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  Número 420 | Marzo 2017
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Nicaragua

“Hay una indiferencia criminal de las autoridades ante la violencia en el Caribe”

Mauro Ampié, director ejecutivo del CENIDH, y Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIDH, unieron sus voces y reflexiones para ubicar en hechos históricos y en hechos más recientes, conocidos y acompañados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, algunas raíces de la violencia que hoy sacude el Caribe nicaragüense, en una charla con Envío que transcribimos.

Mauro Ampié

El saneamiento de las tierras indígenas de la Costa Caribe establece que los colonos mestizos que las han invadido después de 1987 deben abandonarlas. El saneamiento, un proceso complejo y costoso, representa la última etapa de la Ley 445, una legislación que restituye plenamente a las etnias costeñas el derecho que tienen a habitar en sus territorios ancestrales.

Cumplir con el proceso de saneamiento es fundamental para garantizar a las poblaciones indígenas la tenencia, la posesión y el dominio sobre sus tierras, algo que para estos pueblos es más fundamental que para nosotros los que no somos indígenas, que no sentimos que el terreno en donde está edificada la casa en la que vivimos en cualquier barrio de Managua es parte de nosotros mismos. Para las poblaciones indígenas la tierra sí tiene ese sentido: es parte de ellas mismas.

Es fundamental dar el paso del saneamiento, aunque ni iniciarlo ni culminarlo es sencillo. Hasta hoy es un proceso que ni siquiera ha comenzado. Y la tendencia que estamos viendo en el gobierno es a no cumplir con esta etapa. El gobierno pretende hacernos creer que el saneamiento es una operación imposible de realizar. Y por eso, pretende que los indígenas cohabiten con los invasores, gentes que vienen de otras zonas del país, con otros valores, con otra visión, que deforestan los bosques para dedicar esas tierras a la ganadería, y que en los últimos años para hacerse con esas tierras llegan armados y amenazan, secuestran y asesinan a los indígenas para obligarlos a abandonar sus territorios.

El desafortunado mensaje que el embajador del Vaticano en Nicaragua, el Nuncio Fortunatus Nwachukwu, dio a los miskitos de Francia Sirpi en febrero de este año, exhortándolos a convivir pacíficamente con los invasores de sus tierras, colocó en el radar nacional los hechos de violencia que están sacudiendo en los últimos tiempos la Costa Caribe, esa mitad de nuestro país donde tan a menudo lo que allí sucede nos parece lejano y ajeno.

¿Cómo convivir con quienes invaden el territorio, matan a los que se rebelan contra los invasores y destruyen el bosque y los recursos naturales del territorio? ¿Convivir en paz, cuando hay violencia y es con impunidad que las autoridades responden a la violencia de los invasores? La Ley 445 establece que con quienes los indígenas deben negociar o no una cohabitación pacífica depende de la fecha en la que los colonos llegaron a esos territorios. Sin embargo, las autoridades pretenden que se cohabite y se conviva con todos, aun con quienes llegaron hace poco amenazando y apropiándose de las tierras a la fuerza. Es por eso que algunos liderazgos indígenas, organizados y armados con palos y escopetas, han anunciado que, como las autoridades no actúan, serán ellos los que harán el “autosaneamiento”, enfrentándose a los colonos que los invaden y que llegan armados con fusiles de guerra. Es éste el clima de violencia que se vive hoy en el Caribe ante la indolencia y la indiferencia criminal de las autoridades del Estado.

Pero esto no empezó ayer. Las problemáticas del Caribe, en vez de resolverse, vienen agudizándose cada año. El derecho de los pueblos indígenas a poseer sus territorios ancestrales y a gobernarlos es una de sus más profundas aspiraciones históricas. Y la falta de voluntad política de todos los gobiernos -desde el gobierno revolucionario de los años 80 hasta el gobierno actual- para reconocer esos derechos y para garantizar un desarrollo con equidad en el Caribe es la raíz más profunda de la violencia que hoy vemos. Hagamos un muy breve repaso de algunos hitos en esta prolongada historia de aspiraciones frustradas y conflictos no resueltos.

