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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 252 | Marzo 2003
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Nicaragua

Alcaldías y recursos naturales: ¿una lucha contra la corriente?

Las alcaldías luchan contra corriente para defender los recursos naturales de sus territorios. A menudo, ineficazmente. Pero la conciencia ambiental y el beneficio económico local son compatibles. Hay que superar “la doctrina de la culpabilidad”.

Túpac Barahona, Ove Faurby, Virginia Zeledón

El gobierno municipal de San Francisco Libre está cansado de invertir esfuerzos para detener la extracción de leña, que empobrece sus bosques y matorrales. Pero los comerciantes de leña siempre han encontrado la manera de burlar los controles de la alcaldía. Llegaban incluso a ofrecer “mordidas” o pequeños sobornos a los vigilantes de la garita ubicada en la carretera principal de acceso al municipio para que los dejaran pasar con la leña. La alcaldía de León, que dentro de sus limitaciones cuenta con más recursos que la de San Francisco Libre, también ha dictado una ordenanza -ley emitida por el gobierno local- para regular la extracción de leña, pero con tan pocos resultados como los obtenidos en San Francisco.

En su esfuerzo por proteger los recursos naturales de sus municipios, las alcaldías parecen estar luchando contra una corriente imposible de vencer o encauzar. En el caso de León y San Francisco Libre, esta corriente la forman cientos de campesinos pobres y de pequeños transportistas que encuentran en la tala y comercio de leña una alternativa para sobrevivir. Con los escasos recursos de que disponen, las alcaldías son incapaces de controlar a las fuerzas económicas que explotan cualquier recurso natural con algún interés comercial. ¿Tiene algún sentido esta agotadora lucha contra la corriente, con tan escasos resultados? Para contestar esta pregunta, un equipo de investigación de Nitlapán-UCA realizó una consulta telefónica a 45 de las 151 alcaldías que existen en Nicaragua y visitó 9 municipios del Pacífico (El Viejo, Chichigalpa, León, San Francisco Libre, Nindirí, Catarina, Ticuantepe, Rivas y Tola).

LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO, LOS MENOS BENEFICIADOS

Las alcaldías se sienten llamadas a proteger los recursos naturales de su territorio especialmente cuando ven que personas de fuera del municipio, con mayor poder económico o influencia política, explotan los recursos naturales sin dejar mayores beneficios para la población local. En San Francisco Libre, quienes más se benefician de la extracción de leña son los transportistas que vienen de Las Maderas -pueblo del municipio vecino de Tipitapa- para comprarle a los campesinos la leña que luego comercian en Managua.

José Ernesto Quezada, técnico de campo de la alcaldía de Tola, explica que esta municipalidad está particularmente preocupada por la regulación del acceso y uso del recurso más valioso de Tola: sus playas. Un grupo de concejales ha tomado la iniciativa de abrir caminos de acceso a la playa que limita con la antigua hacienda Güiscoyol, donde los propietarios del complejo turístico Iguana Beach y otras haciendas aledañas, cierran cualquier acceso a la playa a menos que se haga desde una costa vecina. El intento de la alcaldía de abrir un paso hacia la costa ha ocasionado la aireada reacción de los dueños de fincas, que pretenden crearse sus playas privadas. Un caso similar ocurre en la laguna de Apoyo, dentro de los límites municipales de Catarina, donde políticos y gente de dinero se han ido apropiando paulatinamente de los trechos de costa que quedan frente a sus casas con construcciones que han ido levantando una junto a la otra sin dejar caminos públicos de acceso a la playa.

EL GOBIERNO MUNICIPAL ENTRE DOS AGUAS

En sus iniciativas por proteger los recursos naturales, las alcaldías no solamente tienen que lidiar con quienes explotan los recursos, sino que además tienen que acomodar sus funciones y capacidades con relación al gobierno central. A pesar de que en los últimos años se ha hablado mucho de descentralización y de que las alcaldías cuentan con una Ley de Municipios (Ley 40 y 261), que les confiere bastante autonomía, la realidad es que el Estado nicaragüense sigue siendo muy centralista. En la práctica, el gobierno central se muestra muy celoso a la hora de ceder competencias y -sobre todo- presupuestos a los gobiernos municipales.

