reivindicaciones salariales, defensa de intereses y conquistas gremiales o demanda de cuotas de poder. Esta manera de situarse ante la realidad nacional ha ido creando una distancia casi infranqueable entre las organizaciones populares y la población “de a pie”, que es la mayoría. El asunto es que ya casi nadie acepta un discurso contestatario con contenidos antisistema, contra el ALCA, contra el Plan Puebla Panamá, contra las privatizaciones y contra las imposiciones de los organismos internacionales, o contra la corrupción y la impunidad, si estas proclamas son generales y no establecen hilos vinculantes con las realidades de injusticia cotidianas que vive la población.

La población hondureña busca, además de respuestas a sus problemas, un canal nacional alternativo para expresar su descontento, su protesta y sus propuestas. Ese canal no existe. Lo que existe es un vacío de liderazgo popular a nivel nacional. Debe reconocerse también que no hay ninguna agrupación capaz de canalizar actualmente tantas demandas juntas porque las organizaciones existentes no representan a todos los diversos sectores sociales y populares del país y porque, además, internamente no acaban de encontrar unidad de criterios y líneas políticas comunes para tratar coherentemente los diversos problemas.

LOS “QUIEBRABANCOS”

En este cuadro-resumen, hay que destacar el problema de la corrupción, y más específicamente, el que se expresa en la quiebra de los bancos. Se dice que la mejor manera de robar un banco es fundarlo. La experiencia de Honduras lo demuestra. El año 2003 se inició con el compromiso del Presidente Maduro de encarcelar a los responsables de la quiebra de varias instituciones bancarias, en el marco de una coyuntura nacional, regional e internacional favorable a la lucha contra la corrupción.

Los bancos y financieras en cuestión surgieron a inicios de los años 90, cuando el ex-Presidente Rafael Leonardo Callejas eliminó todos los obstáculos que impedían la creación de instituciones de intermediación financiera. Entre 1990 y 1994 se aprobaron las licencias para más de veinte bancos y financieras, la mayoría de ellas propiedad de personas vinculadas a la élite política de los partidos Nacional y Liberal.

Esta iniciativa, desproporcionada en un país sin mercado de capitales, no tuvo oposición de los organismos financieros multilaterales, que presionaban a favor de una liberalización total de la economía dentro de los programas de ajuste neoliberal. Ricardo Maduro era, en aquel entonces, el Presidente del Banco Central, institución que calificaba las propuestas de apertura de bancos y tenía la obligación de garantizar y controlar sus operaciones.

Hoy el panorama muestra algunos cambios de viento significativos. Por una parte, los organismos financieros internacionales declaran públicamente su apoyo a la lucha contra la corrupción -y en la región centroamericana lo prueban con el caso del ex-Presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán-, y por otra parte, al Presidente Maduro le urge una cruzada interna que sea popular y levante su bajo perfil.

El tema de la corrupción en los bancos se presta para ser capitalizado políticamente: la población está indignada de que el Estado destine más de 4 mil millones de lempiras (unos 200 millones de dólares) para pagar parte de lo que se robaron en total impunidad los banqueros.

Sólo de las ganancias de la compañía estatal de telecomunicaciones Hondutel se destinarán este año más de 500 millones de lempiras para capitalizar el Seguro de Depósitos, mecanismo que sirve para proteger de pérdidas -hasta un monto de 150 mil lempiras por persona- a los depositantes de CAPITAL, uno de los varios bancos quebrados por actos de corrupción. Este mecanismo de compensación parcial, de carácter transitorio, se inició en 1999 y concluirá en 2004.

La suma multimillonaria del presupuesto público destinada a cubrir el robo en la banca privada contrasta con las penurias de todo el sistema social del país, en particular en la educación y la salud, donde es manifiesta la incapacidad del Estado para atender las demandas de la población.

EL HILO DE LA MADEJA REVELA LA IMPUNIDAD

La insolvencia de bancos e instituciones financieras no fue algo súbito, sino que venía gestándose desde hace varios años, a vista y paciencia de las autoridades. La Superintendencia de Bancos, antecesora de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no cumplió su papel y, en la práctica, actuó en complicidad con los responsables de lo ocurrido. En los diez años que van de 1992 a 2002 todos los que ocuparon la Presidencia del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos hicieron la vista a un lado ante descaradas prácticas irregulares o fraudulentas.

Las autoridades desprotegieron a los ahorrantes volviéndose cómplices de las picardías de banqueros que no sólo adquirían bonos del Estado sino también “bonos” en la política partidaria, financiando las campañas de los partidos Liberal y Nacional, así como comprando diputaciones que les garantizaban inmunidad en el Congreso Nacional o en el Parlamento Centroamericano, el desacreditado PARLACEN.

En el listado de los inculpados de las quiebras bancarias hay de todo: desde ex-ministros de gobierno hasta asesores presidenciales, incluyendo diputados al PARLACEN como Víctor Bendeck, postulado por la corriente interna del Partido Liberal que dirige Jaime Rosenthal Oliva. Los casos hasta ahora documentados por la actual Comisión de Bancos y Seguros sólo se refieren a tres bancos en quiebra. Sin embargo, la impresión general es que -con excepciones notables- casi todo el sistema financiero privado está viciado de irregularidades y la frontera la marca el hecho de que algunos de los banqueros han caído en desgracia y otros no.

El resumen de lo ocurrido brinda varias lecturas. Entre ellas, ilustra la forma en cómo capitalizan su poder económico muchos de los ricos de Honduras. Por supuesto, las quiebras son apenas el extremo de una madeja y todos los involucrados tienen conexiones e inversiones políticas que explican la impunidad de la que han gozado durante años.

¿QUÉ FINES HAY TRAS LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN?

Pese a las evidencias, la verdadera magnitud de la corrupción en el sistema financiero apenas se vislumbra y siempre surge la pregunta de cuánto tiempo durará este escándalo y cuáles son sus verdaderos fines.

Algunos sostienen que la revitalización de la Comisión de Bancos y Seguros y la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) es temporal y persigue dos objetivos inmediatos: facilitar la suscripción de la nueva Carta de Intenciones con el FMI y dar oxígeno político al gobierno de Maduro, muy debilitado por un primer año de gestión desaprobado por la mayoría de la ciudadanía.

Maduro y sus principales colaboradores sostienen que su “voluntad política” es sentar un precedente en la lucha contra la corrupción y sanear el sistema financiero. Sin embargo, el hecho de que el actual sea un gobierno caracterizado por una gran influencia de los banqueros -la mayor parte de los ministros proceden de ese sector-, y el que se proclame que se investigará y enjuiciará a los banqueros corruptos, genera dudas sobre la intencionalidad de trasfondo. Una parte no aclarada de la historia es quiénes se están quedando con los bienes principales de los bancos en quiebra y qué sector financiero será al final del proceso el que controlará este país.

Lo que si está claro es que el costo del desastre es elevadísimo para el pueblo hondureño que ha tenido que
pagar al menos 4 mil 195.3 millones de lempiras para cubrirle las espaldas a los corruptos: Bancorp (1 mil 677.2 millones de lempiras), Banhcreser (817.1) CAPITAL (1,279) y otros
(422 millones).

Es posible que uno que otro banquero llegue a la cárcel, pero sería un error deducir que esa acción signifique una rectificación histórica del manejo del capital financiero en el país o el inicio decidido del combate a la corrupción. Para llegar a un giro así se necesita de más que de la simple “voluntad política” del Presidente.

PERIODISTA. MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE LA EDICIÓN HONDUREÑA DE ENVÍO.

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