Después del triunfo de la Revolución en 1979, en el año 1982, el gobierno del Frente Sandinista llevó a cabo con extrema violencia la operación “Navidad Roja”, desplazando a decenas de comunidades miskitas que vivían en las orillas del río Coco para así evitar que se convirtieran en base social de apoyo de los indígenas que ya se habían alzado en armas contra el gobierno revolucionario. Aquellos hechos de violencia motivaron un informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió al gobierno de Nicaragua en noviembre de 1983. El texto documentaba lo ocurrido en la zona, el traslado forzoso de indígenas al asentamiento de Tasba Pri y la huida masiva de pobladores indígenas buscando refugio en el territorio miskito de Honduras. Como el gobierno revolucionario no quiso llegar a ninguna “solución amistosa” con la Comisión, ésta hizo público el informe con conclusiones muy críticas al gobierno del Frente Sandinista. No debemos olvidar que aquellos hechos están aún vivos en la memoria del pueblo miskito. Aún están abiertas las heridas que causó la “Navidad Roja” y el éxodo forzado hacia Tasba Pri, un poblado que aún existe. La memoria de estas gravísimas violaciones de derechos humanos sigue lacerando a la población miskita y alienta los conflictos.

La guerra contrarrevolucionaria tuvo sus inicios en el Caribe. Con ideas y métodos propios del Pacífico, la Revolución pretendió gobernar a los indígenas considerándolos como cualquier otra población campesina, sin tener en cuenta sus tradiciones y su cultura, imponiéndoles un modelo de cooperativas totalmente ajeno a sus modos de vida y de producción. Eso provocó el alzamiento en armas de sectores importantes de la población indígena, que recibieron recursos y avituallamiento del gobierno de Estados Unidos. El Estatuto de Autonomía, la Ley 28, que el gobierno revolucionario aprobó en 1987, declarando a las Regiones del Atlántico Norte y Sur como territorios autónomos, se aprobó no porque los dirigentes de la Revolución estuvieran convencidos de la justeza de los derechos autonómicos de los indígenas, sino para detener la guerra y lograr desmovilizar a los indígenas alzados en armas con la promesa de la autonomía. Esa ley, reglamentada en 2003 durante el gobierno de Enrique Bolaños cumple 30 años de aprobada en 2017, con contenidos que se han ido desvirtuando por falta de voluntad política de los gobiernos centrales y con importantes ámbitos de ineficacia que revelan que la deuda del Estado nacional con el Caribe nicaragüense persiste.

Si comparamos lo que en “Envío” publicó en septiembre de 2005 el antropólogo costeño Miguel González, haciendo un balance crítico del desarrollo del proceso de autonomía hasta ese momento, con el texto que el mismo González escribió diez años después, en agosto de 2015 en “Confidencial”, titulado “La Costa del comandante Campbell”, refiriéndose a Lumberto Campbell, entenderíamos algunas de las razones del deterioro que viene sufriendo el proceso de autonomía que la Ley 28 inauguro. En este su último texto afirma que sobre la Costa este dirigente ha impuesto “una visión pragmática y empresarial” y que “el poder que ha logrado acumular es de la misma proporción en que se ha reducido el poder de las Regiones Autónomas para tomar decisiones propias”.

Veamos otros hitos que están en las raíces del conflicto costeño. Al finalizar el gobierno revolucionario y llegar al gobierno en 1990 la Unión Nacional Opositora se creó el INDERA (Instituto de Desarrollo de las Regiones Autónomas), una institución que iba en sentido contrario a la autonomía que la Ley 28 reconocía a las regiones del Caribe. El INDERA recibió del gobierno abundantes recursos, equivalentes al presupuesto que recibían las dos regiones del Caribe juntas. A pesar de eso, pronto se demostró que un desarrollo auténtico de la Costa Caribe no estaba realmente entre las prioridades de aquel gobierno. Los Consejos Regionales se opusieron a INDERA percibiendo que mediatizaba los derechos que les concedía la Ley de Autonomía y el Instituto desapareció en 1995.

