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  Número 424 | Julio 2017
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Nicaragua

“Con el modelo extractivista crecemos, pero, ¿nos desarrollamos? Y con la minería ni crecemos ni nos desarrollamos”

Víctor Campos, ingeniero y director del Centro Humboldt, organización no gubernamental creada en 1990 para promover un desarrollo territorial alternativo y una gestión ambiental sostenible, compartió con Envío información y reflexiones sobre el modelo extractivista que domina la economía nacional y, más específicamente, analizó el acelerado avance en el país de la dañina industria minera metálica, en una charla con Envío que transcribimos.

Victor Campos


Hoy en América Latina se habla cada vez con mayor frecuencia y preocupación del incremento de industrias y actividades extractivas. En Nicaragua las actividades extractivas: extracción de oro, monocultivos intensivos (algodón, banano) y la extracción de bosques y recursos pesqueros entre otros, han estado presentes durante mucho tiempo, generando crecimiento económico, pero no desarrollo. Hoy, el histórico extractivismo se ha incrementado en el país. Y viene creciendo la industria extractiva, tanto en minería de oro y plata, como en la promoción de monocultivos en amplias áreas, ligados a paquetes tecnológicos de uso intensivo de agrotóxicos.
Veamos algunas de las más importantes actividades extractivistas presentes en el territorio y en la economía nacional. Cifras oficiales confirman 40 mil hectáreas sembradas de palma africana. Y la tendencia es a expandir este cultivo en decenas de miles de hectáreas más. ¿Cuáles son las características comunes de éste y de otros monocultivos? Ocupan grandes superficies, favorecen la concentración de la tierra en pocas manos, hacen uso intensivo de agrotóxicos, afectan la calidad del suelo y la disponibilidad y la calidad del agua e impactan la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. La empresa Cukra Development Corporation, responsable de la siembra masiva de palma africana, importa el 7% de los herbicidas a nivel nacional. El maní hace uso de 22 tipos distintos de agrotóxicos, el arroz de 8 y la caña y el tabaco emplean al menos 4 agrotóxicos en dosificaciones desconocidas. En el informe anual del Presidente de la República en febrero de 2017 se nos indica que el gobierno ha facilitado la importación y formulación de esos productos, creando por ley en diciembre 2016 la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas. Esa comisión dice haber emitido 13,508 permisos de importación de sustancias tóxicas, lo que evidencia la política del gobierno de promover los monocultivos en el país.

La palma africana o palma aceitera es relativamente nueva en Nicaragua. En los años 80 se sembró en Boca de Sábalos, en el departamento de Río San Juan. Hoy su siembra se está extendiendo aceleradamente por el Caribe Sur. Desde el Centro Humboldt hemos estado monitoreando específicamente a la Cukra Development en Laguna de Perlas. Esa empresa ha comprado tierras a pequeños propietarios, convirtiéndolos en obreros agrícolas en sus plantaciones. También arriendan territorios indígenas y a los pequeños productores que no han vendido los están estimulando a dedicar sus tierras al cultivo de palma, creando una dependencia con la empresa, la única con capacidad de procesar la fruta. En un reciente informe elaborado por el Centro Humboldt, determinamos que persiste en los efluentes de la planta industrial de la Cukra Development parámetros que no cumplen con lo establecido en el decreto 33-95, que norma las descargas de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias.

Otra actividad extractiva que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo en nuestro país es la ganadería, principalmente la ganadería extensiva: muy pocas reses por unidad de área de pastos. Dentro de los principales impactos que causa la ganadería están la remoción de los bosques y la degradación del suelo y del agua. En el estudio de uso de suelos que en el Centro Humboldt realizamos cada cinco años comprobamos que entre 2011 y 2016 se incrementaron los pastizales en el país, prácticamente en un millón de hectáreas. La mayoría de estas áreas de pasto para ganado se establecieron en áreas ocupadas originalmente por bosques y para siembra de granos básicos.

