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  Número 424 | Julio 2017
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El Salvador

El caso de Herbert Anaya Sanabria LA IMPUNIDAD VA A JUICIO

En los años de la guerra el poder aseguraba una permanente impunidad para condenar a las víctimas y encubrir a los victimarios. Hoy, a 25 años de los Acuerdos de Paz y derogada ya la Ley de Amnistía, el asesinato de Herbert Anaya Sanabria, que en 1987 conmocionó al país, lleva a juicio a todo el sistema judicial. En este caso, es la impunidad la que será juzgada.

Elaine Freedman

Herbert Anaya Sanabria, entonces Presidente de la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental (CDHES) fue asesinado de seis balazos el 26 de octubre de 1987. Tres personas que llegaron en un pick-up amarillo al parqueo de su vivienda lo ultimaron.

¿PREVALECERÁ LA VERDAD?


17 meses antes, Anaya Sanabria había sido secuestrado por la Policía de Hacienda. Cuando fue puesto en libertad el 2 de febrero de 1987, el entonces Jefe de la Policía de Hacienda, Rinaldo Golcher, ya le había advertido que, si seguía difamando al gobierno, acusándolo de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, su vida y la vida de su familia corría peligro.

Por lógica, la investigación de su asesinato hubiera iniciado con esta pista para construir un argumento que sostuviera la pesquisa. No fue así y Jorge Alberto Miranda Arévalo, un joven que confesó bajo tortura, y luego se retractó de haber aceptado que participó en el asesinato de Anaya Sanabria como miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fue condenado a 30 años de prisión.

Hoy, cuando se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, se reabre el caso a petición de la familia de Anaya Sanabria. Se esperaría que, a estas alturas de la historia nacional, se privilegie la verdad sobre la impunidad. Pero la justicia sigue renca y ha dado prioridad al juicio contra Miranda Arévalo, haciendo caso omiso de los elementos que Mirna Perla, viuda de Anaya, defensora de derechos humanos y ex-Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ha aportado para conseguir un proceso justo y ejemplar.

LA LÓGICA DE LAS INJUSTICIASY LA LUCHA POR LA JUSTICIA


Herbert Anaya Sanabria nació en San Salvador (1954). Creció con su madre y hermanos en la occidental ciudad de Chalchuapa. Combinó sus estudios con el trabajo, algunas veces sembrando maíz, otras cortando café. Obtuvo su título de bachiller con honores. Escribía poemas que destacaban por su calidad humana y espíritu de servicio. Se identificó con la figura de Jesús y desde niño afirmaba que moriría a la edad en que Jesús murió, como en verdad ocurrió.

Anaya Sanabria fue becado para estudiar Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador, en donde fue entendiendo mejor la lógica de la injusticia social que había conocido desde niño. Así comenzó a luchar por la justicia. Se incorporó de lleno a los esfuerzos del Frente Universitario de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende (FUERSA). Pronto se dio cuenta de que los gremios estudiantiles, más que instrumentos para procurar reivindicaciones estudiantiles, eran un medio para luchar contra la dictadura militar.

Participó en la organización de las Brigadas de Apoyo Jurídico de campesinos y campesinas agobiadas por las condiciones de sobreexplotación en el campo. Sobrevivió a la masacre contra la marcha estudiantil del 30 de julio de 1975, reprimida brutalmente por las fuerzas represivas, un hecho que cambió para siempre el ritmo y la dinámica de lucha entre el pueblo y la oligarquía. Participó en la primera toma de Catedral con el grupo de jóvenes que llegaron a la meta de aquella marcha, después de la masacre. Junto a estudiantes, campesinos, religiosos y laicos denunció esa barbarie y las que habían realizado las fuerzas del gobierno meses antes en Chinamequita y Tres Calles, en Usulután.