Durante el gobierno de Arnoldo Alemán, en marzo de 1996, se le otorgó una concesión de aprovechamiento forestal a una empresa taiwanesa, SOLCARSA, que no tenía experiencia en el manejo de bosques. La concesión le permitía explotar bosques en 62 mil hectáreas del Caribe Norte. Las tierras fueron concesionadas considerándolas tierras nacionales, sin tener en cuenta que eran tierras ancestrales de la comunidad de Awas Tingni, una comunidad de indígenas mayangnas. Sólo la junta directiva del gobierno regional autónomo del Caribe Norte aprobó la concesión del gobierno central, pero no la aprobó el pleno, violando así la Ley de Autonomía. La comunidad indígena afectada agotó las vías legales internas para evitar la concesión y como no logró nada, Jaime Castillo Felipe, principal dirigente de la comunidad, en representación de ella, denunció ante la CIDH la violación de los derechos territoriales. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 emitió una resolución histórica al ordenar la salida del territorio de SOLCARSA y al ordenar al Estado de Nicaragua delimitar, demarcar y titular las tierras indígenas de todo el Caribe. También le ordenó abstenerse de realizar actos que “afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan los indígenas”.

Del caso de Awas Tigni, como lo conocemos, nació, ya en tiempos del gobierno de Enrique Bolaños, la Ley 445, que entró en vigencia en 2003 para cumplir con la sentencia de la Corte sobre las tierras que son propiedad comunal de todos los pueblos indígenas del Caribe. Fue hasta 2014, durante el segundo período de Daniel Ortega en el gobierno, que concluyó la titulación de los 23 territorios indígenas. Y es la última etapa que establece la ley, la etapa del saneamiento, la que no se está cumpliendo y la que está provocando el clima de violencia extrema que se vive hoy en el Caribe.

Otro hito en esta historia de violaciones a la Ley de Autonomía, que muestra la falta de voluntad política para respetar las formas de autogobierno de los pueblos indígenas fue la exclusión de la organización indígena YATAMA (Yapti Tasba Nanih Asla Takanka, “Organización de los Hijos de la Madre Tierra”) para participar en las elecciones generales del año 2000.

Esa organización nació durante la dictadura somocista, en los años 70, en Waspam con el nombre de ALPROMISU (Alianza para el Progreso de los Pueblos Miskitus y Sumos) y fue extendiéndose por todo el Caribe Norte. Uno de sus objetivos centrales era “defender sus territorios y sus recursos naturales”. Desde sus inicios, YATAMA -que apareció con este nombre en 1988, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía- luchó por la demarcación y la legalización de los territorios indígenas.

Reformada ya la Ley Electoral por el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, el Consejo Supremo Electoral excluyó a YATAMA de participar en las elecciones municipales del año 2000, alegando que no cumplía con el requisito de presentar firmas equivalentes al 3% del electorado nacional y no tenía representación en al menos el 80% de los municipios de Nicaragua, requisitos muy severos que Ortega y Alemán impusieron en la ley con el objetivo de perpetuar en el país el bipartidismo PLC-FSLN y que resultaban imposibles de cumplir para una organización indígena de ámbito territorial limitado como era YATAMA, que quedó finalmente excluida.

Agotados los recursos internos, el CENIDH llevó el caso YATAMA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después la Comisión lo sometió a la Corte, que dictó sentencia en 2005, declarando que el Estado de Nicaragua había violado los derechos políticos de los candidatos de la organización indígena al imponerles una forma de organización política ajena a sus costumbres. Desde entonces, el Estado de Nicaragua se ha negado a cumplir esa sentencia, no ha comparecido a las audiencias convocadas por la Corte ni ha presentado información suficiente sobre el caso. En 2015, tras más de cinco años sin informar, la Corte decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión del cumplimiento de las medidas de reparación. A la organización indígena excluida no le quedó más remedio que adoptar las reglas que rigen a los partidos políticos nacionales y hacer una alianza con el FSLN para poder participar en las elecciones generales de 2006. Esa alianza se rompió en 2014 cuando YATAMA denunció no sólo graves irregularidades en las elecciones para elegir a los gobiernos regionales del Caribe, sino también la desatención prolongada de los problemas costeños, especialmente los problemas relacionados con la tenencia de la tierra por la continua invasión de colonos, la deforestación que realizan éstos y las empresas madereras y la violencia que todo eso estaba provocando en el Caribe.

En enero de 2006, ya en campaña antes de regresar al gobierno, Daniel Ortega, refiriéndose a las acciones que habían llevado a cabo los tres gobiernos liberales que habían sucedido al gobierno revolucionario que él presidió hasta 1990, se refirió así al problema costeño: “Existe voracidad por las riquezas de la Costa Caribe por grupos de poder ligados al gobierno, por los que están contra el fortalecimiento del proceso de autonomía, porque no les conviene, ya que quieren apoderarse de la madera, del oro y de los recursos del mar”. Ese día Ortega pidió el voto para el Frente Sandinista en las elecciones regionales y en las nacionales, prometiendo que con él al frente del gobierno la autonomía del Caribe ya no iba a ser “de papel”… porque “le devolveremos el poder al pueblo”.