El cultivo de caña de azúcar es otro que crece rápidamente en el país. En el Plan de Producción, Comercio y Consumo para 2017-2018 el gobierno anuncia que la siembra de caña se incrementará en 3 mil hectáreas. Tenemos indicios para considerar que el área podría ser mayor, viendo que una parte importante de la zona de pie de monte que va de la meseta de Carazo hacia el Pacífico está siendo sembrada aceleradamente con caña de azúcar. Avances similares están ocurriendo en el Occidente del país. También en Occidente avanza el cultivo del maní. Un total de 30 mil hectáreas se sembraron entre 2011 y 2016, convirtiendo al maní en el cultivo de más rápida expansión en Nicaragua en los últimos años. El maní es el cultivo que emplea la mayor diversidad y cantidad de agrotóxicos por unidad de área. Genera problemas severos de erosión eólica y es unos de los principales causantes de las tolvaneras que azotan el Occidente del país. En el Norte la gente ya está experimentando las consecuencias del incremento de áreas sembradas de tabaco. El municipio de Jalapa ha sufrido una crisis de agua porque el tabaco compite con los seres humanos por el agua.

A la política de promoción de monocultivos debemos sumar la introducción de semillas transgénicas, organismos genéticamente modificados. En el plan de producción, comercio y consumo para 2017-2018 el gobierno acepta la introducción a Nicaragua de este tipo de cultivos (maíz amarillo y soya transgénicos). Creemos que esto asesta un duro golpe a la pequeña producción campesina por el nivel de dependencia que se crea con las empresas comercializadoras de estos productos y por la contaminación genética que producen, principalmente en el cultivo del maíz, un alimento que tuvo su centro de origen en nuestro país. La Alianza Semillas de Identidad ha venido trabajando para evitar la introducción de estos cultivos por los riesgos que representan. Aunque la campaña que realiza señala el peligro de la introducción de las semillas, creemos que es necesario iniciar acciones para advertir sobre los potenciales efectos que los productos transgénicos pueden ocasionar en la salud de quienes los consumen.

Como vemos, estamos conviviendo con un modelo económico que es implacable con el medioambiente y afecta gravemente bienes naturales básicos para la vida. La gran empresa privada llama a estos monocultivos motores del desarrollo, pero la realidad es que esos motores lo que van arrastrando es una enorme maquinaria de depredación del medioambiente, colocando a Nicaragua en una relación costo-beneficio muy desfavorable, que no asegura la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestro país. Y aunque en Nicaragua no hemos alcanzado todavía el punto máximo de la apuesta extractivista como modelo de desarrollo, el ritmo en que avanza el extractivismo es acelerado. Hemos asumido el extractivismo como camino para el crecimiento económico y como sinónimo de desarrollo, pero nos estamos equivocando, porque sin sostenibilidad ambiental no hay actividad económica que logre el desarrollo que necesitamos y demandamos.
La actividad minera es una industria extractiva de graves consecuencias ambientales y sociales. Cuando decimos esto, nos dicen que es imposible renunciar a la minería, porque sus productos están en todo lo que usamos. Sin embargo, hay que decirlo.

En Nicaragua tenemos minería metálica y no metálica. Afortunadamente no tenemos todavía la que extrae algunos metales raros como el litio, el coltán y otros, que causan muy graves impactos ambientales y sociales. La minería metálica en Nicaragua es de oro y plata. La no metálica extrae principalmente piedra y arena. También provoca impactos ambientales, porque remueve la cobertura boscosa y ha dejado ya agujeros desprotegidos en varias zonas del país. En el Centro Humboldt no trabajamos directamente en el tema de la minería no metálica y lo que más nos preocupa de esta actividad es el desorden que existe en las concesiones que entregan las alcaldías.
El Centro Humboldt tiene una experiencia acumulada en el tema de la minería metálica. La preocupación por la minería ha sido uno de nuestros principales compromisos con Nicaragua. Casi tres décadas nos han enseñado a trabajar directamente con las poblaciones afectadas, como lo estamos haciendo actualmente con los pobladores enfrentados a la empresa británica Cóndor Gold en Mina La India (Santa Rosa del Peñón, León) o con los pobladores en resistencia a la empresa Golden Reign en Mina San Albino (El Jícaro, Nueva Segovia).