El gobierno central ya tiene un Ministerio de Recursos Naturales, el MARENA, encargado de velar por la protección de los recursos naturales. La Dirección de Áreas Protegidas del MARENA es la encargada de normar y regular el manejo de todo el sistema de áreas protegidas a nivel nacional, que en teoría incluye, además de las áreas declaradas así por el MARENA, las áreas declaradas protegidas por los gobiernos municipales y las reservas establecidas por propietarios privados.

Dentro de este marco regulatorio nacional, las alcaldías desarrollan diferentes esfuerzos para proteger sus recursos naturales. Estos esfuerzos se concretan en diversas modalidades de administración y regulación del uso de los recursos naturales, que van desde grados muy tenues de regulación -como negociaciones con propietarios privados para que no talen el bosque en sus fincas- hasta modalidades donde la alcaldía es la propietaria de terrenos dedicados a fines de conservación.

En la visita que realizamos a varios municipios de la región del Pacífico del país, encontramos una variedad de estas modalidades. Algunas alcaldías, como la de Rivas, no desarrollan actualmente ninguna iniciativa formal de protección de sus recursos naturales, pero expresan su interés en aprovechar mejor los recursos del municipio para promover, por ejemplo, el turismo y otras actividades de fomento general del desarrollo del municipio. Otras alcaldías, como la de Tola, tampoco cuentan dentro de su territorio con un área legalmente protegida, pero han identificado lugares que tienen un interés particular de conservación, como el cerro La Mohosa, y han negociado con los vecinos del lugar para proteger la mancha de bosque que queda en ese cerro. Se trata de áreas bajo cierto tipo de protección municipal que no tienen una categoría o definición formal de conservación.

Diversas alcaldías participan también, en distintos grados, en las iniciativas de co-manejo de áreas protegidas de interés nacional, declaradas por el gobierno central. Es el caso del municipio de El Viejo, en cuyo territorio se encuentran dos áreas protegidas de interés nacional: el Volcán Cosigüina y el Estero Padre Ramos. En el municipio de León se encuentra la Isla Juan Venado, otra de las áreas protegidas que el MARENA ha cedido en co-manejo. Finalmente, algunos gobiernos municipales tienen tierras propias que han decidido dedicar a la conservación. Algunos, como la alcaldía de Chichigalpa, han establecido un parque ecológico municipal en estos terrenos.

Ésta es la diversidad de modalidades que las alcaldías han encontrado para proteger los recursos naturales de sus territorios, coordinándose o, en otros casos, entrando en conflicto con el gobierno central.

LOS PARQUES ECOLÓGICOS MUNICIPALES Y LA AUTONOMÍA DE LAS ALCALDÍAS

La Ley 40 y 261 (Ley de Municipios) faculta a las alcaldías para declarar por iniciativa propia parques ecológicos municipales. Una vez declarados por las alcaldías, estos parques deben pasar a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Es decir, el MARENA debe reconocerlos como tales. Para alcanzar este reconocimiento deben cumplir una serie de requisitos técnicos y contar con un Plan de Manejo. Algunas alcaldías, como las de Acoyapa, Chichigalpa y Bluefields, han intentado tramitar el reconocimiento del MARENA, pero sin éxito hasta el momento.

De hecho, el reconocimiento de los parques ecológicos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas puede significar que las alcaldías pierdan autonomía para administrar estas áreas, ya que su manejo queda sujeto a las normas establecidas por el MARENA. Una vez creado el parque ecológico, es probable que el gobierno central impida que las alcaldías se puedan “arrepentir” de su creación o cambien las normas de manejo fijadas en el plan. Y aunque no existe un sustento legal para tal impedimento, la probabilidad de que el MARENA restrinja la capacidad de las alcaldías para decidir lo que quieren hacer con los parques ecológicos es grande.