EL TRABAJO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS


A los 25 años Herbert se incorporó a la Comisión no gubernamental de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). Para entonces había contraído matrimonio con Mirna Antonieta Perla Jiménez, con quien tuvo tres hijas y dos hijos. El compromiso de trabajo en la CDHES y sus obligaciones personales lo llevaron a renunciar a sus estudios y al trabajo que realizaba en el Poder Judicial.

Como miembro de la CDHES Herbert defendió a los presos políticos, investigó y documentó casos de asesinatos individuales y colectivos y desapariciones forzadas. En muchas oportunidades viajó a zonas conflictivas para documentar masacres. Lo hizo en la emblemática masacre de El Mozote. Todos estos casos fueron presentados por la CDHES a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Este trabajo lo realizó en condiciones críticas, superando el miedo de convertirse en una más de la larga lista de víctimas de asesinatos, desaparecidos, exiliados, presos políticos y torturados, todos acusados de delincuentes, subversivos, comunistas y terroristas.

EL PODER DE LA DENUNCIA INTERNACIONAL


La CDHES había nacido en 1978, a un año de la masacre del 28 de febrero en la Plaza Liberad, donde se llevó a cabo una nutrida protesta por el reciente fraude electoral que instaló en la Presidencia al General Carlos Humberto Romero.

Miguel Montenegro, actual Director de la CDHES, resume así el trabajo que realizaban entonces: “Era documentación y denuncia a nivel nacional e internacional del gobierno y de las fuerzas armadas, que estaban cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Nos basábamos en los tratados internacionales y en la Constitución de la República”.

En aquellos primeros años de la CDHES, los años de Monseñor Romero en el arzobispado, la labor de la CDHES tuvo mucha influencia en la opinión pública internacional. Eso la convirtió en una amenaza para el régimen militar. Aunque los gobiernos de El Salvador nunca habían gozado de credibilidad ante la población, mantenían alguna tanto en Estados Unidos como en Europa. La CDHES afectaba seriamente la credibilidad internacional del régimen y el régimen reaccionaba sistemáticamente contra la CDHES, considerada un enemigo.

LA COMISIÓN EN LA MIRA: ASESINATOS Y TORTURAS


En octubre de 1980 María Magdalena Henríquez, Coordinadora de Prensa de la CDHES, fue secuestrada y asesinada. Ramón Valladares Pérez, administrador, fue secuestrado y asesinado el mismo año. Roberto Rivera Martelli, médico y colaborador; Carlos Eduardo Vides, director, y América Fernanda Perdomo, coordinadora de relaciones públicas, fueron desaparecidos en 1981 y 1982. En 1983 Marianella Garcia Villas, anterior Presidenta de la CDHES, fue asesinada. En 1987 estalló una bomba en las instalaciones de la CDHES.

Miguel Montenegro recuerda: “En mayo de 1986 fuimos encarcelados todos por defender los derechos humanos”. Herbert Anaya fue el primero en relatar lo ocurrido describiendo cómo superaba la tortura que padeció durante 15 días, incomunicado en las cárceles clandestinas de la Policía de Hacienda. “¡Quieres más o vas a hablar! No hay respuesta de parte mía. Está operando el mecanismo de autodefensa. Estoy lejos, he subido a las partes altas de la madre tierra, espero una nubecilla inquieta, han llamado mi atención las protuberancias afelpadas de brillo y calor, ¡ya viene, está cerca! Me voy con ella”.

“NO VOY A DURAR MUCHO”


Los integrantes de la CDHES capturados en 1986 (Miguel Montenegro, Reynaldo Blanco, Rafael Terezón y Herbert Anaya) fueron a la cárcel de Mariona, donde encontraron a su compañero, Joaquín Cáceres. Bajo la dirección de Herbert, recopilaron testimonios de las torturas sufridas por los presos políticos. Con ellos, Anaya elaboró el libro “Tortura en El Salvador” con dibujos, descripciones y estadísticas sobre el uso de distintas técnicas de tortura. El estudio fue entregado a la CIDH y al Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para El Salvador.