Cada dos años realizamos un estudio sobre los impactos ambientales que está causando la minería en el país. Las empresas mineras llegan a nuestro país con campañas que traen el mensaje de que proponen una “minería para todos”, una “minería verde”, una “nueva minería”. Pero hay que ser concluyente: hasta el día de hoy no existe en Nicaragua una sola mina metálica a cielo abierto que no tenga un historial de perjuicios a las condiciones ambientales y sociales. En todas faltan consultas y transparencia en sus operaciones técnicas y financieras.

La actividad minera industrial es altamente lucrativa. A diferencia de otras materias primas el precio internacional del oro no está sujeto estrictamente a ley de la oferta y la demanda. Hay otros factores que intervienen en este mercado sui géneris. Actualmente, las propias empresas mineras han decretado que su punto de equilibrio anda por 700 dólares por onza troy de oro. Y como actualmente los precios internacionales del oro andan por 1,300 dólares por onza troy, si gastan 700 en extraer una onza y la venden en 1,300, tienen un 100% de utilidades. Teniendo en cuenta que en Nicaragua se están produciendo 300 mil onzas anuales estamos hablando de ganancias muy importantes.

Todas las concesiones mineras en la actualidad son para minas a cielo abierto. Este método de extracción remueve grandes volúmenes de material, de tierra, para obtener cantidades mínimas de oro por cada tonelada: para extraer 1 onza troy se tienen que remover 7 toneladas de tierra.

La vida de una mina depende de las reservas comprobadas de minerales que tengan concentraciones suficientes y hagan económicamente rentable su extracción. El promedio de vida de las minas actuales anda por los 25 años. En La Libertad, Chontales ya se extrajo todo el oro que había allí, ya no hay más. Ya sólo quedan los hoyos de donde sacaron el oro. Y donde antes era un cerro ahora lo que hay es un abismo de 200-300 metros de profundidad. Lo que sucede allí sucede en otros lugares: al terminar la actividad minera lo que quedan son pueblos fantasma con problemas de acceso a un agua de calidad, con problemas económicos, con una población que tiene que emigrar buscando dónde sobrevivir. Los impactos ambientales que quedan como secuelas de la minería no lo permiten.

El drenaje ácido es uno de los problemas ambientales más graves que dejan como secuela las explotaciones mineras. Cianuro y mercurio se emplean para amalgamar el oro. Son sustancias invisibles que son arrastradas hacia los ríos y que se infiltran a través de la tierra en las aguas subterráneas. Estas sustancias son muy tóxicas, afectan todo el ecosistema y, en el caso del mercurio, se incorporan en los tejidos de los seres vivos. Un acuífero subterráneo contaminado con estas sustancias jamás se puede limpiar.
En Nicaragua tenemos una de las leyes más favorables a la inversión minera si la comparamos a las del resto de América Latina. La nuestra es una de las más “condescendientes” con la industria minera. En cuanto a normas ambientales estamos muy retrasados si nos comparamos, por ejemplo, con las leyes mineras de Perú o las de Colombia, que establecen estándares ambientales más altos, tasas impositivas mayores y mejores sistemas de regulación y control.

En abril de este año el Centro Humboldt y el IEEPP (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas) presentamos los resultados del estudio conjunto “La minería industrial en Nicaragua – Una mirada desde la óptica fiscal”. El estudio arroja datos importantes. El aporte de la minería al Producto Interno Bruto de Nicaragua es bastante pequeño: sólo el 2.7%. La minería genera apenas el 0.6% de los empleos formales que hay en nuestro país: tanto la minería metálica como la no metálica apenas dan 4 mil plazas de trabajo inscritas en el INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social). Y, a pesar de ser el oro uno de los principales productos de exportación del país, genera ingresos fiscales poco significativos. En el año 2015 el oro fue el 15.4% del total de exportaciones nacionales y generó solamente el 3.6% de los ingresos fiscales del país. Vemos, pues, que la minería no genera un aporte sustantivo al PIB ni genera empleos ni aporta ingresos fiscales significativos. Tampoco establece vínculos sólidos con la economía interna.