En positivo, el reconocimiento de los parques ecológicos a nivel central también puede servir para proteger los recursos naturales ante factores que la alcaldía considera una amenaza. Francisca Jarquín, la responsable de medio ambiente de la alcaldía de Nindirí, nos llevó al área de “Piedra Quemada” donde la municipalidad intenta establecer un parque ecológico en una porción de la colada de piedra volcánica que baja del volcán Masaya. Con la creación del parque, la alcaldía pretende evitar que INMINE, el instituto del gobierno encargado de regular la actividad minera, continúe otorgando concesiones de extracción de piedra en este lugar.

INICIATIVAS DE CO-MANEJO: ¿DESDE ARRIBA O DESDE ABAJO?

El co-manejo de un área protegida es, en teoría, una manera de involucrar a la sociedad civil y a los gobiernos locales en las decisiones y en la administración de un área protegida de interés nacional. Según el Reglamento de Áreas Protegidas (Decreto 14-99), universidades, alcaldías y ONG pueden solicitar que el MARENA les traspase las funciones de planificar y manejar un área protegida. El MARENA establece las normas de manejo y supervisa la administración, pero son otras entidades las que se encargan del manejo directo del área.

Las municipalidades pueden, según la ley, participar en el manejo o incluso llegar a ser las administradoras directas de un área cedida en co-manejo. Hasta la fecha, sin embargo, todas las áreas cedidas en co-manejo están siendo administradas por ONG, la mayoría de ellas con el apoyo de los fondos del proyecto COMAP, promovido por la agencia de cooperación de Estados Unidos USAID. Desde sus inicios, el proyecto COMAP apostó por las ONG como administradoras de las áreas protegidas, y no consideró la posibilidad de financiar a otros que pudieran participar en el co-manejo. Cada ONG escogida para recibir los fondos del proyecto debía contratar a un equipo técnico formado por especialistas en ecología. En la práctica, los técnicos encargados del manejo de cada área, en coordinación con los técnicos del COMAP, son quienes toman la mayor parte de las decisiones, al punto que la incidencia de los representantes de las ONG es limitada.

Las alcaldías participan en estas experiencias de co-manejo de forma muy tímida e indirecta, a través de coordinaciones con las ONG o de su participación en los llamados comités locales de co-manejo. En algunos casos, el co-manejo ha significado que las alcaldías ya no inciden de manera beligerante en el manejo del área. La alcaldía de León, por ejemplo, ha dejado que FUNCOD se encargue plenamente de la administración de la isla Juan Venado, limitando al mínimo su incidencia.

No obstante, las alcaldías podrían ser mucho más beligerantes en la toma de decisiones sobre las áreas co-manejadas. Los comités locales de co-manejo son el espacio ideal para que las alcaldías planteen sus exigencias sobre cómo deben ser manejadas las áreas protegidas, pero tenemos la impresión de que este espacio ha sido despreciado o minimizado por muchas alcaldías.

LA AMBIGÜEDAD DE LA PROPIEDAD PÚBLICA

El tema de la propiedad se cruza siempre con el tema de la protección de los recursos naturales. Pero, a pesar de estar íntimamente relacionadas, las categorías de propiedad no coinciden con las categorías de protección de los recursos naturales. Y así, dentro de un área protegida bajo la categoría de Reserva Natural pueden convivir distintos tipos de propiedad: tierras nacionales, tierras ejidales y tierras privadas. Las áreas bajo protección se superponen a distintas modalidades de propiedad como dos dibujos distintos que deben calzar en un mismo mapa.

Esta superposición hace que la labor de protección de los recursos naturales no siempre sea fácil para las alcaldías. Cuando se trata de propiedad privada, las alcaldías se ven en la necesidad de entrar en negociación con los propietarios para evitar que deterioren los recursos naturales que hay en sus tierras. Cuando se trata de propiedad pública, las alcaldías necesitan esclarecer si su administración le corresponde al gobierno central o a la municipalidad. Las playas y franjas costeras son designadas por la ley como terrenos públicos.