Pero como no es lo mismo gobernar “desde abajo” -como había hecho Daniel Ortega desde la derrota electoral de 1990- que gobernar desde arriba, ya en el poder y tras más de diez años de gobierno, Daniel Ortega ha demostrado que las palabras que aplicó a los gobiernos que le precedieron deben aplicársele a él porque definen muy bien el motivo que han tenido él y sus allegados durante esta década para debilitar la autonomía, una motivación que no es otra que la voracidad por las riquezas del Caribe. Viendo los resultados de su gestión, queda claro que la promesa de Daniel Ortega para la Costa es la que ha quedado como una promesa “de papel”…

Son abundantes las evidencias del deterioro de la autonomía costeña durante el actual gobierno. Sólo dos de los ejemplos más recientes. Uno, la resolución del Consejo Regional de la Región Autónoma del Caribe Sur que aprobó la concesión del Canal Interoceánico y que fue citada por la Corte Suprema de Justicia para no admitir las decenas de recursos por inconstitucionalidad que se le presentaron contra la ley canalera, la Ley 840, aprobada en junio de 2013 de forma apresurada y sin consulta. El gobierno central instrumentalizó al gobierno regional del Caribe Sur para que no cumpliera con el requisito de la consulta previa, libre e informada que le correspondía hacer, tratándose de un proyecto de las dimensiones del Canal.

El otro ejemplo, más reciente, es el informe que los gobiernos regionales del Caribe Norte y Sur presentaron al Poder Legislativo en Managua sobre su gestión al terminar 2016. El informe aparece impreso en papelería del gobierno central y no está firmado por nadie, aunque la autoría se atribuye a los gobiernos “autónomos” de la Costa… El texto enlista los supuestos logros del gobierno central en esas regiones del país, sin mencionar una sola palabra sobre el actual conflicto por las tierras indígenas. El documento concluye afirmando el compromiso de las autoridades regionales de continuar el proceso de “aprendizaje institucional”, de fortalecimiento de los mecanismos de “coordinación institucional” y “el ejercicio del diálogo, consenso, alianzas, complementariedad de ejecución conjunta” con el gobierno central.

En el contexto de extrema concentración del poder que existe actualmente, en todo el país, también en la Costa -58 de los 90 miembros de los dos gobiernos regionales son del FSLN-, estos términos, tan típicos del discurso del gobierno central, confirman la hegemonía con la que el FSLN controla hoy el poder en los gobiernos “autónomos” de la Costa Caribe, como antes lo había hecho el PLC cuando dominaba la agenda costeña. Y por si quedaran dudas, el informe al Legislativo incluye el usual tinte partidario cuando cierra así el texto: “Queremos felicitar a nuestro querido Comandante Presidente Daniel y a nuestra querida compañera Rosario por la victoria alcanzada en las elecciones nacionales”.

Esta pieza de publicidad estatal y la resolución del gobierno regional del Caribe Sur sobre el Canal Interoceánico confirman que la autonomía de la Costa Caribe no existe, que hoy es más de papel que nunca y que, por eso, el conflicto por las tierras indígenas, con la violencia que provoca, ha tocado fondo ante la indolencia gubernamental.

Las realidades que el informe de 2016 de los gobiernos “autónomos” no tiene en cuenta son las que el CENIDH ha confirmado en sus giras de trabajo en el Caribe. ¿Qué hemos visto? Un desempleo generalizado y formas de empleo riesgosas para la vida y la salud de los pescadores artesanales y de los buzos que sacan de los mares caribeños langostas y pepino de mar. Una pobreza generalizada con más del 70% de la población sobreviviendo en pobreza. Una deficiente implementación del sistema de educación bilingüe y el abandono y cierre de centros escolares por la falta de seguridad que hay en las zonas más remotas. Servicios de salud mucho más deficientes que los que existen en el resto del país. Un incremento palpable del consumo y del tráfico de drogas. Y una persistente violencia contra las mujeres y las niñas.