¿Qué impuestos paga la industria minera?Paga el Arancel en el Registro Público de la Propiedad: consiste en un pago único de 300 mil córdobas (unos 10 mil dólares) en el municipio que tenga la mayor parte del área concesionada. El resto de municipios incluidos en el área sólo reciben un pago simbólico de 500 córdobas. Paga también el Derecho de Vigencia a Superficie: consiste en un pago progresivo por el uso de la superficie concesionada de 25 centavos de dólar por hectárea al año, hasta alcanzar 12 dólares en el año número doce. Paga también el Derecho de extracción o regalías: consiste en una compensación económica al Estado por el derecho de explotación superficial. La ley establece una cuota del 3% mensual contra factura de lo que la minera exporta. Paga también el Impuesto de Matrícula Municipal: consiste en un pago anual del 2% sobre el promedio mensual de los ingresos brutos obtenidos por la venta de bienes o prestaciones de servicios de los tres últimos meses del año anterior. Y finalmente,paga el Impuesto sobre la Renta: como grandes contribuyentes, las empresas mineras deben pagar el 30% sobre la renta neta de sus actividades.

La mayor recaudación de impuestos que generó el sector minero en Nicaragua se dio en 2015, año pico de la industria minera en nuestro país. Ese año, cuando se exportaron más de 400 millones de dólares, apenas se recaudaron 3 millones 270 mil dólares en impuestos. Si quedara en el país el 3% de lo que exportaron, hubiera sido mucho mayor la recaudación. Pero como veremos, las exoneraciones reducen la contribución fiscal de esta industria casi al mínimo.

La ley minera hoy vigente es del año 2001, cuando los precios del oro estaban en 300-400 dólares la onza troy. Hoy se cotiza ya en 1,300 dólares. La ley de 2001 es más una ley de promoción de la minería que una ley para regular la explotación minera. Como ha pasado en Nicaragua con otras leyes, que se aprobaron para atraer inversiones, no se han modificado cuando las condiciones cambiaron y los precios y el mercado ya son otros. Las muchas exoneraciones dadas a la minería vienen de esta ley, y no se han modificado.
Estos son los beneficios fiscales a las empresas mineras: -El Derecho de Extracción o Regalía será considerado como gasto deducible para efectos del cálculo del Impuesto sobre la Renta. -Derecho a deducir del cálculo del Impuesto sobre la Renta el 50% de la inversión en plantaciones forestales.-Gastos de Responsabilidad Social Empresarial son deducibles del cálculo del Impuesto sobre la Renta.-Exoneradas del Impuesto de Bienes Inmuebles.-Exoneradas del Derecho Arancelario a la Importación, del Impuesto Selectivo de Consumo y del Impuesto al Valor Agregado.

-Los minerales extraídos para fines sociales o la ejecución de obras públicas quedan exonerados del Impuesto del Derecho de Regalías.-Exentas del pago de impuestos por importación o compras locales de materiales, maquinarias e instrumentos útiles, siempre que se utilicen para el proceso industrial. -Tasa 0% para exportaciones.-Libre acceso a la compra y venta de moneda extranjera disponible y a la libre convertibilidad de divisas.-Permiso para transferencias al exterior relacionadas con su capital invertido, o por disolución, liquidación o venta voluntaria de la inversión extranjera.-Permiso para remisión de cualquier utilidad, dividendo o ganancia generada en el territorio nacional, después del pago de los impuestos correspondientes.

Finalmente, según la Ley 525, que reformó la Ley 387 sobre exploración y explotación de minas, el Estado se compromete a garantizar estabilidad fiscal para la inversión nacional y extranjera destinada a la actividad minera.