Aunque no está claro si la administración de las playas corresponde al gobierno central o a las alcaldías, muchas municipalidades lo asumen como su responsabilidad. Así lo considera la alcaldía de Tola, que cobra un canon de arrendamiento a quienes construyen casas y hoteles en la bahía de Pie de Gigante, una playa casi virgen donde ya han desembarcado los primeros inversionistas.

La propiedad específicamente municipal está definida de manera general en la ley, bajo el concepto de tierras ejidales. Ley de Municipios, artículo 44: Los terrenos ejidales son propiedad municipal, de carácter comunal; podrán ser objeto de arriendo pero no de enajenación. La utilización será determinada por el Concejo Municipal respectivo, de conformidad con la ley que sobre esta materia se dicte. El origen de esta propiedad municipal es hasta cierto punto confuso. Suponemos que su origen más antiguo se remonta a los ejidos y tierras en común administradas por los pueblos indios durante el período colonial. Los ejidos eran tierras asignadas de oficio a cada pueblo indio, y se medían contando una legua por los cuatro costados del pueblo partiendo del centro de la plaza.

Las tierras en común, en cambio eran terrenos más amplios adquiridos por las comunidades indias mediante donación o compra a la Corona española. Constituían, probablemente, una manera de respetar la forma de propiedad precolombina. Las tierras en común y los ejidos podían ser arrendados a individuales, pero nunca enajenados. Tres siglos más tarde, la Ley de Municipios estipula lo mismo. El problema con las tierras ejidales cuyo origen se remonta a la Colonia es que no están inscritas a nombre de las alcaldías en el Registro Público de la Propiedad.

Más allá de este origen histórico nebuloso, encontramos referencias de donaciones de terrenos ejidales más recientes y sustentadas por la ley vigente. Es el caso de las tierras del Estero Padre Ramos (Municipio de El Viejo) y del cerro Musún (Municipio de Río Blanco), que fueron donadas por el gobierno central a las municipalidades mediante decretos. De esta manera, parte de las llamadas tierras nacionales se han convertido en tierras ejidales. Se trata de extensiones bastante amplias que cubren una fracción importante del territorio municipal. Las alcaldías tienen una enorme libertad de decisión y una importantísima posibilidad de influir en el manejo de los recursos naturales en estas tierras ejidales. Es nuestra impresión, sin embargo, que las municipalidades no valoran esta posibilidad, y se limitan, en el mejor de los casos, a cobrar un canon de arrendamiento a los pobladores que utilizan terrenos para vivir y cultivar dentro de éstas áreas.

En algunos casos, la propiedad ejidal de las alcaldías coincide con territorios que han sido declarados áreas protegidas de interés nacional, como ocurre en el Estero Padre Ramos. En este caso observamos una contradicción legal, ya que el reglamento de áreas protegidas asigna al MARENA y no a los gobiernos locales la potestad de normar el manejo del territorio. A pesar de no estar claro cuál de los dos decretos predomina sobre el otro, es evidente que las alcaldías tienen un espacio legal y político que podrían aprovechar mucho más para influir en el manejo de las tierras ejidales.

EL BOSQUE DE EL QUEBRACHAL: CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO

El enfoque con que trabajan las oficinas ambientales que muchas alcaldías han creado se basa en regular o prohibir la explotación de los recursos naturales. Es típico encontrar alcaldías que hacen un esfuerzo para disminuir la tala de árboles a través de puestos de control, del seguimiento a las denuncias y de presiones para que instancias del gobierno central, como INAFOR y MARENA mejoren sus controles. En ningún lugar encontramos una alcaldía que se sienta satisfecha con los resultados de la protección basada en prohibiciones y controles. Lo máximo que se logra con esto es disminuir la tasa de degradación de los bosques.