La enorme distancia que existe entre la ley de autonomía y la realidad costeña no tiene que ver solamente con decisiones político-partidarias. La razón fundamental son los intereses económicos. En la Costa Caribe, que es la mitad de nuestro país, coexisten las mayores riquezas con la mayor de las pobrezas. Todos los estudios indican que los municipios más pobres de Nicaragua están en el Caribe.

La voluntad de no permitir a las etnias del Caribe Norte y del Caribe Sur que se autogobiernen se explica por los intereses económicos que están en juego allí. El discurso oficial que nos repite este gobierno de amor a la Madre Tierra sólo enmascara negocios lucrativos que, entre otros daños, están destruyendo Bosawás y los bosques del Caribe, de donde salen a diario camiones cargados de maderas preciosas.

La mejor prueba del fracaso del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua es la deforestación imparable de la Reserva de Bosawás y de la Reserva Indio Maíz. Con la lógica del “dejar hacer, dejar pasar” siguen desfilando a diario camiones cargados de madera de esas dos reservas, engordando los negocios de los ricos de siempre y de los nuevos, enriquecidos a la sombra del actual poder. Ese masivo trasiego de madera no se explica sin una masiva corrupción. Es evidente que para sortear los controles las mafias madereras pagan coimas a las autoridades de todos los niveles para que dejen pasar cada camión. Son las instituciones sólidas, un poder judicial sólido, una contraloría que cumpla con su función, las que permitirían evitar este desastre ambiental y controlar eficazmente la corrupción. Sin embargo, el debilitamiento de todas nuestras instituciones permite que tengamos la corrupción generalizada que explica la acelerada deforestación de nuestros bosques.

Hay otros negocios que demuestran la voracidad del actual gobierno y de sus allegados. Miles de hectáreas dedican hoy representantes del gran capital de siempre, y del gran capital nacido al calor del poder, al cultivo de palma africana. Si uno viaja hacia Laguna de Perlas y pasa por el río Kama, ya no verá un solo árbol, sólo verá extensiones inmensas sembradas de palma africana. Donde antes había montaña y bosques, lo que hay hoy es un masivo monocultivo de palma africana. En un consorcio con el Centro Humboldt, ellos con un enfoque ecológico, nosotros en el CENIDH con un enfoque de derechos humanos de las poblaciones afectadas, estamos alertando del impredecible desastre ambiental y humano que representa este dañino monocultivo, que deja estéril la tierra y que ya ha contaminado los ríos de la zona.

El modelo de “desarrollo” que han impuesto los gobiernos centrales a la Costa Caribe se ha basado siempre en la explotación inmisericorde de sus recursos naturales. El modelo del actual gobierno no es diferente. Ha profundizado esa visión y añadido al diseño algunos megaproyectos. Sin embargo, ese modelo viene dando en los últimos tiempos señales de desgaste, al perder credibilidad o mostrarse inviables las iniciativas más publicitadas para “sacar a Nicaragua de la pobreza”.

La ilusión de instalar explotaciones petroleras en aguas caribeñas se desvaneció en diciembre de 2016 cuando la empresa estadounidense Noble Energy, que llegó a Nicaragua en 2013, comunicó que se retiraba al comprobar que las cantidades de hidrocarburos que había hallado en aguas caribeñas no eran rentables. Otra iniciativa que se desvaneció ha sido el puerto de aguas profundas en Monkey Point, cuando el consorcio brasileño Andrade Gutiérrez, que llegó al país en 2011, anunció, tras hacer el estudio de factibilidad, que una inversión de ese tamaño y costo no les reportaría ventajas financieras. Se ha desvanecido también el proyecto de la gran presa hidroeléctrica Tumarín, megaobra que sería ejecutada por otro consorcio brasileño, Queiroz Galvao, que también abandonó el país como consecuencia de la crisis de corrupción en Brasil. ¿Y qué decir del megaproyecto del Canal Interoceánico…? Su ejecución tendría, entre otras muchas víctimas, a las comunidades de las etnias rama y kriol que habitan en la zona por donde ese Canal pasaría, que perderían sus tierras ancestrales y tal vez verían desaparecer su cultura. El Canal Interoceánico se mantiene hasta ahora como una incógnita de la que el gobierno ya no quiere hablar, hasta que un día no le quede más remedio que decirnos que no va a haber ningún canal, aunque sí persistiría una megacorrupción con las tierras que están en la ruta canalera…

En este difícil y hasta sombrío contexto, el problema más acuciante hoy en la Costa Caribe es el de la violencia que provocan las invasiones de colonos en territorios indígenas. CEJUDHCAN (Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua), que trabaja en el Caribe Norte, ha documentado 42 personas, la mayoría indígenas y algunos colonos, que han perdido la vida en este conflicto, siendo incontables las personas heridas, amenazadas, secuestradas, desaparecidas y atemorizadas.