Ambientalmente, ¿qué les exige la ley a las empresas mineras? Cuando una empresa se va a instalar en Nicaragua tiene que hacer un estudio de impacto ambiental en dos momentos para presentarlos al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), que debe aprobarlos. El primer estudio se hace para la fase de la exploración, en la cual no se hacen mayores obras físicas, que tienen menores repercusiones ambientales que en la fase de explotación. Para explorar, las empresas hacen pequeñas perforaciones. Eso es lo que comienza a ver la comunidad: llegan perforadoras a sacar muestras. Es el primer aviso que pone en guardia a la gente. A pesar de que los impactos son todavía pequeños, la empresa tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. Cuando ya tiene confirmado que hay reservas de oro en la zona tiene que presentar una nueva evaluación de impacto ambiental con consultores autorizados por el MARENA.

Al analizar exhaustivamente estos estudios de impacto ambiental nos hemos encontrado que todos tienen contenidos similares y aun cuando son para territorios distintos, todos aplican una receta general de cuido ambiental. Muchos de estos estudios son copias textuales de libros de contenido genérico. Ésos son los “estudios” que le entregan al MARENA que, a partir de ellos, elabora un plan de gestión ambiental y les otorga el permiso. Casi siempre lo concede. Una vez iniciada la explotación, el MARENA debe dar seguimiento al plan de gestión ambiental, chequeando cada cierto tiempo que la empresa está cumpliendo con las limitadas medidas ambientales establecidas en el plan. En conclusión, además de que los estudios no son lo suficientemente específicos, el seguimiento de las autoridades es mínimo.

Las autoridades nacionales tienen una actitud bastante complaciente con las empresas mineras por temor a que se vayan. Con estándares ambientales tan bajos, apenas se les exigen a las empresas algunas pequeñas actividades de mitigación, que generalmente no cumplen. El plan de gestión ambiental establece, por ejemplo, que cuando una mina cierra debe reforestar la zona en donde trabajó. Pero no conozco un solo caso en que lo hayan hecho. Ante esta negligencia, ¿qué hemos hecho? Tratamos de demostrar algunos hallazgos de contaminación provocados por la industria minera. Realizamos monitoreo de la calidad del agua, llevamos los casos por la vía administrativa, para que el Ministerio demande a la empresa que cumpla con las normativas ambientales. Corresponde a las instituciones del gobierno nacional asegurar el cumplimiento del plan de gestión ambiental, garantizando el menor perjuicio a las condiciones ambientales. La ciudadanía ha realizado varias denuncias por la vía administrativa, con pruebas y resultados en mano, pero hasta ahora no se ha obtenido ningún resultado ni ninguna respuesta del MARENA.

En los últimos meses de este año el marco para la inversión minera en el país se ha transformado. En junio de 2017 la Asamblea Nacional, para seguir favoreciendo la inversión minera en nuestro país, aprobó la ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS). Es una empresa pública con la que el Estado de Nicaragua participará en el negocio minero. Al proceso de consulta de la ley sólo fueron invitados representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y de una de sus cámaras, la Cámara Minera Nicaragüense (CAMINIC) y representantes de las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema.

Antes de la aprobación de esta ley teníamos aproximadamente el 12% del territorio nacional concesionado a la minería. Después de la ley, a esta superficie se suma un 10% más del territorio, con lo que la superficie concesionada del país pasó de 12 mil kilómetros cuadrados a 26 mil kilómetros cuadrados.

¿Cuál es el territorio que se ha sumado? Adoptando un decreto ejecutivo de 2012, que establece áreas de “reservas mineras” probadas y formalmente reconocidas por el Ministerio de Energía y Minas, la nueva ley establece que en las reservas mineras será el Estado el que decidirá con qué empresas se asociará para explotarlas. Esas reservas quedan ahora bajo total dominio de la nueva empresa estatal. Esto significa que las empresas con las que el Estado decida asociarse estarán directamente protegidas por las autoridades estatales. Significa también que, en esa situación de privilegio, el Estado fomentará una competencia desleal con otras empresas mineras ya establecidas. Además, se anunció oficialmente que el Ministerio de Energía y Minas tiene actualmente 1,800 solicitudes para nuevas concesiones mineras en proceso de aprobación.