Pero no todos los gobiernos locales luchan contra la corriente. Recuperando las acciones fomentadas por el Proyecto Pikín Guerrero en la zona, la municipalidad de Chichigalpa ha desarrollado una experiencia de brigadas contra incendios que protegen el bosque secundario de las faldas del volcán San Cristóbal. El ejemplo es particularmente interesante porque involucra a los campesinos de las comunidades aledañas, que conforman las brigadas. Cuando comenzamos a proteger estos matorrales, no había madera ni para fabricar un timón de arado, explica Ulises Hernández, primer presidente de la cooperativa de campesinos que comenzó a cuidar el bosque de El Quebrachal hace ya ocho años.

Hoy Ulises y los demás campesinos de la cercana comarca El Pellizco comienzan a ver los resultados de sus esfuerzos. El bosque ha crecido y les brinda leña y los primeros troncos largos para reparar sus casas y fabricar sus herramientas de trabajo. La municipalidad apoya la organización comunal y con esta iniciativa se ha logrado recuperar un bosque que estaba en proceso de convertirse en un matorral, a la par que los vecinos están resolviendo sus necesidades de leña y madera para construir y reparar sus casas. Enrique Reyes, otro joven campesino de El Pellizco ha sido contratado por la alcaldía como responsable de las tareas de protección del medio ambiente en el municipio. Enrique conoce muy bien las especies de árboles que hay en la zona y, por estar ligado a su comunidad, es un excelente enlace entre la autoridad de la alcaldía y los campesinos. Un buen ejemplo de cómo la conservación y el aprovechamiento pueden ir de la mano.

LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS APROVECHAN LAS CORRIENTES LOCALES

La alcaldía de Tola está buscando un camino similar para proteger el cerro La Mohosa, uno de los remanentes de bosque adulto más importantes del municipio. La alcaldía ha negociado con las cooperativas que son dueñas de las tierras para que moderen el aprovechamiento del bosque y abandonen actividades que causan mayor destrucción, como la roza y quema. Y cuando un cooperativista rompió el acuerdo limpiando dos manzanas para sembrar, la alcaldía negoció que el terreno se dejara así, a su suerte, para facilitar la regeneración de los árboles, prometiendo al productor no proseguir con la denuncia por la vía legal.

La alcaldía de León ha comprado una propiedad de 20 manzanas ubicada en el municipio vecino de La Paz Centro, como una iniciativa para contribuir a la protección de los alrededores de la laguna de Asososca de León -homónima de la que brinda agua potable para Managua-. El objetivo de esta compra no queda muy claro, y vemos que el principal éxito en la conservación de la cuenca de esta laguna está relacionado con un trabajo con los vecinos y no con el hecho de que la municipalidad haya comprado tierras en el lugar.

En todos estos casos se nota que los éxitos de conservación se vinculan al diálogo con los vecinos que habitan los alrededores de las áreas bajo protección, mientras que el control basado en la imposición de la autoridad tiene poco impacto positivo. Los vecinos se motivan cuando se combinan la conciencia ambiental y el acceso a los beneficios del bosque, como pueden ser los productos maderables para fines domésticos. Es una manera de aprovechar las corrientes locales, encauzándolas hacia una conservación positiva, en vez de luchar contra corriente ineficazmente.

SUPERAR “LA DOCTRINA DE LA CULPABILIDAD” Y BORRAR LA RAYA

En todos los municipios de Nicaragua existen recursos naturales, algunos muy visibles y apreciados como un volcán, un bosque virgen o una laguna, otros más desapercibidos como una arenera o un pozo familiar. Son estos recursos naturales los que generan la base de la supervivencia de la población rural del municipio y generan las materias primas para las actividades económicas de los centros urbanos. Resulta obvio que las alcaldías se preocupen por su manejo.

El manejo de los recursos naturales incluye normalmente tanto objetivos de conservación como de explotación para el beneficio de la población local. Hasta el momento, las alcaldías se inclinan más por la conservación, concentrando sus esfuerzos en la protección de ecosistemas, animales y plantas amenazados, en la prevención de desastres naturales, y en la protección de fuentes de agua contra la contaminación.

Se preocupan menos por lograr un provecho máximo de los recursos naturales para beneficio de los habitantes del municipio o para mejorar los ingresos de la alcaldía con el cobro de impuestos o alquileres.