Domitila Miranda, amiga personal de Anaya y miembro fundadora del Comité de Madres y Familiares Cristianos de Presos, Desaparecidos y Asesinados (COMAFAC) dice: “Cuando soltaron a Herbert, él nos contaba que se sentía contento pero sabía que no iba a durar mucho”.

“LO MATARON FRENTE A SUS NIÑOS”


El 26 de octubre de 1987, Herbert salió de su casa en la colonia Zacamil de Mejicanos a las 7 menos cuarto de la mañana para llevar a sus cinco hijos a la escuela. Estaba subiendo al carro cuando se acercaron dos hombres y le dispararon con una pistola de 9 milímetros. “Herbert murió al instante -me relata su viuda Mirna Perla-. No oí nada porque estaba en la casa y el arma tenía silenciador. Hacía cinco minutos había despachado a los niños para ir con su papá. Volvieron a casa con una señora vecina que me dijo: “Acaban de matar a su esposo”. Los vecinos estaban en el parqueo alborotados. Me fui con los niños cuando me dijeron, “Está muerto, no hay nada que hacer”. Dejé a los niños en su colegio, pidiendo auxilio a los sacerdotes y fui a la CDHES, donde ya estaban todos los compañeros y toda la prensa”.

“ERAN MILES CUANDO LO SUPIERON”


“Hay que velar a Herbert frente a la embajada de Estados Unidos porque este crimen es tanto responsabilidad de ellos como del gobierno salvadoreño, dijo una compañera. Yo estaba de acuerdo que había que denunciar ,pero llamaba a la prudencia porque tenía miedo. Pensaba que si habían matado tan brutalmente a Herbert frente a los niños, siendo él una gran figura pública, ya no iban a respetar a nadie. Me acordé que por ese miedo solo fueron cinco personas al entierro de Marianella García Villas. No quería exponer a la gente”.

“Pero cuando nos entregaron a Herbert, esa noche no cabía la gente en la funeraria. Estaba gente del movimiento social, de los sindicatos, toda la gente con quien Herbert trabajó. En medio de una gran indignación, tanto nacional como internacional, se decidió llevarlo a Catedral por la mañana. Esto, pese a que Monseñor Rivera y Damas había advertido que nunca más iba a permitir una toma de Catedral y pese a su amenaza de excomulgar a cualquiera que participara en una acción de este tipo. Pero ese día sacerdotes y monjas lo convencieron de que no podía hacer eso porque ahí estaba todo el pueblo y tendría que excomulgar a todo el pueblo. Éramos miles.”

EL IMPACTO DEL CRIMEN


“La noche del 27 de octubre marchamos con el cadáver de Herbert hacia la embajada de Estados Unidos. Lo seguimos velando ahí y de ahí lo llevamos a la Universidad de El Salvador. Intentamos llevarlo a la Cancillería, sede de la Comisión de Reconciliación Nacional, encargada del diálogo con el FMLN-FDR. Velamos a Herbert durante seis días, indignados por su asesinato, mientras esperábamos a delegaciones de todo el mundo para el entierro”.

Tanto impacto causó el asesinato de Herbert Anaya Sanabria que truncó el recién reiniciado diálogo entre el FDR-FMLN y el gobierno. 21 días antes se había acordado retomar el proceso de diálogo para finalizar la guerra en el marco de los acuerdos centroamericanos de Esquipulas 2. El 29 de octubre el socialdemócrata Reni Roldán renunció a la Comisión de Reconciliación Nacional en protesta por el asesinato de Anaya, y por la desaparición, en septiembre, de Salvador Ubau, hechos que calificó como muestras de “un patrón institucionalizado.” Ese mismo día el FMLN-FDR suspendió su participación en el diálogo.

¿POR QUÉ IMPLICARA ESTADOS UNIDOS?