En pocas palabras, la nueva ley significa que el Estado se reserva lo mejor en términos de potencial minero y de riqueza minera en los territorios que administrará a partir de ahora. ¿Hasta dónde va a llegar esto…? No tenemos idea. Lo que sí sabemos es que hay un interés particular en la minería en los círculos de poder que controlan los capitales en Nicaragua.

En los 12 mil kilómetros cuadrados de reserva minera establecidos en la ley de ENIMINAS hay 5,859 kilómetros cuadrados ya decretados y 6,515 kilómetros cuadrados que todavía están propuestos, pero que no hay duda serán aprobados. De las áreas de reservas mineras que ahora se han incorporado 8,538 kilómetros cuadrados están dentro de áreas protegidas. Muchas de esas reservas mineras están prácticamente en el límite del área núcleo y en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Bosawás.

Después que la Asamblea Legislativa aprobara la ley de ENIMINAS hicimos un ejercicio rápido para saber qué hay actualmente en las áreas de reserva minera que ahora están listas para ser entregadas en concesión. Entre bosques cerrados y secundarios hay más de 400 mil hectáreas a disposición ahora de la nueva empresa, que seleccionará al mejor socio y las entregará en concesión para explotarlas. Sin ser exhaustivo en la lista, los municipios en los que la mitad o aún más de su superficie está en zona de la reserva minera que entra dentro de la nueva ley son: Wiwilí de Jinotega, San José de Bocay, Waslala, Rancho Grande, Jalapa, El Jícaro, Telpaneca, San Juan del Río Coco, Mozonte, Macuelizo, Ciudad Antigua, La Sabana…

Particular importancia por su valor histórico tiene la concesión hecha hace unos meses por el gobierno a la empresa canadiense Gorden Reign de la Mina San Albino, en el municipio de El Jícaro, Nueva Segovia. En esa mina inició su lucha nacionalista y patriótica el General Sandino. Cuando en los años 20 la mina quedó abandonada, un terreno que desde hace años debió conservarse convertido en un patrimonio histórico, es hoy una concesión minera, que provocará, como siempre, serios impactos ambientales y sociales.

Ni en San Albino ni en otros lugares la población ha dejado de reaccionar a la minería. Quiero recordar algunas de las más relevantes acciones de resistencia, las ocurridas tan sólo a partir del año 2013. El 22 de marzo de 2013 hubo una protesta masiva para impedir la entrada de la empresa B2Gold en Rancho Grande, con el apoyo de más de 32 organizaciones, encabezadas por la iglesia católica. El 13 de octubre hubo una segunda protesta, con la participación de más de 2,500 personas. El 1 de agosto de 2013 la protesta realizada en Santo Domingo, un municipio donde la minería ha estado presente durante siglos, terminó con 12 personas detenidas.

En los movimientos sociales que enfrentan hoy la minería encontramos diversos intereses. Están los Guardianes de Yaoska, movimiento nacido en el municipio matagalpino de Rancho Grande, una zona que nunca tuvo minería y que no quiere tener minería. Allí la resistencia es radical: no dejan entrar la minería.En municipios como Santo Domingo, en Chontales, donde siempre ha existido la minería industrial y la artesanal, hay conflictos de la minería artesanal con la industrial porque, aunque la ley establece que los pequeños mineros y los mineros artesanales pueden aprovechar hasta el 1% de la concesión de la gran empresa privada, no se especifica la ubicación exacta de ese 1%.

La confrontación por estas reivindicaciones es permanente. Existe también en Santo Domingo el movimiento “Salvemos Santo Domingo”, que está luchando por el medioambiente y por el agua. Ese municipio tenía una fuente de agua excelente y ahora, de tener 24 horas de servicio de agua potable, sólo tienen 4 horas diarias porque esa excelente fuente ya fue contaminada por la empresa minera. El movimiento dice “Queremos agua y no oro” y por eso lucha. Así que en Santo Domingo una cosa es la lucha de los pequeños mineros con la empresa, donde ambos se necesitan mutuamente, y otra cosa es el movimiento ciudadano luchando en defensa del medioambiente. En la protesta de agosto de 2013 en Santo Domingo las 12 personas detenidas y apresadas fueron de ambos grupos. Los mantuvieron presos ilegalmente durante 15 días en Managua, en condiciones infrahumanas. La denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Al final los pusieron a la orden de la jueza de Juigalpa, donde hubo protestas importantes hasta lograr que los liberaran.