El clima de violencia provocado por el aumento de invasiones de colonos motivó de nuevo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en octubre de 2015 otorgó medidas cautelares en favor de 12 comunidades del Caribe Norte: Santa Fe, Esperanza Río Coco, San Jerónimo, Polo Paiwas (conocida también como Paiwas Ta), Klisnak del territorio indígena miskito Wanki Li Aubra y Wiwinak del territorio indígena miskito Li Lamni Tasbaika Kum, todas en el municipio de Waspam. En enero de 2016 la Comisión amplió las medidas cautelares a otras 6 comunidades de los territorios Wanki Li Aubra y Li Lamni Tasbaika Kum.

Todas estas comunidades sufren actualmente amenazas de muerte, secuestros, asesinatos y desplazamientos forzados por la invasión de colonos mestizos en esos territorios, sin que las autoridades civiles y militares hagan nada por frenar una violencia que ha provocado una auténtica crisis humanitaria. El esfuerzo de CEJUDHCAN por avanzar en el proceso de saneamiento valiéndose de métodos pacíficos se ha topado con la indiferencia gubernamental. La crisis por esta violencia reciente la hemos llevado en varias ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencias y reuniones de trabajo. A una de estas últimas reuniones, solicitada por CEJUDHCAN y llevada a cabo en uno de los momentos más álgidos de la violencia, el gobierno ni siquiera envió a la Comisión a un representante.

Resulta gravísimo que ante las más de 40 muertes causadas por el conflicto de tierras las autoridades no hayan esclarecido un solo caso. Ni uno solo. No sólo no han investigado ninguna de esas muertes violentas, sino que en un informe que el gobierno envió a la Corte Interamericana apenas reconoce 5 ó 7 muertos y responsabiliza a las organizaciones de derechos humanos de “inventar” cifras mayores… Interrogado sobre este clima de violencia, el Jefe del Ejército, General Julio César Avilés, declaró que las muertes se deben a “problemas entre particulares”. Y aun si así fuera, si apareciera un muerto en Managua, ¿la Policía no investigaría nada justificando su indolencia en que la muerte se debió a “un problema entre particulares”? En la Costa los invasores andan armados hasta con fusiles de guerra, y el Ejército, tan activo en actuar, y hasta en aniquilar a los actuales grupos rearmados, considerándolos “delincuentes comunes”, ¿no toma ninguna medida para desarmar a esa gente?

Queremos enfatizar la indiferencia criminal con que las autoridades están viendo lo que ocurre en la Costa. Y lo que ocurre no es un problema entre particulares. En los últimos años la invasión de mestizos en los territorios que son propiedad de los indígenas, particularmente en el Caribe Norte, es una invasión consentida, promovida por las autoridades. O, al menos, dejada pasar para no cumplir con el saneamiento, porque esas tierras, por las riquezas que concentran, son de máximo interés para el poder económico que domina hoy nuestro país. Es ese poder el que no nos permite escuchar el clamor que nos llega de la Costa Caribe.

La situación de violencia en el Caribe Norte ha provocado también un continuo traslado de familias y comunidades que, atravesando el río Coco, se pasan de la Mosquitia nicaragüense a la Mosquitia hondureña. Hay fronteras entre los dos países, pero para ellos no cuentan porque se sienten el mismo pueblo a un lado y al otro y huyen de la violencia que están causando los invasores.

Se ha hecho cada vez más frecuente la dinámica de dormir al otro lado del río en territorio hondureño y regresar en la mañana a territorio nicaragüense porque a pesar de las condiciones de inseguridad que hay en Honduras se sienten más protegidos allí. Es una contradicción: en Honduras los indígenas no tienen el reconocimiento jurídico que tienen en Nicaragua, pero allí se sienten más seguros que en Nicaragua, porque aquí no existe la voluntad política de respetarles los derechos que les han sido reconocidos en el papel.