En los años 80 fueron pocas las violaciones más graves de derechos humanos ocurridas en El Salvador que no contaran con el conocimiento, aquiescencia, complacencia y/o la participación del gobierno de Estados Unidos.

“La política de Reagan, implementada por el Presidente José Napoleón Duarte, era el exterminio de toda la oposición -explica Perla-. Además el financiamiento de la represión y la guerra, con más de un millón de dólares diarios fueron un gran respaldo para el gobierno. Herbert era una de las voces más críticas del gobierno y del imperialismo en momentos en los que casi nadie decía nada por temor. El trabajo de la CDHES en San Salvador era prácticamente clandestino y en ese entonces su principal sucursal estaba en México”.

“Cuando Herbert estuvo preso en la Policía de Hacienda había allí asesores estadounidenses dirigiendo el trabajo de amedrentar a los reos políticos. Allí se decidía a quiénes iban a matar, a quiénes iban a desparecer y a quiénes iban a pasar a los juzgados. Dirigían la tortura, a veces brutal, y a veces siniestra sin tantos golpes, porque el objetivo no era matar, sino quebrar moralmente a los revolucionarios. Por eso, digo que Estados Unidos estuvo detrás de su asesinato. O por lo menos, dieron su aval para que lo mataran.

Un mes antes de su asesinato, Herbert fue invitado a un evento en una universidad de Estados Unidos. Fue a pedir la visa acompañado de una solidaria abogada estadounidense, Lisa Brodyaga. El cónsul le dijo: A usted no le damos una visa porque usted es un subversivo. ¡Decirle así era prácticamente avisarle que estaba condenado a muerte!, cuenta Brodyaga.

“La gente del Marín Interfaith Taskforce, una organización estadounidense que acompañaba a la CDHES en esos años, consiguió documentación desclasificada del Departamento de Estado, creo que en 2012. Ahí había reportes de cuando torturaron a Herbert y también de su muerte. En aquel momento no me fue de mayor interés, puesto que todas las fechas y nombres estaban tachados. No se podía leer casi nada”, me dice la viuda de Anaya.

UNA NUEVA VÍCTIMA: JORGE ALBERTO MIRANDA


Relata Domitila Miranda: “A la hora que mataron a Herbert, entre 6 y 7 de la mañana, mi hijo Jorge iba camino al bachillerato donde estudiaba. El 21 de diciembre lo capturaron cuando él y un grupo de comandos urbanos iban a sabotear un camión de la Pepsi. No lo hicieron porque uno de ellos vio la patrulla y disparó. La patrulla agarró a patadas a Jorge. El día 30 de diciembre me lo trajeron a la casa vendado y atado de las manos... Lo vi con la cara bien afligida, andaba muy endrogado y demacrado. “Señora -me dijo- vamos a catear porque él dice que aquí hay armas”. Le contesté: Él se ha hecho cargo por las torturas que le han hecho pero aquí no hay armas. Catearon, no hallaron nada y se fueron”.

“El 4 de enero de 1988, a las 5 de la mañana, llegó otra vez un carro blindado con hombres fuertemente armados. Me dijeron a mí y a su papá: “Nos van a acompañar porque ahí en la Policía les necesitan. Vamos a consignar a su hijo al penal de Mariona. Él va a ir en un pick-up de la Fuerza Armada y nosotros en un carro particular. Ustedes vana colaborar con nosotros”. Eso decía el Fiscal en el carro. Y nos dijo: “A Jorge Alberto le hemos entregado 12 mil colones en efectivo para que se los dé a ustedes”. ¿Y ese pisto para qué? ¿A qué se ha comprometido? Nosotros somos pobres, pero no queremos dinero. El día que lo consignaron, por la tarde pasaron la noticia de que al fin habían capturado al culpable del asesinato de Herbert Anaya Sanabria”.