El 6 de mayo de 2015 hubo en Bonanza duros enfrentamientos entre güiriseros y autoridades, provocando un movimiento de protesta importante. Los güiriseros son mineros artesanales. Siempre han existido, pero con el aumento del precio del oro han aumentado enormemente. Hay que decir que la pequeña minería y la minería artesanal también contaminan. Si para separar el oro de la broza y amalgamarlo, la minería industrial emplea cianuro, altamente tóxico y contaminante de suelos y aguas, los mineros artesanales usan mercurio, igualmente tóxico y contaminante. Hay algunos grupos que están trabajando en técnicas menos contaminantes para la obtención de oro en la pequeña minería y la minería artesanal, pero todavía no hacen una diferencia.

No quisiera decir que los pequeños mineros están contra el cuido del ambiente. Pero el desarrollo de su actividad, que es contaminante, los pone ante una disyuntiva. Y la realidad es que la pequeña minería ha sido el modo de vida de mucha gente en Nicaragua. Por otra parte, la pequeña minería se ha estratificado y ha desarrollado un alto grado de intermediación. En el pequeño minero que está en la rastra y que explota directamente el oro hemos encontrado alguna disposición para mejorar sus prácticas ambientales. Pero sobre ellos hay una cadena de intermediarios que subcontratan mineros para sacar la broza que después ellos procesan, quedándose con la mayoría de las utilidades. El resultado de todo esto es que las reivindicaciones de la pequeña minería y de la minería artesanal son distintas, aunque complementarias a las de los movimientos que luchan en defensa del ambiente, por los derechos humanos y por las condiciones laborales en las empresas. Sólo en algunas ocasiones se unen ambos grupos frente a la minería industrial.

El 6 de octubre de 2015 se dieron fuertes enfrentamientos en Mina El Limón reclamando a la empresa derechos laborales. Duraron varios días y dejaron un muerto y 32 heridos. En el levantamiento que se dio allí después de que apresaron a los hombres, el 18 de octubre vimos marchar en las calles a las mujeres y se hizo famosa la foto de una mujer con el equipo del que logró despojar a uno de los policías antimotines desplazados a la zona para reprimir a los manifestantes. En esa ocasión fueron detenidos en Mina El Limón 10 mineros, que no fueron puestos a la orden del juez, sino trasladados a Managua a la cárcel de El Chipote, donde los mantuvieron en condiciones infrahumanas hasta que el 24 de diciembre, después de 56 días de detención ilegal, fueron liberados “generosamente” por una orden personal del Presidente Ortega que, sin contar con el sistema judicial, argumentó que la Navidad era “época de encuentro de las familias nicaragüenses”. Desde entonces, y aunque lo hemos intentado en varias ocasiones, no hemos podido hablar con ninguno de estos mineros, que no están autorizados a hablar con nadie, sin precisar las razones.

El 4 de octubre de 2015 más de 3 mil personas se movilizaron en Rancho Grande contra la entrada de la B2Gold en el municipio y nueve días después, el 13 de octubre, el gobierno declaró “inviable” el proyecto minero en Cerro Pavón, una victoria extraordinaria que todavía estamos celebrando. Una victoria que va a costar mantener porque hay siete concesiones más en Rancho Grande, tres de ellas también de la B2Gold, y la que se declaró “inviable” es sólo una. Algunas de esas concesiones pasaron a reserva minera, ahora bajo la nueva ley que le da toda la potestad al Estado. ¿Se mantendrá “inviable” toda actividad minera en Rancho Grande? Nada está firme en este país si depende de las autoridades del gobierno. Sin embargo, confiamos en el movimiento de Rancho Grande, que está claro y está decidido a defender su territorio.