Los impuestos se perciben principalmente como un instrumento vinculado a la conservación, cobrándolos para compensar por la destrucción ambiental que se genera. Y los recursos naturales se perciben más como víctimas a ser defendidas que como potencial a ser desplegado. Las alcaldías comparten la discutible “doctrina de la culpabilidad” frente a la Naturaleza que hoy día predomina en Nicaragua, una doctrina que visualiza una fuerte contradicción entre conservacionistas y reforestadores a un lado de la raya, y madereros y depredadores al otro lado.

Esta contradicción es aparente, no real. Si bien es cierto que existe una sobreexplotación irracional, eso no significa que sea la única forma posible de explotación, ni la que genera más ingresos. Existen muchas formas de aumentar los ingresos que se generan en una zona brindando, a la vez, una atención responsable a la Naturaleza. El abanico de posibilidades incluye: generar ingresos para los pobladores como trabajadores en haciendas, minas, actividades pesqueras y otras; atraer turistas que generen ingresos al municipio; facilitar materia prima para las industrias y los hogares del lugar; ofrecer espacios de recreación para los habitantes del municipio; reciclar la basura doméstica e industrial...

TURISMO PARA MOCHILEROS: FALTAN IDEAS SENCILLAS Y COORDINACIÓN

Muchas alcaldías ven el turismo como el principal potencial económico de las áreas protegidas. Entre los funcionarios de las alcaldías existe la percepción de que el turismo es el uso menos dañino para la Naturaleza, el de mayor potencial para generar ingresos. En cada administración existen personas con amplias ideas de lo que el municipio puede ofrecer al turista y la atención a los recursos naturales se hace con miras a mejorar estas ofertas.

Sin embargo, no encontramos iniciativas municipales que traten de fomentar el turismo ni en un sitio específico ni a nivel municipal. Tomemos el municipio de León como ejemplo: tanto la ciudad como las zonas rurales ofrecen un sinnúmero de atracciones de toda índole y se nota la preocupación por dar mantenimiento a las iglesias, mejorar el centro histórico, limpiar el río, proteger los manglares, etc. La iniciativa privada, los inversionistas locales y los extranjeros, aprovechan la oferta promovida por la alcaldía y los diferentes proyectos, pero no existe una coordinación entre todos. Cada hotel hace su promoción sin aportar a las atracciones turísticas ni ideas nuevas ni dinero. Por su lado, la alcaldía, las ONG y los donantes producen las ofertas turísticas sin saber quiénes las van a visitar y sin una visión de cómo recuperar su inversión.

La alcaldía podría jugar un papel mucho más activo coordinando los diferentes esfuerzos, tomando iniciativas para diseñar rutas turísticas, elaborar mapas y promover la ciudad y fomentando la co-inversión entre fondos públicos y privados. Respecto a las áreas protegidas, la alcaldía de León ha prestado atención a la isla Juan Venado durante más de una década, haciendo un notable esfuerzo para salvar la tortuga paslama, el bosque y los manglares, pero sin lograr con ello generar ingresos extra para la alcaldía y los vecinos. Recientemente, la FUNCOD, mediante un convenio de co-manejo con MARENA y la alcaldía, ha iniciado la explotación turística de la isla, que por el momento consiste únicamente en ofrecer viajes en lancha por el estero.

En ocasiones, las alcaldías no emprenden iniciativas relacionadas con el turismo por falta de dinero. Consideran que se requiere mucho dinero para comenzar, pues piensan que todo turista necesita un hotel de cuatro estrellas, buses con aire acondicionado y lanchas con motor, y que todo el servicio se debe hacer con equipos nuevos. No dimensionan que existen muchas posibilidades de hacer muchas cosas con muy poco dinero.

En el caso de la isla Juan Venado se podría haber comenzado con un rótulo a la entrada de Poneloya con un texto así: “Visite la isla Juan Venado, doble a la izquierda”. Frente al estero, otro rótulo que ofreciera guías y transporte en lanchas de remos. La alcaldía podría organizar una red de guías y lanchas autorizadas, y más adelante elaboraría un folleto, un mapa, etc. Tras un período inicial de introducción de iniciativas, la alcaldía podría recuperar sus costos cobrando una pequeña suma por la autorización de las lanchas.