MIRANDA SE RETRACTA


El proceso contra Jorge Alberto Miranda inició procesándolo por su participación en el asesinato de Herbert. Bajo una tortura que consistió en amenazas, privación de sueño y de comida e inyección de drogas, firmó una confesión extrajudicial diciendo que él había participado en un operativo del Ejército Revolucionario del Pueblo para matar al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

El 4 de enero de 1988, la prensa nacional e internacional fue invitada a grabar y difundir sus declaraciones.

Un mes después, aún en la cárcel, Miranda se retractó de su confesión. Admitió que era integrante del ERP-FMLN pero negó haber participado en el asesinato de Anaya y dijo desconocer todo sobre esa muerte. Estaba más tranquilo, lo acompañaban otros presos políticos, ya había recibido visitas familiares y no estaba bajo los efectos de las drogas y la tortura. En esa ocasión no hubo medios. El secretario de actuaciones llegó a tomar su declaración a mano y la llevó al juzgado sin que fuera del conocimiento público.

AÑOS 90: NO HAY DICTAMEN


Dos años después, el Juez Luis Edgar Morales Joya decretó un sobreseimiento provisional a favor de Miranda, después de una segunda investigación que determinó que hubo una violación al debido proceso y a sus derechos. El caso apuntaba a un posible fraude procesal para esconder a los verdaderos responsables. Poco después, Morales Joya fue víctima de un atentado en su vivienda y tuvo que huir del país.

En 1991, Jorge Alberto Miranda fue condenado a una pena de 30 años por homicidio y actos de terrorismo. Pero cinco meses después, entró en vigencia la Ley de Amnistía y Miranda fue liberado.

En 1993, la Comisión de la Verdad concluyó que “no contó con el tiempo necesario que permitiera esta disyuntiva: la de contar con posibles indicios de la posible autoría de un cuerpo de seguridad estatal o un escuadrón de la muerte, y más indicios sobre la posible autoría del asesinato de Herbert Ernesto Anaya Sanabria por el Ejército Revolucionario del Pueblo”.

Afirmó también que existió una violación de los derechos de Jorge Miranda por el trato policial y judicial que recibió y que el Estado no había cumplido con el derecho internacional en su obligación de proteger los derechos humanos ni en “investigar debidamente el asesinato de Herbert Anaya, así como en procesar y sancionar a los culpables”.

SE REABRE EL CASO


En noviembre de 2016, la familia de Herbert solicitó al Juzgado de Instrucción de Mejicanos que reabriera el caso, por haber sido juzgada y condenada una persona que no tuvo ninguna relación en el asesinato. Le respondieron que retomarían el caso en donde se había quedado años atrás: en la condena de Miranda a 30 años.

En marzo de 2017, el Fiscal General, Douglas Meléndez, anunció que, en el marco de la derogatoria de la Ley de Amnistía, y a solicitud de sus familiares, se reabriría el caso de Herbert Anaya Sanabria. La declaración parecía importante. Era el primer caso que la Fiscalía solicitaba reabrir desde la derogación de la Amnistía en julio de 2016.Meléndez abrió también la posibilidad de que cualquier persona o pariente interesado acudiera a la Fiscalía a ampliar la investigación contra otros partícipes materiales o intelectuales de otros crímenes.

Pero, cuando Perla y su apoderado Jimmy Ortiz se presentaron a la Fiscalía preguntando por el fiscal asignado al caso de Anaya nadie sabía de las declaraciones del Fiscal General. “Posteriormente nos asignaron dos asesores, pero le dijeron a Perla que presentara la denuncia para que ellos conocieran el caso y así comenzar las diligencias de investigación”, cuenta Ortiz, que considera que las declaraciones del Fiscal no pasaron de ser un discurso.