El más reciente de los conflictos que hemos conocido es el enjuiciamiento arbitrario hecho por la empresa británica Cóndor Gold contra siete defensores ambientales en Mina La India, en el municipio leonés de Santa Rosa del Peñón. La empresa tuvo que ceder del juicio porque tenía delante a un pueblo que la rechaza, con el acompañamiento del Centro Humboldt y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Desistiendo del juicio apenas inicia otra etapa de esa lucha. A las empresas extranjeras les duele muchísimo que haya mala prensa en sus países de origen. Ocho columnas en la prensa de Managua denunciando las arbitrariedades de la Cóndor en Mina La India hacen menos impacto que una pequeña nota en “The Guardian” o en cualquier otro medio de comunicación británico. Sabemos también, y es un dato relevante para la incidencia internacional, que el 8% del capital accionario de la empresa minera Cóndor proviene del Banco Mundial. Y según declaraciones de la representante en Nicaragua de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial, que inyecta recursos al sector privado, tienen el compromiso de llegar hasta el 20% del capital accionario de la minera. Estamos pendientes del mecanismo establecido por el banco para demandar la suspensión de ese proyecto.

¿Es válido decir un NO total a la minería? Debemos responder a esta pregunta como nación. Nuestra posición institucional es que no deben darse concesiones para la minería a cielo abierto en lugares que no sean los distritos mineros tradicionales, menos aún en la cuenca del río San Juan y en áreas protegidas. Como institución trabajamos con todos, con la gente que se opone cien por ciento a la minería y con la gente que lucha por mejorar las cosas en donde hay minas. Hemos aprendido que tener un solo punto de vista sobre la minería no es la mejor opción.

Recientemente se consiguió en El Salvador una ley que prohíbe totalmente la minería. Creo que ese logro se explica porque allí todos los sectores, los de todas las ideologías políticas, entendieron que detener la minería era cuestión de vida o muerte. Se logró una ley tan radical porque el imaginario del pueblo salvadoreño en su conjunto sabe que tiene una base demasiado reducida de recursos naturales y ambientales. En Nicaragua es diferente. En el imaginario del pueblo nicaragüense está arraigada la idea de que vivimos en un país con recursos naturales infinitos. En el discurso de cualquier líder de opinión, político, empresarial, religioso, social, escuchamos siempre lo mismo: “Hemos sido bendecidos por Dios con un país riquísimo, tenemos de todo…” Y eso ya no es así. Cada vez tenemos recursos más escasos porque los estamos destruyendo. Debemos cambiar de imaginario. Y en el caso de la minería, debemos actuar con el mayor sentido de urgencia porque la destrucción social y ambiental que causa esta industria afecta a grandes cantidades de población.

Como consecuencia de lo aceleradamente que estamos viendo avanzar la minería en nuestro país, sin regulación y con privilegios, en los mismos días en que se aprobaba la ley creadora de la empresa ENIMINAS se conformó, el 22 de junio de 2017, el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial, integrado por varios territorios en resistencia, que cuentan en cada unode ellos con varias organizaciones que empiezan a articularse. Al movimiento se incorporaron ese día los territorios de Santo Domingo, Rancho Grande, Nueva Segovia y Mina La India. Entre todos conformaron el Movimiento, con una junta directiva de cuatro hombres y cuatro mujeres que liderarán procesos para fortalecerlo. Es un acontecimiento inédito en nuestro país porque hasta ahora los movimientos territoriales y comunales estaban dispersos y no habíamos conseguido articular un movimiento nacional frente a la minería.

El movimiento frente a la minería, al igual que el movimiento campesino anticanal son movimientos sociales de nuevo tipo en Nicaragua. No tienen vínculos partidarios ni buscan una salida electoral, pero están comprometidos y luchando por derechos y demandas que son importantes no sólo para ellos, sino para toda la nación. Estos dos movimientos sociales emergentes han demostrado que la movilización social no sólo es posible. Es también necesaria para lograr reivindicaciones fundamentales para toda la nación nicaragüense. Por eso nos dan esperanza y nuevas energías para seguir trabajando para construir una mejor Nicaragua.

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