Un caso bien significativo se produjo en noviembre de 2015, cuando el gobierno de Nicaragua no dejó entrar a nuestro país a la relatora de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz y una delegación de indígenas miskitos que quería informarle de la situación de violencia que viven en “el país más seguro de Centroamérica” por las invasiones de colonos tuvo que atravesar el río Coco para poder hablar con ella en territorio de Honduras, donde sí la dejaron entrar.

Cualquier autoridad internacional que venga a investigar la situación de derechos humanos en Nicaragua encontrará dificultades. En agosto de 2016, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, tampoco pudo llegar a Nicaragua en un momento de gran hostilidad gubernamental contra los extranjeros. El gobierno envió señales a la ONU de que no podría garantizar la seguridad de Forst, quien desistió de su visita a Nicaragua y sí visitó Honduras y Costa Rica. Fue en esos dos países vecinos donde pudo escuchar a los defensores nicaragüenses.

La mayoría de las muertes ocurridas en estos últimos tiempos en el Caribe han quedado en total impunidad. En la Costa las autoridades emplean un doble rasero al aplicar la ley. Veamos dos casos individuales y recientes que el CENIDH ha acompañado y que muestran la discrecionalidad con que las autoridades aplican la ley, según sean los intereses que defienden.

El primer caso tiene que ver con los conflictos violentos que se producen en la Costa tratando de impedir la depredación de los recursos naturales. Es el caso del whita (líder local) miskito, Paterio Leman, apresado en Bilwi por la Policía Nacional en enero de este año, acusado de dañar los intereses de la empresa china Vida Group. El 2 de enero, en la comunidad Suky, municipio de Waspam, un grupo de comunitarios liderados por Paterio Leman entró a las instalaciones de la empresa y al almacén donde se guarda la resina que la empresa recolecta de los bosques de la zona. A Leman lo acusan de haber incendiado el almacén. Vida Group logró una concesión para extraer resina de los bosques en la comunidad Kum, pero eso no le bastó y comenzó a extraerla en once comunidades más que no habían autorizado la concesión. Paterio Leman se rebeló contra este abuso y hoy está en la cárcel. En este caso, la Policía actuó de forma expedita, defendiendo el negocio de un inversionista extranjero por encima de la autonomía de las comunidades que no autorizaron la concesión.

En muchas ocasiones los conflictos que se producen en el Caribe tienen base en rivalidades políticas. Y a menudo tienen consecuencias aún más trágicas que este caso. Y muchas veces la actuación de la Policía resulta menos diligente… Éste otro caso sucedió el 14 de septiembre de 2015, también en el municipio de Waspam, cuando fue asesinado Mario Leman, también líder comunitario y dirigente de YATAMA, muy querido por la comunidad. Los testimonios recibidos por el CENIDH revelan que esa noche un grupo de militantes y activistas del Frente Sandinista asediaron la Casa Verde de YATAMA en la cabecera municipal cuando los indígenas realizaban una reunión. En el contexto político de la ruptura de la alianza entre YATAMA y el Frente Sandinista, que hacía unos meses se había dado, se produjo un altercado. Y los militantes del partido de gobierno usaron armas, hiriendo de muerte a Mario Leman y dejando otros ocho heridos, todos de YATAMA. Leman fue llevado de emergencia a Managua, porque en Waspam no había condiciones para salvarlo por la gravedad de las heridas, pero murió en el traslado. Aunque fue público quiénes dispararon, nadie fue detenido. En un comunicado, la Policía Nacional adjudicó los hechos a una provocación de YATAMA, a pesar de que el muerto y todos los heridos eran del partido costeño. No sólo no hubo ningún detenido por estos hechos criminales, sino que a los señalados como responsables la Policía los llevó a Waspam dos meses después de los hechos brindándoles protección y hoy ocupan cargos en la comunidad en representación del partido de gobierno.

Después de 500 días de estos hechos, al no haber una sola persona detenida, ningún resultado de las investigaciones que debió haber llevado a cabo la Policía y ninguna acción del Ministerio Público para ejercer la acción penal demandando a la Policía una investigación, el CENIDH acompañó a uno de los cuatro hijos de Mario Leman y a su madre, Ayusin Ignacio, a presentar el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, iniciando así un trámite que durará varios años. Estamos demandando que se realice una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades personales y que se declare la responsabilidad del Estado de Nicaragua por violar el derecho a la vida de Mario Leman y por violar el derecho de acceso a la justicia de su familia, convertida de nuevo en víctima al hacer gestiones por todas las vías legales durante más de 500 días sin encontrar respuesta, aun cuando afirmó desde el primer día que recurriría sólo a la ley y nunca a la violencia.