PISTAS PARA INVESTIGAR


Perla les tomó la palabra y presentó una denuncia incluyendo pistas por dónde investigar. Incluyen, obviamente, la recomendación de aceptar su declaración como familiar y la de Jorge Alberto Miranda. También pide que entrevisten a Morales Joya, el juez que sobreseyó a Miranda y al ex-director de la Policía Nacional, Reinaldo López Nuila, actual Vicepresidente de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

Demanda también “solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos el expediente en torno a las actuaciones de los asesores militares destacados en la Sección de Inteligencia de la Policía de Hacienda durante las fechas en que mi esposo fue torturado en dicho cuerpo de seguridad, ya que habían dos asesores militares estadounidenses”.

“TENGO TEMOR Y ESPERANZA”


Me dice Perla: “En toda la documentación que redactaron para dar la impresión que habían investigado y condenar a Miranda, hay nombres interesantes de la gente que capturó a Herbert y a Jorge Alberto Miranda, hasta nombres de policías instructores, secretario e interrogadores, que son los mismos torturadores, tanto de Herbert como de Miranda. Aparece el nombre de un policía que estaba vigilando a Herbert cerca de nuestra casa. En el acta consta que él capturó a un sospechoso que creyó era subversivo. ¡Pero lo soltó porque el tipo tenía un carnet de la Guardia Nacional!”

“Todas estas cosas están en el expediente del caso de Miranda en el Juzgado de Mejicanos. Hasta el expediente de Herbert cuando estuvo preso se encuentra ahí, porque según la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos del tiempo de su muerte, se apoyaba la tesis de que el ERP lo mató porque era miembro de esta organización y causaba problemas internos. El expediente consta de seis piezas, “pero la primera pieza no está -me dice Perla-. Son documentos públicos pero no tan públicos porque me costó muchísimo conseguirlos!”

“Yo aún tengo mucho temor -me dice Perla- de que puede pasarle algo a Miranda y a los testigos. Hasta temo por los autores materiales del asesinato de Herbert. Pero también tengo mucha esperanza que esta vez se puedan esclarecer los hechos. Hay que hacer justicia con los que lo mataron, pero no para que pasen larguísimos años en la cárcel, sino para que los sancionen moralmente... si aún están vivos. Y hay que limpiar el nombre de Herbert, un hombre que trabajó por un país diferente”.

“ME SIENTO VÍCTIMA”


Tengo esperanza, “pero también me siento revictimizada -admite Perla-.En primer lugar porque es la Fiscalía la que debe tomar la iniciativa y no yo. Desde que se derogó la Ley de Amnistía son ellos los que deben llamar a las víctimas y pedirnos nuestra versión”.

“Deberían tomar mi versión y someterla a una investigación objetiva y científica. Y lo que ofrece la Fiscalía es investigar a los compañeros de Miranda superiores de él y al mando del entonces ERP-FMLN tratando de implicarlos también”.

“Me obligaron a poner una denuncia con todas las formalidades del caso. Yo soy abogada y tengo posibilidades de hacerla. Pero, ¿y las víctimas y familiares de otros casos? Aún y así, hacer la denuncia es difícil para mí. Soy víctima y todo este proceso me altera, me pone mal. Y sigo sintiendo miedo de que me puedan hacer algo porque en este país los asesinos siguen en la impunidad”.

LA IMPUNIDAD EN EL BANQUILLO


Las respuestas y actuaciones del Juzgado de Mejicanos y de la Fiscalía General de la República son las que caracterizaban a las instituciones del Sistema Judicial y al Ministerio Público durante los años de la guerra.

En esos tiempos era normal blindar la impunidad en base a confesiones extrajudiciales con el objetivo de condenar a las víctimas y proteger a los victimarios. Las instituciones trabajaban con procedimientos típicos de la estrategia de guerra de baja intensidad.

25 años después de los Acuerdos de Paz se esperaría otra actuación, a favor de la justicia y no de la impunidad. Más que al asesino de la víctima, en este caso se juzgará a todo el actual sistema de justicia de El Salvador. En el caso de Herbert Anaya Sanabria, la impunidad va a juicio.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍOEN EL SALVADOR

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