PROMOVER EL TURISMO NO ES SOLO CUESTIÓN DE DINERO

En todos los municipios encontramos sitios interesantes cuya explotación turística no requiere mucho más que la organización de los recursos que ya existen en el lugar. Alain Meyrat, de FUNDENIC, explica que en Río Blanco bastó declarar área protegida bajo co-manejo al cerro Musún para que comenzara la llegada de turistas, a pesar de tratarse de un lugar remoto y desconocido. El aporte de la alcaldía de Río Blanco fue abrir un local donde los viajeros mochileros pueden dormir y dejar sus pertenencias mientras suben el cerro.

Otro “producto” para ofrecer al turista, que hasta ahora se ha explotado poco, es el de participar en las actividades que la gente del lugar realiza normalmente: un horno tradicional, un trapiche, una carreta de bueyes, representan técnicas exóticas y atractivas para el turista de países donde estas actividades forman ya parte de una lejana historia. La promoción del turismo tampoco necesita ser muy cara. En los países del Norte se publican una cantidad de guías para viajeros que van a todos los destinos posibles del planeta. Las guías no cobran por mencionar un sitio, solo hay que mandarles la información. ¿Y como darse cuenta de qué guías existen? Los turistas las llevan. Sólo es necesario copiar la dirección… y si están escritas en un idioma extranjero, pedirle al viajero que nos ayude a traducir unos párrafos.

Otra plataforma barata para darse a conocer es Internet: la alcaldía de Catarina cuenta con una página web para la promoción del municipio: http://www.ibw.com.ni/~catarina/ además de haber montado un café-internet en sus oficinas, con el apoyo de AOL Time Warner. No es un sueño imaginar que esto está al alcance de otras alcaldías.

SUPERAR EL ESTIGMA DE LOS LEÑATEROS Y MADEREROS DEPREDADORES

La explotación de bosques y matorrales que producen madera y leña se hace a espaldas de las autoridades y normalmente es una actividad mal vista por la población. Ni siquiera los que aprovechan, procesan y consumen los productos forestales defienden la explotación que ellos mismos realizan.

El caso muy positivo del bosque El Quebrachal, en donde, en lugar de estigmatizar a leñateros y madereros, la alcaldía fomenta simultáneamente la explotación y la protección del bosque, es un modelo incipiente que todavía tiene que desarrollarse. La explotación del bosque para abastecer las necesidades de leña de los campesinos no genera aún madera para abastecer a los carpinteros del pueblo de Chichigalpa, que dependen de la explotación desordenada que se realiza en las faldas del volcán Cosigüina. Sería posible plantearse la meta de implementar un manejo más dinámico del bosque El Quebrachal, sin poner en riesgo su papel de estabilizador forestal de las faldas del San Cristóbal.

Hablamos de un manejo que incluye la eliminación de los árboles de especies sin valor y de los árboles malformados, en vez de explotar únicamente, como suele ocurrir, los mejores árboles. Al eliminar árboles de poco interés se podría arar el suelo para facilitar la regeneración de las especies deseadas. Un manejo óptimo de un bosque como éste requiere de asesoría técnica, y la ciencia forestal nacional todavía necesita investigar más a fondo las dinámicas del bosque secundario. Pero se puede avanzar mucho aún sin contar con apoyo técnico. La mayoría de los campesinos conocen las dinámicas de los bosques, y el reto es lograr que ellos mismos apliquen sus conocimientos en la práctica, en vez de continuar con la dinámica actual donde los explotadores clandestinos son los dueños de la noche y los conservacionistas actúan durante el día.

LOS RECURSOS NATURALES: ¿FUENTE DE IMPUESTOS?