La muerte de Mario Leman se produjo en el contexto del conflicto político entre YATAMA y el partido de gobierno, que tienen visiones contradictorias de lo que debe ser el desarrollo de la Costa Caribe. Esos conflictos se agudizan por la lógica del partido en el poder de conservar ese poder cueste lo que cueste, valiéndose de la violencia o realizando procesos electorales amañados. Esa falta de escrúpulos crea un caldo de cultivo para un conflicto permanente que deriva a menudo en hechos de violencia. La violación de los derechos políticos, de los derechos autonómicos, las destituciones ilegales de autoridades indígenas de los gobiernos regionales sustituyéndolas por personas sometidas al partido de gobierno, favorece también la corrupción, además de alimentar continuamente las múltiples expresiones del conflicto costeño.

Sin saneamiento, sin resolver el problema de las continuas invasiones de colonos mestizos en las propiedades indígenas no existirá para la población caribeña ninguna garantía de poder gozar de esos territorios en paz y con seguridad.

En la Ley 445 existe un único artículo que habla de cómo proceder al saneamiento. En él las responsabilidades se atribuyen tanto a los pueblos indígenas que habitan esos territorios como a las autoridades centrales y regionales.

Por un lado, las autoridades no han querido asumir su parte en el saneamiento. Y eso ha provocado muchos de los hechos de violencia que suceden hoy en el Caribe. Este gobierno no parece querer afrontar un tema tan espinoso y una tarea tan compleja como sería trasladar a miles de invasores que han ocupado ilegalmente las tierras indígenas. Por el otro lado, al analizar las condiciones reales de algunos territorios y comunidades y sus capacidades de gestión, siendo el saneamiento la etapa más difícil y costosa del proceso, tanto en recursos económicos como en capacidades técnicas, la responsabilidad de las comunidades para participar en esta tarea requeriría de que pudieran buscar alianzas que les permitan materializar esta etapa con la inclusión de otros actores claves en el proceso. Pero la situación de violencia y la indolencia institucional ni alientan ni permiten que eso ocurra.

Hay liderazgos sólidos entre los dirigentes comunitarios de la Costa Caribe. Los hemos conocido en los procesos educativos que hemos realizado y acompañado allí. Los defensores de derechos humanos locales han levantado su voz para defender a las comunidades. Los liderazgos pastorales de las iglesias, la morava, la católica y la evangélica, han formado comisiones por la paz clamando por el cese de la violencia. Hay muchas capacidades y habilidades que se están desarrollando con el apoyo de iniciativas de la sociedad civil. Hay organizaciones para defender los derechos de las mujeres. Es mucho lo que pueden aportar las organizaciones de la sociedad civil como CEJUDHCAN y los dirigentes comunitarios para resolver por vías pacíficas el problema de las tierras. También hay liderazgos políticos corruptos de los partidos tradicionales. Y la hegemonía impuesta por el partido de gobierno, al copar todos los espacios, impide que cualquier partido opositor alternativo y honesto tenga oportunidades de prosperar.

Hay también en la Costa Caribe sentimientos y resentimientos similares a los de los grupos rearmados por motivaciones políticas que se mueven en el Norte de Nicaragua. Durante la guerra de los años 80 el llamado “corredor de la Contra” llegaba hasta el Caribe. El ultimátum que han dado este año algunos comunitarios caribeños exigiendo el saneamiento y advirtiendo que si no lo hacen las autoridades, ellos sanearán sus tierras y habrá una guerra abierta en los próximos meses, debemos escucharlo como una alerta. En Nicaragua nadie quiere la guerra. La guerra nunca más. Pero para que ese “nunca más” sea una realidad debemos convencernos de que, en la medida en que se deterioren más los derechos humanos, la posibilidad de la violencia armada se acerca. El desafío es hacer despertar, y que despierte, un movimiento ciudadano de rebeldía y de resistencia pacífica que no se quede ni en declaraciones ni en las redes sociales. A todos y a todas nos corresponde hoy contribuir a evitar que la violencia continúe azotando el Caribe, amenazando las tierras, las tradiciones y la cultura de sus gentes.

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