Los gobiernos municipales siempre se lamentan de los pocos recursos con que cuentan, y esgrimen este argumento para justificar su débil incidencia en el tema ambiental. En muy pocas ocasiones se piensa al revés: considerar que los recursos naturales también pueden generar ingresos para las alcaldías a través de los impuestos. Las áreas bajo protección no son, de entrada, las principales fuentes de recaudación de impuestos, ya que en su mayoría son propiedad pública o comunal, y si son privadas los dueños esperan una exoneración de impuestos a cambio de la obligación de proteger el área. Quizá por estas razones las alcaldías no les prestan demasiada atención como posibles generadoras de impuestos.

La verdad es que los mayores ingresos turísticos se generan a menudo fuera del área protegida. De repente, resulta atractivo abrir un restaurante en el empalme de entrada al parque volcánico, o los hoteles del pueblo comienzan a tener más clientela. O se observa que la actividad forestal ordenada da más vida a los talleres de carpintería y podría motivar a alguien a abrir un aserrío en el pueblo. Toda esta nueva actividad económica puede ser sujeta a impuestos que permitan a las alcaldías incrementar sus presupuestos. Si la alcaldía juega un papel importante en la creación de las fuentes de ingreso a través del manejo de áreas protegidas e incentiva la actividad turística y forestal, es probable que la población tenga mayor disposición a pagar un poco más impuestos. La retribución a las arcas comunales a través de los impuestos nace cuando una alcaldía se legitima y planifica involucrarse en el manejo de sus recursos naturales.

FALTA UN CATASTRO ACTUALIZADO, FALTA CAPACIDAD DE RECAUDACIÓN

Otro tipo de impuestos relacionado con los recursos naturales que puede interesar a las alcaldías es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En vista de que el porcentaje de impuestos sobre ventas y prestación de servicios que cobran las municipalidades va disminuyendo progresivamente, el IBI pasará a ser una de las principales fuentes de ingreso de las alcaldías. Muchas municipalidades no logran recaudar el máximo posible del IBI porque no tienen un catastro actualizado que les permita identificar y evaluar las propiedades inmuebles que serían objeto de impuesto.

Algunas alcaldías, como la de Rivas, cuentan con un catastro urbano, pero no han desarrollado ningún sistema catastral de las áreas rurales. Para recaudar el IBI rural, estas alcaldías dependen de las personas que voluntariamente se acercan a pagarlo, y de la declaración del valor de la propiedad que estas personas presentan, pues los gobiernos municipales no realizan ningún tipo de avalúo catastral. En el caso de las tierras ejidales, las alcaldías acostumbran a cobrar un canon de arrendamiento. Además del pago del canon, los arrendatarios están sujetos, según la ley, al pago del IBI, pero las alcaldías usualmente no lo cobran.

El cobro del IBI se vuelve todavía más importante cuando el fomento de actividades turísticas alrededor de las áreas bajo protección provoca un aumento en el valor de la tierra. Con un sistema eficiente de avalúo catastral, las alcaldías también podrían beneficiarse en el futuro de este incremento de valor. Así se cerraría positivamente un círculo virtuoso de la dinámica económica que beneficiaría a todos.

EL FÓSFORO Y LA CANDELA DAN LUZ: APROVECHAR LOS RECURSOS QUE YA EXISTEN

Hemos visto diferentes ejemplos de cómo las alcaldías pueden aprovechar la corriente de las iniciativas locales para sacar un mayor provecho a los recursos naturales que poseen, sea para atraer turistas, fomentar las carpinterías o recaudar más impuestos, al mismo tiempo que protegen la Naturaleza.

Echar a andar estas iniciativas no es tanto un problema de falta de recursos, sino de cómo potenciar y organizar mejor los que ya existen en el municipio. Como dice William Areas, ingeniero ambiental que trabaja en el co-manejo del volcán Cosigüina: A veces caminamos a oscuras mientras llevamos un fósforo en una mano y una candela en la otra. Para tener luz bastaría encender la candela con el fósforo. Del mismo modo, si juntamos los recursos locales alrededor de una buena idea podremos transformar el manejo de los recursos naturales de cualquiera de nuestros municipios.

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